Sin equipos de seguridad para proteger el medio ambiente de Canarias: “No tenemos ni un chaleco de identificación”

Los agentes del Gobierno de Canarias encargados de proteger el medio ambiente carecen de cascos, gafas y guantes de seguridad para inspeccionar obras o vertederos ilegales. Tampoco disponen de monos de trabajo, equipos adecuados para recoger muestras ni calzado de protección. Muchos de ellos, especialmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ni siquiera cuentan con uniformes.

“Por no tener, no tenemos ni un chaleco de identificación”, asegura a Canarias Ahora uno de los trabajadores de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), dependiente del Gobierno de Canarias, que prefiere mantener el anonimato por miedo a posibles represalias.

La falta de medios llegó hasta tal punto que al menos dos agentes consultados por esta redacción aseguran que recibieron órdenes de no realizar labores de campo y permanecieron alrededor de diez días en las oficinas por temor a que la Agencia tuviera que asumir responsabilidades en caso de accidente. Luego se les permitió volver a salir, pero solo cuando no necesitaran equipos de protección individual (EPI) o pudieran realizar las comprobaciones sin bajarse del vehículo.

La decisión se produjo también después de que la Inspección de Trabajo concluyera en abril, a raíz de una denuncia sindical, que no estaba acreditada la entrega del calzado de protección a todo el personal en Santa Cruz de Tenerife. La Inspección requirió asimismo la relación de los trabajadores afectados, la evaluación de riesgos específica del puesto de trabajo y las medidas para garantizar la dotación, el control y la reposición de estos equipos en el tiempo.

Pero ha pasado más de medio año y la ACPMN aún no ha entregado a sus agentes nada de lo requerido. Fuentes de la Agencia defienden que “la tramitación del contrato de los equipos de protección (EPI) ha sufrido un retraso debido a un error detectado en el procedimiento de licitación que obligó a subsanarlo y volver a tramitarlo”. Dicen que en estos momentos están “evaluando las ofertas” y que “la previsión es que el contrato se adjudique estos días”.

Esas mismas fuentes sostienen que “esta situación no impide el desarrollo de las funciones de la Agencia”. Apuntan que “los agentes están realizando visitas” y que “solo ha afectado a aquellas muy puntuales en las que estos equipos no son necesarios”. Los trabajadores, sin embargo, relatan otra realidad.

Los agentes explican que, al no disponer de vestuarios adecuados ni de uniformes, tienen que realizar las inspecciones con su propia ropa. Uno de ellos pone como ejemplo las visitas a granjas, donde pueden pisar estiércol o exponerse a malos olores. “Y de esa manera, apestando, es como llego a casa”, lamenta. La falta de identificación, agregan, también tiene consecuencias. “Porque si no vas uniformado, no tienes carácter de autoridad”, remachan.

Los trabajadores recuerdan que la Ley 4/2024, que regula el régimen básico de los agentes forestales y medioambientales, establece que estos profesionales deben ir uniformados durante el servicio y llevar su identificación profesional en un lugar visible. Es lo que ocurre con los agentes de medio ambiente de los cabildos insulares. No sucede así con los de la ACPMN en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ni con otros incorporados este mismo verano.

A la falta de equipos de protección y uniformes se suma que los drones de la Agencia están fuera de servicio. El contrato con la empresa que operaba estos dispositivos ha caducado y la ACPMN asegura que está “trabajando en una nueva contratación, con la previsión de adjudicarla antes de finalizar el año”, según las fuentes consultadas. El nuevo contrato tendría una duración inicial de un año, prorrogable por otros dos.

La Agencia sostiene, no obstante, que los drones “son una herramienta de apoyo, no son indispensables para llevar a cabo las actuaciones inspectoras”. Añade a su vez que el organismo “desarrollaba estas funciones con normalidad antes de disponer de ellos” y que, cuando su uso resulta necesario, solicita la colaboración de otras administraciones que sí cuentan con estos dispositivos, como los cabildos o la Policía Canaria.

La escasez de medios materiales no es el único problema. Los agentes denuncian un déficit estructural de personal en todas las áreas de la ACPMN que dificulta las labores de protección del medio ambiente en el Archipiélago. La última Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Agencia recoge 171 plazas, de las que 22 corresponden a agentes medioambientales: once en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y otras once en la de Las Palmas.

Pero la última RPT ya no ofrece información sobre el número de vacantes, como sí hacía anteriormente. Los agentes consultados aseguran que actualmente solo patrullan unos siete efectivos en la provincia occidental y entre seis y siete en la oriental. Una situación similar, añaden, se da entre el personal encargado de instruir los expedientes sancionadores.

“El déficit de personal es generalizado. Las plazas vacantes que no se cubren afectan sobre todo a la tramitación de expedientes, al pago administrativo… A cuestiones de funcionamiento. Y al final se sobrecarga el trabajo”, explica uno de los agentes.

Otro empleado que ya no está vinculado a la Agencia cuenta que este año se ejecutó la demolición forzosa de una construcción ilegal en Valverde, en El Hierro, que había sido denunciada en 2000. Es decir, el derribo se llevó a cabo 26 años después de la denuncia.

“La falta de personal se da a todos los niveles. Donde tendría que haber cinco abogados, por ejemplo, solo hay uno. Yo siempre digo que la ACPMN tendría que ser como el Pentágono, pero, en cambio, es un lugar desangelado donde no hay nadie”, remacha otro.

La inacción de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural salió a la luz este mismo año, después de que la Audiencia de Cuentas advirtiera en un informe de que el organismo se arriesga a perder hasta 15 millones de euros por dejar caducar sanciones medioambientales. Casi la mitad de esa cantidad corresponde, de hecho, a multas anteriores a 2018 que todavía no se han cobrado.

Este periódico solicitó por Transparencia conocer el nombre de las empresas que se han librado de pagar esas sanciones. Sin embargo, la Agencia respondió que identificar a esas compañías supondría una carga de trabajo tan extraordinaria que paralizaría su actividad.

Fuentes del organismo indicaron también que a partir de septiembre se incorporaría una persona dedicada “exclusivamente” a tramitar las sanciones más antiguas. Y añadieron que se había alcanzado un acuerdo con la Agencia Tributaria para que asumiera de forma definitiva la gestión recaudatoria a partir de enero de 2027.