Las fuerzas de izquierda, unidas contra el Catálogo
Las fuerzas de izquierda con representación en las distintas administraciones locales canarias presentarán en los próximos días mociones contra la Ley del Catálogo de Especies Protegidas que pretende rebajar la protección a cerca de 100 especies, al entender que detrás de esta rebaja se esconde la defensa de intereses empresariales en la construcción del puerto de Granadilla. A esta iniciativa se unirá la presentación de una enmienda a la totalidad de la ley con texto alternativo que presentarán en el Parlamento el Grupo Socialista, tal y como anunció su portavoz, Santiago Pérez.
Así lo han informado este miércoles distintos representantes de partidos como el PSOE, Alternativa sí se puede, Los Verdes de Canarias, Iniciativa por La Orotava o Izquierda Unida, quienes harán llegar a todos sus representantes en las distintas administraciones canarias un modelo de moción que persigue instar al Gobierno regional a la retirada del citado catálogo.
Todos los representantes de las distintas formaciones de izquierda coincidieron en calificar la ley promovida por el Grupo de Coalición Canaria en el Parlamento y apoyada por el Grupo Popular con el voto en contra de los socialistas, como un “atentado” a la biodiversidad. Además, criticaron el sesgo a la participación ciudadana al no haber contado con la opinión de las universidades o instituciones como los jardines botánicos o museos de ciencias naturales de Canarias, a los que sí se preguntó para la elaboración del catálogo realizado en 2001.
También coincidieron en señalar la defensa de los intereses de determinados empresarios vinculados a los grupos que han promovido la citada ley como la razón para rebajar, entre otras especies, la Cymodocea nodosa, popularmente conocida como seba, que ha sido la causante de la paralización por parte de las autoridades judiciales de las labores de construcción del puerto de Granadilla.
Así se expresó Santiago Pérez, quien destacó que la protección de las especies en Canarias se basan en la Ley 11/1990 de protección de impacto ambiental, que establece una protección “de mínimos” que a su juicio no sólo no se ha respetado, sino que se ha rebajado.
Pérez recordó también que, una vez remitida la ley al Consejo Consultivo “los voceros del Gobierno han dicho que ha sido un dictamen favorable, y no lo es”. Según el portavoz socialista en el Parlamento, esta ley contraviene la Ley estatal porque se intentan legislar por debajo de los niveles mínimos de protección.
