El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado el gasto del servicio de ayuda a domicilio especializada dirigido a las personas en situación de dependencia y del servicio de supervisión y control de calidad de los servicios domiciliarios.
Afecta a las islas de Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y Tenerife y la partida que asciende a 17 millones de euros, informa el Ejecutivo.
La puesta en marcha de la contratación administrativa de este servicio en las islas de Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y Tenerife, por lo que, en colaboración con los cabildos de esas islas, se ha optado por modificar el modelo de prestación a la ciudadanía en situación de dependencia de estas islas.
Con la aprobación de este gasto en Consejo de Gobierno, la Dirección General de Dependencia, adscrita a esta Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, podrá iniciar la licitación del servicio de ayuda a domicilio dirigido a las personas en situación de dependencia en las citadas islas, “promocionando su autonomía personal y evitando el desarraigo de su entorno social y familiar”, asegura el Ejecutivo.
La Consejería defiende que a través del servicio de ayuda a domicilio especializada se ofrece a las personas en situación de dependencia o en riesgo de padecerla una ayuda que les permitirá atender las necesidades de su vida diaria, a la vez que se trabaja para incrementar su autonomía, posibilitando la permanencia en su domicilio y su inclusión en el entorno comunitario, evitando situaciones de aislamiento y de soledad no deseada.
Este servicio contempla la atención a las personas dependientes en la realización de las actividades de su vida diaria, así como los servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas como limpieza, lavado y cocina, entre otros.
El Gobierno anuncia que la contratación administrativa del servicio se dividirá en dos lotes, el Servicio de Ayuda a domicilio por un importe de 16.882.300 euros, y el Servicio de supervisión y control de calidad, por 117.700 euros, correspondientes a las anualidades de 2025 y 2026.
Cabe recordar que a finales del año pasado varios cabildos (La Palma, El Hierro y Gran Canaria) se opusieron a este modelo. Y solicitaron quedarse fuera de esa esa licitación que pretendía realizar el Ejecutivo de CC-PP.