El Gobierno canario aprueba un decreto-ley para agilizar las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves un decreto ley que crea el registro único de damnificados por la erupción volcánica de La Palma en el que se recogerá toda la información facilitada por los afectados y servirá de base para las ayudas que convoque el Gobierno canario en cualquier ámbito.

El vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, ha presentado en rueda de prensa este registro que, según ha dicho, pretende ser un documento flexible, simplificador y garantista y cuyo objetivo es que los afectados por la erupción, tanto personas como empresas, solo tengan que presentar “los papeles” una sola vez para acceder a las ayudas.

Rodríguez ha precisado que se trata de romper con la histórica tardanza en recibir las ayudas y ha insistido en que este registro único servirá como fuente de información para las convocatorias de las ayudas.

“Se trata de un documento que no tiene precedentes en Canarias” ha añadido el también consejero de Hacienda que ha invitado al resto de las administraciones a que se sumen a esta iniciativa que se pondrá en marcha el próximo 3 de noviembre.

Las administraciones que se sumen conocerán a través del registro quienes son los posibles destinatarios de las ayudas que convoquen, ha agregado Rodríguez y ha señalado que se ha elaborado un soporte en el que se recogerá toda la información que presenten los afectados.

El vicepresidente del Gobierno ha manifestado que este registro también permitirá evaluar los esfuerzos que se realizan con las convocatorias de las ayudas y los impactos que tiene y ha insistido en que de lo que se trata es de facilitar los procedimientos a los afectados.

El Boletín Oficial de Canarias publicará este viernes el decreto ley y según Rodríguez, los afectados deberán presentar su solicitud bien en la sede electrónica o en la oficina de atención ciudadana abierta en el municipio de Los Llanos de Aridane.

Román Rodríguez ha recordado que las ayudas se darán al margen del requisito de estar al día en las obligaciones fiscales ya que se trata de una situación excepcional y así lo permite la legislación en materia de subvenciones.

Ha añadido que tras las ayudas a la emergencia y una vez finalizada la erupción, habrá una nueva fase con ayudas para la reconstrucción de la isla de La Palma, en la que también resultará valiosa la información recogida en este registro.

El viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, ha explicado que en el registro la persona afectada apuntará todos los daños que le ha provocado la erupción volcánica y esa base se convertirá en un repositorio único de toda la información que afecta a los damnificados.

Olivera, como portavoz del Ejecutivo, ha detallado que el Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración para la isla de la situación catastrófica, instrumento jurídico que permite movilizar créditos y en esta ocasión se trata de una ampliación de crédito de 10 millones de euros de la Consejería de Economía destinada a autónomos y empresas afectadas.

El portavoz gubernamental ha señalado que los servicios públicos están garantizados en los municipios afectados por la erupción y en concreto se ha referido a la vuelta al colegio de 4.000 alumnos y al normal funcionamiento de los servicios sanitarios.

Ha aludido a las 488 personas albergadas por el Gobierno de Canarias, 388 en un hotel de Fuencaliente y 70 en uno de Los LLanos de Aridane así como a las 44 personas dependientes que se encuentran en centros sociosanitarios de la isla.

Ha indicado que se han atendido 262 solicitudes de los ERTE específicos para la isla de La Palma que afectan a un total de 1.396 trabajadores.

Además de recordar que las dos desaladoras portátiles están en pleno rendimiento, ha afirmado que en materia de vivienda ya están preparados los trámites para la compra de las 18 primeras y la próxima semana se iniciarán los que permitirán la compra de otras tantas.