El Gobierno canario anima a denunciar el incumplimiento de la Ley de Dependencia

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, afirmó este martes que los ciudadanos tienen “todo el derecho a denunciar y reclamar” el cumplimiento de la Ley de Dependencia del Estado porque no son responsables de que no se hayan creado los servicios que prevé.

Rojas, que informó al Consejo de Gobierno sobre el cumplimiento de la citada Ley en Canarias, insistió además en la confusión que se ha creado por la desinformación que ha habido al respecto, ya que sus beneficiarios creen que además de la prestación económica prevista excepcionalmente pueden acogerse a los otros servicios que ofrece o viceversa, cuando sólo tienen derecho a uno.

La consejera, que señaló que más de 3.000 personas en Canarias se han acogido a la Ley estatal y que de ellas más de 2.000 al derecho a percibir una prestación económica, subrayó que en las islas no se ha creado ni un sólo centro asistencial para cubrir las demandas por parte del Estado.

“Lo paradójico es que la gente tiene derecho a esos servicios por Ley y el Estado dice que es la Comunidad Autónoma la que debe prestarlo”, manifestó la consejera.

Afirmó que Canarias dispone de sus servicios sociales, “que son muchísimos pero no suficientes”, y facilita la asistencia a las más de 28.000 personas mayores y dependientes acogidas a la ley canaria anterior a la estatal, pero además ha incorporado en su red a los beneficiarios de la norma estatal.

Lamentó que el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero haya tardado más de dos años en darse cuenta de que la ley que aprobó carece de recursos y por ello ha destinado una partida de 400 millones para la creación de infraestructura que precisa.

A Canarias de esa partida le han correspondido 12,9 millones de euros que el Ejecutivo canario ha distribuido entre las islas para construir nuevo centros y concluir los que están en ejecución, según detalló Rojas.

La consejera por otra parte, en cuanto a las quejas formuladas por la Plataforma Ley de Dependencia y la intención de presentar denuncias por su incumplimiento, dijo que conoce esta intención por los medios de comunicación y que está dispuesta a reunirse con sus miembros, pero añadió que prefieren esperar y entrevistarse con el presidente del Ejecutivo canario, Paulino Rivero.

En cuanto a la cumbre estatal sobre inmigración prevista para el próximo lunes y solicitada por el Ejecutivo canario, confió en que se lleve a cabo en los términos acordados con el Gobierno central y señaló que desde ambas administraciones se trabaja para ultimar sus contenidos.

4,5 millones para un sistema de gestión de datos común en el SCS

El portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, informó de que el Consejo de Gobierno acordó destinar 4,5 millones de euros para dotar a las ochos unidades de Medicina Intensiva del Servicio Canario de Salud (SCS) de un sistema de gestión de datos común.

Indicó que esta medida se incluye en el programa de modernización de los hospitales públicos de la Comunidad Autónoma y persigue una gestión de datos de los pacientes más eficiente para ofrece una mejor asistencia y atención sanitaria.

El SCS adjudicará, mediante procedimiento abierto, la adquisición e implantación de este sistema, cuyo gasto se distribuirá en cuatro anualidades, según una nota facilitada por el Gobierno.

Así mismo, el Consejo de Gobierno acordó destinar 4 millones de euros a prorrogar el contrato de mantenimiento y conservación de 104 centros educativos de Canarias, y conceder una subvención de un millón de euros a la Mancomunidad de los Municipios de Montaña no Costeros de Canarias para acometer acciones que dinamicen su economía.

El portavoz informó también de que el Ejecutivo autorizó la contratación de las obras de rehabilitación del edificio de la nueva sede de la Consejería de Turismo en Santa Cruz de Tenerife y aprobó los decretos para otorgar la concesión definitiva para emitir en Frecuencia Modulada a los municipios de El Rosario y el Sauzal, en Tenerife, por un periodo de diez años con carácter renovable.

Estos dos municipios son los primeros que en dispone de esta concesión dentro del proceso de regulación iniciado entre los 53 que tienen emisoras en las islas, explicó Marrero.