Iniciativa Popular Canaria propone una ley para “controlar la carga poblacional” en las Islas

La Comisión Promotora de Iniciativa Popular Canaria (IPC) ha iniciado una campaña informativa y de recogida de firmas en todo el Archipiélago para que la Ley de Iniciativa Popular Reguladora de la Condición de Residente en Canarias salga adelante. A través de un comunicado en redes sociales y bajo el lema Ley de Residencia para Canarias, !!YA¡¡, la plataforma independentista asegura que su objetivo es implementar un “nuevo modelo de desarrollo equilibrado y sostenible” con el fin de “regular nuestro crecimiento demográfico mediante una legislación específica de residencia y vecindad civil especial para las Islas”.

Sus integrantes señalan que, a pesar de que esta iniciativa debería haber estado ya en marcha, “el grave problema humanitario ocasionado por la llegada importante de migrantes irregulares y refugiados desde nuestro Continente africano” lo ha dificultado.

Con esta ley, la plataforma no pretende obtener “un disfrute exclusivo de privilegios sociales, económicos o naturales”, sino mantener “la biodiversidad del territorio insular, en el cual ya se ha sobrepasado ampliamente la capacidad de carga poblacional que puede soportar”, asegura en la nota.

“El Archipiélago cuenta con una densidad poblacional superior a los 330 habitantes por kilómetro cuadrado, y más del doble en relación con el territorio habitable que representa solo un 40,64% del total. Concretamente, los más de 2,5 millones de personas que habitan en las Islas, entre residentes y visitantes, representan una densidad poblacional real sobre dicho territorio habitable de 826 habitantes por kilómetro cuadrado”, explica la plataforma.

En este sentido, IPC considera “una certeza incuestionable que la capacidad de carga poblacional sobre nuestro territorio ha sido ya ampliamente superada. No solo en lo referente al consumo físico del suelo, sino también, por las actividades que lo utilizan como soporte para satisfacer la demanda de bienes y servicios, factores cada vez más incompatibles con una política sostenible de los recursos naturales, el bienestar, la calidad de vida y la gestión racional de los residuos generados”.

Ley de Residencia

Por ello, esta plataforma ciudadana que propone alcanzar la autonomía interna de Canarias ha iniciado una campaña para que salga adelante una legislación especial de residencia, que sería aplicable a todas las personas que quieran residir en el Archipiélago, lo que, explican, “conllevaría una reforma de artículo 19 de la Constitución Española, a cuyo texto actual: ”Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional“, debe añadirse la frase: ”respetando las excepciones contempladas por la Legislación Especial de Residencia en las Islas Canarias“.

En esta ley se contemplaría que todos aquellos nacidos en Canarias tienen la condición de residente, así como sus ascendientes, descendientes y cónyuges. De igual modo, se otorgaría esta condición a los que hayan residido en las Islas “durante al menos 5 años” y a las personas a las que el Gobierno de Canarias les haya concedido la residencia “por motivos especiales, tanto humanos, como laborales o profesionales, como es el caso de administradores o directivos foráneos de empresas de nueva creación que signifiquen una importante inversión y creación de empleo”; así como “para la contratación de asistentes de personas dependientes, especialistas, técnicos, deportistas y enseñantes de alta cualificación, no disponibles en el mercado laboral canario”, explica el colectivo.

Además, han advertido que en este proyecto legislativo “la condición de residente será imprescindible para realizar cualquier actividad laboral o profesional en las Islas que necesite vivir en ellas para desarrollar tal actividad. Y se contemplarán también limitaciones a las segunda residencias de jubilados foráneos en aquellos territorios afectados por regulaciones de uso del suelo, rural, agrario o espacios naturales”, tal como se aplican en Dinamarca.

IPC asegura que esta legislación especial de residencia “ha sido compatible hasta ahora con la normativa de la Unión Europea en otros Estados miembros”, pero concluye que “sería más factible para su consecución que, tal como venimos propugnando, Canarias se dote de Plena Autonomía Interna (PAI), como nuevo marco político y jurídico que nos convierta en Sujeto de Derecho Internacional, acompañada de un nuevo régimen de relaciones con la UE, a través de la IV Parte de su Tratado de Funcionamiento, como País y Territorio de Ultramar (PTU), que sustituya al fracaso del actual régimen de RUP”.