Instan a derogar el régimen de emergencia para menores inmigrantes en centros de Canarias
La entidad Human Rights Watch (HRW) ha instado al Gobierno de Canarias a que derogue el régimen de emergencia para los más de 250 menores inmigrantes no acompañados que residen en centros no reglamentados.
Esta organización no gubernamental justifica su petición argumentando que dicho régimen coloca a los niños “en una situación de riesgo que amenaza su bienestar” y alerta de que los citados centros no cumplen las normas mínimas de acogida del Gobierno de Canarias.
Entre otras cosas, critica que “los aproximadamente 100 menores alojados en el centro más grande y aislado, La Esperanza, reciben comida de baja calidad, carecen de calefacción, de agua caliente y de mantas adecuadas”, según un informe publicado este martes.
Al mismo tiempo, menciona “casos frecuentes de violencia entre menores”.
Human Rights Watch informa de que el Gobierno de Canarias, tras conocer el informe, le aseguró el pasado 15 de junio de que planeaba cerrar el próximo diciembre el centro de emergencia La Esperanza y trasladar a los niños a los centros de Tegueste (Tenerife) y de Arinaga (Gran Canaria).
Situación de riesgo
“Felicitamos la intención del Gobierno de Canarias de cerrar la instalación en peores condiciones donde los niños están en situación de riesgo”, subraya en un comunicado la investigadora sobre los derechos del Niño en HRW Simone Troller.
Troller espera que este compromiso se traduzca “en un plan firme con medidas concretas para garantizar que sea realmente cerrado” y que ponga fin “al régimen de emergencia en su conjunto y condicionar todos los centros de menores extranjeros no acompañados en cumplimiento con las normas de acogida establecidas”.
Para la organización, el problema más importante radica en que el Ejecutivo del archipiélago “no se ha comprometido a eliminar el régimen actual de emergencia para menores extranjeros no acompañados, ni a regular todos los centros conforme a las normas existentes al efecto”.
Los citados centros se crearon en 2006 como medida temporal ante la llegada de un número sin precedentes de niños inmigrantes a las islas, resalta HRW.
Tres años después
El informe -titulado Emergencia eterna: la institucionalización de menores extranjeros no acompañados en centros de emergencia de las Islas Canarias no tiene fin- se hace público tres años después de que HRW alertase por primera vez de irregularidades en el trato a los menores.
Según la ONG, el personal de los centros, las organizaciones no gubernamentales y los fiscales de Canarias atribuían la falta de progreso al Gobierno de Canarias.
Estimaban que faltaba la “voluntad política” para otorgar a los niños una mejor atención y que se mantenían los centros de emergencia abiertos “como medida de presión frente al Gobierno central en Madrid” para que se aumentara la financiación o se trasladara a los menores a otras partes de España.
De acuerdo con HRW, el Gobierno ha aumentado sus contribuciones financieras para Canarias en los últimos años y, en 2009, destinó más de la mitad del presupuesto de 26 millones de euros del archipiélago a la acogida de menores inmigrantes.
