El grupo turístico y de construcción Santana Cazorla entra en concurso obligado de acreedores

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria acordó el 22 de marzo en un auto la declaración de concurso necesario de la empresa Hermanos Santana Cazorla (HSC). De esta manera, se atiende a la solicitud realizada por uno de sus acreedores, Isla Marina Sociedad Limitada. El juez acuerda que el actual órgano de administración de Hermanos Santana Cazorla “queda suspendido en sus facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sustituido en el ejercicio de aquellas por la administración concursal”, como avanza el periódico Canarias 7.

Por lo tanto, en estas funciones que dicta el escrito se han suspendido a 959 Oliva Inversión Internacional SL, representada por Martín Jesús Suárez Hernández; 947 MSC Inversión Internacional SL, representada por Manuel Santana Cazorla; Santana Cazorla Servicios SL, representada por Alberto Santana Trujillo, y Bodegas Tirajana SL, con Óscar Merino Centeno como representante.

Asimismo, frente a esta decisión del juzgado cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial pero la presentación del mismo “no tendrá carácter suspensivo”. Se imponen, además, las costas del procedimiento a Hermanos Santana Cazorla.

En el auto, el juez describe la precaria situación financiera de Hermanos Santana Cazorla y las valoraciones de las pruebas periciales aportadas en el procedimiento. Por otro lado, el escrito pone en valor que la empresa tiene un fondo de maniobra negativo de más de 78 millones de euros, “imposibilitando que HSC pueda atender todas sus obligaciones a corto plazo”, y que “la prolongación en el tiempo de esta situación acredita, a juicio de ese tribunal, que HSC se encuentra en situación de insolvencia actual”. Además, en la resolución destaca “el desbalance patrimonial del ejercicio de 2019, el inmediatamente anterior a la solicitud de concurso necesario, pues el patrimonio neto de HSC es inferior a la mitad de la cifra del capital social. Hay además indicios de que la sociedad carece de la capacidad para continuar su actividad empresarial, como se deduce de las salvedades que los informes de auditoría de 2018 y 2019 hacen al principio de empresa en funcionamiento en que se basan las memorias de esos ejercicios”.

En el escrito también aparece el listado de causas judiciales en los que HSC es parte demandada o ejecutada en la provincia de Las Palmas, permitiendo «apreciar numerosos procedimientos declarativos y ejecutivos en contra de HSC, lo que acredita la existencia de una pluralidad de acreedores que no han logrado la satisfacción de sus créditos.

Según recoge el auto judicial, en el acto de la vista, el auditor de Hermanos Santana Cazorla ratificó las salvedades puestas en sus informes de auditoría de cuentas y que “HSC no tiene liquidez suficiente para pagar las deudas a corto plazo”. A juicio del tribunal, esta la declaración es otro medio de prueba de la incapacidad de pago de las obligaciones de HSC. Por todo ello, en el auto se concluye que “el dictamen pericial aportado por la solicitante de concurso, las cuentas anuales de los ejercicios de 2018 y 2019, inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de concurso, los informes de auditoría de esos ejercicios y la declaración del auditor en el acto de la vista permiten declarar probado un sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor”.

Por tanto, y en base al dictamen pericial, “a 31 de diciembre de 2019, HSC no disponía de los fondos líquidos para atender a sus obligaciones de pago, y actualmente le resultará imposible, dada su situación financiera acceder a cualquier tipo de crédito o préstamos, en la cuantía suficiente para hacer frente a estas obligaciones, máxime cuando HSC, junto con el resto de empresas del grupo, han dispuesto del total del límite de las pólizas multiempresa”.