Los médicos canarios rechazan la propuesta de Sanidad para reducir la alta tasa de temporalidad laboral

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

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La solución planteada por la Consejería de Sanidad para reducir la alta tasa de temporalidad laboral de los médicos de Canarias no convence a los profesionales. “La opción que ha presentado no asegura la consolidación de plazas” de los especialistas que llevan años encadenando contratos eventuales en el Servicio Canario de Salud (SCS) sin posibilidad de presentarse a una Oferta Pública de Empleo (OPE), ha asegurado este martes Carolina López-Veloso, neuróloga del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria y una de las portavoces del colectivo de facultativos que se ha movilizado para reclamar estabilidad en sus puestos. Dos de cada tres médicos especialistas que ejercen en la sanidad pública de las Islas, unos 2.000 trabajadores, están en esta situación de “abuso de temporalidad”.

En la mesa sectorial extraordinaria de Sanidad, celebrada la mañana de este lunes, y en un encuentro con miembros de la denominada Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias, esa misma tarde, tanto el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, como el consejero del área, Blas Trujillo, anunciaron un proyecto de “consolidación de trabajadores eventuales” que acumulen más de dos años de contratos temporales. La propuesta pasa por la creación en la plantilla orgánica “de alrededor de 2.350 plazas para posteriormente atribuirlas con carácter interino”. En el caso de los médicos especialistas, los términos de la OPE deberán ser renegociados después de que hayan sido estimados los recursos presentados contra esa convocatoria. 

En la reunión de la tarde con el colectivo de médicos, Trujillo planteó que ese proceso selectivo sea descentralizado, por gerencias, asumiendo así una de las reivindicaciones de los profesionales. Sin embargo, el tipo de prueba, la fórmula para estabilizar esas plazas en la sanidad canaria, sigue siendo objeto de discrepancia. “La propuesta de la Consejería es reducir la tasa de temporalidad al 8%, pero no se trata solo de eso. Se pueden sacar unas plazas, pero hay que diseñar un formato para permitir que puedan acceder a ellas trabajadores que llevan hasta veinte años ejerciendo en el SCS (a través de contratos eventuales) y no se han podido presentar a una OPE”, señala la neuróloga López-Veloso. 

La opción de que la convocatoria quede restringida a los trabajadores del SCS ha quedado ya descartada. Un informe de la Viceconsejería de Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias ha advertido de que la administración autonómica no tiene competencias para ello y que, por lo tanto, sería necesario que la estatal determinara la existencia de una situación de excepcionalidad para justificar el ingreso automático de determinados grupos en la función pública. Este escenario era uno de los que planteaban los médicos temporales de la sanidad canaria, que están siendo asesorados por un equipo jurídico costeados por ellos mismos. 

La propuesta principal de los facultativos sigue siendo un concurso de méritos para cubrir plazas en una cifra que, en opinión de este colectivo, debe ser, “al menos, igual al número de interinos más eventuales con al menos dos años de antigüedad”. En caso de que se optara por el sistema de concurso-oposición, los facultativos en “abuso de temporalidad” abogan por que la fase de oposición consista en la presentación de una memoria sobre el puesto. 

Al quedar descartado el proceso restringido, la Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias defiende una convocatoria “primada”, es decir, una ponderación diferenciada que otorgue una mayor puntuación en el concurso a los empleados públicos temporales que hayan prestado sus servicios al SCS frente a candidatos de otras comunidades. El objetivo, insisten desde esta organización, no es solo consolidar las plazas, sino también evitar que se rompan equipos de profesionales altamente especializados en determinados servicios.  

La portavoz del colectivo médico incide en que las demandas del colectivo se basan en la concurrencia de circunstancias excepcionales. En primer lugar, en una “altísima tasa de temporalidad”, de las mayores del Estado, después de que solo se haya convocado una OPE ordinaria (2007) y otra extraordinaria (2001) en los últimos veinte años. La conocida sentencia dictada el pasado 19 de marzo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) alude a una directiva comunitaria de 1999 que aún no ha sido transpuesta en España y que incide en que los procesos selectivos deben ejecutarse con una periodicidad y frecuencia para “prevenir el exceso de temporalidad y el posible abuso de la contratación temporal abusiva”. 

Tampoco se ha respetado lo estipulado en un decreto de la propia Consejería de Sanidad, aprobado en 1999, que establece en dos años el plazo de ejecución de los procesos selectivos, ni el mandato del Estatuto Básico del Empleado Público, que fija el mismo periodo. Y todo ello, añade López-Veloso, en un contexto de excepcionalidad por la pandemia de COVID-19 y las tensiones que se han producido durante esta crisis sanitaria como consecuencia de las dificultades para encontrar profesionales con los que reforzar las plantillas ante el incremento de demanda asistencial. De hecho, este ha sido uno de los mensajes que lanzaron los profesionales este domingo, víspera de la celebración de la mesa sectorial extraordinaria, en una campaña en redes sociales para visibilizar su situación y reclamar la consolidación de sus plazas. “Soy médico (ginecóloga). Llevo 20 años trabajando para el SCS con un contrato temporal abusivo. ¿Dice usted que necesitan médicos? Empiece cuidando a los que tienen. #ConsolidacionYA #FijezaYA #HoySolucionOMañanaMovilizacion”, rezaba uno de las numerosos publicaciones, todas con la misma fórmula, remitidos a la cuenta en Twitter del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. 

La Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias recuerda, aludiendo a la sentencia del TJUE, que “el abusado (por los altos índices de temporalidad) es la víctima” y que la solución para acabar con esta situación no puede pasar por un procedimiento abierto de libre concurrencia y, por tanto, de “resultado incierto”. El colectivo asegura que estudiará con sus asesores jurídicos la propuesta que la Consejería de Sanidad se ha comprometido a remitirle por escrito, pero ya ha adelantado que el acuerdo está aún lejano. 

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