Milagros Luis no niega la cesión de datos confidenciales de docentes
La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Milagros Luis Brito, no negó este jueves que su departamento pusiera a disposición de los sindicatos con los que cerró un preacuerdo salarial datos confidenciales, y anunció que “de comprobarse” esa denuncia con “datos objetivos”, hará “las averiguaciones oportunas” y actuará “en consecuencia”.
Luis Brito fue preguntada por este asunto en el pleno del Parlamento regional por el diputado del PSOE Juan Ramón Rodríguez-Drincourt, quien denunció que se pusieron a disposición de los sindicatos que apoyaban el preacuerdo con la Consejería datos sobre los salarios y las jubilaciones de los profesores antes de que se celebrara un referéndum sobre el mismo que fue rechazado por los docentes.
Eso supone una vulneración de la Ley de protección de datos y una flagrante violación de los derechos fundamentales de los docentes, afirmó el diputado socialista.
La consejera contestó que “si eso ha ocurrido ha sido sin mi conocimiento, consentimiento ni autorización”.
“De comprobarse” que esos datos fueron revelados y en caso de disponer de “datos objetivos”, la consejera afirmó que hará las “averiguaciones oportunas” y actuará “en consecuencia”.
Rodríguez-Drincourt dijo que la consejera “está batiendo un auténtico récord de manipulación” en su conflicto con el profesorado, que demanda la homologación salarial.
Boicot a la Ley de Dependencia
El grupo parlamentario socialista acusó al Gobierno de Canarias de boicotear la ley de Dependencia mientras que la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, dijo que se trata de una ley con una normativa de desarrollo tardío y que no ha contado con la financiación necesaria.
Rojas respondió así a la diputada del grupo Socialista Francisca Luengo, que acusó al Ejecutivo canario de ser el responsable del retraso en la aplicación de la ley en Canarias al no haber elaborado la normativa autonómica para que la misma sea efectiva.
Luengo dijo que sólo la falta de sensibilidad y la incompetencia del Gobierno regional puede explicar el retraso de 9 meses en la elaboración de la normativa y afirmó que este retraso justificaría un cese fulminante de la responsable de ese departamento.
La consejera agregó que el retraso se ha debido al propio retraso en la normativa estatal y reprochó a la Administración Central su incapacidad para poner en marcha un sistema de dependencia con una normativa tardía que aún no ha concluido, y que no ha contado con el consenso de las autonomías ni con el sistema de dependencia del que disponen las regiones.
Rojas dijo que el Congreso aprobó una buena ley que tuvo el respaldo del Gobierno de Canarias pero indicó que el Estado no la ha dotado adecuadamente y de los cada 100 euros que se destinan en Canarias para la dependencia, 95 los aporta el Gobierno de Canarias y cinco el Estado.
Indicó que para la puesta en marcha de esta ley, el Gobierno canario ha aportado 120 millones de euros y el Estado sólo 7.
