El 40% de los niños canarios, en riesgo de pobreza
Casi dos millones de niños están en riesgo de pobreza relativa en España, según el primer estudio Infancia en España 2010-2011, presentado por Unicef y que pone de manifiesto que casi uno de cada cuatro menores (un 24,1%) de los ocho millones que residen en el país, viven en hogares que tienen unos ingresos inferiores al 60% de la mediana nacional (16.684 euros al año en un hogar con dos adultos y dos niños).
El trabajo subraya que este dato sitúa a España a la cola de los 27 países miembros de la UE, sólo superada por Rumanía, Bulgaria, Letonia e Italia, conforme han destacado en rueda de prensa la directora del Comité Español de Unicef, Paloma Escudero, y la responsable de sensibilización y políticas de infancia de la entidad y coautora del informe, Marta Arias.
Según han señalado, el porcentaje de riesgo de pobreza presenta una tendencia ascendente desde el 23% registrado en 2005 y pone de manifiesto los primeros indicios que anticipan un “preocupante impacto” de la crisis económica sobre la infancia. No en vano, el último dato conocido revela que en 2010 se incrementó la tasa de menores de 16 años en riesgo de pobreza, con un 24,5% respecto del 23,3% de 2009.
“Ser un niño pobre en España no significa necesariamente pasar hambre, pero sí tener muchas más posibilidades de estar malnutrido; no significa no acceder a la educación, pero sí tener dificultades para afrontar los gastos que se derivan de ella, tener más posibilidades de abandonar los estudios; no significa no poder ir al médico, pero sí tener problemas para pagar algunos tratamientos”, ha explicado Arias.
Asimismo, ha indicado que esta pobreza infantil “se ceba especialmente” con los hijos de familias numerosas (el 44,4% de estos niños están en riesgo), monoparentales (38,6% en riesgo). Si además, son inmigrantes, el porcentaje se duplica.
Aunque la tasa tiene también mayor incidencia en los hogares con todos los miembros en paro (62,8%), Arias ha incidido en que estas cifras de riesgo de pobreza infantil “no se dan sólo por el desempleo, también por empleo precario, porque España es el cuarto país de la UE con mayor tasa de pobreza infantil en hogares donde uno de los miembros trabaja”.
Por comunidades autónomas, en comparación con el umbral nacional, es Extremadura, con un 39,2%, la que registra una mayor tasa de pobreza infantil, seguida de Andalucía (34,2%), Murcia (33,9%), Castilla-La Mancha (33,3%) y La Rioja (31,7%). No obstante, teniendo en cuenta la mediana de ingresos del ámbito regional, la región en peor situación es Canarias, con un 40% de sus menores en riesgo de pobreza, seguida de La Rioja (32,3%), Murcia (31,6%) y Madrid (26,9%).
Un plan nacional, más y mejor inversión
El organismo de la ONU recalca que la reducción de la pobreza infantil es una cuestión tanto de recursos como de diseño y planificación de políticas sociales. Según los datos de 2008, España ocupa, junto a Grecia, el último lugar de la UE en el gasto público en familia e infancia, con un 0,7 por ciento del PIB, muy por debajo de la media de la UE: un 2,3%. Además, sólo destina a este apartado el 5,4% del total empleado en protección social.
No obstante, “no sólo es lo que se invierte, también cómo se invierte”, ha señalado Escudero, para explicar que en España las transferencias que se realizan a estas familias “tienen una capacidad de reducción de la pobreza mucho menor que las inversiones que hacen otros países”.
Por todo ello, Unicef España propone una agenda para la acción que recoge una docena de medidas como duplicar las inversiones en políticas sociales de infancia y familia hasta el 1,4% del PIB y se elabore un Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza Infantil que identifique las necesidades reales para darles respuesta, con objetivos claros y cuantificables y el consenso de “todas las fuerzas sociales y políticas”.
Asimismo, considera preciso que la infancia pase a ser una “prioridad” en la agenda política y reclama, entre otras medidas, la puesta en marcha del Consejo de Medios Audiovisuales, la elaboración de un reglamento de extranjería que garantice los derechos de los niños migrantes y abordar “con carácter urgente” la calidad educativa en España.
