El Gobierno de Canarias proyecta una ley de movilidad sostenible plagada de buenas ideas e instrumentos de ordenación, pero sin fondos concretos para rebajar las emisiones de un sector, el del transporte, responsable del 41% de las expulsiones de gases de efecto invernadero en Canarias.
De acuerdo con el anteproyecto de la norma, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, liderada por Pablo Rodríguez (Coalición Canaria), plantea un texto de 51 artículos con medidas concretas, como la creación de un laboratorio de movilidad para proyectos piloto y planes para ir en bici a grandes eventos.
Pero, al mismo tiempo, múltiples disposiciones presentadas bajo los verbos “fomentar” y “promover”, tradicionalmente más asociados a declaraciones de intenciones que mandatos precisos (y que el Consejo Consultivo ya ha afeado al Ejecutivo regional en otras ocasiones).
Entre las medidas más novedosas está la creación de un laboratorio de movilidad centrado en investigar e implementar soluciones “innovadores” que impulsen la movilidad sostenible. No se especifican aún los recursos, ni económicos ni personales. Eso se determinará más adelante.
También resalta el sistema jerárquico que dibuja el Gobierno canario: cinco instrumentos de ordenación distintos, diferenciando entre la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente del Archipiélago (cuya elaboración fue adjudicada el año pasado por 474.000 euros), que abarca a todas las Islas, los planes insulares, los locales, los de los grandes centros de movilidad, como empresas y alojamientos turísticos, y los de los grandes eventos. El Ejecutivo autonómico dará “apoyo económico” a las administraciones para que los desplieguen, pero no ha concretado cuánto.
Todos los instrumentos tienen como objetivo común favorecer la implantación de formas de desplazamiento menos contaminantes en base a unos criterios fijados por el Ejecutivo autonómico: acceso universal, reducción de la demanda y longitud de los viajes y mejora de la eficiencia, entre otras cosas.
Quizá la mayor sorpresa está en el último plan mencionado. En eventos con aforo superior a 10.000 personas, los promotores “deberán” proporcionar soluciones “fomentando el uso de modos de movilidad activa”, como caminar y andar en bicicleta, “y del transporte público”.
Con respecto al resto de instrumentos, la novedad es menor. Los planes insulares de movilidad ya están siendo aprobados por los cabildos y los locales, los conocidos como PMUS, también. El reto está, reconoce el anteproyecto, en desbloquear por completo su tramitación.
Apunta el texto que para ello se han modificado algunas disposiciones de la Ley 13/2007, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, pues han quedado “obsoletas y precisan ser actualizadas”, y que se ha reformado el procedimiento para la aprobación de los PMUS, ya que hasta ahora había problemas para adecuarlos “a la realidad municipal y la normativa urbanística en vigor”.
Los planes de movilidad deben redactarlos todos los cabildos y ayuntamientos de más de más de 20.000 habitantes. Y luego, eso sí, habría que seguir las actuaciones que recomiendan los expertos, pero eso no siempre funciona así.
En Tenerife, por ejemplo, mientras los técnicos que redactaron el plan han pedido a la Corporación que priorice los carriles bus y relegue la construcción de trenes a un segundo plano, la presidenta insular, Rosa Dávila (CC), opina lo contrario. Ella cree que el Tren del Sur se trata de una infraestructura “irrenunciable” que “marcará un antes y un después” en la movilidad de la isla.
Por otro lado, el proyecto de ley dedica tres artículos a la integración de la movilidad sostenible en los planeamientos urbanísticos de los ayuntamientos. Dice que los consistorios tienen que ordenar “pautas de asentamiento y localización de actividades que reduzcan la demanda” de movilidad o que se reserve espacio suficiente para aparcamientos disuasorios (ubicados en la periferia de las ciudades para que los conductores utilicen el transporte público) y estacionamientos de vehículos no motorizados, como bicicletas y patines.
Algunas de estas medidas, sin embargo, carecen de una obligación explícita y vertebran sus enunciados en base a verbos como “promover”, “fomentar” y “tener en consideración”. Esto no es baladí, pues Canarias es una región altamente dependiente del coche, ordenada para que los vehículos sean capaces de alcanzar prácticamente cualquier punto del territorio.
El sector del transporte es el responsable del 41% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad Autónoma, muy por delante de la media nacional (29%) y europea (25%). Y eso se debe, en parte, a la “excesiva dependencia del vehículo privado”, reconoce el Ejecutivo canario, lo que contribuye a la “excesiva carga que sufren hoy en día las infraestructuras de transportes”, como la carreteras, “completamente congestionadas en muchos casos”.
La Estrategia de Movilidad Sostenible del Archipiélago incorporará algunas medidas más concretas, como el uso de carriles bus, vías reversibles, espacios reservados y prioridad en caso de acceso escalonado a los centros urbanos. Pero todavía queda para su aprobación definitiva.
La futura ley, por su parte, recoge el derecho a la movilidad sostenible, una nueva figura que reconoce que las personas deben poder acceder a formas de transporte seguras, dignas y “con el mínimo impacto ambiental y social posible” y que tienen que hacerlo “con independencia de su punto de residencia”, entre otras cosas.
Además, el Gobierno regional creará una base de datos actualizada para monitorizar hábitos de movilidad y dimensionar la demanda. Serán los operadores del servicio quienes proporcionen esa información y habrá sanciones de hasta 100.000 euros para quienes se nieguen a hacerlo o emitan cifras erróneas.
El anteproyecto de ley de movilidad sostenible de Canarias aún no ha salido a exposición pública. Todavía debe pasar por ese trámite, modificar o no el texto a raíz de las alegaciones presentadas y llegar al Parlamento. Es imposible saber cuándo entrará finalmente en vigor porque el procedimiento puede eternizarse. Por poner un ejemplo, la Consejería de Turismo expuso el borrador de la ley de alquiler vacacional en abril del año pasado y sigue sin estar aprobada.