Riesgo de dividir servicios esenciales, deterioro en la gestión, riesgo de fallos en la coordinación… Son algunas de las cuestiones que enumera el personal de emergencias de Canarias que ha convocado una huelga para este lunes. El presidente del Comité de empresa del 1-1-2 en Tenerife, Lorenzo Galindo, explica que fue hace unas tres semanas cuando el personal se enteró de que el Gobierno de Canarias pretendía separar GSC (GestioÌn de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias ), empresa pública del Gobierno de Canarias que gestiona el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2), es además la encargada, por encomienda del Instituto Canario de Igualdad (ICI), del Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.
Galindo subraya que ahora mismo la coordinación entre ambos servicios SUC y 1-1-2 es eficaz e integrada y teme que “si nos separamos, el servicio va a ir en caída libre y al final quien lo va a pagar es el ciudadano que haga uso del teléfono de emergencia porque no hay una coordinación eficaz”, lamenta.
El presidente del comité de empresa incide que tras el 1-1-2 hay un equipo de profesionales, de personal médico, sanitario, técnicos de atención a las mujeres, hay coordinadores multisectoriales que son los máximos coordinadores de Protección Civil cuando se declara un incendio… “Todas las emergencias se gestionan desde el Centro Coordinador, pero es que no nos tenemos que olvidar que el grueso es el día a día, que nosotros tenemos que estar ahí ante un robo, un asalto, si le han pegado a alguien, si se ha quemado una vivienda, si hay un hombre en el agua que se lo está llevando la corriente, una parada cardiorrespiratoria en la vía pública, un atragantamiento, un transporte sanitario urgente de una isla a otra… Lo coordinamos todo”, resume.
Galindo señala que el problema ahora mismo es que dentro de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), que es una empresa 100% pública, hay departamentos que dependen de la Consejería de Política Territorial y otros de Sanidad. “Necesitamos que las dos consejerías que están dentro de nuestra empresa tengan su personal para que ellos puedan gestionar bien sus divisiones. No separar la empresa, la solución no es separar la empresa”, remarca.
El presidente del comité de empresa asegura que las pretenciones de esta división parten más de la Consejería de Política Territorial que de Sanidad y que el próximo lunes, día en el que está previsto que arranque la huelga está prevista una reunión con ambas consejerías. Desde la Consejería que dirige Manuel Miranda han señalado a este periódico que hasta ese día no va a haber novedades.
La huelga emipieza a las 00.00 del lunes, pero el Ejecutivo regional ya estableció en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de este viernes unos servicios mínimos del 100%. “El 100% del personal que presta servicios en las oficinas administrativas adscritas al CECOES 112 (personal clave para dar soporte al diÌa-diÌa de las Salas Operativas, que ademaÌs, en caso de emergencias de proteccioÌn civil, dan apoyo a la direccioÌn de la emergencia)”, apunta. “Ha de estar garantizado en todo momento por GSC el funcionamiento de los medios informaÌticos y telemaÌticos de las salas, para lo que ha de tenerse garantizada la asistencia teÌcnica que sea precisa, sin verse afectada por la huelga.”, advierte.
Personal en declive desde 2010
Aunque la división del SUC y el CECOES es la gota que colma el vaso en el personal, la huelga también incluye otras reivindicaciones. En su escrito, los sindicatos CSIF y CCOO Canarias añaden que se acumulan incumplimientos laborales como “cambios de cuadrantes, turnos sin cubrir, falta de publicación de horarios, contrataciones al margen de las listas de reserva y vulneración de derechos reconocidos tras conflicto colectivo y aprobados por varias consejerías y por el Consejo de Gobierno”.
Señalan que hay unas 300 familias trabajadoras afectadas y el lunes reclamarán además “paralizar cualquier operación de separación de servicios y mantener el modelo integrado de coordinación; cumplir de inmediato los derechos laborales acordados y firmados por todas las partes; aportar la inversión prometida y dotar de medios humanos y técnicos a Administración, Facturación, RR. HH., División Económica, Unidad Técnica, CECOES y SUC; y renovar los equipos directivos responsables del deterioro de la gestión”.
Galindo señala que cuando Coalición Canaria y PP no estaban en el Gobierno apoyaban sus reivindicaciones y ahora en el Parlamento en la defensa y en el crecimiento de la empresa pública porque “faltaba personal, que está en declive desde el año 2010”. “No tenemos refuerzo, no tenemos personal que nos pueda garantizar nuestro descanso, nuestra desconexión digital, si hay un incidente no rutinario y hay que reforzar la sala, no hay personal, si hay que ir a La Palma, en el volcán de La Palma nosotros no estuvimos en el puesto de mando avanzado, el personal del centro coordinador y del servicio de urgencias Canario no fue a la mayor emergencia que ha habido en Canarias, que es el volcán de La Palma recientemente, nosotros no pudimos estar porque no teníamos personal para poder desplazar al lugar, si no nos dan personal, ¿cómo damos respuesta a las emergencias?”, se cuestiona.
El servicio de atención a mujeres víctimas, en riesgo
El Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género del CECOES 1-1-2 “puede quedar en riesgo por la decisión del Gobierno de Canarias de separar la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), pues se compromete la continuidad, la seguridad y la eficacia del dispositivo”. Así lo advirtió también este viernes el comité de empresa de los servicios de Emergencias de Canarias, que insta a abrir un diálogo inmediato para garantizar la estabilidad y la calidad del servicio.
Canarias registró solo en el mes de julio 1.007 llamadas al 1-1-2 de emergencia por violencia de género, es decir aquellas en las que la vida de las mujeres corre peligro. Se trata de datos canalizados por el 1-1-2 y que supuso que se activara hasta en 206 ocasiones los dispositivos de emergencia para mujeres agredidas de las islas (DEMA). Además, 35 mujeres y sus 16 hijas e hijos tuvieron que abandonar su hogar para recibir alojamiento en los recursos que el ICI financia con los cabildos.