El personal de Emergencias de Canarias advierte de que está en riesgo el servicio del 1-1-2 de atención a mujeres víctimas

El Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género del CECOES 1-1-2 “puede quedar en riesgo por la decisión del Gobierno de Canarias de separar la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), pues se compromete la continuidad, la seguridad y la eficacia del dispositivo”, así lo advierte el comité de empresa de los servicios de Emergencias de Canarias, que insta a abrir un diálogo inmediato para garantizar la estabilidad y la calidad del servicio.

“GSC, empresa pública del Gobierno de Canarias que gestiona el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2), es además la encargada —por encomienda del Instituto Canario de Igualdad (ICI)— del Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género”, recuerda en un comunicado.

Canarias registró solo en el mes de julio 1.007 llamadas al 1-1-2 de emergencia por violencia de género, es decir aquellas en las que la vida de las mujeres corre peligro. Se trata de datos canalizados por el 1-1-2 y que supuso que se activara hasta en 206 ocasiones los dispositivos de emergencia para mujeres agredidas de las islas (DEMA). Además, 35 mujeres y sus 16 hijas e hijos tuvieron que abandonar su hogar para recibir alojamiento en los recursos que el ICI financia con los cabildos.

Los Comités de Empresa de ambas provincias registraron el 11 de agosto un preaviso de huelga que entraría en vigor el 25 de agosto si no se alcanza una solución.

El colectivo advierte de que la separación de GSC implica falta de inversión, reduciendo la capacidad de respuesta ante emergencias; introduce cambios de gestión no transparentes que afectan al equipo técnico que sostiene el servicio; provoca desorganización de protocolos y de la coordinación institucional, debilitando la protección integral.

Estas actuaciones, denuncian, se han adoptado sin diálogo ni transparencia y sin valorar su impacto en los procesos de recuperación y empoderamiento de las mujeres atendidas.

EL comité de empresa reclama paralizar de inmediato los cambios que perjudiquen al servicio, abrir un proceso de diálogo con los comités de huelga y los equipos representantes, garantizar la estabilidad laboral de las profesionales que desarrollan esta labor clave y respetar los estándares de calidad y atención integral fijados por la normativa vigente.

El servicio recuerda que la atención a las mujeres víctimas no puede ser objeto de recortes ni improvisaciones. «Estamos hablando de vidas en riesgo y de un derecho fundamental: el derecho a vivir una vida libre de violencia», señalan. E invitan a ciudadanía, movimientos feministas, colectivos sociales y medios a mantener la vigilancia y exigir una respuesta responsable: «Ni un paso atrás en derechos».