Sanidad destina 8,5 millones de euros al año para derivar a las clínicas privadas estudios de resonancia magnética

La Consejería de Sanidad reserva 8,5 millones de euros al año para derivar a las clínicas privadas la realización de estudios diagnósticos de resonancia magnética a pacientes del Servicio Canario de Salud (SCS). En total han sido quince las empresas o grupos hospitalarios que han resultado adjudicatarios de un contrato que se ha dividido en nueve lotes, por áreas de salud. 

El presupuesto total de este concierto es de 35 millones de euros a través de acuerdos marco de cuatro años de duración, aunque esa cifra se puede elevar hasta los 52 millones con la prórroga (un año más como máximo) y las modificaciones contempladas en los pliegos, que no podrán superar el 10% del precio del contrato.

En el informe propuesta firmado el pasado mes de febrero por el director del SCS, Conrado Domínguez, se justifica la necesidad de contratar este servicio para realizar las pruebas diagnósticas con medios ajenos a la administración en un informe de enero de 2020 de la Dirección General de Programas Asistenciales que advertía del “aumento considerable” de la indicación de resonancias en la práctica clínica. 

Se trata, decía ese informe, de “una excelente herramienta médica de ayuda y apoyo para la atención de diagnósticos certeros y, por tanto, para establecer los oportunos tratamientos con más seguridad”. El organismo autónomo defendía que era preciso contar con las clínicas privadas para dar cobertura “en tiempo y forma” a esa demanda.

Según los últimos datos publicados por el SCS, la demora media para someterse a esta prueba diagnóstica en el Archipiélago es de 137,69 días, más de cuatro meses. Hasta el pasado 30 de junio eran 1.953 personas las que engrosaban la lista de espera para una resonancia magnética.

Los pacientes del Hospital Insular de Gran Canaria son los que más tiempo deben esperar, 322,57 días, seguidos de los del Doctor Negrín, en la misma isla (178,24). En los otros dos mayores hospitales públicos de las Islas, el Universitario de Canarias (HUC) y el de La Candelaria la demora es de 75,64 y 96,36 días, respectivamente. 

El Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad (IDIS), una fundación que aglutina al sector sanitario privado, cifra en torno a los veinte millones de euros el gasto anual del SCS en la derivación de pruebas diagnósticas de resonancia magnética y medicina nuclear (se incluyen otras tecnologías, como las gammagrafías o la tomografía por emisión de positrones) durante el periodo de 2016 a 2020. Tras la pandemia, esa cifra se ha reducido hasta los 15 o 16 millones al año. 

Según la información proporcionada por los cuatro grandes hospitales de Canarias, los costes de los servicios de radiodiagnóstico ascendieron a 49,5 millones de euros en 2018 (11,5 millones en el HUC, 14,7 en La Candelaria, 13 en el Insular y 10,3 en el Negrín).

El contrato recientemente adjudicado incluye no solo las pruebas (hasta un máximo de 52.883 al año, a un coste medio de 160,8 euros por cada una de ellas), sino también la elaboración de informes médicos. Una necesidad que, según Sanidad, “deriva de la reciente adquisición de equipos para hospitales de las islas no capitalinas” y de la falta de especialistas. “Los estudios no pueden ser informados por los servicios de radiodiagnóstico público en el ámbito de la comunidad autónoma”, señala la memoria. Los pliegos contemplan la realización de un máximo de 4.972 informes, pero no obligan a llevar a cabo una determinada cuantía ni a gastar la totalidad del importe indicado. 

El grupo Hospiten, el mayor conglomerado sanitario de titularidad privada en las Islas, es el principal adjudicatario de este concurso con 2,3 millones de euros, el 28% del importe anual presupuestado, repartidos en cinco lotes (Lanzarote, sur de Gran Canaria y norte, sur y resto de Tenerife). Por su parte, Hospitales San Roque y sus filiales (Diagnósticos Médicos Especiales y CSR Diagnósticos) pueden embolsarse 1,2 millones de euros en sus centros de Gran Canaria. Entre otros, al Hospital Perpetuo Socorro se le adjudican estudios e informes por un importe superior a los 600.000 euros; a ICOT Ciudad de Telde, más de medio millón; al Grupo Quirón, más de 475.000 euros y a la Clínica Parque, cerca de 450.000 euros anuales. 

El Servicio Canario de Salud ya ha resuelto definitivamente el concurso después de subsanar las deficiencias advertidas por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, que anuló y ordenó retrotraer el expediente en tres de los lotes al estimar total o parcialmente recursos presentados por licitadores contra la adjudicación inicial.

Los recurrentes fueron la Clínica Parque, que pidió que se le reconociera el derecho a subsanar un defecto en la presentación de la oferta, ya que no había aportado la exigida declaración responsable que le compromete a cumplir las mejoras propuestas en el lote de Fuerteventura y en uno de Tenerife (resto de la isla), y el grupo Hospiten, que denunció que se le había permitido modificar la oferta a otra de las licitadoras en el norte de Tenerife (Centros Médicos Salus) a través del sistema de aclaración.

En cualquier caso, esos recursos solo variaron el resultado final de la adjudicación en uno de los lotes (resto de Tenerife), siendo el favorecido la Clínica Parque y el perjudicado, el Grupo Quirón. 

“Exceso de peticiones”

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) considera que en la práctica clínica actual hay un “exceso de peticiones” de resonancias magnéticas. Hace ya nueve años, un estudio publicado en la revista European Journal of Radiology concluía que casi una de cada tres resonancias magnéticas lumbares eran innecesarias, que la sanidad privada prescribía más y que hacerlas cuando no estaban indicadas aumentaba “hasta un 400% el riesgo de que los pacientes fueran operados ”inútilmente“. ”Si existiera un protocolo con una guía clínica previa a redactar una petición, se ahorrarían muchas resonancias magnéticas, pues con una buena historia, exploración y la mayor parte de las veces con una simple radiografía se llega a un diagnóstico“, explica Guillermo de la Barreda, portavoz de la ADSP. 

Según datos del Ministerio de Sanidad, Canarias es la comunidad autónoma con la menor tasa de uso de resonancia magnética en el Sistema Nacional de Salud respecto al total de pruebas realizadas. Solo una de cada tres se hicieron con fondos públicos (medios propios o conciertos). En Cantabria, por el contrario, ese porcentaje es del 100%, según la misma fuente.

Sin embargo, el Archipiélago es la séptima comunidad que más pruebas diagnósticas de este tipo realiza por número de habitantes en total, contabilizando tanto las practicadas en hospitales públicos como en clínicas privadas. Según la Fundación IDIS, el 56% de los equipos de resonancia magnética en el Archipiélago son de titularidad privada y el 44% pertenecen al sector público.

“Con una buena gestión, probablemente no habría necesidad de concertar”, defiende De la Barreda, que advierte “algunas lagunas” en el concurso. “No todas las resonancias son iguales ni en todos los sitios pueden hacer las diversas técnicas. Unos requieren anestesia, otros contraste…. Llama la atención que se le den a un centro que no suele tener este tipo de técnicas. ¿Y si hay que anestesiar? ¿Y si se produce un shock por el contraste, qué pasa?”, se pregunta.