Torres declara como imputada por el cese de López Peraza
La querella de José Marcelino López Peraza contra la alcaldesa (en funciones, desde el 22 de mayo) de San Bartolomé de Tirajana, Mari Pino Torres, se ha convertido en el enésimo escollo de un caso que el Ayuntamiento arrastra desde 2005. Torres declaró ayer ante el Juzgado número 1 de la localidad acusada de presunta prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos públicos y usurpación de funciones por el cese de López Peraza como secretario del Ayuntamiento. En su declaración ratificó el escrito remitido al tribunal en el que el Consistorio alega la existencia de tres autos que estiman la “imposibilidad” de restituir en el cargo a López Peraza, sancionado a tres años de inhabilitación.
El pasado abril el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Bartolomé admitió a trámite la querella del secretario del Ayuntamiento, cesado desde marzo de 2008. López Peraza denunció a la alcaldesa por prevaricación, al considerarla “manifiestamente incompetente” para cesarle como funcionario habilitado nacional y no acatar las tres sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo números 1, 2 y 5 de Las Palmas de Gran Canaria que obligan a reponer al abogado en su puesto, del que había sido destituido tras concedérsele la plaza de vicesecretario general del Cabildo de Gran Canaria según una resolución del Ministerio de Administraciones Públicas, posteriormente corregida para asignarle el puesto de secretario en el Ayuntamiento de Arucas.
El Ayuntamiento, sin embargo, se escuda en que esos mismos juzgados estimaron posteriormente la “alegación de imposibilidad” del cumplimiento de las sentencias, en virtud del fallo emitido por la Audiencia Nacional en enero de 2008 que ratifica una sanción, de 2005, de tres años de inhabilitación y prohibición de obtener otro destino por incompatibilidades cuando López Peraza ejercía como secretario en el Ayuntamiento de Santa Brígida. La “actuación siempre fue basándose en la ley”, ha asegurado Torres, en declaraciones recogidas por los medios de comunicación.
“Lo que hay es una actitud de la alcaldesa contra la ley”, mantiene el abogado. “(Torres) es una persona empeñada en hacer lo que quiere por cualquier medio porque no puede hacerlo por la vía judicial”, argumentaba, después de que el pasado 19 de abril el pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé rechazase la propuesta e Agrupación de Vecinos y el Grupo Mixto para su readmisión. Los mismos solicitantes se echaron atrás durante y decidieron abstenerse durante la votación.
Custodia y cese
La alcaldesa está imputada también por un presunto delito de usurpación de funciones, junto a la concejala de Recursos Humanos, Dunia Santada. Ambas firmaron, en marzo de 2008, el decreto de cese de López Peraza, ya que “había dudas legales” sobre la competencia, al tratarse de un habilitado nacional, según el asesor legal del Consistorio, Ismael Rodríguez.
Rodríguez también rechaza las acusaciones por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos: “No es competencia de la alcaldesa”. La querella hace referencia a la salvaguarda de las actas de plenos y otros documentos, “que le corresponde al secretario”, en este caso, cesado desde marzo de 2008, y a los expedientes varios, de los que deben encargarse “los jefes de servicio”.
