Los trabajadores de las ambulancias en Canarias se sienten discriminados en el plan de pruebas para detectar la COVID-19

Los trabajadores de las ambulancias en Canarias, que operan a través de las empresas privadas adjudicatarias de los servicios externalizados por la empresa pública encargada de la gestión del transporte sanitario en las Islas, se sienten discriminados. A las quejas iniciales elevadas tras la declaración del estado de alarma por la falta de información, de materiales de protección adecuados y de protocolos frente al coronavirus se le suma ahora una nueva denuncia, la que ha presentado UGT ante la Inspección de Trabajo por lo que considera un agravio comparativo con respecto al personal propio del Servicio Canario de Salud (SCS), organismo contra el que se dirige la acción, así como por una posible infracción en materia de prevención de riesgos laborales.

El sindicato alega dos motivos. El primero, que hasta la fecha no se haya incluido a este personal en el cribado para la detección de la COVID-19 entre los profesionales asintomáticos. El segundo, que se les haya denegado la posibilidad de alojarse en hoteles o establecimientos de corta estancia durante la crisis para proteger a sus familiares.

La denuncia incide en que se trata de sanitarios que ejercen un ámbito laboral con un alto grado de exposición al virus, con actuaciones “en primera línea” e, incluso, en situaciones “más hostiles” que las que afrontan los profesionales hospitalarios y de Atención Primaria. UGT lamenta que, a pesar de ello y de que para el propio Ministerio de Sanidad se trata de un personal de alto riesgo, a este colectivo no se le ha realizado aún las pruebas de detección. “Podemos ser asintomáticos y estar contagiando (a los pacientes a los que atienden) sin saberlo”, advierte Iván Amador, responsable de transporte sanitario del sindicato.

La Consejería de Sanidad asegura que los trabajadores de ambulancias están incluidos en el plan diseñado para este cribado, pero en una segunda fase, tras la realización de los estudios ya iniciados a las personas mayores que se alojan en residencias y a los sanitarios del SCS que han estado en contacto con pacientes con la enfermedad producida por el virus SARS CoV-2.

UGT también ha elevado la denuncia ante Inspección de Trabajo al tener constancia de la denegación de la petición formulada por un profesional que ejerce en una unidad de soporte vital básico para hospedarse en un hotel o en un establecimiento de corta estancia durante la emergencia sanitaria. Esta solicitud fue cursada en virtud de la instrucción dictada el pasado 3 de abril por el director del SCS para regular el acceso generalizado de los sanitarios a estos alojamientos con la finalidad de proteger a las personas con las que conviven. “Solo atenderemos solicitudes del SCS. Las empresas externas o personal no sanitario no está incluido”, rezaba la respuesta dada a este trabajador por la Secretaría General Técnica del organismo, el departamento encargado de conceder unas autorizaciones que hasta la fecha solo han solicitado, según datos de la Consejería de Sanidad, once profesionales de la plantilla.

El sindicato remitió la pasada semana un escrito al SCS en el que pedía que reconsidera su posición. Sanidad defiende que se trata de una medida que se circunscribe a un ámbito laboral y que, por lo tanto, solo pueden beneficiarse de ella sus propios trabajadores. Sostiene además que son las empresas adjudicatarias las responsables de la prevención de riesgos laborales de sus empleados, aunque asegura que si se produjera algún caso se estudiaría para ver posibles soluciones. “De momento no tenemos conocimiento de ninguno”, afirman.

De fondo subyace el debate sobre el modelo de gestión del transporte sanitario en el Archipiélago. El servicio está externalizado. Lo prestan las empresas adjudicatarias de un concurso vigente desde 2008, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2012 y vencido (prórrogas incluidas) desde 2015. Aunque ya se han adjudicado los lotes del procedimiento convocado en enero de 2019, los nuevos contratos aún no han entrado en vigor.

UGT ha reclamado con insistencia que se internalice el servicio de ambulancias en las Islas, que se deje de contratar con terceros y que se preste con medios propios de la empresa pública Gestión para la Salud y la Seguridad de Canarias (GSC), que tiene la encomienda del Gobierno regional desde 2009 y, por lo tanto, la titularidad de la actividad y la obligación de garantizar que los profesionales trabajen en condiciones óptimas de protección e higiene.

El responsable del sector en UGT, Iván Amador, incide en que esta sociedad pública no solamente “está financiada en su totalidad” por el SCS, sino que, además, es la que activa, a través de la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias (Cecoes) 1-1-2, a los trabajadores de las empresas externas para que atiendan los servicios.

Amador remarca que las unidades de transporte sanitario están conformadas por médicos, enfermeros y por técnicos de emergencias que también tienen la consideración de personal sanitario en virtud del Real Decreto 1397/2007 de 28 de octubre, que regula la titulación y la formación requerida. Por ello entiende que la exclusión de los trabajadores extrahospitalarios en el cribado y en la instrucción sobre los alojamientos es “discriminatoria”. El responsable de Transporte Sanitario de UGT lamenta la diferencia de trato con respecto al personal del SCS que ostenta “la misma categoría profesional” y que puede tratar “al mismo paciente por COVID-19”.