Willy García podrá repartir ''a su antojo'' 3,5 millones
La Asociación Canaria de Empresas de Producción Audiovisual (Acepa) ha rechazado este jueves la decisión del Gobierno de Canarias de desviar 3,5 millones de euros “en favor” de Televisión Canaria, al considerar que el funcionamiento actual del ente público “no ofrece garantías del buen destino de ese dinero”.
Acepa recuerda que la cantidad desviada a la Televisión Autonómica, proveniente de fondos europeos, formaba parte del presupuesto de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciiisi) “integrando una partida finalista dirigida a fomentar el desarrollo del sector audiovisual en Canarias”.
La asociación de productoras considera que “lo que antes tenía la obligación de servir para el desarrollo de la industria audiovisual canaria ahora podrá ser repartido por el director del Ente, Willy García, a su antojo, sin control ni garantías de ningún tipo”.
Las empresas de producción recuerdan en un comunicado que desde el año 2008, con la suspensión del concurso entonces en tramitación y el consiguiente cambio de modelo en el sistema de contratación, el ente público “contrata programas y servicios de forma directa, pero sin respetar los preceptos básicos de publicidad, igualdad de trato y libre concurrencia que han de regir las contrataciones públicas”.
Acepa subraya que en estos dos últimos años Televisión Canaria “ha sido la única televisión pública de España sin instrucciones de contratación, las normas exigidas para cualquier organismo por la Ley de Contratos del Sector Público”.
En un escrito dirigido al director general de Televisión Canaria, Acepa solicita “que se haga público el listado de contrataciones realizadas entre 2008 y 2010 y advierte con tomar medidas si Willy García no abandona el oscurantismo y la arbitrariedad que ha distinguido su mandato”. En el mismo documento, las productoras señalan que los 3,5 millones de euros extra obtenidos por Televisión Canaria tienen su origen en fondos europeos por lo que, “frente a lo que ocurre con el resto del presupuesto del Ente, no se va a poder destinar a cualquier cosa sin que se sepa y sin que la Unión Europea tome medidas en caso de detectar un uso arbitrario del dinero”.
Acepa recuerda que, tal y como establece la ley de creación del canal autonómico, la Televisión Canaria tiene la obligación de vertebrar social y culturalmente a las Islas informando, formando y entreteniendo a la sociedad con pluralidad y vocación de servicio público pero también de “servir de tractor al sector audiovisual de Canarias, fomentando el desarrollo de los profesionales y las empresas locales con el objetivo de que sean competitivas a nivel nacional e internacional”.
La asociación de productoras pide por último al Gobierno de Canarias que “se recuperen los principios fundacionales del canal” y afirma que las Islas se merecen una televisión autonómica “distinta, más plural, más democrática y transparente, mejor valorada por los ciudadanos y que sirva de verdadero motor para el desarrollo de la industria audiovisual canaria”.
