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La Justicia embarga 9 millones de euros a los imputados del caso Faycán

El Juzgado de Primera Instancia 3 de Telde retiene 1,7 millones de euros al exalcalde Francisco Valido, 13.000 euros a María del Carmen Castellano y 6.000 euros a José Luis Mena

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María del Carmen Castellano, alcaldesa de Telde

María del Carmen Castellano, alcaldesa de Telde

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Telde ha embargado 9,18 millones de euros a 28 imputados del denominado caso Faycán, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de este municipio grancanario durante el periodo gobernado por el pacto PP-Ciuca (2003-2007). El juzgado reclama esta cantidad a los encartados como fianza de responsabilidad pecuniaria.

Según publica este miércoles Canarias 7, las retenciones de mayor cuantía se practican sobre el interventor municipal, Enrique Orts; el exconcejal de Hacienda Carmelo Oliva, y el exalcalde Francisco Valido. A cada uno de ellos le embargan 1,7 millones de euros.

Francisco Gordillo, exasesor de Obras, tendrá que pagar una fianza de 880.000 euros; María del Carmen Castellano, actual regidora del Consistorio, 13.000 euros, y José Luis Mena, exjefe del servicio de Urbanismo, 6.000 euros.

Estas fianzas ya estaban incluidas en el auto de apertura de juicio oral, fechado en junio de 2013. Los imputados podrán abonar las cantidades reclamadas en metálico, presentar un aval bancario o escrituras de viviendas u otras propiedades.

El caso Faycán, según los hechos que se describen en el auto del magistrado del Juzgado de Instrucción 3 de Telde por el que se decretó la formación del procedimiento abreviado, es una "auténtica trama sólidamente asentada en el Ayuntamiento de Telde”, con numerosos cargos políticos de distinto signo y funcionarios implicados, que recibían comisiones de diversas empresas privadas para acceder a contratos públicos o para cobrar deudas pendientes.

La acusación atribuye a Castellano el cobro de sobornos y la posible desviación de fondos del Ayuntamiento para pagos propios del partido (malversación de fondos públicos), por lo que pide para la actual alcaldesa cinco años de cárcel y catorce de inhabilitación.

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