El Consultivo avala el derribo del geriátrico de Ifara por incumplir el PGO
El calvario judicial, tal y como lo definió el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), por el que han atravesado durante años los vecinos de Ifara parece que está llegando a su fin. El Consejo Consultivo de Canarias ha emitido su preceptivo informe en el que avala la anulación de las licencias que permitieron la construcción de este edificio por incumplirse las determinaciones del Plan General de Ordenación (PGO) y superarse con creces la edificabilidad. Hasta ahora todas las batallas judiciales han sido ganadas por los vecinos pero de poco ha servido ya que al final las sentencias no se han llegado a cumplir. Por ello el TSJC a principios de año tuvo que dar un fuerte tirón de orejas a la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz por su desinterés en aplicar los fallos judiciales.
Los vecinos han venido defendiendo desde hace años que la mitad del inmueble tendrá que ser demolido y así lo han avalado también los tribunales, informes del propio Ayuntamiento y ahora el Consejo Consultivo. En todos los casos se ha determinado que las licencias otorgadas en el año 2003 para construir este inmueble son “disconformes” con el PGO. Con el fin de legalizar el edificio se otorgaron posteriormente otras autorizaciones en 2008 y 2009 que también deben ser anuladas según el Consejo. En caso de concretarse el derribo, el Ayuntamiento de Santa Cruz podría verse obligado a desembolsar cantidades millonarias a la empresa propietaria, Residencias Atlántidas S.A.
El Consejo Consultivo concluye que efectivamente las licencias deben ser anuladas dada su falta de adecuación urbanística al PGO. Todo ello “supone un evidente incumplimiento legal, de carácter sustancial dado que se han adquirido por los actos objeto de este procedimiento revisor derechos o facultades sin el cumplimiento de los requisitos esenciales para ello”.
Los técnicos determinan que los casi 7.000 metros cuadrados que en la actualidad se destinan a espacio habitable superan en alrededor de 2.600 lo permitido en su momento. Y ello es así hasta el punto de que frente a las tres plantas autorizadas se llegan a contabilizar seis en algunos puntos del inmueble. Además, se incumple la dotación de aparcamientos por camas, dado que serían necesarias 29 plazas más y también en la separación con los espacios públicos de manera que frente a los tres metros existentes tendrían que existir ocho. En cuanto a alturas se supera lo permitido en 3,5 metros.
