El gobierno de Santa Cruz de Tenerife defiende que la ley le obliga a diferenciar por género en el concurso de vigilancia

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife defiende que el artículo 100.2 de la Ley de Contratos del Sector Público exige desagregar por género y categoría profesional los costes salariales estimados en los presupuestos de licitación. La corporación municipal, gobernada por Coalición Canaria (CC) en alianza con el Partido Popular (PP) y la concejala tránsfuga Evelyn Alonso, ex de Ciudadanos, ha respondido así al comunicado que el grupo Unidas Podemos difundió el pasado sábado, una nota en la que denunciaba que el concurso público para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad de las dependencias municipales diferenciara entre hombre y mujer a la hora de establecer las categorías y calificaba de “vergonzoso e inaudito” que en el pliego de cláusulas administrativas “se distingan unos costes diferentes para el personal masculino y el femenino”. 

“En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia”, recoge en su parte final el mencionado artículo de la ley que rige la contratación pública.

Fuentes oficiales del Ayuntamiento han precisado, además, que en esta licitación hay una subrogación de trabajadores de la anterior contratista (SH), por lo que la diferencia de costes salariales entre vigilantes de seguridad masculinos y femeninos se debe a que había más hombres que mujeres en esa plantilla, pero no hay distinción de sueldo entre ellos.

La licitación corresponde al área de Presidencia. El concejal de esta área, Alfonso Cabello CC-PNC, no entiende “cómo es posible que una concejala y sindicalista como Dolores Espino de Unidas Podemos, desconozca” el contenido del artículo 100.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y trate de “seguir poniendo palos en las ruedas en la decidida voluntad del equipo de gobierno por acabar con las incertidumbres laborales de los trabajadores de este sector en el Ayuntamiento solo por obtener un pretendido rédito político”.

“De manera intencionada. la concejala de Unidas Podemos trata de enmarañar, con la simple pretensión de asomar la cabeza” y “de manera burda pretende confundir afirmando que para el vigilante de seguridad masculino están previstos 1.524.961 euros, mientras que para el femenino 622.871 euros, sin explicar, o lo que es peor, ocultando que estas cantidades responden a la subrogación a la que tendrá que hacer frente la empresa que resulte concesionaria del servicio, en la que se detalla, como exige la Ley de Contratos, el número de hombres y mujeres que se beneficiarán de tal medida laboral”, sostiene.

El concejal de Presidencia anima a Unidas Podemos y a su concejala Dolores Espinosa a “ponerse del lado de los trabajadores, que lo que buscan es su estabilidad laboral, y se deje de tratar de obstaculizar y faltar a la verdad, o contar verdades a medias, como ya ha hecho en alguna otra ocasión y en este mismo tema” y acaba argumentando que “desde el primer momento del impago de la anterior empresa a estos empleados, este equipo de gobierno medió para conseguir que los trabajadores pudieran cobrar sus nóminas y se posicionó a su lado, aunque el conflicto fuera con la empresa”.

“En definitiva –apostilla Alfonso Cabello-, Unidas Podemos es de la escuela de cuando peor, mejor, por eso juega a la confusión y al despiste, y no al rigor y al trabajo fundamentado y bien hecho y construido” y por eso sostiene que “en este caso pincha en hueso porque este es un procedimiento que se ha llevado muy de la mano de los empleados y que se ha realizado en un tiempo récord y liderado por el alcalde”.