Paralizado el concurso para la gestión de residuos en Tenerife, el de mayor importe en las Islas, por el recurso de una empresa

El Cabildo de Tenerife se ha visto obligado a suspender de forma cautelar el concurso para el servicio de gestión insular de residuos, el de mayor cuantía convocado en el Archipiélago en el anterior mandato con un importe de licitación de 460 millones de euros (490 con impuestos) para los próximos quince años y un valor estimado, incluyendo prórrogas hasta un máximo de cuatro años y posibles modificaciones, de 715 millones. 

 La corporación, presidida por el PSOE tras la moción de censura que, con el apoyo de Podemos y de Ciudadanos, descabalgó a Coalición Canaria (CC) del poder tras 32 años, ha paralizado el procedimiento en cumplimiento de la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos que, el pasado 20 de agosto, admitió la medida cautelar solicitada por una de las licitadoras, Acciona. El concurso se convocó el 24 de abril y el plazo de presentación de ofertas expiraba este miércoles, 28 de agosto.

Acciona presentó un recurso especial en materia de contratación al entender que el presupuesto de licitación es insuficiente para cubrir todos los requisitos exigidos en la convocatoria. Es decir, el transporte, la gestión de las plantas de tratamiento y transferencia, las inversiones y la eliminación, reciclado y  depósito de residuos. El servicio lo sigue prestando en la actualidad la anterior adjudicataria, Vertresa-Urbaser, a pesar de que ya han transcurrido los tres años que el Cabildo de Tenerife le concedió de prórroga a finales de 2015 tras haber superado el periodo de vigencia del contrato. Además del complejo ambiental de Arico, gestiona cuatro centros logísticos, ubicados en los municipios de Arona, La Orotava, Rosario y La Guancha. El nuevo concurso prevé la puesta en marcha de otro tres en Adeje, Güimar y Acentejo.

El propio Cabildo de Tenerife se mostró conforme con la opción de paralizar el concurso, a pesar de no compartir las razones de fondo esgrimidas por la empresa licitadora, al considerar que la suspensión temporal del procedimiento de adjudicación no representa un grave perjuicio para el interés público. Incluso solicitó en el informe que remitió al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, el órgano competente para la resolución de la controversia, que la medida cautelar se adoptara con efecto retroactivo al día siguiente a a la interposición del recurso. Esta petición fue, sin embargo, desestimada, puesto que ello podría afectar a otras empresas que habían presentado sus ofertas con posterioridad al escrito registrado por Acciona.

En la resolución firmada el pasado 20 de agosto, el Tribunal de Contratos Públicos comparte el argumento de la empresa recurrente de que los perjuicios que podían derivarse de la continuación en la tramitación del procedimiento son “de difícil reparación”, por lo que acepta su suspensión temporal como medida cautelar hasta que se dicte la resolución que analice el fondo de las alegaciones de Acciona.

“A solo efectos de la tutela cautelar y a fin de asegurar el efecto útil del recurso, teniendo en cuenta la brevedad de los plazos legales para su resolución y sin perjuicio del ulterior análisis de fondo de los motivos del recurso, la suspensión se erige en el mejor remedio para asegurar la eficacia de la resolución del recurso en el caso de una eventual estimación”, recoge la resolución del tribunal.

El concurso de gestión de residuos del Cabildo de Tenerife es, por importe y por periodo de vigencia, el de mayor envergadura firmado en los últimos cuatro años en Canarias. Convocado en las postrimerías del mandato, supera en 150 millones a la obra más cuantiosa de las adjudicadas en este periodo, el cierre del anillo insular de Tenerife con el tramo que une El Tanque y Santiago del Teide, que ascendió a 310 millones de euros.