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Unidos Se Puede remite a Anticorrupción tres pagos a la ilegal Mi Tierra TV en la etapa de Clavijo como alcalde lagunero

El portavoz Rubens Ascanio dice que así los documentos pueden ser incorporados a las diligencias ya abiertas por la realización de publicidad institucional por parte de otros municipios tinerfeños en ese medio xenófobo

Rubens Ascanio, portavoz de Unidos Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna

Rubens Ascanio, portavoz de Unidos Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna

El portavoz de Unidos Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanio, ha informado este miércoles de que su grupo municipal trasladará a la Fiscalía Anticorrupción tres facturas emitidas por Mi Tierra TV y pagadas por el Ayuntamiento de La Laguna para que sean incorporadas a las diligencias ya abiertas por la realización de publicidad institucional en ese medio de comunicación por parte de otros municipios de Tenerife, entre ellos el de Los Realejos, este controlado por el PP y con Manuel Domínguez como alcalde.

La formación política recuerda que Mi Tierra TV es un medio de comunicación que ha sido polémico por sus discursos violentos y xenófobos y que mantiene una situación de irregularidad absoluta que forzó que en octubre de 2012 la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias precintara sus equipos de emisión.

En 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) impuso a ese mismo medio una multa de 500.001 euros por la prestación del servicio de televisión digital terrestre (TDT) sin la preceptiva licencia administrativa, una acción que el artículo 57.6 de la Ley 7/2010, la General de Comunicación Audiovisual, califica como muy grave, se recoge en el comunicado de Unidos Se Puede.

Ascanio subrayó que hace meses su partido solicitó las facturas abondas por el Ayuntamiento a Mi Tierra TV y a sus empresas afines, como es el caso de Praudte, SL. Tras esta petición, se encontraron con tres facturas de esta última empresa abonadas en noviembre de 2015, marzo de 2015 y mayo de 2015, por valor de 6.000 euros en total.

Documento oficial que informa de los abonos a través de la firma Praudte, SL

Documento oficial que informa de los abonos a través de la firma Praudte, SL

Las propias facturas recogen que se pagaron en concepto de difusión en esa televisión de "actividades propias del área de Patrimonio Histórico" y de "reportajes sobre el sector primario en el municipio". Se trata de "una televisión que no tiene señal en el municipio de La Laguna y sinceramente no sabemos qué posible efecto publicitario pudo tener la emisión de esos programas", indica Ascanio.

El concejal advierte que "hay múltiples sentencias que indican que para poder hacer un contrato con recursos públicos es necesario que la empresa contratada cuente con el título habilitante exigido de conformidad con el artículo 43.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, lo que incluye también, en el caso de las emisoras de radio o de televisión, la concesión que las habilita para ejercer la actividad”.

“Lo que está claro es que, durante la alcaldía de Fernando Clavijo, se contrató en tres ocasiones los servicios de una empresa que no tenía los títulos habilitantes necesarios para desarrollar esa actividad, a la que el propio Gobierno canario había aplicado sanciones y actuaciones por esta situación de irregularidad y que además desde su antena se emitían contenidos tremendamente duros, de carácter xenófobo, así como amenazas y ataques, especialmente contra representantes y organizaciones políticas de la izquierda en los meses previos a las elecciones municipales y autonómicas”, asegura el portavoz de Unidos Se Puede.

En relación con este tipo de contenidos, el concejal de Unidos Se Puede José Marrero defendió el pasado mes de diciembre una moción para acabar con la contratación con empresas que difunden mensajes de odio. Entonces, se alcanzó el acuerdo unánime de “no contratar servicios ni publicidad, ni dar financiación de ningún tipo a empresas de comunicación cuyas líneas editoriales inciten a la discriminación, el odio o a la violencia contra personas, grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenecía de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad, discapacidad o diversidad funcional, en coherencia con los principios del Estado social y democrático de derecho”.

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