Unidas Podemos acusa al alcalde de Santa Cruz de Tenerife de eludir investigar los pagos irregulares a Emmasa

Unidas Podemos (Izquierda Unida, Podemos, Equo) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha criticado este martes que el grupo de gobierno municipal rechazara, en el último pleno, constituir una comisión de investigación sobre la privatización del ciclo del agua en el municipio. El portavoz del grupo, Ramón Trujillo, afirma no entender que no se quieran aclarar las razones por las que Emmasa, la empresa municipal del agua, hizo pagos a su socia privada, Sacyr, que sumaron 33,6 millones de euros, sin que nadie advirtiera de la ilegalidad de esos pagos durante trece años.

Trujillo afirma que si el Ayuntamiento “no investiga y explica la desastrosa gestión de la privatización del ciclo del agua” no se crearán mecanismos para impedir “graves perjuicios” a la ciudadanía en el futuro. Desde la formación se apunta que la existencia de una comisión de seguimiento de la actividad de Emmasa, desde 2016, no ha servido “ni para detectar la ilegalidad de los pagos ni para garantizar la plena colaboración de la empresa privatizada con el Ayuntamiento”.

En este sentido, Unidas Podemos subraya que el informe técnico encargado por el Ayuntamiento para saber cuánto dinero había pagado sin justificación legal Emmasa a Sacyr señaló la falta de colaboración de Emmasa, en noviembre de 2021. La empresa auditora indicó que “no se le facilitaron los balances de sumas y saldos solicitados, para los ejercicios de 2017 a 2020, y que, por lo tanto, no pudieron completar el trabajo”, añade la formación.

Los verificadores de los pagos injustificados a Sacyr afirmaron en el informe aludido, según Unidas Podemos, que no pudieron tener “evidencia completa, ni asegurar la totalidad o integridad de cualquier información recibida, ni confiar en la veracidad de las manifestaciones que les transmitieron los responsables de la empresa del agua”. 

Por ello, Unidas Podemos insiste en la necesidad de una comisión de investigación sobre el ciclo del agua en Santa Cruz de Tenerife a causa de “una gestión tan deficiente que tuvo que ser intervenida por el Ayuntamiento”. Durante años, explica, “el servicio convivió con incumplimientos en materia de inversiones, subcontrataciones no permitidas, pretensiones de reequilibrio económico de la concesión infundadas o establecimiento de la abusiva tasa contra incendios”.

Unidas Podemos denunció en los juzgados que Emmasa le estuviera pagando cifras millonarias a Sacyr después de que el Consejo de Administración de EMMASA decidiera que el precio que Sacyr pagó por explotar el ciclo del agua, durante 25 años, no era precio, sino adelanto o préstamo.

Fue en julio de 2020, con el PSOE en la Alcaldía, cuando se decidió que esos pagos (2,3 millones de euros al año) se paralizaran a la espera de comprobar su legalidad o justificación. Según los cálculos de la corporación socialista, desde 2007 el Ayuntamiento, bajo el mando de Coalición Canaria, había pagado ya unos 28 millones de euros. Precisamente la paralización de esos pagos a Emmasa fue una de las últimas medidas adoptadas por Patricia Hernández (PSOE) en su breve etapa como alcaldesa de la ciudad, ya que ese mismo mes (julio de 2020) se confirmó la moción de censura presentada por el anterior alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), apoyado por el PP y una concejala de Ciudadanos recién llegada tras la inesperada renuncia de otro edil y que, por ello, fue expulsada (primero de forma inválida y luego definitivamente) por transfuguismo.

Por el momento hay cinco personas imputadas por presuntos delitos vinculados a la corrupción.     

Sin embargo, en mayo de 2021, el grupo de gobierno de Santa Cruz de Tenerife (CC, PP y la tránsfuga Evelyn Alonso) decidió que el Consistorio no ejercería la acción penal en el caso. Fue el propio alcalde, José Manuel Bermúdez, quien impidió con su voto de calidad que el Ayuntamiento ejerciera como acusación particular en las diligencias previas del Juzgado de Instrucción Número 3 de la capital isleña contra el exalcade Miguel Zerolo, en la actualidad en prisión por el caso Las Teresitas, y contra Pablo Abril Martorell Fernández, ex consejero delegado de EMMASA, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en la operación de privatización del servicio del agua.