El alcalde de Granadilla se escuda en el secretario para justificar un contrato de emergencia con un sobrecoste del 90%

Uno de los cuartos de aperos construido con el contrato de emergencia.

El alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado (Coalición Canaria), ha declarado este viernes como investigado ante la titular del Juzgado de Instrucción 3 de ese partido judicial en el marco de las diligencias abiertas a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife. El Ministerio Público aprecia indicios de la comisión de los delitos de prevaricación y malversación en un contrato de emergencia para unas obras de reparación en la vía pública que acabaron con un sobrecoste de, al menos (según las certificaciones remitidas hasta ahora), el 90% con respecto al presupuesto inicial tras incluir la construcción de cuartos de aperos, depósitos de agua o una red de acceso a fincas para personas particulares.

El interventor municipal formuló reparos al considerar “improcedente” el uso del contrato de emergencia (reservado para situaciones muy tasadas que exijan una intervención de urgencia) y detectó otras irregularidades en el procedimiento. Según ha manifestado en su comparecencia de este viernes ante la jueza instructora, Regalado levantó esos reparos siguiendo el criterio de otro funcionario, el secretario del Ayuntamiento, que discrepaba de la interpretación del interventor y entendía que la Junta de Gobierno actuó correctamente al apreciar razones de emergencia.

El contrato se firmó el 21 de enero de 2020. Cinco días antes, había colapsado un muro de unos 30 metros que soportaba la estructura de la calle Cueva La Mora, provocando un derrumbe. Este incidente se produjo cuando se estaban realizando trabajos de asfaltado y mejora de la red de riego en esa zona por parte de Obras Geotécnicas de Canarias, la empresa a la que el Ayuntamiento había contratado para ese fin en 2018 y a la que también adjudicó directamente, sin que mediara licitación de por medio, las obras de reparación de la carretera afectada con un presupuesto inicial de 203.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Con el objeto de garantizar la seguridad en ese lugar, el Ayuntamiento ordenó a la contratista “realizar los trabajos necesarios para remediar lo acontecido con el colapso de la carretera y asegurar la resistencia de la vía pública en el tramo afectado”. Para ello se basó en tres informes. El primero, uno externo firmado por la ingeniera de Caminos, Canales y Puertos Ofelia Manjón, que durante el pasado mandato ocupó la Dirección General de Carreteras en el Cabildo de Tenerife, gobernado por CC. Ese dictamen daba cuenta del colapso y de “las actuaciones que habrían de realizarse sobre el terreno”. Los otros dos, firmados por la arquitecta municipal y por el área de contratación, defendían que había que acudir al procedimiento de emergencia para resolverlo.

Sin embargo, el informe externo también incluía entre las actuaciones a acometer el cierre y rellenado de unas cuevas que propietarios de las parcelas colindantes habían excavado bajo esa carretera y usaban como cuartos de aperos y depósitos de agua y la reconstrucción de esas instalaciones, así como los accesos a sus fincas. Y ello, según recoge la Fiscalía en su denuncia, “a pesar de que el procedimiento de contratación de emergencia no permite realizar obras que vayan más allá de la situación de emergencia” y sin que los vecinos hubieran instado la apertura del procedimiento de reclamación patrimonial para determinar si tenían derecho a una indemnización, previa acreditación de la titularidad de los terrenos.    

El presupuesto inicial fue incrementado, a través de una modificación de crédito, de los 203.000 a los 293.000 euros y el plazo, de los dos a los cuatro meses. El precio final de la obra, resultante de las diez certificaciones emitidas, ascendió, según la Fiscalía, a 382.000 euros, una cantidad que “excede notablemente del presupuesto inicial” (un 90% más) e, incluso, del modificado (un 30%). Fuentes municipales señalan que aún quedan certificaciones por registrar, que la cifra es aún mayor y roza el medio millón.

En su declaración en sede judicial, el alcalde de Granadilla ha reconocido que sabía que una parte de ese contrato se destinó a la construcción de cuartos de aperos y depósitos en un lugar distinto al que se produjo el colapso de la carretera, pero se escudó en todo momento en el criterio del secretario y en los informes obrantes en el expediente.

Algunos de los testigos que ya han desfilado ante la jueza instructora en esta causa, entre ellos el secretario, han defendido que esas obras privadas se acometieron para “compensar” a los propietarios por el cierre de las cuevas que utilizaban bajo esa carretera.  Lo que se investiga en este procedimiento es la conveniencia de acudir al procedimiento de emergencia y, sobre todo, la utilización de esa fórmula extraordinaria de contratación para sufragar obras privadas a beneficio de particulares que no habían formulado ninguna reclamación ni habían acreditado ser los propietarios de los cuartos afectados.

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