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El juez ratifica la suspensión cautelar de las obras del parque comercial de Adeje

Un auto judicial desestima el recurso del promotor Ambrosio Jiménez y mantiene sin efecto la licencia urbanística que concedió el Ayuntamiento en abril

Solar de El Tropicana.

Solar de El Tropicana.

Un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Santa Cruz de Tenerife ratifica la suspensión cautelar de la licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento de Adeje en abril de 2015 a Tropicana Atlántico SL, la sociedad a través de la que Ambrosio Jiménez promociona un parque comercial de 62.000 metros cuadrados de exposición y venta en el barranco de Las Torres.

El juez Evaristo González González mantiene la medida cautelar que dictó el pasado mes de noviembre y condena en costas a la empresa de Ambrosio Jiménez, que había presentado un extenso recurso que fue rebatido por un escrito del abogado Felipe Campos, al que finalmente se da la razón. Hay que recordar que Tropicana Atlántico SL comenzó las obras del parque comercial después de recibir el permiso del Ayuntamiento, a pesar de que el Gobierno de Canarias aún no se ha pronunciado sobre la necesaria licencia comercial y de que el Cabildo de Tenerife ha expresado hasta en dos informes su posición contraria al proyecto del promotor grancanario.

El reciente auto, de fecha 15 de febrero, recuerda que para levantar una medida cautelar "es necesaria una alteración de las circunstancias" que motivaron la suspensión de la licencia, extremo que descarta en este caso. El juez, además de recordar jurisprudencia del Tribunal Supremo, alude a la doctrina fijada por el Constitucional sobre "la primacía de la protección de los recursos biológicos naturales" cuando el levantamiento de una suspensión afecte a intereses "específicamente medioambientales".

Aunque el juez no reproduce de nuevo los argumentos que le llevaron a dictar la suspensión, no hay que olvidar que en el auto de 11 de noviembre se aludía a la existencia de un informe desfavorable del Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Económico y Comercio del Cabildo de Tenerife para un proyecto de parque comercial en la misma parcela, lo que, en opinión del titular del Juzgado, permite que se cumpla uno de los requisitos necesarios para dictar la suspensión cautelar: hay finalidad legítima en el recurso "puesto que proyectos similares han sido rechazados en esa misma zona".

Proteger el medioambiente

En el fallo judicial que paró las obras también se hacía referencia a que de continuar con los trabajos autorizados por el Ayuntamiento de Adeje se podrían crear "situaciones jurídicas y alteraciones del medio físico difícilmente reversibles". Para el juez, ante la duda legal que se plantea alrededor del parque comercial, "prevalece el interés general en la tutela de la ordenación del territorio y de los recursos naturales". Es decir, el daño que se puede causar está por encima del interés del promotor, que siempre puede ser "susceptible de reparación económica" en el caso de que finalmente se le dé la razón en el pleito.

Con la ratificación de la medida cautelar solo queda esperar a que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Santa Cruz de Tenerife se pronuncie sobre el fondo del recurso presentado por el abogado Felipe Campos. Mientras tanto, el Gobierno de Canarias tendrá que resolver el expediente para la obtención por parte de Tropicana Atlántico SL de la licencia comercial, para lo que ha ampliado el plazo en seis meses.

El letrado tinerfeño defiende que el Ejecutivo autonómico, con el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial en la mano, no puede dar permiso al promotor al existir un informe preceptivo del Cabildo de Tenerife de carácter desfavorable, por lo que es vinculante. A pesar de lo que marca la normativa, el Gobierno regional ha alargado el plazo de resolución y ha tomado medidas para evitar que se produzca la aprobación por silencio administrativo positivo.

El presupuesto de los trabajos del futuro parque comercial, que se prevé levantar en una zona protegida por el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), supera los 21 millones de euros, según consta en la propuesta presentada por Tropicana SL en el Ejecutivo canario. La infraestructura prevé ocupar una superficie total de 176.196 metros cuadrados y contará con 2.099 aparcamientos. El área de influencia, según estimaciones de la propia empresa, supera un ámbito de población de más de 200.000 personas.

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