Zerolo pensó que conceder obras por siete millones sin concurso era legal
El senador Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, ha declarado este miércoles en el juicio que el Tribunal Supremo sigue contra él por prevaricación que “hice lo creí legal” cuando adjudicó sin concurso unas obras por siete millones de euros que convirtieron en oficinas municipales un colegio público.
El Tribunal Supremo ha celebrado hoy el juicio contra el senador de CC Miguel Zerolo, para quien la Fiscalía y la acusación popular ejercida por IU solicitan nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado con su gestión como alcalde de Santa Cruz de Tenerife.
En este caso se acusa a Zerolo de haber contratado de manera irregular en 2003 las obras de rehabilitación del antiguo instituto de Ofra Hermanos García Cabrera para convertirlo en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
La Fiscalía y la acusación popular mantienen que el entonces alcalde de Santa Cruz de Tenerife adjudicó esas obras a la empresa IMES SA sin el proyecto ni el concurso público que exigen las leyes, sin atender los reparos de la intervención pública y siendo plenamente consciente de todo ello.
El senador Zerolo ha señalado por su parte que “hice lo que entendí legal” al levantar hasta cuatro reparos del servicio de intervención.
“Entendí que podía levantar los reparos si así me lo solicitaba el servicio central municipal en una propuesta de resolución que contaba con los informes jurídicos favorables de los técnicos del Ayuntamiento”, ha señalado, antes de aclarar además que “nunca le di instrucciones al servicio jurídico en ningún sentido”.
“¿Es normal que tuviera que firmar propuestas levantando tantos reparos?”, le ha preguntado a ese respecto el fiscal, a lo que el exalcalde ha respondido: “no le puedo decir, no lo sé”.
“La intervención, que tiene toda mi confianza, mantuvo una postura; pero la asesoría jurídica del alcalde mantuvo otra, que me pareció más razonable”, ha añadido, aportando de este modo una versión diferente de la sostenida por las acusaciones.
Según éstas, lo que hicieron los acusados fue sortear las objeciones de la intervención pública mediante un contrato de mantenimiento irregular.
“Mantenimiento” como concepto
Además del exalcalde, que ahora es senador por designación del Parlamento de Canarias, se han sentado este miércoles en el banquillo el exconcejal de CC en la capital tinerfeña Guillermo Núñez Pérez -el responsable directo de expediente de obras- y el funcionario y asesor municipal Joaquín Castro Brunetto, catedrático de Derecho.
Los hechos de los que se les acusa apuntan a que el alcalde debió sacar a concurso las reformas necesarias para convertir en oficinas municipales el antiguo instituto Hermanos García Cabrera, pero las aprobó con el concepto de “mantenimiento” y se las adjudicó a la empresa a IMES SA.
La fiscalía e Izquierda Unida sostienen, además, que el entonces alcalde contó con la colaboración del funcionario Joaquín Castro Brunetto, también acusado, para que emitiera informes que le sirvieran para levantar los reparos que la Intervención del Consistorio ponía a los pagos que se efectuaban a la empresa IMES SA, que ascendieron a siete millones de euros.
La versión que hoy ha dado Zerolo en el juicio ha sido otra: “el cuadro eléctrico del edificio municipal falló, el edificio no cumplía las condiciones, así que vimos que si se caía podíamos seguramente incurrir en responsabilidad, porque sabíamos que ese edificio estaba mal y que había que trasladar a los funcionarios”.
“El concejal -en referencia a Nuñez- propuso un traslado provisional de los funcionarios a un colegio que estaba en el centro geográfico, aunque no comercial, de la ciudad. Pero luego los servicios técnicos nos dijeron que el edificio histórico no se podía arreglar y, de este modo, el traslado dejó de ser provisional. De ahí que se sacara el proyecto”.
Así lo ha relatado el alcalde, que ha negado que tuviera ninguna relación con la empresa beneficiaria de las obras y también ha reconocido que solo visitó el colegio que luego se convertiría en oficinas “en una ocasión, cuando todavía no habían empezado las obras. Ninguna más”.
La declaración del exalcalde ha abierto la celebración de la vista, que ha continuado con las declaraciones de otros testigos y que se extenderá, al menos, hasta esta tarde.
Alcalde de Santa Cruz de Tenerife con Coalición Canaria desde 1995 hasta 2011, Miguel Zerolo tiene otras dos causas penales abiertas en el Tribunal Supremo.
La primera se refiere a una supuesta malversación multimillonaria cometida en la compra por parte del Ayuntamiento de unos terrenos en la playa de Las Teresitas y la segunda al supuesto cobro de sobornos a cambio de una recalificación urbanística en el año 2004.
