Se subía por las paredes hace muy pocas horas el que fuera lenguaraz portavoz del PP en el Parlamento de Canarias y ahora apalancado y durmiente dirigente regional, Miguel Cabrera Pérez-Camacho. El motivo de su cabreo había que buscarlo y encontrarlo en las páginas del ABC, que publicaba una inquietante noticia según la cual Paulino Rivero ha utilizado dinero público para pagar a unos abogados de Madrid para que analizaran las manifestaciones de los diputados de la oposición en su contra. “Eso es malversación de fondos públicos”, clamaba el ex dirigente popular, delito que unía a la muy preocupante constatación de que el presidente canario pudiera estar buscándole las cosquillas a sus señorías adversarias por si pudieran vulnerar su derecho a la inviolabilidad de sus opiniones en el ejercicio de su cargo. No nos ha quedado muy claro, sin embargo, si el señor Pérez-Camacho va a acudir a algún órgano judicial para que abra las oportunas diligencias de investigación. El ABC publicó unos papeles que demostrarían que el pago se efectuó a ese despacho de Madrid para analizar los ataques dialécticos de parlamentarios opositores. La filtración soriana se completó con otra factura que apuntaría a que el Gobierno ha estado pagando a una empresa madrileña experta en comunicación para analizar la difusión del autogobierno. No ha habido explicaciones, que sepamos.