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Opinión - Sánchez no puede más, nosotros tampoco. Por Pedro Almodóvar
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El blog de Carlos Sosa, director de Canarias Ahora

Sánchez, Posada, Lara

Pedro Sánchez colabora con un 'selfie' de uno de los asistentes de su desayuno informativo en Las Palmas de Gran Canaria.

Día de triplete. Este miércoles pisaron suelo de Gran Canaria tres dirigentes nacionales de otros tantos partidos, si por dirigente nacional podemos considerar al presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, que a seis meses del final de la legislatura ha descubierto que puede gastarse unos eurillos en viajes y con ellos visitar “los territorios del país” como función de la institución que preside (sic). Su visita habría pasado inadvertida incluso para nosotros si no fuera por algunas cosas que le oímos decir. Por ejemplo, que la corrupción es un mal que hay que erradicar y que “el que la hace, la debe pagar”. Con un pero, claro, que viene siendo una de las cantinelas del Partido Popular: las causas judiciales deben durar menos tiempo. Lo repiten continuamente los dirigentes del PP como si la escandalosa e histórica falta de medios del Poder Judicial fuera responsabilidad de unos marcianos que pasaron por aquí, crearon los juzgados y se marcharon sin planificar su futuro. El Gobierno y otros poderes no tan evidentes quieren que las causas penales duren menos tiempo con una excusa muy tramposa: para no someter a los imputados a la pena de banquillo inmerecidamente. En realidad se trata de ponérselo difícil a los jueces, que sin medios adecuados para la investigación (particularmente la fiscal y patrimonial) tendrían que archivar sin llegar al final de cada causa. Les fue bien a los del PP con el caso Naseiro, como está recordando eldiario.es estos días, pero ya saben que la flauta no vuelve a tocar la misma sintonía dos veces, y ahí tienen la evidencia de que ese partido ha tenido caja B desde que era Alianza Popular.

Pedro Sánchez sorprende

La primera vez que Pedro Sánchez pisó una tribuna pública en Gran Canaria lo hizo cuando su nombre sonaba para las primarias socialistas. Fue en el Club La Provincia con una intervención seguida por muy poco público en la que se mostró todavía muy verde. No manejaba entonces ninguna de las técnicas básicas de expresión verbal y no verbal, y algunas de sus reflexiones padecían el mal de la inmadurez. No se intuía un líder, por mucho que sí mostrara la imprescindible ambición para lo que se proponía en aquellos momentos. Sin embargo, este miércoles, ante un nutrido grupo de personas, también bajo la organización de Prensa Canaria, apareció un líder mucho más maduro, con un discurso perfectamente estructurado, con los mensajes esenciales lanzados oportunamente y con la entonación y la gesticulación atinados. El público estaba formado mayoritariamente por empresarios, profesionales liberales y políticos, y la sensación que dejó su intervención fue positiva. Y eso que jugaba en territorio comanche como para anunciar solemnemente una profunda reforma fiscal que grave las rentas altas y hasta suba el IGIC de los coches de alta gama o se extienda a la máxima exigencia en el impuesto de sociedades, de manera que las grandes corporaciones no se beneficien de bonificaciones que les conduzcan a pagar menos que una pyme. Tampoco se cortó a la hora de sugerir que es necesario cambiar la cultura empresarial para tender a la agrupación y fusión de empresas, de manera que haya menos pymes y la gran empresa española pueda ser tan competitiva como la alemana.

Las posibilidades de Patricia

A Pedro Sánchez lo presentó la candidata socialista a la Presidencia de Canarias, Patricia Hernández, que está aguantando de manera admirable una campaña muy dura que le requiere saltar de isla en isla prácticamente todos los días. También hay que reconocerle a esta candidata haber alcanzado cierto punto de madurez en su discurso en claro contraste con sus clamorosas meteduras de pata de los días siguientes a su proclamación como candidata tras unas polémicas primarias que pasarán a la historia por el acarreo de simpatizantes a las urnas en las casas del pueblo. Patricia Hernández se enfrenta a una situación que las encuestas dibujan inestable: las posibilidades de incrementar el actual número de diputados (15), el peor resultado obtenido por el PSC-PSOE en su historia, siguen abiertas aunque en una horquilla que tiene su base en 12 parlamentarios, una auténtica catástrofe, y su cúspide en 16, un éxito indudable. Su estrategia de campaña se dirige particularmente a minar las posibilidades de que el PP sume 31 o más diputados con Coalición Canaria, de manera que pueda evitarse un pacto entre ambas fuerzas que casi todo el mundo da por cerrado. Coalición Canaria se libra por el momento de los ataques más crudos de la candidata porque en los planes del PSOE entra reeditar el pacto con los nacionalistas, aún a sabiendas de que ambos también tienen casi imposible sumar los votos suficientes. Se va consolidando el pacto a tres bandas entre CC, el PSOE y Nueva Canarias, un escenario que rechaza Ana Oramas, lideresa en la sombra de la candidatura de Fernando Clavijo, por el terror que le provoca la posibilidad nada remota de que Román Rodríguez, el líder de NC, termine robando la merienda y el mantel a cuadros a su antiguo partido, Coalición Canaria.

Los planes de Nueva Canarias

Tampoco sería el pacto CC-PSOE-NC el más recomendable para Patricia Hernández porque presidiría el Gobierno el partido más votado, previsiblemente CC (Fernando Clavijo), y el vicepresidente no podría ser de la misma isla del presidente, es decir, Tenerife, lo que catapultaría a Román Rodríguez a ese puesto tan estratégico, seguramente vinculado a la Consejería de Economía y Hacienda. En ese caso no habría que descartar que la candidata socialista fuera colocada como presidenta del Parlamento o, en el peor de los casos, enviada al Senado como representante de la Comunidad Autónoma de Canarias. De producirse esta carambola, el partido más beneficiado sería Nueva Canarias, al que las encuestas no dan esa subida que sus dirigentes estiman, aunque en todos los casos se les presenta como imprescindible ante la imposibilidad de acordar nada con el PP, Podemos y Ciudadanos. ¡Quién le iba a decir a Soria que su partido quedaría relegado a la bancada de los emergentes y, en algún caso, los frikis! Y quién le iba a decir a Román Rodríguez que diez años después de marcharse de CC podría alcanzar el control de muchas instituciones. Nueva Canarias espera hacerse con la presidencia del Cabildo de Gran Canaria y tener presencia influyente en otras cinco corporaciones insulares; controlar 11 de las 21 alcaldías de Gran Canaria; sumar 160 concejales en todo el Archipiélago y completar su implantación en todas las islas menos en El Hierro, donde todavía no ha podido alcanzar acuerdos. Estima tener diputados por cinco islas y marcar la agenda política en el Parlamento gracias a aportaciones tan esperanzadoras como la de Santiago Pérez, recuperado para esa institución como número uno por Tenerife.

También vino Cayo Lara

Ninguna encuesta otorga representación parlamentaria a Izquierda Unida Canaria en la Cámara Regional, lo que sin embargo no está provocando la desmovilización ni el desencanto entre su dirigencia en las Islas. Algunos acuerdos concretos en ayuntamientos le podrá permitir volver a alcanzar cierto poder local, pero seguirá siendo una fuerza poco influyente en las instituciones, dicho sea sin desmerecer en absoluto lo que consigue gracias a su política de comunicación y de movilización en determinados ambientes. Este miércoles recaló por las Islas su coordinador federal, Cayo Lara, que también se presentó ante la prensa con los deberes ultraperiféricos aprendidos. Es decir, habló adecuadamente el REF, a cuyos objetivos reclamó menos codicia y más empleo, y hasta de reforma electoral, una de las grandes asignaturas pendientes de Canarias que ninguna fuerza política con posibilidades ha querido acometer seriamente jamás. También reclamó algo que empieza a ser un clamor en las Islas, la clamorosa pérdida de inversión y transferencia de capital desde el Estado, lo que ha colocado al Archipiélago a la cola de presupuesto destinado a los servicios sociales esenciales.

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