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Arrecife y la acusación popular se adhieren a las conclusiones de la Fiscalía en el caso Unión

En esta pieza, una de las dos principales del caso, ya se ha abierto juicio oral contra 14 acusados a los que juzgará la Audiencia provincial

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Agentes de la Guardia Civil en un registro del Ayuntamiento de Arrecife por el caso Unión / Foto: De la Cruz.

Agentes de la Guardia Civil en un registro del Ayuntamiento de Arrecife por el caso Unión / Foto: De la Cruz.

El Ayuntamiento de Arrecife, que ejerce la acusación particular en la pieza 12 del caso Unión, y la acusación popular ejercida por Transparencia Urbanística, se han adherido a las conclusiones y a la petición de penas de cárcel reflejadas en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, que se presentó hace varias semanas. En esta pieza, una de las dos principales del caso, ya se ha abierto juicio oral contra 14 acusados a los que juzgará la Audiencia provincial.

En su escrito de acusación, presentado el pasado 30 de junio, el Ayuntamiento, representado por el abogado José Luis Sáez, se adhiere a todos las medidas que pide el fiscal, incluida la petición de sobreseimiento de la ex concejal Luisa Blanco, y a la petición de responsabilidad civil por las cantidades defraudadas en detrimento de las arcas públicas municipales, que ascienden a casi 130.000 euros.

Tan sólo hay un aspecto al que no se suma el Ayuntamiento de Arrecife, y es la acusación contra Juan Francisco Rosa y Dimas Martín en lo referente a la contratación por parte del empresario al político para que pudiera obtener el tercer grado penitenciario, ya que “este hecho no tiene relación alguna con el perjuicio causado al Ayuntamiento de Arrecife”, según el escrito de acusación.

La investigación de esta pieza de Unión abarcó varios posibles delitos. Además de las comisiones exigidas a empresarios por parte de concejales de Arrecife, también se centró en la posible financiación irregular del PIL, donde se descubrió que Rosa había entregado dinero a este partido en dos campañas electorales y que había contratado a Dimas Martín por una de sus empresas. La primera de las acusaciones decayó y se mantuvo la segunda, que no tiene relación con el resto de acusados, relacionados directamente con las comisiones exigidas por parte de ediles a empresarios con contratos con el Ayuntamiento.

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