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El presidente del Cabildo de Gran Canaria demanda a ‘La Provincia’ por sus informaciones sobre las cuentas de Agüimes

Antonio Morales entiende que se ha vulnerado su derecho al honor y a la propia imagen y reclama una indemnización de 15.000 euros

En su demanda alega que el periódico de Prensa Canaria le atribuyó “la comisión de diversos delitos como resultado de la interpretación absolutamente subjetiva” de un informe de la Audiencia de Cuentas

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El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. FLICKR CABILDO DE GRAN CANARIA.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. FLICKR CABILDO DE GRAN CANARIA.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha interpuesto una demanda de protección del honor y la propia imagen contra Editorial Prensa Canaria, editora de La Provincia / Diario de Las Palmas, y su director, Antonio Cacereño, por una serie de informaciones publicadas entre febrero y marzo de este año sobre su gestión al frente del Ayuntamiento de Agüimes y un informe de la Audiencia de Cuentas que detectó 16 errores en las cuentas de 2013. Morales reclama una indemnización de 15.000 euros y que los demandados publiquen la sentencia, cuando se produzca y si resulta condenatoria, en La Provincia y otros dos periódicos de circulación regional.

Las informaciones periodísticas objeto de la demanda se publicaron a partir del 25 de febrero en La Provincia / Diario de Las Palmas, un año después de que el mismo periódico publicara que “la Audiencia de Cuentas halla errores en la gestión financiera de Agüimes”. En su demanda, el presidente del Cabildo resalta que los “errores” se convirtieron en la atribución de delitos bajo titulares como “Agüimes manejó con Morales una contabilidad B de 1,1 millones”, “Agüimes prorrogó contratos en la etapa de Morales de forma ilegal” o “Agüimes con Morales se saltó la ley para prorrogar contratos por un millón”.

A juicio del demandante, el periódico interpretó subjetivamente el informe de la Audiencia de Cuentas correspondiente a 2013 y convirtió en delito lo que eran “recomendaciones” porque ese órgano fiscalizador habría tenido que enviar a la Fiscalía las cuentas de Agüimes en el caso de haber encontrado en ellas algún indicio de delito.

No lo hizo la Audiencia de Cuentas pero sí un empresario del ocio asentado en el municipio de Agüimes, Samuel Yebra, que utilizó para tal propósito a una persona de su entorno, Norberto Jonay Pérez, colaborador suyo en una sala de fiestas de amanecida que sufría por entonces un expediente municipal que ha concluido con el precinto de las instalaciones.

El desenlace de esa denuncia ante la Fiscalía también aparece destacado en la demanda que Antonio Morales interpone contra Prensa Canaria: el Ministerio Público la archivó alegando que “no existe indicio alguno que pueda derivarse de las irregularidades detectadas por la comisión de delito de cohecho, tráfico de influencias o malversación de caudales públicos” y que “esas irregularidades detectadas no encajan tampoco en los requisitos necesarios para dar vida a la prevaricación”. Y recalca el presidente del Cabildo la opinión de la Fiscalía sobre lo que movió al Ayuntamiento a actuar de aquella manera: “En todos los casos se ha tratado de dar satisfacción al interés general o al cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Corporación local”.

“Con sus informaciones, La Provincia / Diario de Las Palmas con sus informaciones vierte graves acusaciones sobre la persona demandante, como es atribuirle la comisión de diversos delitos como resultado de una interpretación absolutamente subjetiva del informe emitido por la Audiencia de Cuentas (…) exclusivamente enfocado a desprestigiar la esfera personal y profesional del señor Morales Méndez, resultando en definitiva las informaciones divulgadas una manifiesta vulneración de su derecho al honor”, se afirma en la demanda.

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