El Poder Judicial archiva el expediente disciplinario abierto a Victoria Rosell
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado el expediente disciplinario abierto a la magistrada Victoria Rosell a finales de noviembre de 2016 tras la denuncia interpuesta por el abogado Eduardo López Mendoza en relación a unos hechos de 2014.
La decisión fue adoptada en la sesión celebrada este martes. Cinco de los siete magistrados que forman parte de la Comisión Disciplinaria rechazaron sancionar a Rosell, mientras que dos de ellos, entre ellos su presidente, Wenceslao Olea, apoyaron la propuesta del promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca Herrera, que planteaba la suspensión de funciones durante un mes por una falta muy grave de desatención en la tramitación de procedimientos judiciales.
Según informa el CGPJ en un comunicado, la mayoría de los miembros de la Comisión Disciplinaria no ha considerado acreditado que Rosell interviniera en un procedimiento judicial en el que había sido recusada, tal y como sostenía el promotor en su propuesta de sanción, a la que se había adherido la Fiscalía.
La denuncia contra Rosell fue interpuesta por el abogado López Mendoza, amigo de Salvador Alba, que estaba imputado por estafa en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, en el que ejercía la jueza, tras la querella que le interpuso en 2014 la también letrada Myriam González-Palliser.
El promotor de la Acción Disciplinaria expuso en su pliego de cargos que el abogado había recusado a la magistrada y antes de que la Audiencia Provincial de Las Palmas resolviera el inicidente de recusación (finalmente rechazado por la Audiencia Provincial) aquella intervino en dos declaraciones del letrado querellado en noviembre de 2014. Las declaraciones no se celebraron, fueron finalmente suspendidas. El entonces secretario del juzgado, Miguel Juanes, declaró durante la instrucción que fue él quien presidió ambas comparecencias.
Además, las dos funcionarias presentes en cada una de esas declaraciones corrobaron que Rosell no había presidido esas declaraciones y que la firma de la magistrada en la primera de ellas se debe a un “error”, producido porque adjuntaron ese documento a otros de los juzgados. También afirmaron que charló de forma informal con una abogada en la segunda comparecencia cuando esta se quejó de que fuera a suspenderse el acto por el incidente de recusación que había presentado López Mendoza.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias no admitió a trámite la querella que López Mendoza interpuso contra Rosell por estos hechos en noviembre de 2014. Sin embargo, dos años después, el abogado volvió a insistir a través de la Fiscalía, que acababa de ser condenada por vulnerar los derechos fundamentales por la investigación preprocesal abierta a la magistrada. Rosell era entonces diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas y, por lo tanto, tenía la condición de aforada, por lo que la denuncia fue remitida a la Fiscalía del Supremo, que tampoco apreció reproche penal en su actuación.
La Fiscalía del Supremo remitió en abril de 2016 la denuncia al CGPJ, que incoó a la magistrada el expediente disciplinario que acaba de ser archivado.
Los votos contrarios a la decisión de la mayoría corresponden al presidente de la Comisión Disciplinaria, Wenceslao Olea, que ha anunciado voto particular, y la vocal Carmen Llombart. La Comisión Permanente del CGPJ ha concedido recientemente a esta última una plaza de magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, según ha informado este miércoles Confilegal.
