La fianza de 35 millones impuesta por el juez Alba a Ramírez queda reducida a tres
La fianza de 35 millones de euros impuesta por el juez Salvador Alba, investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al empresario Miguel Ángel Ramírez, nada más sustituir a la jueza Victoria Rosell en Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria al concurrir esta a la cita electoral del 20D al frente de la lista de Podemos, ha quedado reducida a tres millones seis meses después.
Un auto de la nueva jueza que lleva el caso por presuntos delitos fiscales del dueño de Seguridad Integral Canaria, por contabilizar horas extras de sus empleados como dietas y no tributar por ellas, fija ahora en 3.251.950 euros la cuantía a la que debe hacer frente ante posibles responsabilidades si fuera condenado.
La reducción de la fianza (ya en febrero el juez Alba tuvo que dejarla en la mitad, 17 millones, tras prosperar los recursos de los investigados) se fundamenta en que parte de la supuesta cuota defraudada, que ascendería según la Seguridad Social a 13.784.050 euros, habría sido contabilizada erróneamente para fijar la cuantía, ya que la propia Seguridad Social está ya cobrando esos 13 millones mediante actos de liquidación ante los cuales la empresa ha solicitado fraccionamientos de pagos.
El auto de la jueza Carla Vallejo indica que “el hecho de que la Seguridad Social esté liquidando la cuota que estima defraudada (esos 13 millones) y por la que se sigue en este proceso una investigación por delito no es, ni mucho menos, un hecho distinto que no deba interferir en la determinación de las cantidades que deben ser aseguradas con la fianza”.
Es más, la instructora indica que “se le está requiriendo de pago a los investigados doblemente por un mismo concepto, las cuotas impagadas a la Seguridad Social que han servido de base” para fijar la fianza inicial de 35 millones de euros, “y de otro para la elaboración y notificación de las actas de liquidación” que ejecuta ya por la vía administrativa la Seguridad Social contra la empresa, más allá de que esta haya recurrido contra esas liquidaciones aunque se atenga a ellas.
Ante el hecho de ‘cobrar dos veces’ por el mismo concepto, la jueza entiende que debe detraerse del cálculo de la fianza esos 13 millones de euros, más allá de que la cantidad final “pueda ser corregida por la Audiencia Provincial en función de lo que se resuelva a través del recurso que está pendiente”, precisamente contra el auto del juez Alba, de 3 de febrero, que volvía a fijar la fianza en 17 millones.
Además, en un segundo auto dictado por la instructora, se declara prescrito el presunto delito contra Hacienda correspondiente al ejercicio 2008, archivándose esa parte del proceso, que continua por los años 2009 a 2013, y también se dicta el sobreseimiento por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, por lo cual el sindicato personado, FTSP USO, podrá seguir en la causa como acusación popular y no como parte particular afectada.
La jueza desestima la petición del sindicato de prisión provisional contra Ramírez, por no existir “elementos que justifiquen esta medida”, aparte de dar traslado a las partes de la solicitud de la defensa de decretar la nulidad de las actuaciones por las resoluciones dictadas por el anterior instructor, el juez Alba, antes de pronunciarse sobre la misma.
