Los tres chalets de la discordia: el último coletazo judicial de una estafa de 1,3 millones de euros en Fuerteventura
Cuando al empresario grancanario José Juan Castellano se le presentó la oportunidad de comprar por algo más de 750.000 euros la mitad de una sociedad que había obtenido licencia para construir 480 apartamentos a 400 metros del mar en la localidad turística de Caleta de Fuste, en el municipio de Antigua (Fuerteventura), no lo dudó ni un instante. No le arredró, ni siquiera, la obligación de asumir la mitad de las deudas que había contraído esa mercantil, Ever Norte, que ascendían, al menos las reconocidas -luego se demostró otra oculta- a 1,5 millones de euros. Era marzo de 2004.
Catorce años después, las consecuencias de aquella decisión aún le persiguen. Juan José Castellano fue víctima de una estafa cuantificada en 1,3 millones de euros. El empresario con el que cerró el acuerdo, Antonio Muñoz, apoderado de Ever Norte, y su pareja, Simone de Carvalho, administradora, idearon un plan para desviar los fondos que el nuevo socio aportaba al proyecto del aparthotel hacia la construcción de seis chalets de lujo en primera línea de mar en la misma localidad, en una finca propiedad de una empresa, llamada Vivisco, administrada por el propio Muñoz.
Para lograr su objetivo, hicieron creer a Castellano que la constructora del aparthotel era Vivisco y le ocultaron que estaban detrás de esta sociedad. De forma periódica le presentaban a nombre de esta mercantil certificaciones de obra que no se correspondían con trabajos realizados. El artificio fue descubierto cuando la verdadera constructora del complejo, Rías Altas, se quejó de retrasos en los pagos. El dinero que desembolsaba el empresario estafado iba destinado, en su práctica totalidad, a sufragar los chalets de lujo. El importe de las falsas certificaciones de obra emitidas por Vivisco llegaba a multiplicar por seis las facturas reales de Rías Altas por las obras de los apartamentos.
Antonio Muñoz murió en extrañas circunstancias antes de ser juzgado. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas condenó en julio de 2014 a Simone de Carvalho a cuatro años y seis meses de cárcel por los delitos de estafa y falsedad, además de obligarle a indemnizar a Castellano con 1.310.450,02 euros en concepto de responsabilidad civil. El Supremo convirtió en firme la sentencia en mayo de 2015.
Sin embargo, el pleito aún colea en los tribunales. Y todo a cuenta de la ejecución de esa resolución judicial y del destino de tres de los chalets de lujo que se construyeron con el dinero que el empresario grancanario creyó estar destinando al proyecto del aparthotel. Castellano emprendió acciones civiles unidas a las penales para restaurar el orden jurídico alterado, es decir, para que se reintegraran a su patrimonio los bienes indebidamente sustraídos. Los tribunales le reconocieron la propiedad de tres de los inmuebles -a uno acabaría renunciando-, pero situaron otros tres fuera de los embargos ordenados en el procedimiento para responder a la condena. El empresario sostiene que la Audiencia Provincial ha incurrido en errores graves de interpretación y solicita una rectificación.
Ya en la primera demanda, presentada en julio de 2005, Castellano solicitó el embargo de la finca, propiedad de Vivisco, donde se iban a erigir los chalets. A pesar de que el Juzgado de Instrucción 4 de Puerto del Rosario llegó a acordar el embargo preventivo -supeditado al resultado del proceso judicial abierto-, la acción no pudo anotarse en el Registro de la Propiedad porque, tan sólo una semana después, la finca fue dividida en régimen de propiedad horizontal, quedando a nombre de Simone de Carvalho cinco de los chalets en virtud de una supuesta deuda de 750.000 euros, nunca acreditada ni explicada, que habría contraído con ella la empresa de su marido. Con esta maniobra, los muñidores de la estafa perseguían despatrimonializar la sociedad de los chalets.
Nueve meses después, tras la interposición de una querella, el juzgado aceptó anotarla de forma preventiva en el Registro de la Propiedad, un mecanismo previsto para los casos en los que la acción penal lleve aparejada responsabilidad civil, una garantía para que los denunciantes puedan apropiarse de los bienes usurpados ante una eventual condena por estafa. Sin embargo, no se pudo inscribir formalmente hasta agosto. En medio de estos dos hitos, la ya condenada vendió dos de las viviendas al empresario que construyó las piscinas de los chalets, que también estuvo imputado aunque resultó absuelto, y negoció con Bankinter un préstamo de 480.000 euros para la suya. Se trata de los tres inmuebles que el empresario grancanario sigue reclamando y que la Audiencia Provincial le niega.
Castellano sostiene que esa anotación preventiva de querella tiene lo que en el argot jurídico se denomina trascendencia real inmobiliaria y que ello equivale a un embargo de los bienes -en este caso los chalets- para responder al resultado de la acción judicial. Según esta argumentación, que acredita con una certificación del Registro de la Propiedad número 2 de Puerto del Rosario, un inmueble se puede vender a un tercero aunque sobre él pese una anotación preventiva de querella, pero siempre debe informarse al comprador de que la propiedad del mismo está condicionada al éxito o fracaso de la propia querella.
En similares términos, la Fiscalía ha rechazado en un auto fechado en octubre del año pasado la petición del actual propietario de dos de las viviendas en litigio, el constructor de las piscinas, para que se cancelara la anotación preventiva de querella del Registro de la Propiedad por haber transcurrido más de cuatro años. El representante del Ministerio Público recuerda al empresario que así la adquirió y que sigue subordinada a la ejecución del proceso.
