El juicio sobre el presunto quebranto de 23,4 millones de euros a Emalsa, la empresa mixta encargada del ciclo integral del agua en Las Palmas de Gran Canaria, ha quedado visto para sentencia este miércoles, en su undécima sesión. Y lo ha hecho con los informes finales de las ocho defensas que representan a los quince acusados en el procedimiento.
Todas ellas han coincidido en lo sustancial. Se han mostrado muy críticas con las acusaciones, en particular con la pública, ejercida por la fiscal especializada en Delitos Económicos Evangelina Ríos, y han coincidido con los servicios jurídicos del Ayuntamiento capitalino en que, a la vista de la prueba practicada en el juicio, no ha quedado acreditado que los socios privados ocasionaran un perjuicio a la entidad.
Las defensas han acusado a la fiscal de montar una “causa general” contra los directivos de los socios privados de Emalsa (Saur y Valoriza-Sacyr) sin “ni siquiera individualizar la responsabilidad que se atribuye a cada uno de los acusados”. “Se habla de comportamientos y contratos de manera genérica”, ha señalado la abogada Noelia Afonso, que representa a cuatro de los acusados (Pierre José Claude, Guy Fournier, José Manuel Calderero y Alfonso Ignacio López)
La letrada ha aplaudido la decisión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de retirar la acusación. “Es el único que parece defender el interés público y ha sido objetivo”, ha manifestado Afonso, que dijo tener la sensación, después de haber escuchado los informes finales de las acusaciones, “de estar de nuevo en 2013”, en el inicio del procedimiento. “Ningún perito ha podido acreditar el perjuicio”, ha señalado la abogada.
Para esta abogada, “es difícil sostener el argumento de que los acusados se pusieron de acuerdo para saquear las arcas de Emalsa” cuando incluso varios de ellos “ni se conocían”, puesto que no coincidieron en el tiempo. Además, ha asegurado que “nadie duda”, ni siquiera los peritos judiciales de Godoy, que los trabajos de los contratos controvertidos se realizaron.
Afonso cree que es “imposible determinar” de dónde salen los 23,4 millones de euros en que la fiscal cuantifica el perjuicio a Emalsa, puesto que esa cantidad “no casa” con los informes de Godoy. Los peritos judiciales lo cifraron en 2,3 millones de euros en un primer momento; después, en el ampliatorio, “dieron por subsanadas deficiencias”, y en el juicio dijeron que “no podían determinar” el quebranto, porque “había documentos que pudieron desaparecer”.
En la misma línea, Alberto Rodríguez-Mourullo, abogado de José Luis Rubio (exdirectivo de Saur), considera que la acusación pública vulneró el derecho de defensa, “al no haber imputado con la concreción necesaria los hechos por los que acusa” y que los hechos enjuiciados “carecen de relevancia penal”. “Nos ha llamado poderosamente la atención que las preguntas de la acusación han sido de estricto ámbito administrativo, no qué personas habían hecho qué. No puede ser que un asunto como este haya tenido acceso al plenario”, ha concluido este letrado que, en consonancia con lo manifestado con otros, considera que este asunto nunca debió dirimirse en la jurisdicción penal.
Rodríguez-Mourullo ha puesto el ejemplo de su cliente, José Luis Rubio. “Su participación en los hechos es irrelevante. No firmó ningún contrato o pacto” de los enjuciados. El escrito de acusación de la fiscal “sólo contiene una referencia” al exdirectivo de Saur: su pertenencia a los consejos de administración de Emalsa y de Sercanarias y al comité de gerencia que crearon los socios privados.
El abogado ha lamentado que Rubio esté acusado “exclusivamente por la pertenencia a un cargo”. “¿Dónde está la responsabilidad penal?”, se ha preguntado. A pesar de ello, ha tenido que responder con una fianza por el quebranto total, de 23,4 millones. “Aquí todos responden por todos”, ha lamentado.
Los “enigmas” de la acusación de la fiscal
Según Nicolás González-Cuéllar, que ha defendido en esta causa a Pablo Abril-Martorell y Laura Rivero (vinculados al otro socio privado de Emalsa, Valoriza), el juicio ha estado plagado de “enigmas”. “Si la acusación tuviera algún fundamento, estarían Saur y Valoriza, pero no están ni siquiera como responsables civiles. No deja de ser llamativo”, ha señalado el abogado.
González-Cuéllar ha definido el caso Emalsa como “el crisol de la vulneración de derechos fundamentales”. “El principio acusatorio quiebra por ser una causa general y por la existencia de una acusación popular (la asociación cívica El sol sale para todos) que debería ser inadmitida o no tenida en cuenta”, ha señalado.
A juicio de este abogado, la fiscal ha caído en su acusación en la denominada “visión de túnel o sesgo de conformidad” al “no ver más allá de su hipótesis inicial” a pesar de las pruebas practicadas en el plenario. Unas pruebas que, a su juicio, descartaban la existencia de cualquier indicio delictivo. González-Cuéllar aprecia “errores de concepto y cálculo” en el escrito de acusación de Ríos “que no han sido corregidos”.
Mónika Godoy Suárez, que ha defendido a otros dos acusados vinculados con Valoriza (Jesús Blanco y José Luis Pérez Talavera), se ha adherido al informe de González-Cuéllar y ha incidido en que “la totalidad del escrito de acusación de la Fiscalía ha vulnerado el principio acusatorio”, al atribuir “una responsabilidad global” y no aludir a ninguna “decisión o actuación concreta” en el caso de sus representados.
La “única atribución delictiva” respecto a uno de ellos, José Luis Pérez Talavera, fue su pertenencia al Comité de Gerencia y “nunca pudo pertenecer” a este órgano porque “fue cesado” meses antes de que se formalizara en un pacto regulador.
En relación con Jesús Blanco, que fue director general de Emalsa, ha señalado que “no tuvo ninguna intervención” en el contrato original para el alquiler de la sede de Emalsa en el Centro Comercial de Las Ramblas por 90.000 euros mensuales y que sólo firmó la novación por la que ese precio se reducía hasta los 75.000 euros.
La “valentía” del Ayuntamiento
Para Francisco José Fernández de la Cigoña, abogado del expresidente de Sercanarias Rafael González Bravo de Laguna, “es muy difícil superar” el escrito con el que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria retiró la acusación. “Es absolutamente categórico y valiente”, ha dicho el letrado, que no entiende por qué la fiscal “carga más las tintas” contra su cliente.
“La falta de concreción hace muy complicada, por no decir imposible, una sentencia condenatoria”, ha señalado el letrado, que considera que esta causa se ha construido a partir del “excesivo celo” del interventor de Emalsa, el funcionario Rafael Bolívar, ya fallecido.
El abogado ha defendido que los contratos entre Emalsa y Sercanarias se firmaron con el aval de un informe jurídico elaborado por dos catedráticos del despacho Gómez Acebo y Pombo. “No había nada que cuestionar”, ha añadido al tiempo que ha recalcado que su cliente no participaba en “el día a día” de la empresa, en la ejecución de los contratos. Además, ha acusado a la fiscal de “echar en el saco actuaciones a ver si en ese totum revolutum consigue arrastrar a los magistrados”.
Una “muerte civil”
Ignacio Nestares ha pedido al tribunal que “liberen” a su representado, Oliver Brousse (Saur), de la “muerte civil” en que, según dice, cayó en el momento en que, hace ya trece años, lo llamaron a declarar “como ladrón”. “El proceso en sí mismo es la pena”, ha dicho parafraseando al jurista italiano Francesco Carnelutti.
Nestares ha calificado de “acusación rebumbio” el escrito de la fiscal, a quien reprocha no haber especificado “cuál es el dolo o la intención” de los acusados, un elemento esencial para el reproche penal. El abogado dice que su cliente sólo está procesado por pertenecer al Comité de Gerencia. “¿Eso es delito? ¿Que hagan un comité (los socios privados) y no levanten acta es delito?”, ha cuestionado.
“Los bolsillos de mi defendido están tan vacíos como los míos”, ha manifestado en su informe Julio Cabrera Barreto, abogado de Gerard Thierry, quien fuera consejero delegado de Emalsa (por Saur). El letrado ha lamentado que se haya “vendido” a su cliente “como un delincuente que va por ahí rompiendo el Ayuntamiento y Emalsa”.
“Ni por asomo hay prueba evidente de que mi defendido se haya aprovechado, que haya arruinado a Emalsa o al Ayuntamiento y que esté viviendo en una mansión. No es así, vive en un pisito en Budapest”, ha añadido.
El cambio de sede
Por su parte, José Miguel Palomino, abogado de los tres acusados vinculados con Satocan (Juan Miguel Sanjuán, José Julio Artiles y Pedro José Higueras), ha señalado que el exalcade de Las Palmas de Gran Canaria Jerónimo Saavedra, ya fallecido, tenía razón cuando en una entrevista realizada en 2013 afirmó que el cambio de sede (del Obelisco al Centro Comercial de Las Ramblas) había sido “beneficioso, sin duda, para el buen común y el interés general”.
Las acusaciones sostienen que el precio de alquiler de las oficinas (90.000 euros) era muy superior al de mercado en julio de 2008, cuando se firmó el contrato; que el edificio estuvo vacío más de dos años mientras Emalsa pagaba renta y que hubo que pagar un millón de euros en obra para adecuarlo pese a que Satocan se comprometía a entregarlo en perfecto estado de uso y mantenimiento.
Palomino lo comparó con la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, que costó “122 millones de euros” y que se ocupó “tras una espera de ocho años” y dejando “tres plantas vacías” que aún hoy “siguen libres”. “Los beneficios y ventajas que reportó este edificio a los operadores jurídicos nadie las discute”, ha señalado.
El abogado ha defendido que Satocan entregó el inmueble “en plena disposición”, con sus correspondientes licencias, y que otorgó a Emalsa tres meses de carencia para que se pudiera trasladar. Además, se ofreció a ejecutar las obras de acondicionamiento de las oficinas, pero la compañía mixta las adjudicó a otras sociedades, lo que, a su juicio, constata que “no había un interés por beneficiar” a la constructora.
Sobre el retraso en el traslado, ha dicho que los plazos para la elaboración del proyecto de obra y su ejecución son “perfectamente lógicos”. Y en relación con el precio de alquiler, se ha remitido a lo manifestado por los peritos de Auren de que el importe estaba “dentro de los márgenes del precio de mercado” dada la “larga duración del contrato” (35 años).
Por último, ha recordado que el precio fue modificándose hasta que en 2015 se llegó a un acuerdo transaccional que fue homologado judicialmente y por el que el Ayuntamiento se comprometía a no ejercer ninguna acción, ni civil ni penal, contra Satocan.
En el caso Emalsa se piden penas de hasta seis años de cárcel para quince acusados por un presunto delito de apropiación indebida o, de forma alternativa, de administración desleal. La Fiscalía cifra la responsabilidad civil por el quebranto en 23,4 millones de euros. El ponente de la sentencia será el magistrado Francisco Liñán, uno de los miembros de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.