El Gobierno ignoró informes que detectaron irregularidades del marido de la secretaria de Organización de CC
La Consejería de Políticas Sociales del Gobierno autonómico conocía desde principios de 2018 las irregularidades cometidas por el director de la escuela infantil San Miguel Arcángel, Patricio García Ducha. Un técnico de la Dirección General de Protección a la infancia elaboró por escrito un informe, fechado el 26 de enero de 2018, al que ha tenido acceso mirametv.com, en el que puso de manifiesto las anomalías detectadas en la gestión del centro educativo, ubicado en Santa Cruz de La Palma, cuyo máximo responsable es el marido de la secretaria de Organización de Coalición Canaria, Guadalupe González Taño.
En el informe, elaborado por el coordinador de las escuelas infantiles dependientes de la Dirección General de Protección a la Infancia, tras las quejas recibidas de varios usuarios por el pago en efectivo de la primera mensualidad y un supuesto aumento injustificado de las cuantías, se constatan los cobros de cuotas en mano por parte del director del centro, a través de unos recibos simulados que dejaron de usarse en 2013, a pesar de que la normativa vigente establece el pago de las mensualidades por medio del modelo 800. El técnico, que mantuvo un primer encuentro con García Ducha en Tenerife y que posteriormente se desplazó a La Palma para una segunda reunión, también advirtió de que en ninguna de las dos ocasiones se le entregó justificante alguno sobre el ingreso en la Agencia Tributaria Canaria del dinero percibido en efectivo.
El escrito del coordinador de la escuelas infantiles es un botón de muestra de la pasividad y la lentitud con la que se ha tramitado el conflicto desde el Gobierno de Canarias, que tardó meses en afrontar la situación. A pesar de contar desde enero con el criterio de un técnico, respaldado posteriormente por un jefe de servicio, la Consejería de Políticas Sociales encargó nuevas actuaciones previas a otra funcionaria, que finalmente concluyó que no había motivos suficientes para la apertura de un procedimiento sancionador contra el director del centro palmero, según la versión oficial.
Tras recibir el informe técnico, el jefe de Servicio de Programas de Prevención y Protección de Menores formalizó un nuevo escrito, fechado el 15 de febrero de 2018, en el que alertó de que “se ha puesto de manifiesto la posible existencia de irregularidades en distintas actuaciones de la dirección de la escuela infantil” y de que, en ese momento, se seguía “sin recibir documento alguno que acredite el pago único del modelo 800 (...) ni documento que acredite devolución o anulación de ninguna clase, ni los pagos posteriores correspondientes al mes de septiembre de los usuarios”. El funcionario remitió la documentación al jefe de Personal de la Consejería de Políticas Sociales para “valorar la apertura de expediente de información previa a expediente disciplinario, ante la posible existencia de infracciones disciplinarias/penales”.
En la comunicación se acompañó el informe del técnico de las escuelas infantiles, donde se relatan las anomalías detectadas en la investigación previa. Entre los problemas que se encontraron destaca que, pese a que lo habitual es que sean remitidos en los meses de junio y julio, en la Dirección General de Protección a la Infancia no constaba “ningún expediente” del centro San Miguel Arcángel correspondiente al curso 2017/2018, “a pesar de que se le han solicitado en repetidas ocasiones al director”.
Tras recibir las quejas de varios usuarios, el técnico solicitó a los afectados el recibo entregado por el director para justificar el cobro de la mensualidad de septiembre del curso 2017-2018, que resultó ser “una copia de la carta de pago que dejó de utilizarse en el año 2013”. En el informe se destacó que “el documento aportado habría sido impreso a ordenador por la dirección del centro, pues contiene texto que no figuraba en el documento original, que dejó de utilizarse hace años”.
La respuesta del director
La respuesta del directorEn el primer encuentro, celebrado en la Dirección General de Protección a la Infancia el 9 de enero de 2018, el director de la escuela infantil reconoció que “realizó el cobro a todos los padres para facilitarle la tarea, y que con posterioridad se encargó de hacer un pago único a través del modelo 800 a la Agencia Tributaria Canaria”. Una forma de actuar que planteó dudas al autor del informe, que dejó constancia por escrito de que “este método, además de irregular y poco funcional, presenta algunos problemas de cara a los usuarios, ya que, por poner un ejemplo, si algún padre necesita acreditar que ha realizado el pago, no puede hacerlo”. Como García Ducha no presentó justificante del ingreso, el técnico se vio obligado a desplazarse a La Palma, por orden del jefe de servicio, para recibir toda la documentación sobre el pago de las primeras cuotas del curso.
Durante la visita a La Palma, que tuvo lugar el 25 de enero de 2018, el director de la escuela infantil San Miguel Arcángel entregó solo 70 expedientes de usuarios, entre los que no constaban “todos los de los menores que han presentado queja por la cuota”. Por segunda vez, García Ducha “no entregó el comprobante del modelo 800 de haber realizado el ingreso de los cobros realizados a los padres en el mes de septiembre”. Preguntado por ello, el responsable del centro alegó que, “consciente de que esta actuación no fue acertada, se personó en la Agencia Tributaria, donde solicitó anular el ingreso realizado y, según afirma, se le devolvió el dinero en mano”, a lo que añadió que “en los próximos días procedería a su ingreso a nombre de cada usuario”. A día de hoy, los afectados aún no han recibido comprobante alguno del pago por medio del modelo 800.
Sobre el aumento injustificado de cuotas, en el informe se puso de manifiesto que el director del centro, tras haber realizado “las revisiones de las cuotas que tenían pendientes los usuarios desde meses anteriores (...), en todos los casos tenían derecho a una reducción de la cuota, de lo que cabe inferir que o bien se produjeron errores en el cálculo de las cuotas, o bien se ha aportado nueva documentación desde el inicio del curso hasta ahora que acredite algún cambio en las circunstancias económicas, si bien esto último no parece probable porque las familias se vienen quejando de la cuantía asignada desde el mismo momento en que comenzó el curso”. Un extremo que en ese momento no pudo ser contrastado al no haber entregado García Ducha “los expedientes relativos a esos usuarios”.
La principal duda que sigue abierta es la falta de documentación que acredite que los pagos de la mensualidad de septiembre de 2017 que se realizaron en mano, al igual que ocurrió en el curso anterior, finalmente fueron ingresados en la Agencia Tributaria Canaria. El 29 de diciembre de 2017, la Jefatura de Sección de Apoyo al Servicio de Programas de Prevención y Protección de Menores solicitó por escrito una explicación al órgano, dependiente de la Consejería de Hacienda del Gobierno regional.
La falta de respuesta llevó al coordinador de las escuelas infantiles a cursar visita a las dependencias de la Agencia Tributaria Canaria el 12 de enero de 2018, tal y como hizo constar en un informe emitido el 9 de febrero, donde se le facilitó el número de teléfono de una funcionaria. Durante una “conversación telefónica informal” sobre “información general”, mantenida el 5 de febrero, la trabajadora del ente recaudatorio explicó que “no se cursan devoluciones de dinero en mano, solo a través de transferencia bancaria”. También aclaró que, sin la referencia del documento de ingreso o el NIF del pagador, “la búsqueda es muy compleja, siendo los únicos datos que pueden ayudar la fecha exacta y el importe del ingreso”.
El trámite administrativo
El trámite administrativoUna vez emitido el informe definitivo del coordinador de las escuelas infantiles, el trámite administrativo tropezó con nuevos problemas. En base a este documento, el jefe de Servicio de Programas de Prevención y Protección de Menores elevó el 15 de febrero una petición al jefe de Servicio de Personal de la Consejería de Políticas Sociales, donde pedía la apertura de un expediente de información previa contra García Ducha, pese a haberse realizado ya una extensa investigación, en la que se concedieron dos oportunidades al director del centro para justificar los cobros en mano. En el escrito alertó de la “posible existencia de infracciones disciplinarias/penales”.
Cinco días después, el 20 de febrero de 2018, el jefe de Servicio de Personal contestó en un breve escrito que, para iniciar el expediente, era necesario remitir con carácter previo una propuesta de la directora general de Protección a la Infancia. También requirió los expedientes de los usuarios aportados por el director de la escuela infantil San Migue Arcángel.
El siguiente documento que aparece en el expediente es un informe propuesta del jefe de Servicio de Programas de Prevención y Protección de Menores, con fecha de 6 de marzo de 2018, en respuesta a la contestación anterior del jefe de Servicio de Personal. En el nuevo escrito se vuelve a solicitar “la apertura de un expediente informativo” para averiguar “si se han efectuado cobros de forma directa”, algo que ya había reconocido el propio García Ducha, “y el paradero de ese dinero”. También se incide en la necesidad de aclarar “si la dirección” de la escuela infantil San Miguel Arcángel “ha emitido algún documento o carta de pago y, en tal caso, si se trata de un documento oficial de este centro directivo”, lo que en ese momento también había quedado acreditado en la investigación previa realizada por el técnico. La última cuestión por la que se pregunta en la comunicación es el motivo por el cual no se han entregado todos los expedientes de los usuarios “y otros documentos solicitados relativos al pago del precio público”.
El 7 de marzo, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales también rechazó la petición del jefe de servicio por el mismo motivo que en una primera ocasión lo hizo el jefe de Personal, al considerar que “la remisión debe ir firmada por el titular del centro directivo, al ser una exigencia legal”. Este hecho provocó que la directora general de Protección a la Infancia hiciera suya la petición del funcionario y realizase una nueva comunicación para reclamar la apertura de un expediente informativo al director de la escuela infantil San Miguel Arcángel.
A partir de este momento, el expediente se llena de sombras. Según la versión oficial, trasladada por el Gobierno de Canarias en un comunicado de respuesta a las informaciones sobre las irregularidades detectadas en la escuela infantil, la Consejería de Políticas Sociales “tramitó un procedimiento de información reservada”, a lo que se alude también como “actuaciones previas”, que concluyó con “el archivo” por no apreciarse “mala fe” por parte de García Ducha y subsanar los aumentos injustificados de cuotas, producidos por la existencia de “distintas fórmulas de cálculo”. La nota señala que esta “investigación interna” fue encargada a otra jefa de Servicio de la Dirección General de Protección a la Infancia, el mismo órgano que ya había realizado unas diligencias que dieron lugar al informe técnico en el que se denunciaron las irregularidades.
Este medio de comunicación ha solicitado por registro de entrada y en base a la Ley de Transparencia el informe de la funcionaria por el que se descartó la apertura de un procedimiento sancionador contra García Ducha, pero ha sido denegado por silencio administrativo. La consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, comparecerá este miércoles 13 de febrero en comisión parlamentaria para responder a la oposición sobre las dudas planteadas en el caso de la escuela infantil San Miguel Arcángel. Además de la prueba documental que demuestre que el dinero cobrado en efectivo se ingresó en la Agencia Tributaria, la política de Coalición Canaria tendrá que abordar otros interrogantes abiertos, como la titulación del director del centro, el uso como cartas de pago oficiales de recibos sin validez desde 2013 o las irregularidades que también se detectaron en otra investigación interna llevada a cabo en 2014.
Algunas madres afectadas, que siguen a la espera de que la Dirección General de Protección a la Infancia les entregue el justificante del ingreso de la primera mensualidad que pagaron en mano, también han manifestado sus quejas por el trato humillante que reciben por parte de García Ducha y por otras carencias del centro.
