Un policía de Mogán, condenado por torturas, entra en prisión sin sanción ni expediente, ascendido y con medalla

Los dos policías locales condenados por torturar y lesionar en enero de 2011 a un vendedor ambulante de nacionalidad senegalesa en un centro comercial del municipio de Mogán, en el sur de Gran Canaria, ya han ingresado en prisión para empezar a cumplir la pena. Gilberto Julián Macías, con antecedentes delictivos por violencia machista, entró en la cárcel de Juan Grande, en la misma isla, el viernes 5 de mayo. Tres días después lo hacía Carlos Javier Hernández en el pequeño centro penitenciario de La Palma, ubicado en el casco urbano de la capital y con capacidad para unos 60 reclusos.

La sentencia, firme desde el pasado 15 de marzo, consideró probado que esos dos agentes agredieron al migrante de forma grave y reiterada tras una persecución por el centro comercial de Puerto Rico, atentando contra su integridad moral y provocándole una fractura en el brazo izquierdo. El Tribunal Supremo, no obstante, redujo las penas que les había impuesto en 2021 la Audiencia Provincial de Las Palmas por la excesiva duración del procedimiento. De los siete años y medio de prisión iniciales a los cuatro años y ocho meses y de los diez años de inhabilitación especial a los nueve.

Los policías condenados nunca recibieron una sanción del Ayuntamiento de Mogán. Ni siquiera se les abrió un expediente disciplinario. Ni cuando se conocieron los hechos, con el Partido Popular (PP) de Francisco González en el gobierno, ni en los sucesivos hitos judiciales que se produjeron ya con la actual alcaldesa y candidata de Coalición Canaria al Parlamento regional, Onalia Bueno (entonces con Ciuca, ahora en Juntos por Mogán, aliada de CC), en el poder: la apertura de juicio oral y la formulación de las acusaciones (2017), la primera condena de la Audiencia de Las Palmas (2021) y la confirmación del Tribunal Supremo (2023).

Uno de los agentes, Gilberto Julián Macías, lleva años fuera del servicio por otros motivos. Sin embargo, Carlos Javier Hernández ha continuado en activo de manera ininterrumpida hasta su ingreso en prisión. Su número de identificación policial seguía figurando hasta el pasado domingo en las hojas de servicio que recogen la organización del trabajo de la Policía Local de Mogán. En esos documentos figuraba que este agente se encontraba “de permiso”. El Ayuntamiento de la localidad sureña no ha contestado a las preguntas formuladas por esta redacción acerca de la situación laboral en la que se encontraba este policía después de que la condena adquiriera firmeza en marzo.

Cuando la agresión trascendió a los medios de comunicación con la difusión de un vídeo captado por las cámaras de videovigilancia de un supermercado del centro comercial, Mencey Navarro, entonces concejal en la oposición en el Ayuntamiento con Ciuca y ahora primer teniente de alcalde y edil responsable, entre otras, del área de Seguridad Ciudadana, pidió la celebración de un pleno para reclamar la apertura de un expediente disciplinario a los dos agentes, que ostentaban la condición de investigados. Esa sesión acabó celebrándose en 2014, con un año de retraso por la negativa del regidor a convocarla. “El señor (Francisco) González (alcalde en ese momento) es el único que tiene serias dudas respecto de lo que allí (en el vídeo) se aprecia, pero es evidente e indiscutible que las imágenes muestran una real agresión a un ciudadano senegalés”, decía en aquel instante el actual número dos de la corporación moganera.

Sin embargo, después de asumir funciones de gobierno tras las elecciones celebradas en mayo de 2015, Ciuca no hizo nada de lo que un año antes exigía al anterior alcalde. A uno de los agentes implicados, Carlos Javier Hernández, hijo de un exconcejal del PP y de una policía del municipio, llegó incluso a ascenderlo a oficial en enero de 2022 y, diez meses después, a condecorarlo con la cruz distintiva de la permanencia activa en el servicio durante veinte años. Unos reconocimientos que llegaron cuando ya había sido condenado en primera instancia por la Audiencia Provincial de Las Palmas.

La sentencia firme del Supremo se hizo pública el 21 de marzo de este año. Dos días después, se celebró una mesa general de negociación en el Ayuntamiento de Mogán en la que UGT pidió la apertura de un expediente disciplinario para el único agente que continuaba en activo, Carlos Javier Hernández. Tampoco hubo respuesta por parte del concejal Mencey Navarro, que instó a solicitarla “por otras vías”.

UGT contrapone este caso al que ocurrió en 2018, cuando el gobierno liderado por Onalia Bueno suspendió de empleo y sueldo durante seis meses a cuatro policías locales, entre ellos un representante del sindicato, por ejecutar un precinto el día después al previsto inicialmente, una decisión que adoptaron para no alterar el orden en el local, ya que el primer día el dueño se había negado cuando el establecimiento estaba lleno. Ciuca negó entonces que esa sanción obedeciera a motivos políticos y que se trataba de un procedimiento “estrictamente administrativo, reglado por la ley”. Lo cierto es que esa suspensión fue finalmente anulada por los juzgados por falta de justificación.

A los agentes condenados por torturas y lesiones, el Ayuntamiento no les llegó a abrir ni siquiera expediente en estos más de diez años, pese a que el artículo 47 de la Ley de Coordinación de los Policías Locales califica como falta muy grave en el apartado tercero el abuso de atribuciones y “la práctica de tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios o vejatorios a las personas que se encuentren bajo su custodia”.

Para este procedimiento penal, además, el Ayuntamiento contrató por 15.000 euros los servicios del despacho de abogados del reputado penalista José Antonio Choclán, el mismo que defiende a la alcaldesa en las causas en las que permanece imputada. La pretensión no solo era librar al Consistorio sureña de la responsabilidad civil subsidiaria, es decir, de la obligación de asumir el pago de la indemnización a la víctima en caso de que los agentes condenados no pudieran afrontarla. También pidió la absolución de los agentes del delito de torturas del que se les acusaba y que el de lesiones pasara de grave a leve, reduciendo así al mínimo las penas. No lo logró.

Solicitud de indulto

Los policías condenados recibieron el requerimiento para el ingreso voluntario en prisión el pasado 27 de abril. Uno de ellos, Carlos Javier Hernández, solicitó la suspensión provisional alegando que se había presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y también una solicitud de indulto. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas rechazó esa pretensión y el agente ya ha ingresado en prisión.

A finales de abril comenzó a circular por el Ayuntamiento del Mogán un escrito que pedía firmas en apoyo del indulto al policía condenado. En ese documento, que también se movió por otras administraciones y entornos, se hablaba de Carlos Javier Hernández como “un ciudadano ejemplar” que había tenido siempre “un comportamiento intachable” y que los hechos por los que fue condenado habían sido “algo excepcional” en su trayectoria profesional y ocurridos hace ya doce años. “No tiene sentido que ingrese ahora en prisión para cumplir una pena que ya no sirve a su finalidad, lo que le hace merecedor de dicha gracia”, recoge ese escrito que también negaba haber discriminado a una persona por razón de sexo, raza, religión o nacionalidad y que apuntaba que el policía colaboraba con su parroquia y asociaciones sin ánimo de lucro.

El propio agente difundió entre sus contactos ese escrito con mensajes en los que pedía la firma para remitirlo a su despacho de abogados con el fin de presentar la solicitud.

La condena de los dos policías se basó en las grabaciones captadas por una cámara de videovigilancia de un supermercado del centro comercial y en las declaraciones aportadas por la víctima y por varios testigos, entre ellos otros agentes. En las imágenes se puede ver a uno de los agresores, Gilberto Julián Macías, perseguir al vendedor ambulante, darle una zancadilla hasta hacerlo caer y propinarle varios puñetazos en el interior de ese establecimiento. Los golpes, siempre según el relato contenido en las sentencias, continuaron hasta las dependencias policiales ubicadas en el mismo centro comercial mientras el migrante, que había sido llamado como testigo por un incidente que tuvo como protagonistas a un primo suyo y a los mismos agentes, reclamaba el auxilio de la Guardia Civil. Tanto la víctima como testigos manifestaron que Carlos Javier Hernández le golpeó con un objeto contundente, similar a una porra, lo que podría haberle ocasionado la fractura en el brazo. La justicia concluyó que los agentes actuaron de esa manera como “represalia” por la actividad a la que se dedicaba (la venta ambulante) y para “amedrentarlo” en el juicio en el que tenía que declarar como testigo.