El juez Salvador Alba amenaza a la cúpula judicial con tirar de la manta después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) haya abierto juicio oral contra él por la presunta comisión de cinco delitos (prevaricación judicial, falsedad en documento oficial, cohecho, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos) en la operación maquinada contra su compañera de profesión Victoria Rosell.
En las primeras declaraciones públicas realizadas en meses, en una entrevista concedida al periódico Canarias 7, el magistrado advierte de que su escrito de defensa provocará una reacción social que “va a tirar por los suelos la valoración de la Justicia”, a la que, en Canarias, ve no ya “enferma”, sino incluso “terminal” según recoge Efe.
Al igual que hiciera en su último recurso, el presentado contra el auto de apertura de procedimiento abreviado, la antesala del juicio oral, Alba apunta hacia el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, y hacia la fiscal especializada en Delitos Económicos Evangelina Ríos. Sobre el primero recuerda que “fue testigo” de la reunión que mantuvo en su despacho con el empresario Miguel Ángel Ramírez el 16 de marzo de 2016, un encuentro en el ambos, según reveló con posterioridad una grabación aportada por el presidente de Seguridad Integral Canaria, fabricaron una declaración en sede judicial sobre hechos ajenos a la investigación con el objetivo de perjudicar a la anterior instructora de la causa, Victoria Rosell. El magistrado recuerda en esta entrevista que Emilio Moya “es amigo” de Ramírez.
Alba también critica que la Fiscalía tilde ahora de prevaricadoras algunas de sus decisiones cuando las tomó “a petición” del propio Ministerio Público, en concreto de Evangelina Ríos, y que este dio por buenos y reprodujo en sus escritos informes suyos que ahora tacha de falsos.
El juez cree que el TSJC debería haber esperado a que se resolvieran todos los recursos, antes de abrirle juicio, y sostiene que “la velocidad” que lleva su procedimiento favorece a Miguel Ángel Ramírez, el empresario que está imputado en las diligencias por fraude fiscal que él continuó en sustitución de Victoria Rosell.
El juez defiende que cumplió con su obligación como juez de comunicar a las partes lo que el empresario le había contado en una reunión en su despacho en la Audiencia de Las Palmas en relación con los negocios entre las empresas de Ramírez y las de Carlos Sosa, director de Canarias Ahora y pareja de Rosell. Alba llega a decir que la jueza cobró “a través de su pareja” alrededor de 300.000 euros del empresario, un hecho que considera una barbaridad, una vergüenza y un disparate“.
El negocio al que se refiere Alba es la transmisión de una licencia de radio de la empresa Clan de Medios, editora de Canarias Ahora, a la sociedad audiovisual del club de fútbol presidido por Ramírez, la UD Las Palmas. En la declaración judicial prestada por Ramírez el 23 de marzo de 2016, pactada una semana antes en la reunión con Alba, ni el juez ni la fiscal le preguntaron por este contrato, que fue objeto de una investigación de la Fiscalía finalmente archivada, sino por relaciones comerciales anteriores.
Los reproches que Alba realiza en esta entrevista hacia Victoria Rosell han sido examinados cuatro veces en los últimos años por varios órganos judiciales, todas ellas con resoluciones favorables a su colega: por el Poder Judicial, que no vio motivo de infracción profesional; por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, que la amparó frente a una investigación de la Fiscalía; por la Sala de lo Penal del TSJC, que archivó una querella del exministro José Manuel Soria contra ella; y por la Audiencia de Las Palmas, que acaba de rechazar la petición del fiscal de que dejara de ser la instructora del caso contra Ramírez.
Amenaza con nuevas acciones judiciales
Aún así, el magistrado critica que las consecuencias del paso que dio en su momento no pueden ser que a él lo sienten “en el banquillo, ni que la juez que ha hecho esas cosas siga instruyendo la causa contra Ramírez”.
De hecho, anuncia que “si la Fiscalía no adopta medidas contra estos hechos”, será él quien “empiece a ejercitar acciones para poner en su sitio todas estas irregularidades”.
Alba confirma en la entrevista que en estos momentos se encuentra de baja por enfermedad y reconoce que lo más probable es que el Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) lo suspenda de sus funciones, porque “esa suele ser la tónica habitual cuando se abre juicio oral”.
El magistrado no solo proclama su inocencia, sino que además cuestiona toda la instrucción del caso, que puso en marcha, dice, una “amiga íntima” de Rosell (la juez Carla Vallejo, a quien Ramírez entregó la grabación de su reunión con Alba) y que, a su juicio, “nunca debió instruir” Margarita Varona, la magistrada que lo ha procesado.
“Saco la conclusión de que quien ha hecho los cuatro escritos de acusación, el auto de procedimiento abreviado y el de apertura de juicio oral casi forman un grupo para formarse en Derecho Penal otra vez”, apunta.