El Tribunal de Cuentas pone bajo lupa el rescate público de un aparcamiento de Maspalomas por 12 millones de euros

Parking de Maspalomas. (ALEJANDRO RAMOS)

El Tribunal de Cuentas ha puesto bajo lupa el acuerdo suscrito por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en septiembre de 2015, durante el mandato de Marco Aurelio Pérez (Agrupación de Vecinos- Partido Popular), para rescatar y poner fin, previo pago de una indemnización de alrededor de doce millones de euros a la empresa adjudicataria, a la concesión para explotar el Parking de Maspalomas, un edificio con 1.129 plazas de estacionamiento ubicado en el barranco del mismo nombre, en las proximidades de la estación de guaguas. 

En un informe emitido a finales de 2019, el máximo órgano fiscalizador de la gestión económica en el sector público español ya advirtió de una serie de irregularidades en esa operación, que se ejecutó mediante un acuerdo de mediación y después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (recurrida por la adjudicataria ante el Supremo) hubiera avalado la decisión del pleno municipal de rechazar la pretensión de la empresa de resolver la concesión y cobrar una indemnización por las obras ejecutadas y por daños y perjuicios. Ahora, la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha reclamado al Consistorio sureño abundante documentación para determinar las posibles responsabilidades contables de las personas que intervinieron en la ejecución y control presupuestario de ese acuerdo. Es decir, para dirimir si con su acción u omisión ocasionaron un menoscabo a las arcas del municipio. 

El Ayuntamiento adjudicó en 1998 a la sociedad Parking Maspalomas S.A., participada de forma mayoritaria por las constructoras Satocan y Hermanos Santana Cazorla, la concesión para la construcción y explotación del edificio de aparcamientos durante medio siglo. Sin embargo, trece años después, en 2011, la empresa consideró que no se habían cumplido las expectativas que depositó en este negocio, que la actividad era deficitaria, y reclamó al Ayuntamiento la resolución del contrato y una indemnización de casi 22 millones por las obras ejecutadas y los daños y perjuicios. La solicitud fue desestimada en julio de 2011 por el pleno de la corporación sureña, en un acuerdo que sería ratificado tres años después, en primera instancia, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC. 

La empresa concesionaria recurrió la sentencia del alto tribunal canario y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aceptó entonces someter el litigio a un proyecto piloto de mediación intrajudicial. La primera reunión para tratar esta vía de solución se celebró el 19 de mayo de 2015, apenas unos días antes de las elecciones municipales en las que el PP revalidó la mayoría absoluta en la localidad turística. Cuatro meses después, en septiembre, las partes llegaron a un acuerdo. El dictamen técnico encargado por Parking Maspalomas estimó que la indemnización debía ascender a 20,86 millones de euros, mientras que el informe de los servicios municipales lo cifró en 16,58 millones. La adjudicataria reconocía, además, una deuda de algo más de 900.000 euros con el Consistorio sureño por impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y de la tasa de basura. A través del mediador designado para este fin, la indemnización quedó fijada finalmente en 12,5 millones de euros, quedando saldada la deuda de la explotadora. El acuerdo fue ratificado por el pleno y, posteriormente, aprobado y homologado por la justicia. El Ayuntamiento se comprometía a satisfacer esa cantidad antes del 30 de junio de 2016. 

Parking Maspalomas no percibió esa indemnización en su integridad. Y es que en el momento de la resolución del contrato, la empresa debía 3,1 millones de euros al BBVA, la entidad con la que había firmado en septiembre de 2009 un préstamo por un capital inicial de 3,6 millones para el edificio de aparcamientos. El banco acabó presentando una demanda de ejecución hipotecaria por los impagos de la adjudicataria e, incluso había solicitado la subasta de la concesión, a la que aspiraba a concurrir como licitador. Esos 3,1 millones de euros fueron abonados al BBVA directamente por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y descontados de la cifra pactada con Parking Maspalomas en el acuerdo de mediación. 

Los pliegos del concurso fijaban, además, la obligación para el adjudicatario de satisfacer puntualmente el abono de un canon por utilización de dominio público, tanto por las plazas reservadas para los residentes y de uso laboral como para las de rotación. La falta de pago era considerada una infracción muy grave y podía ser sancionada con multas y la posibilidad de declarar la caducidad de la concesión. El servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana informó de que no se había producido ningún ingreso por ese concepto a partir de 2014. En el acuerdo de mediación se reservó la cantidad de 1,24 millones de euros para cubrir las liquidaciones pendientes, pero en ese documento no se detallaban los cálculos que justificaran esa cuantía, "pudiendo, como consecuencia, haberse producido una minoración de los derechos de cobro de la hacienda local", detallaba el informe.

El acuerdo de mediación fue objeto de fiscalización en el informe de 2019 del Tribunal de Cuentas por haberse adoptado sin el trámite de fiscalización previa y con reparos de la interventora municipal, Noemí Naya. La funcionaria con habilitación estatal había detectado varias irregularidades en el proceso. Con respecto a la aprobación plenaria, puso de manifiesto que el gasto se había acordado sin que se contara, en aquel momento, con crédito presupuestario, así como otras cuestiones procedimentales que fueron posteriormente solventadas. Además, se opuso a la resolución que ordenó el pago por tres motivos. En primer lugar, porque en el acuerdo no se había hecho constar que la hipoteca estaba en fase de ejecución ni que existiera una reclamación judicial de la deuda anterior a la firma. Tampoco se había justificado el cálculo de la valoración de la deuda ni se había incluido el montante que la concesionaria habría tenido que satisfacer al Ayuntamiento por el canon previsto en el pliego. 

Todos esos reparos fueron levantados por el alcalde, Marco Aurelio Pérez, que en el pleno defendió el acuerdo de mediación en una doble vertiente. Por un lado, y a pesar de haber obtenido una sentencia favorable en primera instancia, el regidor sostuvo que ese pacto evitaba la posibilidad de que el Tribunal Supremo aceptara el recurso de la empresa y el Ayuntamiento tuviera que asumir un pago que resultara más gravoso para las arcas municipales que el pactado. Además, el líder local del PP argumentaba que existía la posibilidad de invertir el superávit presupuestario de ese ejercicio para "recuperar una edificación avocada al abandono" y volver a sacarla a concurso público "añadiéndole un valor económico" que concretaba en la galería comercial que el Plan de Modernización y Mejora de San Bartolomé de Tirajana había previsto para ese suelo, de manera que permitía "recaudar mucho más dinero". 

A ese acuerdo de mediación se opusieron dos de los tres grupos de la oposición, Nueva Canarias y Compromiso por San Bartolomé (el PSOE se abstuvo). Argumentaban que no se había acreditado el interés general de esa operación ni se había solicitado el preceptivo informe previo de intervención, ni se había motivado el acuerdo. Además, acusaban al regidor de haber cerrado el pacto por temor a perder en los juzgados pesa a haber ganado en primera instancia.  

El Tribunal de Cuentas dio 30 días hábiles de plazo al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (el escrito está fechado el 29 de abril) para aportar la documentación requerida y, entre otras cuestiones, aclarar el motivo de la cancelación de la hipoteca, "cuando en el acuerdo de mediación aprobado no constaba"; qué importes fueron descontados de la indemnización de 12,5 millones de euros, por qué conceptos y razones, o cuánto dinero debía haber pagado la empresa por el canon y el motivo por el que el Ayuntamiento no lo reclamó, además de si se han retenido los 1,24 millones previstos para cubrir las liquidaciones pendientes. 

También insta al Consistorio sureño a identificar a las personas que intervinieron en la ejecución y control presupuestario de los hechos denunciados: la junta de Gobierno, el alcalde y los responsables de la Intervención, la Tesorería y la jefatura del servicio de Patrimonio. 

A pesar del acuerdo, la empresa concesionaria siguió explotando el aparcamiento tres años más. En septiembre de 2017 se constituyó una comisión municipal de estudio que cinco meses después concluyó, por unanimidad de los grupos, que el mejor modelo para el interés general era la gestión directa del servicio por parte de la Empresa Municipal de Recaudación de San Bartolomé de Tirajana (Emursa).

Marco Aurelio Pérez, ahora consejero del PP en el Cabildo de Gran Canaria, ha declinado hacer declaraciones con respecto al último escrito del Tribunal de Cuentas al no haber tenido acceso aún a él.

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