La Justicia pone en busca y captura al exjuez corrupto Salvador Alba

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha puesto este martes en busca y captura al exjuez corrupto Salvador Alba Mesa después de que el viernes no se presentara en ninguna cárcel española a cumplir la condena a seis años y medio que confirmó el Tribunal Supremo hace exactamente once meses.

En un auto notificado hoy a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aunque fechado ayer lunes, la Sala decreta “la busca, detención e ingreso en prisión” del condenado, “el cual será llamado por requisitorias que se remitirán a las fuerzas de Seguridad del Estado para su localización, detención e inmediato traslado al centro penitenciario más próximo para el cumplimiento de la pena impuesta por sentencia firme”. [[Actualización: el juez Salvador Alba ha entrado finalmente esta mañana en prisión]]

En otras dos resoluciones dadas a conocer este martes, el TSJC ha rechazado lo recogido en dos escritos presentados estos últimos días por la defensa de Salvador Alba Mesa. En concreto, la formulación de un nuevo incidente de recusación contra el presidente del tribunal, Juan Luis Lorenzo Bragado, al que ya había recusado en junio sin éxito, y una petición de aclaración del auto del pasado jueves en el que se le otorgaba un día de plazo para ingresar en prisión, límite que se venció el viernes y que Alba incumplió.

Su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo, ha declarado estos días a distintos medios de comunicación que el penado se presentará este martes a las 15.00 horas en alguna de las cinco prisiones peninsulares aptas para presidiarios especiales dedicados a la persecución del delito.

La condena de Salvador Alba adquirió firmeza el 17 de noviembre de 2021, después de que el Tribunal Supremo ratificara el fallo dictado dos años antes por el TSJC. Hasta la orden de busca y captura dictada este martes han transcurrido, por tanto, 335 días, once meses. Alba, que ejercía en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, fue condenado por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial, “los más graves que puede cometer un juez” en el ejercicio de sus funciones, como han reiterado diversas resoluciones judiciales.

Según los hechos probados de esa sentencia, Alba utilizó un procedimiento judicial que instruía, en sustitución de Victoria Rosell, en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria para tratar de perjudicar la carrera política y profesional de la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que había pedido la excedencia para presentarse a las elecciones de 2015 como independiente en las listas de Podemos por la provincia de Las Palmas. Los informes falsos que el exjuez remitió al Supremo fueron claves para que el alto tribunal admitiera a trámite la querella que contra Rosell había presentado José Manuel Soria, que en aquellas fechas presidía el Partido Popular (PP) en Canarias, era ministro de Industria, Energía y Turismo y rivalizaba con ella en los comicios.

Alba fue apartado provisionalmente de la judicatura en julio de 2018, cuando se decretó contra él el auto de apertura de juicio oral. La vista se celebró un año después. Después de que la condena fuera firme -noviembre de 2021-, el TSJC dio al penado a principios de febrero diez días para su ingreso voluntario en prisión. Sin embargo, un día antes de que se cumpliera este plazo, su abogado, Nicolás González-Cuéllar, presentó un escrito en el que solicitaba la suspensión de la pena alegando que el exjuez padecía una enfermedad grave e incurable, incompatible con su ingreso en prisión.

Ese requerimiento de suspensión no fue definitivamente sino hasta el pasado jueves. Entre medias, tres informes de médicas forenses dictaminaron que las dolencias de Alba no suponían ningún impedimento para su ingreso en la cárcel. Además, el exmagistrado intentó apartar de la sala de ejecución de sentencia al presidente del TSJC por contestar en el Parlamento de Canarias una pregunta de un diputado de Sí Podemos. El tribunal canario tardó más de cuatro meses en resolver definitivamente este incidente de recusación, que se mezcló con otro contra la jueza Gloria Poyatos.

Su última maniobra, en cambio, ha sido rápidamente contestada. El abogado de Alba firmaba el domingo un segundo incidente de recusación contra el presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado, aludiendo a unos mensajes de Rosell en Twitter. El tribunal canario ha determinado que esa solicitud de Alba no solo es extemporánea, sino que, además, es “claramente temeraria” porque parte de unos mensajes “en los que ni siquiera se menciona al recusado”.

La defensa también alegaba que solo transcurrió un minuto desde que la Sala de lo Penal rechazó el primer incidente hasta que dictó el auto que le daba un día para ingresar en prisión y que, por tanto, era “materialmente imposible una deliberación, votación y fallo” en este lapso. El TSJC dice que Alba confunde las horas de descarga con las horas de firma. La primera diligencia se descargó a las 12.45 horas, casi una hora antes que se notificara el auto con el plazo para la entrada en la cárcel.