Barcelona, Bilbao, Valencia o Sevilla no exigen empadronamiento como Madrid para el descuento del abono transporte
Desde este lunes, Madrid se ha convertido en la única gran ciudad española, con sistema metropolitano de transportes, que impide a los no empadronados sacarse un abono de transportes mensual. El decreto publicado el pasado viernes sin previo aviso convierte a la región madrileña en la única excepción en unos sistemas de transporte público que normalmente solo exigen la residencia legal en España como único requisito para acceder a sus descuentos.
Barcelona, donde el sistema tarifario lo decide una comunidad gobernada por los socialistas, cuenta con un abono de transportes muy similar al de Madrid, la T-mobilitat, una tarjeta que puede ser nominativa -asociada a un nombre, personal e intransferible- que permite viajar por todo el área metropolitana. La modalidad de 30 días es la T-usual y conlleva importantes ahorros para los abonados con respecto al título de viaje ordinario. Para obtenerla solo es necesario presentar el DNI o el NIE. El precio de expedición es de 4,50 euros (un euro, si se hace online) al que hay que añadir el coste de cada zona.
Los Transportes Metropolitanos de Barcelona también cuentan con otras tarjetas de descuento que no exigen empadronamiento, como la que pueden usar los menores de 16 años para viajar gratis en estos medios de transporte y que se obtiene de la misma forma que la T-usual, aunque en este caso ha de estar autorizada por los progenitores del menor.
En Valencia, donde gobierna el PP, las dos modalidades de abono mensual solo exigen residencia en el territorio nacional. Las posibilidades son la tarjeta SUMA mensual personalizada y la Móbilis30, con precios especiales para menores de 31 años. “Tendrán derecho a solicitarla todas las personas con nacionalidad española o extranjeras con residencia legal en España”, rezan las condiciones publicadas por la Comunidad Valenciana. Su precio de expedición es de 4,40 euros.
En Bilbao -con gobierno del PNV- funciona la tarjeta Barik para acceder a su red metropolitana de tansportes en toda Vizcaya. Para obtener su versión personalizada no es necesario el empadronamiento. Su expedición solo requiere la documentación de identificación y una fotografía. A partir de ahí se puede acceder a determinados descuentos como el de 50 o 70 viajes, y también el Bidai Oro, que sería el equivalente al abono mensual en Madrid, con 30 días de validez para trayectos ilimitados.
Existe una excepción en este régimen de tarifas cargadas en la Barik, el Gazte Oro, que equivale al abono joven y permite viajes ilimitados a menores de 26 años. En este caso se exige el empadronamiento en algún municipio de Vizcaya.
Sevilla tampoco restringe los beneficios de los abonos de transporte a sus residentes de forma general y el consorcio de transportes, ya que Tussam cuenta con un abono de 30 días personal, al que se puede acceder con tan solo presentar una fotografía y el DNI. Sí que exigen como en Bilbao la residencia en Sevilla capital para acceder a los descuentos especiales del abono joven o el que se aplica a las familias numerosas. En el caso de necesitar la tarjeta del Consorcio de Transporte Metropolitano Sevilla, las condiciones son las mismas aunque el empadronamiento exigido a jóvenes y familias numerosas es en toda Andalucía.
Una normativa del año 2011 que aprobó Aguirre y nunca aplicó
La Comunidad de Madrid publicó el cambio en las normas del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) el pasado viernes, sin previo aviso y con aplicación inmediata hasta este lunes. Cuando los medios preguntamos después por el origen de esta modificación, desde la Consejería de Transportes se remitieron a la ley que regula el propio CRTM y que indica literalmente que “sólo financiará, con cargo a sus recursos, abonos de transporte de usuarios residentes en la Comunidad de Madrid y en aquellas otras Comunidades Autónomas con las que se hubieran suscrito convenios”.
Esta normativa lleva años publicada. Entró en vigor el 1 de enero de 2012, con Esperanza Aguirre al frente del Gobierno regional, pero nunca llegó a aplicarse, ni por la propia Aguirre ni por el resto de presidentas y presidentes autonómicos que la sucedieron. Ayuso ha decidido aplicarla ahora en medio de una fuerte polémica.
La presidenta regional ha salido al paso de las críticas este lunes anunciando que buscará suscribir “acuerdos” con otras regiones, como indica el texto de la ley que puede hacer. Pero no ha indicado con qué comunidades autónomas aplicará estos descuentos ahora vetados.