Duelo europeo entre los bloques a favor y en contra de suavizar los objetivos de CO2 para la automoción

El futuro del automóvil europeo afronta una nueva pugna decisiva. La propuesta de la Comisión Europea para rebajar del 100% al 90% la reducción obligatoria de CO₂ en coches y furgonetas nuevos y la petición de más flexibilidad por parte del PP Europeo en el Parlamento han dibujado dos bloques claramente enfrentados entre los Estados miembros, en un pulso que mezcla política industrial, competitividad, seguridad energética y transición ecológica.

El enfrentamiento se escenificó en el Consejo de ministros de Medio Ambiente de la UE, donde la Comisión Europea defendió oficialmente su propuesta para revisar el reglamento que, en la práctica, prohíbe la venta de vehículos nuevos de combustión a partir de 2035. La reunión no debía concluir con un acuerdo, pero sí permitió medir el equilibrio de fuerzas antes de unas negociaciones que marcarán el futuro del automóvil europeo durante los próximos meses.

El borrador de cambio normativo elaborado por el eurodiputado italiano Massimiliano Salini, vicepresidente del PPE y ponente de la revisión legislativa en el Parlamento Europeo, va incluso más allá que la planteada por la Comisión y equipara los vehículos de combustión alimentados con combustibles sintéticos o biocarburantes a los eléctricos, al considerar que pueden alcanzar la neutralidad climática. Además, plantea reducir del 40% al 30% el objetivo de electrificación de las furgonetas para 2030, ampliar de tres a cinco años el periodo de evaluación del cumplimiento de los fabricantes y extender los llamados supercréditos para favorecer modelos pequeños y de bajas emisiones, incluidos los híbridos enchufables.

“Velocidad récord” de los eléctricos

El comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, intentó justificar la revisión apelando a un aparente contrasentido. Mientras las matriculaciones de coches eléctricos aceleran con fuerza en Europa, Bruselas considera necesario introducir mayor flexibilidad para que la industria complete la transición sin perder competitividad.

“Los vehículos eléctricos están empezando a dominar el mundo a velocidad récord”, aseguró Hoekstra, apoyándose en los datos publicados por el Consejo Internacional para el Transporte Limpio (ICCT). Según ese informe, la cuota de mercado de los eléctricos de batería alcanzó el 22% en mayo en la UE y, entre enero y mayo, se matricularon cerca de un millón de vehículos eléctricos puros. Francia lideró el crecimiento con un aumento del 93%, seguida de Italia (+85%), Alemania (+39%) y España (+34%).

El comisario atribuyó este impulso tanto al efecto de la regulación europea como al nuevo contexto geopolítico. La tensión en torno al estrecho de Ormuz y el encarecimiento de los combustibles fósiles, argumentó, han vuelto a poner de manifiesto la dependencia energética europea.

Sin embargo, la Comisión sostiene que precisamente esa transición debe realizarse sin poner en riesgo la competitividad industrial. Por ello propone rebajar del 100% al 90% el objetivo de reducción de emisiones previsto para 2035. Ese 10% restante podría compensarse mediante combustibles sintéticos o biocarburantes, acero europeo de bajas emisiones y otros mecanismos que permitirían mantener en el mercado determinadas tecnologías como los híbridos enchufables, los vehículos de autonomía extendida e incluso algunos motores de combustión alimentados con combustibles neutros en carbono.

España lidera el bloque contrario

La propuesta llega después de meses de intensa presión política e industrial. Desde finales de 2025, Bruselas trabaja sobre una revisión que ha contado con el respaldo del Partido Popular Europeo y de una parte importante de la industria automovilística, especialmente de los fabricantes alemanes.

Frente a ese movimiento ha ido tomando forma un bloque de países encabezado por España. Junto con Francia, Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia, el Gobierno español remitió hace semanas un mensaje claro a las instituciones europeas: cualquier relajación de los objetivos debe ser mínima y muy cuidadosamente diseñada.

Los siete países consideran que modificar continuamente las reglas del juego supondría “socavar la integridad y la previsibilidad” del marco regulatorio justo cuando las inversiones para electrificar la industria empiezan a materializarse. En su opinión, alterar ahora el rumbo enviaría una señal de incertidumbre a los fabricantes que ya han apostado por las baterías, los componentes eléctricos y las nuevas plataformas industriales.

Ese mismo argumento fue defendido por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. “La situación ha cambiado radicalmente en los últimos ocho meses. Todos hemos sido conscientes de la vulnerabilidad a la que estamos sometidos por los combustibles fósiles”, afirmó. Aagesen rechazó que sea “el momento adecuado para reducir los objetivos” y advirtió de que la industria ya obtuvo suficiente flexibilidad con las modificaciones aprobadas para el periodo 2025-2027.

En la misma línea se pronunciaron Francia, Luxemburgo, Dinamarca y Suecia. París reclamó no romper el impulso que está experimentando el vehículo eléctrico, mientras que la ministra sueca de Medio Ambiente, Romina Pourmokhtari, aseguró que precisamente la actual situación geopolítica refuerza la necesidad de acelerar la electrificación y mantener intactos los objetivos para 2035.

El otro bloque pide ir más lejos

En el lado opuesto se sitúan Alemania, Italia, Polonia, Chequia, Eslovaquia o Bulgaria, que consideran insuficiente la propuesta de Bruselas y reclaman una revisión todavía más profunda.

Alemania, principal productor europeo de automóviles, celebró la iniciativa de la Comisión, aunque pidió nuevas adaptaciones regulatorias, mayor reconocimiento para los combustibles sostenibles y una reducción de exigencias como el uso obligatorio de acero verde.

Italia defiende ampliar el espacio para los biocombustibles y los combustibles sintéticos por razones de diversificación energética y seguridad económica, mientras que Chequia reclama revisar también los objetivos intermedios de 2030 al advertir de que Europa corre el riesgo de convertirse en un mero mercado para vehículos importados.

Polonia insistió en la necesidad de introducir “más flexibilidad y más opciones” y reclamó que cualquier ventaja regulatoria beneficie únicamente a los vehículos realmente fabricados dentro de la Unión Europea.