La Fiscalía dice que Duro Felguera desplegó “un plan corruptor unitario” para hacer una planta termoeléctrica en Venezuela

Javier Lillo

21 de octubre de 2026 12:52 h

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El fiscal anticorrupción Juan José Rosa ha solicitado este miércoles al tribunal que decaigan todas las peticiones de nulidades que solicitaron las defensas en el primer día de juicio durante el turno de cuestiones previas en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la compañía Duro Felguera. Además, ha recalcado que la compañía si debe ser juzgada porque llevó a cabo “un plan corruptor unitario”. En esta vista se ventila si hubo pagos de sobornos a funcionarios venezolanos para que la empresa dedicada a la ingeniera de plantas de energía se adjudicara en Caracas la construcción de una central termoeléctrica.

Rosa ha sostenido, primeramente, que la comisión rogatoria que se dirigió durante la instrucción a Andorra, y que se tradujo en el envío de una ingente cantidad de documentos que luego sirvieron para sostener la acusación en este caso, fue completamente legal porque remitieron “lo que estimaron oportuno”. Para el fiscal, la comisión se tramitó conforme al convenio internacional que lo regula.

También ha pedido que se desestime la petición de la nulidad del delito de falsedad documental que solicitaron los exjerarcas venezolanos Nervis Villalobos y Javier Ochoa Alvarado indicando que no fue ninguna acusación sorpresiva por el mero hecho de que se conociera esa imputación en el auto de procesamiento.

En cuanto a la petición de que se anule la entrada y registro en Duro Felguera porque encontraba origen en la entrega de un pendrive con denuncia anónima en Anticorrupción, el fiscal ha negado que fallara la cadena de custodia y que el asunto ya fue despachado en recursos previos. Sobre si el asunto ya fue juzgado en Venezuela o en Andorra, el fiscal ha señalado que en esta causa no coinciden ni todos los investigados ni los delitos concretos.

Sobre la posible prescripción de los delitos respecto a la persona jurídica Duro Felguera, y sobre la alegación de que cuando se comete el presunto delito la empresa no podía ser penalmente responsable (porque la ley no había recogido aún esa figura penal) el fiscal tampoco ha dado la razón a las defensas. Ha explicado que, si bien sostiene Duro Felguera que el contrato que pesa es de 2008, la acusación en realidad se centra “en el plan corruptor unitario que tiene conductas que se ejecutan cuando sí es penalmente responsable en 2011”.

Por otro lado, ha recalcado que “no hubo oscurantismo” en este asunto por parte de los fiscales encargados, y que es habitual que lleguen denuncias anónimas a Anticorrupción o documentos a la Fiscalía General del Estado. “Es un vicio que tienen los ciudadanos de denunciar”, ha ironizado, ara luego señalar que no han hecho otra cosa que cumplir la ley.

Tras esta exposición, el magistrado presidente, Alfonso Guevara, ha admitido toda la prueba propuesta en las cuestiones previas y ha dejado para la sentencia la resolución de todas las nulidades solicitadas por las defensas.

Este miércoles también ha declarado uno de los investigadores de la UDEF que participó en la instrucción y ha confirmado las transferencias que llevaron a cabo entre los investigados para perfeccionar el supuesto soborno.

Fue un contrato de emergencia

Según el Ministerio Público, a través de diversos contratos los directivos de Duro Felguera Juan Carlos Torres Inclán (presidente) y Ángel Antonio del Valle Suárez (consejero delegado) entregaron varias cantidades de dinero y hasta los 105 millones de dólares al exviceministro venezolano Nervis Villalobos. Esos pagos se hicieron, presuntamente, a través de las sociedades interpuestas Terca e Ingespre. El objetivo era que Villalobos “usara su capacidad de influencia en la administración venezolana en beneficio de Duro Felguera”.

A preguntas de la defensa de Villalobos, el agente ha reconocido que no se investigó su la empresa intermedia Terca era un “cascarón” o si estaba capacitada para realizar actividades mercantiles en Venezuela. Y ha reseñado que el contrato para la construcción de la planta era de emergencia por la crisis energética y por tanto no era necesaria más concurrencia. Además, ha reseñado que desconoce si el ya fallecido presidente venezolano Hugo Chávez cobró algo por esa adjudicación.