César Alonso es un médico jubilado de 66 años. En agosto empezó a dolerle la pierna y su médico de cabecera le derivó al traumatólogo de manera “preferente”. A los dos días le llamaron del servicio de citas de la Comunidad de Madrid, pero para decirle que no le daban cita: “Me dijeron, literalmente, que no había lista de espera disponible, que ya me avisarían cuando se abriera”. Es decir, las agendas médicas se habían cerrado y le dijeron que todavía no había entrado en el sistema oficial que recoge cuánto espera cada persona en la región para ser tratado. César no contaba para el sistema porque el contador no se activa hasta que la cita se da. Su caso no es único.

En 2025 se contabilizaron 366.603 pruebas y visitas a especialistas que, habiendo sido ordenadas, no obtuvieron el volante, formando así una bolsa de pacientes oculta en los registros de la Comunidad de Madrid, que publica en abierto solo las esperas una vez la cita se ha dado (es más o menos coincidente con el número de pacientes, pero un mismo paciente puede estar en la lista de espera de pruebas diagnósticas y de especialista, por ejemplo).

Esas demoras de los pacientes “sin cita” solo se pueden obtener revisando año a año las memorias del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), ya que la web del Gobierno de Ayuso no los contabiliza junto al resto. También figura en los datos que Madrid aporta al Ministerio de Sanidad, pero sin desglosar. Por eso la Consejería considera, a preguntas de elDiario.es, que no se puede calificar de “lista oculta”.

Estos pacientes sin cita se han quintuplicado desde 2023, el año en el que Ayuso ganó por mayoría absoluta. De 71.755 pruebas y visitas sin citar entonces se ha pasado a 366.603 en 2025, año con los últimos datos disponibles. Destacan especialmente (para mal) las especialidades de traumatología y ginecología.

El activista por la sanidad pública Óscar Hernández visualizó hace unos meses los datos de quienes no tienen un volante con fecha: “Lo de traumatología es un ejemplo significativo. Los pacientes atrapados en este limbo sin cita se han multiplicado por 22 en los últimos dos años”, explica.

“Estas dos especialidades, trauma y ginecología, son precisamente las que cuentan con más asistencia a la privada. Hay que preguntarse por qué”, señala José Manuel Freire, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad y exdiputado del PSOE en la Asamblea. Este experto en gestión sanitaria apunta a los riesgos asociados a un sistema que te hace esperar meses o años. “En Madrid han aumentado mucho los seguros privados, lo cual deslegitima lo público. La gente se pregunta para qué pago impuestos si luego tengo que pagar una póliza para que me vea el médico en un tiempo razonable”. César lo sabe bien: “Mi caso ha sido calificado como preferente y ni siquiera me citaron. De hecho, ahora tengo síntomas neurológicos, como hormigueo”. Hace una semana le ofrecieron finalmente una visita para el 29 de octubre. Pero del año 2027.

Según Sanidad, “el aumento responde a la adecuación de la actividad tras la pandemia: el Sermas ha recuperado y superado su actividad previa —13,7 millones de consultas en 2025, frente a 13,5 millones en 2019— para atender a una población que ha crecido en más de 440.000 personas desde 2020” y destaca que los “sin cita” no son un grupo homogéneo, ya que también hay reprogramaciones o derivaciones según prioridad.

Respecto a las pruebas médicas con más atasco y con más pacientes esperando sin siquiera tener fecha están las resonancias magnéticas (más de 42.000 “sin cita”) y las ecografías (casi 30.000 en 2025). También hay esperas de volante de derivación en mamografías: de las 20.000 pendientes de hacer el año pasado, casi la mitad era de mujeres que ni siquiera habían sido citadas.

elDiario.es ha hecho un análisis de datos sumando en una lista el total de personas esperando (con cita y sin cita). En 2025 había más de 1,4 millones de personas aguardando operación, pruebas o que le visitara un médico especialista. Esta última es la bolsa de espera más alta, con casi un millón de personas.

Pese a que el Gobierno de Ayuso saca pecho en algunos indicadores de demora de especialidades concretas o usando medias globales, la realidad es que desde 2017, y especialmente desde la pandemia de 2020 (el primer gobierno de la presidenta se inició en 2019), han empeorado especialmente los indicadores de la lista de espera para el especialista: se ha duplicado el número de pacientes en espera (+92%), la demora media ha subido un 86% y los pacientes que aguardan más de tres meses para ver al especialista se han incrementado un 321%.

La población de la región ha aumentado en más de 600.000 personas en ese tiempo. Mientras, el dinero destinado a personal sanitario se contiene cada año, incluso se presupuesta de manera tan escasa que no da para pagar las plantillas y hay que hacer constantes parches, como admitía la propia consejería de Sanidad en un documento interno que publicó elDiario.es. Las pruebas diagnósticas es el único indicador que ha bajado mínimamente en ese periodo (en 23.000 personas respecto al año anterior, aunque son casi 300.000 pruebas a la espera).

La Comunidad de Madrid, que en julio aseguró en una comunicación oficial que había reducido las listas de espera en el primer semestre de 2026, también utiliza la derivación a los hospitales públicos de gestión privada para reducir las demoras. A muchos pacientes se les ofrece como alternativa que acudan a hospitales de Quirón (hay cuatro en la región, entre ellos la Jiménez Díaz) o Ribera Salud (el de Torrejón), que pueden contratar o ampliar horario sin tener que cumplir con las estrictas normas del sistema público. Se ha llegado a citar a pacientes de madrugada.

Si el paciente no acepta porque quiere seguir en su hospital de referencia público se contabiliza como “rechazo de derivación”. Quienes no pueden ser operados por cualquier motivo (por ejemplo, están convalecientes de otra operación) se contabilizan como “transitoriamente no operable”. La lista de espera quirúrgica los suma a todos (no pasa lo mismo en pruebas y especialista, que se desagregan, lo que impide tener una visión global del problema).

Cuando las esperas son muy largas, también hay pacientes que deciden cambiarse de hospital desde el público a alguno de estos privatizados, gracias a la ley de libre elección que instauró Esperanza Aguirre y que convierte al paciente en un posible cliente para empresas con interés en captar desde la pública: “En traumatología, decenas de miles de pacientes salen del Ramón y Cajal (-7.809), 12 de octubre (-7.920) o La Paz (-8.018) y son absorbidos por hospitales de Quirón, como la Fundación Jiménez Díaz (+38.247), Rey Juan Carlos de Móstoles (+18.252) o Villalba (+9.363)”, explica Hernández.

La libre elección de primeras consultas en 2024 era de 11% y en 2025, a falta de que se publiquen todos los datos, al menos de 12,2%. La ganancia está en que los hospitales privatizados cobran al Servicio Madrileño de Salud por cada paciente extra que atienden de fuera de su zona de influencia, de manera que las largas listas de espera en la pública son una oportunidad de negocio para estos gigantes sanitarios. También para los seguros privados, que han crecido exponencialmente en esta región (cuatro de cada diez madrileños paga ya póliza privada).

“En los hospitales se cierran las agendas y así tu volante se mete en un cajón hasta que se abren agendas de nuevo. ¿Por qué? Así se controla la lista de espera, se engrosa o reduce. Cuando te llaman, te ofrecen el hospital público y luego muchas veces te ofrecen en Quirón más pronto”, resume Ana Encinas, testigo de los procesos como médico de Atención Primaria en Madrid y defensora de la sanidad pública en distintas plataformas. La portavoz de Sanidad de Más Madrid, Marta Carmona, explica que el Gobierno de Ayuso saca pecho de algunas cifras porque maquilla datos: “La actividad de poca complejidad es muy rápida y sale adelante también por la libre elección, pero hay otra lista de espera muy larga. Si yo me como dos pollos y tú ninguno, la media dirá que nos hemos comido un pollo por persona, pero no es así”, resume como metáfora del conteo de esperas en Madrid.

“Pero el gobierno regional sabe perfectamente cuál es la espera real, como también lo saben los médicos por el sistema interno, lo que pasa es que han diseñado una serie de buzones distintos donde meten a distintos pacientes para que los datos den mejor imagen”, explica Carmona.

El Ministerio de Sanidad anunció en junio un real decreto que unificaría los criterios y datos que aparecen en las listas de espera de todas las comunidades autónomas para evitar diversidad de datos, con la intención de tener una radiografía clara y con criterios técnicos que diera una imagen fiel en cada territorio. Los consejeros autonómicos no pusieron grandes pegas en asumir criterios uniformes al inicio, pero el pasado viernes acabaron por votar en contra las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha explicado a este medio que se está trabajando en reducir las esperas con “la priorización clínica de las derivaciones, adecuación de la citación a quienes más tiempo llevan pendientes a misma prioridad clínica, codificación del motivo de cada solicitud, derivación a centros con menor demora” o las consultas telemáticas, una nueva apuesta que ha crecido un 800%, según datos de la propia Sanidad.

César Alonso, que ha sido médico y ahora paciente por su dolor en la pierna, sigue esperando a ver si le adelantan la cita, mientras que se ha pagado un fisio por su cuenta. Cuando le vean su dolencia “preferente”, en 2027, es muy probable que ya no le duela o que se haya buscado una solución de pago, aunque por el momento no quiere pasar a los hospitales privatizados de Quirón o Ribera si se lo ofrecen, cuenta a elDiario.es. “Me parece increíble y un descontrol que Madrid tenga miles de pacientes, algunos más graves que yo, sin control, esperando a ser atendidos o a tener una cita sin que nadie se interese por si han mejorado o empeorado”, concluye.

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A un mes de la celebración de las elecciones generales, el PP se mantiene como la fuerza más votada y sería capaz de hacerse con la mayoría absoluta del Congreso con la suma de la extrema derecha de Vox. Según una encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es, el PP obtendría el 31,1% de las papeletas, tres puntos y medio más que el PSOE (27,6%), con un Vox en auge como tercera fuerza (19,8%). Con todo, se estrecha en casi un punto la distancia entre los bloques: en la encuesta anterior la suma de apoyos a la derecha superaba en 14,6 puntos a la izquierda y ahora la diferencia es de un 13,8.

Aunque el PP sería el ganador de las elecciones, su líder, Alberto Núñez Feijóo, recibiría dos puntos menos de apoyo que en la encuesta de hace tres semanas —cuando llegó al 33,2%— y que en 2023, cuando introdujo la papeleta del PP en la urna el 33,1% de los españoles. El PSOE sufriría un retroceso de cuatro puntos con respecto a sus datos de hace tres años, cuando logró el 31,7% de los votos, pero mejora una décima sobre el anterior sondeo. Por el contrario, a la extrema derecha de Santiago Abascal no le pasan factura sus últimas decisiones en los gobiernos autonómicos y su intención de voto asciende hasta el 19,8%, seis décimas más que en la encuesta previa y siete puntos por encima de las pasadas elecciones.

La encuesta se realizó entre el 20 y el 22 de octubre, tras confirmarse el fracaso de las negociaciones entre Frente Amplio y Podemos, que solo irán juntos en Canarias y la Comunitat Valenciana. Según el sondeo de Ateneo del Dato, en este momento el Frente Amplio de Ada Colau obtendría el apoyo del 6,8% y Podemos, encabezado por Irene Montero, del 2,7%. En total, el 9,5% de los apoyos frente al 10,3% del sondeo previo —con Sumar en un 7% y Podemos, en un 3,3%— y lejos del 12,3% que se alcanzó en 2023, cuando acudieron a las urnas en una candidatura conjunta. Si se mira por bloques, PSOE, Frente Amplio y Podemos se harían con un 37,1% de las papeletas, lejos del 50,9% que el PP lograría junto a Vox.

A la hora de interpretar los datos de la izquierda alternativa hay que tener en cuenta que dentro de la estimación de voto a Frente Amplio también están los apoyos de la coalición en la Comunitat Valenciana (Compromís-Front Valencià, donde junto a la formación valencianista e IU también está Podemos) y en Canarias (Unión del Pueblo Canario, Nueva Canarias, Podemos, IU y Movimiento Sumar). Igualmente, Podemos se presenta en Catalunya dentro de las listas de ERC y este apoyo no está incluido en el porcentaje de voto de los morados de este sondeo.

Un 19% de los encuestados que votó a Feijóo ahora apoya a Vox

Las transferencias de voto pueden convertirse en uno de los factores que determinen el resultado de las elecciones del 29 de noviembre. ¿Cuántos votantes de Sánchez en 2023 se mantendrán fieles? ¿Cuántas papeletas robará Vox al PP? ¿Cuántos votos de Sumar se retendrán en Frente Amplio y Podemos? Según la encuesta de Ateneo del Dato, más del 19% de los votantes del Feijóo en 2023 se decantarán ahora por Abascal. No ocurre a la inversa: solo un 5% de los electores de Vox cambiarán su apoyo al PP.

Los votantes de Sumar de hace tres años (cuando se presentaron junto a Podemos) se encontrarán papeletas distintas en la gran mayoría de los territorios en esta ocasión. Según el sondeo, casi un 40% se decantará por Frente Amplio, pero un 17,7% cambiará su papeleta por la de los socialistas y un 14,2% votará a Podemos.

Casi todos los líderes suspenden en valoración

Entre los candidatos a las elecciones de 2026, el más valorado es el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, con una distancia holgada frente al resto. Más del 52% de los sondeados tienen una opinión buena o muy buena de Rufián. El siguiente en la lista es Pedro Sánchez, a quien un 39,9% de los ciudadanos valora de forma positiva, pero que suma más votos negativos: un 57,7% tiene una opinión mala o muy mala.

Abascal y Feijóo tienen un número similar de defensores y detractores: en torno al 39% los ve con buenos ojos y un 56% tiene una opinión mala o muy mala. Las candidatas de la izquierda son las menos valoradas, según el sondeo de Ateneo del Dato: solo un 29,2% de los encuestados mantiene una opinión buena o muy buena de Ada Colau y un 24,3% de Irene Montero.

Uno de cada cinco votantes busca evitar que otro partido llegue a gobernar

En estas elecciones uno de cada cinco electores va a ir a las urnas con la idea en mente de que sirva para evitar que otro partido llegue a gobernar. Ocurre, sobre todo, en el caso de quienes votaron a Sumar en 2023: el 33% de ellos saldrá de casa el domingo 29 de noviembre a votar con el objetivo de que la derecha no pueda formar Ejecutivo.

La mayor parte de los electores quiere como presidente del Gobierno al candidato del partido al que votó en 2023, con algunas excepciones. Entre los votantes de Sumar en 2023, un 39% prefiere al líder de ERC, Gabriel Rufián, como el futuro presidente del Ejecutivo, mientras que un 16% quiere que sea Pedro Sánchez. Un 13% preferiría que fuera Irene Montero la presidenta y un 10% aboga por Ada Colau.

Ocurre también, pero en menor medida, con una parte de los votantes del PSOE. Aunque el 58% quiere que Sánchez reedite su puesto, hay un 15% que preferiría a Rufián como presidente. El 69% de los partidarios del PP en 2023 respaldan al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, pero un 18% querría ver a Santiago Abascal como presidente del Gobierno en su lugar. Los más fieles son los votantes de la extrema derecha hace tres años, que en un 84% apoyan a Abascal para dirigir el país.

La confirmación por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que España será en 2026, por tercer año consecutivo, la economía avanzada que más crezca, por encima de Estados Unidos, lanzó a los economistas más críticos con el Gobierno y aquellos que se denominan neoliberales a buscar la otra cara de esa buena noticia. Si bien el producto interior bruto (PIB) de España crecerá entre el 2,5 y el 2,6%, según todos los observadores, el incremento de la población –por tanto, la migración– difumina ese avance en términos per cápita. Dos por uno en argumentación para la derecha: ni el crecimiento del que hace gala el Gobierno de coalición es tan bueno y, además, los intensos flujos migratorios solo sirven para inflarlo.

El economista Daniel Lacalle, el antiguo gurú de Pablo Casado en el PP que preconizó un paro del 35% tras la pandemia y que ahora es fan del argentino Javier Milei –esta semana fue su presentador en su fugaz visita a Madrid–, trató de desmontar la buena noticia de la revisión del FMI a través de un mensaje en la red social X (antes Twitter): “¿Podría usted leerse el informe que cita?”, dijo, en respuesta a un tuit del presidente Pedro Sánchez. Para el neoliberal, el FMI “certifica el fracaso de dopar el PIB con inmigración y gasto público” y adjuntaba unas capturas del documento que, a su juicio, muestran un “PIB per cápita estancado”, “igual que la media de una eurozona estancada y peor que Italia” y, según la previsión, “por debajo de la media de la eurozona en 2027”.

En realidad, las previsiones de la evolución del PIB per cápita –una métrica que surge de la división del total de la economía entre el total de la población– a lo que apuntan es a un crecimiento sólido para los dos próximos ejercicios (1,5% y 0,8%, respectivamente) y la propia tabla que adjunta Lacalle desmonta su argumento.

Entre 2008 y 2017, el PIB per cápita español avanzó de media un 0,1% al año. Entre 2018 y 2027, la proyección es que lo haga un 1% en promedio anual. Diez veces más que en el periodo anterior y muy por encima de Alemania (0,4%), Francia (0,7%), Japón (0,8%), Reino Unido (0,5%) o Canadá (0,6%).

Una imposibilidad matemática

El de Lacalle es el mismo discurso que este viernes utilizaba el nuevo gurú económico de Feijóo, Alberto Nadal, que en una entrevista en La Tribuna de Toledo insistía en que el PIB crece porque “porque entra medio millón de personas todos los años y esas personas trabajan en algo, consumen y hacen la economía más grande”. “Crece la cifra global, pero no crece la economía de cada español”, dice.

El relato que busca aquilatar la idea de que España crece “al peso” o solo mediante la incorporación de población, tras años de flujos migratorios impresionantes, se desmonta en cuanto se revisan los datos. “Es factualmente y matemáticamente incompatible argumentar que el crecimiento es extensivo, como si simplemente estuviéramos incrementando el tamaño de la economía con personas”, apunta el economista Luis Gómez. Esto es así, porque la propia fórmula aritmética arrojaría un recorte del PIB per cápita si solo aumentara la economía por el avance de la población.

El investigador, que durante años trabajó en la Oficina Económica de La Moncloa, propone el “experimento” de plantearse qué habría pasado si en plena Gran Recesión se hubiera sumado a dos millones de personas en la economía española. “Meter un millón de migrantes en una economía que está en desplome no aumenta su tamaño ni ejerce de motor económico. No se puede decir que la economía crece porque hay migrantes, la economía avanza y eso atrae migrantes, lo que aumenta la potencia del crecimiento”, señala.

Para el director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres, la simple incorporación de gente tampoco es suficiente para espolear el crecimiento, sino que “hace falta que los sectores que reciben esa población sean competitivos, que estén en condiciones de contratar y se vean favorecidos por un incremento de la demanda agregada”. “La historia del crecimiento económico español es una combinación de una situación del sector privado favorable y de recibir suficiente población activa para poder aprovechar esa situación competitiva y financiera favorable”, subraya.

De acuerdo con los cálculos de Funcas, el aumento de población per se ha supuesto un 47% del crecimiento del PIB acumulado entre 2022 y 2025, lo que ha permitido la expansión de sectores como la construcción, el turismo o los servicios que sencillamente no podrían haberlo hecho sin el incremento de la mano de obra, fundamentalmente migrante.

En la última actualización de las previsiones del centro de estudios de las cajas de ahorro, hace apenas una semana, Funcas advirtió que uno de los escenarios que más amenazaba al crecimiento de la economía española –“muy dependiente de la incorporación de mano de obra”–, era precisamente una ralentización en la llegada de población hasta 2030.

“Si, por ejemplo, la población activa volviera a crecer al mismo ritmo que en el periodo 2015-2019, es decir, un 0,4% anual (la mitad que en el escenario central), el avance del PIB sería menor, lo cual también agravaría la senda presupuestaria. Concretamente en este escenario de demografía desfavorable, el crecimiento de la economía descendería hasta el 1,5%, y la deuda pública seguiría una pendiente ascendente hasta alcanzar el 97,8% del PIB en 2030”, recoge el informe.

Ahora bien, ni siquiera este avance del PIB espoleado por la población es algo nuevo. Un estudio del Banco de España publicado a finales del año pasado cifraba que la contribución del aumento de la población extranjera al crecimiento del PIB per cápita había sido, en los últimos años, “simular, en términos relativos, a la estimada en otras fases previas” pero con el aliciente de que ahora la “asimilación” de la población extranjera, la formación y su distribución por sectores es mejor que en otros periodos.

En concreto, el Banco de España apuntaba que si el PIB per cápita había avanzado de media un 2,9% entre 2022 y 2024, entre 0,4 y 0,7 puntos se debían a la aportación de la población extranjera. Como se ve en el gráfico bajo estas líneas, la contribución nacional es superior y solo ha restado –como en el caso de la extranjera– durante los años de la Gran Recesión.

Una medida de bienestar incompleta

Pero, ¿por qué esa obsesión por el PIB per cápita de algunos sectores? Entre otras, para tratar de explicar esa ‘brecha’ que existe entre los buenos datos de la macroeconomía y los menos buenos datos de la microeconomía, del día a día de quien va a hacer la compra al supermercado. El PIB per cápita muestra, según esta interpretación, que esa riqueza no se está trasladando al mismo ritmo a cada uno de los españoles. A pesar de que todos los indicadores muestren lo contrario.

“Lo que se ve ahora mismo es que el PIB ha crecido el 12% desde 2019 y el PIB per cápita alrededor de un 6%”, explica el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso. Para Cardoso, esto es un indicador de que el avance de los últimos años se ha basado en un aumento del empleo, pero no tanto en materia de productividad ni de la inversión, otro de los componentes fundamentales para el futuro de la economía. “Básicamente, lo que hemos hecho es contratar más gente y el resultado de eso, por diversos motivos, es que la productividad se ha estancado, quizá porque estamos creciendo más en sectores de baja productividad. O quizá por un efecto composición de las personas que llegan”, apunta.

Pero el economista Gómez sostiene que, más allá del aporte que implica a la economía la migración –mano de obra, más consumo, inversión…–, el hecho de que el PIB per cápita de la economía española siga creciendo ‘a pesar’ del incremento poblacional tiene mucho que ver con un incipiente cambio de modelo productivo.

“El ‘reinicio’ de la economía pospandemia se lleva a cabo con políticas que hacen que los nuevos motores del crecimiento estén más equilibrados y, junto con el desarrollo de las energías verdes, han creado los mimbres de un nuevo modelo mucho más orientado al valor añadido que, cuando se pone en marcha, genera un efecto de atracción de inmigración y se retroalimenta”, defiende.

Volviendo al tuit de Lacalle, que criticaba que Italia con menos crecimiento está teniendo un avance más destacado del PIB per cápita, eso solo se explica por una razón: lleva años perdiendo población. Una crisis demográfica que, a pesar de la mejora de sus ratios por persona, anticipa un grave problema económico.

Eso no sucede solo fuera de nuestras fronteras. “En las comunidades autónomas donde más está creciendo el PIB es donde menos crece per cápita, como la Comunidad Valenciana o Baleares, mientras que son aquellas regiones que no están logrando atraer inmigración, como Asturias, Galicia o Extremadura, donde más crece el PIB per cápita”, detalla Cardoso, de BBVA Research, algo que se puede comprobar en la siguiente tabla.

“Mi impresión es que hacia delante, va a ser al revés: en un entorno donde estemos perdiendo población, dudo que se vaya a considerar como algo positivo aunque el PIB per cápita crezca”, apunta el economista de BBVA Research.

Por eso el hecho de que España atraiga personas, a pesar de que eso pueda acelerar desequilibrios en mercados como el de la vivienda, es positivo y habla bien de la economía: “Es un buen síntoma, es un país en el que ven oportunidades. También se han duplicado las personas que estudian y trabajan a la vez porque ven posibilidades de progreso. Se están ofreciendo perspectivas de futuro a personas que en otros lugares del mundo no los tienen”, zanja Gómez.

Tras una semana convulsa de negociaciones en la izquierda alternativa que remataron sin acuerdo salvo en la Comunitat Valenciana y Canarias, las encuestas mantienen la ventaja de PP y Vox sobre PSOE, Sumar y Podemos en unos 15 puntos. El promedio de sondeos de elDiario.es coloca al PP como primer partido, con el 32,1% de los votos, seguido de PSOE (26,3%), Vox (18,6%), Frente Amplio (5,4%) y Podemos (2,9%), a los que se suma el 1,3% de Compromís-Front Valencià, donde están Compromís, Podem, Esquerra Unida y Esquerra Republicana del País Valencià.

Aunque los sondeos apenas se han movido desde la convocatoria electoral, las tendencias son claras desde los comicios de 2023. El PSOE ha caído entre 5 y 6 puntos desde aquellas elecciones y los partidos a su izquierda tampoco han recogido nada de ese voto socialista perdido. La suma de Frente Amplio, Podemos y sus marcas conjuntas está casi tres puntos por debajo de los comicios del 23J, cuando lograron superaron el 12% de las papeletas.

Para aprovechar las encuestas anteriores a las coaliciones en Canarias y Comunitat Valenciana, que preguntaban por separado por Sumar y Podemos, las traducimos al nuevo reparto: según el resultado de 2023, el 16% del voto de Sumar y el 9% del de Podemos estaban en la Comunitat Valenciana. Esa parte pasa a Compromís-Front Valencià y el resto se queda en el Frente Amplio y en Podemos. Las encuestas no dan aparte la candidatura canaria, así que en el promedio su voto sigue dentro del Frente Amplio y de Podemos.

El giro a la derecha (un fenómeno que se ha repetido casi todas las elecciones que se han celebrado desde 2023) es claro. Aunque el PP se queda casi igual que en las pasadas elecciones, Vox sube unos seis puntos respecto a las anteriores generales. Una subida que ya tiene en cuenta la aparición de SALF, la formación del agitador ultra Alvise Pérez, para quien las encuestas dan entre el 1% y el 2% del voto (la media es del 1,7%).

Pero, ¿cómo se traduce este promedio de votos a escaños? Hemos hecho 10.000 simulaciones aplicando el margen de error de las encuestas –pueden fallar– para estimar el número de diputados que podría sacar cada partido con los datos actuales.

En el promedio de esas repeticiones, el PP sacaría 133, seguido del PSOE, con 105. Vox casi doblaría sus diputados actuales hasta los 65 y la división de Podemos y Frente Amplio suma 11, lejos de los 31 que sacaron en 2023.

Las estimaciones dan poca probabilidad a una mayoría en solitario del PP, pero la suma de la derecha –populares y Vox– sí superaría con holgura los 176 diputados necesarios para conformar Gobierno. Hoy están sobre los 198 escaños.

¿Es fiable esta estimación? Hoy, nuestros cálculos dan mayoría a la suma de PP y Vox en 9 de cada 10 simulaciones. Es decir, hay un 10% de probabilidades de que no consigan la mayoría. Aunque es verdad que las encuestas pueden fallar, tendrían que estar sobrestimando mucho a PP y Vox.

Si aplicamos este mismo modelo a las encuestas que se publicaron en 2023, una semana antes de las elecciones habría dicho que la mayoría de PP y Vox era una moneda al aire: 5 de cada 10 simulaciones. Sacaron 170, por debajo de 176.

Las encuestas dicen que la izquierda va a tener que remontar muchos puntos en lo que queda de octubre y noviembre para acercarse al bloque conservador. Pero, ¿cómo está la batalla en cada provincia?

En el siguiente mapa puedes consultar la estimación de voto en cada provincia y los escaños que salen de aplicarle la ley D’Hondt. Entre paréntesis, el rango de escaños en 8 de cada 10 simulaciones.

Hay que tener en cuenta que para los datos provinciales, el margen de error es mayor ya el que modelo supone que el voto de cada partido se reparte entre provincias de forma parecida a las pasadas elecciones. Incluye un margen de error para cada territorio, pero si un partido tiene una tendencia propia en un lugar concreto (como el PSOE en Catalunya en 2023), el modelo no la puede anticipar.

¿Y qué pasaría si...?

Para ver cómo funciona la batalla electoral, hemos hecho esta calculadora que muestra una estimación aproximada de los escaños de cada formación ajustando los principales partidos nacionales según el porcentaje de voto que crees que tendrá.

Los controles de cada partido te permiten modificar el porcentaje de voto de cada candidatura y comprobar cómo altera el reparto de escaños. Esta herramienta no hace simulaciones ni, por tanto, tiene en cuenta el margen de error de las encuestas.

Todas las encuestas desde 2023

En la siguiente tabla puedes consultar todas las encuestas que se han tenido en cuenta para el modelo. Los datos provienen en su mayoría de Wikipedia y han sido corregidos de errores puntuales en algunos sondeos por este medio.

Apenas una semana después de la convocatoria electoral de Pedro Sánchez para el 29 de noviembre, las encuestas mantienen la ventaja de PP y Vox sobre PSOE, Sumar y Podemos en unos 15 puntos. El promedio de sondeos de elDiario.es coloca al PP como primer partido, con alrededor del 32% de los votos, seguido de PSOE (26%), Vox (19%), Sumar (6%) y Podemos (3%), a la espera de que se terminen de configurar las alianzas del Frente Amplio y la inclusión de Podemos en esa coalición.

Aunque los sondeos apenas se han movido desde la convocatoria electoral, las tendencias son claras desde los comicios de 2023. El PSOE ha caído entre 5 y 6 puntos desde aquellas elecciones y los partidos a su izquierda tampoco han recogido nada de ese voto socialista perdido. La suma de Sumar y Podemos (que ahora mismo las encuestas recogen por separado) está tres puntos por debajo de los comicios del 23J.

El giro a la derecha (un fenómeno que se ha repetido casi todas las elecciones que se han celebrado desde 2023) es claro. Aunque el PP se queda casi igual que en las pasadas elecciones, Vox sube unos seis puntos respecto a las anteriores generales. Una subida que ya tiene en cuenta la aparición de SALF, la formación del agitador ultra Alvise Pérez, para quien las encuestas dan entre el 1% y el 2% del voto.

Pero, ¿cómo se traduce este promedio de votos a escaños? Hemos hecho 10.000 simulaciones aplicando el margen de error de las encuestas -pueden fallar- para estimar el número de diputados que podría sacar cada partido con los datos actuales.

En el promedio de esas repeticiones, el PP sacaría 135, seguido del PSOE, con 106. Vox doblaría sus diputados actuales hasta los 66 y la división de Podemos y Sumar suma 13, lejos de los 31 que sacaron en 2023.

Las estimaciones dan poca probabilidad a una mayoría en solitario del PP, pero la suma de la derecha -populares y Vox- sí superaría con holgura los 176 diputados necesarios para conformar Gobierno. Hoy están sobre los 201 escaños.

¿Es fiable esta estimación? Hoy, nuestros cálculos dan mayoría a la suma de PP y Vox en 9 de cada 10 simulaciones. Es decir, hay un 10% de probabilidades de que no consigan la mayoría. Aunque es verdad que las encuestas pueden fallar, tendrían que estar sobrestimando mucho a PP y Vox.

Si aplicamos este mismo modelo a las encuestas que se publicaron en 2023, una semana antes de las elecciones habría dicho que la mayoría de PP y Vox era una moneda al aire: 5 de cada 10 simulaciones. Sacaron 170, por debajo de 176.

Las encuestas dicen que la izquierda va a tener que remontar muchos puntos en lo que queda de octubre y noviembre para acercarse al bloque conservador. Pero, ¿cómo está la batalla en cada provincia?

En el siguiente mapa puedes consultar la estimación de voto en cada provincia y los escaños que salen de aplicarle la ley D’Hondt. Entre paréntesis, el rango de escaños en 8 de cada 10 simulaciones.

Hay que tener en cuenta que para los datos provinciales, el margen de error es mayor ya el que modelo supone que el voto de cada partido se reparte entre provincias de forma parecida a las pasadas elecciones. Incluye un margen de error para cada territorio, pero si un partido tiene una tendencia propia en un lugar concreto (como el PSOE en Catalunya en 2023), el modelo no la puede anticipar.

¿Y qué pasaría si...?

Para ver cómo funciona la batalla electoral, hemos hecho esta calculadora que muestra una estimación aproximada de los escaños de cada partido ajustando los 6 principales partidos nacionales según el porcentaje de voto que crees que tendrá.

Los controles de cada partido te permiten modificar el porcentaje de voto de cada candidatura y comprobar cómo altera el reparto de escaños. Esta herramienta no hace simulaciones ni, por tanto, tiene en cuenta el margen de error de las encuestas.

Todas las encuestas desde 2023

En la siguiente tabla puedes consultar todas las encuestas que se han tenido en cuenta para el modelo. Los datos provienen en su mayoría de Wikipedia y han sido corregidos de errores puntuales en algunos sondeos por este medio.

La precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre comienza con el PSOE como primera fuerza, siempre según el Barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hecho público este miércoles. El estudio, elaborado entre el 1 y el 6 de octubre, recoge el pulso de los ciudadanos ante el desahucio de Maricarmen Abascal, el rechazo a los decretos de vivienda en el Congreso por el voto en contra de PP, Vox y Junts y, finalmente, el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez el pasado día 5.

De todo ese escenario el principal beneficiado sería el PSOE, siempre según el instituto que dirige José Félix Tezanos. Los socialistas crecen respecto al mes pasado y pasan del 31% de los votos de septiembre al 34% actual, tres puntos más e incluso por encima del resultado que obtuvieron en las generales del 23J de 2023 (31,7%). Como el PP cae más de tres puntos (pasa del 25,5% de septiembre al 22,2% actual) la ventaja del PSOE sobre los populares se dispara y alcanza los 11,8 puntos.

La candidatura de Pedro Sánchez capitalizaría así el descontento social por la vivienda que se disparó con el desahucio de Maricarmen –el estudio se hizo antes de su muerte, el pasado día 7– y que ha desembocado en acampadas como las de la Puerta del Sol de Madrid.

El CIS augura que Vox crece hasta un 17,1%, aunque solo lo hace en medio punto respecto a septiembre por lo que no consigue rentabilizar la caída del PP. Por primera vez el instituto que dirige Tezanos menciona al Frente Amplio como la alianza de Sumar, IU, los Comuns o Más Madrid. Citado como Sumar-Frente Amplio, el proyecto mejora sus perspectivas respecto a la estimación de voto de Sumar de septiembre. La alianza contaría ahora con el 6,1% de los votos, cuatro décimas por encima que el mes pasado. En cambio Podemos cae al 3,1%, seis décimas por debajo que en septiembre.

El barómetro se conoce en plenas negociaciones entre Frente Amplio y Podemos para intentar encontrar una candidatura única para el 29N. El plazo para llegar a ese acuerdo finaliza en la medianoche del viernes.

Respecto a la valoración de líderes, Pedro Sánchez vuelve a ser el favorito como posible presidente del Gobierno para el 39,3% de los encuestados, lo que supone una ventaja de 24,6 puntos sobre Alberto Núñez Feijóo, que es el preferido por el 14,7%. Santiago Abascal es la opción preferida para el 13,8% y Gabriel Rufián, para un 12,3%.

Otro mes más y, en esta ocasión, marcado por las protestas por los desahucios, el principal problema de España, según los encuestados por el CIS, vuelve a ser la vivienda (55,7%), seguida de la inmigración (20,9%) y de la crisis económica (20,3%). Los problemas que los españoles consideran que más les afectan de manera personal son la vivienda, en primer lugar, con el 33,8%; la crisis económica, en segundo lugar, con el 30,3%; y la sanidad, con el 24%.

El 88,9% asegura que ha oído hablar del desahucio de Maricarmen. Entre quienes han oído hablar de este caso, el 75,1% cree que tiene “mucha o bastante” importancia un desahucio como este, mientras que un 22,7% afirman que “poca o ninguna”. El 57,1% de los que conocen el caso de Maricarmen creen que “la protección de personas vulnerables” es el aspecto más importante a tener en cuenta en estas situaciones; por el contrario, el 32,7% opina que lo importante es el “cumplimiento de la ley y los contratos”. Y el 7,1% considera que son dos aspectos para valorar por igual.

Apoyo a los decretos de vivienda

El 82,3% de los españoles coincide en que hay que priorizar “el derecho a la vivienda como un derecho constitucional”. Asimismo, el 80,4% conoce que el Gobierno ha aprobado dos decretos de vivienda; entre los que están informados sobre el decreto, el 47,2% lo valora “muy o bastante positivamente”. Entre las diversas medidas de esos decretos, el 87,9% está favor de la “línea de crédito de 50.000 euros del ICO sin intereses ni comisiones para la compra de la primera vivienda”, el 81,4% está a favor de “rebajas de impuestos a propietarios/as que bajen o congelen el alquiler” y otro 81,4% de “rebajas de impuestos a los/as inquilinos/as”. También hay que destacar que el 75,1% está a favor de un “impuesto generalizado del 10% a los pisos turísticos”. Opiniones en las que, en su mayoría coinciden los votantes de los diferentes partidos.

En abril de 2024, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que “esta va a ser la legislatura de la vivienda”. Habían pasado cinco meses desde la creación del Ministerio de Vivienda, que este noviembre cumple tres años, y un año y un mes de la aprobación de una nueva Ley de Vivienda que, entre otras cosas, preveía topar los precios en las zonas tensionadas. Además, Sánchez llegó a prometer hasta 183.000 viviendas públicas. En esta legislatura, tan solo se han entregado 47.000.

El Banco de España advirtió que existe un déficit de vivienda en España de 750.000 viviendas que crece a un ritmo de 250.000 más cada año. Y los expertos tanto cercanos a la patronal como a los inquilinos coinciden en que la construcción o la movilización de vivienda pública es la única que puede contener los precios del mercado y facilitar el acceso a la vivienda. Esa carencia está entre las causantes de la crisis actual que ha encendido las calles y dificulta también que las administraciones tengan pisos sociales que ofrecer a personas desahuciadas como Maricarmen. El modelo de apuesta total por la vivienda pública es el que triunfa en Viena, donde el 60% de la vivienda es pública y el precio se acaba contagiando en parte al mercado privado. Apenas hay desahucios.

El porcentaje medio de vivienda pública en los países de la OCDE es del 7,1% según un informe del Banco de España y alcanza el 16,4% en Reuno Unido y el 14% en Francia, casi diez veces más que el 1,5% de España. Otros países como Alemania, con el 2,6% o Portugal, con el 1,1%, están lejos de la media. La falta de construcción o de compra y el vencimiento de protecciones son enemigos de esta apuesta en España, donde las Comunidades del PP siguen apostando por pisos protegidos que dejan de serlo al cabo de unos años.

La competencia principal en Vivienda está transferida a las comunidades autónomas y también los ayuntamientos disponen de suelo, por lo que no se puede culpar solo al ejecutivo central. Pero tal y como señala Pablo Tucat, economista experto en vivienda de KSNET, “cabe hacerse la pregunta de por qué Casa 47 no surge antes, es un buen instrumento que aún tiene que desarrollar su potencial”.

La tardanza de Casa 47

La Ley de Vivienda de 2023 prevé un impulso al SEPES, empresa pública de suelo público, para ampliar el parque de vivienda pública estatal. Pero Casa 47 no nace hasta diciembre de 2025 y, aunque la absorción de los pisos de la Sareb y el avance del barrio Campamento le dan un potencial de hasta 110.000 viviendas públicas estatales, ahora mismo tan solo se ofertan 600.

De estas 110.000, 40.000 son viviendas de la Sareb, muchas de las cuales estarán ocupadas, 55.000 serán nuevas en suelo de Sareb (aún por construir) y 10.000 más de la Operación Campamento de Madrid que deberían entregarse allá por 2028. Las cifras coinciden con la estimación que dio la ministra de Vivienda en entrevista con elDiario.es: 100.000 viviendas en los próximos 10 años.

Paralelamente, las comunidades autónomas también se movilizan para detectar suelo público y construir vivienda pública, pero, como el Gobierno, han tardado. En el caso de comunidades como Madrid, además, han apostado por un modelo de vivienda asequible que acaba no siéndolo por los costes extra que empujan al inquilino a precios iguales a los de mercado.

La movilización de suelo y la construcción de obra pública “es una medida lenta”, apunta Tucat, pero advierte que hay “otras formas” de movilizar vivienda pública como “la compra de vivienda usada”. En Catalunya, el derecho a tanteo y retracto le ha servido al Govern para adquirir unas 9.000 viviendas usadas, una de cada cuatro de las que tiene la Agència Catalana d'Habitatge.

Esta fórmula apenas se ha utilizado en otras comunidades y a escala estatal, aunque Casa 47 prevé hacerlo, hasta la fecha la única oferta pública de compra es de 100 millones de euros, con la que con precios de mercado de zona tensionada (a una media de 250.000 euros por vivienda) tan solo se podrían comprar unos 400 pisos.

Más esfuerzo que sus antecesores

Aunque parezca paradójico, el Gobierno de Sánchez es el que más ha hecho desde la caída en picado de la construcción después del estallido de la burbuja por recuperar la vivienda pública, el problema es que lo ha hecho tarde, de manera insuficiente para la magnitud del problema y con unos frutos que aún no se recogen y que bien podría reivindicar un futuro ejecutivo.

Las 47.000 viviendas, a falta de un semestre para completar los cuatro años completos, son sensiblemente superiores a su legislatura anterior, cuando se entregaron 45.000 viviendas públicas, y están muy por encima de las 18.000 de la última legislatura de Mariano Rajoy.

Además, ha triplicado los presupuestos del Plan Estatal de Vivienda, que suma 7.000 millones de euros adicionales hasta 2030 para construir, rehabilitar vivienda y otras ayudas. Aun con estas sumas, el Gobierno sigue gastando tan solo un 0,9% del gasto público en vivienda, y eso que se han duplicado los esfuerzos desde la pandemia. Una parte de esos presupuestos, además, no se ejecutan.

“El contraste con la vivienda pública y libre que se construía antes de la burbuja es enorme y probablemente no sea una comparativa sana, pero sí que debería haber aumentado más”, advierte Tucat, alertando de las trampas del gráfico de evolución. Con el derrumbe de gran parte del sector bancario y de la construcción, el frenazo en seco posterior a la burbuja inmobiliaria ha hecho que España no acabe de recuperar la creación de viviendas, mientras sí que se han creado miles de hogares por la llegada de migrantes que han dinamizado la economía y han cubierto vacantes de empleo.

La dificultad de movilizar suelo finalista, la falta de mano de obra y la lentitud administrativa son apuntados por algunos expertos como claves del estancamiento en la construcción, tanto pública como privada. Esto es lo que lleva al sector a presionar por aprobar una reforma de la Ley del Suelo que agilice trámites, que Podemos finalmente bloqueó de cara al decreto de vivienda aprobado recientemente. El experto en vivienda Ignacio Ezquiaga, sin embargo, apunta en reiteradas ocasiones basándose en informes del Ministerio de Vivienda que muchas empresas y fondos disponen de suelo “dormido” que no activan no por la lentitud burocrática, sino para evitar que los precios bajen al inyectar oferta.

Construcción estancada y descalificación

Pero el bajo ritmo de construcción o compra de vivienda protegida se enfrenta a otro enemigo seguramente peor: las viviendas protegidas que vencen su protección y pasan al mercado. Del millón y medio de viviendas protegidas construidas desde 1991, tan solo 147.000 estaban protegidas para siempre, casi 400.000 ya han dejado de serlo y esa cifra se podría elevar a 700.000 de cara a 2030, según una investigación publicada por Civio.

Contra esto, el Gobierno ha llevado a cabo también una medida “crucial”, según Tucat. Después de que en 2023 el Supremo tumbara un artículo de la ley de vivienda que establecía que la protegida lo fuera para siempre, la ministra de Vivienda vinculó la construcción financiada con fondos del Plan Estatal a que la vivienda protegida lo fuera para siempre y lo ha incluido también en el nuevo decreto. Las Comunidades Autónomas del PP, mientras tanto, siguen haciendo vivienda protegida con plazo de vencimiento, de forma que la vivienda en suelo público acaba pasando a manos privadas pasados unos años.

La movilización política en torno a la vivienda sí que ha conseguido, aunque a trancas y barrancas, que en 2026 su construcción se dispare. Las 11.270 viviendas protegidas finalizadas en junio duplican registros del año pasado y encaminan la cifra hacia un récord desde 2012 de unas 20.000 viviendas, aun lejos de las entre 40.000 y 100.000 anuales que necesita para ir cubriendo su déficit. El punto álgido de la vivienda protegida finalizada llegó en 1997, con 85.000 de las 300.000 que se construyeron (casi un tercio del total), mientras que las 12.858 de 2025, 7 veces menos, representa el 13% de las 92.000 construidas.

Si miramos comunidad a comunidad, Catalunya, Madrid, Euskadi y Navarra, que son cuatro de las comunidades con los precios más elevados, son algunas de las que más han elevado su esfuerzo en vivienda protegida. Madrid finalizó 3.802 viviendas protegidas en 2025 sobre un total de 17.000 viviendas construidas, un 22%, y Catalunya hizo 3.517 sobre un total de 14.000, un 25%. Es Catalunya, además, la que ha pegado el mayor acelerón en 2026: lleva 5.600 viviendas protegidas hasta junio, la mitad del total estatal.

Si nos fijamos en la vivienda libre, que también es importante para oxigenar la oferta en las zonas de elevada demanda, también hay un estancamiento entre las 70.000 y las 80.000 anuales en los últimos años, que mejora las menos de 50.000 anuales de antes de 2019, pero que está lejos de los años locos del ladrillo en que se llegaron a construir 700.000 viviendas entre pública y privada en 2026. Ese extremo no es deseable, pero sí alcanzar un ritmo de entre 90.000 y 100.000 anuales, las que estima el Banco de España necesarias para cubrir con el déficit.

Luces y sombras más allá de la construcción

Más allá de la construcción de vivienda tanto libre como protegida, existen otros motivos que han hecho que en la denominada “legislatura de la vivienda” no mejore el acceso. No todos son culpa del Gobierno central. Las Comunidades Autónomas del PP no han querido acogerse a la zona tensionada que permite topar los precios de alquiler, por lo que el mercado ha disparado sus precios en las principales ciudades.

En cuanto a los desahucios, el escudo que se alargó tras la pandemia y que frenaba los que afectaban a personas vulnerables sin alternativa residencial fue tumbado por el Congreso, que ha sido el gran escollo para desencallar algunas políticas. El propio decreto de vivienda se venía arrastrando desde julio, pero también hacía meses que estaba bloqueada en el legislativo una regulación del alquiler de temporada y de habitaciones.

De todos modos, el Gobierno podría haber incluido en su ley de 2023 estas dos regulaciones, de dos modelos de alquiler que han servido para inversores para evitar la ley y hacer contratos cortos con subidas de precio de año en año. Tampoco estaba entonces en el debate la posibilidad de recuperar un modelo de contratos de alquiler cercano al indefinido, con las prórrogas automáticas que incluye el segundo decreto, que de todos modos no pasará el filtro de la Diputación Permanente.

Este decreto, por tanto, aprobado a última hora de la legislatura, llega tarde para una situación que no se alivió tras la aprobación de la Ley de 2023, si bien sí que los contratos de 5 a 7 años (aprobados en 2019) mejoraron la estabilidad de los inquilinos.

En las Comunidades donde sí que se han topado los precios, “existe una estabilidad mayor del inquilino que está dentro del mercado, pero al que está fuera le cuesta más encontrar piso por la falta de oferta y de rotación”, alerta Tucat. Otro problema que se ha dado en las zonas tensionadas es que el tope parte de unos precios ya muy elevados, los fija el promedio del mercado, por lo que el alivio acaba siendo relativo.

Sea por estos topes o por la subida de los salarios, y aunque no lo parezca por el clima del país, el porcentaje de inquilinos que pagan más del 30% de su sueldo ha caído en los últimos años: tocó techo en 2021 con el 38,5% y ahora es un 12% menos, un 26% del total. Y eso que los nuevos contratos subieron en 2024 un 8,8% los precios de los alquileres. Compartir piso e incluso habitación es a veces la forma que tienen los inquilinos de aliviar esta asfixia.

Sin embargo, la subida de los precios de compra ha llevado a que ya se necesiten dos años de sueldo íntegro para pagar la entrada de una vivienda, cifra que se duplica hasta los 4 en Madrid y Baleares.

Las prórrogas de los próximos dos años deben también reducir la rotación en los pisos de alquiler en toda España y eso puede complicar de nuevo el acceso a viviendas de alquiler de quienes se emancipan o llegan a una ciudad, en las zonas no topadas con el agravante de que los precios pueden subir libremente. El incentivo fiscal a caseros que pongan los pisos por debajo de mercado puede compensar un poco estas subidas. Y esta tensión entre oferta y demanda nos vuelve a llevar al inicio del artículo: generar vivienda pública mediante la construcción o la compra y movilizar vivienda vacía o turística en un país con un 30% de viviendas no principales. Esto último lo intenta con el decreto la posibilidad de aumentar el IBI a pisos turísticos o inhabitados.

La economía española del último lustro ha conseguido lo que hace una década parecía imposible: no solo se ha quitado el sambenito de ser el furgón de cola de la zona euro, sino que salió de la pandemia convertida en la locomotora de la Unión Europea y este año podría liderar por tercero consecutivo a las naciones avanzadas, por encima de Estados Unidos.

Allí existe la costumbre de acuñar la política económica de un determinado presidente con su apellido: a las Obamanomics le siguieron las Trumponomics, que han vuelto tras cuatro años de Bidenomics. Las Sancheznomics han sido una historia de éxito en términos macro: el producto interior bruto (PIB) crece robusto, el empleo no deja de romper récords, el paro está en mínimos desde el estallido de la burbuja y las rentas de las familias aumentan. Pero la crisis de la vivienda, que ha estallado como un volcán con la crueldad del desahucio y la muerte de Maricarmen, y una inflación que no termina de desaparecer son las caras más amargas del relato.

El balance de Sánchez, que ha contado con dos grandes pesos pesados al frente del Ministerio de Economía –Nadia Calviño, primero, y Carlos Cuerpo desde 2023–, es brillante y, de hecho, el Gobierno saca pecho de su gestión y de haberle dado la vuelta al mantra de que la izquierda es nociva para la economía. El crecimiento ha estado muy por delante del de las tradicionales grandes potencias del euro: Alemania apenas ha crecido desde la pandemia, con una economía estancada. Sus previsiones comienzan a ser más halagüeñas ahora, pero con avances aún por debajo del 2%. Desde la llegada de Sánchez, el PIB ha avanzado un 15,1%. Muy por encima de lo que sucedió en los mandatos de Mariano Rajoy (10,3%) y de José Luis Rodríguez Zapatero (7,1%), ambos marcados por la Gran Recesión.

Y lo ha hecho a pesar de que el COVID-19 provocó el mayor desplome desde la Guerra Civil. Por ponerlo en perspectiva, desde el peor momento de la pandemia (es decir, el segundo trimestre de 2020, en pleno confinamiento) hasta la actualidad, la economía ha crecido un 43,6%. Da una idea del duro recorrido que hogares y empresas han hecho frente desde hace seis años no solo para salir del hoyo, sino para recuperar la tendencia previa. 

Lo destacó el propio vicepresidente Cuerpo en una comparecencia reciente en el Congreso para hablar de los fondos europeos del Plan de Recuperación, una de las variables clave para explicar este éxito: “Han permitido que en 2025 la economía haya recuperado no sólo el nivel, sino la tendencia previa, es decir, el ritmo que teníamos y donde se esperaba que estuviéramos antes de la pandemia”, detalló el ‘número dos’ del Ejecutivo. 

Un mercado laboral en máximos

La fortaleza del mercado laboral, que ha ganado entre un 18% y un 19% de trabajadores (bien sea medido a través de la Encuesta de Población Activa o de los registros de afiliación a la Seguridad Social), la bajada del paro a mínimos desde 2008 a pesar del gran crecimiento que ha experimentado la población (6,3%) son otros de los factores que explican parte del éxito económico de los últimos años.

Para el economista Luis Gómez, el gran cambio de estos años no es solo el acelerón del PIB, sino que se ha dado inicio a “un proceso de cambio de modelo productivo hacia sectores y empleos de mayor valor añadido, el cual se ha generado, en esencia, gracias al positivo desempeño en materia de política energética y laboral”. 

Gómez, que es investigador y durante años fue asesor en la Oficina Económica de Moncloa, apunta que políticas como la subida del salario mínimo interprofesional en un 66% o la reforma laboral que estabilizó millones de empleos han obligado a buscar nuevas formas de competitividad en el tejido productivo, ganancias de eficiencia que también se explican por una política energética que ha hecho más atractiva a España en comparación con otros países. “Haber optado por la apuesta ambiciosa de no competir a la baja ha resultado efectivo, porque la reducción de costes energéticos ha seguido haciendo rentable la creación de empleo incluso a unos estándares como los que exige la reforma laboral”, subraya.

Natalia Arias, del gabinete económico del sindicato CCOO, apunta en la misma dirección: “Por primera vez en décadas ha habido una fase sostenible de crecimiento económico diversificado con fuerte creación de empleo, compatible con un incremento de la productividad laboral por hora”. A su juicio, la mejora en variables como la balanza comercial o el empleo arrojan que “no estamos ante un crecimiento insostenible como el de la burbuja”.

Ese fenómeno, promovido por José María Aznar y que el Gobierno de Zapatero falló a la hora de pinchar, supuso un crecimiento del PIB entre 1996 y 2004 del 34,5%, durante los dos primeros gobiernos populares. Entonces la población extranjera se disparó (un 376,3%), la inflación subió un 25% coincidiendo con la entrada en el euro, y el precio del metro cuadrado de vivienda creció un 76,3% en términos reales. Esto es, descontada la subida de precios.

Arias subraya que la transformación energética de los últimos años, impulsada por los fondos europeos, ha sido clave no solo para tener una electricidad “más barata que en el resto de Europa”, sino también para “tener una mayor independencia en nuestra economía respecto a las fuentes extranjeras de combustibles fósiles”.

El gran debe: la vivienda

Sin embargo, el gran debe de Sánchez es, precisamente, el que ha obligado a adelantar las elecciones y la razón por la cual los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO han convocado la primera huelga general en España desde 2012: la crisis de la vivienda. El Banco de España confirmó el viernes sus estimaciones de que el déficit de vivienda alcanzará el millón de unidades en 2028, ante una inversión residencial que se está comportando de manera más moderada de lo anticipado. El ministro de Transportes, Óscar Puente, reconocía en una entrevista en la Cadena SER que la sucesión de crisis desde 2020 impidió ver la gravedad de la crisis de habitabilidad hasta que ya ha sido muy tarde.

El precio del metro cuadrado ha subido un 48,3% durante los mandatos de Sánchez, frente a la caída del 6,7% que experimentó en los casi siete años de Mariano Rajoy en La Moncloa. El enorme stock de vivienda acumulada tras la burbuja, sumado a la grave situación económica, provocaron una depreciación notable del ladrillo. En el gráfico anterior se puede apreciar el acelerón de los precios no solo en la compraventa, sino también en el mercado del alquiler. Y a pesar de que el SMI ha tirado de los salarios más bajos, no ha sido suficiente para compensarlo.

“Se ha empezado muy tarde a abordar este problema y eso ha hecho que la situación sea peor de lo que podría haber sido”, aduce Arias, que recuerda que el incremento de los precios de la vivienda ha consumido las mejoras salariales: “Casi lo multiplica por cuatro”. “Esta fuerte subida, junto con el endurecimiento del acceso al crédito, ha expulsado a muchos trabajadores de la posibilidad de acceso a una vivienda en propiedad, y les ha desplazado hacia el alquiler. Un alquiler que es mayoritariamente de mercado privado, ya que España carece de un parque público de vivienda asequible”, señala.

A la situación del mercado de la vivienda se suma un nuevo episodio inflacionario, este provocado por la guerra en Irán y el encarecimiento de los precios de la energía. Con el recuerdo aún reciente del shock de los años 2022 y 2023, el mayor en medio siglo, los precios han vuelto a acelerar. Septiembre cerró con una subida del 4,9%, la mayor desde principios de 2023. Desde que arrancó su mandato, el IPC acumulado es un 26,5%. Lejos de las cifras de Rajoy (6,9%, con largos periodos de deflación), de Zapatero (19,9%) y ligeramente por encima del periodo de Aznar (25,2%), en pleno ‘boom’ inmobiliario y con la adopción del euro.

A pesar de todo ello, los datos muestran que la renta disponible per cápita de los hogares (es decir, todos sus ingresos una vez descontada la inflación y el aumento de la población) ha avanzado un 9% en el periodo. “No es cierto que este cuantitativamente intenso y cualitativamente diferencial crecimiento económico no se haya trasladado en una mejora de la situación de las familias”, dice Gómez, a la vista de estas cifras. “Incluso en los momentos en que los salarios reales han podido sufrir especialmente estos shocks de precios, las transferencias, prestaciones y modificaciones impositivas a través de la política fiscal y social han actuado de manera compensatoria”, subraya.

Del pleno empleo a las cuentas públicas

Entre los retos a futuro, Sánchez se marcó para esta legislatura el pleno empleo, consiguiendo rebajar la tasa de paro por debajo del 10%. Pero todavía hay margen de mejora. También en los salarios, recuerda Arias, con una estructura productiva que no solo genere más valor añadido, sino que también permita recortar la jornada. Para Gómez, los datos de pobreza infantil también preocupan y es “esencial” plantearse la creación de una prestación universal de crianza que permita atajarla.

Esto enlaza con otro reto: el margen fiscal. El Gobierno ha conseguido recuperar todo el espacio que se perdió para hacer frente a la pandemia. La deuda pública y el déficit se dispararon. Las reglas fiscales estuvieron suspendidas, pero vuelven a estar en vigor y eso limita mucho la capacidad de maniobra del Ministerio de Hacienda. El año pasado los números rojos se situaron en el 2,2% del PIB y el endeudamiento ya se ha colocado por debajo del 100%, pero todavía es superior a la que había cuando Sánchez aterrizó en La Moncloa.

“La legislatura deja un punto de partida relativamente cómodo en términos fiscales y el siguiente Gobierno contará, por tanto, con espacio fiscal para implementar sus prioridades políticas”, apunta la economista de CCOO. Pero todavía hay mucho margen de mejora, ya que “España sigue teniendo una brecha de ingresos y gastos con respecto a los estándares europeos”, recuerda Luis Gómez. “Su cierre permitiría atender con mayor intensidad numerosas necesidades sociales, especialmente la vivienda”. El mandato de Sánchez tiene muchas luces, pero arroja una sombra demasiado alargada. Con forma de casa.

Puedes consultar los principales indicadores económicos empleados en este reportaje en la tabla bajo estas líneas.

Después del varapalo del Congreso por el rechazo de Junts, PP y Vox a los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno, las calles ya tienen una respuesta posterior a su acampada: un llamamiento a la huelga general del Sindicato de Inquilinas que Comisiones Obreras y UGT ya se plantean. La mayoría de votantes, un 73%, también apoyan esta medida, y no solo los votantes de izquierda, sino también los de PP, Vox y Junts, que han tumbado los decretos, según una encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es.

Ya hay planteadas movilizaciones masivas por la crisis de la vivienda este sábado y este domingo. Y Comisiones Obreras las utilizará para tomar el pulso a las calles y decidir a principios de la semana próxima si les brinda apoyo, tras reunirse con UGT tal y como afirmó su secretario general, Unai Sordo. La población no plantea dudas: apoya la huelga general con holgada mayoría sin importar la ideología, edad o si son propietarios o viven de alquiler.

Al plantear una huelga general “para exigir medidas que solucionen el problema de la vivienda”, los votantes de la derecha se suman a la propuesta. Un 31% de los votantes de Vox dicen que seguro que lo apoyarían y un 32% que probablemente, con una suma del 63% de encuestados a favor de la huelga general. En el caso del PP, el porcentaje se eleva hasta el 61% entre el 27% de votantes que la apoyarían seguro y el 34% que lo harían “probablemente”, pese a que Ayuso ha ridiculizado a los manifestantes y al decreto. También el 56% de los votantes de Junts apoyarían esta huelga en algún grado, que entre los votantes del PSOE alcanza un 84% de apoyo y entre los de Sumar un 92%.

La huelga tampoco entiende entre inquilinos y propietarios. En las protestas del pasado sábado y en la acampada, no costaba encontrar a personas con vivienda en propiedad. Algunas de ellas, personas de mayor edad que se preocupaban por el futuro de sus hijos, algunos aun sin emancipar. Y otras que simplemente empatizaban con la situación de millones de personas que viven asfixiadas por el alquiler y que pueden estar aún peor cuando se les acabe el contrato, ya sea por las subidas desproporcionadas o porque directamente les echen a la calle.

Un 66% de los encuestados viven en un piso de propiedad y un 20% son inquilinos, por un 11% que viven con los padres y un 2% que viven en casas cedidas gratuitamente. Todos ellos muestran un apoyo mayoritario a la huelga. Un 73% de los encuestados apoyarían una huelga general para exigir medidas para mejorar la situación de la vivienda, con apoyo abrumador entre inquilinos (83%) y muy mayoritario entre propietarios, que en un 70% ven con buenos ojos.

Simpatía y apoyo a las protestas

Cuando se mira hacia las protestas celebradas estos días, existe una gran división entre las personas de derechas, pero sí que comparten sus motivaciones. Un 50% de votantes del PP sienten algo o mucho rechazo por la acampada y un 14% indiferencia, de modo que un 34% siente simpatía. En el caso de los votantes de Vox, un 35% siente algún grado de simpatía mientras que el resto se reparten entre la indiferencia y el rechazo, mayoritaria con un 53% de los votantes. Contrasta con la simpatía mayoritaria de PSOE, en algún grado en un 78% y con un rechazo del 11%, o con los de Sumar, que en un 86% sienten algún tipo de simpatía por la acampada.

Entre los propietarios, la simpatía alcanza al 55% y entre los inquilinos se eleva al 67%.

Pero al ser preguntados por las razones por las que se movilizan, la mayoría es a favor de ellas. Un 45% de votantes del PP las comparte en parte y un 20% totalmente, sumando un 65% de apoyo. Mientras, en el caso de Vox hasta un 29% las apoyan totalmente y un 36% en parte, hasta un 65% de apoyo en alguna medida. Los partidos de izquierda superan el 90% de apoyo.

Un 57% de inquilinos comparten totalmente las razones de las protestas, a las que se suma un 32% que las apoyan en parte hasta alcanzar un 89% de apoyo en algún grado. Entre los propietarios, también hay un 42% de personas que coinciden de lleno y un 40% en parte, un total del 81% de los encuestados, entre los que se encuentran gente de todas ideologías, edades y nivel de estudios.

A pesar de que para los jóvenes el acceso a la vivienda es un problema mucho más acentuado, también es limitada la brecha de edad en el apoyo a las manifestaciones y a la huelga. Todas las franjas de edad superan el 65% de apoyo a la huelga, la más moderada entre los 45 y los 54 años de edad con un 68,4% y la más favorable con un 84% de apoyo. Los jubilados superan el 70% de apoyo a la huelga. Todas las franjas de edad comparten las razones de las protestas totalmente o en parte, todas por encima del 80%. La simpatía por los acampados toca techo entre los jóvenes de 25 a 34 años, con un 68%, y con el 53% de los que tienen entre 44 y 64 años como medida más baja.

La huelga de alquileres, en que muchos inquilinos dejen de pagar la renta, sí que genera una gran división de opinión entre edades. Mientras que un 59% de los jóvenes de entre 25 y 34 años la apoyan, tan solo un 20% de los mayores de 65 la verían con buenos ojos. Esta es una pregunta destinada solo a quienes pagan el alquiler y no a los propietarios, por lo cual no se pueden hacer distinciones por tenencia, pero sí por inclinación política, en la que hay equilibrio de opiniones entre votantes salvo en el caso de un partido.

Un 72% de los votantes del PP están convencidos de que no la apoyarían, pero en el caso de Vox existe más gente que dejaría de pagar el alquiler si hubiera este tipo de medida: un 45% por un 43,8%. Ninguna afiliación política garantiza un 50% de apoyo a esta medida, puesto que solo un 49% de los votantes de Sumar y un 46,6% de votantes del PSOE lo harían.

El decreto que el Congreso votará este viernes y que Junts tiene previsto tumbar, incluía medidas para empezar a poner coto al auge de los alquileres de temporada. Según los últimos datos recopilados por elDiario.es, el 40% de la oferta anunciada en la principal plataforma (Idealista) se alquila solo por meses. La medida, que pretende limitar este tipo de arrendamiento, llega después de dos años de ascenso imparable de la vivienda de temporada en las ciudades españolas.

Si buscas alquilar en Idealista en alguna de las 52 capitales de provincia es casi imposible no encontrarse con este tipo de expresiones en los anuncios: “Alquiler de temporada con estancia mínima”, “perfecto para profesores visitantes o estudiantes”, “estancias de 11 meses renovables”, “disponible de septiembre a junio”, “solo curso escolar”.

A mediados de septiembre de 2026 se podían encontrar en Idealista casi 34.000 anuncios de pisos en alquiler entre todas las ciudades capitales de provincia, tal y como se desprende del análisis de los datos recopilados por elDiario.es. De ellos, 14.361 eran ofertas donde, o bien se mencionaba explícitamente que se trataba de un alquiler de temporada, o se usaban otras fórmulas para indicar que no se firmaría un contrato de residencia habitual acorde con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

La ley hasta ahora no definía expresamente qué era vivienda de temporada. Pero el nuevo decreto buscaba resolver este agujero en la normativa: el texto señala que para firmar un contrato de esta modalidad debe de existir “una causa real y acreditable” que justifique esa temporalidad. En pleno boom de esta modalidad de alquiler, el decreto añade que la duración de estos contratos debe superar los 31 días, pero no exceder los doce meses, como norma general. Algo que hasta ahora no se definía. Según el texto, en caso de que, sin justificación, o bien se superen esos doce meses o bien se hagan varias renovaciones del contrato, convierten ese contrato temporal en contrato de alquiler residencial.

Este alquiler, creado inicialmente para cubrir la necesidad de personas que estudian o trabajan temporalmente fuera de su residencia habitual, se ha convertido en los últimos años en una alternativa cada vez más extendida. Desde septiembre de 2024, el número de anuncios que se ofertan por meses fuera del paraguas de la ley de alquiler ha subido del 31% al 42%.

Durante los dos últimos años, elDiario.es ha recopilado, mes a mes, todos los anuncios de alquileres en las capitales de provincia para comprobar cómo ha ido cambiando el perfil de la oferta en la principal plataforma en España que se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Hasta ahora, alquilar la vivenda con un contrato temporal había permitido a los caseros escapar a las reglas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como la duración mínima de los contratos, condiciones específicas para los grandes tenedores en las zonas tensionadas y, sobre todo, la limitación de las subidas de precio mediante un índice de referencia (el IRAV).

El texto que incluye el decreto limitaría este margen. Además de establecer una duración y unas causas concretas para los alquileres de temporada, el decreto limitaba también las subidas de renta cuando se suceden contratos temporales sobre una misma vivienda. Sin embargo, esta normativa -que Junts ya ha anunciado que va a tumbar- solo se aplicaría a los nuevos contratos de esta modalidad que se firmen a partir del 1 de octubre de 2026.

A falta de nueva legislación, los expertos señalan las limitaciones de la norma actual. “Lo que vemos es que lo que buscan los caseros cada vez más es no solo ir a estos mercados obteniendo por lo general una rentabilidad mayor, sino también tener más flexibilidad sobre las viviendas. No tener que cumplir con las legislaciones que dan derechos a los inquilinos y ponen más obligaciones a los caseros”, explica el investigador del CSIC, Javier Gil.

“Es un buen ejemplo de cómo se aplica una norma con una finalidad contraria a la que le es propia”, apunta la profesora de derecho civil en la Universidad Complutense de Madrid, Cristina Areglich. “Yo no quiero que se me aplique la regulación del arrendamiento de vivienda habitual, así que celebro este contrato de alquiler por once meses. Evidentemente, ese es un contrato en fraude de ley”, explica.

Si colocamos las 52 capitales de provincia en un mapa según el peso que tiene el alquiler de temporada en la ciudad, destacan Donostia y Bilbao, con más de un 85% de anuncios para alquileres a corto plazo. En Pamplona, Barcelona y A Coruña también superan el 70% de la oferta.

¿Qué tienen en común? Todas han declarado zonas de mercado residencial tensionado, que tiene limitaciones más estrictas que la ley general. “Se ve muy claro: donde más ha subido es en Catalunya, Euskadi o Galicia”, apunta Argelich. La comparación entre las dos grandes ciudades lo resume: “Si haces la comparativa Barcelona-Madrid, la oferta se reduce menos en Madrid precisamente porque no aplica el control de rentas”.

Dado que uno de los principales incentivos para intentar esquivar la ley de vivienda es económico, los alquileres de temporada son, por norma general, bastante más caros. Esto se aprecia al comparar el precio mediano por metro cuadrado. Si un piso en alquiler habitual en Madrid es de 23,4 euros, la cifra se eleva a 31,6 bajo un contrato temporal; es decir, un 34% más. Lo mismo ocurre en Barcelona (+14%) o Donostia (+17%), ciudades donde están los precios más elevados del mercado.

Hay zonas con una diferencia todavía mayor: en Toledo supera el 50% y en Zaragoza y Valladolid la diferencia es más de un tercio.

Pablo Tucat, Director de Estrategia en KSNET y economista especializado en políticas públicas, advierte de que es una comparación que hay que matizar. “No estamos comparando exactamente el mismo producto. Por ejemplo, las características del piso tienden a ser distintas y la ubicación no es la misma. los alquileres de temporada se concentran en las zonas más caras de la ciudad, y eso infla su precio por metro cuadrado frente al de larga estancia”, apunta.

Aunque el número de anuncios apenas ha subido en los últimos años, los alquileres de corto plazo sí lo han hecho. En septiembre de 2024 había 22.000 anuncios de larga estancia en Idealista, el mismo mes de este año había 2.000 anuncios menos. Mientras, los anuncios de alquileres de temporada se han disparado de los 10.000 a los 14.000.

También hay que tener en cuenta que los cálculos de elDiario.es son una foto fija de un momento concreto en cada mes. O que los anuncios de larga estancia se republican con mayor frecuencia que los de temporada -por tanto, están más tiempo visibles- y que son cálculos conservadores. Por ejemplo, no consideramos temporales los que se ofrecen “para estudiantes” a no ser que especifique que la duración es menor de 12 meses. Tampoco los pisos que se ofrecen tanto para larga estancia o temporada y fórmulas ambiguas como: “¡PISO PARA LARGA TEMPORADA! ¡ESTANCIAS DE 11 MESES RENOVABLES!”.

Aun así, los datos sí permiten ver que no es que haya más oferta, sino que caen los de larga duración y se sustituyen por los de temporada. Al mismo tiempo, cada vez son más las viviendas que aparecen en Idealista ligadas a compañías profesionales que se dedican a gestionar precisamente viviendas de temporada.

Son plataformas online como Spacest, Spotahome o Homespace que publican anuncios de este estilo: “DISPONIBLE EN: Octubre. Reserve en línea haciendo clic bajo el mapa. No se aceptan alquileres inferiores a 2 meses”. Describen su nicho de mercado como “alquileres de media-larga estancia” y están más enfocadas en estudiantes o profesionales desplazados que en turistas.

La posibilidad de utilizar un contrato de corto plazo para sortear la ley de vivienda ya es incluso parte de una estrategia en redes sociales: “¿Cómo vas a evitar el índice de alquiler? Te doy tres formas para saltártelo [...] la primera y la más obvia: haces un alquiler temporal de 11 meses”, comparte un usuario de Tiktok.

Se presentan como expertos en el sector inmobiliario y recomiendan a los caseros pasarse al alquiler temporal. “Así puedes saltarte la ley de vivienda de forma legal, como inversores inmobiliarios”, anuncia otra cuenta.

¿Si se trata de un fraude de ley, por qué siguen siendo habituales este tipo de alquileres y cómo pueden incluso anunciarse en redes sociales? Porque corregirlo depende del inquilino y no es barato. “Para calificar ese contrato como correspondería lo que procede es demandar, y es caro”, apunta la jurista. No hay, por tanto, una capacidad real de oposición: “El que necesita una vivienda y se tiene que mudar firma un contrato por temporada aunque sea un fraude de ley, porque en algún lugar tiene que vivir”.

Son también muchos los anunciantes que dirigen sus ofertas a colectivos que abandonan la ciudad durante los meses de verano. Así, predominan las ofertas para el “curso escolar”, “estudiantes universitarios” o “profesionales desplazados”, lo que permite cobrar unas mensualidades más elevadas durante el verano en ciudades turísticas.

Es una realidad que se deja ver en los datos. En el siguiente gráfico puedes ver la evolución del porcentaje de alquiler de temporada en cada ciudad y cómo condicionan los meses de verano en regiones costeras y turísticas. Por ejemplo, en Santander, Almería o Cádiz el alquiler temporal es hasta 20 puntos más alto en comparación con la temporada de invierno en la misma ciudad.

En el lado contrario a estos destinos tenemos las ciudades con zonas tensionadas como Donostia, A Coruña y Oviedo con un avance casi lineal entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026.

Si solo tenemos en cuenta el cambio total de cada ciudad en el último año, las cuatro ciudades que más aumentan tienen activadas las zonas tensionadas: A Coruña, Vitoria, Bilbao y Pamplona. “La literatura científica que estudia el control de rentas detecta unos efectos comunes que son la reducción de la oferta, el incremento de los precios en aquellas zonas que no son tensionadas y la fuga del mercado de alquiler de vivienda habitual al alquiler de temporada”, apunta Cristina Argelich.

Sin embargo, aunque Madrid tiene menos porcentaje de alquileres temporales ha crecido mucho más que Barcelona en el último año, que ha servido como laboratorio de regulación de la vivienda. De hecho, Barcelona es una de las 5 capitales en las que este septiembre ha reducido el porcentaje de alquileres temporales respecto al año anterior junto con Soria, Santa Cruz de Tenerife, Lleida y Tarragona.

“Es algo que puede parecer hasta contraintuitivo ¿no?”, señala el economista Pablo Tucat, “en el caso de Barcelona viene directamente de intentar atacar ese segmento. En el caso catalán lo hicieron creo que de una manera creativa: en lugar de prohibir o monitorear (que también se hace), lo que hacen es aplicar también el precio de referencia. Ahí lo que ocurre es que quitas el incentivo económico que tenía pasar al alquiler de temporada”.

Incluso dentro de la misma ciudad, la situación es igual para todos las zonas. En Barcelona el alquiler de temporada abarca casi toda la ciudad aunque los barrios con más oferta (las burbujas más grandes) son también donde más temporalidad encontramos, con zonas como el barrio Gòtic en las que las viviendas para corto plazo superan el 80% de la oferta.

Madrid y Valencia tienen una distribución un poco más variada. El centro, y la costa en el caso de Valencia, concentran la mayor parte de la temporalidad mientras que los distritos periféricos y residenciales como el Ensanche de Vallecas (Madrid) o Sant Pau (Valencia) tienen menos oferta tanto general como de temporada.

Cómo está la regulación

Antes del estallido social que ha tenido lugar este mes de septiembre, el Gobierno calculó que cerca de un millón de personas viven ya en un piso de alquiler de temporada y más de un tercio lo hacen por no poder acceder a otro de larga estancia. Son cifras que ya habían colocado la regulación de este tipo de alquiler en el centro del debate y que se han materializado con el “decreto Maricarmen”.

Los decretos llegan después de las protestas en la Puerta del Sol y también del rechazo a principios de septriembre del texto promovía el sindicato de inquilinas para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN tumbaron la propuesta. Son las mismas formaciones que previsiblemente tumbarán el decreto este viernes.

La nueva regulación tenía como objetivo que tras la etiqueta de “temporada” se encubran contratos que, en la práctica, responden a una residencia habitual. Es el mismo tipo de regulación que ya se aplica en Catalunya. Allí, la nueva norma hizo que durante el primer trimestre del año cayeran los contratos de alquiler temporal firmados un 32% en comparación al año anterior, caída que también se refleja en el total de anuncios de temporada de Idealista en Barcelona.

¿Y medidas así funcionan? Las opiniones de los expertos varían. El investigador Javier Gil considera que son determinantes: “significa que no se pueda utilizar de manera fraudulenta el alquiler de temporada, también se van a controlar los precios de los alquileres, pero sobre todo se tiene que inspeccionar y sancionar a quien los utilice de esa manera”, sentencia.

En el otro extremo está Argelich. La profesora de la Complutense cree que la evidencia es suficiente prueba para demostrar que a golpe de sanción no se arregla nada. “Expropiar, multar o sancionar son palabras que en materia de vivienda no funcionan y que acaban volviéndose en contra de la propia norma. Mientras no haya incentivos positivos, la oferta de alquileres no va a aumentar”.

Frente a las sanciones tanto ella como Tucat abren la puerta a otro tipo de políticas: la gestión de los alquileres vacíos por parte de la administración, los incentivos fiscales o la reserva de suelo para la construcción de más vivienda social. Si bien, no se puede prever el impacto real de cualquiera de estas alternativas hasta que no haya información real de la situación de cada comunidad de España.

Y ahí, avisa Tucat, sigue faltando lo básico: datos. El registro único de alquileres que se anuló era “una fuente de información bastante importante”, y sin referencias reales que digan qué ocurre en cada comunidad se legisla a ciegas. “Algo esencial para poder mejorar las políticas es tener datos e información”, zanja. Sin ellos, difícil saber si el próximo zanjará el problema o acabará generando otro.

Una de las medidas con más alcance del real decreto de vivienda publicado este miércoles tras su aprobación in extremis el martes en Consejo de Ministros es la prórroga extraordinaria para todos aquellos contratos de alquiler que venzan antes de 2029. Afecta a 1.895.676 contratos y a alrededor de 5 millones de personas, según estimaciones del Ministerio de Consumo a partir del panel de hogares, todos aquellos con contrato en vigor hasta el 31 de diciembre de 2028.

Serán bastantes más, puesto que los inquilinos de Euskadi y Navarra también pueden acogerse a esta prórroga, pero, como cuentan con un régimen foral, sus datos fiscales de vivienda no aparecen el panel de hogares de la Agencia Tributaria estatal. En Euskadi hay unos 152.000 hogares de alquiler y en Navarra, unas 45.300 viviendas en esta situación, pero no todas tienen contratos que venzan en esta fecha.

La medida no solo dará tranquilidad a todos aquellos inquilinos con contrato en vigor durante los próximos años, sino que también dará certeza a quienes solicitaron la prórroga durante el mes que estuvo en vigor una medida que, en aquella ocasión, tan solo afectaba a quienes tuvieran contrato hasta diciembre de 2027, un año antes.

La Comunidad Autónoma más beneficiada por esta medida es Madrid, donde 402.082 contratos serán prorrogables gracias al real decreto. Eso supone alrededor de un millón de personas, a razón de una media de 2,5 personas por hogar.

En Catalunya, son 339.088 los contratos prorrogables, unas 847.000 personas, la mayoría de ellos en Barcelona, donde hay 248.053.

La Comunitat Valenciana, con 224.372 contratos y unas 560.000 personas, y Andalucía, con 200.000 contratos y unas 450.000 personas, son las siguientes con más inquilinos que verán aliviado su horizonte cercano.

Galicia cuenta con 111.175 contratos que pueden acogerse al decreto, Canarias con 108.252, Castilla y León con 94.994 y Baleares más de 69.000, seguido muy de cerca por Aragón, con 64.272 contratos prorrogables.

Cierran la lista Castilla-La Mancha (54.744), Región de Murcia (46.819 contratos), Asturias (41.197), Extremadura (30.630), Cantabria (21,180) y La Rioja, con 12.721 contratos.

Todos estos inquilinos, de cualquier forma, verán ampliada su protección si se aprueba el segundo decreto, que prevé renovaciones automáticas de contratos por la misma duración que el anterior, de entre 5 y 7 años, para toda la vida, excepto para aquellos caseros que la necesiten para sí mismos. De otra forma, tendrán que pagar una anualidad de indemnización al inquilino para que se vaya.

El real decreto de vivienda, que ha supuesto un vendaval en la vida política, económica y social, se aprobó con la presión de la acampada de Sol liderada por el Sindicato de Inquilinas y desatada tras el desahucio a Maricarmen, una mujer de 87 años a quien echaron de su casa por un contrato vencido en 2007 que se había dado por prorrogado hasta que se llevó a la justicia.

El real decreto incluye también la regulación por la LAU del alquiler de habitaciones y de temporada, la suspensión de desahucios, el veto de compra a fondos buitre y la congelación de alquileres anualmente. Solo los pisos por debajo del precio medio que marca el índice podrán subir su precio, pero tan solo hasta un 2%.

Los inquilinos que cobren menos de 33.000 euros también podrán deducirse sus gastos de alquiler, así como los caseros que pongan los alquileres por debajo del precio de mercado.

Durante casi una década los alquileres no han dejado de crecer. Da igual si el piso empezó siendo barato o caro, si se alquiló en una gran ciudad o en una pequeña. El precio medio ha subido de forma constante desde 2015 y para 2024 ya acumula un incremento medio del 43%, casi el doble de lo que lo han hecho los salarios. En números concretos: si hace nueve años pagabas 800 euros por un piso, hoy pagas, como mínimo, 1.144. Mismo piso, mismo barrio, pero un precio muy distinto.

Son los datos que explican el estallido social por el acceso a la vivienda que se ha desencadenado a raíz del desahucio de Maricarmen. Las últimas cifras disponibles -de 2024- corroboran que la subida no frena y continúa escalando año tras año. Ahora, los inquilinos pagan un 5% más que hace un año, un 10% más que en 2022 y un 15% más que en 2021. Así lo indica el análisis realizado por elDiario.es de los datos de alquileres calle a calle publicados por el Ministerio de Vivienda.

En el siguiente mapa puedes ver cuánto ha crecido el precio mediano de los alquileres –el valor central al ordenar todos los datos de mayor a menor, es decir, la mitad de los alquileres son más caros y la mitad más baratos– desde 2015 hasta 2024 en cada sección censal (la unidad administrativa más pequeña) de la mayoría de ciudades españolas. Cuanto más oscuro es el color, más han subido los precios.

Si buscas, por ejemplo, el barrio del Retiro, justo en la zona donde residía Maricarmen, los precios han subido incluso un poquito más. En 2015, el alquiler mediano era de 815. En 2024, último año con datos disponibles, está en los 1.205 euros, un 48% más. Con su pensión de 1.450 euros, tendría que destinar prácticamente todos sus ingresos para pagar un alquiler medio en la calle en la que vivía.

Las cifras provienen del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, del Ministerio de Vivienda, que cruza los ingresos de alquileres por vivienda habitual declarados en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con la información disponible de cada inmueble en la base de datos del Catastro. Para 2024, las cifras parten de más de dos millones de viviendas alquiladas por particulares que han sido declaradas ante la Agencia Tributaria. Además, se han incluido datos de Navarra y Euskadi, pero solo a partir de 2021 y 2022, respectivamente [ver metodología]. 

Hay que tener en cuenta que la estadística recoge una mediana de todos los alquileres declarados de esa sección censal. Es decir, incluye los contratos que se firmaron en 2024, los que firmaron hace más de 10 años (antes de la subida de los precios) y los alquileres a precio fuera de mercado entre conocidos o amigos.

El precio se calcula dividiendo el total de ingresos anuales declarados por los caseros entre 12 meses, lo que puede infraestimar las cifras cuando la vivienda no está ocupada todo el año. Por ejemplo, si la vivienda no ha estado alquilada durante dos meses, el alquiler mensual se calculará como si hubiese estado arrendada todo el año.

Además, quedan fuera de la estadística las viviendas de la economía informal y las que son propiedad de sociedades o empresas. Tampoco figuran los anuncios que ves hoy en los portales de búsqueda de viviendas. Pero la estadística refleja el parque de viviendas alquiladas declaradas en el IRPF y cómo han subido en la última década. Un alza que está impactando de lleno a la población inquilina.

“Hay gente que no se acaba de casar, hay gente que no acaba de tener críos, que tiene un proyecto de vida colgado en el aire… y eso afecta a muchas cosas, entre otras a la salud”, destaca Javier Burón, gestor de vivienda social y autor del libro El problema de la vivienda. “El país ya está pagando un precio”, asevera. “El 80% de España está jugando al rentismo y a la especulación. Y el 20% queriendo apagar el fuego.” 

La transferencia entre quienes pagan el alquiler y quienes lo reciben en nuestro país alcanzó en 2025 los 28.000 millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria. Y si se caracteriza por algo es por ir de muchas manos, a muy pocos bolsillos. El 10% más rico de España concentra casi la mitad de lo que pagaron 10 millones de inquilinos.

La presión no es la misma en Baleares que en Zaragoza

La subida no es la misma para todos, pero sí es generalizada: el incremento del 43% es una media, y como toda media, agrupa realidades distintas. Hay municipios donde los precios han crecido más y otros donde lo han hecho menos. Por ejemplo, en un cuarto de las secciones censales del territorio el precio ha subido más de un 50% mientras que una de cada 20 secciones censales ha registrado una subida más limitada, de menos de un 20%.

Aunque las cifras siguen mostrando la brecha de precios entre ciudades y zonas menos pobladas, también señalan cómo la subida del alquiler ha golpeado a ciudades grandes, medianas y pequeñas, dejando de ser un fenómeno exclusivo de los núcleos urbanos metropolitanos. “Hay niveles de dureza del problema; no es la misma presión en Zaragoza que en Baleares”, especifica Burón. “Hay lugares en los que hay empleo y los puestos no se cubren porque con el salario es imposible vivir allí. ¿Cuánta gente se va de Madrid y Barcelona a ciudades intermedias?”, cuestiona.

En el siguiente gráfico puedes ver la subida media del alquiler (las líneas negras) de las secciones censales (los puntos) según el tamaño del municipio. Todas suben entre un 40 y un 50%. Ten en cuenta que en estas cifras no están incluidos los incrementos de precios producidos en 2025, ya que los datos usados provienen de las declaraciones de IRPF y se publican con dos años de retraso.

Precisamente, la presión sobre el precio de los alquileres hace que en Madrid y Barcelona, las ciudades con más de un millón de habitantes, hayan visto subir el alquiler medio un 44%. Pero el encarecimiento es aún mayor en el resto de grandes capitales (entre 250 mil y un millón de habitantes), con precios casi un 50% más caros que hace una década. Y las localidades medianas y pequeñas tampoco escapan: sus alquileres han crecido un 40-43%.

“Hay hogares que previamente estaban protegidos y ya no lo están”, destaca Irene Lebrusán, doctora en sociología y profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. “Esta crisis habitacional se ha extendido a una serie de sectores socioeconómicos que antes no estaban tan expuestos a estos vaivenes”.

Tampoco la geografía protege de la subida. El alquiler mediano de todas las comunidades supera los 420 euros y puede llegar hasta los 800. Por provincias, en las regiones turísticas del mediterráneo como Alicante o Valencia, se paga entre 150 y 220 euros más al mes. Si salimos de estas áreas la dinámica se mantiene, en zonas del norte como La Rioja o Pontevedra los pisos rondan los 480 euros al mes.

“Aunque nadie está bien, no todo el mundo está igual” recalca Burón. Las personas que el alquiler expulsa de Madrid y Barcelona se marchan a la periferia de la zona metropolitana. A su vez, la gente que vivía en estas zonas se marcha a zonas más alejadas y se crea un efecto dominó.

Así, el aumento de precios en los distintos tamaños de municipios se traduce también en que las zonas caras y baratas terminan subiendo de forma similar. En el siguiente gráfico se agrupan las secciones censales según el precio mediano de sus alquileres en 2015. Cada punto representa una sección censal, la unidad administrativa más pequeña, que corresponde a un grupo de manzanas en una gran ciudad, un barrio en una ciudad mediana o un municipio entero en las áreas menos pobladas.

Están agrupadas según el precio mediano de sus alquileres en 2015 y se sitúan más a la derecha cuanto mayor ha sido la subida de los precios entre 2015 y 2024. En todos los grupos la mayoría de barrios se sitúan en subidas que van del 30 al 60%. De media, las zonas que tenían alquileres de menos de 300 euros al mes y las que tenían alquileres de más de 750 son las que suben ligeramente más que el resto, pero todas han visto aumentar su cuota mensual alrededor de un 40%. 

Como referencia, el salario medio de 2024 en España fue de 29.540 euros por trabajador, un 27% más que los 23.106 euros de 2015, según la encuesta anual de estructura salarial del INE. Es decir, poco más de la mitad de lo que ha subido el alquiler. La consecuencia es que en España ya son casi tres millones de personas las que viven ahogadas por el alquiler, es decir, uno de cada cuatro inquilinos destina más de un tercio de sus ingresos a la vivienda.

Ante esta situación, Lebrusán advierte: “Sin vivienda no tenemos absolutamente nada. La vivienda es un derecho habilitante de otros derechos, es decir, sin ella no podemos hacer nada, ni siquiera producir. Al final el propio sistema se va a ver colapsado porque no es posible presionar tanto a las familias, a los hogares y que esto no tenga consecuencias sobre todos los aspectos de la sociedad”.

Por ejemplo, en Moncada (Valencia) uno de los municipios donde más ha subido el precio del alquiler desde 2015 una persona con el sueldo medio habría dedicado un 17% del sueldo bruto a la vivienda mientras que en 2024, ya supondría el 25%. 

¿Por qué sube la vivienda si no suben los sueldos?

Los expertos apuntan a que no es una respuesta sencilla porque no hay un único motivo. Entre las causas está el aumento de la demanda de alquileres impulsado por el aumento de la población que además se concentra en las grandes ciudades donde hay más oferta de empleo. Entre ellos, familias jóvenes, migrantes o trabajadores nómadas. Muchos de estos perfiles permanecen además más tiempo en el mercado de alquiler por la dificultad de acceder a la compra de una vivienda. 

A su vez, la oferta de vivienda disponible para alquilar no es suficiente para cubrir el aumento de la demanda. Los últimos cálculos de elDiario.es cifraban en medio millón el déficit de viviendas entre 2012 y 2024. Una falta de obra nueva que termina tensionando los precios del alquiler. Condiciones que se suman a la proliferación de pisos turísticos y las viviendas destinadas al alquiler temporal. En ciudades de costa como Málaga hay más de 8.000 viviendas destinadas a alquileres turísticos mientras los precios suben un 48%.

Aunque los municipios más caros siguen estando en Madrid, Barcelona o zonas turísticas como Baleares, entre las localidades que más han disparado sus precios encontramos zonas fuera del núcleo urbano. La falta de alquiler regular en las grandes ciudades genera un efecto dominó: los hogares expulsados del centro se trasladan a los barrios periféricos y los que vivían en la periferia se trasladan a los municipios limítrofes que están absorbiendo a estos residentes, donde la demanda hace que los precios también suban.

Es el caso de Ocaña o Casarrubios del Monte en Toledo, que han visto sus precios disparados en un 60% en la última década, u otros como La Muela en Zaragoza, que no llega a los 7.000 habitantes, pero se pagan 190 euros más en cada mensualidad. Si quieres saber cuánto ha subido el alquiler en tu municipio, puedes consultarlo en la siguiente tabla.

España ha sido y es un país de propietarios desde que en los años 60 se empezó a fomentar la vivienda en propiedad. “Desde el estado franquista tuvimos una socialización basada en la tenencia en propiedad de la vivienda”, destaca la socióloga Lebrusán. “Se estranguló la alternativa que era el alquiler y las políticas públicas, tras el franquismo, siguieron apostando por esta forma de tenencia”. Pero esta tendencia está empezando a revertirse. Si en 2004 eran el casi el 80% de los hogares con vivienda en propiedad, en 2025 la cifra ha caído al 73%.

Alquilar, que se consideraba el paso previo y provisional a la compra de vivienda, empieza a ser para algunos la única opción. “Por primera vez en un siglo, amplias partes de la población igual tienen que vivir de alquiler toda la vida”, destaca Burón. “O se regula de una forma importante y se invierte mucho dinero en vivienda social asequible o es poco probable que [la subida de precios] cambie”. 

Estas y otras son las reclamaciones de quienes se han manifestado en Sol durante la última semana y que, por el momento, han desencadenado la aprobación de dos decretos de vivienda en el Consejo de Ministros. Entre las medidas que incluyen la suspensión de desahucios o las prórrogas automáticas, también se establece una límite a la subida del precio de los alquileres. Entre 2015 y 2024, el precio medio de los alquileres aumentó un 43%. Con el nuevo límite, la subida no podrá superar el Índice de Referencia de la Vivienda.

“Me echan de mi casa porque parece que el casero necesita la vivienda para él después de habernos insinuado hace unos meses que quería subirnos 400 euros el precio del alquiler”, cuenta Elena, de 34 años. Para pagar ese piso, que ahora tiene que abandonar, destina un 40% de sus ingresos, sin incluir otros gastos como luz o gas. Elena es la personificación de la España ahogada por el alquiler: inquilinos que destinan más de un tercio de lo que ingresan para pagar la vivienda.

Como ella, a día de hoy, uno de cada cuatro inquilinos (26%) tienen que hacer un sobreesfuerzo económico para poder llegar a fin de mes. Los jóvenes menores de 30 años, los que viven solos, las familias donde solo trabaja una persona o donde los dos están en paro, hogares monoparentales y la población migrante son los grupos más expuestos a vivir ahogados por el alquiler en España. Así consta en el análisis realizado por elDiario.es sobre los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE) que permite conocer quiénes son los más vulnerables a este esfuerzo económico excesivo. 

El umbral del 30% es el límite de endeudamiento recomendado por los organismos internacionales para poder hacer frente al resto de gastos cotidianos. Superarlo expone a las familias al sobreendeudamiento y a desatender el resto de necesidades básicas. En España ya hay 2,7 millones de inquilinos (repartidos en 1,6 millones de hogares) que superan este límite para pagar el alquiler. El siguiente gráfico muestra la evolución de las personas inquilinas y cuántas superan el esfuerzo recomendado.

La subida sin tregua de los precios del alquiler (48% en la última década, según la ECV) ha disparado el coste de la vivienda para las familias en España y ha duplicado esta gran transferencia de dinero desde 2015. A pesar de ese ascenso, el porcentaje de personas que viven ahogadas por los precios del alquiler ha disminuido en los últimos diez años (36,4% al 26,2%)

Esta paradoja se explica principalmente por el mayor aumento de ingresos entre la población de rentas más bajas vinculada a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la reducción del desempleo (del 21% al 10% actual), la reforma laboral (por la caída de la temporalidad) o la implantación del Ingreso Mínimo Vital.

Pero la caída del porcentaje de hogares ahogados también se explica por los ahogados invisibles: inquilinos que han vuelto a casa de sus padres ante el aumento de precios o los jóvenes que no consiguen independizarse, un número que se ha disparado desde 2015. “Si me voy a vivir a una habitación, pagaría mínimo 500 euros y no puedo comer. No tengo mucha opción”, detalla Joel, quien cobra 800 euros y vive con sus padres.

En 2025 hay medio millón de jóvenes (25-34 años) más que viven con sus padres que los que había hace una década. “El elevado esfuerzo en términos de renta que supone el alquiler de una vivienda es un factor que limita la capacidad de emancipación de los jóvenes, especialmente en las grandes ciudades”, confirma el Banco de España. El siguiente gráfico muestra cómo ha cambiado la situación de convivencia y tenencia de vivienda en cada grupo de edad en la última década.

“Hace un año cobraba 1.000 y se me iba literalmente la mitad de mi sueldo en el alquiler”, detalla Mauro, de 22 años. Aunque ha mejorado sus condiciones salariales sigue destinando más de un 35% de sus ingresos al arrendamiento de un piso en Vallecas que comparte con otras personas y que ni siquiera tiene salón, porque lo han convertido en otra habitación. 

Al grupo de jóvenes se suman especialmente aquellos que hacen frente a los gastos en solitario. Como ejemplo, una madre soltera con el salario mínimo interprofesional de 1.141 euros, que destina el 30% al alquiler, le deja unos 800 euros para hacer frente al resto de gastos básicos: la compra, facturas, transporte o ropa. Sin embargo, hay hogares en peor situación que destinan hasta un 40% o 50%. Es decir, la mitad del sueldo se va únicamente a pagar el alquiler. 

Si el umbral recomendado para poder llegar sin dificultades a fin de mes tanto de la OCDE como de la Comisión Europea, y que la Ley Estatal de Vivienda reconoce, es no destinar más del 30% del salario a la vivienda para llegar sin dificultades a fin de mes, al menos un 7% de los inquilinos en España no solo lo superan; dedican más del 60% de sus ingresos.

Casos con el perfil de Maricarmen, desahuciada el pasado 26 de septiembre, no son comunes. Los mayores de 65 años que viven solos de alquiler suponen apenas el 2% de los inquilinos. Sin embargo, a ellos les afecta especialmente la escalada de los precios. La mitad de estas personas mayores deben destinar más de un tercio de sus ingresos o pensión a pagar el arrendamiento.

Además de Maricarmen, entre los más ahogados están los hogares donde vive una sola persona y los monoparentales. Es decir, el mercado de la vivienda castiga especialmente a las personas que no conviven en pareja o con más compañeros de piso.

Maricarmen pagaba 500 euros en concepto de renta antigua antes de ser desahuciada. Un contrato de 1956 que se había subrogado por segunda vez en 2005 y que le permitía destinar algo menos de un 30% de su pensión a la vivienda. Con la subida propuesta originalmente por Urbagestión, el fondo que adquirió su piso, la cantidad que debía pagar era más que sus ingresos. Finalmente, el acuerdo logrado con la empresa tras el estallido social establece que el precio del alquiler nunca podrá superar el 30% de los ingresos netos de Maricarmen y tendrá una duración aproximada de ocho años.

Los ahogados por el alquiler se concentran en núcleos urbanos y turísticos

La subida del precio en los alquileres de larga duración, explicado por la falta de oferta residencial y por el salto de las viviendas a uso turístico y al alquiler de temporada (una práctica cada vez más extendida para evitar el tope de los precios) hace que los esfuerzos para acceder a una vivienda se intensifiquen en las grandes ciudades, zonas de la costa mediterránea y los archipiélagos. Es decir, zonas que o bien crecen en población y cuentan con una gran actividad económica o bien cuentan con un gran atractivo turístico.

Así, comunidades con más de un millón de personas viviendo de alquiler, como Madrid, Andalucía o la Comunitat Valenciana superan la media nacional y casi 3 de cada 10 inquilinos viven haciendo un sobreesfuerzo económico mes a mes. Aunque el problema se intensifica en las ciudades. Tal y como recogió el Banco de España, el esfuerzo medio en Madrid, Barcelona, Sevilla o Málaga ya supera el 40%.

Esta asfixia golpea especialmente a los hogares más pobres, donde son frecuentes las familias con varios miembros en paro o en empleos de baja cualificación.

El siguiente gráfico muestra la distribución de los hogares españoles si los dividimos en diez grupos iguales según su renta disponible. Los más empobrecidos son los más asfixiados por pagar el arrendamiento de la vivienda.  

La mitad de la población ahogada por el alquiler pertenece a los dos primeros estratos. Es decir, al 20% con menos renta (medida por unidad de consumo). Son, precisamente, los que más viven de alquiler ante la imposibilidad de ahorrar para comprarse una vivienda.

El vínculo entre renta y origen es claro. La población migrante, tal y como documentó elDiario.es, se concentra en los barrios más pobres de las ciudades españolas. Un factor que les convierte en el gran bloque de gente asfixiada por el pago del alquiler. 

De los 2,7 millones de personas expuestas al esfuerzo superior al 30%, la mitad de ellas son migrantes nacidos fuera de la Unión Europea. Principalmente, de Latinoamérica. La subida del precio del alquiler y los duros requisitos del mercado inmobiliario empujan a la población migrante a vivir en la periferia y en zonas empobrecidas. Son familias que empiezan de cero en España, sin papeles, con apenas recursos, inestabilidad laboral y salarios bajos que les ubican en los deciles de renta más inferiores, viéndose obligadas a destinar más del 30% de su salario a la vivienda.

Pese a que España ha sido tradicionalmente un país de propietarios, la población inquilina ha aumentado en 3 millones de personas en los últimos años. Ahora este grupo, que ya representa el 21% de la población, es donde la pobreza golpea con más fuerza. Uno de cada cinco inquilinos vive con carencia material severa. Son al menos 1,6 millones de hogares que viven de alquiler y que no pueden permitirse gastos básicos como comer carne o pescado cada dos días, mantener la vivienda a una temperatura adecuada o tener una lavadora. 

La crisis de acceso a la vivienda no solo se extiende a la carencia material, sino que también tiene efectos directos sobre la salud mental de la población. Tal y como destacó el Ministerio de Sanidad, allí donde hay más desempleo, menos acceso a la vivienda o menos vínculos comunitarios, se disparan las tasas de ansiedad, depresión o consumo de psicofármacos. “Imagínate tener un contrato y el año que viene no saber dónde vas a estar o si vas a tener que cambiar de trabajo porque no puedes pagarlo”, lamenta el joven Joel.

El mapa que te dice dónde podrías vivir, calle a calle

¿En qué ciudades y barrios de España el precio del alquiler está por debajo del 30% de tus ingresos actuales? En el mapa que aparece a continuación puedes ver cuáles son estas zonas y dónde están. Al seleccionar los ingresos netos de tu hogar el mapa va a pintar qué porcentaje de tus rentas tendrías que gastar para permitirte el alquiler mediano de cada sección censal, de más asequible a más caro.

Los datos provienen de la última actualización Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, que incluye los alquileres por vivienda habitual declarados en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) cruzado con la información disponible de cada inmueble en la base de datos del Catastro.

“Alquiler de temporada con estancia mínima”, “perfecto para profesores visitantes o estudiantes”, “estancias de 11 meses renovables”, “disponible de septiembre a junio”, “solo curso escolar”. Si buscas un piso en alquiler en Idealista en alguna de las 52 capitales de provincia, es casi imposible no encontrarse con frases similares: casi la mitad (45%) de los anuncios ya son ofertas que incluyen estas expresiones para indicar que solo se alquila para estancias cortas.

Lo que podía ser una situación normal para cubrir la necesidad de personas que estudian o trabajan temporalmente en otras ciudades se convierte en una alternativa a la que recurren cada vez más caseros para evitar las regulaciones introducidas por la ley de vivienda. Principalmente, la duración mínima del contrato o el control de precios, en una práctica que los expertos califican como “fraude de ley”.

A mediados de agosto de 2026 se podían encontrar en Idealista casi 37.800 anuncios de pisos en alquiler entre todas las ciudades capitales de provincia, tal y como se desprende del análisis de los datos recopilados por elDiario.es. De ellos, 17.050 eran ofertas donde, o bien se mencionaba explícitamente que se trataba de un alquiler de temporada, o se usaban otras fórmulas para indicar que no se firmaría un contrato de residencia habitual acorde con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Durante los dos últimos años, elDiario.es ha estado recopilando, mes a mes, todos los anuncios de alquileres en las 52 capitales de provincia para comprobar cómo ha ido cambiando el perfil de la oferta en la principal plataforma en España. Desde septiembre de 2024, el número de anuncios que se ofertan por meses fuera del paraguas de la ley ha subido del 31% al 45%.

Este cambio coincide en el tiempo con más regulaciones para los alquileres de vivienda habitual, que han acercado el poder de los inquilinos al de los caseros. Entre ellos, la duración mínima de los contratos, condiciones específicas para los grandes tenedores en las zonas tensionadas y, sobre todo, la limitación de las subidas de precio mediante un índice de referencia (el IRAV). Los contratos de temporada escapan a estas reglas.

Y muchos caseros lo aprovechan. “Lo que vemos es que lo que buscan los caseros cada vez más es no solo ir a estos mercados obteniendo por lo general una rentabilidad mayor, sino también tener más flexibilidad sobre las viviendas. No tener que cumplir con las legislaciones que dan derechos a los inquilinos y ponen más obligaciones a los caseros”, explica el investigador del CSIC, Javier Gil.

“Es un buen ejemplo de cómo se aplica una norma con una finalidad contraria a la que le es propia”, apunta la profesora de derecho civil en la Universidad Complutense de Madrid, Cristina Areglich. “Yo no quiero que se me aplique la regulación del arrendamiento de vivienda habitual, así que celebro este contrato de alquiler por once meses. Evidentemente, ese es un contrato en fraude de ley”, explica.

Si colocamos las 52 capitales de provincia en un mapa según el peso que tiene el alquiler de temporada en la ciudad, destacan Donostia y Bilbao, con más de un 85% de anuncios para alquileres a corto plazo. En Pamplona, Barcelona y A Coruña también superan el 70% de la oferta.

¿Qué tienen en común? Todas han declarado zonas de mercado residencial tensionado, que tiene limitaciones más estrictas que la ley general. “Se ve muy claro: donde más ha subido es en Catalunya, Euskadi o Galicia”, apunta Argelich. La comparación entre las dos grandes ciudades lo resume: “Si haces la comparativa Barcelona-Madrid, la oferta se reduce menos en Madrid precisamente porque no aplica el control de rentas”.

Uno de los principales incentivos para intentar esquivar la ley de vivienda es económico. Los alquileres de temporada son, por norma general, bastante más caros, algo que se aprecia bien al comparar el precio mediano por metro cuadrado. Sobre todo en las ciudades con más presencia de esta modalidad de contratos, como Madrid, Barcelona y Donostia, que tienen los precios más elevados del mercado.

En comparación con los alquileres de larga duración, en la capital madrileña es un 34% más caro, en la capital catalana, un 14% y en la ciudad vasca, un 17%. Pero hay ciudades con una diferencia todavía mayor: en Toledo supera el 50% y en Zaragoza y Valladolid la diferencia es más de un tercio.

Pablo Tucat, Director de Estrategia en KSNET y economista especializado en políticas públicas, advierte de que es una comparación que hay que matizar. “No estamos comparando exactamente el mismo producto. Por ejemplo, las características del piso tienden a ser distintas y la ubicación no es la misma. los alquileres de temporada se concentran en las zonas más caras de la ciudad, y eso infla su precio por metro cuadrado frente al de larga estancia”, apunta.

Aunque el número de anuncios apenas ha subido en los últimos años, los alquileres de corto plazo sí lo han hecho. En julio de 2025 había 42.000 anuncios en Idealista, el mismo mes de este año apenas 400 anuncios más. Sin embargo, había 1.200 pisos de temporada nuevos.

También hay que tener en cuenta que los cálculos de elDiario.es son una foto fija de un momento concreto en cada mes. O que los anuncios de larga estancia se republican con mayor frecuencia que los de temporada -por tanto, están más tiempo visibles- y que son cálculos conservadores. Por ejemplo, no consideramos temporales los que se ofrecen “para estudiantes” a no ser que especifique que la duración es menor de 12 meses. Tampoco los pisos que se ofrecen tanto para larga estancia o temporada y fórmulas ambiguas como: “¡PISO PARA LARGA TEMPORADA! ¡ESTANCIAS DE 11 MESES RENOVABLES!”.

Aun así, los datos sí permiten ver que no es que haya más oferta, sino que caen los de larga duración y se sustituyen por los de temporada. Al mismo tiempo, cada vez son más las viviendas que aparecen en Idealista ligadas a compañías profesionales que se dedican a gestionar precisamente viviendas de temporada.

Son plataformas online como Spacest, Spotahome o Homespace que publican anuncios de este estilo: “DISPONIBLE EN: Octubre. Reserve en línea haciendo clic bajo el mapa. No se aceptan alquileres inferiores a 2 meses”. Describen su nicho de mercado como “alquileres de media-larga estancia” y están más enfocadas en estudiantes o profesionales desplazados que en turistas.

La posibilidad de utilizar un contrato de corto plazo para sortear la ley de vivienda ya es incluso parte de una estrategia en redes sociales: “¿Cómo vas a evitar el índice de alquiler? Te doy tres formas para saltártelo [...] la primera y la más obvia: haces un alquiler temporal de 11 meses”, comparte un usuario de Tiktok.

Se presentan como expertos en el sector inmobiliario y recomiendan a los caseros pasarse al alquiler temporal. “Así puedes saltarte la ley de vivienda de forma legal, como inversores inmobiliarios”, anuncia otra cuenta.

¿Si se trata de un fraude de ley, por qué siguen siendo habituales este tipo de alquileres y cómo pueden incluso anunciarse en redes sociales? Porque corregirlo depende del inquilino y no es barato. “Para calificar ese contrato como correspondería lo que procede es demandar, y es caro”, apunta la jurista. No hay, por tanto, una capacidad real de oposición: “El que necesita una vivienda y se tiene que mudar firma un contrato por temporada aunque sea un fraude de ley, porque en algún lugar tiene que vivir”.

Son también muchos los anunciantes que dirigen sus ofertas a colectivos que abandonan la ciudad durante los meses de verano. Así, predominan las ofertas para el “curso escolar”, “estudiantes universitarios” o “profesionales desplazados”, lo que permite cobrar unas mensualidades más elevadas durante el verano en ciudades turísticas.

Es una realidad que se deja ver en los datos. En el siguiente gráfico puedes ver la evolución del porcentaje de alquiler de temporada en cada ciudad y cómo condicionan los meses de verano en regiones costeras y turísticas. Por ejemplo, en Santander, Almería o Cádiz el alquiler temporal es hasta 20 puntos más alto en comparación con la temporada de invierno en la misma ciudad.

En el lado contrario a estos destinos tenemos las ciudades con zonas tensionadas como Donostia, A Coruña y Oviedo con un avance casi lineal entre septiembre de 2024 y agosto de 2026.

Si solo tenemos en cuenta el cambio total de cada ciudad en el último año, las cuatro ciudades que más aumentan tienen activadas las zonas tensionadas: A Coruña, Vitoria, Bilbao y Pamplona. “La literatura científica que estudia el control de rentas detecta unos efectos comunes que son la reducción de la oferta, el incremento de los precios en aquellas zonas que no son tensionadas y la fuga del mercado de alquiler de vivienda habitual al alquiler de temporada”, apunta Cristina Argelich.

Sin embargo, aunque Madrid tiene menos porcentaje de alquileres temporales ha crecido mucho más que Barcelona en el último año. 8 puntos más frente a los 0,4 puntos de la capital catalana, a pesar de no haber activado las zonas tensionadas. De hecho, en Barcelona aunque el porcentaje se mantiene más o menos estable desde enero de 2026, con la entrada en vigor de una norma para controlar el alquiler temporal, el número de anuncios para estancias cortas sí que se ha reducido, pasando de 5.000 en diciembre de 2025 (un mes antes de que se aprobara la ley) a 3.200 el último mes.

“Es algo que puede parecer hasta contraintuitivo ¿no?”, señala el economista Pablo Tucat, “en el caso de Barcelona viene directamente de intentar atacar ese segmento. En el caso catalán lo hicieron creo que de una manera creativa: en lugar de prohibir o monitorear (que también se hace), lo que hacen es aplicar también el precio de referencia. Ahí lo que ocurre es que quitas el incentivo económico que tenía pasar al alquiler de temporada”.

Incluso dentro de la misma ciudad, la situación es igual para todos las zonas. En Barcelona el alquiler de temporada abarca casi toda la ciudad aunque los barrios con más oferta (las burbujas más grandes) son también donde más temporalidad encontramos, con zonas como el barrio Gòtic en las que las viviendas para corto plazo superan el 80% de la oferta.

Madrid y Valencia tienen una distribución un poco más variada. El centro, y la costa en el caso de Valencia, concentran la mayor parte de la temporalidad mientras que los distritos periféricos y residenciales como el Ensanche de Vallecas (Madrid) o Sant Pau (Valencia) tienen menos oferta tanto general como de temporada.

Cómo abordar el problema de la regulación

El cambio del tipo de alquiler a una modalidad distinta o el aumento de precios en viviendas no reguladas eran impactos prácticamente asegurados. La revisión más ambiciosa que se ha hecho hasta la fecha por el economista alemán Konstantin Kholodilin repasó más de doscientos trabajos sobre control de alquileres publicados en distintos países confirmaba que la medida funciona en aquello para lo que se diseña: las viviendas reguladas frenaban sus precios, pero advertía de que iba ligado a estos otros efectos.

El propio Gobierno calcula que cerca de un millón de personas viven ya en un piso de alquiler de temporada y más de un tercio lo hacen por no poder acceder a otro de larga estancia. Son cifras suficientemente relevantes como para colocar este tipo de alquiler en el centro del debate con un decreto que pretende regularlo.

De hecho, este decreto se lleva aplazando desde hace meses por la falta de apoyos entre las exigencias no cumplidas de Junts y los reproches de Podemos por los cambios en la ley de suelo. El pasado mes de julio, el Gobierno hizo circular un amplio borrador por los grupos parlamentarios, pero los rechazos aplazaron la iniciativa hasta septiembre. Llegado septiembre, la crisis de Ceuta vuelve a demorar las negociaciones de manera indefinida.

La nueva regulación exigirá que se demuestre con documentos que la persona que va a vivir en un alquiler temporal tan solo estará entre uno y 12 meses. Superado ese período, si el inquilino sigue viviendo en el piso, su contrato pasará a ser de vivienda habitual.

Ese tipo de regulación ya se aplica en Catalunya, con el añadido de que el tope a los precios también se aplica allí al alquiler temporal. La nueva norma hizo que durante el primer trimestre del año cayeran los contratos de alquiler temporal firmados un 32% en comparación al año anterior, caída que también se refleja, aunque en menor medida, en el total de anuncios de temporada de Idealista en Barcelona.

¿Y tiene posibilidades de funcionar? Las opiniones de los expertos varían. El investigador Javier Gil considera que son unas medidas determinantes: “significa que no se pueda utilizar de manera fraudulenta el alquiler de temporada, también se van a controlar los precios de los alquileres, pero sobre todo se tiene que inspeccionar y sancionar a quien los utilice de esa manera”, sentencia.

En el otro extremo está Argelich. La profesora de la Complutense cree que la evidencia es suficiente prueba para demostrar que a golpe de sanción no se arregla nada. “Expropiar, multar o sancionar son palabras que en materia de vivienda no funcionan y que acaban volviéndose en contra de la propia norma. Mientras no haya incentivos positivos, la oferta de alquileres no va a aumentar”.

Frente a las sanciones tanto ella como Tucat abren la puerta a otro tipo de políticas: la gestión de los alquileres vacíos por parte de la administración, los incentivos fiscales o la reserva de suelo para la construcción de más vivienda social. Si bien, no se puede prever el impacto real de cualquiera de estas alternativas hasta que no haya información real de la situación de cada comunidad de España.

Y ahí, avisa Tucat, sigue faltando lo básico: datos. El registro único de alquileres que se anuló era “una fuente de información bastante importante”, y sin referencias reales que digan qué ocurre en cada comunidad se legisla a ciegas. “Algo esencial para poder mejorar las políticas es tener datos e información”, zanja. Sin ellos, difícil saber si el próximo zanjará el problema o acabará generando otro.

España, como la mayoría de países, sufre una caída notable en la edición de PISA 2025 y confirma una tendencia a la baja que es global. Pero si en la anterior edición, hace tres años, España caía menos que el resto, de manera que se acercaba en términos relativos a las medias europeas y de la OCDE, esta vez sucede lo contrario y la brecha se amplía.

Los resultados en Ciencias, la materia principal de este año, vuelven a caer tras un ligero repunte. Es la materia en la que más cerca está España de sus vecinos y países de referencia, aunque sigue quedando por debajo de las medias.

Como se puede observar en el siguiente gráfico, la caída supera los diez puntos en las tres categorías que incluye PISA (Ciencias, Lectura y Matemáticas). Desde 2018, España ha perdido cerca de 50 puntos en Lectura, la competencia clave que permite abordar todas las demás con más garantías. La OCDE, organizadora de la prueba, explica que un curso académico completo equivale a 20 puntos.

PISA 2025 (el año que se realizaron las pruebas a los escolares de 15 años, 4º de la ESO) también evalúa a las comunidades autónomas por separado. El orden de las mismas se mantiene relativamente estable, claramente marcado por el nivel socioeconómico de las regiones. Pero todas las ediciones hay alguna sorpresa y si en la anterior Catalunya se dio un batacazo (y este ha sido excluida de las pruebas por problemas con la muestra de alumnado), este es Euskadi la que cae con estrépito en todas las categorías.

Además, en esta edición las comunidades con mejor rendimiento habitual (Madrid, Asturias, Cantabria, Castilla y León) han empeorado sus resultados, mientras las que lo hacen algo peor (Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla) se han mantenido relativamente estables. Así rindieron las comunidades en PISA 2022.

La OCDE ha explicado que cree que el problema son las pantallas, que han cambiado la manera en que los jóvenes leen, sobre todo debido a las redes sociales, y que eso ha aniquilado su capacidad de atención y de procesar textos relativamente complejos. El analista de la organización Hue Halgreen explicó ayer que a partir de 400 palabras el alumnado tiene “dificultades” con un escrito.

Pero la riqueza de PISA, una prueba que importa más a los expertos y analistas que al profesorado, no se limita a los resultados gruesos. La prueba ofrece cantidades ingentes de información en varios aspectos educativos clave para entender qué falla en un sistema educativo, como el rendimiento por género, la equidad entre el estudiantado o, este curso, la Inteligencia Artificial (IA), que usan la mayoría de los estudiantes pese a que correlaciona con un peor rendimiento.

El análisis del rendimiento en función del género ofrece menos sorpresas. Como es habitual, ellas tienen ventaja en todo menos en Matemáticas, un fenómeno conocido.

Una de las fortalezas del sistema educativo español está en su equidad, aunque a la vez puede interpretarse como un problema. ¿Qué quiere decir esto? En España el rendimiento del alumnado más favorecido socioeconómicamente y menos es más pequeña que en la mayoría de los países, lo que implica que la escuela corrige algunas de las diferencias de origen entre estudiantes. La parte no tan positiva es que lo hace “a la baja”: España tiene poco alumnado excelente.

La otra cara de esta moneda se observa cuando se analiza el rendimiento del alumnado por el tipo de centro en el que estudia, que es otra manera de clasificarlo por renta. Más allá del tratamiento que hacen los centros privados de su alumnado, la estadística muestra cómo en estos colegios los estudiantes, aventajados, repiten sensiblemente menos que en los públicos. Este gráfico permite ver, por otra parte, lo que ha pasado con Catalunya, que excluyó de la prueba al alumnado que peor rinde (y que, como efecto secundario, es la única comunidad en la que apenas hay diferencia en los repetidores entre la escuela pública y la privada).

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), principal exponente de la derecha judicial, se ha adjudicado 59 de las 158 las plazas -un 37%- asignadas en los principales tribunales por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en estos dos primeros años de mandato. Juezas y Jueces para la Democracia, progresista y tercera en número de asociados, ha situado a 28 de sus miembros (18%). La Asociación Francisco de Vitoria, segunda en número de afiliados, ha accedido únicamente a 12 (8%). Y Foro Judicial Independiente, cuarta en representación, a cinco (apenas un 3%). Los jueces no asociados, que son casi la mitad de la carrera, se han hecho con solo 42 plazas (27%).

El CGPJ inició su mandato hace dos años con el reto de renovar más de un centenar de plazas de las cúpulas de los tribunales tras casi un lustro de bloqueo del Partido Popular al vetar la renovación. Después de casi tres décadas de presidentes conservadores, la renovación pactada en el verano de 2024 con una limitada mayoría progresista abría la puerta a un reequilibrio en la correlación de fuerzas en las cúpulas de los tribunales a favor de la izquierda.

Sin embargo, los nombramientos realizados evidencian el enorme peso que sigue teniendo la conservadora APM, a la que están afiliados 1.448 jueces, el 27% de la carrera, según los últimos datos oficiales del CGPJ. De hecho, en 19 de los 59 puestos adjudicados a esta asociación, sus candidatos eran los únicos aspirantes. Del Consejo actual, siete vocales —todos ellos elegidos a iniciativa del PP— están vinculados a esta asociación.

Creada en 1980, el número de afiliados de la APM ha ido en ascenso en las últimas dos décadas. Ha pasado de 1.115 en 2004 a 1.448 en 2025. Es un incremento de casi un 30%. En los últimos tiempos, ha consolidado un perfil marcadamente crítico hacia la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. Especialmente, en relación con la Ley de amnistía, de la que vaticinó que supondría “el principio del fin de nuestra democracia”.

En relación con su nivel de representación en la carrera judicial, la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia registra la mayor proporción de nombramientos. Aglutina a un 8% de la carrera —tiene 436 afiliados— y ha sido la segunda en nombramientos. Un total de 28 jueces vinculados a esta asociación de carácter progresista han sido nombrados en estos dos años, el 18% de las designaciones. Del actual CGPJ son cuatro los vocales elegidos a propuesta del PSOE afiliados a Juezas y Jueces para la Democracia, una asociación que ha perdido un 6% de sus asociados en las últimas dos décadas.

Los jueces no asociados, que suponen el 41% de la judicatura, accedieron a un 27% de los nombramientos —un total de 42—. Estas cifras evidencian su menor acceso a unas designaciones que requieren 13 votos y que tienen que contar, por tanto, con el acuerdo de miembros de los dos grupos que conforman el actual CGPJ, con diez vocales elegidos a propuesta del PP y diez a iniciativa de PSOE y Sumar.

A ellos se suma una presidenta, Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista cuando fue designada, pero que ha votado con el bloque conservador en algunos asuntos de calado. También se ha puesto de perfil en otros, como en las arduas negociaciones para las presidencias de las salas más sensibles del Supremo, donde acabaron siendo designados los candidatos aupados por la derecha.

Más relevantes, si cabe, son el resto de ascensos al Supremo porque, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación. En este reparto, la APM se ha asegurado más de un tercio de las plazas asignadas (11 de 30). Asimismo, la iniciativa de los vocales conservadores ha permitido la llegada de otros perfiles eminentemente conservadores, como el del exmagistrado del Tribunal Constitucional Antonio Narváez. Fue uno de los fiscales que llegó a expresar su deseo de que Alberto Núñez Feijóo llegara al Gobierno, según informó El País. Narváez es fiscal y entró por el llamado turno de juristas.

En estos dos años de nombramientos también han recalado en el Alto Tribunal ocho magistrados de la asociación progresista y dos de la Francisco de Vitoria. De todos los nombrados que accedieron por la vía judicial solo cuatro no están vinculados a ninguna asociación.

Precisamente entre los retos del nuevo curso en el CGPJ está la renovación de cuatro vacantes en la Sala Segunda, la que juzga a los aforados, como el exministro socialista José Luis Ábalos o el ya ex fiscal general del Estado. Esa Sala tiene sin cubrir desde hace más de dos años el puesto perteneciente al turno de juristas de reconocido prestigio. La intención de los progresistas era que esa plaza fuera adjudicada a una mujer de sensibilidad progresista, dado que es una Sala muy masculinizada —hay 12 hombres y tres mujeres— y de abrumadora mayoría conservadora.

Sin embargo, esa negociación ha sido bloqueada por los vocales elegidos a iniciativa del PP. Su estrategia ha consistido en posponer las conversaciones hasta que se produjeran más vacantes por jubilación y buscar así una renovación en bloque con los puestos que dejaron en junio los magistrados Andrés Palomo y Ángel Hurtado, y con la plaza de Juan Ramón Berdugo, que se jubilará en apenas unos días, este 5 de septiembre.

El resto de nombramientos discrecionales sí tienen una duración de cinco años. Destaca la situación en la Audiencia Nacional, donde una mayoría de excargos del PP y otros jueces conservadores optaron a sus puestos clave. De las cinco plazas renovadas, tres han terminado en manos de integrantes de la APM con el voto unánime del pleno. Entre ellos su presidente, Juan Manuel Fernández, exvocal del CGPJ a propuesta de los populares. Por su parte, la Sala de lo Penal quedará bajo la dirección de Alfonso Guevara, un magistrado considerado conservador que no está asociado. La única designación progresista ha sido la de Manuela Fernández Prado, que preside la Sala de Apelaciones.

En estos dos años de mandato se han renovado también las presidencias de 17 Tribunales Superiores de Justicia. Diez de ellas han quedado en manos de jueces ligados a la APM (Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia), de las cuales cinco contaron con candidato único. Por su parte, los tribunales superiores de Baleares, Cataluña y País Vasco han sido renovados con magistrados progresistas, mientras que el de Andalucía seguirá encabezado por un juez vinculado a la Francisco de Vitoria, quien inicia su tercer mandato. A esta misma asociación también está vinculado el nuevo presidente del TSJ de Cantabria.

También se han nombrado 44 presidentes de las diferentes salas de los tribunales superiores autonómicos. La mitad, un total de 21, no están vinculados a ninguna asociación. Doce sí están afiliados a la principal asociación de la derecha judicial y cinco a la progresista. Además, la Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente cuentan con tres de sus asociados, respectivamente, entre los nombrados para estos puestos.

Por otro lado, del medio centenar de presidencias de audiencias provinciales que se han renovado, prácticamente la mitad, un total de 22, han quedado en manos de jueces de la asociación conservadora. Es el caso de A Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Araba-Álava, Asturias, Ávila, Barcelona, Burgos, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, La Rioja, Madrid, Pontevedra, Sevilla, Teruel, Toledo, Valladolid. Los vocales eligieron candidatos conservadores a pesar de que en 15 de los casos había otros candidatos. Los siete restantes sí fueron aspirantes únicos.

Además, habrá presidentes progresistas en una decena de audiencias provinciales. Es el caso de Girona, Las Palmas, Lugo, Málaga, Murcia, Palencia, Soria, Valencia, Zaragoza, y Zamora. Por otro lado, los presidentes de las audiencias de Baleares, Cáceres, Cantabria y Tenerife están vinculados a la Francisco de Vitoria y las de Huesca y Salamanca a Foro Judicial Independiente.

Cuando los bebés de Susana nacieron, las primeras semanas fueron un calvario. Llegaron en la semana 27 de embarazo y pesaban 620 y 780 gramos. “No estaba concienciada sobre lo que es un niño prematuro. Crees que nacen más pequeñitos y que tienen que estar un tiempo en la incubadora, pero no eres consciente de que hay que enseñarles a respirar, que mientras respiran se olvidan de latir y se les para el corazón, que tienes que reanimarles, que no les ves la cara, porque están llenos de aparatos, o lo fuerte a nivel psicológico que es ver a un bebé de ese tamaño”, recuerda. De todas las preocupaciones que la familia atravesó esos días y los siguientes, hubo una que no apareció por sus cabezas: la económica.

La atención a neonatos es uno de los procesos hospitalarios con un coste medio más elevado en España, según la estadística publicada recientemente por el Ministerio de Sanidad. Dependiendo del peso al nacer de los bebés y sus necesidades, esa cantidad oscila entre los 47.000 y los 80.000 euros. Unas cifras que muestran el blindaje de la sanidad pública. “Sé que no hubiera podido afrontarlo, así que si en medio de toda esa ansiedad tienes que pensar cómo pagarlo, ¿qué haces? ¿Los dejas morir?”, plantea Susana.

“El aseguramiento público y el derecho a la salud son grandes logros del Estado del Bienestar, que hacen que ganemos en solidaridad y convivencia”, explica la catedrática e investigadora en Economía de la Salud Beatriz González López-Valcárcel. Un escudo que, indica, “no permite el gasto catastrófico, que las familias se tengan que arruinar o dejar morir al enfermo” si no pueden pagar la factura de un tratamiento complejo o una enfermedad crónica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera un gasto catastrófico aquel que oscila entre el 10% y el 25% de los ingresos familiares. Como indicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención ante la Asamblea Mundial de la Salud, “en el año 2022, 1.600 millones de personas se arruinaron tratando de hacer frente a los gastos sanitarios y una cuarta parte de la población mundial enfrentó dificultades financieras para sus costes de salud”.

En 2024, hubo 44 altas por procesos con quemaduras extensas de tercer grado, con injerto de piel. Es la intervención que tiene un coste medio más alto, según estos datos: 117.950 euros. Aquel año, el salario medio bruto en España no llegaba a los 30.000.

En ese agujero financiero hubiera caído Dolores, de haber tenido que costear a tocateja el coste de su trasplante de pulmón, otro de los procesos más caros del catálogo, por más de 85.000 euros. “Estoy agradecida a mi donante y a todo el sistema, que ha hecho que volviera a revivir. Si no, estaría criando malvas”, explica la mujer con humor. Porque estas intervenciones no suelen venir solas. En su caso, recibió el órgano in extremis, cuando ya estaba conectada a un aparato de oxigenación por membrana extracorpórea. Este soporte respiratorio tiene un coste medio de 58.000 euros.

Los datos utilizados provienen de la aplicación de consulta GDR (Grupos Relacionados por el Diagnóstico) de los Costes de hospitalización recopilados por el Ministerio de Sanidad. Los datos contienen el precio medio de los costes hospitalarios, que no conllevan el coste final del tratamiento, sino de los precios de facturación emitidos. Solo se efectúan las comparaciones para aquellos tratamientos que comparten la descripción del tratamiento para los años 2019 y 2024.

La estadística muestra el “coste” del proceso, entendido como lo que cuesta prestar ese servicio en un hospital del Sistema Nacional de Salud. Es, también, la base para pagar a los centros privados con los que se concierta. “Estos aceptarán el trato si su coste de producción es menor que la tarifa, para no perder dinero”, explica López-Valcárcel, que recuerda que “los costes de producción de los hospitales privados son desconocidos”, porque no están obligación de reportarlos. “Ni tienen interés en hacerlo”, considera la economista de la salud.

La experta hace, sin embargo, una diferencia clave entre el “coste” y el “valor” de un proceso. Este último concepto “debería medirse en términos del valor de la salud ganada, mediante los Años de Vida Ajustados por Calidad (AVACs)”, explica. Por ejemplo, un trasplante cardíaco “cuesta” 90.420 euros, pero su valor es mucho mayor, si se tiene en cuenta los años con calidad de vida que ganan los pacientes que se someten a él.

Siguiendo con el mismo ejemplo, la supervivencia media de un trasplante de corazón se sitúa en torno a los 15 años. Si de ese tiempo, se vive con buena calidad un 85%, el tiempo total en buen estado de salud sería de más de 12 años y medio. Aunque no hay una referencia oficial de lo que 'vale' un AVAC en España, algunos informes y documentos de autoridades sanitarias mencionan cifras que oscilan entre los 22.000 y los 33.000 euros. Es decir, la intervención 'cuesta' 90.000 euros, pero tiene un 'valor' de entre 275.000 y 412.500 euros. “Es coste-efectivo: vale más de lo que cuesta”, resume López-Valcárcel.

Sin ir a los extremos, un ingreso medio de cinco días por una enfermedad vírica sube la factura a 3.468 euros, un parto son 3.318 y una hospitalización por gastroenteritis, 3.233 euros.

Estos precios han experimentado importantes subidas entre 2019 y 2024, como resultado de una combinación de factores. En primer lugar, a un aumento de la inflación, tanto general como sanitaria, ambas disparadas en ese periodo. Pero también a problemas con las cadenas de suministro tras la pandemia y un mayor uso de recursos médicos tras la crisis sanitarias.

En su actualización del programa de estabilidad para los años 2021-2024, el Gobierno indicaba también que “el coste de los servicios sanitarios depende de distintos factores como la edad de los pacientes, su estado de salud, el tipo de tratamiento que reciben, la evolución de la tecnología sanitaria, los costes salariales de los servicios sanitarios y factores institucionales”.

Solo en 2024, el Estado destinó más de 101.000 millones de euros a gasto sanitario público, según la última estadística del Ministerio de Sanidad. De esa cantidad, el 60% —unos 60.000 millones— se destinó a los servicios hospitalarios y especializados, que “se mantienen como eje central del sistema”, indicaba el informe.

Según los datos de ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidads Aseguradoras y Fondos de Pensiones), a finales de 2025 había 14,2 millones de asegurados en España, con un volumen de primas de más de 13.540 millones de euros. Es un 11% más que el año anterior. A la par, el Observatorio del sector sanitario privado 2025, de la Fundación IDIS —la patronal del sector—, indicaba que estas empresas gastan 624 euros por asegurado.

Las experiencias de Susana y Dolores les han hecho ser conscientes de para qué sirven los impuestos que se pagan en España. “Cuando alguien me dice que son muchos, siempre respondo que el día en que a tu hijo le pase algo, le van a atender tengas dinero o no. Sé que hay listas de espera y que habrá casos [negativos], pero mi experiencia es muy positiva”, explica la primera. Este año, cuando llegó a casa de Dolores el borrador de la declaración de la renta, su marido comenzó a esbozar una pequeña queja por las retenciones. Ella le cortó rápidamente: “¡Con lo que he gastado yo!”. “Ojalá no hubiera hecho falta, pero ahora lo veo de otra manera”.

Trabajos por 1.300 euros brutos en ciudades con alquileres a más de 1.500 euros. Ofertas para ocupar puestos elementales en la construcción que consulta una persona parada con titulación superior de más de 55 años. Son un par de ejemplos que aterrizan el aumento de vacantes laborales sin cubrir en España, hasta las 160.000, pese a tener aún un 10% de paro. Un desajuste entre las ofertas y las demandas de empleo que se explica por múltiples razones, entre las que cada vez más se cuela la crisis de la vivienda, advierten sindicatos y patronales.

El aumento de los puestos de trabajo sin cubrir es constante en la última década de recuperación económica en España, de crecimiento del empleo y también descenso del paro. Sin embargo, en los últimos años varias patronales –como las de la construcción, transportes y hostelería– están haciendo sonar las alarmas, por una gran dificultad para encontrar trabajadores y la existencia de decenas de miles de empleos sin candidatos, aseguran.

En un país con récords de empleo, pero todavía con una tasa elevada de paro (gran parte de larga duración y de personas de edad avanzada), estas vacantes son a menudo utilizadas por algunas voces para poner en duda o criticar las “ganas” de trabajar de los desempleados. También para cuestionar el “desincentivo” al trabajo de ayudas como el ingreso mínimo vital (IMV) y el subsidio por desempleo.

Partiendo de que hablamos de personas y de empleos concretos, no de números, existen contextos y necesidades específicas que no son siempre tan fáciles de emparejar –una administrativa de 55 años en paro en Asturias y una nueva oferta en su ciudad como electricista, por ejemplo–. Así, los datos y los análisis sobre vacantes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que ha publicado recientemente su estudio anual al respecto, muestran varios motivos concretos que explican este fenómeno al alza.

La magnitud del problema: un 0,9% de los puestos de trabajo

Las vacantes sin cubrir alcanzaron, según los últimos datos oficiales, casi 160.000 puestos de trabajo, recoge la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE. Se trata de máximos de este indicador, que, no obstante, supone una cifra muy reducida dentro del mercado laboral en España. “Un 0,9% de los puestos de trabajo”, apunta Fernando Luján, vicesecretario de Política Sindical de UGT.

Y puede ser incluso menor. Las cifras provisionales de Eurostat del segundo trimestre del año, por el momento solo de ocho países (entre ellos España), reflejan un descenso de las vacantes hasta las 143.000, lo que dejaría el porcentaje en un 0,8%.

“Estamos muy por debajo de la media de la Unión Europea, del 2,1%, y de la zona euro, del 2,3%” de puestos vacantes, subraya también Loli García, de la Secretaría de Empleo de CCOO. Algo también entendible, ya que España tiene la mayor tasa de paro (10%) de la UE, que se sitúa en el 6% de media. En los países con menos desempleo existe mayor 'tensión' en el mercado laboral, porque hay menos candidatos para cubrir nuevos puestos de trabajo.

“Estamos hablando de un problema, que nosotros creemos que lo será a futuro y al que hay que dar soluciones, pero no tiene la relevancia que desde algunos ámbitos se le está dando”, sostiene la representante de CCOO.

Y es que la patronal CEOE, y sobre todo algunas organizaciones sectoriales, aseguran que las vacantes son muchas más de las que refleja la estadística oficial. En construcción hablan de la necesidad de unas “700.000 personas”, tanto para obra pública como de vivienda. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) alerta que en la actualidad hacen falta 30.000 camioneros. Y la patronal Hostelería de España lanzó un portal de empleo este verano para cubrir unas 50.000 vacantes.

Aunque sin cifras, el estudio El ajuste de la oferta y la demanda de empleo 2026, recién publicado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, también comparte que la magnitud de la falta de personal es mayor a esos 160.000 puestos de trabajo sin cubrir.

“Una parte de las empresas que declaran no tener vacantes señalan como motivos el elevado coste de contratación o la falta de candidatos con la cualificación adecuada, circunstancias que pueden estar reflejando necesidades de contratación no materializadas o procesos de búsqueda abandonados”. Por tanto, “las vacantes observadas representan solo una parte de las dificultades de ajuste existentes entre la oferta y la demanda de empleo”, concluye el SEPE.

En sentido contrario, hay un factor que está conteniendo las cifras de vacantes en España: los trabajadores extranjeros. “Las personas migrantes desempeñan un papel esencial para cubrir vacantes que no logran atenderse con personal nacional, contribuyendo a la continuidad de la actividad productiva y al crecimiento económico”, reconocen fuentes de la CEOE.

Lo hacían ya antes del proceso extraordinario de regularización de migrantes aprobado por el Gobierno (que han solicitado casi 1,2 millones de personas), ya que el empleo extranjero ha sido el responsable de casi la mitad del auge de la afiliación de trabajadores de los últimos años. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), que también recoge el empleo sumergido, su aporte ha sido aún mayor.

La organización empresarial considera que “el proceso de regularización extraordinaria puede tener un impacto positivo en la corrección de estos desajustes estructurales” de vacantes, pero, para ello, “resulta esencial acompañarlo de políticas que faciliten una incorporación ágil y efectiva al empleo formal, alineada con las necesidades reales del tejido productivo”, indican en la patronal liderada por Antonio Garamendi.

“Más allá de que es un derecho, el proceso de regularización de personas migrantes es una necesidad de este país ante el envejecimiento de la población”, sostiene Loli García. En CCOO advierten de que, detrás de las posiciones en contra de la medida, se obvia a menudo que estos trabajadores ya están en España y que “hay mucha gente que está utilizando la inmigración ilegal para hacer explotación laboral”.

Dónde faltan más trabajadores: sector público, construcción, transportes y hostelería

Abordar este problema pasa por hacer un buen diagnóstico de la situación y ubicar dónde están realmente los puestos sin cubrir, así como hacer previsiones de las necesidades de mano de obra en los próximos años, reclaman los sindicatos. Los datos oficiales retratan que gran parte de los empleos vacantes se encuentran en el sector público, indica el SEPE, que centra su estudio en el privado.

“El 33% del total de las vacantes se dan en la Administración Pública”, señala Loli García, que critica que –salvo en sanidad, con necesidades específicas de falta de profesionales– los puestos sin cubrir en el sector público “tienen mucho que ver con las decisiones políticas de no reposición de las que llevamos advirtiendo años”.

Un tercio de las vacantes se dan en la Administración Pública, que tiene que ver mucho con las decisiones políticas de no reposición del personal de las que llevamos advirtiendo años

Loli García, CCOO

El SEPE identifica “la construcción, determinadas ramas industriales, el transporte, la hostelería y algunas actividades sanitarias” como aquellos sectores que “concentran las mayores dificultades de contratación”, si bien precisa que “la intensidad del fenómeno varía significativamente entre ocupaciones y provincias”.

Aunque el sector servicios lidera la gran mayoría de empleos sin cubrir, la “industria y construcción son los sectores donde el número de puestos vacantes muestra un crecimiento más intenso”, advierte el organismo del Ministerio de Trabajo.

Por ocupaciones, que el SEPE considera que es la mejor unidad para estudiar este fenómeno, el estudio señala a “conductores de camiones, camareros, cocineros, albañiles, electricistas, fontaneros, soldadores y distintos perfiles industriales especializados” como los empleos con mayores dificultades de contratación, según los datos del INE y encuestas propias sobre la percepción empresarial y análisis de expertos.

El organismo público añade que la “dimensión territorial” es uno de los hallazgos más relevantes de su último informe, ya que “una misma ocupación puede presentar situaciones de escasez de candidatos en determinadas provincias y, simultáneamente, registrar un elevado número de demandantes en otras”.

Carlos Arcas, director de The Adecco Group Institute, explica que el reparto de las vacantes depende mucho “del mapa de España”. “En las grandes zonas urbanas, como Madrid, Barcelona y Valencia, nos encontramos el problema de que están absorbiendo todo el talento y los empleos digitales”, apunta Arcas, por lo que demandan muchos perfiles tecnológicos, con conocimiento en IA, datos, ingeniería y finanzas, en mayor medida de los trabajadores cualificados en estas materias en estos territorios.

En zonas más industriales, como País Vasco, Navarra, Aragón y Catalunya, “faltan operarios cualificados y técnicos de FP”; en el interior y zonas rurales, como Castilla y León, se notan los problemas “de la despoblación y la dificultad de atraer talento”; mientras que en zonas donde impera la actividad turística, como Balears, Canarias, la costa mediterránea y gran parte de Andalucía, las propias condiciones del empleo (a veces muy estacional y de bajos salarios) y “los problemas de vivienda y movilidad laboral” dificultan cubrir los puestos disponibles, detalla el director de the Adecco Group Institute.

Las causas: laborales y también sociales, como la vivienda

Las dificultades de cobertura son el resultado de causas “estructurales” y de factores “múltiples e interrelacionados”, explica el estudio del SEPE, que varían en función de los sectores y lugares de España.

De manera general, el organismo público señala que la falta de candidatos para los puestos existentes (falta de experiencia o de competencias) es la causa más frecuente por la que las ofertas no se cubren. “Aunque en determinadas actividades también influyen las condiciones laborales, el relevo generacional, la movilidad geográfica y otros factores asociados al funcionamiento del mercado de trabajo”, añade el informe.

Las dificultades “persistentes” están muy extendidas, ya que casi la mitad de las plazas vacantes permanecen sin cubrirse al menos 90 días, lo que las convierte en puestos “de difícil cobertura”.

En concreto, el SEPE detecta en construcción “una notable escasez de mano de obra cualificada”, mientras que los salarios “aparecen como un factor especialmente relevante” en sectores como la educación, la hostelería y los cuidados. Por otro lado, también destacan “otras condiciones laborales” –como los horarios– como impedimentos para ocupar puestos en sectores como el comercio y el ocio y entretenimiento.

La mejora de las condiciones de trabajo, la orientación e inserción de las personas desempleadas por parte los servicios públicos de empleo, así como de la formación y la recualificación de los trabajadores son medidas laborales clave para reducir este “desajuste” entre la oferta y la demanda de empleo, pero cada vez influyen más en las vacantes otros factores sociales y económicos externos al mercado de trabajo.

Tanto en el lado empresarial como en el sindical coinciden en señalar el alto coste de la vivienda como un problema creciente para ocupar puestos de trabajo. Sobre todo en lugares con precios muy tensionados por el turismo, con el ejemplo extremo de Balears. “En Ibiza no va la gente con salarios por 2.000 y 3.000 euros. Esto ya existe”, sostiene Fernando Luján ante los precios desorbitados de la vivienda, que han llevado al Gobierno a aumentar recientemente el plus por residencia en Balears para empleados públicos.

Este coste de la vivienda, “junto a los salarios bajos” muy extendidos en España, “supone un verdadero problema de emancipación de los trabajadores”, coincide Carlos Arcas. El director de The Adecco Institute reclama también actuar ante el envejecimiento de la población trabajadora. “Van a salir del mercado laboral casi 2,5 millones de personas los próximos años y no hay relevo intergeneracional”, alerta Arcas.

Una situación que considera que podría facilitarse con contratos relevo, la migración como elemento “fundamental” y más planificación para que no se pierda la experiencia de la generación del baby-boom que abandona el mercado de trabajo.

De cara al futuro, la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) no parece que esté aliviando este problema. Más bien, al contrario. Según el Índice de Exposición a la Inteligencia Artificial Generativa de la OIT, el SEPE señala que las ocupaciones con escasez de mano de obra están, en general, “poco expuestas a la automatización, mientras que una parte relevante de las ocupaciones en exceso sí lo está”, lo que apunta a que “la presión tecnológica y el desajuste cuantitativo tienden a reforzarse mutuamente en lugar de compensarse”.

En UGT les preocupa especialmente esta transición. “La IA está poniendo en grave riesgo a las personas que están en prácticas y los junior en las empresas”, sostiene Fernando Luján, que recuerda que facilitar estos primeros puestos de trabajo es clave para la emancipación y el desarrollo profesional de los trabajadores jóvenes, que deben acumular experiencia para alcanzar otros puestos más senior. “Tenemos que hacer un pacto de país en este tema y no tenemos mucho tiempo”, advierte el representante sindical.

España lleva más de una década recibiendo cada vez más cruceristas, un tipo de turismo que tensiona especialmente los destinos. Son viajeros que solo permanecen en tierra unas horas, en las que intentan abarcar todos los puntos de interés posibles. Sin embargo, en los últimos meses, en algunos de los principales puertos españoles se ha percibido una caída en el número de buques vacacionales que atracan.

El análisis de los datos publicados por Puertos del Estado —que, en el caso de 2026, abarcan hasta el mes de junio— apunta en una dirección: en conjunto, llegan más barcos y transportan un mayor número de viajeros a bordo, pero hay diferencias en función de los territorios. Por ejemplo, en Illes Balears, al cierre del pasado año, se produjo una caída en el número de pasajeros; mientras que en los puertos canarios de Tenerife y Las Palmas sucedió lo contrario. Hay que recordar que Palma limita desde 2022 el número diario de cruceristas.

En lo que va de año, esos datos también señalan otros aspectos, como que el sector notó la crisis del hantavirus, pero esta no provocó un desplome de viajeros a bordo de los barcos que han visitado los puertos españoles en los meses más próximos al brote a bordo del MV Hondius.

Más de 1,2 millones de cruceristas al mes

Los datos de Puertos del Estado analizados por elDiario.es reflejan que, de media, España ya recibe cada mes 1,2 millones de cruceristas entre todos sus puertos, como se ve en el siguiente gráfico.

La cifra más alta se alcanzó en octubre del año pasado, cuando se superaron los 1,6 millones de personas. Este año —como se detallará más adelante— se constata que se ha atenuado el repunte que suele producirse en los meses previos a la temporada alta de verano. Son las semanas que coinciden con la crisis del Hantavirus, así como las inmediatamente posteriores.

Pese a ello, España ya ha recibido 6,3 millones de turistas llegados en barco en los seis primeros meses del año, por encima de los 6,2 millones del mismo periodo de 2025, como se ve a continuación.

En concreto, hasta junio han atracado en España 2.503 cruceros, frente a los 2.468 del mismo periodo del año 2025. Eso se traduce en que, en la primera mitad de este ejercicio, la media de pasajeros por barco roza las 2.550 personas, cuando hace un año se quedaba ligeramente por encima de las 2.500 personas.

La evolución media del número de pasajeros

Desde que hay registros y tomando como punto de partida el año 2012, cada crucero ha trasladado de media a España unos 2.200 pasajeros, aunque hay diferencias en función de la temporada. Por ejemplo, en los meses de julio y agosto las cifras suben. En concreto, en el mes de julio de 2024 se alcanzó la cifra más alta: una media de 4.700 turistas por barco.

Actualmente, la ratio media anual se sitúa cerca de los 3.000 pasajeros por buque, cifras similares a las alcanzadas antes de la pandemia.

Hay que tener en cuenta que los datos de este año son, evidentemente, parciales y que aún faltan seis meses incluidos julio y agosto, que es cuando se alcanzan ratios más altas. Por ejemplo, el año pasado, esos meses estivales estuvieron cerca de los 4.000 pasajeros de media por barco.

Si se entra al detalle de la evolución por cada territorio, hay situaciones muy diferentes. Como se ha mencionado anteriormente, en el conjunto de 2025 se redujo el número de cruceristas que llegaron a Illes Balears. Lo mismo ocurrió en A Coruña, Vigo, Valencia o Málaga. En cambio, se mantiene la tendencia al alza, además de en Las Palmas y en Tenerife, en Alicante, Santander, Motril o Melilla, entre otros.

Hay que tener en cuenta que cuatro territorios concentran más de la mitad de todos los cruceros. Se trata de los situados en Illes Balears —que Puertos del Estado agrupa sin diferenciar por islas—, Las Palmas, Tenerife y Barcelona. La evolución en este último destino fue estable durante el pasado año, pero es el que más buques recibe. En 2025, casi 900. Y puede ir a más.

Esta semana, MSC Cruceros ha comunicado que cancela los viajes a Oriente Próximo para la temporada 2027/2028. De esta forma, el buque MSC World Europa realizará ahora sus itinerarios por el Mediterráneo occidental y pasará por Barcelona, donde el Ayuntamiento acaba de aumentar a 24 euros la tasa que paga cada crucerista. Ese barco de MSC tiene capacidad para llevar a bordo a 6.700 personas.

En el siguiente gráfico se ve la evolución por territorios.

El impacto del hantavirus

Los datos publicados por Puertos del Estado también permiten ver qué impacto tuvo, en el corto plazo, la crisis por el brote de hantavirus. Hay que recordar que el buque MV Hondius llegó a Tenerife a mediados del mes de mayo. El barco partió de Ushuaia, en Tierra del Fuego, a principios de abril.

En ese momento, los operadores —tanto las agencias de viaje, como las compañías de cruceros— aseguraron que no estaban notando un volumen alto de anulaciones, ni una caída de la demanda o una bajada de precios. La información que publica la empresa pública apunta una ralentización de los cruceros tanto en abril como en mayo, cuando la curva de pasajeros se atenúa, en comparación los mismos meses del año anterior, como se ve en el siguiente gráfico.

Sin embargo, el mes de junio ya se sitúa por encima del mismo periodo tanto de 2025 como 2024, con casi 1,18 millones de pasajeros llegando a España. Habrá que esperar a los datos de los próximos meses, los clave de la temporada, para ver si esa tendencia al alza se mantiene.

A principios de mayo de este año, Isabel Díaz Ayuso realizó un polémico —y fallido— viaje institucional a México, país del que se tuvo que volver antes de tiempo entre acusaciones a Claudia Sheinbaum por un supuesto “boicot”. Desde entonces y tras el escándalo, una pregunta se quedó en el aire: ¿cuánto costó la visita? El equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid remitió a la declaración oficial de gastos colgada en la web de Transparencia, pero en ese momento el último viaje publicado era el que realizó Ayuso a Austin (Texas), en octubre de 2025. Este verano, meses después, finalmente se ha actualizado la hoja. Si se hace un repaso de los registros, se puede apreciar un patrón que ocurre con México, pero también con otras visitas institucionales al extranjero: un montante total que, en ocasiones, es inusualmente bajo.

Después de semanas de dudas, el documento de la Comunidad de Madrid para México recoge dos importes: 402 y 220 euros para reservar la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas en Madrid. Nada más. Ni alojamiento, ni manutención. Un dinero que, si se compara con el de otros tres cargos de su Gobierno que también fueron al país americano en mayo, no cuadra: ellos, en total, declararon unos 15.000 euros.

Según la ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid, los cargos deben hacer públicos sus gastos cuando se trate de viajes institucionales. Esto incluye los desplazamientos, la estancia y la manutención. En el apartado 'Transparencia' se puede acceder a la ficha de cada uno de los altos cargos que componen el Ejecutivo de Ayuso, en la que se publican las hojas de los montantes. Pero el caso de la presidenta es particular.

Además de los gastos asociados y vinculados a la dirigente del PP y los consejeros por sus viajes internacionales, hay que sumar los de otros cargos. Responsables de prensa, asesores y, en muchas ocasiones, su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, la acompañan en sus expediciones internacionales y cada uno suma en su hoja los gastos, a veces parcialmente y otras de manera más detallada. Esto, junto a las posibles invitaciones y patrocinios que no se recogen, hace que sea prácticamente imposible conocer cuánto cuestan en total los viajes de toda la comitiva.

Para no perderte, en el siguiente calendario puedes ver los viajes al extranjero realizados por Ayuso desde 2021. Algunos de ellos han sido realizados también con otros altos cargos de su equipo.

221 euros en la sala de autoridades de Miami

El 16 de octubre de 2025, Isabel Díaz Ayuso cogió un avión desde Madrid a Austin (Texas). Estuvo allí una semana, dentro de un “viaje oficial” que incluyó la asistencia al Gran Premio de las Américas de F1 y encuentros y firmas con empresas, a las que vendió Madrid como “la única región de España sin impuestos propios”. Según su declaración, los madrileños desembolsaron para esa visita 1.400 euros para que se reservara dos días la sala de autoridades de la T4 del aeropuerto de Madrid –la misma por la que la Comunidad pagó 290 euros para varios viajes privados de la presidenta y su novio en 2021– y 17 euros para su carta ESTA, el requisito que permite entrar en Estados Unidos. Nada más.

En el excel, que debería recoger el total de “gastos de viaje” de la presidenta y que está actualizado con fecha del 30 de junio de este año, no están especificados los billetes de avión, comidas, cenas o gastos de transporte para moverse de un sitio a otro en Austin. Desde su Gobierno, defienden que hay transparencia y que todos los gastos están publicados.

Ese mismo año, en 2025, Ayuso también fue de viaje a Nueva York y Miami con otros miembros de su equipo, pero sus declaraciones son distintas. Un ejemplo es el del consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde Argüeso, que recoge en su hoja de gastos para esa visita 4.299 euros en “locomoción”, 1.735 euros en “alojamiento” y 135,26 euros en “manutención”. Mientras, ella solo especifica el precio de la sala de autoridades del aeropuerto, 221 euros.

La columna de “manutención” apenas aparece rellenada en los documentos oficiales de las dos legislaturas de la presidenta. Algunas excepciones de los viajes al extranjero: 542 euros en dietas en una gala en Nueva York, 145 euros en Lisboa y 161 en Londres. Cuando viaja por el país o sale de España en visita oficial, Ayuso no incluye en su declaración pública algunos billetes de avión, algunos costes de alojamiento y buena parte de la “manutención”.

131 euros en Corea del Sur

En su visita a Corea del Sur en noviembre de 2024, la comitiva declaró 25.047 euros en total, contando a todos los altos cargos. Si nos vamos a la hoja de gastos de la presidenta autonómica, ella recoge 131 euros por la reserva de la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas.

De nuevo, sí aparecen otros gastos en el excel de sus acompañantes. En este caso fueron el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde Argüeso, el consejero portavoz, Miguel Ángel García Martín, y Emilio Viciana, ex consejero de Educación. En el documento del primero, se especifica que el motivo de la visita fue una “delegación oficial presidida por la presidenta” y ahí se explicita el gasto en locomoción —3.858 euros— y el de alojamiento —1.368 euros—, aunque no la manutención. Para este viaje, Viciana recoge dos desplazamientos en taxi, los billetes de avión por un importe de 4.105 euros y el alojamiento, con un coste de 1.409 euros.

El portavoz declara montantes similares: 4.802 euros para “locomoción”, 1.971 en alojamiento y 580 euros de manutención, el único de los tres que especifica esta casilla. En esta ocasión también viajaron con la presidenta representantes de Invest in Madrid, la agencia regional para la captación de inversiones extranjeras.

No es así en todos los casos: se sabe por el excel de Ayuso que en los Juegos Paralímpicos de París en 2024 gastó 1.669 euros en alojamiento. En ese viaje ella declara un montante superior al de sus acompañantes, según el análisis de elDiario.es.

En Roma de 2023, por ejemplo, registra 2.086 euros, casi la mitad de ellos por el pago del vuelo para ver al Papa en audiencia privada.

En 2022 también se puede ver un mayor gasto de la presidenta autonómica en algunos viajes, como el de Miami, donde se reunió con representantes de Universal y Sony para convertir Madrid en la capital de la música latina o visitó una rotonda dedicada a la región. En su hoja de gastos declaraba 6.142 euros del viaje de avión.

Mientras, en 2021, 2020 y 2019 sus salidas al extranjero eran mucho menos frecuentes, años que coincidieron además con la pandemia de la COVID-19 y las restricciones de movilidad.

Transparencia no aporta más información

Cuando estalló la polémica tras la visita al país americano, el Gobierno de Ayuso aseguró que la Comunidad de Madrid “cumple con la legislación de transparencia y contratación pública”, sin entrar a responder a las preguntas de elDiario.es en las que se pide información sobre dónde están reflejados los gastos de billetes de avión y dietas de la presidenta; por qué en algunos viajes se reflejan importes tan bajos o si todos los gastos de estas visitas los sufraga la Comunidad a través de los impuestos o algunas empresas se hacen cargo de algunas partidas.

elDiario.es también remitió a Transparencia una serie de peticiones en este sentido, como las facturas o justificantes de gasto de Ayuso y su equipo en los viajes institucionales al extranjero, la información sobre si los gastos de desplazamiento y alojamiento fueron pagados por un tercero que no sea la Comunidad de Madrid, y, en caso de ser afirmativo, la información sobre quién sufragó dicho viaje.

Este mes de julio, el organismo público remitió a la web de Transparencia alegando que los gastos “que se generan imputables al presupuesto regional” por los viajes “se publican, con periodicidad trimestral, en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid”. En su resolución, rechazaron entregar la copia de las facturas alegando que el Consejo de Transparencia ya se había pronunciado “considerando que no aportan un contenido informativo de especial valor” cuando “se ha facilitado por parte de la Administración la información completa sobre los gastos solicitados”.

Transparencia no respondió a la pregunta de si terceros habían sufragado los gastos de visitas institucionales de la presidenta al extranjero. Tampoco, en caso de ser afirmativo, quiénes eran esos terceros.

Este proceder con la rendición de cuentas en los gastos difiere de otras comunidades autónomas. En Catalunya, por ejemplo, los altos cargos están obligados a publicar todos los gastos que hagan en el extranjero y tienen un código que especifica que debe ser público el motivo, coste de avión, comidas, hoteles, quiénes conforman la comitiva y también declarar si van acompañantes de los cargos públicos. En la Generalitat Valenciana, los altos cargos también están obligados a publicar sus viajes y gastos. Algunos lo hacen de manera muy precisa, incluyendo trenes y comidas. El caso del president, Juanfran Pérez Llorca, es distinto, ya que informa de los viajes, pero no suele adjuntar ningún coste. El listado de gastos en el Gobierno de Euskadi, por contra, está totalmente fiscalizado y publicado, por epígrafes y especificando alojamientos, dietas o taxis.

La explicación del portavoz

El Gobierno de Ayuso, a través de su portavoz y tras el polémico y abrupto viaje a México de la presidenta, especificó que “cualquier viaje internacional que realiza cualquier miembro de cualquier Gobierno, pues se paga con cargo a los presupuestos correspondientes”. Sin embargo, unos días más tarde, Miguel Ángel García Martín aseguró que en estos viajes “hay una serie de gastos abonados por parte de la administración”, pero también otros que “son abonados por parte del promotor”. “Esto entra dentro de la normalidad”, dijo.

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, le pidió a Ayuso explicar cuánto había costado el viaje a México a los madrileños. La presidenta autonómica, además de afirmar que el país “no existió hasta que llegaron los españoles”, cargó contra miembros de Gobiernos autonómicos socialistas haciendo un listado de presidentes que habían viajado a México también. Ayuso añadió: “Pero vamos a hablar aún más de quién viaja en esto y quién lo paga: el Estado de Aguascalientes y los Premios Platino”. La Comunidad de Madrid, previamente, pagó 450.000 euros de patrocinio a esos mismos premios, a los que finalmente Ayuso no asistió entre acusaciones de “boicot” a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Las otras polémicas

Cada vez se suman más polémicas en las salidas al exterior de la presidenta, que utiliza los viajes para dar su batalla cultural. En 2020, durante una de sus primeras visitas institucionales fuera de España, asistió a la final de la Supercopa en Arabia Saudí en un viaje que fue pagado por el Atlético de Madrid, según se conoció después de que Más Madrid solicitara información de cuánto costó el desplazamiento, tal y como publicó El País.

Un año más tarde, durante su primer viaje a Estados Unidos tras la victoria electoral de mayo de 2021, Ayuso hizo su primera gran defensa de la “hispanidad” y dejó frases como que “el indigenismo es el nuevo comunismo”. Ya ahí habló de “mestizaje y fusión de culturas” en América, en unas declaraciones similares a las de estos días en México que le han valido reproches de la presidenta Claudia Sheinbaum. También protagonizó un choque con el Papa: “A mí me sorprende mucho que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español, y a través de las misiones, el catolicismo y, por tanto, la civilización y la libertad al continente americano”, dijo.

Otro nuevo viaje a Estados Unidos, aunque esta vez a Miami y en 2022, fue el centro de las críticas. Voló hasta allí pocas horas después de conocer que la Fiscalía Anticorrupción archivaba la investigación sobre los contratos de los que se benefició su hermano por la compra de material sanitario. Allí inauguró una rotonda para la Comunidad de Madrid. Ayuso también recibió reproches por su viaje a Chile de 2024, que coincidió con la imputación de su pareja, Alberto González Amador.