La guerra ilegal contra Irán emprendida por la Administración de Donald Trump junto a Israel. El secuestro de Nicolás Maduro. Los intentos de expansionismo en Groenlandia. Las redadas racistas del ICE. Las amenazas a Cuba. Estos son los principales motivos por los que el 41,4% de la ciudadanía española apoya que su selección no participe en el Mundial de fútbol de este verano, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Así lo recoge una encuesta elaborada por la empresa demoscópica YouGov para la organización internacional sin fines de lucro Ekō —que lucha contra el abuso de poder corporativo mediante campañas ciudadanas— y que publica en exclusiva elDiario.es. Según esta, el apoyo al boicot está cinco puntos por encima de la opción de participar en el torneo masculino, algo que quiere el 36,2% de encuestados. Si se descartan las respuestas de indecisos, el porcentaje a favor de la retirada asciende al 53%, frente al 47% que se opone.

YouGov France —utilizando el panel de su división en España— preguntó entre los días 17 y 18 de marzo, en la tercera semana de guerra, a 1.013 personas españolas mayores de edad acerca de esta cuestión. La franja de edad que se mostró más partidaria del veto fue la de 25 a 34 años: un 48,9% lo apoyaba y un 32,1% lo descartaba. Le sigue el grupo de mayores de 55 años, con un 42,2%.

Entre hombres y mujeres (la encuesta no planteó una opción no binaria), la diferencia se pone de manifiesto en la negativa al boicot: un 44,5% de varones descartaba esta medida de presión por parte de España, dieciséis puntos por encima que las mujeres, donde el porcentaje indeciso aumenta significativamente.

El apoyo al plante varía de forma más notable según el voto en las últimas elecciones generales: más del 65% de los votantes de Sumar (en los que se incluye a Podemos por su coalición de 2023) querrían que la selección española no viajara a EEUU, seguido por casi el 58% del PSOE. El PP es el partido con votantes menos proclives a la medida (22,2%), pero es Vox quien más se opone (63%). La encuesta contó con votantes de todos los socios de la investidura, pero la muestra es tan reducida que los datos pueden no ser significativos.

Para Alessio Petronelli, activista del equipo internacional de Ekō , “la disposición del público [español] a tolerar las payasadas de Trump está claramente disminuyendo” tras las constantes amenazas a España. El presidente republicano “está avivando una guerra de agresión en Irán y secuestrando a familias en su propio país. La gente de todo el mundo está marcando una línea clara: no se puede utilizar el deporte para blanquear un historial en materia de derechos humanos”, añade Petronelli. Más de 195.000 personas de todo el mundo han firmado la petición de la ONG en la que se insta a las selecciones nacionales de fútbol a no participar en el que será, junto a los Juegos Olímpicos de 2028, el evento insignia de Trump.

Preguntado por elDiario.es, el Gobierno asegura que “España no se plantea en ningún caso que nuestra selección no participe este verano en el Mundial de fútbol. Se trata de una competición organizada por la FIFA, que se disputará en otros dos países —México y Canadá— y en la que la selección española se ha ganado con creces el derecho a participar”. Asimismo, reiteran su postura “en favor de la paz y en contra de la guerra”, que “forma parte del compromiso de España con los valores democráticos, el derecho internacional y el entendimiento entre países”.

Las decisiones de calado suelen ser negociadas entre el Ejecutivo (a través del Consejo Superior de Deportes) y la federación correspondiente. Así ocurrió, por ejemplo, con el trato simbólico que se le dio a Kosovo en la fase de clasificación del Mundial 2022: se evitó la mención de Kosovo o República de Kosovo en pro de terminologías como territorio de Kosovo o Federación de Fútbol de Kosovo, siguiendo recomendaciones del Gobierno español, que no reconoce su independencia de Serbia.

Una retirada que sobrevuela, pero que no aterriza

Los ecos sobre un posible boicot han recibido apoyos significativos en los últimos meses. El que fuera expresidente de la FIFA durante 17 años, Joseph Blatter —periodo en que Rusia y Qatar fueron países organizadores del Mundial— cuestionó en enero la idoneidad de EEUU como una de las sedes del torneo. “Para los aficionados, solo tengo un consejo: ¡manténganse lejos de Estados Unidos!’, declara [el experto anticorrupción] Mark Pieth. Creo que tiene razón al cuestionar esta Copa del Mundo”, escribió Blatter en su perfil de redes sociales.

La opción sobrevoló Alemania ese mismo mes, tras las declaraciones del diputado democristiano Jürgen Hardt, cercano al canciller Friedrich Merz, en las que planteaba el boicot como medida de presión para que Trump cejara en sus ansias expansionistas en Groenlandia. Apenas unos días más tarde el propio Gobierno alemán descartó esta opción y pidió no “instrumentalizar el deporte”.

Para el politólogo y analista geopolítico Narcís Pallarès-Domènech, autor del libro El gran juego, la Copa del Mundo es “un evento fundamentalmente geopolítico y solo secundariamente deportivo, aunque pueda parecer lo contrario”. “Este verano, la FIFA y Estados Unidos harán, en esencia, lo que siempre han hecho: organizar una competición deportiva que, detrás de la fachada futbolística, persigue fines geopolíticos claros. Se trata de consolidar, proyectar y reafirmar identidades, naciones y territorios”, asegura a elDiario.es.

Ejemplo de ello es la situación deportiva derivada de la guerra en Oriente Medio. La selección de Irán mantiene en vilo su participación y ha reiterado su preferencia por disputar sus partidos fuera de Estados Unidos (los tres de fase de grupos, por lo pronto, serán en Los Ángeles y Seattle), algo que la FIFA descarta. “Si cualquier otro país estuviera en el lugar de EEUU, le retirarían la organización del Mundial y de los Juegos Olímpicos”, afirmó el pasado martes el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali. Se trata de un planteamiento que, de hecho, ya se aplica en el caso de equipos israelíes y de su propia selección en competiciones europeas de fútbol y baloncesto, que juegan sus partidos como locales en Serbia, Hungría o Bulgaria.

Si la FIFA consigue que Irán dispute sus encuentros en EEUU, podrá sumarse el clásico tanto de que el fútbol une lo que la política y la guerra separa

Carlos Pulleiro — Investigador

El jueves, el Financial Times informó de que un enviado del presidente Trump había pedido a la FIFA sustituir a la selección iraní por la de Italia con el fin de mejorar las relaciones entre ambos países tras el distanciamiento de Giorgia Meloni. El presidente del Comité Olímpico italiano y el propio Ejecutivo han rechazado la propuesta: “Me sentiría ofendido si ocurriera, debe ganarse por mérito”. Y la FIFA lo ve inviable, informa El País. Más tarde, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió de que, si bien Irán será bienvenido, “no puede traer terroristas de la Guardia Revolucionaria y pretender que son periodistas o preparadores físicos”, según Reuters.

“Si la FIFA consigue que Irán dispute sus encuentros en EEUU, podrá sumarse el clásico tanto de que el fútbol une lo que la política y la guerra separa”, asegura a elDiario.es Carlos Pulleiro, investigador en el International College of Football de la Tongji University en Shanghái, que prevé un acto orquestado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como reacciones simbólicas por parte de Irán, que en los últimos partidos han salido al campo con mochilas, en recuerdo de las 168 niñas asesinadas por el bombardeo estadounidense a una escuela de Minab. “Supongo que [Infantino] intentaría justificar de alguna forma, ya de paso, el chiste de terrible gusto que fue el Premio FIFA de la Paz. Pero esto solo reflejaría la hipocresía del deporte internacional en relación con las sanciones deportivas a Rusia”, añade Pulleiro.

Además de los efectos derivados de la guerra en Irán, EEUU sufre un “aumento del autoritarismo de la Administración Trump y de violencia creciente”, advierten más de 120 destacados grupos de derechos civiles en el país norteamericano. El jueves, el periódico The Athletic —división deportiva del New York Times— publicó una carta de estas organizaciones en la que instan a aficionados, periodistas o jugadores, entre otros, a “tener precaución” y en la que alertan de la “vulnerabilidad” que sufren las comunidades inmigrantes, grupos minoritarios raciales y étnicos y la comunidad LGBTQ+. Son 48 las personas que han fallecido desde 2025 en custodia del ICE, que lleva semanas desplegado en grandes aeropuertos.

Qué implicaría para España

Tanto Pulleiro como Pallarès-Domènech, los expertos consultados por este diario, ven “prácticamente imposible” que España se retire del torneo de selecciones más importante del fútbol. “La presión social a nivel nacional es muy escasa y no está organizada. Hace cuatro años existía una mayor presión social internacional en realizar un boicot a Qatar, pero ni siquiera con eso la RFEF o los jugadores se adhirieron a la campaña ‘OneLove’ de los brazaletes (que al final quedó en nada ante presiones FIFA)”, sostiene Pulleiro.

Para el analista geopolítico, por su parte, una decisión de tal calado sería “un auténtico terremoto, tanto deportivo como político”. “Solo se podría justificar y amparar con que España y su Gobierno se presente como el ‘jefe de la oposición geopolítica’ de EEUU y de la Administración Trump”, defiende Pallarès-Domenech, que lo vería como un gesto de “enorme potencia internacional”. Sin embargo, un boicot al Mundial podría tener muchas implicaciones: económicas, deportivas, sociales y políticas.

En el terreno económico se encuentran los espacios publicitarios ya vendidos para los partidos que dispute la Roja —que parte como una de las grandes favoritas, con Lamine Yamal a la cabeza, por lo que se pronostica que alcance al menos los cuartos de final—. A ello se suman las pérdidas para la Federación de los ingresos procedentes de la FIFA por la simple clasificación, que ascienden a unos nueve millones de euros, según Pallarès-Domènech, así como las primas deportivas vinculadas al avance en la competición. Según el experto, el coste de la no clasificación de Italia (por tercera vez consecutiva) se estima en torno a los 100 millones de euros.

La FIFA estaría a tiempo de hacer un reajuste de sedes sin contar con España. Aunque esto sería una medida extrema y muy poco probable

Carlos Pulleiro — Investigador

España, además, será país organizador del próximo Mundial de 2030, junto con Portugal y Marruecos y, en menor medida, Argentina, Paraguay y Uruguay. Una retirada de la competición de este año “tendría un efecto tremendamente negativo para sus intereses: desde no organizar la final del evento (aún por decidir) hasta, como medida extrema, aunque muy improbable, que le retiren la organización”, según Carlos Pulleiro. “A diferencia de lo que ocurre con EEUU y el Mundial 2026, quedan aún cuatro años por delante y, con la implicación de hasta cinco países más en la organización, la FIFA estaría a tiempo de hacer un reajuste de sedes sin contar con España. Aunque esto sería una medida extrema y muy poco probable”, recalca el investigador español.

A ello habría que sumar el coste social y, por consiguiente, político. Pese a la predisposición de la ciudadanía española a apoyar un boicot, podría tener un fuerte rechazo, como refleja la encuesta de YouGov. “El Mundial no es Eurovisión”, sentencia Pallarès-Domènech: “Ese precio político lo pagaría el Gobierno. Si se puede decir que políticamente la Eurocopa la ganó la España de Pedro Sánchez y la perdió la España de Abascal, un boicot de España al Mundial organizado bajo la presidencia de Trump, además de la derrota deportiva, sería un gesto que podría costarle la Moncloa al PSOE”.

Puede resultar más eficaz participar y utilizar el evento como plataforma para proyectar una postura política que optar por el boicot

Narcís Pallarès-Domènech — Politólogo y analista geopolítico

Pulleiro cree que, en caso de que España boicoteara el Mundial, sería de forma similar a los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 —un veto liderado, precisamente, por EEUU por la invasión soviética de Afganistán—, “donde a diferencia de otros países, el Comité Olímpico Español sí envió a atletas, pero sin la simbología del Estado español, dado que no querían perjudicar la candidatura de Juan Antonio Samaranch a la presidencia del COI, o una futura candidatura de una ciudad española para organizar los Juegos, como ocurriría con Barcelona años después”, en 1992.

“La sociedad de la comunicación contemporánea, marcada por la inmediatez y la exposición constante, hace que la ausencia tenga menos impacto que la presencia con mensaje. En este sentido, puede resultar más eficaz participar y utilizar el evento como plataforma para proyectar una postura política que optar por el boicot. Parafraseando a Alfonso Guerra [exvicepresidente socialista], ‘el que se mueve no sale en la foto’. Y hoy, no salir en la foto de un evento como un Mundial implica quedar fuera de la conversación global: primero, nadie hablará de ti, y, después, ni siquiera se recordará el motivo de tu ausencia”, considera Narcís Pallarès-Domènech.

El deporte, la pieza ‘blanda’ del engranaje de la geopolítica

Ambos expertos coinciden en la importancia del deporte como reflejo de las relaciones de poder: un instrumento clásico de ‘soft power’ o poder blando que respalda el ‘hard power’ o poder duro que los Estados aplican en su política exterior. En el caso estadounidense, en Venezuela e Irán, principalmente, pero también en Groenlandia y Cuba. “El deporte, en este contexto, no es un adorno, sino una pieza más del engranaje estratégico”; una especie de ‘Doctrina Monroe futbolística’, como se recoge en El gran juego.

Más concretamente, al tratarse de una figura tan personalista como la del presidente norteamericano, Pallarès-Domènech ve “fácil imaginar la escena final: levantando la Copa junto al campeón como si fuera un jugador más. Lo realmente interesante será ver al lado de quién. No olvidemos, además, que este Mundial coincide con el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, un detalle simbólico que refuerza aún más su carga política y geopolítica”.

El barómetro del CIS da como ganador de las elecciones al PSOE con el 36,4% y aumenta su distancia con el PP —que se queda en 23,6% de los votos— a 12,8 puntos. En marzo esa diferencia era de 8,5 puntos. Es la ventaja más amplia para el PSOE desde el CIS de octubre de 2025.

Vox perdería apoyos y se mantiene como tercera fuerza pero con el 14,7% de intencion de voto frente al 16,6% que obtuvo hace un mes, según el CIS. Sumar también desciende y obtendría el 5,8% frente al 7,1% de marzo.

Esquerra Republicana lograría el 2,9% de los votos y Podemos estaría en el 2,2%. Es la inversa de lo que ocurría hace un mes, cuando Podemos estaba por delante con el 2,9% de la estimación y ERC por detrás con un 2,4%. Se Acabó La Fiesta, el partido de Alvise Pérez, experimenta un leve descenso con un 1,7% de estimación de voto.

El trabajo de campo de la encuesta coincidió con el arranque de los juicios que han sentado en el banquillo, por un lado, al exministro socialista José Luis Ábalos y su exasesor Koldo Garcia por el 'caso mascarillas' y, por otro, a la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy por la 'trama Kitchen'. PP y Vox todavía no habían llegado a un acuerdo de gobierno en Extremadura.

Valoración de líderes

El CIS sitúa a Pedro Sánchez como el líder político mejor valorado con una puntuación media de 4,81; seguido de Yolanda Díaz que logra un 4,25; Alberto Núñez Feijóo obtiene un 3,68; y Santiago Abascal un 2,75.

Con respecto a los ministros, el titular de Economía y recién nombrado vicepresidente, Carlos Cuerpo, es el mejor valorado por los españoles con un 5,93. Le sigue la ministra de Defensa, Margarita Robles que aprueba con un 5,33 y, en tercer lugar, estaría el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy con 5,27.

Casi el 70% de los encuestados, preocupados por la guerra contra Irán

Ante los recientes bombardeos de Israel y Estados Unidos en Irán y la respuesta de este último, el 68,4% de los españoles dice estar “muy o bastante preocupado” —cuatro puntos más que el mes pasado—, un 15,5% “algo preocupado”, y un 13,5% “poco o nada preocupado”. 

Además, el 86,9% cree que esta guerra supone un riesgo para la paz internacional, frente a un 10,1% que asegura que no.

Sobre la imagen internacional de España, un 42,6 opina que ha mejorado “poco o nada” y el 38,6% cree que ha mejorado “mucho o bastante”.

El 58,5% de los españoles cree que esta guerra les está afectando personalmente, de ellos, el 94,5% afirma que en lo que más lo nota es en la subida del precio de los carburantes (gasolina, diésel), el 92,5% en el encarecimiento de la cesta de la compra y el 80,1% en el incremento del coste de la factura de la luz y el gas.

María y su familia estuvieron más de un año esperando para recibir una ayuda que les permitiese afrontar con más recursos la discapacidad de su hijo. “Te hacen pasar momentos de angustia, es un desgaste increíble”, lamenta ella. La media desde que se solicita una prestación hasta que se obtiene una respuesta fue de 246 días, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad para el primer trimestre de este año. Y, desde que se recibe una respuesta favorable hasta que finalmente se obtiene, pasan otros 62. En total, el tiempo medio para hacer efectivo un derecho legal alcanza los 329 días.

Los datos del último Panel del Servicio para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) arrojan algunas mejoras. Hay récord de personas con derecho a prestación, más de 1,6 millones; las listas de espera se han reducido en 12 días respecto a marzo de 2025; y el total de gente esperando, ha caído un 16,6%. Pero muchas voces piden huir del triunfalismo. “Está muy bien que se reduzca la espera en 12 días, pero cuando llevas años esperando, da un poco de rabia”, apuntan desde la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales.

Según los últimos datos disponibles, 1,66 millones de personas reciben en España algún tipo de prestación por dependencia. Como muestra el siguiente gráfico, son apenas unos pocos miles más que en 2025, pero un 90% más que hace una década. Precisamente, en 2015 se incluyó en la ley a los usuarios de grados menos dependientes, lo que amplió los potenciales receptores.

Para el presidente de la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales, José Manuel Ramírez, “es normal que todos los meses se incremente el número de personas atendidas, cuando hay 270.000 en lista de espera”. Va más allá, porque el Ministerio solo incluye en el conteo a aquellas personas que superan el umbral de los 180 días esperando. Tampoco se tienen en cuenta, por ejemplo, las revisiones.

Las personas en lista de espera se dividen en dos grupos: las que están pendientes de ser valoradas y las que lo están de recibir la prestación. En el año 2025, el total se redujo en 12.158 personas, pero cada mes unas 10.000 personas piden entrar en el sistema de dependencia, lo que tensiona la tramitación. Con todo, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ponía en valor la “capacidad del sistema para responder más rápido de lo que la demanda está creciendo”, porque “mientras las solicitudes crecen a un ritmo del 7,3%, las personas atendidas lo hacen a un 9,8%”.

Esa “capacidad” del sistema se traducía a finales de marzo en 329 días de espera —casi once meses— de media estatal. Pero hay comunidades donde las familias esperan mucho más y otras donde los trámites van más ligeros. Según los últimos datos disponibles, Murcia es quien más hace esperar a sus personas con dependencia, 553 días de media, y Castilla y León, la que menos, con 116.

Desde 2023, la mayoría de comunidades han hecho esfuerzos por agilizar los tiempos de tramitación de la prestación concedida. Sin embargo, en general, han subido los días de espera hasta obtener una respuesta, con lo que el saldo medio ha mejorado en apenas una semana.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de ambos indicadores y del total, comunidad a comunidad. Por ejemplo, en ese periodo, Asturias redujo en 62 días (hasta los 62) el tiempo de tramitación de la prestación concedida, pero ahora hay que esperar 164 días más (308) para llegar a ese momento, por lo que el retroceso ha sido más que notable, pasando de 260 a 375 días. En el caso de Madrid, esta región ha empeorado en todos los indicadores.

Esos días los reflejan las estadísticas, pero los cuentan las familias. “Acceder a los recursos es burocracia, papeleo, obstáculos y tiempo, mucho tiempo, en el que tienes que poder seguir manteniéndote, con la dificultad que esto supone en la vida cotidiana para la supervivencia de las personas”, explica Silvina Funes, la presidenta de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales, un colectivo eminentemente feminizado y para quién “superar estos obstáculos es como los juegos del hambre”.

30.000 muertes al año

La espera tiene su cara más amarga en las personas que fallecen sin haber recibido una prestación a la que tienen derecho. Solo en el primer trimestre de este año fueron unas 9.000, entre las que esperaban la valoración o la ayuda en toda España. En 2025, sumaron más de 32.700 y en 2026, 34.250.

Al margen de los tiempos, hay otro factor que preocupa en el marco de la atención a la dependencia. Una deriva 'low cost', que carga a las familias. Del total de 2,4 millones de prestaciones totales a final del primer trimestre del año, “el 57% se dan ya en los hogares y en el entorno más cercano”, destacaba el Ministerio de Derechos Sociales. Es decir, la mayor parte de esas ayudas van destinadas a familiares que cuidan y suponen 172,5 euros de media para dependientes de grado I; 276,6 euros para los de grado II; y 383,6 euros para los de grado III.

“Vamos hacia un sistema de bajo coste, con servicios de baja intensidad y prestaciones económicas muy bajas. Con 260 euros al mes no se puede decir que se está atendiendo este tema”, considera Ramírez. Un informe de Comisiones Obreras, publicado en febrero de 2025, ya alertaba de que el sistema estaba dominado por “prestaciones baratas y basadas en cuidados no profesionales”, aunque se reduzcan las listas de espera.

El caso de María pone de manifiesto una de las reivindicaciones que comparten todas las voces consultadas: aliviar a las familias de trámites burocráticos que frenan las ayudas. Ella solicitó la valoración en diciembre de 2022. En febrero de 2023 le pidieron un documento, que entregó en marzo por sede electrónica. Cuando un año después preguntó por el estado de su solicitud, le dijeron que faltaba ese papel. No era cierto. “Me dieron cita urgente y me pagaron los atrasos, pero un año después”, recuerda. Entre media, tuvo que afrontar, entre otros gastos, unos 300 euros mensuales solo para llevar a su niño a un especialista, porque los tenía: “En ese momento trabajábamos los dos y los padres de mi pareja estaban en casa, pero imagínate una familia en otra situación”.

Otro de los handicaps que presenta la normativa actual es la incompatibilidad de algunas prestaciones. “Es como si vas a una operación y te hacen elegir entre el cirujano y el anestesista”, ejemplifica Silvina Funes. En la práctica, los datos ya “apuntan a un cambio de modelo”, explicaba el pasado viernes la secretaria de Estado, porque el número de prestaciones por persona pasó de 1,28 en 2021 a 1,44 en 2026. “Las personas que entran en el sistema combinan más cuidados, apoyos más adaptados a su situación y sus decisiones”, afirmó.

El Ministerio de Derechos Sociales trabaja en una reforma de la ley de dependencia, que tiene “dos orientaciones principales: eliminar las incompatibilidades de las prestaciones y ampliar la cartera de servicios y reforzar recursos con gran potencial para transformar el modelo, como la asistencia personal, los centros de día o la ayuda a domicilio”.

Para la presidenta de la Fundación Pilares de la Autonomía Personal, Pilar Rodríguez, el sistema de autonomía y dependencia sí ha dado un salto en los últimos años. Sobre todo, tras los recortes del año 2012, a consecuencia de la crisis económica, que no terminaron de revertirse hasta 2023, con Ione Belarra al frente del departamento de Derechos Sociales. En este sentido, Rodríguez, que fue una de las autoras del libro blanco sobre dependencia previo a la norma de 2006, considera que ha habido un esfuerzo por “analizar la calidad de las prestaciones y comprobar si con ellas se resuelve realmente el problema de las familias, porque el peso de los cuidados todavía recae sobre las mujeres”.

Desde el Ejecutivo buscan avanzar en la idea de la desinstitucionalización. Tiene sus ventajas e inconvenientes, porque permite a las personas permanecer en sus hogares, pero sin los recursos suficientes supone, en muchos casos, una carga incompatible con la propia vida para las cuidadoras. “Ninguna economía del mundo es capaz de asumir en exclusiva el coste que supone la dependencia, mientras muchas familias quieren seguir cuidando, pero sin sobrecargarse de una manera excesiva”, explica Rodríguez.

Según un reciente estudio de Fedea, con datos de 2024, España continúa “rezagada respecto al contexto europeo”. “El esfuerzo financiero destinado a cuidados de larga duración se sitúa en torno al 0,9-1% del PIB, una proporción notablemente inferior al promedio de la OCDE, que alcanza el 1,8%”, indica el trabajo. La financiación es otra de las vías de mejora que reclaman las entidades y asociaciones y que para la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales se encuentra en este momento paralizada, porque el aumento en el gasto corresponde a mayor número de prestaciones, pero no tanto a que estas se incrementen.

Desde las familias, han reclamado también que la nueva ley incorpore un reconocimiento económico y laboral de las cuidadoras y que se reduzca la carga que asumen en solitario. “Somos nosotras las que sostenemos el sistema, gracias a nuestro trabajo, y nuestras renuncias”, explica Patricia, también de la plataforma, que destaca que, en muchas ocasiones, son ellas quienes renuncian a trabajo remunerado, salario, cotizaciones y pensión.

“No haces nada con una prestación o una teleasistencia. Hay que ir sumando atributos, una serie de pocos que hacen un todo para la persona que realmente lo necesita”, coincide Rodríguez, que pide tener una visión más holística: “Necesitamos un ecosistema de cuidados en el entorno comunitario de salud, de servicios sociales, farmacia, elementos asociativos en los barrios, políticas preventivas... Vamos a vivir muchos años y vamos a necesitar más cuidados, así que tenemos que meternos en la cabeza que esto es cosa de todos”.

Cada año se paga más de alquiler. Es la forma más simple de describir la evolución de la vivienda en España durante casi una década. Da igual si el piso empezó siendo barato o caro, si se alquiló en una gran ciudad o en una pequeña. El precio medio ha subido de forma constante desde 2015 y para 2024 ya acumula un incremento medio del 43%, el doble de lo que lo han hecho los salarios. En número reales: si hace nueve años pagabas 800 euros por un piso, hoy pagas, como mínimo, 1.144. Mismo piso, mismo barrio, pero un precio muy distinto.

Los nuevos datos de 2024 corroboran que la subida no frena y continúa escalando año tras año. Ahora, los inquilinos pagan un 5% más que hace un año, un 10% más que en 2022 y un 15% más que en 2021. Así lo indica el análisis realizado por elDiario.es de los datos de alquileres calle a calle publicados por el Ministerio de Vivienda.

En el siguiente mapa puedes ver cuánto ha crecido el precio mediano de los alquileres –el valor central al ordenar todos los datos de mayor a menor, es decir, la mitad de los alquileres son más caros y la mitad más baratos– desde 2015 hasta 2024 en cada sección censal (la unidad administrativa más pequeña) de la mayoría de ciudades españolas. Cuanto más oscuro es el color, más han subido los precios.

Las cifras provienen del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, del Ministerio de Vivienda, que cruza los ingresos de alquileres por vivienda habitual declarados en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con la información disponible de cada inmueble en la base de datos del Catastro. Para 2024, el último año con registros disponibles, las cifras parten de más de dos millones de viviendas alquiladas por particulares que han sido declaradas ante la Agencia Tributaria. Además se han incluido datos de Navarra y Euskadi, pero solo a partir de 2021 y 2022, respectivamente [ver metodología]. 

Hay que tener en cuenta que la estadística recoge una mediana de todos los alquileres declarados de esa sección censal. Es decir, incluye los contratos que se firmaron en 2024, los que firmaron hace más de 10 años (antes de la subida de los precios) y los alquileres a precio fuera de mercado entre conocidos o amigos.

El precio se calcula dividiendo el total de ingresos anuales declarados por los caseros entre 12 meses, lo que puede infraestimar las cifras cuando la vivienda no está ocupada todo el año. Por ejemplo, si la vivienda no ha estado alquilada durante dos meses, el alquiler mensual se calculará como si hubiese estado arrendada todo el año.

Además, quedan fuera de la estadística las viviendas de la economía informal y las que son propiedad de sociedades o empresas. Tampoco figuran los anuncios que ves hoy en los portales de búsqueda de viviendas. Pero la estadística refleja el parque de viviendas alquiladas declaradas en el IRPF y cómo han subido en la última década. Un alza que, según los expertos consultados, ya está impactando sobre la población.

“Hay gente que no se acaba de casar, hay gente que no acaba de tener críos, que tiene un proyecto de vida colgado en el aire… y eso afecta a muchas cosas, entre otras a la salud”, destaca Javier Burón, gestor de vivienda social y autor del libro El problema de la vivienda. “El país ya está pagando un precio”, asevera. “El 80% de España está jugando al rentismo y a la especulación. Y el 20% queriendo apagar el fuego.” 

La presión no es la misma en Baleares que en Zaragoza

La subida no es la misma para todos pero sí es generalizada: el incremento del 43% es una media, y como toda media, agrupa realidades distintas. Hay municipios donde los precios han crecido más y otros donde lo han hecho menos. Por ejemplo, en un cuarto de las secciones censales del territorio el precio ha subido más de un 50% mientras que una de cada 20 secciones censales ha registrado una subida más limitada, de menos de un 20%.

Aunque las cifras siguen mostrando la brecha de precios entre ciudades y zonas menos pobladas, también señalan cómo la subida del alquiler ha golpeado a ciudades grandes, medianas y pequeñas, dejando de ser un fenómeno exclusivo de los núcleos urbanos metropolitanos. “Hay niveles de dureza del problema; no es la misma presión en Zaragoza que en Baleares”, especifica Burón. “Hay lugares en los que hay empleo y los puestos no se cubren porque con el salario es imposible vivir allí. ¿Cuánta gente se va de Madrid y Barcelona a ciudades intermedias?”, cuestiona.

En el siguiente gráfico puedes ver la subida media del alquiler (las líneas negras) de las secciones censales (los puntos) según el tamaño del municipio. Todas suben entre un 40 y un 50%. Ten en cuenta que en estas cifras no están incluidos los incrementos de precios producidos en 2025, ya que los datos usados provienen de las declaraciones de IRPF y se publican con dos años de retraso.

Precisamente, la presión sobre el precio de los alquileres hace que en Madrid y Barcelona, las ciudades con más de un millón de habitantes, hayan visto subir el alquiler medio un 44%. Pero el encarecimiento es aún mayor en el resto de grandes capitales (entre 250 mil y un millón de habitantes), con precios casi un 50% más caros que hace una década. Y las localidades medianas y pequeñas tampoco escapan: sus alquileres han crecido un 40-43%.

“Hay hogares que previamente estaban protegidos y ya no lo están”, destaca Irene Lebrusán, doctora en sociología y profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. “Esta crisis habitacional se ha extendido a una serie de sectores socioeconómicos que antes no estaban tan expuestos a estos vaivenes”.

Tampoco la geografía protege de la subida. El alquiler mediano de todas las comunidades supera los 420 euros y puede llegar hasta los 800. Por provincias, en las regiones turísticas del mediterráneo como Alicante o Valencia, se paga entre 150 y 220 euros más al mes. Si salimos de estas áreas la dinámica se mantiene, en zonas del norte como La Rioja o Pontevedra los pisos rondan los 480 euros al mes.

“Aunque nadie está bien, no todo el mundo está igual” recalca Burón. Las personas que el alquiler expulsa de Madrid y Barcelona se marchan a la periferia de la zona metropolitana. A su vez, la gente que vivía en estas zonas se marcha a zonas más alejadas y se crea un efecto dominó.

Así, el aumento de precios en los distintos tamaños de municipios se traduce también en que las zonas caras y baratas terminan subiendo de forma similar. En el siguiente gráfico se agrupan las secciones censales según el precio mediano de sus alquileres en 2015. Cada punto representa una sección censal, la unidad administrativa más pequeña, que corresponde a un grupo de manzanas en una gran ciudad, un barrio en una ciudad mediana o un municipio entero en las áreas menos pobladas.

Están agrupadas según el precio mediano de sus alquileres en 2015 y se sitúan más a la derecha cuanto mayor ha sido la subida de los precios entre 2015 y 2024. En todos los grupos la mayoría de barrios se sitúan en subidas que van del 30 al 60%. De media, las zonas que tenían alquileres de menos de 300 euros al mes y las que tenían alquileres de más de 750 son las que suben ligeramente más que el resto, pero todas han visto aumentar su cuota mensual alrededor de un 40%. 

Como referencia, el salario medio de 2023 en España fue de 28.049 euros por trabajador, un 21% más que los 23.106 euros de 2015, según la encuesta anual de estructura salarial del INE. Es decir, la mitad de lo que ha subido el alquiler. Con esta subida generalizada, alrededor de un millón y medio de familias se ven ahogadas por el alquiler.

Ante esta situación, Lebrusán advierte: “Sin vivienda no tenemos absolutamente nada. La vivienda es un derecho habilitante de otros derechos, es decir, sin ella no podemos hacer nada, ni siquiera producir. Al final el propio sistema se va a ver colapsado porque no es posible presionar tanto a las familias, a los hogares y que esto no tenga consecuencias sobre todos los aspectos de la sociedad”.

Por ejemplo, en Moncada (Valencia) uno de los municipios donde más ha subido el precio del alquiler desde 2015 una persona con el sueldo medio habría dedicado un 17% del sueldo bruto a la vivienda mientras que en 2024, ya supondría el 25%. 

¿Por qué sube la vivienda si no suben los sueldos?

Los expertos apuntan a que no es una respuesta sencilla porque no hay un único motivo. Entre las causas está el aumento de la demanda de alquileres impulsado por el aumento de la población que además se concentra en las grandes ciudades donde hay más oferta de empleo. Entre ellos, familias jóvenes, migrantes o trabajadores nómadas. Muchos de estos perfiles permanencen además más tiempo en el mercado de alquiler por la dificultad de acceder a la compra de una vivienda. 

A su vez, la oferta de vivienda disponible para alquilar no es suficiente para cubrir el aumento de la demanda. Los últimos cálculos de elDiario.es cifraban en medio millón el déficit de viviendas entre 2012 y 2024. Una falta de obra nueva que termina tensionando los precios del alquiler. Condiciones que se suman a la proliferación de pisos turísticos y las viviendas destinadas al alquiler temporal. En ciudades de costa como Málaga hay más de 8.000 viviendas destinadas a alquileres turísticos mientras los precios suben un 48%.

Aunque los municipios más caros siguen estando en Madrid, Barcelona o zonas turísticas como Baleares, entre las localidades que más han disparado sus precios encontramos zonas fuera del núcleo urbano. La falta de alquiler regular en las grandes ciudades genera un efecto dominó: los hogares expulsados del centro se trasladan a los barrios periféricos y los que vivían en la periferia se trasladan a los municipios limítrofes que están absorbiendo a estos residentes, donde la demanda hace que los precios también suban.

Es el caso de Ocaña o Casarrubios del Monte en Toledo, que han visto sus precios disparados en un 60% en la última década, u otros como La Muela en Zaragoza, que no llega a los 7.000 habitantes pero se pagan 190 euros más en cada mensualidad. Si quieres saber cuánto ha subido el alquiler en tu municipio, puedes consultarlo en la siguiente tabla.

España ha sido y es un país de propietarios desde que en los años 60 se empezó a fomentar la vivienda en propiedad. “Desde el estado franquista tuvimos una socialización basada en la tenencia en propiedad de la vivienda”, destaca la socióloga Lebrusán. “Se estranguló la alternativa que era el alquiler y las políticas públicas, tras el franquismo, siguieron apostando por esta forma de tenencia”. Pero esta tendencia está empezando a revertirse. Si en 2004 eran el casi el 80% de los hogares con vivienda en propiedad, en 2025 la cifra ha caído al 73%.

Alquilar, que se consideraba el paso previo y provisional a la compra de vivienda, empieza a ser para algunos la única opción. “Por primera vez en un siglo, amplias partes de la población igual tienen que vivir de alquiler toda la vida”, destaca Burón. “O se regula de una forma importante y se invierte mucho dinero en vivienda social asequible o es poco probable que [la subida de precios] cambie”. 

Ante las dificultades de abandonar el alquiler, el experto enumera varias medidas que las administraciones pueden utilizar para paliar la escalada de precios. Desde regular la subida de los alquileres, incentivar el arrendamiento con las viviendas ya existentes (vacías o infrautilizadas) a través de bonificaciones o ayudas al alquiler, o directamente con la compra de vivienda, hasta aliarse con entidades del tercer sector para comprar. Y, también, construir, pero construir vivienda asequible y de duración permanente. 

“Hay que construir sí, pero también hay que comprar y movilizar viviendas vacías. Es decir, hay que obtener viviendas para un sistema de asequibilidad. Viviendas que son asequibles hoy y que no dejarán de ser asequibles nunca”, explica. “La clave no es cuánto construimos, porque si lo hacemos para el alquiler turístico, para el de temporada, para la segunda residencia… Si construimos para el sector de lujo o viviendas que no son asequibles desde el minuto cero, va a dar igual. De hecho, es contraproducente”.

Irene Lebrusán coincide y reclama que las administraciones estatales, autonómicas y locales se pongan de acuerdo en materia de vivienda. “Si resulta que el reparto de esas viviendas se concentra en pocas manos, seguimos en una mala situación. Es decir, si construimos muchas viviendas pero no ponemos freno a la especulación que ahora mismo domina el mercado mobiliario, en realidad, poco es lo que vamos a hacer”, añade. “No se trata solamente de construir viviendas, sino que tú tienes que construir ciudades y un entorno en el que se pueda vivir”.

Galletas de pistacho, chocolate Dubai, helados con este fruto seco, cafés que añaden sirope de ese sabor, bizcochos o cruasanes rellenos de crema verde. En los últimos meses, se han multiplicado los productos que contienen, en mayor o menor medida, ese fruto con cáscara que vive un momento dulce en cuanto a su producción en España, porque muchos agricultores lo han visto como una alternativa con más rentabilidad a futuro que cultivos más tradicionales, como la vid o el olivo, aunque no es oro todo lo que reluce. Un cultivo que, además, está en pleno foco del conflicto bélico en Oriente Medio porque Estados Unidos es el primer productor de pistacho del mundo, por delante de Irán.

Una de las claves de este 'boom' del pistacho es el denominado 'chocolate Dubai', que nació después de la pandemia, ligado en su origen a una pastelería de Emiratos Árabes, que fue ganando popularidad al calor de las redes sociales. La receta: una tableta de chocolate con leche relleno de una gruesa capa de crema pistacho que también puede llevar otro tipo de ingredientes, como el tahini. 

En España, el despegue del pistacho ha sido progresivo a lo largo de los últimos años y está concentrado, sobre todo, en Castilla-La Mancha, donde las condiciones son especialmente buenas.

En el siguiente gráfico se ve la evolución de la producción de pistacho en España.

De hecho, hay agricultores que han decidido sustituir otro tipo de cultivos en favor de este fruto seco, que ha demostrado ser resistente al cambio climático y a condiciones hídricas severas. “Mi explotación era de viñedo y cereal, pero este último, con los rendimientos que tiene, no es rentable, por la sequía y las temperaturas”, explica Alejandro García-Gasco, agricultor y miembro de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), quien decidió apostar por este fruto seco.

Recalca que no es oro todo lo que reluce y que con el pistacho hay que tener bastante paciencia. “Se necesita una alta inversión y tienes que esperar siete años para empezar a producir. Lo tienes que mimar, guiar, llevar de la mano. Es como un niño pequeño”, argumenta. “Y, una vez recogido, el peso se queda en la mitad. No es tan real la idea de que es el 'oro verde”, asevera García-Gasco. “Yo no conozco a ningún agricultor que se haya hecho rico con él. Tienes que aguantar siete años sin producir nada”.

En el siguiente gráfico se ve cómo Castilla-La Mancha concentra el 65% de la producción de pistacho en España.

También en Castilla y León se han dado pasos similares. “Planté el pistacho en 2011, para buscar alternativas a los cereales”, indica Aurelio González, productor y también miembro de UPA. En su caso, empezó con tres hectáreas de regadío. De nuevo, recalca que al pistacho hay que cuidarlo. “Conozco gente que vino de la ciudad y puso pistachos porque pensaba que era plantarlos y volver a los siete años y esto no va así. Conlleva trabajo, poda, cuidar los árboles, abonar, regar”, enumera. También explica que la recolección, la limpieza y el secado se tienen que hacer rápido, en un solo día, para que el fruto no se estropee. 

En este gráfico se ve cómo Castilla-La Mancha ha ido ganando terreno con el pistacho en los últimos años.

No apto para todos los suelos

El pistacho tiene futuro en parte de España porque está demostrando ser resistente en condiciones hídricas adversas, aunque no en todas partes. “Yo estoy en una zona donde mi abuelo ya sabía que hiela poco, porque había viñas, pero donde hiela no se puede poner, tampoco admite zonas de arcilla que se encharquen, necesita un terreno que filtre bien”, apunta Aurelio González.

“Aquí se adapta bien”, afirma García-Gasco, en referencia a Castilla-La Mancha. “Creo que es uno de los cultivos que mejor se adapta al clima que tenemos, pero se necesita profesionalización”, añade. “Ahora estamos defendiendo la Indicación Geográfica Protegida”, que tiene que conceder la Unión Europea. “Hay dos en Italia y, si lo logramos, sería la tercera en Europa. Estamos demostrando que tenemos una trayectoria con el pistacho y que tiene características distintas”. 

“En la última década, sobre todo en los últimos seis años, ha habido una expansión fuerte de hectáreas y productores, porque se comporta bien y porque es rentable”, explica Mario González, productor de pistacho y director técnico de Pistacho Pro, una plataforma de difusión de información sobre este fruto seco. Crece la apuesta por este fruto seco mientras los productores señalan que lo cultivado en España se vende fuera, donde se paga mejor, mientras aquí se importa de otros mercados, sobre todo, apuntan, de Estados Unidos. Y puede que llegue el punto de saturación si la producción crece demasiado rápido. 

“En el pistacho no hay 'marca España', cada uno está haciendo la guerra por su cuenta y hay mucho desconocimiento. Eso puede derivar en que haya una criba, porque se trata de una industria compleja, que tiene costes muy altos”, añade Mario González. “También puede haber un cuello de botella cuando entren en marcha todas las producciones” teniendo en cuenta, como se ha mencionado, que en la recogida “hay 24 horas críticas para la limpieza y el secado. No hay demasiada unión en el sector, sobra capacidad de procesado, cuando entren en producción, no sé si va a dar tiempo a trabajar todo”.

En el siguiente gráfico se ve la evolución de las hectáreas de pistacho en España, con una ligera caída en los últimos años, a la espera de ver ese previsible aumento en los próximos ejercicios, según los datos que publica el Ministerio de Agricultura.

Una de los grupos que ha apostado por el pistacho es Dcoop, la mayor cooperativa de aceite de oliva. En su caso, en el último año, produjo 600 toneladas de pistacho, en un año que fue positivo tras un 2024 que califica como “pésimo” porque el clima y las condiciones de cultivo no fueron las adecuadas. Esas 600 toneladas aún están lejos de las 32.000 que alcanza con la almendra. 

Una producción centrada en Estados Unidos e Irán

La producción de pistacho también está en el foco geopolítico. El primer país productor es Estados Unidos –sobre todo, el Estado de California– por delante de Irán. Y las exportaciones de este último país se han frenado en seco por la situación bélica y el cierre del estrecho de Ormuz. 

“Con la situación mundial hay una ventana de oportunidad a medio plazo”, asegura Mario González. “El cierre de Ormuz está haciendo que la oferta de pistacho iraní esté casi anulada. No sabemos qué va a pasar”, añade. “En EEUU, la principal zona de producción, San Joaquín, en California, va a haber una restricción hídrica, se van a abandonar cultivos y se va a reducir la producción. Tenemos una oportunidad”, recalca. Sin embargo, ese cierre de Ormuz, de momento, no se ha trasladado a una subida de precios.

“Con la guerra en Irán no sabemos qué va a pasar”, indica el productor Aurelio González. “El año pasado”, con el 'boom' del pistacho y el chocolate Dubai, “hasta se pagaba bien por el pistacho cerrado, para helados o para repostería. Ha servido para darle salida”, concluye.

Con toda la atención del mundo puesta en la guerra en Irán, los colonos israelíes mataron a nueve palestinos en la Cisjordania ocupada en marzo de 2026, coincidiendo en el primer mes de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Teherán, pasando prácticamente desapercibidos.

Después de que Donald Trump y Benjamín Netanyahu lanzaran el ataque a Irán, el 28 de febrero, se dispararon los incidentes violentos en Cisjordania, según los datos recopilados por el centro de análisis y estudios ACLED (Armed Conflict Location & Event Data). Durante el pasado mes de marzo, se registraron 320 incidentes en los que estaban involucrados los colonos israelíes, que en lo que va de año han aumentado sus acciones violentas contra la población palestina (acoso verbal y físico, ataques a personas y propiedades, quema de vehículos y campos de cultivo, entre otras).

Según los datos de ACLED, marzo de 2026 no fue el mes en el que se registraron más eventos violentos, pero sí el más mortífero desde octubre de 2023, cuando fueron asesinados 8 palestinos. Entre el 28 de febrero y el 31 de marzo pasados, 9 palestinos perdieron la vida a manos de colonos israelíes. “La violencia de los colonos se ha vuelto cada vez más letal desde que comenzó el conflicto con Irán”, señaló el investigador de ACLED para Oriente Medio, Naser Khdour, al concluir el mes.

Khdour explicó en la web de ACLED que las comunidades palestinas cercanas a los asentamientos y puestos de avanzada en los territorios ocupados se han visto cada vez más aisladas por las restricciones de movimiento y de acceso impuestas por Israel debido al conflicto con Irán y al lanzamiento de misiles desde ese país, lo cual ha creado de facto una situación de “confinamiento” que los colonos han “aprovechado”.

El peor incidente se produjo el 8 de marzo, cuando los colonos asaltaron la aldea de Jirbet Abu Falah y asesinaron a tiros a un palestino de 57 años. Las fuerzas israelíes intervinieron a favor de los colonos y mataron a tiros a otro hombre de 30 años. Además, los militares lanzaron grandes cantidades de gas lacrimógeno y uno de los residentes de la aldea de 55 años sufrió un paro cardíaco y fue evacuado a un hospital, donde falleció, probablemente por haber inhalado el gas, según la ONG israelí B'Tselem.

La ONG ha denunciado que “el uso cada vez mayor y letal de fuego real por parte de las milicias israelíes y la expansión de los ataques contra grandes comunidades palestinas indica la intensificación de los esfuerzos de limpieza étnica de Israel, bajo el pretexto de la guerra con Irán”.

Los datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) también indican que el pasado marzo fue un mes especialmente mortífero: de los 8 palestinos asesinados por colonos israelíes en 2026, 6 perdieron la vida en marzo. Según la OCHA, marzo de 2026 es el segundo mes con más muertes a manos de colonos –desde que empezó a recopilar estas cifras en 2005–, después de octubre de 2023, cuando fueron asesinados 8 palestinos.

En el caso de ACLED, el mes de marzo de este año es el más letal de la última década, desde que este centro viene recopilando los datos en enero de 2016. Sin embargo, las cifras de víctimas mortales de ACLED sitúan marzo de 2026 por encima de octubre de 2023.

Los datos de ACLED, desde noviembre de 2023 hasta el pasado 31 de marzo, muestran la evolución de la violencia contra la población palestina en la Cisjordania ocupada, donde viven unos tres millones de palestinos y más de medio millón de colonos israelíes. En octubre de 2023, la violencia se disparó en Cisjordania después de los ataques del día 7 perpetrados por Hamás contra el sur de Israel y la ofensiva de castigo que el ejército hebreo lanzó a continuación contra la Franja de Gaza, que derivó en un genocidio.

Desde ese fatídico mes de hace dos años y medio, ha habido varios repuntes de la violencia antes del mes de marzo de 2026 y el más pronunciado fue en octubre de 2025, después de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, tras dos años de guerra. El número de incidentes violentos en los que estaban involucrados colonos fue mayor en octubre pasado que en marzo de este año, pero el número de víctimas mortales, menor.

En marzo, ACLED registró más de 330 incidentes violentos, la gran mayoría protagonizados por colonos israelíes, excepto unos pocos en los que participaron el ejército o la policía israelíes.

Los datos de ACLED también muestran que buena parte de los incidentes violentos documentados desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2026 estuvieron protagonizados por grupos de colonos, que ejercen la violencia de forma colectiva, a veces con armas y otros instrumentos (como excavadoras), contra las comunidades palestinas.

En este mapa se puede ver que los incidentes violentos en lo que va de año han tenido lugar en distintos puntos de Cisjordania, de norte a sur.

Desde ACLED, Khdour explicó que la violencia en Cisjordania no está aislada de otros desarrollos, tanto militares como políticos, por ejemplo, las declaraciones de los dirigentes israelíes a favor de la anexión de los territorios palestinos ocupados y la legalización de un gran número de asentamientos y puestos de avanza por parte del Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Las operaciones militares israelíes contra Irán y Líbano, así como la ocupación del sur de Siria, han desviado el foco de atención de Cisjordania, además de efectivos del ejército. “La escasez de tropas podría aumentar la dependencia de las unidades de reserva locales compuestas por colonos”, advirtió el experto y alertó de las consecuencias de que Israel siga librando varios conflictos al mismo tiempo: “A medida que las fuerzas israelíes desvían su atención de las zonas palestinas, los colonos se arman cada vez más y se integran progresivamente en funciones de seguridad formales, con el respaldo continuo del Gobierno”.

Los salarios pactados vuelven a subir menos que los precios por primera vez en casi dos años. El alza salarial media pactada en convenios colectivos fue del 2,92% hasta marzo, varias décimas por debajo de la inflación por primera vez desde el verano de 2024. El mes pasado, el IPC interanual repuntó al 3,3% debido al encarecimiento de los carburantes por la guerra de Irán.

La estadística publicada por el Ministerio de Trabajo refleja que la media de subida salarial de todos los convenios colectivos suscritos con efectos económicos este 2026 se sitúa en el 2,92%. Esta alcanza a casi 7,4 millones de personas trabajadoras, cuyas condiciones laborales se rigen por estos 2.240 convenios.

En concreto, solo los convenios firmados en lo que va de año (75 en total) recogen una subida media algo superior, del 3,27%, que es prácticamente igual a la inflación de marzo. Esta alcanza a unas 165.500 personas trabajadoras.

Si se baja más al detalle, la subida salarial media de los convenios de grupos de empresa se sitúa en el 2,25%; los de empresa, en el 2,56%, y los de los convenios colectivos sectoriales alcanza el 2,96%.

Por grandes sectores, la mayor alza se registra en la construcción, con un 3%, mientras que en los servicios el aumento salarial pactado es del 2,98%. Por debajo de la media se sitúan los convenios de la industria, con un 2,71%; y el sector agrario, con un incremento del 2,68%.

El aumento salarial hasta marzo sigue también por debajo de las cifras de todo 2025, que arrancó con un incremento del 3% para terminar en el 3,5% en diciembre. Aunque mejora ligeramente las del inicio de este año: la de enero se quedó en el 2,87% y el 2,91% de febrero.

Habitualmente, las alzas suelen ser más moderadas en los primeros meses del año, con menos convenios negociados, y van subiendo conforme avanza el ejercicio y se sellan más acuerdos.

El poder adquisitivo, en riesgo por la guerra de Irán

La crisis inflacionista de 2021 y, sobre todo, 2022, supuso un fuerte recorte del poder adquisitivo de los trabajadores. Desde 2023, los salarios volvieron a subir por encima de los precios, pero la recuperación del poder de compra no se había completado. Sin haberlo restituido del todo, la guerra de Irán va a dificultar estas mejoras del bolsillo de los trabajadores. La duda es cuánto.

Los distintos organismos económicos anuncian un aumento de la inflación que había prevista para este año. Con medias del año estimadas que rozan incluso el 3%, y que en estos meses podrían escalar hasta cerca del 4% interanual.

Con el fin de la guerra aún muy incierto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido esta semana de que “no se volverá” al escenario previo a que estallara este conflicto, que afecta de manera clave a la energía mundial.

Del total de 2.240 convenios con efectos económicos en marzo de 2026, solo el 12% (676 convenios) cuenta con una cláusula de garantía salarial, que permite que la subida salarial se revise a posteri en función de la subida de los precios para proteger el poder adquisitivo de las plantillas.

En número de trabajadores, estas cláusulas de revisión con el IPC cubren a casi tres millones de empleados del total de 7,4 millones cubiertos por estos convenios colectivos, el 40% del total.

Menos convenios y sin hoja de ruta estatal

En el inicio de 2026 se han suscrito menos convenios colectivos que el año pasado, 145 convenios respecto a 173 del primer trimestre de 2025, en un contexto en el que las mesas de negociación no cuentan con el paraguas del gran acuerdo estatal de negociación colectiva (el denominado AENC), cuyos efectos caducó el año pasado.

No obstante, los convenios colectivos que se han registrado a principios de año, en general, suelen llevar un proceso de negociación avanzado previo, por lo que la falta de hoja de ruta del AENC se nota más de cara a los convenios que se están negociando en estos momentos y las mesas que aún están por abrirse.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, presentaron sus propuestas de subida salarial antes de que se desatara el conflicto en Oriente Próximo. Reclamaron subidas de sueldo contundentes: de media, un 4% anual en 2026, 2027 y 2028, pero con mayores ascensos para salarios bajos, con alzas de hasta el 7%.

Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en 2023 su plan para promocionar 183.000 viviendas a precio asequible, una de las líneas maestras de esa estrategia era la concesión de financiación a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El Ejecutivo tenía la intención de impulsar por esa vía la construcción de 43.000 casas de nueva construcción o rehabilitadas. Tres años después, solo se ha cubierto el 8,7% de ese objetivo.

elDiario.es ha tenido acceso al desglose de empresas que han accedido a estos créditos, así como al número de viviendas financiadas y la fecha de ejecución de los proyectos y su ubicación. A febrero de 2026, habían sido una decena de compañías, que obtuvieron financiación europea a través del ICO para levantar un total de 3.720 casas, que deberán ponerse en el mercado a precio asequible, en 18 municipios de siete comunidades autónomas.

Estos datos han sido obtenidos a través de una solicitud de información amparada por la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que se la trasladó al propio ICO, el cual negó facilitar los datos alegando, entre otros, el deber de guardar reserva, recogido en la ley de 10/2014, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades de Crédito. Tras una reclamación presentada por elDiario.es al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, esta unidad tumbó la negativa, indicando que la identidad los perceptores de los préstamos y a los datos referidos a los proyectos aprobados no entran en el estricto ámbito de la información bancaria reservada e instó a la entidad a aportar lo solicitado.

Como muestra el gráfico anterior, el grupo que ha recurrido a esta vía de financiación para levantar más viviendas a precio asequible ha sido Avintia, que aglutina casi el 40% del total, con 1445 pisos. El grupo es una de las referencias en España en construcción industrializada, un modelo por el que la administración ha apostado en los últimos tiempos, con medidas como la puesta en marcha de un Perte, dotado con 1.300 millones de euros en una década, o la incorporación de estos elementos para obtener hasta un 10% de puntos extra en las licitaciones de Casa 47.

Fuentes de la compañía señalan que, desde su división inmobiliaria, han impulsado una plataforma de gestión de proyectos BTR —construir para alquilar, por sus siglas en inglés— asequibles, Avesta. Un proyecto “seleccionado por el ICO como una de las iniciativas encargadas de canalizar fondos destinados al desarrollo de vivienda en alquiler asequible en España”, señalan.

Bajo este modelo de colaboración público-privada, Avesta gestionará una inversión de más de 500 millones de euros, de los que 92 corresponden a inversión pública aportada por el ICO. “Esta adjudicación se enmarca dentro del programa InvestEur, a través del cual el ICO ha creado un vehículo de inversión pionero con el objetivo de desarrollar más de 4.000 viviendas asequibles en régimen de Build to Rent”.

La siguiente tabla muestra el despliegue de las promociones de viviendas en alquiler asequible por municipio. A la cabeza está Móstoles, con más de 600 casas; seguido de Málaga, con 530; Las Rozas, con 491; y Alicante, con 319.

Fuentes del ICO trasladan que, para agosto de 2026, se llegará a los 750 millones de euros de financiación vía Plan de Recuperación. Es cuando termina el plazo para cumplir determinados requisitos de ejecución para poder acceder a esos recursos, un límite temporal que, en cuestiones como la promoción de vivienda, que requiere tiempos largos, puede suponer un handicap.

La siguiente tabla incluye, promoción a promoción, fecha de finalización o la duración de las obras. La información trasladada por el ICO hasta este momento no es homogénea, pero permite ver que los desarrollos más voluminosos en cuando a número de viviendas rondan los dos años de ejecución.

Para sortear el requisito del plazo impuesto por la Comisión Europea, el ICO también financia con otros recursos propios vivienda en alquiler asequible y el Gobierno anunció hace unas semanas el fondo España Crece, porque “la falta de financiación no puede ser otro de los cuellos de botella que sufre el sector”, afirmó Sánchez durante la presentación.

La adenda del plan de recuperación establece una inyección de capital al ICO de unos 10.500 millones de euros, que aumenta la capacidad de financiación del instituto, además de un impulso adicional de otros 2.800 millones. Este plus servirá, explican fuentes de la entidad, para financiar proyectos de alquiler asequible en los que sea necesario ajustar las rentabilidades, con una parte del préstamo no reembolsable si se cumplen determinados hitos. Unas palancas que, indican, servirán para dar continuidad y prioridad a la promoción de vivienda a precio asequible.

El Tribunal Supremo acoge a partir de este 7 de abril el juicio al mayor caso de corrupción que afecta al actual Gobierno: una presunta organización criminal con origen en el Ministerio de Transportes y que aprovechó la crisis del coronavirus para lucrarse. Casi una década después de conocerse durante las primarias que llevaron a Pedro Sánchez a la dirección del PSOE, el exministro José Luis Ábalos y quien fuera su mano derecha, Koldo García, se sientan en el banquillo junto al empresario Víctor de Aldama, considerado el “nexo corruptor”.

Tres años de investigación han sacado a la luz la existencia de supuestos sobornos sistemáticos, adjudicaciones de contratos de mascarillas por valor de más de 50 millones de euros a cambio de mordidas y un presunto tráfico de influencias para colocar a la pareja de Ábalos en empresas públicas y sufragarle un alquiler de 2.700 euros mensuales. El final de esta etapa de impunidad comenzó a dibujarse en 2022 con una denuncia impulsada por el Partido Popular y que posteriormente dio paso a una investigación de la Fiscalía y la Guardia Civil, culminada con la detención de Koldo García en febrero de 2024.

Las pruebas incautadas y la confesión de Aldama —quien admitió haber pagado 350.000 euros en mordidas a Ábalos y Koldo y otras prebendas— estrecharon el cerco sobre el exministro. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que alcanzan los 24 años de cárcel para Ábalos por delitos de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación. Para el exasesor, la petición es de 19 años y medio. Ambos están en prisión provisional desde el pasado noviembre e irán cada día a la vista en furgón policial. El juicio se prolongará durante cuatro semanas y comparecerán un centenar de personas entre acusados, testigos y peritos. 

22 de mayo de 2017

Ábalos, clave en las primarias del PSOE

José Luis Ábalos es uno de los coordinadores de las primarias que Pedro Sánchez gana a Susana Díaz y Patxi López. El nuevo líder del PSOE lo nombra Secretario de Organización, su 'número dos'. En esa campaña, Ábalos había conocido en Navarra a Koldo García.

Leer más 22 de mayo de 2017

Ábalos, clave en las primarias del PSOE

25 de octubre de 2017

Ábalos contrata a Koldo García como chófer

VÍDEO

Koldo García se traslada a Madrid para ejercer de chófer de Ábalos en su nueva labor como Secretario de Organización. Es Santos Cerdán, también recién nombrado Secretario de Coordinación Territorial, quien se lo recomienda.

Leer más 25 de octubre de 2017

Ábalos contrata a Koldo García como chófer

1 de junio de 2018

Ábalos defiende la moción de censura

Ábalos interviene en el Congreso en la moción de censura del PSOE a Mariano Rajoy, con Pedro Sánchez como candidato. "Crearon con su particular uso del poder un verdadero círculo perfecto de corrupción, encubriéndola con tretas y artimañas", criticó Ábalos.

Leer más 1 de junio de 2018

Ábalos defiende la moción de censura

7 de junio de 2018

Ábalos es nombrado ministro de Fomento

Pedro Sánchez nombra a Ábalos ministro de Fomento. Tras haber establecido una relación de confianza durante la etapa en la que Koldo García fue su chófer, Ábalos lo nombra asesor.

Leer más 7 de junio de 2018

Ábalos es nombrado ministro de Fomento

31 de agosto de 2018

"Lo tienes a huevo para hacer cosas"

La relación que vertebra la trama nace a finales del verano de 2018. El empresario Víctor de Aldama conoce a Ábalos y Koldo García gracias a su hermano Rubén, que ejercía como escolta del ministro. "Lo tienes a huevo para hacer cosas", le escribe Rubén a Víctor en un mensaje.

Leer más 31 de agosto de 2018

"Lo tienes a huevo para hacer cosas"

4 de febrero de 2019

Ábalos, Koldo García y Aldama viajan a México

VÍDEO

Anticorrupción considera que este viaje es uno de los episodios que apuntan al grado de influencia de Aldama sobre el exministro y su asesor. El viaje tenía como objetivo promover los intereses de empresas españolas en México. Ábalos ha defendido que Aldama no formaba parte de la delegación.

Leer más 4 de febrero de 2019

Ábalos, Koldo García y Aldama viajan a México

1 de marzo de 2019

Ábalos coloca a su pareja en Ineco

Koldo García presiona a la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, para que contrate a Jéssica Rodríguez en la empresa pública Ineco. Le ordena iniciar los trámites y le advierte: "Si no José me corta los huevos". En su declaración en el Supremo, la mujer admitió que cobró sin ir a trabajar.

Leer más 1 de marzo de 2019

Ábalos coloca a su pareja en Ineco

28 de marzo de 2019

Aldama empieza a pagar el alquiler de la pareja de Ábalos

La empresa de un socio de Aldama firma el contrato de arrendamiento de un piso en el que residía Jéssica Rodríguez. El alquiler es de 2.700 euros al mes. El empresario paga esa renta hasta septiembre de 2021. Un total de 82.298,40 euros.

Leer más 28 de marzo de 2019

Aldama empieza a pagar el alquiler de la pareja de Ábalos

18 de octubre de 2019

La primera mordida: "Grandu 11500"

La capacidad de influencia de Aldama se sustentaba en el pago de sobornos a Koldo, a quien apodaba "Grandullón". La primera evidencia de esta "nómina" mensual de 10.000 euros en efectivo queda registrada en una nota creada por Aldama en su teléfono móvil, donde incluye el apunte: "Grandu 11500".

Leer más 18 de octubre de 2019

La primera mordida: "Grandu 11500"

21 de marzo de 2020

Primer contrato de mascarillas

Al estallar la pandemia, una empresa vinculada a Aldama resulta adjudicataria de cinco contratos de mascarillas por valor de más de 50 millones de euros. Dos de esos contratos los formalizan empresas dependientes del Ministerio de Transportes.

Leer más 21 de marzo de 2020

Primer contrato de mascarillas

8 de agosto de 2020

La nota de prensa sobre el rescate

El Ministerio de Transportes muestra en una nota de prensa el apoyo del Gobierno al rescate de Air Europa por la pandemia. Un día antes, Koldo García había enviado ese texto a Aldama, que lo remitió al CEO de la aerolínea para "tranquilizar a sus acreedores".

Leer más 8 de agosto de 2020

La nota de prensa sobre el rescate

14 de agosto de 2020

"Esto sale gratis por las molestias generadas"

La Fiscalía sostiene que Aldama pagó durante una semana el alquiler de un chalet en Marbella para Ábalos como contrapartida por la publicación de una nota de prensa apoyando el rescate de Air Europa, donde el empresario era consejero. "Esto sale gratis por las molestias generadas", le escribió Koldo García a Ábalos junto a una foto del chalé.

Leer más 14 de agosto de 2020

"Esto sale gratis por las molestias generadas"

10 de junio de 2021

Un socio de Aldama compra el chalé de Cádiz

Aldama recurre a Claudio Rivas y su red de hidrocarburos para comprar el chalet de lujo en La Alcaidesa, en Cádiz. A cambio, ambos pretendían recibir una licencia para la venta de combustible con la empresa Villafuel. La Guardia Civil cree que hay "múltiples evidencias" de que Ábalos hizo un "uso real" de ese chalé. Koldo García le envía a Ábalos el anuncio del chalé.

Leer más 10 de junio de 2021

Un socio de Aldama compra el chalé de Cádiz

10 de julio de 2021

Sánchez cesa a Ábalos como ministro

El presidente cesa de manera fulminante a Ábalos. Koldo García sale del Ministerio inmediatamente después. Pedro Sánchez nunca ha explicado los motivos de la destitución. Días después, Ábalos dimite como Secretario de Organización del PSOE y le sustituye Santos Cerdán.

Leer más 10 de julio de 2021

Sánchez cesa a Ábalos como ministro

9 de diciembre de 2021

Transición Ecológica deniega la licencia a Villafuel

Once meses después de registrar la solicitud, el Ministerio de Transición Ecológica rechaza la licencia de operadora a Villafuel. En represalia, la sociedad dueña del chalet envía un burofax a Ábalos reclamándole las rentas de alquiler impagadas de agosto a noviembre.

Leer más 9 de diciembre de 2021

Transición Ecológica deniega la licencia a Villafuel

10 de marzo de 2022

Ayuso lleva a la Fiscalía los contratos de mascarillas

Alfonso Serrano, diputado y portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, presenta una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción que apunta a posibles irregularidades en doce contratos de material sanitario formalizados por la Administración General del Estado.

Leer más 10 de marzo de 2022

Ayuso lleva a la Fiscalía los contratos de mascarillas

22 de abril de 2022

La Fiscalía empieza a investigar

La Fiscalía abre diligencias tras la denuncia presentada por el PP de Madrid. Anticorrupción investiga durante más de un año y acaba presentando una denuncia en la Audiencia Nacional el 6 de septiembre de 2023.

Leer más 22 de abril de 2022

La Fiscalía empieza a investigar

21 de febrero de 2024

La UCO detiene a Koldo García

VÍDEO

La UCO detiene a Aldama, Koldo García y otros implicados. En casa del exasesor, los agentes se incautan de tres móviles y una grabadora que son fundamentales para la investigación porque contienen las grabaciones secretas a Ábalos y Santos Cerdán.

Leer más 21 de febrero de 2024

La UCO detiene a Koldo García

23 de octubre de 2024

El cerco se estrecha sobre el exministro

El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno pide al Supremo que investigue a Ábalos por su "papel principal" en el caso. Al ser diputado, solo puede ser investigado por el alto tribunal.

Leer más 23 de octubre de 2024

El cerco se estrecha sobre el exministro

21 de noviembre de 2024

Aldama confiesa y sale de la cárcel

Aldama, que está en prisión provisional por el caso de los hidrocarburos, pide declarar ante el juez de forma voluntaria y afirma que pagó 250.000 euros en comisiones a Ábalos y 100.000 a Koldo García. La confesión le sirve para salir de prisión.

Leer más 21 de noviembre de 2024

Aldama confiesa y sale de la cárcel

12 de diciembre de 2024

Ábalos declara por primera vez en el Supremo

VÍDEO

Ábalos se sienta por primera vez delante de un juez para dar explicaciones. Durante tres horas, trata de rebatir los indicios que le acorralan. Afirma que "nunca" cobró comisiones.

Leer más 12 de diciembre de 2024

Ábalos declara por primera vez en el Supremo

3 de noviembre de 2025

El Supremo manda a Ábalos y Koldo García al banquillo

Tras un año de investigación, el juez cierra la instrucción y propone sentar en el banquillo a Ábalos, Koldo García y Aldama por los contratos de mascarillas. Les atribuye delitos de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación.

Leer más 3 de noviembre de 2025

El Supremo manda a Ábalos y Koldo García al banquillo

19 de noviembre de 2025

La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García. El fiscal Alejandro Luzón valora la "información relevante" aportada por Aldama, para el que rebaja su petición a siete años de prisión. Defiende que los tres formaron una "organización criminal" para lucrarse con contratos públicos.

Leer más 19 de noviembre de 2025

La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos

27 de noviembre de 2025

Ábalos y Koldo García entran en prisión

El juez envía a prisión provisional a Ábalos y Koldo García dado el "extremo" riesgo de fuga. La Fiscalía lo había solicitado al apreciar la posibilidad de que decidieran escapar a la acción de la Justicia por las elevadas condenas de cárcel a las que se exponen.

Leer más 27 de noviembre de 2025

Ábalos y Koldo García entran en prisión

7 de abril de 2026

Empieza el juicio en el Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo acoge el primer juicio por un caso de corrupción que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez. La vista oral se prolongará hasta final de mes y testificarán decenas de testigos. El 28 de abril declararán Ábalos, Koldo García y Aldama.

7 de abril de 2026

Empieza el juicio en el Tribunal Supremo

Marzo de récord en el mercado laboral español, que sumó más de 211.500 trabajadores, el dato más elevado de la serie histórica para este mes, y un total de 22 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social en términos desestacionalidos. En términos medios, el dato más común para medir el empleo en España, el total de trabajadores alcanzó un nuevo techo, que rozó los 21,9 millones. Cuando todas las miradas apuntan a unos 6.000 kilómetros de distancia, en la guerra de Irán que inquieta a la economía mundial y ya ha comenzado a elevar los precios también en suelo nacional, el empleo por el momento parece que sigue su rumbo al alza con fuerza sin verse lastrado –al menos aún– por el contexto internacional.

El crecimiento del empleo en el mes de marzo es el mayor en términos absolutos de la serie histórica, de más de 211.500 personas, y también de los más elevados en términos relativos (+0,98%).

Marzo es habitualmente un buen mes para el mercado laboral, con una importante creación de puestos de trabajo, muchos vinculados a la hostelería y el turismo, y que es especialmente favorable, si coincide la celebración de la Semana Santa (en esta ocasión, solo los primeros días). Además, la llegada de mayores temperaturas tras el invierno suele empujar a estos y otros sectores de actividad, como la construcción.  

En esta ocasión, dado el conflicto en Oriente Medio, que ha afectado todo el mes de marzo, había expectación por ver las cifras de empleo, que por el momento parecen aguantar con normalidad. No solo por el tirón del empleo, sino también por los datos diarios de ERTE que refleja la estadística del Ministerio de la Seguridad Social, que no recoge afectación al alza. No obstante, estos datos pueden aumentar a posteriori, ya que hay un cierto decalaje entre la presentación de los expedientes y su reflejo en la estadística oficial.

Nuevo récord de trabajadores: casi 21,9 millones

Con el empuje de marzo, el mercado laboral ha superado un nuevo techo, respecto al anterior marcado en verano, que se ha quedado muy cerca de los 21,9 millones de trabajadores. En concreto, 21.882.147 personas trabajadoras afiliadas de media a la Seguridad Social.

El Gobierno ha destacado esta mañana otro récord, el de los trabajadores según la estadística desestacionalizada, que ha alcanzado por primera vez una cifra redonda: los 22 millones de trabajadores. Esta estadística mide la evolución del mercado laboral aislando los vaivenes propios de del calendario y la estacionalidad, y aunque es un dato muy utilizado y complementario en los análisis sobre el empleo, no es el que se suele utilizar para medir el total de trabajadores en España.

“Hemos superado el hito histórico de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, tras sumar 2,2 millones de empleos desde la reforma laboral y 3,3 millones desde 2018. En menos de dos años hemos sumado dos millones de afiliados de media”, ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Antes de las 9.00 horas, que es cuando el Ministerio publica los datos, ya el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había adelantado en sus redes sociales que España había alcanzado los 22 millones de ocupados en marzo por primera vez en su historia, sin precisar que se trataba del dato desestacionalizado. El anuncio lo ha hecho vestido con una camiseta de la selección española de fútbol, con el número 22 a la espalda, como guiño a los 22 millones de ocupados.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró un importante empujón este mes, con una subida mensual de 80.274 afiliados, casi el doble que los registrados en febrero (45.000), que ya había acelerado el empleo respecto a enero (17.300). Así, se ve una importante aceleración de la creación de empleo.

Volviendo a los datos medios, también se observa este mayor empuje del mercado laboral. En el último año, de marzo de 2025 a marzo de 2026, la Seguridad Social ha ganado más de medio millón de personas trabajadoras, con 524.501 afiliados, lo que supone un ritmo de creación de empleo de casi el 2,5%, que suma tres décimas respecto al mes anterior (2,2%).

La hostelería tira del empleo

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó más de 194.200 afiliados medios en marzo (+1%), hasta un total de 18,39 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 14.900 afiliados (+0,4%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en un nuevo máximo de 3.429.534 personas. En comparación con marzo de 2025, hay 40.286 autónomos más cotizando a la Seguridad Social (+1,2%).

Dentro del Régimen General, la hostelería protagonizó el mayor repunte de la afiliación respecto al mes anterior, con 79.701 nuevos ocupados (+5,6%), seguido de actividades administrativas, con 17.206 nuevos cotizantes (+1,2%), y de la construcción, que sumó 17.156 afiliados medios (+1,7%).

Por su parte, en el Sistema Especial Agrario se produjeron 3.895 altas (+0,6%) y en el del Hogar, 3.886 bajas (-1,1%). En el mes de marzo se han registrado casi 10,4 millones de afiliadas, la cifra más alta de la serie, además de récord en afiliados extranjeros, que superan los 3,15 millones por primera vez.

23.000 personas menos en paro

Además, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 22.934 personas en marzo en relación al mes anterior (-0,9%), casi el doble que en igual mes de 2025, impulsado, fundamentalmente, por el sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras la caída del paro en el tercer mes del año, el número de desempleados se situó en su nivel más bajo en un mes de marzo en los últimos 18 años, con un total de 2.419.712 parados, ha subrayado el Ministerio.

“Somos conscientes de que muchas personas todavía hoy están en desempleo y seguiremos trabajando para reducir las cifras de desempleo en nuestro país. La próxima parada es el control horario, porque se hacen dos millones y medio de horas extras a la semana sin pagar y lógicamente esto es una irregularidad, por tanto, próxima parada control horario”, ha subrayado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El retroceso del paro en marzo de este año es mayor que el experimentado en igual mes de 2025 (-13.311 desempleados), pero inferior a los descensos de marzo de 2024 (-33.405) y 2023 (-48.755).

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en marzo en 26 ocasiones y ha subido en cinco. El mayor repunte en este mes se produjo con la llegada de la pandemia en 2020, con 302.000 desempleados más, y el mayor descenso fue el de 2002, cuando disminuyó en 66.800 parados, destaca Europa Press.

En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en el tercer mes de 2026 en 15.534 personas. En el último año el desempleo acumula un descenso de 160.426 parados, lo que supone un 6,2% menos, con un retroceso del paro femenino de 95.206 mujeres (-6,1%) y una caída del desempleo masculino de 65.220 varones (-6,3%).

Así, al finalizar el tercer mes de 2026, el número total de mujeres en paro se situó en 1.458.572 mujeres, su nivel más bajo en un mes de marzo en 18 años, mientras que el de varones totalizó 961.140 desempleados.

Por sectores, el paro bajó especialmente en el sector servicios, con 18.852 desempleados menos que en febrero (-1%), seguido de la construcción, que restó 5.846 desempleados (-3,4%), y de la industria, con 1.482 parados menos (-0,8%). Por contra, el desempleo subió en marzo en la agricultura, con 365 parados más (+0,5%), y en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral, donde aumentó en 2.881 personas (+1,3%).

Por comunidades autónomas, el paro registrado disminuyó en marzo en 14 comunidades autónomas y subió en tres: Canarias (+843 desempleados), Madrid (+342) y País Vasco (+179). En el lado de los ascensos, destacaron los de Andalucía (-8.836 desempleados), Cataluña (-3.777) y Comunidad Valenciana (-2.467).

El trabajo temporal roza mínimos, del 11,6%

En marzo de este año se registraron algo más de 1,3 contratos, casi un 12,4% más que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 576.532 fueron contratos indefinidos, el 44% del total.

Yolanda Díaz ha resaltado que ese 44% de contratación indefinida, frente al 10% que suponía antes de la reforma laboral. “Estos datos explican y son la respuesta de todas las reformas laborales que hemos emprendido desde hace ya más de seis años en el Ministerio de Trabajo, desde el Gobierno de España. Desde la subida del salario mínimo, la reforma laboral, la protección y la reforma del subsidio por desempleo y tantas y tantas normas”, ha recalcado.

Con estos datos de marzo, el balance de trabajadores temporales sobre el total de personas asalariadas se sitúa en el 11,6%, rozando el mínimo histórico alcanzado tras la reforma laboral (11,5%).

En algunos estatutos de las comunidades de vecinos es habitual encontrar un artículo que señala que dentro de los domicilios no podrá ejercerse “ninguna profesión y oficio”. En los textos más antiguos, se apunta que las casas deberán destinarse “única y exclusivamente a honesta vivienda”. Esta formulación, que se empleaba mucho antes de que Airbnb fuera uno de los lugares de referencia donde encontrar alojamiento vacacional, ha sido uno de los motivos principales por los que miles de viviendas no han obtenido el número de registro que las habilita para anunciarse en plataformas.

“Las limitaciones estatuarias son las que más limitaciones han generado”, explicaba en un acto organizado por el Colegio de Registradores el vocal de usuarios Ángel Chacón. En total, de las más de 412.000 solicitudes recibidas se han rechazado 86.275, que no cumplen con los requisitos. Algunas son fácilmente subsanables, como la falta de contratos de gestión entre propietarios y agencias o discrepancias en el número de ocupantes. Otras, como el veto de las comunidades, habilitadas desde abril de 2025 a prohibir estos usos por una mayoría de tres quintos o la propia limitación en los estatutos, o el uso de viviendas de protección oficial para alojamiento vacacional, son insalvables.

Los datos no responden a una estadística concreta, sino a la percepción de los encargados de gestionar esa ventanilla única, obligatoria desde el 1 de julio de 2025. Pero hay una serie que sí permite evaluar, en parte, el efecto de la medida. Desde 2020, el Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza dos veces al año un web scraping, una técnica de rastreo que permite estimar el número de viviendas de uso turístico que se anuncian en todo el territorio.

El último dato del INE se publicó hace unas semanas, con datos de noviembre. La cifra total muestra un descenso en términos interanuales de más de 46.000 anuncios. Desde mayo, el último registro antes de la entrada en vigor de la obligatoriedad de la ventanilla única, fueron más de 52.000.

Aunque los expertos consultados consideran que es pronto para medir el impacto de la ventanilla única, sí apuntan a una profesionalización. “Desde distintas administraciones se está trabajando para regularizar el sector. Antes era una especie de ley de la selva, en la que se ponían las casas en las plataformas sin ningún requerimiento. En el momento en el que hay más trámites, registros, etc. buena parte de la oferta más amateur va saliendo del mercado y se queda el núcleo duro del negocio, agencias y grandes propietarios”, explica el vicedecano de la Facultad de Turismo en la Universidad Complutense de Madrid, Manuel de la Calle Vaquero.

“El hecho de que haya un mayor control hace que quieren quiera operar de manera oculta lo tenga aún más difícil y, quien está pensándoselo pero que hay una tramitación más complicada, tal vez se eche para atrás”, coincide el profesor de Derecho Público de la Universidad de Málaga, Manuel Moreno. La clave es qué ocurrirá con esas 50.000 viviendas turísticas menos, que el Gobierno quiere canalizar al alquiler de larga estancia. Los expertos tienen dudas de que ese trasvase se vaya a producir de forma automática. En un contexto de auge de discursos vinculados a una supuesta inseguridad jurídica de los caseros, mantener esas casas vacías o venderlas también puede ser una opción.

De lo que hay más evidencia es de los efectos colaterales de este tipo de alojamientos. Fedea publicó un documento de trabajo en el que analiza la literatura económica empírica sobre las externalidades de los alquileres turísticos y de corta duración. Entre las aportaciones positivas se sitúa una mayor variedad y flexibilidad de la oferta vacacional, sobre todo en periodos de alta ocupación, una redistribución del gasto hacia zonas residenciales, un impulso al sector servicios y aumento del empleo y los ingresos empresariales.

Al otro lado de la balanza, la documentación analizada señalaba efectos perniciosos sobre la asequibilidad de la vivienda, impactos adversos en los residentes y una mayor competencia para el sector hotelero tradicional. Unos efectos que se dan cuando el alquiler turístico alcanza “una concentración elevada”.

En el siguiente mapa se puede consultar la concentración y el número de viviendas de uso turístico por sección censal. Un análisis al detalle permite diferenciar grandes núcleos urbanos saturados de zonas rurales donde este tipo de servicios pueden suponer un revulsivo para la economía local o las regiones costeras, donde este tipo de alojamiento ha ido ganando terreno.

Fevitur, la patronal del alquiler de corta estancia, emitió un comunicado en el que lamentaba que el registro estatal deja fuera del mercado a “más de 64.000 viviendas turísticas legales”, que en realidad solo tienen vetada su promoción en plataformas y defienden que la salida de 46.000 viviendas “tan solo supone un 0,17% del parque residencial construido”. Sin embargo, si se analiza por zonas, ese porcentaje se dispara en las áreas más tensionadas, porque estos alojamientos se encuentran en muchos casos en zonas residenciales.

“En los grandes destinos urbanos, hay una concentración absoluta, fundamentalmente en el centro de las ciudades”, señala De la Calle, que apunta a una “tensión en el mercado de alquiler y venta”. En las zonas más céntricas de Madrid, como algunos distritos censales en torno a la Puerta del Sol, Malasaña o Chueca, estos alojamientos turísticos llegan a bloquear hasta el 20% de las viviendas para uso residencial. En Barcelona, son el 15,9% en la zona de Plaça de Catalunya. Y, en Sevilla, superan el 20% en buena parte del centro de la ciudad, con picos por encima del 30% en Santa Cruz.

Estos son solo tres ejemplos, porque la dinámica se repite en varias ciudades con atractivo turístico, como Granada, Mallorca o Canarias. Uno de los casos más claros de la tensión es Málaga, donde hay secciones céntricas con más del 50 y más del 90% de viviendas dedicadas al alquiler vacacional. Sin embargo, hay siete provincias donde han aumentado los anuncios y la malagueña es donde más se han incrementado, hasta el 6%, con un total de 48.261 viviendas.

“En muy poco tiempo, en [la ciudad de] Málaga se ha pasado de decir que las viviendas de uso turístico no tenían ningún impacto y eran buenas para la ciudad a una intervención a partir de 2024, con una modificación del plan general de ordenación urbanística, que les pone coto”, explica Moreno Linde. Este experto apunta también a un fenómeno de reubicación, ante determinadas normativas que buscan limitar esta actividad allí donde tensionan el acceso al uso residencial o la convivencia en los barrios. “Lo que hacen estos planteamientos es impedir que se implanten más en estas zonas, pero no en el resto”, explica.

Con matices, es algo similar a lo que ocurre en Madrid. El Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida aprobó el Plan Reside, con el que restringe la dispersión de pisos turísticos en edificios de viviendas en la almendra central, pero sí permite reconvertir bloques completos. Esto ha provocado, por un lado, la expulsión de inquilinos de escaleras enteras, en los casos en los que los caseros quieran cambiar el uso de los inmuebles, como ha pasado con dos bloques propiedad de la Casa de Alba. Por otro, se prevé una traslación de la presión a aquellos distritos donde las restricciones son más laxas.

“En general, la normativa que se está aplicando parte de una situación en la que los que están se quedan y los nuevos no pueden entrar”, señala De la Calle, que coincide en que, “en Madrid, se intenta limitar la presión sobre los centros urbanos, mientras las condiciones de implantación son más flexibles en las zonas más periféricas”. Estas no se verán afectadas por igual, porque las lógicas de inversión se decantan hacia aquellas áreas mejor comunicadas. “Carabanchel, Lucero o Usera son zonas muy dinámicas, donde se trasladará parte de la presión. En Vallecas irá hacia la parte más cercana a Pacífico”, razona el experto.

Al margen de la reducción de anuncios interanual, si se amplía el foco al inicio de la estadística experimental, la comunidad autónoma donde más se han reducido las ofertas es en Catalunya. La comparativa no es del todo exacta, porque el INE cambió la fecha en la que hacía el rastreo, al considerar que el mes de noviembre se ajustaba más a la demanda turística. Sin embargo, si se compara el último dato con el publicado en febrero de 2020, los pisos en alquiler turístico aumentaron en 35.000 unidades en el conjunto del Estado, pese a una caída en esta comunidad de más de 8.000, algo superior a Balears. En Madrid ha habido un descenso de 2.500 anuncios en estos cinco años, especialmente desde agosto de 2024; además de una caída testimonial, de apenas un centenar en Murcia.

“La referencia siempre ha sido Barcelona”, indica el vicedecano de turismo de la Complutense, “mientras el resto de ciudades van aplicando las medidas que empezaron implantarse allí hace años”. En esta localidad, el alcalde Jaume Collboni se comprometió, ya en 2024, a no renovar ninguna de las 10.000 licencias que había en la ciudad, lo que supone la eliminación de esta actividad para 2028, cuando todas caduquen.

Pese a los datos y las normativas más o menos laxas que tratan de poner coto a una actividad que ha tensionado ya las zonas más centricas de las principales ciudades españolas, los expertos señalan que el fénomeno, extendido a escala global, ha llegdo para quedarse. Lo harán, eso sí, los actores más profesionalizados: “La lógica de la economía colaborativa era una estrategia de márketing”.

Tres años ha estado en vigor la vía extraordinaria abierta por la Ley de Memoria Democrática para que los hijos y nietos de españoles que se hubieran exiliado o emigrado pudieran adquirir la nacionalidad española. El aluvión de solicitudes fue tal que el Gobierno tuvo que ampliar un año el plazo, cerrado definitivamente el pasado octubre con un enorme flujo de peticiones pendiente de tramitar por los consulados, que se han visto desbordados: en total, más de un millón de personas (1.170.999) han ejercido este derecho desde 2021, de las que más de la mitad, en concreto 632.670, siguen esperando una decisión. Solo el 25% del total de solicitudes están a día de hoy finalmente inscritas.

Son los datos que maneja el Ministerio de Asuntos Exteriores a febrero de 2026, los últimos disponibles, a los que elDiario.es ha accedido a través de una solicitud de acceso a la información realizada a través del Portal de Transparencia. Las cifras revelan la incapacidad de los consulados de España en el extranjero para gestionar el volumen de solicitudes. Argentina, Cuba, Brasil y México concentran el mayor número de peticiones y también la mayor cifra de inscripciones: solo entre los cuatro países acumulan el 72% de las personas que han pedido la nacionalidad.

Del total de peticiones ya resueltas, la práctica totalidad han sido aceptadas hasta la fecha y solo hay un 1,32% de denegaciones. El cuello de botella está en que un 54% de las solicitudes esperan todavía en un cajón y por eso, el paso siguiente, el de hacer la nacionalidad plenamente efectiva y que sea anotada definitivamente en el Registro Civil consular, va con tanto retraso. La situación mantiene en un limbo a miles de personas, que llevan en muchos casos esperando más de un año solo para lograr pedir cita y que denuncian sentirse atrapados en un laberinto que parece no tener fin. Preguntado por la situación, el Ministerio de Exteriores no ha respondido a este medio, pero fuentes del Gobierno apuntan a que se ha hecho “un esfuerzo enorme” para reforzar el personal de los consulados como medida para atajar la situación.

“Esto se ha convertido para muchas familias en una pesadilla burocrática y un vía crucis de papeleos, silencios administrativos y desgaste emocional”, señala desde La Habana Roberto, que ha pedido la nacionalidad junto a su madre, sus hermanas y sus primos y que está en contacto con decenas de afectados a través de los grupos de Telegram en los que se han organizado. Las experiencias de unos y otros, dice, son “muy similares” y retratan esperas “interminables” para obtener la credencial con la que después podrán pedir cita, expedientes “que desaparecen” o solicitudes que “son devueltas para empezar de cero”.

En su caso, inició el proceso en junio de 2024 con la reclamación de una credencial vía correo electrónico, que era la vía estipulada antes de que el sistema cambiara a un formulario telemático. En la respuesta, el consulado advertía: “IMPORTANTE. Tenemos una cantidad muy alta de solicitantes, lo que provoca unos tiempos de espera mayores. Es posible que reciba sus credenciales con una demora de HASTA SEIS MESES”, reza el correo electrónico automático que recibió. Lo que iba a ser medio año, sin embargo, se ha convertido en más de año y medio y no ha sido hasta este febrero cuando ha recibido la clave con la que ya ha tenido una cita para entregar la documentación.

“Nos dicen que ahora tendremos que esperar otro año y medio”, apunta este hombre, nieto de un canario que salió de España hacia Cuba en 1908 huyendo del servicio militar obligatorio y de “una situación política compleja” que en esa época “castigaba a las clases humildes”. La familia intentó acogerse a la Ley de Memoria Histórica de 2007, que ya abrió por primera vez una vía excepcional para otorgar la nacionalidad en estos casos, pero no logró encontrar la partida de nacimiento de los abuelos.

La ley de 2022 nació con vocación de superar las lagunas que de la anterior legislación y reconoce varios supuestos: podrán acogerse a ella los hijos y nietos de exiliados por “razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual” que perdieran o renunciaran a la nacionalidad, también los hijos de mujeres que la perdieron por casarse con un extranjero —algo que ocurría antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978— y los hijos de quienes adquirieran la nacionalidad en virtud de la ley de 2007. Sin embargo, la instrucción posterior que desarrolla la norma extiende su aplicación a los “nacidos de padres o abuelos originariamente españoles”, es decir, de quienes emigraron independientemente del motivo.

Argentina, a la cabeza

Las peticiones de nacionalidad salpican prácticamente a todos los países, pero unos pocos concentran la inmensa mayoría de las mismas. A la cabeza está Argentina, donde hay registradas 462.815 peticiones en los cinco consulados de España en el país, seguida de Brasil (137.322), México (116.785) y Cuba, en cuyo único consulado en La Habana se acumulan 137.770 expedientes. Estados Unidos y Chile también registran por encima de las 50.000 solicitudes y Francia supera las 25.000.

Todos ellos son igualmente los países que más demandas tienen pendientes de gestionar. “Se ha generado una avalancha internacional de solicitudes y saturación de oficinas consulares con especial incidencia en América Latina. Es un auténtico colapso que está provocando que haya grandes bolsas de solicitantes a la espera de cita. Harán falta muchos años para que puedan completarse todos los expedientes y se llegue al último paso, el de la inscripción, en todos los casos”, lamenta Estela Marina Pérez, presidenta de la Asociación de Descendientes en el Mundo.

De los países con más solicitudes sin tramitar, Estados Unidos, Cuba y México tienen entre 54.000 y 64.000 peticiones pendientes, México supera las 100.000 y Argentina es el país con más atasco con 229.653 instancias sin respuesta. Sin embargo, la proporción de personas que han podido finalmente inscribirse varía, aunque casi ninguno de los países supera la mitad de inscripciones, solo Cuba, que roza el 52%. En Argentina, únicamente han sido anotadas de forma definitiva el 16% de todas las peticiones y le siguen Chile, Uruguay y Brasil como países con menor porcentaje de inscripciones.

Manuel Camejo, abogado de Camejo Law Firm, está asesorando a muchas de estas personas en Buenos Aires, un consulado en el que “hay un caos total”, asegura. Los obstáculos principales tienen que ver con personas a las que no les llegan las credenciales reclamadas o con quienes, una vez que las tienen, “no están pudiendo acceder a un turno” mientras que las peticiones que se están ahora resolviendo fueron presentadas en el verano de 2023, señala el abogado.

Consciente del atasco, el consulado reconoce que los sistemas informáticos “no permiten procesar con la velocidad necesaria” el número de solicitudes y apunta a que “se están ampliando la velocidad y la capacidad de las líneas de conectividad existentes”, señala en un boletín informativo publicado el pasado marzo, en el que el consulado avanza que ha decidido externalizar “la carga de los datos en papel de los expedientes” y que actualmente “se están cerrando los detalles” de este nuevo sistema, que entrará en vigor “en breve”.

Sobre la situación que atraviesan los trámites de nacionalidad ha alertado el Defensor del Pueblo por segundo año consecutivo en su informe anual, publicado la semana pasada. En él apunta a que el funcionamiento de los registros civiles consulares ha sido “un año más” la cuestión que ha provocado un mayor número de quejas ciudadanas debido en parte al “impacto” que ha tenido la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, por la que el organismo abrió una actuación de oficio ante la Subsecretaría de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del ministerio.

El Defensor del Pueblo recalca el “indudable esfuerzo” del personal de las oficinas y señala algunas medidas que se han ido adoptando en los distintos consulados para acelerar los trámites, incluyendo “la habilitación de nuevos espacios y el aumento de plantillas”. Esto sumado a la plena implementación del plan de digitalización consular “podría permitir a medio plazo resolver algunas de las dificultades identificadas”.

Aun así, al cierre del informe, el organismo remarca que las actuaciones ante el Gobierno siguen abiertas a la espera de recibir información sobre el sistema de citas, las “demoras” en el envío de credenciales, los obstáculos para que todas las personas puedan presentar solicitudes en plazo y sobre el número de expedientes pendientes y la gran cantidad de inscripciones que están aún en el aire.

Las familias y los hogares con más ingresos van a ser los más beneficiados por la rebaja de los impuestos sobre el combustible. Se trata de una medida que se ha puesto en marcha para paliar la subida de precios provocada por el despegue del crudo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la escalada bélica en Oriente Medio. Un alivio para los bolsillos que este jueves logró el respaldo de la mayoría parlamentaria y que estará en vigor, en principio, hasta el próximo 30 de junio.

Que los hogares con más ingresos sean los más beneficiados por esta rebaja fiscal es una de las principales conclusiones del análisis realizado por elDiario.es sobre los microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2024, la última publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según los datos, si segmentamos a la población en diferentes grupos en función del nivel de ingresos —siendo los más ricos quienes ingresan más de 5.000 euros al mes y los que menos, quienes no superan los 1.000 euros— los más favorecidos por estas medidas fiscales son, por tanto, los hogares que más ingresos disponibles tienen, que pueden ahorrar unos 25 euros de media al mes, frente a unos nueve euros de media en los escalones más bajos. 

Hay que recordar que la medida aprobada por el Ejecutivo recoge una reducción del IVA de los combustibles al 10%. Además, el decreto dio luz verde a una reducción del tipo impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos en los productos más consumidos, como son el gasóleo y la gasolina sin plomo, entre otros. No fue la única medida en materia fiscal, porque el texto también recoge una bajada de los impuestos de la electricidad. 

En el siguiente gráfico se desglosa cuál es el gasto medio en carburantes por hogar y tipo de combustible en función de sus ingresos.

¿Por qué se ha optado por medidas fiscales en lugar de ayudas directas para los consumidores que tienen problemas para pagar la factura? La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, explicó esta semana en el VI Foro Económico de elDiario.es que el Gobierno actúa primero en los que son más vulnerables, en referencia al escudo social, que prohíbe, por ejemplo, los cortes de luz. También, con ayudas para los sectores profesionales que se ven más afectados por una crisis como esta, como el sector primario, el transporte o la logística porque “tienen un efecto en cascada en el resto de la economía”, indicó. “Y de manera estructural, ante esta evolución de los mercados energéticos provocada por una guerra que se ha llevado a cabo de manera unilateral y que tiene un impacto claro sobre los precios, actuamos en la fiscalidad de los carburantes, del gas o de la electricidad”, enumeró Aagesen.

El análisis de los datos señala que aquellas familias que ya cuentan con elevados ingresos mensuales son las más beneficiadas por este tipo de medidas por varios motivos. Por un lado, porque son las que más consumen gasolina y/o diésel, al recurrir en mayor medida al uso de sus vehículos privados. Por otro, porque los hogares más ricos cuentan con más vehículos propios, según se recoge la última Encuesta de Condiciones de Vida. En concreto, ocho de cada 10 familias en el tramo de ingresos más alto poseen, al menos, un vehículo en propiedad. En cambio, cuando son hogares con ingresos más bajos, esa proporción baja a uno de cada dos.

En los días previos a la rebaja fiscal de los combustibles, el gasto en carburante para los hogares que sí consumen ascendía a 108 euros al mes en gasolina (unos 71 litros) y a 101 euros en diésel, según los precios de ese momento. Si se tiene en cuenta el conjunto de hogares españoles —incluyendo los que no tienen vehículo—, el consumo medio es de 36 litros y un gasto medio de 54 y 47 euros respectivamente. En ese periodo entre el comienzo de los ataques a Irán y la aprobación del paquete de medidas económicas por parte del Gobierno, el diésel subió hasta los 1,94 euros el litro y la gasolina de 95 octanos, a 1,79 euros, según el precio medio de todas las gasolineras de España.

Con ese punto de partida, si aplicamos el descuento sobre los carburantes de forma generalizada, la rebaja de impuestos supondría un ahorro de 20 euros mensuales de media para quienes usan gasolina y de algo más de 16 euros para los que recurren al diésel. Sobre el total de hogares españoles la cifra es de 10 €/mes en gasolina y poco más de 7 €/mes en diésel. Estos datos únicamente tienen en cuenta la bajada de impuestos, pero no los cambios de estrategia comercial de las operadoras, ya que las compañías también han lanzado sus propias ofertas para tratar de arañar clientes.

Quienes más tienen verán mayor ahorro en sus bolsillos

El análisis, como se ha indicado previamente, lleva a concluir que esta medida no beneficiará a todos por igual. Serán las familias con mayores ingresos, que también tienen un mayor porcentaje de hijos respecto a otros grupos, las que saldrán más favorecidas por esta reducción fiscal en materia energética.

Por ejemplo, si el gasto medio mensual en carburantes para un hogar con ingresos medios de entre 4.000 y 5.000 euros al mes ronda los 145 euros, con la rebaja fiscal, bajaría a unos 120 euros, aproximadamente. Es decir, ese hogar puede reducir su factura en combustible en 25 euros mensuales. En cambio, los hogares con ingresos inferiores a 1.000 euros mensuales, pasarían de gastar algo más de 31 euros al mes, a cerca de 26 euros, lo que deja el ahorro en carburantes en el entorno de los cinco euros mensuales. 

En el siguiente gráfico se resume cuánto es el ahorro en combustible en función de los ingresos de cada hogar.

“El razonamiento económico hace pensar que sí” son los hogares de altos ingresos los que se benefician más de este tipo de medidas, “ya que son las familias de renta media y alta los que tienen más vehículos, los vehículos más potentes y los que lo utilizan más”, apunta el economista Jordi Perdiguero, coautor de un análisis sobre el impacto de los descuentos generalizados a los carburantes en 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania. Una tesis que también apuntó la AIReF (la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y que recordó recientemente el centro de estudios Esadecpol.

¿Y cómo sería el ahorro según el tipo de carburante? Los datos señalan que el ahorro es más alto en el caso de la gasolina. En concreto, de media en este caso puede alcanzar los 10 euros mensuales, mientras que, en el caso del diésel, la media se queda por debajo de ocho euros. Una diferencia que también está influida por el nivel de ingresos, ampliando así una brecha entre las familias de más y menos renta.

Además, en el ahorro también influyen otros factores. Por ejemplo, el tamaño de la población en la que se resida. Quienes viven en grandes municipios, con más de 500.000 habitantes, serán los más beneficiados de esta medida, porque suelen ser quienes más conducen. Mientras, que para los que viven en el ámbito rural tendrán menos impacto, porque suelen llenar menos veces el depósito, según los datos analizados.

Además, al revisar los datos publicados por el INE, que recogen la situación laboral de los integrantes de cada hogar, se deduce que quienes cobran pensiones y subsidios serán los menos beneficiados por esta rebaja fiscal, ya que obtendrán un ahorro de entre cuatro y 10 euros de media. En cambio, quienes tienen empleos por cuenta propia y por cuenta ajena verán un mayor ahorro, que superaría los 20 euros. 

Si nos fijamos en los datos por tipo de hogar, las parejas con hijos (que son las que más destinan en gasto de gasolina y gasóleo) son las que más dinero ahorrarán con esta rebaja fiscal. El ahorro oscila desde los 23 euros para los que tienen un hijo, hasta los 28 euros para los que tienen dos y alrededor de 30 euros mensuales más para los que ya son familia numerosa.

En cambio, una pareja sin hijos conseguirá ahorrar, de media, 16,4 euros mensuales; un hogar monoparental, 14 euros; y una persona sola en edad de trabajar, alrededor de 10 euros al mes, según se desglosa a continuación. 

También existe una brecha entre quienes viven de alquiler y los que tienen vivienda en propiedad. Los hogares inquilinos apenas verán un ahorro de entre 10 euros y 13 euros mensuales; mientras que los propietarios, ya sea con o sin hipoteca, ahorrarán alrededor de 17 y 22 euros al mes, prácticamente el doble, como se indica en el siguiente gráfico.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que en un contexto de guerra e inflación se establecen medidas fiscales sobre los carburantes.

En cuanto a las petroleras y cuál es el efecto para ellas de este tipo de medidas, con un petróleo al alza, Jordi Perdiguero señala a elDiario.es que también pueden salir favorecidas. “Si el traslado” del descuento “es del 100% solo se beneficiarían de vender una mayor cantidad, pero la demanda de carburantes es muy inelástica, poco sensible al precio, por lo que venderían más o menos lo mismo que con el IVA al 21%. Ahora, si el traslado no es del 100%, entonces sí que saldrían beneficiadas, ya que aumentarían su margen”.

En 2022, hubo un aumento notable de quienes se ubicaban como “clase baja” o “pobre” en el CIS. Fue uno de los espejos del daño de la crisis inflacionista en muchos hogares, con precios récord desde hacía décadas, con subidas que llegaron a estar por encima del 10%. Las alzas salariales se quedaron muy por debajo (2,5%) y desde mediados de 2023 estaban recuperando, poco a poco, poder de compra. Sin haberlo restituido del todo, la guerra de Irán va a dificultar estas mejoras del bolsillo de los trabajadores. La duda es cuánto.

Tras tres semanas de guerra en Oriente Medio, que inició EEUU e Israel de manera unilateral atacando a Irán, el mundo aguanta el aliento ante su futuro incierto y sus implicaciones económicas mayúsculas, por afectar a un enclave estratégico para la energía y el comercio internacional de ciertos bienes.

Los mayores riesgos para la economía española que asoman en el horizonte son un fuerte incremento de los precios de la energía y que esto alcance en cascada al resto de la economía con una mayor inflación. Algo cuya intensidad depende mucho de la duración del conflicto, los expertos indican que ya no podemos evitar los daños del todo.

Así, los distintos organismos económicos anuncian un cierto aumento de la inflación que había prevista para este año. Con medias del año estimadas que rozan incluso el 3%, y que en los meses de marzo y abril podrían escalar hasta cerca del 4% interanual.

“Pronosticar la inflación ahora mismo requiere necesariamente de hacer unos supuestos sobre los precios de la energía, a día de hoy es razonable pensar que podemos tener una inflación en torno al 3% este año, incluso si los precios del petróleo y el gas se normalizan a partir de unas semanas”, valora Ángel Talavera, el director de Economía Europea de Oxford Economics.

Los salarios suben poco más que los precios

En la actualidad, el economista de Oxford Economics cree que nos iremos a una inflación “por encima de esa cifra (3%), pero más allá del número concreto, lo que sí ya es seguro es que será más alta de lo que esperábamos hace solo un mes. Así que el poder adquisitivo va a empeorar este año porque los salarios reaccionan de manera mucho más lenta”, explica el economista de Oxford Economics.

Las subidas salariales pactadas en estos momentos están solo unas décimas por encima de la inflación. Eran del 2,9% de media el pasado febrero, con una inflación del 2,3% interanual ese mes.

Como se puede ver en el anterior gráfico, los salarios venían recuperando poder adquisitivo desde 2023, pero “de forma lenta”, precisa Luis Zarapuz, del Gabinete Económico de CCOO. “Es decir, se perdió mucho poder adquisitivo en 2021 y 2022, unos siete puntos de pérdida en el acumulado de esos dos años, y ahora venimos recuperando al promedio de medio punto por año, desde 2023. Ni mucho menos se había recuperado todo”, explica el economista.

Precisamente, en 2025 mejoró un poco más esta ganancia en el poder de compra de los trabajadores y trabajadoras y los sindicatos mayoritarios esperaban que este 2026 se avanzara en este sentido, apunta también Alberto del Pozo, del equipo económico de UGT.

Las centrales de CCOO y UGT propusieron subidas salariales del 4% anuales para los próximos tres años, y aún mayores para los salarios bajos, de cara al próximo gran acuerdo de negociación colectiva (AENC), para 2026 y los próximos años y que está todavía pendiente de negociar con la patronal.

“Todo esto estaba pensado para un escenario de estabilidad. Cuando hay un shock de este tipo, normalmente la negociación colectiva tarda en reaccionar, porque los convenios no se cierran de hoy para mañana”, recuerda Del Pozo.

En CCOO explican que la subida salarial media del 2,9% pactada para este año “alcanza a 7 millones de trabajadores de los aproximadamente 13 millones que terminarán firmando convenio este año”. Los aumentos de los convenios que se están firmando este son algo más elevados, del 3,2%, pero alcanzan a un número muy reducido de trabajadores (73.600).

“Mucho tendría que subir el dato en los convenios que se firmen de aquí a final de año –que muchos ya tendrán las negociaciones encauzadas– como para que ese dígito subiera claramente por encima del 3%”, prevé Luis Zarapuz.

Así, ante estas cifras tan ajustadas entre salarios y precios y la nueva previsión de mayor inflación, todo indica que los trabajadores y trabajadoras deteriorarán las esperadas ganancias de poder adquisitivo, que se mantiene prácticamente congelado en las últimas décadas en la mayoría de casos (con la excepción de los salarios más bajos).

Y eso si es que no vamos a un escenario peor, de pérdida de nuevo del poder de compra, en el supuesto de que la guerra se complique y alargue en el tiempo.

“La clave es la duración de la crisis. La economía puede absorber precios altos durante un periodo corto sin que nada se rompa, pero a partir de cierto momento los impactos crecen exponencialmente”, sostiene Ángel Talavera.

Obstáculo en una pieza clave: el consumo interno

El economista de Oxford Economics destaca que el deterioro del poder adquisitivo de las personas trabajadoras es relevante no solo para sus hogares, sino también para el conjunto de la economía española, en un contexto de crisis internacional y en el que España destaca por su mayor crecimiento frente a otros países desarrollados.

“Es importante porque el consumo es el componente que actualmente más tira del crecimiento, y un shock a la renta disponible inevitablemente supondrá un impacto al consumo”, sostiene Talavera.

“A eso se añade que los consumidores hace tiempo que ven los precios altos como el principal problema económico, lo que probablemente impacte la confianza del consumidor, suponiendo un freno adicional”, prevé el especialista.

Por este motivo, los sindicatos mayoritarios defienden la importancia de actuar en dos direcciones. Por un lado, con medidas por parte del Gobierno para mitigar los daños de esta crisis, de manera ágil, que no se queden cortas y con especial protección para los colectivos más vulnerables. Este viernes el Ejecutivo de coalición ha aprobado un primer paquete, de 5.000 millones de euros, también con protección laboral frente a los despidos, en general bien recibido por CCOO y UGT.

Por otro lado, que la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos proteja el poder adquisitivo de los trabajadores con subidas pactadas contundentes y que incluyan las denominadas cláusulas de garantía salarial con el IPC, que CCOO y UGT convirtieron en una de sus banderas ante la crisis inflacionista de 2022.

Estas cláusulas garantizan a los trabajadores que, a posteriori, sus salarios se incrementarán más si los precios superan las alzas pactadas. “Es un mecanismo inteligente que no tiene coste en el corto plazo. Es decir, si las empresas tuviesen la mirada larga, deberían estar interesadas en incluirlo. Porque si hay cerrazón en incluir estas cláusulas, en un contexto de creciente inflación, se incrementarán las peticiones iniciales de subidas salariales”, explica Luis Zarapuz (CCOO).

Las empresas llegan a este escenario “con la hucha llena, en máximos” de márgenes empresariales, indica Zarapuz, por lo que les pide también “contención” en la subida de los precios. Con el ejemplo de la pasada crisis inflacionista, donde se agrandó la brecha entre los beneficios de las empresas y las ganancias de los trabajadores, los sindicatos subrayan que “los salarios no pueden ser los paganos de esta crisis”, advierte Alberto del Pozo.

En este contexto, el próximo acuerdo del AENC entre sindicatos y patronal se vuelve si cabe más importante, aunque también más complicado. Los sindicatos sostienen que tendrán que presionar más para proteger el poder adquisitivo de las plantillas, en un contexto adverso, de inflación elevada. En la patronal de momento no desvelan su postura, pero reconocen que la negociación se dificulta. “Obviamente todo lo que sea inestabilidad, tanto a nivel nacional e internacional, no ayuda”, afirman fuentes de CEOE.

En CCOO y UGT reclaman a los empresarios más justicia en el reparto de los daños de esta crisis, así como una mirada estratégica, que no penalice dos de las claves del mayor crecimiento económico de España en los últimos años: el consumo interno y la resiliencia del mercado laboral.

¿Te has preguntado alguna vez si tu empresa te paga bien o poco? ¿Cuánta gente crees que cobra más que tú? ¿Tu sueldo está por encima de la media o por debajo? En la siguiente calculadora te mostramos tu posición entre todos los asalariados de España. Las cifras provienen de los datos la Encuesta de Estructura Salarial de 2023, que estima los sueldos anuales de los españoles a partir de una muestra de más de 250.000 trabajadores.

Todos los datos de esta calculadora proceden de los datos de la Encuesta anual de Estructura Salarial de 2023, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a elDiario.es, que estima los salarios brutos anuales (antes de impuestos) de los asalariados españoles a partir de una muestra de 28.000 empresas y 250.000 trabajadores.

Los datos incluyen a todos los trabajadores por cuenta ajena que están de alta en la Seguridad Social con contrato a jornada completa o parcial a excepción de los empleados del sector agrícola, los funcionarios que no están dados de alta en la Seguridad Social, el personal doméstico o cualquier retribución pagada en la economía informal.

23.349 euros brutos al año. Aproximadamente, unos 1.560 euros netos al mes. Este es el número que separa a los trabajadores españoles en dos mitades. El 50% de los asalariados tiene un sueldo por encima de esa cantidad y la otra mitad, por debajo.

En el siguiente gráfico puedes ver la distribución de salarios en España si dividimos a todos los trabajadores en 100 grupos iguales de 147.000 personas. Como ves, forman una curva ascendente que se hace más pronunciada hasta alcanzar el percentil 99, que dibuja el límite para estar en el 1% que más cobra.

¿Quieres sorprenderte con un dato? Si tu salario está por encima de 39.000 euros brutos (unos 2.400 euros netos mensuales), ya estás en el 20% que más cobra de España.

Además, la misma cifra te puede colocar en grupos distintos en función de muchos factores como la geografía, la edad, tu sexo o sector en que trabajas. No es lo mismo tener un sueldo de 30.000 euros siendo hombre que mujer. Ni tampoco viviendo en Canarias que en Madrid. Tampoco es lo mismo tener esa remuneración trabajando en el sector público, en una gran compañía en el sector privado o trabajando en una pequeña empresa.

Un mismo sueldo te puede colocar en el 25% que menos cobra o en el 25% con mayores salarios si hacemos la comparación con distintos grupos. En el siguiente gráfico puedes ver esa distribución: marcamos cuales son los límites que marcan estar entre el 10% que más cobra (P10), 25% que menos cobra (P25), en la mediana (P50), 25% que más cobra (P75) y 10% que más cobra (P90) en cada grupo. ¿Cuáles tienen salarios más altos y más bajos?

¿Dónde se dan las mayores brechas salariales? Por ejemplo, entre los trabajadores españoles frente a los extranjeros (el salario medio de los nativos es un 50% mayor al de un trabajador latinoamericano, por ejemplo). También existe una brecha entre los hombres y las mujeres (+18% a favor de los primeros), que se explica principalmente por la parcialidad. Las mujeres son mayoría entre los trabajadores que tienen jornadas reducidas, muchas de ellas por dedicarse a los cuidados no remunerados, y es en estos empleos donde se concentran los salarios anuales más bajos.

También existen otras brechas. Por ejemplo, entre los trabajadores del sector público y el privado o por edad. El salario mediano de los jóvenes está alrededor de los 17.500€ mientras que a partir de los 50 años sube hasta los 25.000€ anuales.

Una brecha que aumenta por el nivel de estudios. A más formación, más ascendente es la escalera de sueldos de la carrera profesional, un dato que en la Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES) no se registra.

También el lugar donde vives es clave: no es lo mismo un sueldo de 30.000 euros pero viviendo en una comunidad de renta alta como Euskadi que residiendo en Extremadura. Mientras que con ese sueldo estarías por debajo de la mediana en la comunidad vasca, en la comunidad extremeña estarías ubicado entre el 25% mejor pagado.

Siete comunidades están por encima del salario mediano nacional. El más alto de España lo encontramos en Euskadi, seguido de Navarra y Madrid. Las cifras, precisamente, van muy ligados a la riqueza de las autonomías y dibujan una brecha entre norte y sur. Andalucía, Extremadura y Canarias concentran los salarios más bajos del territorio.

Aunque los datos anuales de la Encuesta de Estructura Salarial no detallan lo datos por nivel de estudios o profesión, los datos de las estadísticas más detalladas señalan el mismo fenómeno: las ocupaciones mejor pagadas son habitualmente las que necesitan mayor cualificación (estudios universitarios) y cuyos puestos de trabajo se concentran en las comunidades más ricas. Además, cuanta más larga sea la carrera profesional del trabajador, más probabilidad de tener un mayor salario.

El PSOE de Pedro Sánchez vuelve a ser el partido con más respaldo entre los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Pero el Barómetro de marzo, hecho público este miércoles, reduce su ventaja sobre el PP, respecto a febrero, cuando le sacaba 10 puntos. Así, en el caso de que se celebraran ahora las elecciones generales, los socialistas lograrían el 31,8% de los votos, casi un punto menos que el mes pasado cuando logró un 32,6%. La ventaja respecto a los populares es ahora, por tanto de 8,5 puntos.

El PP crece cuatro décimas y pasa del 22,9% de enero al 23,3% actual y Vox reduce considerablemente su apoyo en casi dos puntos y pasa del 18,9% de enero al 16,6% de febrero, con lo que se queda a solo cuatro puntos de los populares. Sumar crece una décima, hasta el 7,1% y Podemos baja un punto, hasta el 2,9%. Vox es la fuerza política que más cae según este sondeo que coincide con el apoyo cerrado del partido de Santiago Abascal a la estrategia de Donald Trump en Irán.

Las encuestas de este último barómetro se hicieron entre el 2 y el 6 de marzo y, por tanto, una vez que comenzaron los ataques de Israel y EEUU a Irán o Líbano, y tras quedar claro el rechazo de España a esas intervenciones militares con el 'no a la guerra' agitado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, el trabajo se realizó en plena campaña electoral de las elecciones en Castilla y León del domingo en las que ganó el PP de Alfonso Fernández Mañueco, pero en las que también resistió el PSOE, que obtuvo dos escaños más que en 2022. Esos comicios confirmaron la dependencia entre PP y Vox y el hundimiento de la izquierda confederal.

El CIS pregunta, de hecho, por la guerra. El 64,3% de los españoles dice estar “muy o bastante preocupado” por los ataques a Irán, un 17,1% “algo preocupado”, un 15,4% “poco o nada preocupado”. Además, el 69,2% asegura que las actuaciones de Estados Unidos e Israel le provocan “mucho o bastante rechazo”, mientras que el 24,5% dice que “poco o ningún rechazo”. Por otro lado, una amplia mayoría —el 85,4%— cree que esta situación pone en riesgo la paz internacional.

Un mes más, aunque ninguno de los dirigentes estatales llega al aprobado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el líder político mejor valorado con una puntuación media de 4,43. Le sigue la vicepresidenta Yolanda Díaz que logra un 4,23 y, de lejos, Alberto Núñez Feijóo, que obtiene un 3,60 y Santiago Abascal, con un 2,99, que repite como el líder peor valorado. Además, Sánchez es el favorito como presidente del Gobierno para el 40,3% de los encuestados que dan su opinión, sacando 24,9 puntos de ventaja a Alberto Núñez Feijóo que lo es para el 15,4% y vuelve a segunda posición por delante de Santiago Abascal, que es el preferido para el 14,8%, mientras Gabriel Rufián escala posiciones y ya lo es para el 9,1%.

El principal problema de España, según los encuestados, vuelve a ser la vivienda (43,5%) medio punto más que el mes pasado, seguido de la crisis económica y los problemas de índole económico (22,5%), y los problemas relacionados con la calidad del empleo (18,3%). Los problemas que los españoles consideran que más les afectan de manera personal son la crisis económica y los problemas de índole económico (29,9%), la vivienda (27,8%), y la sanidad (19,6%).

Una de las noticias de la noche electoral de este domingo fue que Vox no logró crecer tanto como auguraban la mayoría de las encuestas, tras dispararse en las dos últimas citas electorales: Extremadura y Aragón. La formación de extrema derecha tan solo consiguió un escaño más que hace cuatro años y se quedó con 14 procuradores, lejos de los pronósticos más halagüeños que les otorgaban hasta 20. Pero que no se cumplieran las expectativas no evitó que en Castilla y León el partido de Santiago Abascal lograra el porcentaje de voto más alto de todas las elecciones a las que se ha presentado desde su fundación, en 2013.

Sin llegar al 20% que pronosticaron algunos sondeos, Vox obtuvo este domingo el 18,92% de los votos de los castellanos y leoneses. La extrema derecha se consolida así como la tercera fuerza política en la región y socio necesario del PP de Alfonso Fernández Mañueco –ganador de los comicios– para poder formar el nuevo gobierno de la Junta. “Se demuestra que, a pesar de los innumerables y constantes intentos no hay techo para Vox”, afirmó el propio Abascal tanto la noche electoral como este lunes: “Vox no ha tocado techo, pero hay muchos que van a querer decirlo. Son los mismos que anunciaban la defunción de Vox desde 2020”.

Hasta este domingo, el mejor resultado obtenido por el partido de Abascal en unos comicios había sido el de las aragonesas de hace apenas un mes, el 8 de febrero, cuando alcanzó el 17,88% de los sufragios tras doblar los apoyos que había logrado en las anteriores elecciones en este territorio. Dos meses antes, el 21 de diciembre de 2025, en Extremadura, la extrema derecha también encajó uno de sus mejores resultados de su historia con el 16,9% de las papeletas, el doble que en los comicios anteriores en esa comunidad.

Los primeros éxitos electorales de la extrema derecha se remontan a 2018, cuando irrumpió con fuerza por primera vez en un parlamento autonómico en las elecciones andaluzas de diciembre. Hasta ese momento Vox apenas había conseguido 22 concejalías en las municipales de 2015. En las andaluzas de 2018, la formación de Abascal obtuvo el 11% de los votos y fue clave para que la derecha arrebatara la Junta al PSOE, que hasta ese momento mantenía Andalucía como uno de sus feudos inexpugnables. Fue allí donde se produjo el primer experimento de una alianza entre PP y Vox que, a raíz de la negociación emprendida por el entonces líder de los populares, Pablo Casado, consiguió llevar a Juan Manuel Moreno Bonilla a la presidencia de la comunidad con el apoyo de los ultras, pese a que la primera fuerza volvió a ser el PSOE de Susana Díaz.

El despliegue estatal se confirmó unos meses después: en las generales de abril de 2019 alcanzó el 10% de los votos y 24 diputados en el Congreso. En las autonómicas de ese mismo año la extrema derecha consiguió, en total, también ese 10% de los apoyos, con especial fuerza en territorios como la Comunitat Valenciana. En las europeas que se celebraron también en 2019 Vox se hizo con 4 eurodiputados con el 6,21% de los apoyos.

Otro gran éxito del partido ultra se vivió en noviembre de 2019, cuando Pedro Sánchez repitió las elecciones ante el bloqueo y la imposibilidad de sacar adelante la investidura. Vox obtuvo entonces el 15% de los sufragios y 52 diputados, el máximo histórico de asientos en el Congreso pero no de porcentaje de voto.

En las catalanas de 2021 la formación de extrema derecha se quedó con un 7,61% de los votos y en las de la Comunidad de Madrid de ese mismo año obtuvo el 9,15% de los apoyos. A raíz de las elecciones en Castilla y León de 2022, entró por primera vez en un ejecutivo autonómico con el PP tras obtener 13 escaños y el 17,64% de los sufragios. Y en junio de ese año, en las andaluzas, el equipo de Abascal logró el 13,47% y 14 escaños.

En las autonómicas de 2023 que se celebraron en todas las comunidades autónomas excepto en Galicia, Castilla y León, Euskadi, Catalunya y Andalucía, el mejor resultado que obtuvo Vox fue en Murcia, que desde entonces se considera como uno de sus principales feudos. Allí logró el 17,72% de los sufragios, que hasta las elecciones aragonesas del mes pasado constituía el techo de la formación de Abascal en unos comicios.

A continuación se situó Illes Balears, donde llegó hasta el 13,9% de los votos. Le siguieron Castilla-La Mancha (12,83%), Comunitat Valenciana (12,18%) Aragón (11,24%), Cantabria (11,07%), Asturias (10,07%), Extremadura (8,12%), Canarias (7,85%), La Rioja (7,57%), Comunidad de Madrid (7,31%) y Navarra (4,28%).

Laura acaba de mudarse con su novia a Barcelona. Su plan inicial era estar un tiempo de alquiler, mientras se asentaban y decidían si se animaban a comprar. Pero un mercado del alquiler imposible, con precios altos y unos topes que, dice, no siempre se respetan, hicieron que su suegra adelantase un plan que tenía previsto para complementar su pensión en el futuro: partir en dos su vivienda de toda la vida. “Antes la gente se podía comprar casas que ahora son palacios, pero en su día eran cosas normales”, explica la mujer.

En España, más de la mitad de la población habita en viviendas infraocupadas. Son, según la definición de Eurostat, aquellas en las que hay habitaciones de más, en función de un número dado de personas, niños, adolescentes o parejas. Por ejemplo, dos adultos y dos hijos en una casa con cinco habitaciones o una persona que vive sola en una casa con tres o cuatro habitaciones. Para algunas familias, es una suerte de salvavidas: el lugar donde acoger a parientes de visita, alojar a los hijos en un mal momento o que alquilar para obtener un ingreso extra. Para otras, suponen un sobre esfuerzo energético para mantenerla caliente en invierno y fresca en verano o, en el plano teórico, un recurso desaprovechado en una situación de crisis residencial.

La estadística de Eurostat, sin embargo, tiene en cuenta el número de espacios de los que dispone la vivienda, pero no su tamaño, distribución o ubicación. La última vez que la oficina europea ofreció una media del tamaño de las casas en España, en 2012, esta se situó en los 99 metros cuadrados, apenas media docena de metros por encima de la media. Según esta misma fuente, el 55% de la población está en casas infraocupadas, frente al 33% de la media de los 27.

Entonces, ¿vivimos en casas demasiado grandes? “Cuando hablamos de este dato de infraocupación, no estamos trabajando con un indicador con la granularidad suficiente”, indica la doctora en Sociología y profesora en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Irene Lebrusán, que prefiere fijarse en superficie y no en habitaciones, pero también en la ubicación de esas casas.

El siguiente mapa, elaborado a partir de los datos del censo de población y viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE), muestra el tamaño medio de las viviendas, municipio a municipio. Los círculos rosas representan los municipios con las medias más bajas, mientras las zonas verdes son las que suman las casas más grandes. Como puede apreciarse, estas últimas están repartidas, en general, en zonas rurales y no en las principales áreas metropolitanas, como Madrid, Barcelona, Zaragoza o Coruña.

“Las viviendas unifamiliares son más grandes que los pisos en bloques de viviendas y en los municipios pequeños la densidad [de población] es menor y la gente vive en casas mayores”, explica la vicepresidenta segunda del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Susana Moreno. Hay otros factores, como el precio del suelo, que eleva el coste del metro cuadrado allí donde este es más escaso, generalmente en grandes núcleos urbanos, ya construidos.

El mapa muestra el porcentaje de viviendas de cada tamaño, en función de la población del municipio. La proporción es inversamente proporcional: cuánto más pequeño es el pueblo, mayores son sus casas. Por ejemplo, mientras en las zonas con menos de 10.000 habitantes más del 33% de los inmuebles superan los 105 metros cuadrados, en las grandes ciudades de más de un millón de habitantes, son solo el 9% y casi la mitad de la población vive en 60 metros o menos.

“En algunos barrios de grandes ciudades tenemos pisos de los años 60, de 60 metros cuadrados y que, sin embargo, tienen tres habitaciones y un salón, con distribuciones extrañas y realmente incómodas”, explica Lebrusán. Por eso, la estadística del INE puede ayudar a entender mejor la realidad del parque residencial español mejor que Eurostat.

En 2011, el Instituto Nacional de Estadística elaboró su censo de población y vivienda, que arrojó un resultado algo inferior al publicado por Eurostat al año siguiente: 84 metros cuadrados. Una década después, en 2021, y con algo más de información, el INE rebajó la media hasta los 65 metros. En ese momento, la construcción estaba en horas bajas y durante ese periodo de tiempo se levantaron menos de 700.000 viviendas, sobre un parque total de 27 millones, escasas para justificar un descenso medio del 20% en superficie.

Aunque no hay datos oficiales, en las últimas décadas, se ha venido produciendo un fenómeno de división de inmuebles, principalmente en grandes ciudades. “En el centro de Madrid, a partir de la crisis de 2008, se produjeron muchísimas segregaciones, en muchos casos ilegales o que el Ayuntamiento no se encargó de revisar en su momento”, indica Lebrusán, que admite desconocer el alcance porcentual de estas reformas. Eran grandes fincas, que acabaron siendo casas más pequeñas, desde la que en muchos casos se accede a través de una suerte de recibidor tras atravesar la puerta original.

Para la arquitecta Moreno, la densificación de las ciudades no es algo necesariamente malo. Al menos, en algunas. “El éxito está relacionado con tener una densidad adecuada. Tal vez Madrid, Barcelona o Valencia hayan alcanzado una densidad óptima y no convenga seguir aumentándola o esta tenga que venir asociada a un incremento de los espacios públicos, pero hay muchas otras ciudades y capitales de provincia que sí requerirían una mayor densidad de población para ser más eficientes”, señala.

Eurostat establece también una diferencia de infraocupación por edad. Los mayores de 65 son quienes viven en casas con más habitaciones de las que se utilizan, más del 75%, mientras la tasa general se encuentra en torno al 54%. En un momento de crisis de acceso a una vivienda y dificultades de emancipación de los más jóvenes, la respuesta rápida podría ser la del trasvase pero, al margen del factor superficie, hay otros elementos a tener en cuenta.

El principal es el cultural. “La mayor inversión que hacen las familias en toda su vida es en la vivienda que se compra para criar a los hijos. Cuando estos se van, te quedas en ella”, razona Moreno. ¿Podría tener cierto sentido vender la casa que se ha quedado grande en la vejez para acceder a otra más pequeña, accesible o eficiente energéticamente? En la teoría sí, aunque en la práctica también hay 'peros'.

“Necesitamos que el mercado residencial sea mucho más flexible y que tengamos entornos amigables con el avance de la edad, que una persona pueda seguir viviendo en su entorno, tal vez en una casa más pequeña y que se adecúe a sus necesidades, pero que pueda pagar. Actualmente, con el mercado descontrolado, lo que suele suceder es que con lo que consiguen por la venta de su vivienda tampoco pueden comprarse otra en el entorno conocido”, apunta Lebrusán.

En este contexto, la rehabilitación de viviendas juega un papel fundamental para adaptar el parque español. Actualmente, hay unos seis millones de familias en casas con deficiencias graves y, según los datos del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, en este momento están construidas entre el 80 y el 90% de las casas en las que la población vivirá en 2050. “Ya están construidas, pero son viviendas de otros años, con otros criterios y otros valores. Es un parque inmobiliario enorme, que se tiene que adaptar y renovar”, explica Moreno, que defiende la implantación de oficinas de rehabilitación para guiar a aquellas personas que se pierdan en la burocracia. “Una persona mayor que ni quiera ni deba desarraigarse de su casa puede tener poca capacidad de gestión, pero necesitar hacer una rehabilitación en casa”, pone como ejemplo.

Moreno apunta también a la posibilidad de esta palanca para sacar vivienda al mercado, de venta o alquiler. Porque al otro lado de la balanza están esas personas que tienen problemas para acceder a una vivienda o que viven hacinados. Según los datos de la agencia estadística europea, uno de cada 10 hogares está superpoblado, con picos del 15% entre las personas menores de 29 años. La población entre 18 y 64 está levemente por encima de la media, como se aprecia en el siguiente gráfico, mientras entre los mayores de 65 el porcentaje cae al 3%.

Estas curvas muestran como el proceso de sobreocupación de viviendas viene agravándose, principalmente, desde el año 2018. No ocurrió, ni siquiera, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008, ni con la oleada de desahucios que se produjo en los años siguientes. “Una de las diferencias de aquella crisis con la actual es qué alternativas están disponibles para los hogares y cómo se han normalizado determinadas estrategias que en 2009, 2010 o 2011 eran de subsistencia, como compartir casa o el alquiler de habitaciones. Por supuesto, antes ya se hacía, pero eran sobre todo estudiantes o gente muy joven, como algo temporal”, explica la socióloga, “pero ahora lo vemos con gente de edad más avanzada, insertas desde hace mucho tiempo en el mercado laboral, pero que se encuentran con que no pueden pagar una vivienda”.

En paralelo a esta sobreocupación, el número de hogares unipersonales ha pasado de los 2,9 millones en 2022, a los 5,6 este año. Del 20 al 28% sobre el parque total y casi un 50% más. El dato en bruto no permite hacer un análisis exhaustivo, pero algunas tendencias sociales ayudan a explicar el fenómeno: emancipaciones, divorcios, mayor esperanza de vida y diversidad de hogares.

En este buscador puedes ver cuál es la superficie media de una vivienda en tu municipio:

Este mapa muestra el detalle del voto en las más de 3.500 secciones censales, la división territorial más pequeña que existe, que conforman Castilla y León en la actualidad. Ha sido elaborado con los resultados de las elecciones autonómicas a nivel de mesa electoral. Puedes localizar tu calle o municipio a través del buscador 🔍

Los botones del mapa permiten visualizar calle a calle cuál ha sido el partido más votado según los porcentajes correspondientes a los votos válidos y hacia dónde ha girado el voto con respecto a las anteriores elecciones autonómicas, las de 2022.

Además, puedes consultar en qué barrios el partido ganador ha cambiado, las calles donde menos gente ha acudido a las urnas (el porcentaje de abstención) y el porcentaje de voto por zona a cada partido: PP, PSOE, Vox, IU-Sumar, Podemos, SALF, así como a formaciones regionalistas como Por Ávila, Soria Ya y Unión del Pueblo Leonés.

Los resultados en detalle

Por municipios

Los resultados del 15M por municipios

Calle a calle

El mapa más detallado del voto el 15M

Izq. Vs Dcha.

El mapa del voto por bloques

Perfil del voto

Demografía del 15M: así vota cada grupo

Partidos

El mapa de cada partido en Castilla y León

Los pactos

Calculadora de mayorías para el Parlamento

Minuto a minuto de la batalla por el último escaño en cada provincia. elDiario.es sigue en directo cuál es el partido que tiene el último diputado que reparte cada provincia y cuál es el siguiente partido que puede arrebatarle ese escaño.

Consulta en la siguiente tabla quién podría quitar a qué partido el último escaño que reparte cada circunscripción, clave en estas elecciones para sumar alianzas de cara a la investidura. En nuestra calculadora de pactos puedes comprobar qué partidos suman mayoría.

La batalla por el último escaño en Castilla y León 2026

Número de votos que necesita un partido para robar un escaño a la última candidatura que lo consiguió en cada provincia de las elecciones autonómicas de Castilla y León

Actualiza los datos

En el siguiente gráfico puedes ver el reparto de escaños por partido en cada provincia. Filtra por partido y descubre cuántos escaños está a punto de ganar o perder cada candidatura.

Los escaños en disputa

Distribución de los escaños conseguidos por cada partido y el escaño en disputa

Circunscripción

Diputados conseguidos

Últ. escaño

En dis.

Selecciona un partido:

Actualiza los datos

Los resultados en detalle

Por municipios

Los resultados del 15M por municipios

Calle a calle

El mapa más detallado del voto el 15M

Izq. Vs Dcha.

El mapa del voto por bloques

Perfil del voto

Demografía del 15M: así vota cada grupo

Partidos

El mapa de cada partido en Castilla y León

Los pactos

Calculadora de mayorías para el Parlamento