“Alquiler de temporada con estancia mínima”, “perfecto para profesores visitantes o estudiantes”, “estancias de 11 meses renovables”, “disponible de septiembre a junio”, “solo curso escolar”. Si buscas un piso en alquiler en Idealista en alguna de las 52 capitales de provincia, es casi imposible no encontrarse con frases similares: casi la mitad (45%) de los anuncios ya son ofertas que incluyen estas expresiones para indicar que solo se alquila para estancias cortas.

Lo que podía ser una situación normal para cubrir la necesidad de personas que estudian o trabajan temporalmente en otras ciudades se convierte en una alternativa a la que recurren cada vez más caseros para evitar las regulaciones introducidas por la ley de vivienda. Principalmente, la duración mínima del contrato o el control de precios, en una práctica que los expertos califican como “fraude de ley”.

A mediados de agosto de 2026 se podían encontrar en Idealista casi 37.800 anuncios de pisos en alquiler entre todas las ciudades capitales de provincia, tal y como se desprende del análisis de los datos recopilados por elDiario.es. De ellos, 17.050 eran ofertas donde, o bien se mencionaba explícitamente que se trataba de un alquiler de temporada, o se usaban otras fórmulas para indicar que no se firmaría un contrato de residencia habitual acorde con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Durante los dos últimos años, elDiario.es ha estado recopilando, mes a mes, todos los anuncios de alquileres en las 52 capitales de provincia para comprobar cómo ha ido cambiando el perfil de la oferta en la principal plataforma en España. Desde septiembre de 2024, el número de anuncios que se ofertan por meses fuera del paraguas de la ley ha subido del 31% al 45%.

Este cambio coincide en el tiempo con más regulaciones para los alquileres de vivienda habitual, que han acercado el poder de los inquilinos al de los caseros. Entre ellos, la duración mínima de los contratos, condiciones específicas para los grandes tenedores en las zonas tensionadas y, sobre todo, la limitación de las subidas de precio mediante un índice de referencia (el IRAV). Los contratos de temporada escapan a estas reglas.

Y muchos caseros lo aprovechan. “Lo que vemos es que lo que buscan los caseros cada vez más es no solo ir a estos mercados obteniendo por lo general una rentabilidad mayor, sino también tener más flexibilidad sobre las viviendas. No tener que cumplir con las legislaciones que dan derechos a los inquilinos y ponen más obligaciones a los caseros”, explica el investigador del CSIC, Javier Gil.

“Es un buen ejemplo de cómo se aplica una norma con una finalidad contraria a la que le es propia”, apunta la profesora de derecho civil en la Universidad Complutense de Madrid, Cristina Areglich. “Yo no quiero que se me aplique la regulación del arrendamiento de vivienda habitual, así que celebro este contrato de alquiler por once meses. Evidentemente, ese es un contrato en fraude de ley”, explica.

Si colocamos las 52 capitales de provincia en un mapa según el peso que tiene el alquiler de temporada en la ciudad, destacan Donostia y Bilbao, con más de un 85% de anuncios para alquileres a corto plazo. En Pamplona, Barcelona y A Coruña también superan el 70% de la oferta.

¿Qué tienen en común? Todas han declarado zonas de mercado residencial tensionado, que tiene limitaciones más estrictas que la ley general. “Se ve muy claro: donde más ha subido es en Catalunya, Euskadi o Galicia”, apunta Argelich. La comparación entre las dos grandes ciudades lo resume: “Si haces la comparativa Barcelona-Madrid, la oferta se reduce menos en Madrid precisamente porque no aplica el control de rentas”.

Uno de los principales incentivos para intentar esquivar la ley de vivienda es económico. Los alquileres de temporada son, por norma general, bastante más caros, algo que se aprecia bien al comparar el precio mediano por metro cuadrado. Sobre todo en las ciudades con más presencia de esta modalidad de contratos, como Madrid, Barcelona y Donostia, que tienen los precios más elevados del mercado.

En comparación con los alquileres de larga duración, en la capital madrileña es un 34% más caro, en la capital catalana, un 14% y en la ciudad vasca, un 17%. Pero hay ciudades con una diferencia todavía mayor: en Toledo supera el 50% y en Zaragoza y Valladolid la diferencia es más de un tercio.

Pablo Tucat, economista especializado en políticas públicas, advierte de que es una comparación que hay que matizar. “No estamos comparando exactamente el mismo producto. Por ejemplo, las características del piso tienden a ser distintas y la ubicación no es la misma. Los alquileres de larga estancia en ciudades grandes tienden a concentrarse en los barrios periféricos y eso termina deprimiendo un poco el peso del metro cuadrado”, apunta.

Aunque el número de anuncios apenas ha subido en los últimos años, los alquileres de corto plazo sí lo han hecho. En julio de 2025 había 42.000 anuncios en Idealista, el mismo mes de este año apenas 400 anuncios más. Sin embargo, había 1.200 pisos de temporada nuevos.

También hay que tener en cuenta que los cálculos de elDiario.es son una foto fija de un momento concreto en cada mes. O que los anuncios de larga estancia se republican con mayor frecuencia que los de temporada -por tanto, están más tiempo visibles- y que son cálculos conservadores. Por ejemplo, no consideramos temporales los que se ofrecen “para estudiantes” a no ser que especifique que la duración es menor de 12 meses. Tampoco los pisos que se ofrecen tanto para larga estancia o temporada y fórmulas ambiguas como: “¡PISO PARA LARGA TEMPORADA! ¡ESTANCIAS DE 11 MESES RENOVABLES!”.

Aun así, los datos sí permiten ver que no es que haya más oferta, sino que caen los de larga duración y se sustituyen por los de temporada. Al mismo tiempo, cada vez son más las viviendas que aparecen en Idealista ligadas a compañías profesionales que se dedican a gestionar precisamente viviendas de temporada.

Son plataformas online como Spacest, Spotahome o Homespace que publican anuncios de este estilo: “DISPONIBLE EN: Octubre. Reserve en línea haciendo clic bajo el mapa. No se aceptan alquileres inferiores a 2 meses”. Describen su nicho de mercado como “alquileres de media-larga estancia” y están más enfocadas en estudiantes o profesionales desplazados que en turistas.

La posibilidad de utilizar un contrato de corto plazo para sortear la ley de vivienda ya es incluso parte de una estrategia en redes sociales: “¿Cómo vas a evitar el índice de alquiler? Te doy tres formas para saltártelo [...] la primera y la más obvia: haces un alquiler temporal de 11 meses”, comparte un usuario de Tiktok.

Se presentan como expertos en el sector inmobiliario y recomiendan a los caseros pasarse al alquiler temporal. “Así puedes saltarte la ley de vivienda de forma legal, como inversores inmobiliarios”, anuncia otra cuenta.

¿Si se trata de un fraude de ley, por qué siguen siendo habituales este tipo de alquileres y cómo pueden incluso anunciarse en redes sociales? Porque corregirlo depende del inquilino y no es barato. “Para calificar ese contrato como correspondería lo que procede es demandar, y es caro”, apunta la jurista. No hay, por tanto, una capacidad real de oposición: “El que necesita una vivienda y se tiene que mudar firma un contrato por temporada aunque sea un fraude de ley, porque en algún lugar tiene que vivir”.

Son también muchos los anunciantes que dirigen sus ofertas a colectivos que abandonan la ciudad durante los meses de verano. Así, predominan las ofertas para el “curso escolar”, “estudiantes universitarios” o “profesionales desplazados”, lo que permite cobrar unas mensualidades más elevadas durante el verano en ciudades turísticas.

Es una realidad que se deja ver en los datos. En el siguiente gráfico puedes ver la evolución del porcentaje de alquiler de temporada en cada ciudad y cómo condicionan los meses de verano en regiones costeras y turísticas. Por ejemplo, en Santander, Almería o Cádiz el alquiler temporal es hasta 20 puntos más alto en comparación con la temporada de invierno en la misma ciudad.

En el lado contrario a estos destinos tenemos las ciudades con zonas tensionadas como Donostia, A Coruña y Oviedo con un avance casi lineal entre septiembre de 2024 y agosto de 2026.

Si solo tenemos en cuenta el cambio total de cada ciudad en el último año, las cuatro ciudades que más aumentan tienen activadas las zonas tensionadas: A Coruña, Vitoria, Bilbao y Pamplona. “La literatura científica que estudia el control de rentas detecta unos efectos comunes que son la reducción de la oferta, el incremento de los precios en aquellas zonas que no son tensionadas y la fuga del mercado de alquiler de vivienda habitual al alquiler de temporada”, apunta Cristina Argelich.

Sin embargo, aunque Madrid tiene menos porcentaje de alquileres temporales ha crecido mucho más que Barcelona en el último año. 8 puntos más frente a los 0,4 puntos de la capital catalana, a pesar de no haber activado las zonas tensionadas. De hecho, en Barcelona aunque el porcentaje se mantiene más o menos estable desde enero de 2026, con la entrada en vigor de una norma para controlar el alquiler temporal, el número de anuncios para estancias cortas sí que se ha reducido, pasando de 5.000 en diciembre de 2025 (un mes antes de que se aprobara la ley) a 3.200 el último mes.

“Es algo que puede parecer hasta contraintuitivo ¿no?”, señala el economista Pablo Tucat, “en el caso de Barcelona viene directamente de intentar atacar ese segmento. En el caso catalán lo hicieron creo que de una manera creativa: en lugar de prohibir o monitorear (que también se hace), lo que hacen es aplicar también el precio de referencia. Ahí lo que ocurre es que quitas el incentivo económico que tenía pasar al alquiler de temporada”.

Incluso dentro de la misma ciudad, la situación es igual para todos las zonas. En Barcelona el alquiler de temporada abarca casi toda la ciudad aunque los barrios con más oferta (las burbujas más grandes) son también donde más temporalidad encontramos, con zonas como el barrio Gòtic en las que las viviendas para corto plazo superan el 80% de la oferta.

Madrid y Valencia tienen una distribución un poco más variada. El centro, y la costa en el caso de Valencia, concentran la mayor parte de la temporalidad mientras que los distritos periféricos y residenciales como el Ensanche de Vallecas (Madrid) o Sant Pau (Valencia) tienen menos oferta tanto general como de temporada.

Cómo abordar el problema de la regulación

El cambio del tipo de alquiler a una modalidad distinta o el aumento de precios en viviendas no reguladas eran impactos prácticamente asegurados. La revisión más ambiciosa que se ha hecho hasta la fecha por el economista alemán Konstantin Kholodilin repasó más de doscientos trabajos sobre control de alquileres publicados en distintos países confirmaba que la medida funciona en aquello para lo que se diseña: las viviendas reguladas frenaban sus precios, pero advertía de que iba ligado a estos otros efectos.

El propio Gobierno calcula que cerca de un millón de personas viven ya en un piso de alquiler de temporada y más de un tercio lo hacen por no poder acceder a otro de larga estancia. Son cifras suficientemente relevantes como para colocar este tipo de alquiler en el centro del debate con un decreto que pretende regularlo.

De hecho, este decreto se lleva aplazando desde hace meses por la falta de apoyos entre las exigencias no cumplidas de Junts y los reproches de Podemos por los cambios en la ley de suelo. El pasado mes de julio, el Gobierno hizo circular un amplio borrador por los grupos parlamentarios, pero los rechazos aplazaron la iniciativa hasta septiembre. Llegado septiembre, la crisis de Ceuta vuelve a demorar las negociaciones de manera indefinida.

La nueva regulación exigirá que se demuestre con documentos que la persona que va a vivir en un alquiler temporal tan solo estará entre uno y 12 meses. Superado ese período, si el inquilino sigue viviendo en el piso, su contrato pasará a ser de vivienda habitual.

Ese tipo de regulación ya se aplica en Catalunya, con el añadido de que el tope a los precios también se aplica allí al alquiler temporal. La nueva norma hizo que durante el primer trimestre del año cayeran los contratos de alquiler temporal firmados un 32% en comparación al año anterior, caída que también se refleja, aunque en menor medida, en el total de anuncios de temporada de Idealista en Barcelona.

¿Y tiene posibilidades de funcionar? Las opiniones de los expertos varían. El investigador Javier Gil considera que son unas medidas determinantes: “significa que no se pueda utilizar de manera fraudulenta el alquiler de temporada, también se van a controlar los precios de los alquileres, pero sobre todo se tiene que inspeccionar y sancionar a quien los utilice de esa manera”, sentencia.

En el otro extremo está Argelich. La profesora de la Complutense cree que la evidencia es suficiente prueba para demostrar que a golpe de sanción no se arregla nada. “Expropiar, multar o sancionar son palabras que en materia de vivienda no funcionan y que acaban volviéndose en contra de la propia norma. Mientras no haya incentivos positivos, la oferta de alquileres no va a aumentar”.

Frente a las sanciones tanto ella como Tucat abren la puerta a otro tipo de políticas: la gestión de los alquileres vacíos por parte de la administración, los incentivos fiscales o la reserva de suelo para la construcción de más vivienda social. Si bien, no se puede prever el impacto real de cualquiera de estas alternativas hasta que no haya información real de la situación de cada comunidad de España.

Y ahí, avisa Tucat, sigue faltando lo básico: datos. El registro único de alquileres que se anuló era “una fuente de información bastante importante”, y sin referencias reales que digan qué ocurre en cada comunidad se legisla a ciegas. “Algo esencial para poder mejorar las políticas es tener datos e información”, zanja. Sin ellos, difícil saber si el próximo zanjará el problema o acabará generando otro.

España, como la mayoría de países, sufre una caída notable en la edición de PISA 2025 y confirma una tendencia a la baja que es global. Pero si en la anterior edición, hace tres años, España caía menos que el resto, de manera que se acercaba en términos relativos a las medias europeas y de la OCDE, esta vez sucede lo contrario y la brecha se amplía.

Los resultados en Ciencias, la materia principal de este año, vuelven a caer tras un ligero repunte. Es la materia en la que más cerca está España de sus vecinos y países de referencia, aunque sigue quedando por debajo de las medias.

Como se puede observar en el siguiente gráfico, la caída supera los diez puntos en las tres categorías que incluye PISA (Ciencias, Lectura y Matemáticas). Desde 2018, España ha perdido cerca de 50 puntos en Lectura, la competencia clave que permite abordar todas las demás con más garantías. La OCDE, organizadora de la prueba, explica que un curso académico completo equivale a 20 puntos.

PISA 2025 (el año que se realizaron las pruebas a los escolares de 15 años, 4º de la ESO) también evalúa a las comunidades autónomas por separado. El orden de las mismas se mantiene relativamente estable, claramente marcado por el nivel socioeconómico de las regiones. Pero todas las ediciones hay alguna sorpresa y si en la anterior Catalunya se dio un batacazo (y este ha sido excluida de las pruebas por problemas con la muestra de alumnado), este es Euskadi la que cae con estrépito en todas las categorías.

Además, en esta edición las comunidades con mejor rendimiento habitual (Madrid, Asturias, Cantabria, Castilla y León) han empeorado sus resultados, mientras las que lo hacen algo peor (Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla) se han mantenido relativamente estables. Así rindieron las comunidades en PISA 2022.

La OCDE ha explicado que cree que el problema son las pantallas, que han cambiado la manera en que los jóvenes leen, sobre todo debido a las redes sociales, y que eso ha aniquilado su capacidad de atención y de procesar textos relativamente complejos. El analista de la organización Hue Halgreen explicó ayer que a partir de 400 palabras el alumnado tiene “dificultades” con un escrito.

Pero la riqueza de PISA, una prueba que importa más a los expertos y analistas que al profesorado, no se limita a los resultados gruesos. La prueba ofrece cantidades ingentes de información en varios aspectos educativos clave para entender qué falla en un sistema educativo, como el rendimiento por género, la equidad entre el estudiantado o, este curso, la Inteligencia Artificial (IA), que usan la mayoría de los estudiantes pese a que correlaciona con un peor rendimiento.

El análisis del rendimiento en función del género ofrece menos sorpresas. Como es habitual, ellas tienen ventaja en todo menos en Matemáticas, un fenómeno conocido.

Una de las fortalezas del sistema educativo español está en su equidad, aunque a la vez puede interpretarse como un problema. ¿Qué quiere decir esto? En España el rendimiento del alumnado más favorecido socioeconómicamente y menos es más pequeña que en la mayoría de los países, lo que implica que la escuela corrige algunas de las diferencias de origen entre estudiantes. La parte no tan positiva es que lo hace “a la baja”: España tiene poco alumnado excelente.

La otra cara de esta moneda se observa cuando se analiza el rendimiento del alumnado por el tipo de centro en el que estudia, que es otra manera de clasificarlo por renta. Más allá del tratamiento que hacen los centros privados de su alumnado, la estadística muestra cómo en estos colegios los estudiantes, aventajados, repiten sensiblemente menos que en los públicos. Este gráfico permite ver, por otra parte, lo que ha pasado con Catalunya, que excluyó de la prueba al alumnado que peor rinde (y que, como efecto secundario, es la única comunidad en la que apenas hay diferencia en los repetidores entre la escuela pública y la privada).

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), principal exponente de la derecha judicial, se ha adjudicado 59 de las 158 las plazas -un 37%- asignadas en los principales tribunales por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en estos dos primeros años de mandato. Juezas y Jueces para la Democracia, progresista y tercera en número de asociados, ha situado a 28 de sus miembros (18%). La Asociación Francisco de Vitoria, segunda en número de afiliados, ha accedido únicamente a 12 (8%). Y Foro Judicial Independiente, cuarta en representación, a cinco (apenas un 3%). Los jueces no asociados, que son casi la mitad de la carrera, se han hecho con solo 42 plazas (27%).

El CGPJ inició su mandato hace dos años con el reto de renovar más de un centenar de plazas de las cúpulas de los tribunales tras casi un lustro de bloqueo del Partido Popular al vetar la renovación. Después de casi tres décadas de presidentes conservadores, la renovación pactada en el verano de 2024 con una limitada mayoría progresista abría la puerta a un reequilibrio en la correlación de fuerzas en las cúpulas de los tribunales a favor de la izquierda.

Sin embargo, los nombramientos realizados evidencian el enorme peso que sigue teniendo la conservadora APM, a la que están afiliados 1.448 jueces, el 27% de la carrera, según los últimos datos oficiales del CGPJ. De hecho, en 19 de los 59 puestos adjudicados a esta asociación, sus candidatos eran los únicos aspirantes. Del Consejo actual, siete vocales —todos ellos elegidos a iniciativa del PP— están vinculados a esta asociación.

Creada en 1980, el número de afiliados de la APM ha ido en ascenso en las últimas dos décadas. Ha pasado de 1.115 en 2004 a 1.448 en 2025. Es un incremento de casi un 30%. En los últimos tiempos, ha consolidado un perfil marcadamente crítico hacia la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. Especialmente, en relación con la Ley de amnistía, de la que vaticinó que supondría “el principio del fin de nuestra democracia”.

En relación con su nivel de representación en la carrera judicial, la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia registra la mayor proporción de nombramientos. Aglutina a un 8% de la carrera —tiene 436 afiliados— y ha sido la segunda en nombramientos. Un total de 28 jueces vinculados a esta asociación de carácter progresista han sido nombrados en estos dos años, el 18% de las designaciones. Del actual CGPJ son cuatro los vocales elegidos a propuesta del PSOE afiliados a Juezas y Jueces para la Democracia, una asociación que ha perdido un 6% de sus asociados en las últimas dos décadas.

Los jueces no asociados, que suponen el 41% de la judicatura, accedieron a un 27% de los nombramientos —un total de 42—. Estas cifras evidencian su menor acceso a unas designaciones que requieren 13 votos y que tienen que contar, por tanto, con el acuerdo de miembros de los dos grupos que conforman el actual CGPJ, con diez vocales elegidos a propuesta del PP y diez a iniciativa de PSOE y Sumar.

A ellos se suma una presidenta, Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista cuando fue designada, pero que ha votado con el bloque conservador en algunos asuntos de calado. También se ha puesto de perfil en otros, como en las arduas negociaciones para las presidencias de las salas más sensibles del Supremo, donde acabaron siendo designados los candidatos aupados por la derecha.

Más relevantes, si cabe, son el resto de ascensos al Supremo porque, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación. En este reparto, la APM se ha asegurado más de un tercio de las plazas asignadas (11 de 30). Asimismo, la iniciativa de los vocales conservadores ha permitido la llegada de otros perfiles eminentemente conservadores, como el del exmagistrado del Tribunal Constitucional Antonio Narváez. Fue uno de los fiscales que llegó a expresar su deseo de que Alberto Núñez Feijóo llegara al Gobierno, según informó El País. Narváez es fiscal y entró por el llamado turno de juristas.

En estos dos años de nombramientos también han recalado en el Alto Tribunal ocho magistrados de la asociación progresista y dos de la Francisco de Vitoria. De todos los nombrados que accedieron por la vía judicial solo cuatro no están vinculados a ninguna asociación.

Precisamente entre los retos del nuevo curso en el CGPJ está la renovación de cuatro vacantes en la Sala Segunda, la que juzga a los aforados, como el exministro socialista José Luis Ábalos o el ya ex fiscal general del Estado. Esa Sala tiene sin cubrir desde hace más de dos años el puesto perteneciente al turno de juristas de reconocido prestigio. La intención de los progresistas era que esa plaza fuera adjudicada a una mujer de sensibilidad progresista, dado que es una Sala muy masculinizada —hay 12 hombres y tres mujeres— y de abrumadora mayoría conservadora.

Sin embargo, esa negociación ha sido bloqueada por los vocales elegidos a iniciativa del PP. Su estrategia ha consistido en posponer las conversaciones hasta que se produjeran más vacantes por jubilación y buscar así una renovación en bloque con los puestos que dejaron en junio los magistrados Andrés Palomo y Ángel Hurtado, y con la plaza de Juan Ramón Berdugo, que se jubilará en apenas unos días, este 5 de septiembre.

El resto de nombramientos discrecionales sí tienen una duración de cinco años. Destaca la situación en la Audiencia Nacional, donde una mayoría de excargos del PP y otros jueces conservadores optaron a sus puestos clave. De las cinco plazas renovadas, tres han terminado en manos de integrantes de la APM con el voto unánime del pleno. Entre ellos su presidente, Juan Manuel Fernández, exvocal del CGPJ a propuesta de los populares. Por su parte, la Sala de lo Penal quedará bajo la dirección de Alfonso Guevara, un magistrado considerado conservador que no está asociado. La única designación progresista ha sido la de Manuela Fernández Prado, que preside la Sala de Apelaciones.

En estos dos años de mandato se han renovado también las presidencias de 17 Tribunales Superiores de Justicia. Diez de ellas han quedado en manos de jueces ligados a la APM (Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia), de las cuales cinco contaron con candidato único. Por su parte, los tribunales superiores de Baleares, Cataluña y País Vasco han sido renovados con magistrados progresistas, mientras que el de Andalucía seguirá encabezado por un juez vinculado a la Francisco de Vitoria, quien inicia su tercer mandato. A esta misma asociación también está vinculado el nuevo presidente del TSJ de Cantabria.

También se han nombrado 44 presidentes de las diferentes salas de los tribunales superiores autonómicos. La mitad, un total de 21, no están vinculados a ninguna asociación. Doce sí están afiliados a la principal asociación de la derecha judicial y cinco a la progresista. Además, la Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente cuentan con tres de sus asociados, respectivamente, entre los nombrados para estos puestos.

Por otro lado, del medio centenar de presidencias de audiencias provinciales que se han renovado, prácticamente la mitad, un total de 22, han quedado en manos de jueces de la asociación conservadora. Es el caso de A Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Araba-Álava, Asturias, Ávila, Barcelona, Burgos, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, La Rioja, Madrid, Pontevedra, Sevilla, Teruel, Toledo, Valladolid. Los vocales eligieron candidatos conservadores a pesar de que en 15 de los casos había otros candidatos. Los siete restantes sí fueron aspirantes únicos.

Además, habrá presidentes progresistas en una decena de audiencias provinciales. Es el caso de Girona, Las Palmas, Lugo, Málaga, Murcia, Palencia, Soria, Valencia, Zaragoza, y Zamora. Por otro lado, los presidentes de las audiencias de Baleares, Cáceres, Cantabria y Tenerife están vinculados a la Francisco de Vitoria y las de Huesca y Salamanca a Foro Judicial Independiente.

Cuando los bebés de Susana nacieron, las primeras semanas fueron un calvario. Llegaron en la semana 27 de embarazo y pesaban 620 y 780 gramos. “No estaba concienciada sobre lo que es un niño prematuro. Crees que nacen más pequeñitos y que tienen que estar un tiempo en la incubadora, pero no eres consciente de que hay que enseñarles a respirar, que mientras respiran se olvidan de latir y se les para el corazón, que tienes que reanimarles, que no les ves la cara, porque están llenos de aparatos, o lo fuerte a nivel psicológico que es ver a un bebé de ese tamaño”, recuerda. De todas las preocupaciones que la familia atravesó esos días y los siguientes, hubo una que no apareció por sus cabezas: la económica.

La atención a neonatos es uno de los procesos hospitalarios con un coste medio más elevado en España, según la estadística publicada recientemente por el Ministerio de Sanidad. Dependiendo del peso al nacer de los bebés y sus necesidades, esa cantidad oscila entre los 47.000 y los 80.000 euros. Unas cifras que muestran el blindaje de la sanidad pública. “Sé que no hubiera podido afrontarlo, así que si en medio de toda esa ansiedad tienes que pensar cómo pagarlo, ¿qué haces? ¿Los dejas morir?”, plantea Susana.

“El aseguramiento público y el derecho a la salud son grandes logros del Estado del Bienestar, que hacen que ganemos en solidaridad y convivencia”, explica la catedrática e investigadora en Economía de la Salud Beatriz González López-Valcárcel. Un escudo que, indica, “no permite el gasto catastrófico, que las familias se tengan que arruinar o dejar morir al enfermo” si no pueden pagar la factura de un tratamiento complejo o una enfermedad crónica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera un gasto catastrófico aquel que oscila entre el 10% y el 25% de los ingresos familiares. Como indicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención ante la Asamblea Mundial de la Salud, “en el año 2022, 1.600 millones de personas se arruinaron tratando de hacer frente a los gastos sanitarios y una cuarta parte de la población mundial enfrentó dificultades financieras para sus costes de salud”.

En 2024, hubo 44 altas por procesos con quemaduras extensas de tercer grado, con injerto de piel. Es la intervención que tiene un coste medio más alto, según estos datos: 117.950 euros. Aquel año, el salario medio bruto en España no llegaba a los 30.000.

En ese agujero financiero hubiera caído Dolores, de haber tenido que costear a tocateja el coste de su trasplante de pulmón, otro de los procesos más caros del catálogo, por más de 85.000 euros. “Estoy agradecida a mi donante y a todo el sistema, que ha hecho que volviera a revivir. Si no, estaría criando malvas”, explica la mujer con humor. Porque estas intervenciones no suelen venir solas. En su caso, recibió el órgano in extremis, cuando ya estaba conectada a un aparato de oxigenación por membrana extracorpórea. Este soporte respiratorio tiene un coste medio de 58.000 euros.

Los datos utilizados provienen de la aplicación de consulta GDR (Grupos Relacionados por el Diagnóstico) de los Costes de hospitalización recopilados por el Ministerio de Sanidad. Los datos contienen el precio medio de los costes hospitalarios, que no conllevan el coste final del tratamiento, sino de los precios de facturación emitidos. Solo se efectúan las comparaciones para aquellos tratamientos que comparten la descripción del tratamiento para los años 2019 y 2024.

La estadística muestra el “coste” del proceso, entendido como lo que cuesta prestar ese servicio en un hospital del Sistema Nacional de Salud. Es, también, la base para pagar a los centros privados con los que se concierta. “Estos aceptarán el trato si su coste de producción es menor que la tarifa, para no perder dinero”, explica López-Valcárcel, que recuerda que “los costes de producción de los hospitales privados son desconocidos”, porque no están obligación de reportarlos. “Ni tienen interés en hacerlo”, considera la economista de la salud.

La experta hace, sin embargo, una diferencia clave entre el “coste” y el “valor” de un proceso. Este último concepto “debería medirse en términos del valor de la salud ganada, mediante los Años de Vida Ajustados por Calidad (AVACs)”, explica. Por ejemplo, un trasplante cardíaco “cuesta” 90.420 euros, pero su valor es mucho mayor, si se tiene en cuenta los años con calidad de vida que ganan los pacientes que se someten a él.

Siguiendo con el mismo ejemplo, la supervivencia media de un trasplante de corazón se sitúa en torno a los 15 años. Si de ese tiempo, se vive con buena calidad un 85%, el tiempo total en buen estado de salud sería de más de 12 años y medio. Aunque no hay una referencia oficial de lo que 'vale' un AVAC en España, algunos informes y documentos de autoridades sanitarias mencionan cifras que oscilan entre los 22.000 y los 33.000 euros. Es decir, la intervención 'cuesta' 90.000 euros, pero tiene un 'valor' de entre 275.000 y 412.500 euros. “Es coste-efectivo: vale más de lo que cuesta”, resume López-Valcárcel.

Sin ir a los extremos, un ingreso medio de cinco días por una enfermedad vírica sube la factura a 3.468 euros, un parto son 3.318 y una hospitalización por gastroenteritis, 3.233 euros.

Estos precios han experimentado importantes subidas entre 2019 y 2024, como resultado de una combinación de factores. En primer lugar, a un aumento de la inflación, tanto general como sanitaria, ambas disparadas en ese periodo. Pero también a problemas con las cadenas de suministro tras la pandemia y un mayor uso de recursos médicos tras la crisis sanitarias.

En su actualización del programa de estabilidad para los años 2021-2024, el Gobierno indicaba también que “el coste de los servicios sanitarios depende de distintos factores como la edad de los pacientes, su estado de salud, el tipo de tratamiento que reciben, la evolución de la tecnología sanitaria, los costes salariales de los servicios sanitarios y factores institucionales”.

Solo en 2024, el Estado destinó más de 101.000 millones de euros a gasto sanitario público, según la última estadística del Ministerio de Sanidad. De esa cantidad, el 60% —unos 60.000 millones— se destinó a los servicios hospitalarios y especializados, que “se mantienen como eje central del sistema”, indicaba el informe.

Según los datos de ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidads Aseguradoras y Fondos de Pensiones), a finales de 2025 había 14,2 millones de asegurados en España, con un volumen de primas de más de 13.540 millones de euros. Es un 11% más que el año anterior. A la par, el Observatorio del sector sanitario privado 2025, de la Fundación IDIS —la patronal del sector—, indicaba que estas empresas gastan 624 euros por asegurado.

Las experiencias de Susana y Dolores les han hecho ser conscientes de para qué sirven los impuestos que se pagan en España. “Cuando alguien me dice que son muchos, siempre respondo que el día en que a tu hijo le pase algo, le van a atender tengas dinero o no. Sé que hay listas de espera y que habrá casos [negativos], pero mi experiencia es muy positiva”, explica la primera. Este año, cuando llegó a casa de Dolores el borrador de la declaración de la renta, su marido comenzó a esbozar una pequeña queja por las retenciones. Ella le cortó rápidamente: “¡Con lo que he gastado yo!”. “Ojalá no hubiera hecho falta, pero ahora lo veo de otra manera”.

Trabajos por 1.300 euros brutos en ciudades con alquileres a más de 1.500 euros. Ofertas para ocupar puestos elementales en la construcción que consulta una persona parada con titulación superior de más de 55 años. Son un par de ejemplos que aterrizan el aumento de vacantes laborales sin cubrir en España, hasta las 160.000, pese a tener aún un 10% de paro. Un desajuste entre las ofertas y las demandas de empleo que se explica por múltiples razones, entre las que cada vez más se cuela la crisis de la vivienda, advierten sindicatos y patronales.

El aumento de los puestos de trabajo sin cubrir es constante en la última década de recuperación económica en España, de crecimiento del empleo y también descenso del paro. Sin embargo, en los últimos años varias patronales –como las de la construcción, transportes y hostelería– están haciendo sonar las alarmas, por una gran dificultad para encontrar trabajadores y la existencia de decenas de miles de empleos sin candidatos, aseguran.

En un país con récords de empleo, pero todavía con una tasa elevada de paro (gran parte de larga duración y de personas de edad avanzada), estas vacantes son a menudo utilizadas por algunas voces para poner en duda o criticar las “ganas” de trabajar de los desempleados. También para cuestionar el “desincentivo” al trabajo de ayudas como el ingreso mínimo vital (IMV) y el subsidio por desempleo.

Partiendo de que hablamos de personas y de empleos concretos, no de números, existen contextos y necesidades específicas que no son siempre tan fáciles de emparejar –una administrativa de 55 años en paro en Asturias y una nueva oferta en su ciudad como electricista, por ejemplo–. Así, los datos y los análisis sobre vacantes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que ha publicado recientemente su estudio anual al respecto, muestran varios motivos concretos que explican este fenómeno al alza.

La magnitud del problema: un 0,9% de los puestos de trabajo

Las vacantes sin cubrir alcanzaron, según los últimos datos oficiales, casi 160.000 puestos de trabajo, recoge la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE. Se trata de máximos de este indicador, que, no obstante, supone una cifra muy reducida dentro del mercado laboral en España. “Un 0,9% de los puestos de trabajo”, apunta Fernando Luján, vicesecretario de Política Sindical de UGT.

Y puede ser incluso menor. Las cifras provisionales de Eurostat del segundo trimestre del año, por el momento solo de ocho países (entre ellos España), reflejan un descenso de las vacantes hasta las 143.000, lo que dejaría el porcentaje en un 0,8%.

“Estamos muy por debajo de la media de la Unión Europea, del 2,1%, y de la zona euro, del 2,3%” de puestos vacantes, subraya también Loli García, de la Secretaría de Empleo de CCOO. Algo también entendible, ya que España tiene la mayor tasa de paro (10%) de la UE, que se sitúa en el 6% de media. En los países con menos desempleo existe mayor 'tensión' en el mercado laboral, porque hay menos candidatos para cubrir nuevos puestos de trabajo.

“Estamos hablando de un problema, que nosotros creemos que lo será a futuro y al que hay que dar soluciones, pero no tiene la relevancia que desde algunos ámbitos se le está dando”, sostiene la representante de CCOO.

Y es que la patronal CEOE, y sobre todo algunas organizaciones sectoriales, aseguran que las vacantes son muchas más de las que refleja la estadística oficial. En construcción hablan de la necesidad de unas “700.000 personas”, tanto para obra pública como de vivienda. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) alerta que en la actualidad hacen falta 30.000 camioneros. Y la patronal Hostelería de España lanzó un portal de empleo este verano para cubrir unas 50.000 vacantes.

Aunque sin cifras, el estudio El ajuste de la oferta y la demanda de empleo 2026, recién publicado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, también comparte que la magnitud de la falta de personal es mayor a esos 160.000 puestos de trabajo sin cubrir.

“Una parte de las empresas que declaran no tener vacantes señalan como motivos el elevado coste de contratación o la falta de candidatos con la cualificación adecuada, circunstancias que pueden estar reflejando necesidades de contratación no materializadas o procesos de búsqueda abandonados”. Por tanto, “las vacantes observadas representan solo una parte de las dificultades de ajuste existentes entre la oferta y la demanda de empleo”, concluye el SEPE.

En sentido contrario, hay un factor que está conteniendo las cifras de vacantes en España: los trabajadores extranjeros. “Las personas migrantes desempeñan un papel esencial para cubrir vacantes que no logran atenderse con personal nacional, contribuyendo a la continuidad de la actividad productiva y al crecimiento económico”, reconocen fuentes de la CEOE.

Lo hacían ya antes del proceso extraordinario de regularización de migrantes aprobado por el Gobierno (que han solicitado casi 1,2 millones de personas), ya que el empleo extranjero ha sido el responsable de casi la mitad del auge de la afiliación de trabajadores de los últimos años. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), que también recoge el empleo sumergido, su aporte ha sido aún mayor.

La organización empresarial considera que “el proceso de regularización extraordinaria puede tener un impacto positivo en la corrección de estos desajustes estructurales” de vacantes, pero, para ello, “resulta esencial acompañarlo de políticas que faciliten una incorporación ágil y efectiva al empleo formal, alineada con las necesidades reales del tejido productivo”, indican en la patronal liderada por Antonio Garamendi.

“Más allá de que es un derecho, el proceso de regularización de personas migrantes es una necesidad de este país ante el envejecimiento de la población”, sostiene Loli García. En CCOO advierten de que, detrás de las posiciones en contra de la medida, se obvia a menudo que estos trabajadores ya están en España y que “hay mucha gente que está utilizando la inmigración ilegal para hacer explotación laboral”.

Dónde faltan más trabajadores: sector público, construcción, transportes y hostelería

Abordar este problema pasa por hacer un buen diagnóstico de la situación y ubicar dónde están realmente los puestos sin cubrir, así como hacer previsiones de las necesidades de mano de obra en los próximos años, reclaman los sindicatos. Los datos oficiales retratan que gran parte de los empleos vacantes se encuentran en el sector público, indica el SEPE, que centra su estudio en el privado.

“El 33% del total de las vacantes se dan en la Administración Pública”, señala Loli García, que critica que –salvo en sanidad, con necesidades específicas de falta de profesionales– los puestos sin cubrir en el sector público “tienen mucho que ver con las decisiones políticas de no reposición de las que llevamos advirtiendo años”.

Un tercio de las vacantes se dan en la Administración Pública, que tiene que ver mucho con las decisiones políticas de no reposición del personal de las que llevamos advirtiendo años

Loli García, CCOO

El SEPE identifica “la construcción, determinadas ramas industriales, el transporte, la hostelería y algunas actividades sanitarias” como aquellos sectores que “concentran las mayores dificultades de contratación”, si bien precisa que “la intensidad del fenómeno varía significativamente entre ocupaciones y provincias”.

Aunque el sector servicios lidera la gran mayoría de empleos sin cubrir, la “industria y construcción son los sectores donde el número de puestos vacantes muestra un crecimiento más intenso”, advierte el organismo del Ministerio de Trabajo.

Por ocupaciones, que el SEPE considera que es la mejor unidad para estudiar este fenómeno, el estudio señala a “conductores de camiones, camareros, cocineros, albañiles, electricistas, fontaneros, soldadores y distintos perfiles industriales especializados” como los empleos con mayores dificultades de contratación, según los datos del INE y encuestas propias sobre la percepción empresarial y análisis de expertos.

El organismo público añade que la “dimensión territorial” es uno de los hallazgos más relevantes de su último informe, ya que “una misma ocupación puede presentar situaciones de escasez de candidatos en determinadas provincias y, simultáneamente, registrar un elevado número de demandantes en otras”.

Carlos Arcas, director de The Adecco Group Institute, explica que el reparto de las vacantes depende mucho “del mapa de España”. “En las grandes zonas urbanas, como Madrid, Barcelona y Valencia, nos encontramos el problema de que están absorbiendo todo el talento y los empleos digitales”, apunta Arcas, por lo que demandan muchos perfiles tecnológicos, con conocimiento en IA, datos, ingeniería y finanzas, en mayor medida de los trabajadores cualificados en estas materias en estos territorios.

En zonas más industriales, como País Vasco, Navarra, Aragón y Catalunya, “faltan operarios cualificados y técnicos de FP”; en el interior y zonas rurales, como Castilla y León, se notan los problemas “de la despoblación y la dificultad de atraer talento”; mientras que en zonas donde impera la actividad turística, como Balears, Canarias, la costa mediterránea y gran parte de Andalucía, las propias condiciones del empleo (a veces muy estacional y de bajos salarios) y “los problemas de vivienda y movilidad laboral” dificultan cubrir los puestos disponibles, detalla el director de the Adecco Group Institute.

Las causas: laborales y también sociales, como la vivienda

Las dificultades de cobertura son el resultado de causas “estructurales” y de factores “múltiples e interrelacionados”, explica el estudio del SEPE, que varían en función de los sectores y lugares de España.

De manera general, el organismo público señala que la falta de candidatos para los puestos existentes (falta de experiencia o de competencias) es la causa más frecuente por la que las ofertas no se cubren. “Aunque en determinadas actividades también influyen las condiciones laborales, el relevo generacional, la movilidad geográfica y otros factores asociados al funcionamiento del mercado de trabajo”, añade el informe.

Las dificultades “persistentes” están muy extendidas, ya que casi la mitad de las plazas vacantes permanecen sin cubrirse al menos 90 días, lo que las convierte en puestos “de difícil cobertura”.

En concreto, el SEPE detecta en construcción “una notable escasez de mano de obra cualificada”, mientras que los salarios “aparecen como un factor especialmente relevante” en sectores como la educación, la hostelería y los cuidados. Por otro lado, también destacan “otras condiciones laborales” –como los horarios– como impedimentos para ocupar puestos en sectores como el comercio y el ocio y entretenimiento.

La mejora de las condiciones de trabajo, la orientación e inserción de las personas desempleadas por parte los servicios públicos de empleo, así como de la formación y la recualificación de los trabajadores son medidas laborales clave para reducir este “desajuste” entre la oferta y la demanda de empleo, pero cada vez influyen más en las vacantes otros factores sociales y económicos externos al mercado de trabajo.

Tanto en el lado empresarial como en el sindical coinciden en señalar el alto coste de la vivienda como un problema creciente para ocupar puestos de trabajo. Sobre todo en lugares con precios muy tensionados por el turismo, con el ejemplo extremo de Balears. “En Ibiza no va la gente con salarios por 2.000 y 3.000 euros. Esto ya existe”, sostiene Fernando Luján ante los precios desorbitados de la vivienda, que han llevado al Gobierno a aumentar recientemente el plus por residencia en Balears para empleados públicos.

Este coste de la vivienda, “junto a los salarios bajos” muy extendidos en España, “supone un verdadero problema de emancipación de los trabajadores”, coincide Carlos Arcas. El director de The Adecco Institute reclama también actuar ante el envejecimiento de la población trabajadora. “Van a salir del mercado laboral casi 2,5 millones de personas los próximos años y no hay relevo intergeneracional”, alerta Arcas.

Una situación que considera que podría facilitarse con contratos relevo, la migración como elemento “fundamental” y más planificación para que no se pierda la experiencia de la generación del baby-boom que abandona el mercado de trabajo.

De cara al futuro, la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) no parece que esté aliviando este problema. Más bien, al contrario. Según el Índice de Exposición a la Inteligencia Artificial Generativa de la OIT, el SEPE señala que las ocupaciones con escasez de mano de obra están, en general, “poco expuestas a la automatización, mientras que una parte relevante de las ocupaciones en exceso sí lo está”, lo que apunta a que “la presión tecnológica y el desajuste cuantitativo tienden a reforzarse mutuamente en lugar de compensarse”.

En UGT les preocupa especialmente esta transición. “La IA está poniendo en grave riesgo a las personas que están en prácticas y los junior en las empresas”, sostiene Fernando Luján, que recuerda que facilitar estos primeros puestos de trabajo es clave para la emancipación y el desarrollo profesional de los trabajadores jóvenes, que deben acumular experiencia para alcanzar otros puestos más senior. “Tenemos que hacer un pacto de país en este tema y no tenemos mucho tiempo”, advierte el representante sindical.

España lleva más de una década recibiendo cada vez más cruceristas, un tipo de turismo que tensiona especialmente los destinos. Son viajeros que solo permanecen en tierra unas horas, en las que intentan abarcar todos los puntos de interés posibles. Sin embargo, en los últimos meses, en algunos de los principales puertos españoles se ha percibido una caída en el número de buques vacacionales que atracan.

El análisis de los datos publicados por Puertos del Estado —que, en el caso de 2026, abarcan hasta el mes de junio— apunta en una dirección: en conjunto, llegan más barcos y transportan un mayor número de viajeros a bordo, pero hay diferencias en función de los territorios. Por ejemplo, en Illes Balears, al cierre del pasado año, se produjo una caída en el número de pasajeros; mientras que en los puertos canarios de Tenerife y Las Palmas sucedió lo contrario. Hay que recordar que Palma limita desde 2022 el número diario de cruceristas.

En lo que va de año, esos datos también señalan otros aspectos, como que el sector notó la crisis del hantavirus, pero esta no provocó un desplome de viajeros a bordo de los barcos que han visitado los puertos españoles en los meses más próximos al brote a bordo del MV Hondius.

Más de 1,2 millones de cruceristas al mes

Los datos de Puertos del Estado analizados por elDiario.es reflejan que, de media, España ya recibe cada mes 1,2 millones de cruceristas entre todos sus puertos, como se ve en el siguiente gráfico.

La cifra más alta se alcanzó en octubre del año pasado, cuando se superaron los 1,6 millones de personas. Este año —como se detallará más adelante— se constata que se ha atenuado el repunte que suele producirse en los meses previos a la temporada alta de verano. Son las semanas que coinciden con la crisis del Hantavirus, así como las inmediatamente posteriores.

Pese a ello, España ya ha recibido 6,3 millones de turistas llegados en barco en los seis primeros meses del año, por encima de los 6,2 millones del mismo periodo de 2025, como se ve a continuación.

En concreto, hasta junio han atracado en España 2.503 cruceros, frente a los 2.468 del mismo periodo del año 2025. Eso se traduce en que, en la primera mitad de este ejercicio, la media de pasajeros por barco roza las 2.550 personas, cuando hace un año se quedaba ligeramente por encima de las 2.500 personas.

La evolución media del número de pasajeros

Desde que hay registros y tomando como punto de partida el año 2012, cada crucero ha trasladado de media a España unos 2.200 pasajeros, aunque hay diferencias en función de la temporada. Por ejemplo, en los meses de julio y agosto las cifras suben. En concreto, en el mes de julio de 2024 se alcanzó la cifra más alta: una media de 4.700 turistas por barco.

Actualmente, la ratio media anual se sitúa cerca de los 3.000 pasajeros por buque, cifras similares a las alcanzadas antes de la pandemia.

Hay que tener en cuenta que los datos de este año son, evidentemente, parciales y que aún faltan seis meses incluidos julio y agosto, que es cuando se alcanzan ratios más altas. Por ejemplo, el año pasado, esos meses estivales estuvieron cerca de los 4.000 pasajeros de media por barco.

Si se entra al detalle de la evolución por cada territorio, hay situaciones muy diferentes. Como se ha mencionado anteriormente, en el conjunto de 2025 se redujo el número de cruceristas que llegaron a Illes Balears. Lo mismo ocurrió en A Coruña, Vigo, Valencia o Málaga. En cambio, se mantiene la tendencia al alza, además de en Las Palmas y en Tenerife, en Alicante, Santander, Motril o Melilla, entre otros.

Hay que tener en cuenta que cuatro territorios concentran más de la mitad de todos los cruceros. Se trata de los situados en Illes Balears —que Puertos del Estado agrupa sin diferenciar por islas—, Las Palmas, Tenerife y Barcelona. La evolución en este último destino fue estable durante el pasado año, pero es el que más buques recibe. En 2025, casi 900. Y puede ir a más.

Esta semana, MSC Cruceros ha comunicado que cancela los viajes a Oriente Próximo para la temporada 2027/2028. De esta forma, el buque MSC World Europa realizará ahora sus itinerarios por el Mediterráneo occidental y pasará por Barcelona, donde el Ayuntamiento acaba de aumentar a 24 euros la tasa que paga cada crucerista. Ese barco de MSC tiene capacidad para llevar a bordo a 6.700 personas.

En el siguiente gráfico se ve la evolución por territorios.

El impacto del hantavirus

Los datos publicados por Puertos del Estado también permiten ver qué impacto tuvo, en el corto plazo, la crisis por el brote de hantavirus. Hay que recordar que el buque MV Hondius llegó a Tenerife a mediados del mes de mayo. El barco partió de Ushuaia, en Tierra del Fuego, a principios de abril.

En ese momento, los operadores —tanto las agencias de viaje, como las compañías de cruceros— aseguraron que no estaban notando un volumen alto de anulaciones, ni una caída de la demanda o una bajada de precios. La información que publica la empresa pública apunta una ralentización de los cruceros tanto en abril como en mayo, cuando la curva de pasajeros se atenúa, en comparación los mismos meses del año anterior, como se ve en el siguiente gráfico.

Sin embargo, el mes de junio ya se sitúa por encima del mismo periodo tanto de 2025 como 2024, con casi 1,18 millones de pasajeros llegando a España. Habrá que esperar a los datos de los próximos meses, los clave de la temporada, para ver si esa tendencia al alza se mantiene.

A principios de mayo de este año, Isabel Díaz Ayuso realizó un polémico —y fallido— viaje institucional a México, país del que se tuvo que volver antes de tiempo entre acusaciones a Claudia Sheinbaum por un supuesto “boicot”. Desde entonces y tras el escándalo, una pregunta se quedó en el aire: ¿cuánto costó la visita? El equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid remitió a la declaración oficial de gastos colgada en la web de Transparencia, pero en ese momento el último viaje publicado era el que realizó Ayuso a Austin (Texas), en octubre de 2025. Este verano, meses después, finalmente se ha actualizado la hoja. Si se hace un repaso de los registros, se puede apreciar un patrón que ocurre con México, pero también con otras visitas institucionales al extranjero: un montante total que, en ocasiones, es inusualmente bajo.

Después de semanas de dudas, el documento de la Comunidad de Madrid para México recoge dos importes: 402 y 220 euros para reservar la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas en Madrid. Nada más. Ni alojamiento, ni manutención. Un dinero que, si se compara con el de otros tres cargos de su Gobierno que también fueron al país americano en mayo, no cuadra: ellos, en total, declararon unos 15.000 euros.

Según la ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid, los cargos deben hacer públicos sus gastos cuando se trate de viajes institucionales. Esto incluye los desplazamientos, la estancia y la manutención. En el apartado 'Transparencia' se puede acceder a la ficha de cada uno de los altos cargos que componen el Ejecutivo de Ayuso, en la que se publican las hojas de los montantes. Pero el caso de la presidenta es particular.

Además de los gastos asociados y vinculados a la dirigente del PP y los consejeros por sus viajes internacionales, hay que sumar los de otros cargos. Responsables de prensa, asesores y, en muchas ocasiones, su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, la acompañan en sus expediciones internacionales y cada uno suma en su hoja los gastos, a veces parcialmente y otras de manera más detallada. Esto, junto a las posibles invitaciones y patrocinios que no se recogen, hace que sea prácticamente imposible conocer cuánto cuestan en total los viajes de toda la comitiva.

Para no perderte, en el siguiente calendario puedes ver los viajes al extranjero realizados por Ayuso desde 2021. Algunos de ellos han sido realizados también con otros altos cargos de su equipo.

221 euros en la sala de autoridades de Miami

El 16 de octubre de 2025, Isabel Díaz Ayuso cogió un avión desde Madrid a Austin (Texas). Estuvo allí una semana, dentro de un “viaje oficial” que incluyó la asistencia al Gran Premio de las Américas de F1 y encuentros y firmas con empresas, a las que vendió Madrid como “la única región de España sin impuestos propios”. Según su declaración, los madrileños desembolsaron para esa visita 1.400 euros para que se reservara dos días la sala de autoridades de la T4 del aeropuerto de Madrid –la misma por la que la Comunidad pagó 290 euros para varios viajes privados de la presidenta y su novio en 2021– y 17 euros para su carta ESTA, el requisito que permite entrar en Estados Unidos. Nada más.

En el excel, que debería recoger el total de “gastos de viaje” de la presidenta y que está actualizado con fecha del 30 de junio de este año, no están especificados los billetes de avión, comidas, cenas o gastos de transporte para moverse de un sitio a otro en Austin. Desde su Gobierno, defienden que hay transparencia y que todos los gastos están publicados.

Ese mismo año, en 2025, Ayuso también fue de viaje a Nueva York y Miami con otros miembros de su equipo, pero sus declaraciones son distintas. Un ejemplo es el del consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde Argüeso, que recoge en su hoja de gastos para esa visita 4.299 euros en “locomoción”, 1.735 euros en “alojamiento” y 135,26 euros en “manutención”. Mientras, ella solo especifica el precio de la sala de autoridades del aeropuerto, 221 euros.

La columna de “manutención” apenas aparece rellenada en los documentos oficiales de las dos legislaturas de la presidenta. Algunas excepciones de los viajes al extranjero: 542 euros en dietas en una gala en Nueva York, 145 euros en Lisboa y 161 en Londres. Cuando viaja por el país o sale de España en visita oficial, Ayuso no incluye en su declaración pública algunos billetes de avión, algunos costes de alojamiento y buena parte de la “manutención”.

131 euros en Corea del Sur

En su visita a Corea del Sur en noviembre de 2024, la comitiva declaró 25.047 euros en total, contando a todos los altos cargos. Si nos vamos a la hoja de gastos de la presidenta autonómica, ella recoge 131 euros por la reserva de la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas.

De nuevo, sí aparecen otros gastos en el excel de sus acompañantes. En este caso fueron el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde Argüeso, el consejero portavoz, Miguel Ángel García Martín, y Emilio Viciana, ex consejero de Educación. En el documento del primero, se especifica que el motivo de la visita fue una “delegación oficial presidida por la presidenta” y ahí se explicita el gasto en locomoción —3.858 euros— y el de alojamiento —1.368 euros—, aunque no la manutención. Para este viaje, Viciana recoge dos desplazamientos en taxi, los billetes de avión por un importe de 4.105 euros y el alojamiento, con un coste de 1.409 euros.

El portavoz declara montantes similares: 4.802 euros para “locomoción”, 1.971 en alojamiento y 580 euros de manutención, el único de los tres que especifica esta casilla. En esta ocasión también viajaron con la presidenta representantes de Invest in Madrid, la agencia regional para la captación de inversiones extranjeras.

No es así en todos los casos: se sabe por el excel de Ayuso que en los Juegos Paralímpicos de París en 2024 gastó 1.669 euros en alojamiento. En ese viaje ella declara un montante superior al de sus acompañantes, según el análisis de elDiario.es.

En Roma de 2023, por ejemplo, registra 2.086 euros, casi la mitad de ellos por el pago del vuelo para ver al Papa en audiencia privada.

En 2022 también se puede ver un mayor gasto de la presidenta autonómica en algunos viajes, como el de Miami, donde se reunió con representantes de Universal y Sony para convertir Madrid en la capital de la música latina o visitó una rotonda dedicada a la región. En su hoja de gastos declaraba 6.142 euros del viaje de avión.

Mientras, en 2021, 2020 y 2019 sus salidas al extranjero eran mucho menos frecuentes, años que coincidieron además con la pandemia de la COVID-19 y las restricciones de movilidad.

Transparencia no aporta más información

Cuando estalló la polémica tras la visita al país americano, el Gobierno de Ayuso aseguró que la Comunidad de Madrid “cumple con la legislación de transparencia y contratación pública”, sin entrar a responder a las preguntas de elDiario.es en las que se pide información sobre dónde están reflejados los gastos de billetes de avión y dietas de la presidenta; por qué en algunos viajes se reflejan importes tan bajos o si todos los gastos de estas visitas los sufraga la Comunidad a través de los impuestos o algunas empresas se hacen cargo de algunas partidas.

elDiario.es también remitió a Transparencia una serie de peticiones en este sentido, como las facturas o justificantes de gasto de Ayuso y su equipo en los viajes institucionales al extranjero, la información sobre si los gastos de desplazamiento y alojamiento fueron pagados por un tercero que no sea la Comunidad de Madrid, y, en caso de ser afirmativo, la información sobre quién sufragó dicho viaje.

Este mes de julio, el organismo público remitió a la web de Transparencia alegando que los gastos “que se generan imputables al presupuesto regional” por los viajes “se publican, con periodicidad trimestral, en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid”. En su resolución, rechazaron entregar la copia de las facturas alegando que el Consejo de Transparencia ya se había pronunciado “considerando que no aportan un contenido informativo de especial valor” cuando “se ha facilitado por parte de la Administración la información completa sobre los gastos solicitados”.

Transparencia no respondió a la pregunta de si terceros habían sufragado los gastos de visitas institucionales de la presidenta al extranjero. Tampoco, en caso de ser afirmativo, quiénes eran esos terceros.

Este proceder con la rendición de cuentas en los gastos difiere de otras comunidades autónomas. En Catalunya, por ejemplo, los altos cargos están obligados a publicar todos los gastos que hagan en el extranjero y tienen un código que especifica que debe ser público el motivo, coste de avión, comidas, hoteles, quiénes conforman la comitiva y también declarar si van acompañantes de los cargos públicos. En la Generalitat Valenciana, los altos cargos también están obligados a publicar sus viajes y gastos. Algunos lo hacen de manera muy precisa, incluyendo trenes y comidas. El caso del president, Juanfran Pérez Llorca, es distinto, ya que informa de los viajes, pero no suele adjuntar ningún coste. El listado de gastos en el Gobierno de Euskadi, por contra, está totalmente fiscalizado y publicado, por epígrafes y especificando alojamientos, dietas o taxis.

La explicación del portavoz

El Gobierno de Ayuso, a través de su portavoz y tras el polémico y abrupto viaje a México de la presidenta, especificó que “cualquier viaje internacional que realiza cualquier miembro de cualquier Gobierno, pues se paga con cargo a los presupuestos correspondientes”. Sin embargo, unos días más tarde, Miguel Ángel García Martín aseguró que en estos viajes “hay una serie de gastos abonados por parte de la administración”, pero también otros que “son abonados por parte del promotor”. “Esto entra dentro de la normalidad”, dijo.

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, le pidió a Ayuso explicar cuánto había costado el viaje a México a los madrileños. La presidenta autonómica, además de afirmar que el país “no existió hasta que llegaron los españoles”, cargó contra miembros de Gobiernos autonómicos socialistas haciendo un listado de presidentes que habían viajado a México también. Ayuso añadió: “Pero vamos a hablar aún más de quién viaja en esto y quién lo paga: el Estado de Aguascalientes y los Premios Platino”. La Comunidad de Madrid, previamente, pagó 450.000 euros de patrocinio a esos mismos premios, a los que finalmente Ayuso no asistió entre acusaciones de “boicot” a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Las otras polémicas

Cada vez se suman más polémicas en las salidas al exterior de la presidenta, que utiliza los viajes para dar su batalla cultural. En 2020, durante una de sus primeras visitas institucionales fuera de España, asistió a la final de la Supercopa en Arabia Saudí en un viaje que fue pagado por el Atlético de Madrid, según se conoció después de que Más Madrid solicitara información de cuánto costó el desplazamiento, tal y como publicó El País.

Un año más tarde, durante su primer viaje a Estados Unidos tras la victoria electoral de mayo de 2021, Ayuso hizo su primera gran defensa de la “hispanidad” y dejó frases como que “el indigenismo es el nuevo comunismo”. Ya ahí habló de “mestizaje y fusión de culturas” en América, en unas declaraciones similares a las de estos días en México que le han valido reproches de la presidenta Claudia Sheinbaum. También protagonizó un choque con el Papa: “A mí me sorprende mucho que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español, y a través de las misiones, el catolicismo y, por tanto, la civilización y la libertad al continente americano”, dijo.

Otro nuevo viaje a Estados Unidos, aunque esta vez a Miami y en 2022, fue el centro de las críticas. Voló hasta allí pocas horas después de conocer que la Fiscalía Anticorrupción archivaba la investigación sobre los contratos de los que se benefició su hermano por la compra de material sanitario. Allí inauguró una rotonda para la Comunidad de Madrid. Ayuso también recibió reproches por su viaje a Chile de 2024, que coincidió con la imputación de su pareja, Alberto González Amador.

En apenas tres meses los embalses han perdido 15.500 hectómetros cúbicos de agua acumulada por la falta de lluvias. Después de un invierno con las mayores reservas desde 1988, las reservas han caido en 18 puntos desde mayo, pasando del 84% al 66,2%, según los últimos datos del Boletín Hidrológico semanal del Ministerio de Transición Ecológica.

A pesar de la bajada en las reservas, los niveles siguen estando por encima de la media de los últimos diez años. El año pasado por estas mismas fechas los embalses estaban en torno al 62% de su capacidad, mientras que en 2021-2022, el más seco de los últimos años, se encontraban en 37%.

¿Significa esto que estamos peor o mejor que en años anteriores? Estamos en una situación mucho mejor que durante la sequía de 2021-2022 y también mejor que el año pasado por estas fechas. Pero la situación no es igual en todo el territorio, la escasez de lluvias ya tiene a 3 de cada 4 municipios en alerta o prealerta de sequía en Galicia. Los ganaderos de esta y otras comunidades como Cantabria, País Vasco o La Rioja también han alertado de las dificultades y piden ayudas.

En el siguiente gráfico puedes ver la evolución de las reservas en cada año hidrológico (de octubre a septiembre) desde 1990 en todos los embalses y en cada cuenca hidrográfica.

La situación no es igual en cada zona de la Península. Los embalses de las cuencas de Galicia o el Cantábrico Occidental están hasta 8 puntos por debajo de lo habitual.

España tiene 374 embalses repartidos por todo el territorio, con capacidad para almacenar más de 56.000 hectómetros cúbicos de agua. ¿Cómo de buena o de mala es la situación de la reserva en cada presa? En el siguiente mapa se puede consultar el estado de cada pantano.

Ahora mismo, 102 embalses están por debajo del 50% de llenado.

Puedes filtrar para ver solo los embalses de uso principal hidroeléctrico (aunque pueden tener otros usos también) y los que se usan principalmente para el consumo. Hay que tener en cuenta que no todos los embalses se llenan de la misma manera o con la misma estacionalidad.

Por esa razón, comparamos la situación actual de cada embalse con la media de la última década en las mismas fechas, para ver cuáles están en mejor situación y peor situación.

                             

La situación de la reserva, embalse por embalse

Cada cuadrado representa un embalse. Muestra el porcentaje de llenado de la reserva de agua en la semana actual. El tamaño de cuadrado indica la capacidad total del embalse

Tipo

Consumo Todos Hidroeléc.

Situación

Peor Todos Mejor

Desliza

Embalse

% de reserva

Fuente: Ministerio de Transición Ecológica

El mapa dibuja una situación dispar de las reservas de agua por el territorio. Salvo algunas excepciones, los embalses en mejor situación se encuentran en el sur de la península. Un cambio de tendencia que destaca sobre todo en las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir (la zona sur), que están casi llenos después de un par de años en los que apenas utilizaban un tercio de su capacidad y hasta 36 puntos por encima de lo que es habitual en estas fechas.

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de llenado actual de cada cuenca y la comparación de las reservas con los datos de la última década.

Hay que tener en cuenta que la situación actual de cada cuenca no depende solo de la escasez o no de lluvia sino también de las altas temperaturas (evapotransporación) y la demanda de recursos hídricos (regadíos, usos urbanos, industriales, etc.).

Para hacernos una idea de cómo estos factores influyen en las reservas, comparamos las imágenes satelitales del embalse de Belesar (Miño-Sil) y el de Eugi (Ebro), con las reservas por debajo del 43,7% y el 61,9% de su capacidad, respectivamente. Se trata de las imágenes nítidas satelitales disponibles hace dos años (en agosto de 2024) hace uno (agosto de 2025) y cómo se encuentran en la actualidad.

Embalse de Belesar (Lugo)

Hace dos años - 81% de capacidad

Hace un año - 73% de capacidad

Actualidad- 44% de capacidad

Embalse de Eugi (Navarra)

Hace dos años - 86% de capacidad

Hace un año - 71% de capacidad

Actualidad- 62% de capacidad

Fuente: Copernicus

La situación de los embalses puede asimilarse a la de un vaso de agua. Aunque se corte el grifo, si el agua se bebe con moderación, las reservas pueden mantenerse. Sin embargo, un corte continuado del suministro (la falta de lluvias) es uno de los principales factores que influyen en que el vaso esté cada vez más vacío.

Precisamente, la sequía meteorológica llega cuando se produce una escasez continuada de precipitaciones. Este suele ser el paso anterior a la escasez de agua, que es cuando faltan reservas para el consumo humano o la agricultura.

¿Y cómo están las precipitaciones? ¿Cuánto está lloviendo este año en España? Según los últimos datos de la AEMET, la temporada empezó con el promedio habitual de lluvia pero las precipitaciones del resto del año han subido los niveles por encima de la media histórica. En comparación con 2021-2022, el año más seco reciente, las lluvias han dejado hasta 383 litros más por metro cuadrado en territorio peninsular, incluso en verano.

Las precipitaciones tampoco se han distribuido igual por toda la península. En general, desde otoño ha llovido más de los se esperaba en la mayoría de cuencas salvo en la del Ebro y las del Noroeste. Estas dos cuencas han visto llover entre un 3% y un 7% menos de lo normal.

Que llueva o no llueva no es la única causante de que los embalses estén más o menos llenos. ¿Por qué? Porque la gestión de la demanda de agua para el consumo humano es clave: el abastecimiento urbano (doméstico, turístico, municipal), los regadíos, la ganadería, la industria y otros usos recreativos (como el riego de campos de golf).

Hay que tener en cuenta que la generación de electricidad no es un uso consuntivo. Esto es, esa agua no se consume mientras se utiliza para producir energía sino que normalmente acaba en el siguiente embalse donde puede ser empleada para otros usos agrícolas, urbanos, etc.

A continuación se muestra la distribución de la demanda de agua en las distintas Confederaciones Hidrográficas (CH) actualmente. Las cifras provienen de las estimaciones disponibles en los Planes Hidrológicos de cada una de las CH para el ciclo 2022-2027. Los datos hacen referencia al escenario actual y muestran que la principal demanda de agua para consumo es la agricultura.

En España se utilizan para consumo humano más de 30.000 hectómetros cúbicos de agua, según los datos recopilados de cada cuenca hidrográfica. Tal y como se observa en el gráfico anterior, el 81% (la gran mayoría) se destinan a la agricultura y ganadería, el 15% para uso urbano, el 4% a uso industrial y 0,3% para uso recreativo. 

España está viviendo el primero del excepcional Trío de Eclipses que cruzará la península ibérica entre 2026 y 2028, el mayor evento astronómico de este tipo en cien años. En el mapa superior puedes ver cómo será el recorrido y, cuando el eclipse empiece, el seguimiento segundo a segundo de la sombra de totalidad de la Luna sobre La Tierra.

Aquí respondemos en directo a las principales preguntas que todos nos hacemos en este evento extraordinario. ¿Dónde está el eclipse ahora y cuándo podré verlo? ¿Cómo se verá desde donde estoy? ¿Me impedirán verlo las nubes o las montañas? ¿El oscurecimiento de ve desde el espacio? ¿Hay tráfico para ir a ver el eclipse? ¿Cómo afecta al ambiente?

¿Cómo se verá desde donde estoy?

Este eclipse total de sol cruzará el norte de España —desde Galicia hasta Baleares— este miércoles 12 de agosto al atardecer, alrededor de las 20:30 (hora peninsular). ¿Estás ya en el lugar donde tienes planificado verlo? En el siguiente buscador puedes ver cómo se verá desde tu ubicación actual o buscar el nombre de la localidad en la que estarás hoy y comprobar la ocultación minuto a minuto y cuánto durará la totalidad.

Entre las 20:26 y las 20:33, la franja de totalidad atravesará de norte a sur las comunidades de Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, Euskadi, Navarra, Aragón, Catalunya, la Comunitat Valenciana y Balears. Dependiendo de la cercanía al punto central de la totalidad, la duración del tiempo en total oscuridad variará (menos tiempo en las zonas menos centrales).

¿Me taparán las nubes?

Pero que en tu ubicación se vea la totalidad no significa que se pueda ver el eclipse. Las nubes pueden convertirse en un obstáculo mortal para ver el mayor evento astronómico del 12 de agosto. Por ello, en el siguiente mapa mostramos la situación de las nubes ahora mismo (con datos del satélite de EUMETSAT) y el pronóstico de nubosidad de distintos modelos meteorológicos (entre ellos los utilizados por la AEMET) para las 20 horas de este miércoles.

Además, como este evento ocurre con el Sol muy bajo, casi en el horizonte (es un eclipse de atardecer), para verlo hará falta un horizonte despejado hacia el oeste-noroeste: por eso el mapa incluye la capa «Sin visibilidad», que estima en qué zonas el relieve del terreno tapará el Sol en ese momento (no tiene en cuenta edificios ni vegetación).

El mapa anterior ha sido desarrollado con un motor de cálculo propio, desarrollado por elDiario.es con ayuda de la inteligencia artificial, a partir de los elementos besselianos del eclipse publicados por la NASA que aplica la geometría de la sombra a cada punto: franja de totalidad (donde el eclipse será total y la Luna tapará totalmente el Sol) y la posición minuto a minuto.

¿Cómo se ve la sombra?

Este eclipse se podrá observar directamente desde el espacio. Gracias a las imágenes satelitales de la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT) podemos ver como la sombra del eclipse oscurece toda Europa y España.

Los satélites Meteosat que alimentan este sistema están fijos respecto al planeta, siempre mirando hacia Europa. Por eso captan imágenes de forma continua y permiten seguir (en intervalos de cada 10 minutos) el movimiento de las nubes y el oscurecimiento de la Tierra durante el evento astronómico.

¿Tendré problemas para llegar?

Se trata de un eclipse excepcional que no se ha podido ver en la península desde 1912, pero por su excepcionalidad y su corta duración elegir un lugar colapsado o llegar unos minutos tardes pueden arruinar la experiencia completa. Por eso, a partir de los datos de tráfico de TomTom, que proporcionan la velocidad en tiempo real de las principales carreteras, te mostramos el estado de las carreteras en España para que puedes comprobar si la ruta que pensabas seguir está colapsada o no.

Desde antes incluso de que la luna tape el sol, empiezan a aparecer las sensaciones raras por la falta de luz, explica Alex Mendiolagoitia, de la Agrupación Astronómica de Madrid. El viento puede cambiar de dirección, aparecen puntos de luz alrededor de la luna (recuerda mirar siempre con unas gafas homologadas) y la temperatura puede llegar a bajar hasta 10ºC en pocos segundos.

Aquí puedes ver el cambio de temperatura en directo de las principales direcciones de la AEMET y la comparación con la misma hora de los días anteriores al eclipse.

Desde elDiario.es puedes visualizar en directo el paso del eclipse total sobre la península. Las imágenes provienen del Observatorio de Yebes, ubicado en Guadalajara. Este centro de investigación científica es el mayor centro del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y dispone de telescopios equipados con filtros (de luz blanca y H-alfa) para la observación solar de forma segura.

Apuntarse al paro es una mala noticia para la inmensa mayoría de las personas, pero no siempre. A veces, es el primer paso de la inclusión en el mercado laboral. Este escenario más halagüeño es el protagonista de la inusual subida del paro de este julio, en 19.500 personas, moderada y que se debe principalmente a la regularización extraordinaria de migrantes, que sobre todo está provocando un fuerte crecimiento del empleo en los últimos meses.

El paro registrado, las personas que se apuntan como desempleadas a las oficinas públicas de empleo, ascendió este julio frente a los descensos habituales en este mes. “Aunque veamos un aumento, es una buena noticia para el país”, ha valorado este martes la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Cuando se ahonda en quién forma parte de este aumento de 19.500 personas más en paro, se observa que sobresalen los trabajadores extranjeros –unos 15.500– y, en especial, aquellos que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo formal (“colectivo sin empleo anterior”, en la estadística oficial), que se sitúan en 11.300.

Trabajo ha explicado que estos datos están vinculados a la regularización extraordinaria masiva de migrantes que está en proceso en estos momentos y que, sobre todo, se está traduciendo en un gran auge del crecimiento del empleo.

Por un lado, la Seguridad Social ha cifrado en unas 263.000 personas regularizadas que han pasado a estar trabajando de alta, con datos hasta el pasado 30 de julio. Por su parte, Trabajo señala un aumento del paro desde abril de alrededor de 18.000 las personas extranjeras extracomunitarias, entre las que están los ciudadanos acogidos a la regularización.

En Trabajo, ubican este aumento del paro dentro de lo “normal” de la entrada simultánea de miles de personas al mercado laboral formal, ha explicado el secretario de Estado de Trabajo. Joaquín Pérez Rey ha expresado además su confianza en que en la mayoría de casos será un paso breve por el paro registrado antes de formalizar sus primeros contratos laborales, como ocurrió en la pasada regularización extraordinaria de mediados de los 2000.

Está aflorando empleo sumergido y sin derechos

El Gobierno y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han destacado este martes que el proceso de regularización es positivo además porque está aflorando miles de empleos que hasta ahora se mantenían en la economía sumergida, en un número difícil de determinar, y que afectan en gran medida a las personas migrantes sin papeles.

“Es otra de las conquistas del proceso de regularización”, ha destacado el 'número dos' de Yolanda Díaz, que ha recordado que el empleo informal tiene “un fuerte componente de explotación” y va ligado de manera inherente a una falta de derechos laborales.

Por ello, Joaquín Pérez Rey ha destacado de manera positiva que estos ciudadanos estén ejerciendo su nuevo derecho a acudir a las oficinas públicas de empleo para poder buscar y encontrar empleo a través de los canales legales.

El empleo informal no es solo una “lacra” para los trabajadores que lo sufren, sino también para las arcas del Estado, por la falta de cotización y el pago de impuestos, así como por una práctica de competencia desleal a la baja para el resto de empresas.

Aunque aún hay que esperar a cómo evoluciona el paro y el empleo en los próximos meses, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, ha recordado que las personas extranjeras han sido claves en la creación de empleo en España en los últimos años, algo que ha sido compatible con el crecimiento del empleo de la población nacional y con la reducción del paro a mínimos desde 2008.

El paro registrado da derecho a ayudas para las empresas

Además, que los trabajadores se apunten al paro en las oficinas públicas de empleo es en muchos casos un trámite administrativo previo para que las empresas puedan beneficiarse de ayudas a la contratación.

“Parte de estas personas pueden estar incorporándose a las estadísticas de desempleo para acceder a programas de inserción laboral o facilitar su contratación mediante incentivos y bonificaciones en las cotizaciones sociales”, ha recordado este martes la patronal CEOE.

La organización empresarial ha valorado que la regularización de trabajadores extranjeros “está contribuyendo positivamente al crecimiento de la afiliación” y ha destacado la “capacidad” del sector privado “para sostener el empleo pese a la persistencia de desequilibrios estructurales”.

En cualquier caso, los empresarios han reclamado “un entorno regulatorio que refuerce la empleabilidad, favorezca la competitividad y el crecimiento de las empresas y permita aprovechar, plenamente, el potencial del mercado de trabajo para impulsar una creación de empleo más sólida y sostenible”.

El mercado laboral español batió en julio otro máximo histórico. En concreto, superó los 22,5 millones de personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social, un hito impulsado en gran medida por la regularización extraordinaria de migrantes extranjeros. Esta ha supuesto un fuerte impulso del empleo, con casi 262.500 trabajadores más de alta, cifra el Gobierno, aunque también ha provocado un aumento del paro, de momento menor. En julio, este aumentó en 19.500 personas, en un mes de habitual descenso de este indicador.

Los datos publicados este martes por el Ministerio de la Seguridad Social dejan así el nuevo techo del mercado de trabajo en España en un total de 22.508.065 personas trabajadoras afiliadas de media a la Seguridad Social.

Aunque España ya estaba acumulando récords de empleo antes del proceso de regularización extraordinario de migrantes, en los últimos meses este ha supuesto un fuerte empujón de la afiliación, de miles de personas extranjeras que ya vivían en España y que ahora han pasado a tener papeles y, por tanto, a poder firmar su primer contrato de trabajo.

Casi 262.500 migrantes regularizados ya trabajan de alta

En solo unos meses, la Seguridad Social cifra en 262.475 las personas extranjeras afiliadas en alta por la regularización extraordinaria, con datos hasta este 30 de julio. El 81,5% están empleados como asalariados, mientras que casi un 5% son trabajadores autónomos. Por sexos, el 60% son hombres y el 40%, mujeres.

La inclusión al mercado laboral formal de estos migrantes, en muchos casos antes trabajando en la economía sumergida y sin derechos, ha acelarado la creación de empleo ya existente. En julio, el ritmo interanual se incrementó hasta el 2,9%, lo que se traduce en casi 650.000 empleos más en el último año. En abril, cuando se inició la regularización, el dato era de 517.000 empleos.

En los últimos meses los trabajadores migrantes explican de hecho la mayor parte del auge del empleo, que se ha situado por encima de lo habitual. Ocurrió en junio y de nuevo ha sucedido en julio, que ha registrado 41.700 trabajadores afiliados más de media frente a los 4.400 del año pasado.

Julio suele ser un mes positivo para el empleo, sobre todo por el empuje de varias actividades en verano, como la hostelería, el ocio y el comercio, así como las sustituciones en sectores como la sanidad, pero con mucho menos tirón que junio, que concentra el grueso de las contrataciones de cara a la época estival. Además, julio se resiente por las pérdidas de empleo en la educación (-128.500 este año).

Si se atiende a la nacionalidad, el empleo extranjero aumentó en 66.000 personas respecto a junio. Tras este aumento, se alcanza también un nuevo récord de empleo extranjero, con 3.512.223 afiliados medios, que son 420.875 más que hace un año.

“En conjunto, representan ya el 15,6% del total de afiliados y continúan desempeñando un papel esencial en el dinamismo del mercado laboral y en el sostenimiento del sistema de Seguridad Social”, ha subrayado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz.

El paro registrado aumenta también

Por el lado del paro, los primeros indicios de junio se confirman en julio: el desempleo también se está viendo influido con aumentos por la regularización extraordinaria, aunque en mucho menor volumen.

En julio, el paro registrado aumentó en casi 19.500 personas, en un mes de habituales descensos. Si se observa la nacionalidad, la mayor parte del alza corresponde a personas extranjeras (+15.500).

Además, cuando se analiza el aumento por sectores, se observa que el grueso del alza del paro se sitúa en el “colectivo sin empleo anterior”, casi 8.300 personas, lo que “está fundamentalmente ligado al proceso de regularización extraordinaria en curso”, explican en el Ministerio de Trabajo. Entre los migrantes, este aumento alcanza las 11.400 personas respecto a junio.

La regularización “da la oportunidad, hasta ahora inviable, de acceder a los servicios de las oficinas públicas de empleo a las personas trabajadoras que ya estaban en nuestro país pero que carecían de derechos”, añaden en el departamento de Yolanda Díaz. Hay que recordar que estas personas están apuntadas como demandantes de empleo, como desempleadas, pero no están cobrando el paro, ya que no han cotizado el mínimo para ello.

El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, ya apuntó el mes pasado que la regularización supondría “un ajuste” en las estadísticas de la afiliación, pero también del paro, y apostó por “ser capaces de nuevo de reconducir a estas personas que están en una situación de desempleo a oportunidades hacia aquellos sectores que están demandando trabajo”.

En total, el paro registrado subió así en julio hasta las 2.311.499 personas, la cifra más baja en este mes desde 2007, destaca el Ministerio de Trabajo, que recuerda también el dato de tasa de paro, inferior al 10%, un mínimo desde los inicios de la pasada crisis financiera.

Yolanda Díaz ha celebrado que el paro juvenil haya vuelto a marcar un mínimo histórico, con 159.562 desempleados menores de 25 años. “Nuestras políticas laborales centradas en ellos han dado sus frutos. Nunca antes hubo tan pocos jóvenes en paro”, ha afirmado.

Si miramos España desde el espacio durante la noche, su patrón de iluminación se parece a un dónut mordisqueado por el oeste: la luz resplandeciente de Madrid en el centro aparece rodeada de un espacio oscuro de la España despoblada delimitado por el brillo de las ciudades del litoral. Esta configuración es el resultado de nuestra distribución demográfica, pero según los expertos ofrece una imagen engañosa. Aunque los grandes núcleos urbanos son los que más luz irradian, en los últimos años la España despoblada ha cambiado masivamente la luz naranja por luz azul, que tiene peores efectos en la naturaleza y la observación del cielo.

¿Cuánto brilla tu pueblo por la noche?

Color en el que tienden a brillar los municipios españoles y posición que ocupan en función de la cantidad de brillo captada por los satélites y que es visible al ojo humano. Datos medios del periodo 2022-2023.

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Fuente: Universidad Complutense de Madrid | Asociación SlowLight | SDGSAT-1.

Para descubrir cómo está gestionando tu ayuntamiento esta transición, hemos analizado los datos lumínicos y urbanísticos de más de 8.000 municipios españoles en 2023. En el mapa interactivo que encabeza este artículo, puedes buscar tu pueblo o ciudad y descubrir cuál es su “huella lumínica”. Al introducir el nombre de tu municipio, la herramienta te revelará la cantidad de luz que emite y el color en el que más brilla, a partir de la información que captan los satélites de la luz de las farolas. 

Además del mapa, hemos diseñado el siguiente buscador que permite observar qué poblaciones son las que emiten más luz en general, de qué color y en qué posición del ranking se ubica tu localidad. 

Los colores de la noche

Con la ayuda del astrofísico Alejandro Sánchez de Miguel, uno de los mayores expertos mundiales en contaminación lumínica, y los datos obtenidos por la Fundacion Stars4all, SaveStarsConsulting SL con el apoyo de SlowLight, hemos elaborado una radiografía de la contaminación lumínica en España. 

Al ordenar los datos, salta a la vista que las ciudades más grandes son las que más luz irradian, pero al cruzar el color de la luz con los datos de población surge un patrón interesante. Los datos revelan con claridad que la España rural se está volviendo azul. La inmensa mayoría de los pueblos de menos de 5.000 habitantes —que suelen estar rodeados de valiosos entornos naturales— destacan negativamente por emitir luz fuertemente azulada.

Con algunas excepciones, como Córdoba, Badajoz y Cáceres, las capitales de provincia brillan en colores cálidos y las poblaciones más pequeñas, de la España deshabitada, brillan en azul. Este cambio de colores cálidos por iluminación más fría, según Sánchez de Miguel, se ha producido en las últimas décadas debido a la instalación de luces LED. De haber visto este mismo mapa hace 25 años todas habrían brillado en amarillo.

En el siguiente gráfico es posible ver en qué rango de color tiende a brillar cada municipio en la noche si tenemos en cuenta los datos satelitales registrados. Cuanto más azul, más a la izquierda. A la derecha, el municipio registra luz más cálida. El tamaño de la burbuja representa la cantidad de luz total emitida por el municipio (la que es captada por los satélites y que es visible al ojo humano).

La invasión de la luz azul

Existe un consenso científico amplio en que la iluminación LED blanca rica en azul produce impactos biológicos y astronómicos especialmente intensos debido a la alta sensibilidad circadiana de muchos organismos y a la fuerte dispersión atmosférica de esas longitudes de onda. Numerosos investigadores sostienen además que la gran eficiencia y bajo coste del LED han favorecido un efecto rebote: lejos de reducir necesariamente la contaminación lumínica, en muchos lugares ha aumentado la cantidad total de luz emitida y el brillo del cielo nocturno. 

Aunque un informe científico elaborado por el servicio de investigación de la Comisión Europea (JRC) recomienda aumentar la iluminación exterior más cálida y reducir la emisión de luz rica en azul durante la noche, porque es la que más impacto tiene en el entorno natural y en los ritmos biológicos, los datos muestran que en la España rural no se han seguido estas directrices. Según Sánchez de Miguel, al carecer de asesoramiento técnico especializado, muchos ayuntamientos pequeños han sido víctimas del mercado y han instalado luces “blanco nuclear” altamente dañinas. “Muchas diputaciones y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), antes de actualizar sus criterios, subvencionaron muchísimos cambios de alumbrado a LED fríos”, señala. “¿Y quién accedía a esas ayudas? Los pueblos de poca población”.

Los sitios con iluminación más sostenible son los más grandes, pero no porque quieran hacerlo bien, sino porque les cuesta mucho más cambiar todo el inventario

Alejandro Sánchez de Miguel — Astrofísico y uno de los mayores expertos mundiales en contaminación lumínica

En opinión de Sánchez de Miguel, en la última transición se ha primado la eficiencia energética y no la sostenibilidad y no ha habido una buena planificación. Con esta perspectiva se entiende mejor por qué el mapa de la contaminación lumínica pueda dar una imagen engañosa: las ciudades en amarillo están enviando mucha luz, pero lo que antes era la España oscura ha transicionado hacia el brillo azul y más dañino, empeorando la situación. “Se da la paradoja de que los sitios con iluminación más sostenible son los más grandes”, señala el especialista. “La razón no es porque quieran hacerlo bien, es simplemente porque a ellos les cuesta mucho más cambiar todo el inventario anterior de luz de sodio y no han podido hacer un cambio tan drástico”.

A escala global, los datos del proyecto “Canica negra” (“Black Marble”) de la NASA muestran de forma inequívoca que la noche en nuestro planeta es cada vez más brillante, con un aumento neto del 16% en la radiancia total de la luz artificial nocturna entre 2014 y 2022. Y lo más preocupante: el aumento de la luminosidad crece a un ritmo más rápido que el número de habitantes del planeta. Por otro lado, debido a la calibración de los instrumentos, el cambio a luz azul está pasando inadvertido. “El problema es que esta luz blanca esconde un inmenso pico de radiación en la banda del color azul, cuyas consecuencia son aún peores”, concluye Sánchez de Miguel.

“Hoy volveremos a golpear con fuerza”, ha amenazado Donald Trump. “Ahora lo pagarán caro”, ha insistido el presidente de EEUU este miércoles, al día siguiente de haber atacado a Irán después de que Teherán derribara un helicóptero Apache con un dron este lunes pasado.

Y, horas después, EEUU lanzaba este miércoles una nueva oleada de ataques sobre Irán, poniendo en jaque el cada vez más frágil alto el fuego acordado el 8 de abril.

“Las fuerzas del Mando Central de EEUU comenzaron hoy [por este miércoles] a las 17.15 (hora del este de EEUU) a lanzar nuevos ataques en legítima defensa contra múltiples objetivos en Irán, bajo las órdenes del Comandante en Jefe [el presidente de EEUU]. Estas acciones responden a la agresión injustificada y continuada de Irán”, ha afirmado el Ejército de EEUU en las redes sociales.

El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, afirmó el miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU que “no se puede alcanzar ningún acuerdo sostenible mediante el terrorismo, la intimidación o el uso de la fuerza. Irán nunca ha negociado bajo amenazas ni presiones, y jamás se someterá a presiones ni cuestionamientos”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, por su parte, ha declarado este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el alto el fuego “se parece más a una reducción de la intensidad del conflicto”.

“El mundo necesita ver un alto el fuego completo, con la restauración de los derechos y libertades de navegación... y negociaciones serias sobre las cuestiones nucleares, garantizando que el programa nuclear de Irán sea exclusivamente pacífico”, ha dicho Guterres.

Trump: “Tenemos derecho a hacerlo”

“Teniendo en cuenta lo del helicóptero, supongo que tenemos derecho a hacerlo”, ha asegurado Trump al ser preguntado por una vuelta a los bombardeos, que han sido contenidos desde el inicio de la tregua, el pasado 8 de abril: “Derribaron una máquina increíble, realmente increíble. Al principio dijeron que no habían sido ellos, luego admitieron que sí, y teníamos su proyectil. Tuvieron mucha suerte de que esa bomba no explotara, quedó incrustada en el helicóptero y no explotó. Estaba en llamas, pero no explotó”.

Según el presidente de EEUU, los dos pilotos del helicóptero “tuvieron mucha suerte”.

Desde el inicio del alto el fuego, el pasado 8 de abril, EEUU e Irán llevan con un tira y afloja sobre un acuerdo de paz duradero que se alarga, al tiempo que el estrecho de Ormuz, por el que pasaba una cuarta parte del comercio mundial de petróleo, sigue cerrado a cal y canto, tanto por Irán como por EEUU.

“Llevo meses trabajando con Irán y deberían firmar el acuerdo”, ha insistido Trump: “Es un buen acuerdo. Les prohíbe totalmente tener armas nucleares; y estaba listo, a punto de cerrarse. No sé qué están haciendo; luego dispararon contra nuestro helicóptero, un helicóptero muy caro, por cierto, pero lo más importante es que los dos hombres están bien, afortunadamente”.

Además de las nuevas amenazas de Trump con más bombardeos sobre Irán en las próximas horas, el Ejército de EEUU ha vuelto a atacar a un petróleo con carga iraní que intentaba pasar por el estrecho de Ormuz.

Según el Ejército de EEUU, este martes, “a las 11:14 pm, las fuerzas estadounidenses inhabilitaron un petrolero en el golfo de Omán, por segundo día consecutivo, después de que otra embarcación violara el bloqueo vigente al intentar transportar petróleo desde Irán. El Mando Central de EEUU (CENTCOM) inhabilitó el M/T Settebello, de bandera de Palaos, mientras navegaba por el golfo de Omán. Una aeronave estadounidense disparó municiones de precisión contra la sala de máquinas del buque después de que la tripulación desobedeciera reiteradamente las instrucciones de las fuerzas estadounidenses”.

De acuerdo con la información del Pentágono, desde el inicio del bloqueo por parte de EEUU el 13 de abril, han atacado ocho embarcaciones “que incumplían las normas, han redirigido a 134 buques que sí las acataban y han permitido el paso de 42 embarcaciones dedicadas a la ayuda humanitaria”.

En este sentido, el presidente de EEUU ha asegurado este miércoles en otro post de Truth Social que había ordenado “una misión secreta para ayudar a los petroleros y otros buques comerciales en su tránsito por el estrecho de Ormuz”. Según Trump, “esta iniciativa ha permitido que más de 100 MILLONES de barriles de petróleo atraviesen el estrecho y lleguen al mercado. Más de 200 buques comerciales han navegado por el estrecho de manera segura”.

Además, el presidente de EEUU ha señalado: “Este éxito rotundo se debe a que EEUU controla el estrecho de Ormuz, y NO Irán. Sus fuerzas armadas están derrotadas y su economía está perdida”.

Lo que no dice Trump es que esos 200 barcos que han transitado en dos meses representan una parte de lo que pasaba cada día por Ormuz –entre 80 y 130 barcos diarios– antes de que comenzara con sus ataques sobre Irán el pasado 28 de febrero.

Teherán: “No dejaremos ningún ataque sin respuesta”

Irán tampoco se ha quedado corto en sus amenazas. “Preferimos el lenguaje de la diplomacia, pero también hablamos otros idiomas”, ha dicho el ministro de Exteriores, Seyed Abbas Aragchi, quien ha advertido que su país “no dejará ningún ataque ni amenaza sin respuesta”.

El intercambio de ataques, que se produce cuando la región se recupera de la escalada entre Israel e Irán del domingo, es uno de los más significativos desde el alto el fuego del 8 de abril. Ahora, se profundizan las preguntas sobre si la tregua se mantiene vigente y sobre los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra iniciada en febrero por Trump y Benjamin Netanyahu, que llevan semanas estancados en gran medida con escaramuzas periódicas en los que ambas partes se han lanzado ataques limitados, particularmente en Ormuz. En palabras del propio Trump: “Diría que en esa parte del mundo un alto el fuego se da cuando se dispara de forma más moderada”.

Este miércoles, tras la nueva ronda de ataques, Irán ha sembrado dudas sobre el futuro de las negociaciones con EEUU al asegurar que se dispone a reevaluarlas, alegando que no pueden avanzar mientras se produzcan repetidas violaciones del alto el fuego. “El proceso diplomático no se desarrolla en el vacío, y para avanzar en cualquier proceso diplomático se necesita un clima mínimo en el que trabajar”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, quien ha acusado a Washington de perjudicar la diplomacia con mensajes “contradictorios, cambios frecuentes de postura y exigencias, y violaciones constantes del alto el fuego”.  

Irán ha insistido en todo momento en que cualquier acuerdo con Estados Unidos debe incluir un alto el fuego entre Israel y Hizbulá, su aliado en Líbano, donde las autoridades han registrado casi 3.500 ataques del Ejército de Netanyahu desde el anuncio de una tregua el 16 de abril. “Esta guerra solo terminará cuando termine también en Líbano”, declaró el ministro de Exteriores iraní la semana pasada.

Ambas partes intentan condicionar el marco en el que se desarrolla la diplomacia y redefinir la ecuación de tal forma que les otorgue ventaja. La paradoja es que, aunque ninguna de las partes parece interesada en la reanudación de una guerra a gran escala, la necesidad percibida de remodelar el panorama diplomático mediante la fuerza militar puede conducir, en última instancia, precisamente a ese resultado

Hamidreza Azizi — Profesor visitante en el Instituto Alemán de Asuntos Internacionales

Los mediadores regionales han intentado rebajar las tensiones y mantener a las partes en la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo. Según adelantó Reuters, una delegación de Qatar ha aterrizado en Teherán este mismo miércoles y el ministro de Exteriores iraní ha hablado con sus homólogos de Turquía y Arabia Saudí.

“A falta de un acuerdo, pueden caer en otra escalada”

Muchos expertos creen que la situación es frágil y avisan del riesgo de una escalada, pero también opinan que ninguna de las partes puede permitirse otra guerra. Uno de ellos es Hamidreza Azizi, experto en política exterior y de seguridad iraní y profesor visitante en el Instituto Alemán de Asuntos Internacionales, que enmarca los últimos enfrentamientos en un patrón que se ha repetido durante el cese temporal de las hostilidades. 

“Ambas partes intentan condicionar el marco en el que se desarrolla la diplomacia y redefinir la ecuación de tal forma que les otorgue ventaja”, dice en X. “La paradoja es que, aunque ninguna de las partes parece interesada en la reanudación de una guerra a gran escala, la necesidad percibida de remodelar el panorama diplomático mediante la fuerza militar puede conducir, en última instancia, precisamente a ese resultado”.

En un artículo reciente titulado La trampa del alto el fuego, Azizi argumenta que la tregua no ha detenido la violencia, sino que la ha transformado sin resolver el conflicto: los ataques con drones y misiles coexisten con la “mediación activa” y las señales diplomáticas. Sin embargo, según su análisis, Teherán está empezando a interpretar que el paso del tiempo, sin avances en el terreno diplomático, mientras EEUU mantiene la presión militar y económica frente a la “moderación iraní”, puede erosionar la posición que cree que logró durante los combates. 

Concretamente, según Azizi, Irán está preocupado por la “normalización” de los ataques militares estadounidenses en territorio iraní durante el alto el fuego y siente la necesidad de romper este ciclo. También le inquieta que se esté reduciendo la importancia del estrecho de Ormuz, su principal mecanismo para forzar a Washington a negociar, a medida que el Ejército estadounidense escolta discretamente barcos comerciales por la zona. 

“A medida que aumenta la presión económica, Israel prosigue su campaña contra Hizbulá y Washington se esfuerza por reducir la importancia estratégica de Ormuz antes de que se alcance cualquier acuerdo, cada vez son más las voces dentro de la República Islámica que llegan a la conclusión de que la ventaja negociadora debe defenderse activamente antes de que pueda negociarse de forma provechosa”, señala el analista. El resultado, añade, es que tanto Irán como EEUU “siguen buscando un acuerdo diplomático, pero ambos se comportan cada vez más como si el alto el fuego se hubiera convertido en otro campo de competencia estratégica. Que esa competencia conduzca en última instancia a un acuerdo o a otra ronda de guerra puede depender menos de las negociaciones que de qué parte consiga moldear las realidades que les rodean”.

El think tank estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) también considera que Irán está intentando emplear “una fuerza calculada con el fin de obtener concesiones de Estados Unidos sin provocar una respuesta estadounidense a gran escala”, probablemente basándose en la premisa de que Washington no desea volver a la guerra.

Para Danny (Dennis) Citrinowicz, investigador sénior del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS), afiliado a la Universidad de Tel Aviv, cree posible que las últimas amenazas estén destinadas a aumentar la presión sobre Teherán y “extraer concesiones, pero hay pocas evidencias de que tal presión alteraría las posiciones fundamentales de Irán”, cuyas líneas rojas raramente cambiarán.

El experto señala en X que los últimos acontecimientos demuestran “una vez más que, a falta de un acuerdo, ambas partes pueden caer fácilmente en otra ronda de escalada”. Y cualquier marco diplomático, apunta, deberá atender las demandas económicas de Teherán.

A su juicio, Washington se enfrenta a una disyuntiva: buscar una solución diplomática con Irán o “prepararse para un ciclo de enfrentamientos recurrentes en el Golfo”, indica en X. “Si EEUU busca de verdad un acuerdo, tendrá que atender las demandas iraníes relativas al alivio de las sanciones. Independientemente de la presión que se ejerza, Teherán ha señalado sistemáticamente que no abandonará esta postura. Si Washington no está dispuesto a aceptar esa realidad, debería reconocer la alternativa probable: continuos enfrentamientos con Irán que podrían acabar escapando al control de cualquiera y conducir a un conflicto militar en condiciones menos favorables”, prosigue.

Citrinowicz cree que ni siquiera una “campaña militar limitada” destinada a debilitar a Irán alteraría “de manera fundamental la posición negociadora de Teherán”. “No ha ocurrido en el pasado, y hay pocos motivos para creer que vaya a ocurrir ahora. Irán sale del último intercambio de golpes convencido de que puede soportar la presión y responder a los ataques. La disuasión por sí sola no proporcionará una solución duradera”. Y concluye: el reto para EEUU “es decidir si quiere seguir atrapado en este ciclo o invertir en una vía diplomática que, aunque imperfecta, ofrece la oportunidad de romperlo. (...) Cualquier acuerdo duradero con Irán requerirá un compromiso económico por parte de EEUU”.

“La diplomacia sigue siendo la única vía viable”

Durante las conversaciones para el fin de la guerra, los diplomáticos han tratado de reabrir el estrecho de Ormuz, poner fin al bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y allanar el camino para las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán. Sin embargo, parece que ambas partes siguen estando muy distanciadas. 

Además del fin de los combates en Líbano, Teherán exige el levantamiento de las sanciones, la liberación de miles de millones de dólares en activos congelados y el reconocimiento de algún tipo de control iraní sobre el estrecho por donde antes de la guerra circulaba una quinta parte del crudo y el gas natural licuado del mundo. Trump se opone a las restricciones al tráfico marítimo a través de Ormuz y afirma que cualquier acuerdo de paz debe garantizar que Irán no pueda desarrollar un arma nuclear.

A pesar del clima de desconfianza, el exnegociador iraní Seyed Hossein Mousavian cree que la vía diplomática no está muerta. “La diplomacia sigue siendo la única vía viable para avanzar, ya que ni Irán, ni EEUU, ni, de hecho, la región en su conjunto pueden escapar a la realidad de la coexistencia. El principal reto consiste en romper un ciclo de décadas de crisis, sanciones, negociaciones, acuerdos, colapso y nuevos conflictos, que ni la fuerza militar ni la presión económica han logrado resolver”, explica en un artículo publicado en el Middle East Eye. 

No obstante, el experto sostiene que los acuerdos futuros colapsarán si EEUU no comprende que Irán, como resultado de las guerras de 2025 y 2026, ha transformado su concepción de la seguridad: entre otras cosas, ha expandido sus cálculos estratégicos para incluir como posibles objetivos las bases estadounidenses en el Golfo, Ormuz e intereses económicos globales; y se ha consolidado la creencia de que ningún pacto será sostenible “a menos que Irán posea los medios suficientes para disuadir futuros ataques”.

El PSOE de Pedro Sánchez vuelve a ser el partido con más respaldo entre los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Además, el Barómetro de mayo, hecho público este viernes, mantiene a los socialistas con una amplia ventaja sobre el PP de más de 11 puntos, aunque son dos menos de los que le daba hace un mes, en el estudio de abril.

Así, en el caso de que se celebraran ahora las elecciones generales, los socialistas lograrían el 36,2% de los votos, solo dos décimas menos que el mes pasado cuando lograron un 36,4%. La ventaja respecto a los populares es ahora, por tanto de 11,3 puntos.

El PP crece un punto y tres décimas y pasa del 23,6% de abril al 24,9% actual y Vox es el partido que más crece, en casi dos puntos, y pasa del 14,7% de abril al 16,2% de mayo, con lo que se queda a casi ocho puntos de los populares. Sumar baja una décima, hasta el 5,7% y Podemos crece tres, hasta el 2,5%.

El estudio se elaboró entre los días 4 y 18 de mayo y, por tanto, antes de que estallaran los escándalos vinculados al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (cuya imputación se conoció el día 19) y a la exmilitante socialista Leire Díez, conocido esta semana. Además se realizó durante la campaña andaluza que culminó el día 17 con la victoria de Juan Manuel Moreno que, no obstante, perdió la mayoría absoluta y tendrá que pactar con la extrema derecha para mantenerse en la Junta.

De nuevo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el líder político mejor valorado con una puntuación media de 4,59 puntos sobre 5. Le siguen Yolanda Díaz, con un 4,25; Alberto Núñez Feijóo, con un 3,74, y Santiago Abascal, con un 2,93.

Sánchez es, además, el favorito como presidente del Gobierno para el 42,8% de los encuestados que dan su opinión, lo que supone una ventaja de 22,7 puntos de ventaja sobre Alberto Núñez Feijóo, que es el preferido por el 20,1%. Santiago Abascal lo es para el 13,5% y Gabriel Rufián, para el 6,4%.

En cuanto a la confianza que inspira el presidente del Gobierno, el 35,8% de los españoles asegura que le inspira “mucha o bastante”, mientras que un 63% dice que “poca o ninguna”. Al preguntar por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el 18,7% afirma que le inspira “mucha o bastante confianza”, mientras que el 80,3% asegura que “poca o ninguna”.

La “prioridad nacional” de PP y Vox

En el barómetro de mayo, el instituto que dirige José Félix Tezanos pregunta por la “prioridad nacional” que pretenden imponer PP y Vox en sus respectivos gobiernos para discriminar el acceso a los servicios públicos a los ciudadanos de origen extranjero. El 35,5% de los españoles dice estar “muy o bastante de acuerdo” con ese concepto xenófobo, mientras que un 41,5% se muestra “poco o nada de acuerdo”.

El 35% cree que el principio de ‘prioridad nacional’ es compatible con la Constitución Española, un 31,7% considera que no lo es, y un 20,4% no ha oído hablar de los pactos de gobierno en Extremadura y Aragón en los que se acuerda el acceso a las ayudas y servicios públicos conforme a dicho principio.

En barrios como el Eixample, el Born o la Barceloneta, donde el turismo ha conquistado las calles de Barcelona, las plantas bajas de los edificios se han convertido en una concatenación de comercios dedicados al visitante: en los últimos años han proliferado cafeterías y bares con los menús en inglés, consignas de equipajes, lavanderías o, los que más preocupan a la administración: las tiendas de souvenirs y los supermercados 24h.

El Ayuntamiento lleva años intentando regular estos negocios mediante normativas urbanas y planes de uso para evitar una situación que califican de “insostenible”. En algunas manzanas se pueden llegar a concentrar hasta cuatro de estas tiendas. En Barcelona hay unos 1.300 comercios que, por ley, pueden operar las 24 horas del día y los 365 días del año. Esa cifra supone el 16% del total de tiendas de venta de alimentos en la ciudad.

El consistorio considera que estos negocios han “saturado” diversos barrios y, por eso, ha anunciado que prohíbe abrir nuevos comercios de este tipo durante un año. Ahora bien, poner coto a estos supermercados no es tan fácil como podría parecer porque para abrir las 24h no hace falta pedir una licencia específica, sino simplemente tener un local con menos de 300 m² y comunicarlo debidamente al consistorio.

Hasta 2022, la Generalitat sólo permitía operar ininterrumpidamente a los conocidos técnicamente como ‘autoservicios’ (locales de menos de 150 m²), pero el Tribunal Constitucional dictó que Catalunya se debía equiparar a la normativa española, que amplía el límite hasta los ‘superservicios’ (locales de hasta 300 m²).

Esto significa que cualquier tienda dedicada a la venta de alimentos que cumpla con este tope de superficie y que sea regentada por una pequeña empresa puede abrir las 24h. Aunque no significa que lo haga. De hecho, todas las pescaderías, carnicerías, verdulerías, colmados y tiendas de barrio en general cumplen esas medidas (cualquier local que sea mayor es considerado ya ‘supermercado’) y, por tanto podrían abrir las horas que quisieran siempre que cumplieran con la legislación laboral. El siguiente mapa muestra una estimación de los locales comerciales que pueden abrir 24h en la ciudad según el último censo disponible de 2024 del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Barcelona. Los datos reflejan los establecimientos dedicados al comercio al por menor, servicio de alimentación y autoservicio, en él no figuran supermercados de grandes superficies.

Pero, según muestran los datos, a los únicos negocios a los que les resulta rentable aprovechar esta ventaja horaria son aquellos dedicados al turismo o al ocio nocturno y que, por tanto, no cuentan con producto fresco ni de una calidad destacable.

Con todo, la moratoria aprobada también afectará a las licencias para la apertura de nuevos comercios locales, aunque no tengan pensado tener un horario ininterrumpido porque, por el momento, la normativa no permite acotar más.

Desde el consistorio apuntan a que esta es una medida temporal, necesaria para “frenar la proliferación de los súpers 24h de los últimos años”. Durante el año en el que esté en vigencia la moratoria, la administración se ha emplazado a elaborar una regulación específica más acotada y que sea efectiva para “proteger el comercio de proximidad, preservar la diversidad comercial y evitar el monocultivo”.

La “proliferación” de los supermercados 24h

Aunque cualquier local pequeño pueda abrir las 24 horas del día, este horario se reserva casi en exclusiva a estos pequeños supermercados que se encuentran principalmente en zonas turísticas o de alta afluencia de locales de ocio nocturno. Según datos a los que ha tenido acceso elDiario.es, sólo tres de los 10 distritos de Barcelona concentran la mitad de estos comercios: el Eixample, Ciutat Vella y Sant Martí.

Estas zonas son también las que concentran más inspecciones por parte del Ayuntamiento, que lleva años poniendo el foco en estos locales. Desde 2023 se han llevado a cabo 14 campañas, en las que se han revisado 230 locales. En total, se han detectado más de 3.500 infracciones.

Casi la mitad de las faltas detectadas tienen que ver con la actividad realizada. En este cajón en el que se engloban muchas infracciones está, por ejemplo, saltarse la normativa que prohíbe vender alcohol a menores o entre las 22h y las 7h. Otras de las más recurrentes están relacionadas con la alteración del paisaje urbano con la instalación de cartelería no autorizada, el no cumplimiento de la normativa antiincendios o la vulneración de los derechos laborales.

En total, las inspecciones se han zanjado con el precinto provisional de 87 locales, 513 órdenes de restitución, 253 sanciones y 85 multas coercitivas por valor de 440.180 euros.

Una moratoria que suma

La regulación impulsada por el Ayuntamiento se suma a normativas particulares aplicadas en los distritos más “problemáticos” de Barcelona: Ciutat Vella y Sant Martí, en los que desde 2024 y 2025 respectivamente ya estaba prohibida la apertura de nuevos locales de este tipo. “Los datos recogidos nos demuestran que este modelo funciona y se debe extender al resto de Barcelona para evitar que se concentren en otras zonas”, ha apuntado la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet.

Esta decisión es consecuencia de un debate que viene de largo y que se ha dado entre varios actores. De hecho, la regulación de estos supermercados 24h ya fue una exigencia de los Comuns durante la negociación de las ordenanzas fiscales de este ejercicio. En ERC también se atribuyen parte de esta decisión municipal, pero advierten al consistorio que “un año no soluciona nada”.

Este mapa muestra el detalle del voto en las más de 5.000 secciones censales, la división territorial más pequeña que existe, que conforman Andalucía en la actualidad. Ha sido elaborado con los resultados de las elecciones autonómicas a nivel de mesa electoral. Puedes localizar tu calle o municipio a través del buscador 🔍

Los botones del mapa permiten visualizar calle a calle cuál ha sido el partido más votado según los porcentajes correspondientes a los votos válidos y hacia dónde ha girado el voto con respecto a las anteriores elecciones autonómicas, las de 2022.

Además, puedes consultar en qué barrios el partido ganador ha cambiado, las calles donde menos gente ha acudido a las urnas (el porcentaje de abstención) y el porcentaje de voto por zona a cada partido: PP, PSOE, Vox, Adelante Andalucía, Por Andalucía y SALF, entre otros.

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Consulta en directo los mapas de elDiario.es para conocer los resultados de cada partido en las elecciones de Andalucía de este 17 de mayo. Entre las candidaturas que se presentan a estos comicios están PP, PSOE, Vox, Adelante Andalucía, Por Andalucía y el partido de Alvise Pérez (Se Acabó la Fiesta - SALF), entre otros.

Para poder formar gobierno, los partidos deben alcanzar al menos 55 diputados en el Parlamento de Andalucía. En los gráficos puedes consultar los porcentajes de voto que recibe cada partido, municipio a municipio, así como cómo han cambiado los votos obtenidos en cada localidad respecto a las elecciones de 2022.

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Analizamos en directo los resultados electorales de las autonómicas de 2026 en Andalucía según el perfil de la población de todos los municipios. ¿A dónde va el voto de las zonas más ricas? ¿Afecta el nivel de estudios? ¿Y la edad? ¿O la brecha entre ciudades y zonas rurales?

Aquí podrás consultar de qué grupos demográficos obtienen su apoyo los principales partidos (PP, PSOE, Vox, Adelante Andalucía, Por Andalucía, SALF).

Todos los datos provienen del cruce de los votos de 785 municipios andaluces, 11 distritos de Málaga y 11 de Sevilla agrupados según distintos indicadores de renta, estudios, edad o tamaño de municipio.

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Minuto a minuto de la batalla por el último escaño en cada provincia. elDiario.es sigue en directo cuál es el partido que tiene el último diputado que reparte cada provincia y cuál es el siguiente partido que puede arrebatarle ese escaño.

Consulta en la siguiente tabla quién podría quitar a qué partido el último escaño que reparte cada circunscripción, clave en estas elecciones para sumar alianzas de cara a la investidura. En nuestra calculadora de pactos puedes comprobar qué partidos suman mayoría.

La batalla por el último escaño en Andalucía 2026

Número de votos que necesita un partido para robar un escaño a la última candidatura que lo consiguió en cada provincia de las elecciones autonómicas de Andalucía

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En el siguiente gráfico puedes ver el reparto de escaños por partido en cada provincia. Filtra por partido y descubre cuántos escaños está a punto de ganar o perder cada candidatura.

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Distribución de los escaños conseguidos por cada partido y el escaño en disputa

Circunscripción

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Papeleta que vota por un partido o lista electoral que sirve para repartir los escaños a nivel nacional. El % de voto es similar al % de escaños.

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Distribución del % de votos entre bloques a izquierda y derecha en los municipios más poblados

Cómo ha cambiado el voto en Andalucía desde 1982

Evolución del porcentaje de voto, votos totales y escaños en todas las elecciones autonómicas celebradas en Andalucía

El voto urbano y rural por bloques

Porcentaje de voto a cada bloque de izquierda o derecha en los municipios de la comunidad autónma agrupados y distritos de Málaga y Sevilla según la población de la localidad

La distribución del voto en cada bloque

Cada círculo representa un municipio de Andalucía según su voto a izquierda, derecha y resto de partidos. El tamaño se ajusta a la población y el color, al bloque ganador

Participación vs. voto a cada bloque

Cada flecha representa un municipio con más de 5.000 habitantes. En azul →, los lugares donde subió el voto a la derecha en 2026, y ← en rojo, donde subió el voto a la izquierda. Si la línea se dirige hacia abajo ↓, cayó la participación, si se dirige hacia arriba, subió la participación ↑

Todos

↑ Sube part.

↓ Baja part.

← Gira izq.

→ Gira der.

Los resultados en cada provincia

Resultado de las elecciones autónomicas de Andalucía de 2026 en cada provincia

Fuente: Junta de Andalucía

Consulta en directo en elDiario.es los resultados de las elecciones del 17M en Andalucía agrupados por bloques de izquierda y derecha. ¿En qué municipios consiguen más votos las candidaturas de la izquierda (PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía) y las formaciones de la derecha (PP, Vox y Se Acabó la Fiesta). Además, puedes consultar por cuántos votos gana cada bloque y hacia dónde gira el voto con respecto a las elecciones de 2022.

Estos bloques, que permiten conocer la tendencia ideológica, no representan los posibles pactos que posteriormente los partidos puedan hacer a la hora de formar gobierno y conseguir los 55 diputados que necesitarían. El Parlamento de Andalucía está integrado por 109 diputados, elegidos a través de ocho circunscripciones electorales que se corresponden con sus ocho provincias. Según el Estatuto de Autonomía y la normativa electoral autonómica, cada provincia cuenta con un mínimo de ocho diputados, mientras que los restantes se distribuyen en función de la población. En esta distribución, a la provincia de Sevilla le corresponden 18 diputados; a Málaga, 17; a Cádiz, 15; a Granada, 13; a Almería y Córdoba, 12 cada una; mientras que Huelva y Jaén cuentan con 11 cada una.

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