Óscar Puente dio su primera rueda de prensa el miércoles, el mismo día en que se produjo el accidente de Toledo. Fue un error. Es muy difícil saber lo que ha pasado en cuestión de horas en un hecho en el que confluyen aspectos técnicos complejos y decisiones de los implicados. Con la presión de saber que el número de víctimas es inmenso. Dijo que “un accidente por alcance en la red española es verdaderamente inverosímil”. En términos estrictos –tan improbable que parece difícil de creer–, era una definición correcta, pero estaba fuera de lugar. Era perfectamente verosímil porque había ocurrido. Se refirió a un hecho que sigue siendo cierto a día de hoy. El centro de control de Atocha había dado vía libre al conductor del AVE para que prosiguiera la marcha a velocidad normal después de la caída del sistema informático de seguridad LZB. Un error de consecuencias catastróficas. 

El viernes, el ministro de Transportes realizó una segunda rueda de prensa más extensa en la que respondió a infinidad de preguntas durante una hora y 18 minutos, después de media hora de la intervención inicial. Por muchas explicaciones que dio, no pudo responder a la pregunta sobre cómo fue posible que nadie se diera cuenta en el centro de control sobre lo que podía pasar en los 17 minutos desde que el AVE reinició la marcha hasta el momento del choque con el tren de Iryo que no podía moverse: “¿Cómo ha podido pasar? Ojalá tuviera una respuesta”, dijo sobre las órdenes que partieron del centro de control.

Esa es una respuesta que se ha dado con frecuencia en muchos accidentes de tren y avión pocos días después de que se produjeran. Lo que también es obvio es que la responsabilidad política por el accidente en el que murieron 69 personas recae en Puente como máximo responsable político de la red ferroviaria. Pedro Sánchez había dicho que no es “asumible” dos accidentes de tren tan graves en menos de un año, aunque sean por causas diferentes. Puente dijo que estaba de acuerdo. ¿En qué situación le deja?

El ministro ofreció su dimisión a Pedro Sánchez, que no la aceptó. “Si yo creyera que mi continuidad perjudica al proyecto en el que creo, no tenga ninguna duda de que habría dado un paso a un lado”, dijo en la rueda de prensa. 

Puente comparecerá el martes en la Diputación Permanente del Congreso. Allí estará muy solo. Su único apoyo será el del PSOE. En nombre del Frente Amplio, Ada Colau pidió su dimisión. Toni Valero, líder de IU en Andalucía, dijo que la apuesta por la alta velocidad “se ha hecho sin las inversiones necesarias para garantizar seguridad”.

Lo cierto es que al PSOE le vendría muy bien la dimisión de Puente a pesar de que es uno de sus principales dirigentes. Sería una forma de afrontar el pago del coste político por la tragedia, no de que los votantes olviden el accidente cuando tengan que ir a las urnas el 29 de noviembre, porque eso es imposible. Aunque sea difícil desmentir lo que dijo Puente en la rueda de prensa sobre los hechos del 28 de octubre, es innegable que todo ocurrió bajo su mando. Todos los sistemas de seguridad de los trenes en los planos técnicos y de personal fueron decididos o conservados por él y por su equipo. Incluso si todo pudiera haber ocurrido con otro ministro, y eso es algo perfectamente posible, el que estaba al frente era él. 

Después del accidente de Adamuz, Puente descartó en enero otro siniestro de esas dimensiones: “La probabilidad de que se produzca otro accidente de estas características es muy baja. Bajísima. Así que un mensaje de tranquilidad”. Este accidente tiene un origen distinto, pero su mensaje ha quedado arruinado por la realidad.

Ante las acusaciones de falta de medios en el sistema de seguridad ferroviario, Puente dijo que 16 personas trabajan en el centro de control de Atocha. No era una sola persona superada por los acontecimientos. Sobre la plantilla de controladores, explicó que han pasado de 1.008 personas a 1.762 desde 2016. Es un dato que hay que contrastar con el vertiginoso aumento de trenes y pasajeros en la alta velocidad en los últimos veinte años.

La carga de trabajo ha aumentado de forma considerable. España ha invertido más en ampliar la red de AVE que en mantenimiento. Todas las regiones quieren el AVE, como si esa fuera la única manera de contar con comunicaciones ferroviarias apropiadas. Eso ha llevado a que España sea el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad, por detrás de China. Es algo de lo que siempre han presumido los gobiernos desde el cambio de siglo.

Hubo 44,5 millones de pasajeros de AVE en 2025, el doble que en 2019. Otro récord en Europa, aunque la inversión en mantenimiento por kilómetro está muy por debajo de la media europea. Puente sostuvo que la inversión en ese punto se ha duplicado desde 2011.

La plantilla de Adif no ha crecido al mismo ritmo. Los trabajadores y los sindicatos advierten de que llevan tiempo denunciando la falta de personal, la elevada carga de trabajo y la falta de experiencia de los trabajadores que llegan a los puestos de mando.

Por mucho que no les guste a los sindicatos del sector y aunque muchas de sus críticas por falta de medios sean reales, la caída del sistema LZB obligaba a intervenir al personal del centro de control de Adif y es ahí donde pueden estar las causas del accidente. Es el factor humano del que Puente habló en la rueda de prensa.

“Un tren sin LZB no puede ir a 300 kilómetros por hora”, dijo. “Cuando los sistemas (automáticos) no funcionan, es el ser humano el que pasa a controlar”. El que avisa a los maquinistas si pueden proseguir la marcha a velocidad normal o si deben reducirla a 40 kilómetros por hora, lo que les daría tiempo a frenar si encuentran un obstáculo o si hay otro tren en el mismo cantón. Recibieron el mensaje de la conductora del Iryo de que estaba parada y que no podía poner en funcionamiento la máquina y no ordenaron al AVE que se detuviera de inmediato. 

Todo empezó con un problema técnico –la caída del sistema LZB que es algo contemplado en los protocolos de seguridad– que pasó a agravarse con un error humano que terminó provocando una catástrofe, porque nadie en el centro de control se dio cuenta de lo que estaba pasando en esos 17 minutos. 

En otra rueda de prensa del mismo día, Alberto Núñez Feijóo quiso denunciar que el Gobierno intenta utilizar un “cortafuegos” al apuntar que hubo un error humano (expresión que Puente afirma que nunca ha utilizado). “La solución no es señalar a una sola persona cuando hay fallos en cadena. Eso es cobarde e inmoral”. La expresión 'fallos en cadena' es correcta, pero fue una persona la que comunicó al maquinista del AVE que podía seguir. Y si le hubiera marcado una velocidad máxima de 40 km/h, el accidente no se habría producido. 

A un mes de las elecciones, Feijóo no tiene ninguna obligación de mostrarse comprensivo. Más bien lo contrario. Aprovechó el accidente para definir una realidad en la que nada funciona y todo es un desastre. Lo ha hecho en numerosas ocasiones en esta legislatura. “Lo ocurrido esta semana no puede entenderse como un hecho aislado”, dijo. Calificó de “obsoleto” el sistema LZB, aunque se sigue utilizando en varios tramos ferroviarios de Alemania y Austria (es de fabricación alemana). Se quejó de que no se haya instalado aún un sistema más avanzado, el ERTMS, que, por otro lado, también se puede caer por causas externas, como posiblemente le ocurrió al LZB.

Puente dijo que la transición al nuevo sistema parte de un reglamento de la UE que da tiempo a hacerlo hasta el año 2040. En España ya se ha instalado en una parte de la red ferroviaria. 

A Feijóo le preguntaron por el accidente de Angrois en 2013. Por entonces, como presidente de la Xunta, no tuvo ningún problema en señalar a un trabajador, el conductor del Alvia que se estrelló al entrar en una curva a mayor velocidad de la permitida. No fue solo él. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, informó a los periodistas de que el maquinista había sido detenido “con la imputación del presunto delito de homicidio por imprudencia”. El ABC puso su foto en la portada. 

El líder del PP respondió que “la sentencia fue muy concluyente”. Condenó al maquinista y absolvió a un directivo de Adif. “Mi tesis fue respaldada judicialmente”. Es curioso que utilizara la palabra 'tesis'. Él no concede a Puente el derecho a tener su propia tesis o hipótesis a la espera de que concluya la investigación o de que haya una sentencia, que seguro que tarda varios años. 

El PP exige dimisiones y no le es suficiente con la de Puente. “Las responsabilidades políticas no se pueden asumir una vez finalizada una investigación”, ha dicho Feijóo. Nadie dimitió en el PP a los dos días de que se produjeran otras tragedias. El Yak-42. El Metro de Valencia. La dana de Valencia, en la que Feijóo aguantó a Mazón un año en el cargo hasta que vio que era insostenible. 

Más allá de lo que diga el PP, la situación no puede ser peor para el PSOE. En dos semanas, comienza la campaña electoral y nadie está muy seguro de en qué condiciones puede hacerse. Una campaña es también un estado de ánimo en el que cada partido intenta comunicarse con sus votantes potenciales utilizando la razón y los sentimientos. Ya podemos decir que se han acabado los bailes y la alegría con las que el PSOE pretendía contagiar de ilusión a sus partidarios y conjurar la idea de una victoria inevitable de la derecha en la línea que marcan las encuestas. 

Pedro Sánchez saca una pistola en una habitación sombría mientras duda en utilizarla. Finalmente, se rinde, baja el arma y abre los brazos. Frente a él, José Luis Ábalos enseña los dientes con ganas de tirarse al cuello, porque es un zombi. Se abalanza sobre Sánchez, pero la imagen salta a un trigal donde ambos se abrazan y se hacen arrumacos. De The Walking Dead a Memorias de África o algo así. Es un vídeo del PP de Madrid hecho con inteligencia artificial (IA). La premisa es tan delirante que no engaña a nadie (incluso el PP sabe que Ábalos no es un zombi). No es el caso de otros vídeos de propaganda. Adulterar la realidad es un recurso más para el Partido Popular, que ha decidido que utilizar la tecnología para mentir es totalmente legítimo. 

A estas alturas, ya no puede sorprendernos que Alberto Núñez Feijóo crea que no hay problema en mentir sobre las pensiones o el salario mínimo. El PP ha decidido que, como Pedro Sánchez es el mal absoluto, el fin justifica los medios para ganarle en unas elecciones. Todo eso que en la vida real es un delito para los ciudadanos, según el Código Penal o los reglamentos de la UE, es ahora un día más en la oficina del PP en la sede de la calle Génova.

No estoy hablando aquí de la crispación o del ambiente navajero de la política española en la última legislatura. Se trata de un paso más allá. Utilizar las posibilidades casi infinitas que ofrece la tecnología con la intención, no ya de criticar, sino de difamar al adversario. No describiéndolo como un zombi (eso es gracioso y salvaje), sino dando por hecho que ha cometido un delito sin que un tribunal haya dictado ese veredicto. 

¿Tienen los votantes el derecho a saber que lo que están viendo es real? Si se tratara de una foto o vídeo publicado por un medio de comunicación, nadie tendría la más mínima duda. Una imagen falsa vendida como verdadera sería un escándalo y casi nadie lo defendería. Algunos políticos han decidido que ciertas nociones sobre la ley y la honestidad no cuentan para ellos. 

La visita de Milei a España hizo que el PSOE intentara aprovecharla en su favor. Sánchez grabó un vídeo para confirmar que es “zurdo” (de izquierdas). El PP respondió con un vídeo hecho con IA en el que aparecen Begoña Gómez, Ábalos, Cerdán y otros socialistas. Sale también Leire Díez diciendo: “Si contratar a unos matones para quitar de en medio a una jueza es ser zurda, pues sí, soy zurda”. Escribí sobre el asunto de la jueza Biedma de Badajoz hace dos semanas. A día de hoy, no hay ninguna prueba de que Díez contratara a nadie para que realizara un hecho violento. Solo existe una declaración de una presunta delincuente de Badajoz que dijo que un exjuez enfrentado a todos los jueces de la ciudad le hizo tal encargo, lo que él niega. 

Díez ha presentado una querella contra el PP en la Audiencia Nacional en el juzgado que investiga ese caso por los delitos de calumnias con publicidad, contra la integridad moral y suplantación de identidad digital. No es fácil que prospere, según juristas citados en varios medios, por la protección de la libertad de expresión y el derecho a la sátira que lleva a la exageración inevitablemente. Es como decir que los partidos tienen licencia para hacer lo que los ciudadanos tienen prohibido, sobre todo la parte de imputar un delito. Algunos jueces han impuesto una especie de barra libre por la que acusar a un político de ser un delincuente es aceptable. Le ocurrió a Pablo Iglesias cuando un militar retirado le acusó de ser cómplice del narcotráfico latinoamericano y un juez rechazó su querella.

Aunque no sé si un juez podría entenderlo, no es lo mismo hacer una declaración verbal o por escrito, cuya credibilidad depende de la que tenga la persona que la haga, o dibujar una imagen satírica con ofrecer una imagen que es falsa, pero que parece real. Es un escenario completamente nuevo que la tecnología ha hecho posible. Y no, no es lo mismo que el Photoshop de toda la vida. Como vemos todos los días en redes sociales, los vídeos –las imágenes en movimiento, no una simple foto– cuentan con una presunción de veracidad muy potente. En otras palabras, la gente se las cree, en especial si confirman una opinión preconcebida que tienen esas personas. 

Borja Sémper dijo que no tenía ningún problema con estos vídeos, porque no tienen una “finalidad espuria”. Bueno, espuria quiere decir falsa, ficticia o fraudulenta. Igual no conoce el significado de la palabra. Feijóo afirmó que solo preguntó en su partido si se había señalado en el vídeo que estaba hecho con inteligencia artificial. Sí aparece, pero con un cuerpo de letra muy pequeño en la parte inferior de la imagen, que no se lee bien cuando aparece sobreimpreso sobre la ropa de las personas que hablan. El intento de camuflar el uso de la IA es evidente. 

La Constitución y una ley orgánica de 1982 establecen que el derecho a la imagen es irrenunciable, inalienable e imprescriptible. Como todos los derechos, no es absoluto y, para ponderarlo, intervienen varios factores. Incluso emplear imágenes tomadas en un espacio público tiene sus limitaciones. Muchos medios lo han descubierto al utilizar fotos de personas en la calle para ilustrar una información que la persona fotografiada podía considerar negativa para su imagen.

Es especialmente grave si se crea un contenido sexual con IA sobre lo que ya ha habido varios casos en España. Decimos a los jóvenes que no se les ocurra suplantar la identidad de un compañero de clase para hacer un montaje con IA, porque puede ser delito, y resulta que partidos políticos que quieren gobernar no tienen ningún problema en hacerlo con el fin de desacreditar a sus enemigos políticos. 

Dar a los partidos vía libre para inventar una realidad alternativa con sus vídeos electorales no carece de riesgos. Podemos terminar como en Estados Unidos. Allí ha terminado siendo una tendencia generalizada. Un grupo de investigación de la Universidad Wesleyan en EEUU ha identificado 220 vídeos de anuncios de propaganda electoral realizados con IA. El 80% de ellos es obra de candidatos republicanos en las elecciones legislativas de noviembre. Los implicados se han gastado 137 millones en esos productos este año. Está claro que no consumirían tanto dinero si el objetivo fuera simplemente satírico. 

Casi la mitad de los anuncios incluye en sus imágenes a políticos reales, casi siempre sus rivales de otros partidos. Un 70% no cuenta con ningún aviso de haber sido realizados con inteligencia artificial. Algunos se inventan situaciones en las que aparecen juntos el adversario con algún político odiado por las bases republicanas, por ejemplo, Hillary Clinton y Alexandria Ocasio-Cortez. 

Se trata de crear una imagen que sea difamatoria con el rival, aunque exista la duda de si alguien puede creerse el resultado. El demócrata Abdul El-Sayed, candidato al Senado en Michigan, aparece riéndose junto a unas tarjetas que dicen “Muerte a América” o “Celebra el 11S”. 

“El problema no es la IA”, dice Bruce Schneier, experto en ciberseguridad, a The New York Times. “El problema es el engaño. Y resulta que el engaño es una estrategia bastante buena”. La política norteamericana cuenta con una larga tradición de manipulación y demagogia en las campañas electorales que se remonta un siglo atrás. La publicidad negativa en los anuncios televisivos siempre ha existido. Ahora es mucho más barata y de un impacto mucho mayor que antes gracias a la IA. 

Los analistas citados en los medios de EEUU llevan tiempo diciendo que esos anuncios negativos con los que machacar la reputación del rival no son tan efectivos como antes. Lo cierto es que si fuera así, los candidatos no se gastarían tanto dinero en emitirlos. Es el comienzo de una nueva era en la comunicación política donde el juego sucio y la tecnología se aliarán con resultados muy peligrosos.

Espectáculo dantesco. Vodevil. Culebrón. Son las palabras con las que Gabriel Rufián ha descrito todo el fracasado proceso de negociación de candidaturas de la izquierda de esta semana. Viniendo de alguien que decía que esa unión era esencial para frenar a la derecha y que contribuyó a prender fuego a ese proceso con el anuncio de su acuerdo bilateral con Irene Montero, todo resulta un tanto ridículo. Luego pidió disculpas por la parte que le toca, pero él era muy consciente de las consecuencias que tendría ese pacto. 

Por definirlo en pocas palabras, Rufián hizo lo que Rufián había dicho meses antes en el Congreso que no había que hacer. Preocuparse por los votos que puede sacar tu partido a costa de poner más difícil un acuerdo ya de por sí muy complicado. ¿De qué serviría arañar unos cuantos escaños más si luego debes enfrentarte a una mayoría de la derecha y la extrema derecha en el Parlamento?, decía. Insistió en ello en varias ocasiones. “Nos van a fusilar políticamente por separado”, dijo en el acto que compartió con Emilio Delgado, de Más Madrid.

No sé si nos van a fusilar, pero Rufián es de los pocos que ha salido de todo ese “vodevil” con los objetivos cumplidos: reforzar su control del futuro grupo parlamentario de Esquerra, acaparar titulares y comprometerse a intervenir en mítines de Montero en Madrid. Los partidos agrupados en la antigua coalición de Sumar reaccionaron perplejos, porque sabían que Podemos había obtenido lo que quería. Asegurar el escaño para su líder y ofrecerse como la única alternativa de izquierdas en toda España. Lo dijo Ione Belarra: “Las personas que mejor pueden hacer equipo son Gabriel Rufián e Irene Montero”. Los demás eran prescindibles.

En la entrevista en TVE, Silvia Intxaurrondo preguntó directamente a Montero si estaban dispuestos a integrarse en la coalición del Frente Amplio. No se puede negar que la respuesta fue clara: “No”. Intxaurrondo se quedó un poco ojiplática e insistió. Montero lo repitió: “No”. A partir de ahí, había pocas dudas sobre lo que iba a pasar.

Podemos está convencida de que Montero es la candidata perfecta para iniciar su resurrección. Seguro que hace una buena campaña con su estilo enérgico y apasionado, pero no tiene garantizado el éxito ni mucho menos. Ella ya encabezó la campaña de Podemos en las europeas de 2024 y sacó un 3,3% con 225.000 votos menos que el partido de Alvise Pérez.

Desde esa entrevista televisiva, comenzó una loca carrera que ya hemos visto antes. En 2023, también hubo maniobras de última hora para obtener un pacto de mínimos. Salió bien. Permitió que Sumar llegara al 12% de votos, que fueron decisivos para impedir que el PP y Vox alcanzaran la mayoría absoluta. La concordia de Sumar y Podemos solo duró unos meses. Ahora las expectativas son mucho peores y quizá varios actores políticos han reaccionado pensando más en cómo quedarán ellos después de las elecciones que en cualquier posibilidad de optar a la victoria. Todo tiene un aire deprimente a pacto de perdedores. 

Irene de Miguel, líder de Unidas por Extremadura, aportó el viernes la cordura que muchos líderes necesitan: “No sé qué pasará hoy pero lo que es evidente es que existe una brecha cada vez mayor entre lo que sucede en Madrid y la política que hacemos en las periferias. Muy harta (de) quienes solo piensan en ganar el relato pero olvidan que hay que ganar un país”.

No es una casualidad que su candidatura al frente de la coalición Podemos-IU aumentara sus votos en las últimas elecciones autonómicas. De Miguel siempre ha creído que, entre sus funciones como dirigente de Podemos, estaba proteger la unidad de los partidos de izquierda que comparten mensaje. Los resultados de Sumar o Podemos han sido tenebrosos en las demás contiendas autonómicas.

Javier Sánchez Serna, diputado de Podemos en esta legislatura, avisó el viernes a todos los implicados de las consecuencias de un divorcio. “Si no hay unidad, si con nuestra división contribuimos a la llegada de un gobierno de PP-Vox, quedaremos desacreditados para muchos años”. Veremos si se cumple su pronóstico. 

El pacto con Rufián dejaba a Podemos sin muchos incentivos para buscar el acuerdo con el Frente Amplio. Se basaban además en una premisa ofrecida por Pablo Iglesias en TVE unos días antes del acuerdo de Podemos-ERC que finalmente no se cumplió: “Izquierda Unida va a llamar a la puerta de Podemos”. IU siguió apostando por la fórmula del Frente Amplio y la candidatura de Ada Colau. 

El viernes fue el último día con las habituales ofertas de última hora condenadas al fracaso. Dos horas antes del final del plazo para presentar coaliciones, el Frente Amplio ofreció a Podemos la integración en las listas de toda España con la inclusión de Irene Montero como número dos en la candidatura de Madrid. Era una concesión relevante en la medida de que Más Madrid había intentado controlar la lista por esa circunscripción y seguro que no estaba pensando en colocar a Montero en un puesto de salida.

Existía el inconveniente de que esa propuesta incluía Catalunya, lo que podía colisionar con el pacto de Podemos con ERC al que el partido de Montero no iba a renunciar. Era ya el momento en que todos buscaban eso que había denunciado De Miguel: ganar el relato, alegar que se había hecho todo lo posible para obtener el acuerdo y sostener que la culpa es de los otros.

Cómo iba a haber acuerdo si Belarra había dicho que “el cambio de nombre Sumar-Frente Amplio es un juego de trileros para no hablar de lo que hay que hablar, y es que esta legislatura ha sido un desastre en términos de avances progresistas”. El partido aceptó lo que le pedían sus direcciones regionales para sus territorios. Los que viven lejos de la M30 sabían que el pacto de toda la izquierda era necesario, porque todos vienen a defender ideas muy similares. Pero IU planteaba como exigencia un acuerdo nacional. Solo lo hubo en la Comunidad Valenciana y en Canarias, y en la primera estuvo a punto de venirse abajo. 

Ese mismo día, se supo que Rufián ha escrito un libro que se publicará dentro de unos días. Es la coda irónica a lo que acaba de ocurrir. Se titula 'Cómo ganar a los fachas (leer antes de votar)'. Seguro que no se consigue con el espectáculo ofrecido esta semana. 

El PP va a petar con las pensiones

Esta semana, hemos visto en redes un titular de ABC de 1983. “El futuro de los jubilados está en peligro”. Citaba un informe de la OIT. En 2018, publicamos un artículo titulado “35 años de amenazas fantasmas al sistema público de pensiones” con esa misma imagen. Rodrigo Ponce de León escribía esto sobre el periodo de tiempo en que todo se iba a ir al garete: “La fecha del desenlace fatal se ha ido retrasando: primero era 2015, posteriormente la caída del sistema sería en 2020, unos años más tarde las pensiones públicas desaparecerían en 2030 mientras que en la actualidad la frontera en la que los expertos apuntan que el sistema no podrá pagar la jubilación es 2050”.

Las razones aducidas siempre son las mismas. El sistema público de pensiones es demasiado generoso. La gente vive muchos más años y hay que elevar la edad de jubilación. La presión demográfica hará que el número de pensionistas termine siendo muy elevado. Curiosamente, nunca se dice que haya que prohibir que las grandes corporaciones pacten con los trabajadores jubilaciones anticipadas masivas con el fin de reducir sus costes laborales.

Todas aquellas opiniones que afirman que el sistema de pensiones puede acabar en la bancarrota olvidan un hecho obvio. Ese sistema solo puede quebrar si el Estado quiebra. Si no es el caso, seguirá existiendo. Otra cosa es que el incremento de la partida de pensiones en los presupuestos alcance niveles muy altos. Pero nadie dice que el gasto militar o el de educación vaya a quebrar y que nos veamos obligados a cerrar el Ejército o la mitad de los colegios. 

Como porcentaje del PIB, el gasto de pensiones en España es inferior al de los demás países de Europa occidental. Eso no quiere decir que sea pequeño ni que sea un asunto políticamente irrelevante ante el que no hay que hacer nada. En España, ya se hizo. En mitad de la crisis económica y con la presión de Bruselas, el Gobierno de Zapatero aprobó un aumento progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años. 

Sin duda, es un asunto delicado y ningún partido va a entrar en una campaña electoral en una época de gran crecimiento económico diciendo que hay que cortar el grifo. ¿Ningún partido? El Partido Popular ha vuelto a demostrar que es capaz de crear sus propios muros para empotrarse en ellos a gran velocidad. 

Al volante del coche suicida estaba hace unos días su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, que dijo: “Tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo porque el sistema como está no va a funcionar y va a petar”. Se armó un barullo y ella intentó matizar sus palabras con lo que consiguió hundirse un poco más: “Cuando digo que puede petar, lo digo en los términos que utiliza la gente joven”. Bonita forma de llamar ignorantes a los jóvenes. Feijóo tuvo que coger el volante para cortar la hemorragia de votos y decir que el PP subirá las pensiones al mismo ritmo que el IPC.

El vicepresidente Carlos Cuerpo respondió que eso no tiene mucho mérito porque esa subida de las pensiones está marcada por una ley aprobada por el Congreso. Cuidado con eso. Un Congreso con otra mayoría podría cambiar esa ley, como todas las demás. 

En un plano humorístico pero revelador, hay que destacar la intervención de Eduardo Inda en el programa 'Horizonte'. Pidió al PP que mantenga ocultos sus planes: “Insisto: que se callen con las pensiones en el PP. Que hablen el 30 de noviembre, el 1 de diciembre, el 10 de enero, cuando ya estén formando Gobierno, pero antes por favor que estén callados”. Iker Jiménez le dio la razón: “Tiene que ser listo, como pillo es un futbolista. No tiene que ser franco”. 

Pues claro que sí. Dónde se ha visto que un partido político sea honesto sobre sus intenciones en una campaña. Ni se te ocurra contar lo que vas a hacer si llegas al Gobierno. Imagínate que se enteran los votantes.

Sobre la cuestión de fondo, no viene nada mal leer este artículo de Laura Olías: “Por qué el sistema público de pensiones ni 'está quebrado' ni 'va a petar' como dicen PP y Vox”. 

Siete palabras y ya tienes montada una conspiración. Investigar un caso de corrupción requiere con frecuencia años de pesquisas, informes policiales, interrogatorios de testigos e imputados. Muchas pistas que parecían prometedoras se quedan por el camino. Otras sirven para armar un caso sólido. Pero si solo quieres munición para la batalla política, no necesitas ser tan remilgado.

En las últimas semanas, el Partido Popular cree que tiene pillado al PSOE por un asunto sórdido, pero con muy pocas pruebas. Esas siete palabras están en la base de la acusación. Aparecen en una agenda de Leire Díez y están fechadas en marzo de 2025: “Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano”. La jueza sería Beatriz Biedma, que instruyó el caso del hermano de Pedro Sánchez que acabó en juicio y condena. La Celsa es el apodo de una mujer que forma parte de una organización de delincuentes de Badajoz. En el fondo del asunto está una supuesta operación para intimidar a la jueza o algo peor por parte de lo que el PP y algunos medios llaman “las cloacas del PSOE”. 

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz aceptó que Biedma se personara como acusación particular solo por un delito de calumnias. No fue más lejos, porque “no es posible abrir una línea de investigación por cada una de las anotaciones que aparecen en las múltiples agendas” de Díez. Sobre todo, si son un tanto crípticas. En ese momento, la historia ya había aparecido en varios medios en los términos más alarmantes. Se decía que la trama de Díez había intentado encargar la eliminación de la jueza, o que le dieran un “sustillo”, a un clan de narcotraficantes de Badajoz llamado Los Rochos con un largo historial de delitos.

La historia fue engordando gracias a filtraciones policiales y el PP no tardó en recoger esas especulaciones presentándolas como hechos confirmados. Ester Muñoz se refirió al asunto en la sesión de control del 23 de septiembre. Según la diputada, el mensaje fue: “Eliminen a Biedma y la justicia eliminará sus casos”. Destacó como un hecho singular que el Gobierno intentara “corromper” a un grupo de delincuentes, que se supone que ya venían corrompidos de casa, y que estos se negaran a aceptar el encargo. Una semana después, volvió a hablarse de ello en el Congreso. Esta vez, fueron tres los diputados del PP que lo hicieron.

Quien lo hizo con más ahínco fue Miguel Tellado. Intentó implicar directamente al ministro de Justicia, Félix Bolaños: “Usted estaba, de la mano de Leire, hablando con la fiscalía para ayudar al clan de Badajoz”. Dando por hecha una acusación que no está probada y que no se sabe muy bien de dónde sale, siguió: “¿Quién dio la orden para que se redujeran las penas al clan?”. El PP empleaba un argumento de lógica discutible. Los actos violentos no se habían realizado por la negativa del clan, como dijo Muñoz, y al mismo tiempo la fiscalía les había premiado aunque no hubieran hecho ese trabajo. Ya sabemos que la coherencia de los argumentos no es un requisito esencial en las sesiones de control, donde la prioridad es atizar al rival en toda la cabeza con el martillo más grande. 

¿Habló Leire Díez con esa mujer del clan? Quien lo hizo fue el exjuez Luis Sáenz de Tejada y fue a iniciativa de la presunta delincuente. Él fue expulsado de la carrera judicial por un caso de violencia machista y desde entonces tiene montada una cruzada personal contra los juzgados de Badajoz para lo que utiliza una cuenta de YouTube. La mujer del clan había visto una de sus intervenciones y se puso en contacto. Ahí tuvo lugar la conversación en la que el exjuez habló de pegar un susto a Biedma (“era un puto grano en el culo y que había que eliminarla”). Los entrecomillados son de la declaración de esa mujer que aparecen en el atestado policial y de ahí han partido a toda prisa hacia los medios.

Sáenz de Tejada parece un personaje con el que nadie en su sano juicio debería relacionarse. En sus comentarios en el canal de YouTube, el exjuez lanza acusaciones contra la “mafia judicial” de Badajoz, a veces vistiendo toga o dejándola colgada detrás para que se vea en el plano. No es el tipo de persona que puede conseguir que la fiscalía reduzca la pena de un preso. 

Aunque ha participado en algún programa de grupos conspiranoicos de la extrema derecha sobre la pandemia, Sáenz de Tejada debió de parecer una fuente interesante de información para Leire Díez, siempre dispuesta a hablar con gente que pudiera desacreditar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE. Y ya sabemos que sin ningún éxito.

Si se prueba que cumplía órdenes de Santos Cerdán en su calidad de secretario de Organización, algo que este niega, eso dañaría gravemente la reputación del partido, por mucho que solo él supiera lo que estaba haciendo. A fin de cuentas, fue Pedro Sánchez quien lo puso en el puesto, como había hecho antes con Ábalos.

Esta semana, se ha conocido el contenido del último informe de la UCO, cuyo único indicio seguro es la existencia de esa conversación entre Sáenz de Tejada y la integrante del clan de Los Rochos, que por lo demás niega haber cometido algún delito. No hay mucho más, aparte de las deducciones que aparecen de forma habitual en los informes de la UCO. En este caso, señalar que la trama “se habría valido especialmente del exmagistrado Luis Sáenz de Tejada para desestabilizar el proceso judicial que afectaba al hermano del presidente”. Para ello, cuenta con las anotaciones de Javier Pérez Dolset, colaborador de Díez, que se reunió con el exjuez, presumiblemente informó de ello a la exmilitante socialista —y de ahí sale la anotación con las siete palabras— y mantuvo contacto con él. 

En su declaración del jueves en la Audiencia Nacional, la jueza Biedma citó hechos sospechosos que le hicieron pensar que la estaban vigilando. Dijo que sintió “temor” por ella y sus hijas, pero que no le influyó en su trabajo en la instrucción del caso de David Sánchez.

En el recurso de su abogada contra la personación de Biedma en el caso, Leire Díez afirma que lo único que hizo ella fue “haber recibido dichas denuncias (contra Biedma) y haber mantenido conversaciones con el Sr. Sáenz de Tejada sobre las mismas”. Un relato más detallado de todos estos hechos se puede leer en este artículo de Pedro Águeda y Elena Herrera.

Como suele ocurrir con todas estas historias de corrupciones, tramas y conspiraciones, el lugar en que se rentabilizan a tope es el programa de Iker Jiménez en Cuatro. Los más leves indicios se convierten en hechos inapelables. Las sospechas más locas son la verdad revelada. Sáenz de Tejada aparece descrito como “el enviado de Leire”. La gravedad de los hechos confirma que la mafia está en el poder: “Mañana pueden venir a por cualquiera de nosotros”, dijeron en el programa 'Horizonte' del 22 de septiembre. Ellos también cuentan con un juez loco, este en ejercicio. Jesús Villegas dijo que “hemos cruzado una línea roja” y que todo esto ya es “como en los años treinta”. Uno de los periodistas tuvo a bien comunicar que la jueza Biedma “es una seguidora incondicional del programa”. 

Iker Jiménez daba la nota del abochornado por el punto al que hemos llegado: “¿A qué nivel se ha descendido? ¿A qué abismo se ha descendido?”. 

El PP lo tiene claro. Hemos llegado al momento en que no se desperdicia nada. Alberto Núñez Feijóo ya habla como Iker. En su discurso del jueves ante la Junta Directiva Nacional del PP, dio por hecho que todo lo que se ha contado es cierto y que tenemos delante “un abismo moral”. Había en su discurso un gran espacio abierto para la creatividad. “Hoy la Audiencia Nacional investiga si el PSOE quiso contratar a sicarios”, dijo, a pesar de que el juez Pedraz no ha imputado a nadie por estos hechos relacionados con Biedma. “Pedro Sánchez debe decir hoy mismo quién dio la orden de deshacerse de la jueza”.

A Feijóo no le importa nada la presunción de inocencia cuando alguien relacionado con el Gobierno es investigado por la justicia. No si se trata de alguien del PP, como el alcalde de Móstoles. En el caso del exministro Jorge Fernández Díaz y toda su cúpula policial, que esperan sentencia tras el juicio de Kitchen, sencillamente no habla de ellos. Como si no existieran. Pero cuidado con la historia de Badajoz. Allí no hay imputados, pero sí culpables, según Feijóo.

Como el programa 'Horizonte' es un bar en el que todos compiten a ver quién llega más alto, finalmente Eduardo Inda dio la nota que ya era difícil de superar. A pesar de que no hay bulo que él no haya abrazado con pasión, tuvo que admitir que lo de Badajoz no es el Watergate extremeño. “Si llegan a ser más listos, hubieran hecho mucho daño”, dijo uno de sus colegas de mesa. Sobre todo, si hubieran cometido algún delito grave. Eso sí que haría daño. Inda lo explicó a grandes voces: “¡Son Torrentes!”. Y después despejó cualquier preocupación. “La jueza Biedma es ahora la persona más segura de España”. Al final, va a resultar que el abismo no era tan profundo como nos contaron.

La política puede llegar a ser mortalmente repetitiva. Los políticos se atienen a su mensaje y lo repiten semana tras semana. Los medios de comunicación plantean otros temas, pero siguen en buena parte la agenda que marcan desde el Gobierno o la oposición. De repente, ocurre un acontecimiento que no es nuevo, que ha ocurrido antes, y que por alguna razón despierta la atención de la gente y obliga a todos (políticos y medios) a cambiar de registro. Lo que parecía imposible antes se convierte en posible o probable.

Es lo que ocurrió con el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años. Después de varios intentos, consiguieron echarla de su piso donde vivía desde que era una adolescente. Hubo una movilización para apoyarla, como la ha habido en otros casos similares. En esta ocasión, todos se sintieron concernidos y la política española dio un giro completo. El Gobierno de Sánchez se puso en marcha, también para ocultar su decepcionante balance en la política de vivienda. El PP no supo qué hacer y temió que las noticias sobre una anciana desconocida expulsaran la dieta informativa que más convenía a sus intereses. Sus apoyos mediáticos decidieron unos días después que debían hacer algo al respecto. Su plan consistía en cargar contra la víctima. Suena rastrero, pero ellos pensaban que sería efectivo. Tenían que acabar con el símbolo de una movilización que pensaban que podía favorecer a la izquierda.

Empezó con artículos de opinión, que no es la mejor forma de enterarse de algo en la prensa de este país. Una columnista de The Objective dijo que le parecía muy bien el desahucio. Si hubiera sido antes, mejor: “La vergüenza no es que se haya ejecutado el desahucio, sino que haya tardado tanto”. Isabel Díaz Ayuso metió la cuchara para enviar un mensaje a sus acólitos: “Que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar y, a lo mejor, en la próxima manifestación de inquilinas me sumo”. Sólo le faltó decir que las ancianas son unas jetas. Maricarmen nunca había dejado de pagar, pero no podía afrontar que la empresa Urbagestión, dueña del piso, doblara o triplicara el alquiler. El negocio era perfecto: desahuciarla y vender la vivienda a un precio tres veces mayor que el que ellos abonaron a otra empresa.

Precisamente eso, que Maricarmen “es una jeta”, es lo que decía un columnista de El Confidencial. “Porque jeta es quien se aprovecha de otro sin tener derecho a ello”. El mercado dicta sus reglas y tiene derecho a echar a ancianas a la calle. Y si no te gusta o te indigna, eres un peligroso comunista. En el programa de Iker Jiménez, se burlaron de ella y se pusieron del lado de la empresa. 

Llegó la hora de hablar con los vecinos y la cosa se puso al nivel de la película La comunidad, de Álex de la Iglesia. Cuidado que Maricarmen no era “la heroína de los desahucios”. A sus 87 años, pocas heroicidades podía cometer, pero había que desactivar la fuerza movilizadora de su historia. “La tuvimos subvencionada durante años y ahora, con los impuestos”, dijo a ABC un miembro de la familia que había sido antes propietaria del piso. Está claro que lamentaba que se hubiera buscado una solución para que siguiera residiendo en su vivienda. “Era una persona extremadamente molesta. Se quejaba constantemente: de la calefacción, del ascensor, del ruido… Yo tenía tres hijos pequeños y también había quejas porque los niños hacían ruido”, dijo en su acta de acusación. Lo que viene a pasar en muchas comunidades de vecinos.

Programas de Telecinco y Antena 3 se apresuraron a entrevistarle. El interés informativo se reducía a... es difícil saber cuál era el interés periodístico. ¿Maricarmen no era como Juana de Arco o Santa Teresa de Jesús? ¿Si te quejas porque los niños hacen ruido –hay personas mayores que llevan mal lo del ruido y muchas otras cosas–, ya eres una persona despreciable de la que no te puedes fiar? 

Los columnistas no podían dejar escapar la presa. Todo era un “burdo chantaje emocional”. Tuvieron que hospitalizar a Maricarmen por sufrir estrés y ansiedad, mal asunto en una persona de su edad, y algunos estaban molestos por el hecho de que se la viera en la cama de un hospital. Jesús Lillo, columnista de ABC, vio claras las referencias. La imagen le recordaba las fotos de John Lennon y Yoko Ono en la cama de la habitación de un hotel o a Javier Bardem en el papel de Ramón Sampedro en la película Mar adentro. Le parecía un ejemplo de “sentimentalismo de telenovela”. Es posible que Yoko Ono también se quejara por los ruidos que hacen los niños. A fin de cuentas, ella tenía la culpa de todo. ¿De verdad pensaba el autor de esa columna que Maricarmen estaba actuando desde la cama de un hospital?

La traca final vino con un artículo de El Español. Llegó un poco tarde a la pelea, pero se aplicó con ganas. ¿Tenían los vecinos algo malo que decir sobre ella? Tome nota, joven. Resulta que iba de vez en cuando al bingo y ya se sabe que se empieza con eso y se acaba convertido en un asesino en serie que se queja de que la calefacción está muy alta (ya se sabe, por los cadáveres). Dicen que se iba “de vacaciones todos los fines de semana”, lo que es poco probable y recuerda a eso que se dice últimamente de los jóvenes, que si no se fueran de cañas o no se apuntaran a Netflix, pagando 8,99 euros al mes, podrían comprar un piso de 300.000 euros sin problemas.

Uno se pregunta si no hay nadie en una redacción que, cuando escucha una idea sobre un artículo de esta naturaleza, no se pregunta en voz alta si alguien está errando el tiro. ¿De verdad queremos poner a una anciana en el punto de mira solo porque se ha convertido en un símbolo de quién sea?

Se puede discrepar con cualquier partido político o movimiento sobre cualquier asunto de interés público. Es posible que Maricarmen tomara decisiones económicas equivocadas en su vida a cuenta del alquiler o compra de un piso. Le ha pasado a mucha gente.

¿La respuesta a eso es decirle que se joda y que sus derechos no valen nada frente al deseo de una empresa de dar el pelotazo en una inversión? A la hora de analizar su situación actual, ¿no es legítimo permitir sentir valores como la compasión? ¿Es más importante recordar antiguas historias de la vida cotidiana para ponerla en el cadalso de la opinión pública como culpable? ¿Culpable de ir al bingo?

Hay un público para todo, aparentemente eso incluye el fusilamiento de ancianas, y también existe un modelo de negocio que apuesta por este periodismo de recortada porque es capaz de atraer lectores. Acabo con una frase de Mauro Entrialgo, que describió estas conductas en el libro Malismo: “En el malismo siempre hay algo de identidad aspiracional. Insultar a Maricarmen, aun siendo un mindundi, te coloca del mismo lado que los ultraespeculadores inhumanos, así que puedes mirar por encima del hombro a los inquilinos, como si fueras un sinvergüenza millonario más”.

No seáis como esa gente.

Vemos y leemos artículos y declaraciones sobre la crisis de la vivienda y nos preocupamos. Cuando nos encontramos la historia de una persona a la que echan de su casa, una con cara y ojos como se dice en el periodismo, es muy diferente. Por eso, tantos se han conmovido al conocer por lo que ha pasado Maricarmen Abascal, de 87 años, que se ha convertido en un símbolo de todo lo que funciona mal en este país. A la gente se le rompe el corazón y es normal que sea así y que pregunte a los políticos: ¿qué es lo que van a hacer para que algo así no ocurra?

En algunos comentarios, se dice que esto nos podría pasar a cualquiera y por eso hay que ponerse las pilas. No es cierto. Entiendo por qué se dice, pero eso no convierte en cierto algo que es falso. Son muchísimas personas las que podrían verse en esa situación, pero no son todas. Hay colectivos vulnerables a los que el Estado debería proteger en un país que es rico en términos relativos —hay un montón de estadísticas que lo demuestran— y no lo está haciendo. No es una sorpresa y no por eso es menos indignante.

El vicepresidente Carlos Cuerpo dijo hace poco que no existe una “bala de plata” para resolver el problema de la vivienda. Vale, pero también hay que recordar que no se ha disparado ninguna bala, por así decirlo, desde hace muchos años. Ahora es un problema estructural a causa de esa pasividad. Hay datos que lo confirman sin ninguna duda. La inversión pública en vivienda se ha hundido en España en los últimos veinte años y nos ha dejado a la cola de la eurozona. Ese descenso se puede cifrar en un 43% con respecto a 2002. Hemos pasado de gastar el 1% del PIB al 0,5%. La diferencia es mayor de lo que pueda parecer a primera vista. 

Se ha dejado que el mercado se ocupe de todo. La tendencia se agudizó a partir de la crisis económica y financiera de 2008, que en 2010 se convirtió en una emergencia. Lo del mercado no es un drama en todos los ámbitos. Si los pisos caros pasan a ser extraordinariamente caros, será porque hay gente con dinero suficiente para comprarlos. Lo que se ha venido abajo ha sido el mercado de vivienda asequible o de viviendas sociales. Millones de personas han quedado abandonadas a su suerte, mientras los gobiernos (ayuntamientos, gobiernos autonómicos y Gobierno central) estaban más ocupados en sus finanzas. 

La vivienda, un derecho reconocido en la Constitución, ha dejado de ser en la práctica un bien social que debería protegerse y se ha convertido exclusivamente en un bien de inversión para particulares y empresas. Ha sido una carrera para obtener el máximo beneficio, bien a través del alquiler o con la conversión en pisos turísticos. “La avaricia es algo bueno”, decía el personaje de Michael Douglas en la película 'Wall Street', que simbolizó a la perfección una época del capitalismo financiero. Eso es lo que ha pasado en España. La vivienda es el escenario en que la avaricia ha prosperado como la fuerza motriz de todo un sistema.

Por eso, Urbagestión compró a otra empresa a un precio muy reducido el piso donde vivía Maricarmen. Solo tenía que desahuciarla y revenderlo a un precio tres veces mayor. Triplicarle el alquiler solo era una forma de deshacerse de ella, porque sabían que no podría pagarlo. 

Veamos este gráfico que el economista Daniel Fuentes puso en Twitter el año pasado. En rojo, aparece la evolución de la construcción de viviendas protegidas y en azul, las viviendas de precio libre. No hay que ser un especialista para apreciar la diferencia entre 2009 y 2024. Estamos ante un problema estructural ante el que hay que actuar en todos los ámbitos institucionales. Hay que construir más vivienda asequible y hay que cambiar la regulación para adaptarla a la realidad creada por el impacto de todo lo ocurrido desde 2010. Comprar una vivienda como inversión no es un gesto antisocial —eso ha existido siempre—, pero no puede estar por encima del derecho a una vivienda. Si el Estado tiene como prioridad defender los intereses de los dueños de pisos en alquiler, la coyuntura económica puede hacer que termine destruyendo las aspiraciones legítimas de millones de ciudadanos. Y eso es lo que está ocurriendo.

“El problema de vivienda solo se puede solucionar construyendo más de un millón de viviendas nuevas. Solo así podemos rebajar los precios de la vivienda”, ha dicho Feijóo. Es falso o quizá sea solo una excusa para quedarse en el despacho y esperar a que el problema se solucione por sí solo. Entre finales de los años 90 y la crisis de 2008, se construyeron cuatro millones y medio de pisos. En ese periodo, el precio de la vivienda se triplicó. Intervienen otros muchos factores. Dónde se construyen esos pisos, a qué precios, dónde está la inflación en cada época. Si la vivienda es solo un instrumento para ganar dinero o albergar a turistas en las ciudades, contar con más pisos solo contribuirá a aumentar los beneficios de aquellos que la utilizan para ganar dinero.

En cualquier caso, construir pisos no es de derechas. Mélenchon prometió en la última campaña de las elecciones presidenciales francesas la construcción de 200.000 nuevas viviendas anuales durante cinco años. Los laboristas británicos se comprometieron a construir un millón y medio de pisos en cinco años.

Como en otros momentos de esta legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra ante la tesitura de convertir en hechos las promesas que hace y que la correlación parlamentaria no le permite cumplir. Se olvida con frecuencia un hecho evidente, y que me perdonen los que me lo han leído más de una vez. Las elecciones de 2023 ofrecieron un Congreso de mayoría de derechas, pero que no podía formar un Gobierno con esa ideología por cuestiones de identidad nacional. Era cuestión de tiempo que Junts dejara tirado a Sánchez.

Ahora volvemos a presenciar el mismo espectáculo. El PSOE negocia con Junts y es optimista sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo. Los nacionalistas catalanes exigen rebajas fiscales para los caseros que ya han demostrado que no sirven de mucho, aunque lo cierto es que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, siempre se ha mostrado favorable a esas medidas. 

Si el resultado no permite recuperar la protección de las personas más vulnerables, volveremos a la casilla de salida. Habrá más casos como el de Maricarmen, porque además no han dejado de ocurrir. El de ella no es un caso extraordinario, sino un patrón que se repite, como demuestra este reportaje con las voces de ancianas sobre las que pende la amenaza de un desahucio. Es el caso de Paquita. Tiene 83 años y está enferma de párkinson. “No pagamos una miseria: 1.100 euros al mes”, dice. Una empresa de pisos turísticos quiere echarla de un edificio donde ya es propietaria de varios inmuebles.

Se espera que el Consejo de Ministros apruebe el martes un decreto sobre vivienda. Sumar ha amenazado con no presentarse en Moncloa si la medida se retrasa una semana más. Es una medida de fuerza para responder a las protestas de sus votantes que se preguntan de qué sirve estar en el Gobierno. Tampoco hay que engañarse. Una guerra entre el PSOE y Sumar —tuvimos un ejemplo de eso con la pelea de Óscar Puente con varios de sus socios— no va a acercar la solución del problema ni les va a dejar en buenas condiciones para afrontar la próxima campaña electoral en 2027.

La presión social aumentará varios grados desde las manifestaciones de este sábado y la decisión del Sindicato de Inquilinas de organizar una acampada permanente en la Puerta del Sol, en Madrid. El escenario del 15M vuelve a la primera línea de la política con toda la carga simbólica que cada uno quiera darle. Se acabó la paciencia en los sectores sociales que reclaman medidas que vayan más allá de un decreto que solo sirva para aparentar que se ha hecho algo útil.

Una cosa tiene que estar clara. Si la izquierda pierde en 2027, no habrá medidas estructurales sobre vivienda en apoyo de los colectivos más débiles. Ya dijo Isabel Díaz Ayuso que los que más le preocupan son los dueños de pisos, porque tienen “miedo”. Los que tienen miedo a perder su piso y acabar en la calle no entran dentro de sus prioridades. Convendría que los votantes y los partidos de izquierda tuvieran en cuenta ese pequeño detalle.

Se llama canutazo en el argot periodístico al momento en que un político se pone delante de un grupo de periodistas con sus micrófonos y grabadoras para hacer unas declaraciones, en general breves. Este viernes, Isabel Díaz Ayuso lo hizo en Alcalá de Henares y las preguntas fueron sobre el famoso ático. Ahí comenzó una larguísima intervención de varios minutos en las que, casi sin coger aire, se lanzó a ofrecer unas explicaciones confusas con la única intención de presentarse como víctima de una confabulación de sus enemigos reales o imaginarios. No paró de hablar mientras no contaba nada concreto o nada que no se supiera.

Resultó entre divertido y alucinante verla intentar explicarse y soltar frases que se cortaban para cambiar de argumento. Lo más importante es que ella era LA VÍCTIMA. Todo lo que había hecho era perfectamente normal, aunque por otro lado también decía que ella no había hecho absolutamente nada. Todo había ocurrido aparentemente sin que ella interviniera. Hubo una frase especialmente patética cuando dijo: “¿Por qué no intentáis creerme?”. Era como si formara parte de una canción de la película 'Los miserables', llena de dolor y rabia. Sólo faltaba la banda sonora.

La oposición dice que Ayuso está “desquiciada” y la intervención ante los periodistas lo confirmaba. Le preguntaron por qué había visitado personalmente el ático, del que había dicho que no era para ella. “Porque si lo compran y estoy buscando un lugar donde puede que me lleve las oficinas, el despacho mío, mi despacho, oye, pues por verlo”. Dijo que ser presidenta le obliga a vivir en “condiciones muy duras”, por no tener anonimato, y que le gusta “tener vecinos” (a pesar de que las lógicas medidas de seguridad les obligaría a muchas molestias): “Entonces, lo único que me da alegría es tener vecinos, que tengan sus perros, sus niños, me gusta 'qué tal, presidenta', 'buenos días', 'cómo estás', 'he traído fruta', 'te la intercambio', cosas normales de vecindad”.

Los perros, los niños, la fruta con su inevitable intercambio. Cualquier cosa antes que contar quién dio la orden de comprar el ático de lujo. Quién no ha llegado a casa y le ha dicho a la vecina del cuarto que ha comprado un kilo de naranjas, pero que le da la mitad a cambio de medio kilo de manzanas. ¡El trueque como en los albores de la humanidad! Todo esto dicho a la velocidad de un coche de Fórmula 1 del que sale un humo preocupante.

Su Gobierno difundió el viernes un informe de 224 páginas con los documentos relacionados con la compra sin que en ninguno quedara claro quién había dado la orden de compra. Los nombres estaban tachados. Los documentos habían sido escaneados para que los metadatos no revelaran de dónde había partido cada uno de ellos. 

La compra por valor de 6,3 millones fue realizada por la sociedad pública Planifica Madrid en abril, presumiblemente cumpliendo órdenes del Gobierno. Llevaban meses buscando una vivienda. Esa transacción se hizo en secreto. Luego el Gobierno firmó un contrato de alquiler (por solo 3.000 euros mensuales, un precio muy inferior al de mercado) para utilizarlo para sus propios fines. ¿Cuáles eran? Ese documento dice que el Gobierno de Ayuso “tiene interés en hacer uso del mismo como inmueble institucional de carácter residencial o dependencias específicas para su uso de manera permanente u ocasional por distintas autoridades como apoyo a las sedes oficiales”. También se dice que podría utilizarse en caso de algún tipo de emergencia como “espacios accesorios o suplementarios en contextos de gestión de crisis que pueden prolongarse en el tiempo y requerir de espacios complementarios con posibilidad de uso residencial”. 

Las dos frases vienen a confirmar la posibilidad de que sirviera de residencia para Ayuso de manera permanente u ocasional. La diferencia entre ambas opciones es irrelevante a efectos contractuales. Una vez que entras a vivir en el ático, podrías seguir allí el tiempo que quieras. Y la Comunidad no se va a gastar seis millones en un piso de lujo en una de las zonas más caras de Madrid –al lado de la casa donde reside la madre de Ayuso– para que viva en él un consejero o para que se celebren reuniones. El Gobierno ya tiene un montón de salas para ese fin y el ático no podía ser únicamente lugar de trabajo porque el edificio está catalogado como de uso residencial. Alguien podría trabajar en él si hace teletrabajo –eso es legal– siempre que la zona de despacho no supere unos máximos. 

La versión inicial decía que el ático era para celebrar reuniones durante unas obras en el edificio de la Presidencia de Madrid y que por eso se había buscado “un inmueble destinado a oficinas”, como dijo Ayuso. Fue una de las mentiras que ahora han quedado desveladas por los documentos difundidos. Por eso se ha tardado mes y medio en hacerlos públicos. 

Ese contrato de alquiler entre Planifica Madrid y la Comunidad se firmó el 27 de julio. Dos días después, El País dio la noticia y el Gobierno autonómico entró en pánico. Había que deshacerse del ático cuanto antes. Al día siguiente, se anunció la venta del piso, junto a otros edificios, y que los ingresos se destinarían a la recuperación de las zonas de Madrid dañadas por los incendios. Un cambalache disfrazado de gesto humanitario. Eso era ilegal, porque el ático forma parte de los activos de Planifica Madrid y los fondos de su posible venta no pueden emplearse para cualquier cosa solo porque lo diga la presidenta, pero les dio igual.

En este clima delirante, propiciado por la situación que vive Ayuso, el pleno de la Asamblea de Madrid del jueves ofreció otro espectáculo singular a causa de otro tema, la denuncia de un cirujano del Hospital Ramón y Cajal de que se han falseado las listas de espera por razones políticas. Ayuso lo definió así: “El bulo del culo de la semana viene cuando en el Ramón y Cajal un señor está manipulando las citas sanitarias, las suyas, y encima, entre otras muchas lindezas, se le conoce por reventar el coche al jefe y por tener expedientes disciplinarios, y ahora resulta que nos da lecciones de listas de espera en la tele sanchista”. La presidenta se dedicó a difamar al médico para desacreditar su testimonio en vez de investigar una presunta ilegalidad.

Lo del bulo del culo viene de una antigua denuncia de una agresión homófoba que resultó ser falsa y que en la derecha se utilizó para burlarse de los homosexuales. Ya hay que ser retorcido para hacer ahora esa comparación. Les debió de parecer gracioso. 

Aterrorizada por la situación creada por el ático, que ni siquiera ven bien en la dirección nacional del partido, Ayuso ha optado por la solución que aplica a todas las crisis. Esparcir basura a todos los lados y presentarse como víctima. La que extiende tantos bulos, con o sin culos, que es difícil seguirles el rastro. En el debate de la Asamblea, Hugo Martínez Abarca, de Más Madrid, la definió en estos términos: “Ayuso lo que quiere ser es una aristócrata, una emperatriz y tener un tren de vida que le paguemos los madrileños”. Por concretar, una aristócrata a la que le encanta intercambiar fruta con sus vecinos.

Una crisis sin final en el horizonte

Cuanto más dure la crisis de Ceuta, peores consecuencias tendrá para el Gobierno. Y no tiene pinta de que esto vaya a acabar pronto. Incluso las medidas que en teoría sirven para mejorar la situación –trasladar a los inmigrantes a un campamento temporal en el puerto de Ceuta con 1.700 plazas– ofrecen imágenes que sirven para sustentar la teoría de la oposición de que todo es un caos sin control. 

El traslado realizado el viernes era una tarea complicada. Miles de personas querían poder acceder a la zona de acogida, porque allí tienen garantizado al menos una cama y comida. Mejor eso que vivir en la calle o en una playa. Y eran más que el número de plazas disponibles. No parece que hubiera suficientes efectivos policiales para mover a todas esas personas. Hubo algunos incidentes. Centenares de los migrantes comenzaron a correr por temor a quedarse sin plaza en una estampida recogida por las cámaras. 

El Gobierno dice haber cumplido su promesa de habilitar 6.000 nuevas plazas, pero, por lo que se ha podido ver después, no son suficientes. La playa del Trampolín continúa albergando a un número similar de personas al que había antes de la operación. 

Esta semana, comprobamos que el presidente de Ceuta era muy consciente justo antes del 30 de julio de las limitaciones legales existentes de cara a devolver a Marruecos a los inmigrantes que llegaran a la ciudad. “No se pueden devolver, sería delito. Lo prohíbe la ley. Para que el menor pueda retornar, tiene que querer retornar. Y ninguno quiere. Y los adultos que solicitan asilo no se pueden retornar”, dijo Juan Jesús Vivas el 29 de julio. Después, cambió de discurso y análisis jurídico, seguro que después de una llamada de la dirección del PP. 

El PP continúa con su política de criminalizar a los extranjeros que aún siguen en Ceuta. No sólo no frenan en esa deriva, sino que aceleran. Feijóo se inventó el viernes que su intención es atacar a la policía: “Estos señores no vienen a buscar un trabajo. Vienen a enfrentarse contra el orden público constitucional y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Querer dormir en una cama parece ser un atentado al orden público constitucional. En el empeño por alcanzar al nivel de xenofobia de Vox, Cayetana Álvarez de Toledo afirma que no son migrantes, sino “soldados” y que las mujeres y niños sólo están ahí “de atrezo”. Para caer en el racismo, el primer requisito es mostrar una total falta de compasión por los pobres de otros países. Algunos políticos están dispuestos a eso y a mucho más.

Anda como un bulo, nada como un bulo, grazna como un bulo, pero no, no es un pato, son cuatro jueces del Tribunal Supremo. Círculos esotéricos de la derecha llevan unos años dudando de la integridad de los procesos electorales españoles. Casi en cada cita con las urnas salen algunos colgaos invocando el nombre de Indra para alentar sospechas sin base. 180.942 españoles formaron parte de las mesas electorales en los últimos comicios de 2023. Son la mejor garantía de un sistema que ha funcionado como una seda desde 1977.

Uno de esos funambulistas del embuste es un magistrado del Supremo que forma parte de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que ha suspendido el derecho al voto de los nuevos españoles a los que la Ley de Memoria Democrática de 2022 concedió la nacionalidad por ser hijos o nietos de exiliados del franquismo. En su etapa de fiscal, Antonio Narváez estuvo en la cena que mantuvieron unos cincuenta fiscales conservadores con Alberto Núñez Feijóo en 2023, una cita que el líder del PP intentó mantener en secreto. Además de expresar en el acto su ferviente deseo de que Feijóo llegara a Moncloa, Narváez hizo una mención de pasada a Indra, la empresa que tiene un papel importante en la gestión informática de los procesos electorales, cuando describió “el deterioro de las instituciones” causado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Es un jurista de plena confianza del PP. Fue elegido miembro del Tribunal Constitucional entre 2014 y 2023 a propuesta de ese partido. Y de ahí directo al Tribunal Supremo para seguir con su inestimable trabajo.

Si alguno de vosotros tiene la tentación de criticar a los miembros de esa Sala o de dudar de la imparcialidad del juez Narváez, que sepáis que eso no le gusta a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. En su discurso en la apertura del año judicial de esta semana, dijo que era de “extraordinaria gravedad” acusar a los jueces de actuar por razones políticas. Es más, afirmó que esa imputación “puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva”. 

Evidentemente, Perelló no se atrevió a mencionar las encuestas que revelan la caída en la reputación de la justicia entre los ciudadanos. El 53% de los españoles opina que los jueces no son independientes en España, según una encuesta de El Periódico publicada en julio. El 65% cree que en España existe lawfare (decisiones judiciales aprobadas con intención política), según otro sondeo de El País, también de julio. Sólo el 23% está convencido de que los jueces son imparciales. Otra encuesta de este diario afirma que el 47,8% considera que la justicia no actúa de forma imparcial, frente al 34,9% que cree que jueces y fiscales realizan su trabajo de forma objetiva. “Hay jueces que están haciendo política”, suscribe un 58% de los encuestados por La Vanguardia. 

Perelló prefirió continuar tan ricamente en su burbuja judicial al afirmar en su discurso que los ciudadanos “confían” en la labor de los tribunales. Así que los que digan que no que sepan que están imputando un delito y que se atengan a las consecuencias. 

Con su decisión, el Tribunal Supremo ha suscrito por entero las sospechas manifestadas por el PP y Vox sobre la decisión de otorgar la nacionalidad a los descendientes de exiliados. Por si quieren votar, claro, que es un derecho que tienen todos los españoles gracias al sufragio universal. “Lo que hay detrás es ingeniería electoral. Como con los votantes actuales no le salen las cuentas, va a ver si fabricando votantes le salen”, dijo Feijóo en junio.

Habrá quien piense que la aprobación de la ley de 2022 suscitó en su momento una fuerte confrontación política. Pues no fue así. Ha sido en los últimos meses cuando se han lanzado estas acusaciones. Y todo ha saltado porque la Junta Electoral Central se negó a intervenir al no tener competencias para impedir el derecho al voto de esos españoles. Después de un recurso de Vox y del grupo ultraderechista Iustitia Europa, el Supremo decidió que desde luego que ellos iban a entrar en escena. Feijóo lo había dejado claro. Esto no se puede permitir.

El auto, del que el ponente no es otro que Narváez, retrata a sus responsables sin rubor. Decreta que existe “un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral”. ¿Objetividad? La pluma de Narváez no se para ahí. Sostiene que concederles el derecho al voto a esos hijos y nietos de exiliados puede afectar al “resultado electoral deseado por los españoles que ya figuran inscritos correctamente en el censo electoral”. Es decir, los españoles pata negra. Imagina que esa gente de fuera está formada por españoles postizos que votan a los partidos equivocados. El Supremo no puede tolerar algo así.

Se trata de una medida cautelar a la espera de que la Sala adopte el criterio definitivo. El contenido del auto hace pensar que tienen la decisión tomada. Es muy posible que los jueces creen una nueva categoría, la de españoles sin derecho al voto. No lo busquéis en la Constitución, porque no aparece en ningún lado. Su artículo 68 dice: “Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos”.

333.696 personas nacionalizadas por la ley de nietos figuran ya inscritas en el censo, según datos del Gobierno hasta el 31 de mayo. Otros 238.065 han solicitado su inclusión.

Es indudable que la ley que concedió la nacionalidad a esas personas fue muy generosa. Se hizo así con la intención de reparar una deuda histórica. Fue una decisión del legislativo que los jueces no pueden anular. El motivo de la discordia es una instrucción emitida por el Ministerio de Justicia en octubre de 2022 para fijar los criterios con que se iba a llevar a la práctica. Se estableció que son exiliadas las personas que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. El criterio es similar a otro aprobado en 2008. Se elegían esas fechas con la intención de que hubiera un criterio objetivo fácil de comprobar. A estas alturas, no es fácil para muchos de ellos ofrecer pruebas documentales oficiales de que sus padres o abuelos corrían el riesgo de sufrir persecución política, a menos que por ejemplo hubieran ingresado en prisión.

Algunos alegan que un gran número de exiliados se fueron a vivir a Latinoamérica por razones económicas. La represión tenía una doble vertiente, política y económica. Muchos fueron depurados y perdieron sus puestos de trabajo en la Administración o empresas. Para los conocidos como “desafectos al régimen”, resultaba muy difícil encontrar trabajo en una dictadura que adoptó como misión vigilar y castigar a los perdedores de la guerra.

Para los amantes de las sorpresas jurídicas: la instrucción mencionada no forma parte del procedimiento estudiado en el Supremo, ya que no ha sido “impugnada” por el recurso, como recuerda la magistrada que ha firmado un voto discrepante con la mayoría. La única decisión impugnada es la de la Junta Electoral Central. Los cuatro jueces del Supremo deciden que, como la Junta no ha intervenido en el fondo del asunto, eso les faculta a ellos para hacerlo. 

Feijóo dio la voz de alarma, Vox presentó el recurso y el Tribunal Supremo salió al rescate. Todo perfecto a ojos de Perelló.

Negros y árabes, no gracias

A Isabel Díaz Ayuso le gusta decir que Madrid es una ciudad abierta a todos, que aquí no se discrimina a nadie. Eso era antes de la crisis de Ceuta y de que el PP radicalizara su discurso contra la inmigración para estar como mínimo a la altura de Vox. Aunque las imágenes y los titulares tienden a centrarse en los extranjeros que llegan a la costa sur del país, la inmensa mayoría de los inmigrantes que viven en España llegaron por otros lugares muy conocidos, pero que no se mencionan con tanta frecuencia. Los aeropuertos, en especial los de Madrid y Barcelona. 

En un discurso en la Asamblea de Madrid el viernes, Ayuso hizo una distinción de estilo claramente racista: “Los hispanos no vienen en patera. Aquí caben. Aquí los que no caben son los delincuentes, los que quieren desguazar la economía de Madrid, aquellos que asaltan fronteras y aquellos que infunden inseguridad”. ¿Los latinoamericanos son buenos porque no llegan en patera? ¿Los que no son latinoamericanos son todos unos delincuentes?

Pedro Sánchez comenzó su discurso del jueves en el Congreso con el recuerdo de un hecho histórico que se podía haber ahorrado. Porque no le convenía nada. Comentó que los dos leones situados en la entrada del edificio fueron moldeados en bronce (por el escultor Ponciano Ponzano) con los cañones capturados a los marroquíes en la batalla de Wad-Ras en 1860. El tratado posterior a esa primera guerra española en África le sirvió de gancho para reafirmar la españolidad de Ceuta y Melilla: “Desde hace siglos, estas dos ciudades son españolas. Desde aquel tratado, lo son por acuerdo diplomático. Y les aseguro que así van a seguir hasta el final de los tiempos”. 

Más allá de que ni Sánchez ni ninguno de nosotros vamos a estar por aquí en “el final de los tiempos” —es difícil precisar la fecha de ese momento—, no fue una buena idea la de los redactores del discurso. Recordar cualquier episodio de esas guerras africanas supone hacer una incursión en algunos de los peores momentos de la historia de España en los siglos XIX y XX. Decadencia. Un proyecto colonial inútil y fracasado. Los desastres militares con miles de bajas. Los privilegios de los ricos cuyos hijos se libraban de ser reclutados. Los pobres como carne de cañón. La estupidez de Alfonso XIII. Las tropas marroquíes que combatieron en el bando franquista en la Guerra Civil. Marruecos no evoca los mejores momentos de la historia de España.

Será por eso que uno de los columnistas más histéricos de El Confidencial escribió que esta última crisis de Ceuta podría ser el Annual de Pedro Sánchez. La derecha apuesta por ello. No le vale con criticar que las fuerzas de seguridad no pudieran impedir esa avalancha formada por decenas de miles de personas en un solo día, el 30 de julio. También quiere meter a Sánchez en la cárcel, por lo que dijo Alberto Núñez Feijóo en el debate. Su última munición consiste en apelar a la conspiración de que Marruecos obtuvo información comprometedora del teléfono del presidente. No tienen pruebas de ello, pero eso nunca les ha preocupado demasiado.

Sánchez alteró un poco sus mensajes sobre la responsabilidad de Marruecos en la crisis. Ha pasado de absolver por completo a Rabat, lo que es una posición imposible de vender a la opinión pública, a indicar que “es evidente que, después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente”. España no puede prescindir de la colaboración con el país vecino en la gestión de los flujos migratorios, algo que muchos políticos ignoran de forma bastante frívola. Pero es indudable que cada país es responsable de su lado de la frontera y Rabat debe muchas explicaciones sobre la pasividad de sus fuerzas policiales ese día.

No es seguro que las vayamos a tener. El funcionamiento de los ministerios y organismos que dependen directamente del rey Mohamed VI se caracteriza por el secretismo. Ni siquiera el primer ministro puede hacerles cumplir sus órdenes. Responden ante quien les nombró, y esa persona fue el monarca. Los medios de comunicación están controlados desde el poder. Nadie se atreverá a apuntar a responsables que cuenten con el apoyo real.

El propio Sánchez admitió que la Gendarmería marroquí permitió el paso por las fronteras durante al menos diez horas. Está por ver si lo hizo cumpliendo órdenes o porque sus agentes se vieron arrollados. Los testimonios de jóvenes entrevistados por Gabriela Sánchez en Ceuta indican lo mismo. “Éramos muchos y nos dejaban pasar. La puerta de España estaba abierta”. “Dicen que nos ha mandado Marruecos, pero la mayoría queremos venir desde hace años. Si lo organizaron, yo no me enteré”. “Los agentes no nos paraban. Decían: ‘Corre, corre’”. Sólo les obligaban a intentar cruzar nadando: “Si pisábamos el espigón, nos daban golpes en las manos. Nos decían que solo podíamos ir por el agua”. 

El PP acogió alborozado el informe policial del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), un organismo policial que se dedica a hacer análisis desde Madrid sin contar con fuentes propias en Marruecos. Se envió a la jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, y muy pronto apareció en la web de El Español. 

La lectura del informe de 55 páginas no deja lugar a dudas. Sus autores están convencidos de que lo ocurrido el 30 y 31 de julio responde a una planificación realizada por las autoridades marroquíes, aunque no señale directamente a ningún organismo político, policial o de inteligencia. Incluso afirma que los mensajes en las redes sociales sobre la sentencia del Tribunal Supremo tuvieron que haber sido organizados desde arriba. (Ignacio Escolar explica aquí cómo todo empezó con esa decisión judicial). 

¿Qué pruebas cuenta para justificar estas hipótesis? Sólo las fotos y vídeos aparecidos esos días en medios y redes sociales que son interpretadas de forma que se ajusten a esa teoría. Los gendarmes, superados en número, dejaron pasar a todos el día 30, como ha quedado demostrado en artículos periodísticos. Además, hay “individuos no uniformados” de los que se dice que gestionan todo el proceso: “El patrón de comportamiento incluye una conducta atenta al entorno, que transmite aplomo, centralidad, diferenciación, liderazgo, etc. respecto a la masa de personas que les rodea”. Se les ve “arengando a la masa”, tomando imágenes y hablando por el teléfono móvil, dice el texto.

Entrando en un terreno claramente especulativo, los autores dudan de la “finalidad migratoria” de los acontecimientos. Lo afirman por el hecho de que el 90% de los que pasaron se volvió en uno o dos días, a lo que denomina “el hecho incontestable de que el perfil de la mayoría de los inmigrantes no busca permanecer en territorio español”. Esto se contradice abiertamente con los testimonios de los que regresaron. Aspiraban a quedarse, muchos engañados por lo que habían leído sobre la sentencia del Supremo, pero sin comida ni agua no podían quedarse mucho tiempo. Fue si acaso una migración masiva oportunista que no tenía visos de prosperar por la dimensión de las cifras de llegadas.

El informe afirma que la convocatoria que apareció en redes para llegar a Ceuta el 15 de agosto, y que no tuvo éxito, fue también parte de la conspiración “de forma que una segunda convocatoria artificialmente más detectable se convierta en un ejercicio de control que 'blanquee' la gestión precedente de la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Esto no es un hecho, sino una opinión.

Hasta la discusión legítima en España sobre lo que supo el CNI antes de la avalancha de migrantes tiene un supuesto origen manipulado, según el informe. “La escalada de la cuestión (sobre el papel del CNI) se ha convertido en lo que podríamos calificar como una acción de contra-inteligencia ofensiva de manual”. En su intento por montar una gran conspiración de los servicios de inteligencia marroquíes, los autores les adjudican hasta la autoría del debate sobre si los servicios españoles podrían haber alertado al Gobierno días antes de la llegada masiva. 

Entre las imágenes utilizadas por esa unidad policial está una muy conocida por los usuarios de las redes sociales. Se ve a decenas de jóvenes salir de un camión ante la mirada de un agente uniformado. Varios medios afirmaron que se trataba de los que se dirigían a Ceuta. Un analista ha geolocalizado ese vídeo en un punto de la carretera de Tánger a Tetuán que estaría a unos 50 kilómetros de Ceuta, es decir casi once horas de trayecto a pie. Si fuera así, es dudoso que tenga que ver con lo ocurrido el 30 de julio. Otra hipótesis, según marroquíes que la comentaron en redes, es que se grabara cerca de Tetuán y que el camión llevara a personas para que vitorearan al rey en la celebración de la Fiesta del Trono en esa ciudad.

Es el problema de utilizar imágenes de origen desconocido y aparecidas en redes para fundamentar una investigación. Puede ser útil para escribir un artículo periodístico más o menos riguroso. Si es lo único que tienes, sirve para sustentar hipótesis, pero es de valor muy discutible en una investigación judicial. 

La lógica desconfianza que suscita en España un régimen como el marroquí ha favorecido todo tipo de acusaciones, haya o no pruebas directas. En el debate parlamentario del jueves, tanto Feijóo como Enrique Santiago y Gabriel Rufián coincidieron en acusar a Marruecos de haber organizado el asalto a la frontera de Ceuta. Rufián llegó a decir que la intención marroquí era “cargarse al Gobierno”. Sospechar es libre, pero en el caso de acusaciones graves no es exagerado pedir a los políticos que se basen en pruebas o indicios sólidos a la hora de hacer imputaciones. No ha sido la costumbre en esta legislatura, todo hay que decirlo.

Sobre el impacto político de esta crisis, es imposible negar que el Gobierno está en una situación muy vulnerable. Ha cometido varios errores en esta crisis. Creer muy pronto que lo peor había pasado. Esperar 25 días para decretar un mando único y dejar claro que el Gobierno estaba centrado en buscar una solución. No ofrecer una versión única sobre lo que contaban los informes del CNI. Defender a Marruecos más allá del límite de lo razonable.

No va a recibir ninguna ayuda, ni de la oposición ni de sus aliados. Este sábado, se comprobó con la decisión de la Autoridad Portuaria de Ceuta de negarse a situar a un millar de inmigrantes en sus instalaciones que cuentan con 16.000 metros cuadrados. Al final, El Gobierno asumió el control del puerto. Servirá para alojar en carpas a las personas que ocupan la playa del Trampolín o que siguen viviendo en la calle. 

El Gobierno necesita tiempo para terminar de resolver esta crisis y cada día que pasa supone una carga casi insoportable. A largo plazo, el mayor peligro es el efecto que tendrán todos estos sucesos en la convivencia en Ceuta. Esa convivencia entre personas de ideas, origen y religión diferentes es la que garantiza que Ceuta seguirá siendo española, no el número de policías y guardias civiles. Eso es lo que debería preocupar a todo el mundo. 

Hace cuatro semanas, escribí sobre dos temas antes de las vacaciones: la crisis de Ceuta y el ático de Díaz Ayuso. Ahora estamos en las mismas. Pedro Sánchez pensaba que había encauzado la situación. La presidenta de la Comunidad de Madrid creía que podía pasar por encima de la polémica, como ha hecho en otras ocasiones. Ambos estaban equivocados. En el primer caso, porque la tensión en la ciudad no ha dejado de aumentar. En el segundo, porque ni siquiera en su partido se creen sus explicaciones.

Consciente de que la habían pillado, Ayuso se quedó sin vacaciones en la primera quincena de agosto y llevó a cabo una agenda frenética de visitas a zonas afectadas por los incendios con muchas promesas y no menos fotos. Se trataba de multiplicarse para que se hablara de ella en relación a los fuegos, y no del ático de seis millones que se había comprado a costa de los contribuyentes. Pero los periodistas no hacían más que preguntarle por esto último –todos sabían que esas visitas eran puro teatro– hasta que cortó por lo sano y se limitó a eso que se llama declaración institucional, que consiste en que no hay preguntas. 

No contaba con que también le preguntaran por el ático a Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP dijo que el Gobierno autonómico “tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina”. Además, comentó que le habían hablado de unas obras previstas en la sede del Gobierno en una reunión en abril que tuvo que ser con Ayuso. La presidenta había dicho que se había enterado de la compra en julio. Era una más de las mentiras con las que habían intentado neutralizar la controversia.

Fue el 23 de agosto. Según Ayuso, estaba todo contado y explicado, pero Feijóo la había desmentido al pedir más explicaciones. Optó por la solución por defecto. Un poco de descaro y a correr. Al día siguiente, ofreció una de las frases del verano. “Está a la venta. Chao, pescao”. Una expresión frívola que parecía venir del típico político que se niega a aceptar que está en problemas. Quizá uno de sus toques personales que funcionan en su electorado, como cuando cambia el acento en los mítines para sonar más cheli, más ma-dri-le-ña. Soy macarra, hago lo que quiero y que le den a los que me critican. Pero con esta polémica ha aparecido la auténtica Ayuso. Su idea era: soy macarra, compro el ático que quiero y los contribuyentes me lo van a pagar. 

La armadura mediática que siempre le ha protegido muestra algunos síntomas de corrosión causados por la fatiga de materiales. En voz baja, en el PP no ocultan que ha sido un verano problemático para ella, que comenzó con un viaje a México, cuyo único fin parecía ser atacar a la presidenta Claudia Sheinbaum y prestar un favor a la oposición mexicana. Una agenda internacional de contactos es lo que se necesita si uno aspira a puestos más altos en el futuro. 

Lo único que ha hecho últimamente es su remedio habitual de sacar a Sánchez en todas las declaraciones a ver si así no se habla del ático. El periodista David Fernández, autor de una biografía reciente de Ayuso, explicaba así lo que piensan algunos en su partido: “Me ha chocado mucho que altos cargos de la Comunidad de Madrid, muy cercanos a Ayuso, me han dicho: 'David, la cagada ha sido monumental y el escándalo que se va a conocer ha sido mayúsculo'”.

El ático que quería comprarse, y para el que sus asesores habían pedido a la inmobiliaria una gran terraza, presenta un flanco que la oposición intentará aprovechar en septiembre. Lo que ya está claro es que el manual básico de Ayuso para todas las crisis no le ha funcionado por primera vez en mucho tiempo. Como le gustan las frases populacheras, se puede comentar que todo le ha explotado en el culo cuando pensaba que eran los demás los que tenían que pagar la factura por sus decisiones. Su plan B siempre ha consistido en multiplicar por diez el plan A. Es lo único que sabe hacer Miguel Ángel Rodríguez.

Ceuta necesita ayuda, no más odio

Hace un mes, el Gobierno pensaba que había pasado lo peor en Ceuta con el regreso de la inmensa mayoría de las decenas de miles de personas que habían entrado en territorio español. Gran error. Semanas después, reconoció que las cosas no habían salido como esperaba con la decisión de poner en marcha un mando único para afrontar la crisis y poner al ministro Ángel Víctor Torres al frente. Había transcurrido casi un mes desde el asalto a la frontera, uno en que las víctimas fueron el centenar de personas que perecieron ahogadas. Segundo error. Debería haber hecho eso el primer día, porque la situación superaba en mucho las capacidades del Gobierno ceutí. 

El tercer error se produjo cuando el Gobierno no fue capaz de ofrecer una versión única sobre la actuación del CNI. La ministra Robles dijo que los servicios de inteligencia habían avisado del riesgo de una entrada masiva: “Si hay informes, si no hay informes... Los servicios de inteligencia operan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos”. ¿Manuscritos? Espero que no los redacten a mano y que el CNI tenga ordenadores. Marlaska lo negó: “No había ningún informe que atisbara que el 30 de julio iba a acontecer lo que sucedió”. 

Hay un cuarto error que no está en lo que se hizo o no desde el Gobierno, sino en las declaraciones. Sabiendo que no sale ganando si adjudica toda la culpa a Marruecos, algo de lo que siempre han sido conscientes los gobiernos españoles, ha llegado demasiado lejos en el intento de exculpar al régimen de Rabat. Marlaska volvió a llamar esta semana “socio leal” a Marruecos. “Las autoridades marroquíes han interceptado en lo que va de año más de 2.700 salidas irregulares marítimas hacia las costas españolas”, dijo. Esto último es cierto, pero el Gobierno no puede pretender que la opinión pública española culpe más a “los bulos” y “las mafias” de lo ocurrido que al vecino del sur. Ese es un discurso que no le va a comprar casi nadie.

“Podría ser Marruecos, no lo descarto completamente, pero no cuadra en absoluto con crisis anteriores ni tampoco tenemos una sola prueba que demuestre que han sido ellos”, han dicho fuentes del Gobierno a este diario sobre la responsabilidad de ese Gobierno en la crisis. 

Por mucho que a la oposición se le llene la boca exigiendo que los extranjeros que pasaron a Ceuta sean devueltos a Marruecos, eso no puede hacerse sin la colaboración de las autoridades de ese país. Todos lo saben, pero prefieren ignorarlo. Hasta el propio Feijóo no ha querido lanzarse contra Rabat. Quizá algún día esté en la misma situación que Sánchez y hará lo mismo que ha hecho el actual Gobierno.

“Es una recomendación de Feijóo. No es legítimo tratar de sacar ningún rédito político, ninguna ventaja electoral o partidista, de esta crisis existencial que vive Ceuta. Sería absolutamente reprobable”, dijo Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, el 19 de agosto. Eso es precisamente lo que ha hecho el PP, lo que no es ninguna sorpresa. Incluso pasando por encima de la ley, como con la petición de expulsión inmediata de los 5.000 extranjeros que continúan en la ciudad a los que hay que sumar unos 1.500 menores. Una delegada del Gobierno y una vicepresidenta ceutí fueron condenadas por prevaricación hace un año por tomar esa medida con la devolución de menores a Marruecos. 

La primera reacción del PP a los ataques racistas y al intento de impedir por la fuerza la entrega de comida a los extranjeros fue comprensiva. “Mucha paciencia han tenido”, dijo Cuca Gamarra sobre los habitantes de Ceuta. Un día después, se corrigió el mensaje y hubo que esperar a que Vivas dejara claro el rechazo a cualquier tipo de violencia sin ningún tipo de disculpas. 

También hay que añadir el intento del PP de crear alarma con el aviso de que podían producirse brotes infecciosos por culpa de los inmigrantes. Hasta se habló de tuberculosis. “La tuberculosis ha llenado titulares alarmistas y falsos”, respondió la ministra Mónica García. “Hemos detectado tres casos, uno ya tratado, una tuberculosis cerebral y una persona que ya estaba en Ceuta antes del 30 de julio. No hemos detectado ningún caso nuevo”. 

No se puede subestimar el miedo y la preocupación de los ciudadanos de Ceuta por lo que han pasado este mes. Ceuta no está en la misma situación que provincias como Zamora o Alicante, pero los derechos de ceutíes y melillenses deben ser defendidos con la misma fuerza que con los habitantes de la península.

Criminalizar a los inmigrantes presentándolos como “invasores” –y así se está haciendo en varios medios de la derecha– sólo contribuye a alentar el odio y hasta la violencia. Ese es un terreno de juego del que solo se beneficiará la extrema derecha. 

¿Cuántas invasiones han durado 24 horas a lo largo de la historia? Desde luego, no muchas. La de Napoleón en España duró más tiempo. Pero ese es el lenguaje que han utilizado periódicos y políticos para definir lo ocurrido esta semana en Ceuta. Un acontecimiento de la máxima gravedad –eso no lo puede dudar nadie–, pero que ha sido utilizado por gobiernos europeos de derecha y extrema derecha para lanzarse contra España por la regularización de los inmigrantes sin papeles. Ese es el origen de la crisis diplomática y no las imágenes que han circulado por todo el continente. El cerco a Pedro Sánchez se ha estrechado y el Gobierno español deberá tenerlo en cuenta. De momento, Sánchez les ha respondido con una carta para dejarles claro que no se va a rendir.

En la tarde del viernes, el número de marroquíes que habían cruzado de vuelta a su país se acercaba a la cifra de las 50.000 llegadas estimadas por el Ministerio de Interior. Algunos decían que se sentían engañados. Creían que una reciente sentencia del Tribunal Supremo impedía al Gobierno repatriar a todos aquellos que llegaran nadando por el agua. No tenían nada que comer ni un sitio del que guarecerse del sol. Para muchos, terminó siendo un viaje sin retorno. La verdadera tragedia no se produjo en Ceuta, sino en el mar. 67 de ellos murieron ahogados.

Un italiano decía en Twitter: “Sánchez ha repatriado más gente en un día que el Gobierno italiano en cuatro años”. Tampoco es del todo correcto en la medida en que no hubo que expulsarlos, aunque la policía se ocupó de presionarles para indicarles el camino de salida. Lo que sí es un hecho es que el número de llegadas por mar a Italia sigue estando por encima de los que llegan a España por la misma vía, como lo ha estado en los últimos años. Pedro Sánchez se lo recordó a Giorgia Meloni con las cifras de Frontex de llegadas por mar entre 2021 y 2026. Por Italia: 478.600. Por los Balcanes: 340.600. Por Grecia: 259.800. Por España: 234.760.

Existen otras paradojas. Hace un año, el Gobierno italiano anunció que concedería 500.000 nuevos visados de trabajo para el periodo 2026-2028 para atender las necesidades de la economía del país. No fue la primera medida de este tipo. Al poco de llegar al poder, anunció 450.000 permisos de trabajo para el periodo 2023-2025. A pesar de toda su retórica xenófoba, Meloni y su Gobierno de coalición saben que la industria, la construcción y la agricultura italianas necesitan esa mano de obra.

Como escribí el sábado, Meloni siente ya la presión de un nuevo rival político que compite por los mismos votantes. El general retirado Roberto Vannacci no para de crecer en los sondeos con su nuevo partido, Futuro Nazionale, fundado hace solo cinco meses. Su mensaje xenófobo contra la inmigración, aún más radical que el de Meloni, le ha permitido llegar al 7,6%, según la última encuesta de YouTrend, por encima de la Liga de Salvini, y casi a la altura de Forza Italia.

La histeria provocada en varias capitales europeas es obviamente interesada. Ursula von der Leyen no hizo ningún gesto de apoyo a España. Más bien, al contrario. El Partido Popular Europeo ha visto esta crisis como una oportunidad de debilitar a Sánchez por su regularización de inmigrantes o de acabar con él siguiendo las instrucciones del partido de Feijóo. Su presidente, Manfred Weber, se refirió al efecto llamada en un mensaje idéntico a los que suele ofrecer el PP. 

Periodistas de The New York Times informaron de que habían hablado con varios de los jóvenes que pasaron a Ceuta. Les contaron que policías marroquíes les habían animado a pasar al otro lado. Quizá cumplían órdenes de arriba o se habían visto desbordados y no querían meterse en problemas. Las cámaras de TVE en la frontera mostraron a media mañana del viernes que la policía marroquí estaba impidiendo que grupos numerosos de personas pasaran al otro lado. Fue cuando se movilizaron los efectivos policiales a ambos lados de la frontera y el flujo se redujo a casi cero.

El Gobierno español ha superado esta crisis con gran rapidez, pero hay un hecho que no se puede obviar. La estrategia adoptada por Sánchez desde 2021 con Marruecos ha fracasado. Ese año, se produjeron incidentes similares en Ceuta, aunque con una cifra de personas implicadas mucho menor. A partir de ese momento, el Gobierno adoptó una posición favorable a las reivindicaciones marroquíes sobre el Sahara con el rechazo de sus socios de izquierda. El PSOE se quedó solo en el Congreso cuando Albares defendió que la autonomía dentro de Marruecos era la opción “más seria, creíble y realista” de resolver el conflicto. 

En la crisis actual, el Gobierno ha hecho lo posible para no perjudicar más las relaciones con Rabat. Eso suena razonable, pero hay límites que no se pueden sobrepasar. Marlaska dijo el sábado que Marruecos es “un socio absolutamente fiable”, lo que está tan lejos de la realidad que resta credibilidad a todo lo que tenga que decir el ministro. Sánchez no quiso hacer ningún comentario crítico sobre ese Gobierno y se limitó a culpar a “las mafias”, que ya sabemos que sirven como argumento para salir del paso, sea o no cierto.

Las relaciones de España con Marruecos y Argelia son un juego complicado de suma cero. El apoyo a las tesis de Rabat hizo que Argelia pusiera fin a su colaboración con España. Ahora hay motivos para sospechar, aunque se niegue oficialmente, que el viaje de Sánchez a Argel y los acuerdos alcanzados han provocado la respuesta marroquí que hemos visto en Ceuta. 

Sánchez obtuvo cinco años de apoyo marroquí en la gestión de la frontera, pero nada a cuenta del Sahara. Hace cinco años, escribí que Marruecos no es un país amigo de España, contra lo que se ven obligados a afirmar los gobiernos tanto del PSOE como del PP, sino un vecino incómodo y a veces hostil que siempre va a estar ahí. La geografía es un factor inalterable en las relaciones internacionales y crea sus propias realidades. 

De la misma forma que EEUU no puede ignorar desde hace un siglo que tiene a México al sur, a España le ocurre lo mismo con el vecino marroquí. Con una diferencia. La situación de Ceuta y Melilla condiciona por completo la respuesta española a cualquier acontecimiento que se produzca en Marruecos. Ahora hay mucha gente en la derecha y en la izquierda que sostiene que hay que ponerse duros con la monarquía alauita. La realidad, guste o no, es que la obligación de cualquier Gobierno español debe ser defender la integridad territorial del país y los derechos de ceutíes y melillenses. Entrar en un guerra política con Rabat no ayuda nada en el cumplimiento de esos objetivos.

La Virgen de los Áticos busca piso

Ceuta ha sacado de los titulares, no de todos, la última hazaña inmobiliaria de Isabel Díaz Ayuso. Por resumir, su Gobierno compró en secreto hace tres meses un ático de lujo supuestamente para que sirviera de lugar de trabajo durante unas obras en la sede de la Presidencia de Madrid de las que no se ha licitado nada. Fernando Peinado, de El País, lo contó hace unos días. Ayuso respondió haciéndose la víctima una vez más. Todo era una campaña contra ella. Los medios de la derecha no le dieron mucha importancia al principio, pero muy pronto algunos de sus periodistas afirmaron en Twitter que las explicaciones eran inexistentes y que la versión oficial tenía demasiados agujeros. Hasta el ABC le dedicó un editorial muy crítico.

El PP intentó inicialmente no mancharse mucho en una historia que olía mal. Pero Miguel Tellado dio su visto bueno cuando le preguntaron: “Tiene todo el sentido que se habilite ese lugar”. En realidad, era al revés. No tenía sentido, porque el ático, que podría alcanzar un precio en el mercado cercano a los seis millones, está en un edificio residencial que no puede utilizarse como oficina. Tampoco como lugar de trabajo a menos que alguien viva allí. 

Algunas de las explicaciones oficiales son hasta cómicas. Decían que se iba a utilizar solo temporalmente para reuniones. Como si no hubiera salas de reuniones en los edificios oficiales de la Comunidad. Luego que se usaría para que Ayuso recibiera a presidentes o jefes de Gobierno que visitan Madrid. Lo mismo, como si las consejerías no tuvieran salas o despachos para realizar esa función.

La presión aumentó y Ayuso optó por una salida a la desesperada. Anunció que el piso se venderá junto a otros edificios de propiedad pública y que el dinero conseguido se utilizará en las zonas castigadas por los incendios recientes. Eso también puede ser ilegal. El piso lo ha comprado una empresa pública llamada Planifica Madrid (por cierto, su presidente es Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno) y sus recursos no se pueden enviar a partidas de gasto corriente o extraordinario de las consejerías. 

Parece que la última ola de calor ha reblandecido el cerebro de Miguel Ángel Rodríguez, experto en soluciones de última hora para acallar polémicas o crear otras. Otra idea fue subir a Ayuso a un helicóptero para que examinara los daños de los incendios. Que se la viera muy preocupada cuando todos estaban pensando que lo que le importaba era conseguir un piso y que lo pagaran los contribuyentes. 

De repente, la sorpresa. Se encuentra en un portal inmobiliario la prueba con fotos de que Ayuso y su novio, el comisionista González Amador, han puesto a la venta por 1,7 millones el piso en el que viven, ese que se compró después de hacer una declaración de la renta un poco incompleta. No se vayan que aún hay más. También sale a la venta por 1,6 millones el ático en la planta superior que Amador compró a un amigo. 

Sé que muchos creen que esto es un caso de fuego amigo promovido por alguien en el PP. Como las cremas de Cifuentes. No hay prisa en apuntarse a conspiraciones cuando no hay pruebas. Lo que es indudable es que esta vez le han pillado a Ayuso. Ahora la gracia está en pensar dónde pretende vivir ahora. Lo del ático pagado por todos ha salido mal. Rodríguez se está pensando ahora en si pueden ganar votos enviándola a vivir a la catedral de la Almudena. Seguro que encuentran alguna cripta en buen estado en la que no entre la luz del sol.

Una agenda climática que se convierte en “una gran estafa”. Una “ola internacional” que impone unas costumbres que “están favoreciendo también pobreza a manos llenas”. “Desde que la Tierra existe ha habido cambio climático, ha habido ciclos”. Son palabras de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid en 2022 y forman parte de su discurso habitual sobre el cambio climático (para negarlo o relativizarlo). Como hizo en esa ocasión, le gusta responder a las críticas de los que la acusan de no tomarse en serio el problema con el argumento de que lo que ellos están buscando es “el comunismo”. 

Ahora le toca llorar y llamar a la UME. Ponerse un chaleco de emergencias –que no falte un responsable político disfrazándose para la ocasión– al que además le pone una tarjeta que dice “presidenta”, no sea que la gente se equivoque y piense que es una turista. Los incendios que castigan estos días a las comunidades de Madrid, Castilla y León y Castilla La Mancha forman parte de esta nueva normalidad que nos acompañará todos los veranos. No necesariamente habrá más incendios cada año, pero cada uno de ellos será más destructor y abarcará más superficie. Algunos se producirán en cotas tan altas que acceder a ellos será extraordinariamente difícil.

El Gobierno de Ayuso pidió al Gobierno central que asumiera el control directo de la emergencia. Su presidenta decidió que no quería aceptar la responsabilidad. Eso no quiere decir que con ese nivel 3 de respuesta se destinen más medios, sino que su gestión depende directamente de la Administración central. A partir de ahí, la colaboración entre gobiernos diferentes, incluidos los ayuntamientos, es fundamental. Excepto la guerra que montó el PP desde el día siguiente de la dana de Valencia, esa coordinación suele producirse sin problemas y así está ocurriendo ahora.

“El área quemada va a seguir aumentando en los próximos años si no se toman medidas, porque la intensidad de los incendios está aumentando. Las zonas en las que previsiblemente veremos mayores aumentos en el área quemada son montañosas, de gran altitud, que tradicionalmente no se quemaban porque estaban muy húmedas”, explica Víctor Resco de Dios, profesor de Ingeniería Forestal. 

Cuando el fuego, como está ocurriendo ahora, amenaza a zonas habitadas, los servicios de extinción deben darle prioridad. Es más importante salvar vidas que árboles. Pero eso hace que se tarde más en atacar la cabeza del incendio, que se extiende imparable. En el momento en que las llamas cubren miles de hectáreas, ya llegamos tarde. Debemos cambiar la mentalidad de las autoridades y obligarles a que se gaste dinero todo el año en prevención de incendios para que nadie se vea arrollado por el fuego en los meses de verano. 

Lo que ocurre es que se regatea el dinero en ese apartado para gastarlo en otras cosas. Los bomberos forestales de Madrid llevan mucho tiempo en huelga reclamando mejores salarios. Las condiciones económicas en que trabajan son insuficientes. Algunos cobran solo 1.300 euros al mes. “Nos jugamos la vida, trabajamos con un alto riesgo en condiciones de penosidad y toxicidad, y lo que nos pagan apenas supera el salario mínimo. Solo hemos desbrozado y quemado la mitad de la superficie que se debería”, dice uno de ellos. 

Para ahorrar dinero, no les contratan todo el año, sino solo para la campaña de verano, de mayo a octubre. Es un ahorro miserable. Los daños económicos que sufren las zonas aquejadas por los fuegos superan con mucho esas cantidades. Algunas comunidades, como la de Madrid, no reconocen los derechos que aparecen en la ley 5/2024 sobre bomberos forestales.

Son las CCAA las que tienen la gestión exclusiva en estas emergencias. Si se produce una catástrofe, ya hay tiempo de pedir que intervenga la UME o de recibir la solidaridad de otras comunidades o de países europeos. Es lógico que aparezca la UME. No se va a dedicar a participar en labores de extinción en Hungría o Bulgaria. Está para intervenir en cualquier punto del territorio español que lo requiera. Para eso se puso en marcha (con el rechazo del PP, que lo llamó “capricho faraónico” de Zapatero). Pero las CCAA tienen la obligación de intervenir antes de que empiece a arder el monte.

Esa labor de prevención no puede hacer milagros. No puedes convertir los montes en un parque ajardinado. Sin embargo, después de dos meses de lluvias intensas este año, se sabía que el exceso de vegetación era un factor de riesgo de cara a los incendios del verano. Estaban avisados y no hicieron lo suficiente. Con suerte, le tocará a otro, pensarían algunos.

Un editorial de ABC sostiene que se está utilizando el cambio climático como “chivo expiatorio” de los incendios –que se supone que es algo que hace la izquierda–, porque la clave es una “gestión forestal constante y tradicional”. En ningún momento del artículo, se recuerda que la responsabilidad de la gestión forestal corresponde a los gobiernos autonómicos, que en el caso de los incendios más graves de estos días se referiría a los gobiernos del PP en Madrid y Castilla y León. Así se puede culpar a la izquierda, el Gobierno central, los ecologistas y hasta los “urbanitas”, pero no a los responsables directos.

Frente a lo que dice la extrema derecha, la Ley de Montes de 2003, reformada en 2015, no prohíbe limpiar los montes. En realidad, es lo contrario. Impone a los propietarios de los terrenos forestales la obligación de hacerlo. Cada comunidad autónoma establece la forma en que debe realizarse a través de autorizaciones que se solicitan a la Administración, y si la burocracia es un obstáculo, deberían responder esos gobiernos. No hay ninguna ley ni Agenda 2030 que obligue a dejar la naturaleza en estado salvaje. Tanto la ley de 2003 como su reforma posterior fueron aprobadas con gobiernos del PP que contaban con mayoría absoluta.

No puedes planificar las temperaturas ni el viento. Es difícil impedir que haya personas negligentes que trabajen con maquinaria pesada en zonas agrícolas de alto riesgo o sencillamente prohibidas. Para impedirlo, las administraciones locales y autonómicas deben actuar en todas las tareas de prevención que están dentro de sus competencias. 

La Comunidad de Madrid ha gastado este año 52,7 millones en prevención y extinción de incendios, según sus propios datos sobre sus presupuestos anuales de 30.000 millones. Es un 3,5% más que el año anterior. Para este año, el presupuesto para asuntos taurinos subió un 60% (hasta siete millones). Pero no se soluciona simplemente con gastar menos en toros y más en incendios, sino en elevar los fondos para responder a una nueva amenaza climática que tiene una traducción directa en los incendios forestales.

No hace mucho tiempo, los dirigentes del PP madrileño se burlaban de los que se quejaban de la última ola de calor a causa de la falta de aire acondicionado en las escuelas. “Ahora se llama emergencia climática a que en julio haga calor en Madrid”, dijo uno de ellos creyendo que hacía un chiste. Afirman que la lucha contra el cambio climático es una gran estafa, lo que suena muy parecido a lo que dicen sus socios de Vox que denuncian el “fanatismo climático”. Están ciegos y son unos ignorantes, y todos pagamos las consecuencias.

Julio es un mes en que la política funciona a medio gas a la espera de que cierre por completo la ventanilla en agosto. Donde sí están trabajando a conciencia es en la justicia y ya sabemos que ese es uno de los escenarios fundamentales de la política española. Es así porque hay procedimientos judiciales muy importantes que afectan a los políticos y porque las asociaciones judiciales y unos cuantos magistrados decidieron hace tiempo que tenían derecho a intervenir en política. Para ellos, la separación de poderes solo funciona en un sentido. Ellos sí creen tener derecho a implicarse en la confrontación política, como hicieron al manifestarse contra la ley de amnistía antes de que estuviera redactado el proyecto de ley.

Pocos de ellos son más conocidos que el juez Juan Carlos Peinado, que ha protagonizado una instrucción en el caso de Begoña Gómez que ha sido demencial y ha estado repleta de errores jurídicos, autos mal escritos y nada motivados y hasta un loco intento de implicar a un ministro (Bolaños) que el Tribunal Supremo cortó de raíz. La Audiencia de Madrid anuló muchos de sus autos en un porcentaje insólito y además sobre asuntos clave, pero al final esta semana ha aceptado su decisión de llevar a juicio a la esposa de Pedro Sánchez, aunque solo por dos delitos, tráfico de influencias y malversación.

Frente a los que piensan que las decisiones de los jueces en casos que implican al Gobierno son sagradas, el análisis de autos y sentencias es un derecho en una sociedad democrática, incluso una necesidad. Curiosamente, los mismos que dicen que el Gobierno o la izquierda ponen en peligro la independencia judicial con sus críticas son los que ahora rechazan el veredicto de la justicia europea, el TJUE, sobre la ley de amnistía. Los hay que, como plañideras interesadas, alegan que España está abandonada, que no tendrá ninguna ayuda exterior para salvarse y que nadie puede confiar en Europa. Han perdido tantas veces en las instancias judiciales europeas que no se dan cuenta de lo endebles que son sus argumentos. 

La Audiencia de Madrid ha completado el trabajo de Peinado y confirmado que el juicio de Gómez será con jurado. Según su relato, Begoña Gómez podría ser condenada por tráfico de influencias porque obligó a varias personas a colaborar para que prosperaran sus intereses económicos (y por malversación por el trabajo de su asesora personal en Moncloa). 

Los jueces hablan de su “privilegiada posición”. Aquí conviene reflexionar sobre ese concepto y su influencia en el caso. ¿Es un privilegio vivir en Moncloa? Desde luego, aunque no sea exactamente un palacio, sino una gran mansión. ¿Hay gente que puede estar interesada en conocerte porque eres la cónyuge del presidente? Eso es muy probable. ¿Tienes una vida muy diferente a la de un ciudadano normal? Claro. Vives en una residencia pagada con fondos públicos, cuentas con protección policial y asistes a muchos actos aburridos, pero también a otros excitantes. 

En el plano especulativo en el que se mueven últimamente muchas decisiones judiciales, incluso en sentencias, los cinco jueces de Madrid alegan que el parentesco con el presidente “puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”. Pero una investigación de los indicios del caso debería haber encontrado ejemplos de esa presión irresistible que obligara a alguien a favorecer a Gómez en contra de sus primeras intenciones. No se ha hallado nada que pueda evocar una situación de ese tipo.

El auto plantea como precedente el caso Nóos y la condena a Iñaki Urdangarin y la consideración en esa sentencia de la influencia que tenía este por el hecho de estar casado con la hija del rey. Desde luego, cualquier parecido entre las cantidades que obtuvo Urdangarin y las conocidas en el caso de Begoña Gómez es inexistente.

Conceder a Gómez la dirección de una cátedra extraordinaria podría haber sido un buen ejemplo de esa recompensa, pero nadie ha probado que el rector de la Complutense fuera obligado a hacer algo que no quería. Un vicerrector comentó en su declaración que el proceso para la formación de esa cátedra fue más rápido de lo normal, pero también dijo que en ningún momento se violó la ley. 

En la Complutense de Madrid, hay registradas 44 cátedras extraordinarias hasta marzo de este año. Muchas de ellas están patrocinadas por empresas privadas que aportan dinero. La existencia de estas cátedras es una forma que tiene la universidad de financiarse. Como curiosidad, hay una en la Facultad de Farmacia (“cátedra extraordinaria de bebidas fermentadas”), apoyada económicamente por la Asociación de Cerveceros de España.

La dirección de la cátedra no le daba a Gómez la condición de catedrática, pero la Audiencia de Madrid afirma que sí le concedió “prestigio personal o reputacional de su carrera académica con acceso a múltiples recursos y eventos”. Seguro que fue bueno para su ego, además de para seguir teniendo una actividad profesional –cierto que de no gran nivel– durante el tiempo en que su marido era el presidente. Para valorar ese prestigio, deberíamos meternos en un terreno bastante subjetivo. 

En el tema de los ingresos económicos recibidos, la Audiencia ofrece la mayor perla de su auto. Sostiene que Gómez “disparó sus ingresos de forma exponencial”, aunque de inmediato reconoce que con “cifras muy moderadas”. Vamos a ver, ¿es mucho dinero o poco? ¿Esos magistrados conocen el significado de la palabra 'exponencial'? Porque no lo parece.

Recapitulando, Gómez cobró cero euros por dirigir esa cátedra. Cobró cero euros por el software financiado por la aportación de empresas privadas para su uso gratuito por otras compañías. Cobró una cantidad pequeña de dinero por dirigir los másters integrados en esa cátedra. Sus ingresos más altos fueron en 2022 con 14.900 euros anuales. 14.000 euros fue la cifra del salario mínimo de ese año. 

¿Begoña Gómez utilizó su “privilegiada posición” y la “presión moral” sobre otros que le daba el hecho de ser la mujer de Sánchez para “disparar” sus ingresos hasta recibir la escuálida cantidad de 14.000 euros anuales en uno de esos años? 

Los jueces de Madrid dejan claro un criterio para el futuro. Ningún cónyuge de un presidente debería plantearse trabajar por su cuenta. Aunque no haga nada ilegal, su parentesco seguirá causando una “presión moral” sobre las personas con las que se relacione si están en algún organismo público, como una universidad. Y si no gana dinero (como por el uso del software para empresas) o gana muy poco dinero (por las cantidades percibidas por dirigir un máster), da completamente igual. Unos jueces dirán que el beneficio es inmaterial o que se puede medir en términos de prestigio social. Será mejor que tenga un hobby que llene su tiempo.

Da igual lo que digan los testigos

El tribunal que condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación dejó una frase muy reveladora sobre sus intenciones. Despreció no ya las declaraciones de los otros acusados, sino también de los testigos –directores de conservatorio– que declararon en el juicio que Sánchez estaba capacitado para el puesto y realizó las funciones por las que fue contratado. Se atuvo a lo manifestado en la vista por el teniente coronel de la UCO Antonio Balas. La Diputación de Badajoz es una institución jerárquica, como lo son todas y también las empresas privadas, por lo que no se puede creer a nadie que trabajara allí, fueran altos cargos o funcionarios.

“Como ya hemos apuntado, dichas personas forman parte de una estructura fuertemente jerarquizada, con tintes políticos, presidencialista, y dichas circunstancias conducen a que tengamos que poner en tela de juicio la credibilidad de los testimonios prestados por personas profesional y directamente relacionadas con los acusados cuando no dependientes de estos o militantes en el mismo partido”, dice la sentencia.

Para justificar que no se condene a los acusados por tráfico de influencias, el tribunal se ve obligado a reconocer que “no sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”. Ni en la instrucción ni en el juicio aparecieron pruebas de que alguien diera las órdenes en esa estructura tan jerarquizada para que se violara la ley.

Tanto tiempo escuchando que lo que cuenta de cara a la sentencia es lo que se diga y se pruebe en la vista y que la instrucción solo sirve para decidir si se debe celebrar un juicio y ahora llegamos a la conclusión de que las declaraciones de los testigos son irrelevantes si trabajan en una institución. Lo que importa es la opinión de los investigadores policiales y sus deducciones sobre el funcionamiento de una Diputación en este caso, a pesar de que no se puede decir que sean expertos en Derecho Administrativo. Bajo estas condiciones, es difícil desechar la idea de que los jueces tenían claro el veredicto antes de que empezara el juicio.

Isabel Díaz Ayuso nos ha ofrecido un nuevo ejemplo de su imaginación arrolladora: el feto fantástico. Prácticamente, le ha conferido personalidad jurídica. Es la Virgen Isabel de los Milagros. “Cada vida importa desde el primer suspiro y por eso estamos legislando para el no nacido, que está en camino y está aquí y que cuenta como uno más para este Gobierno”, dijo en la Asamblea de Madrid. El feto está aquí, dice. Es uno más para su Gobierno. Cualquier día vemos a uno por la acera buscando un bar para tomar algo. 

Se trata de una ley que reconoce al embrión como un miembro de la unidad familiar con vistas a que reciban las ayudas y beneficios fiscales existentes por su número de hijos. La presentan como una norma para fomentar la natalidad, aunque hay que decir que esas ayudas tampoco son tan cuantiosas como para que tengan efectos duraderos. Estrictamente, la ley no es negativa en absoluto. Lo que llama la atención es la cobertura ideológica que le han insertado. 

En la campaña autonómica de 2019, Ayuso presentó esta misma propuesta. Un periodista le preguntó qué pasaría con esa ayuda si el embarazo no terminaba bien. Es decir, si en ese caso la familia debería devolver las ayudas recibidas. Yo estaba allí y me pareció que era una pregunta un poco ridícula y no muy sensible. No es necesario ser tan retorcido. La gran mayoría de los embarazos acaba bien con el nacimiento. Era una época en que Ayuso no tenía tantas tablas como ahora y dio una respuesta confusa y atropellada. La verdad es que parecía que la propuesta no estaba muy preparada y era de esas cosas que se lanzan en campaña a ver si se convierten en un titular. Y no se supo nada más de ella.

Ahora se ha convertido en una ley con una intención ideológica de cuestionar el derecho al aborto. Si el feto tiene derechos, ¿cómo es posible que se pueda interrumpir el embarazo provocando su final? Como explica Marta Borraz, la medida se inspira en el discurso de los grupos ultraconservadores que niegan el derecho al aborto en EEUU. “Si un embrión o un feto es una persona, el aborto podría considerarse legalmente un asesinato”, dice una profesora norteamericana citada en el artículo. “La enseñanza más interesante de lo que ha pasado en EEUU es que el verdadero cambio no está en estas medidas concretas, sino en el marco cultural que se empieza a construir”, opina la politóloga Silvia Aldavert. 

Ayuso dice estar a favor de la vida, pero solo hasta el parto. A partir de ese momento, depende del dinero que tenga tu familia. Esto no es una novedad. Desde la derecha europea y norteamericana, se insiste con frecuencia en que las ayudas del Estado, incluidas las que tienen que ver con el número de hijos, generan incentivos perversos. Les das el Ingreso Mínimo Vital, con una cantidad mayor si tienes hijos, y la gente no querrá trabajar, y cosas por el estilo. 

África Gelardo cuenta en este artículo todo lo que pasa con los niños en Madrid desde el momento en que nacen, todas las necesidades que afrontan sus familias, en especial si son pobres, que no reciben las ayudas y atención que la Administración podría darles. Tenemos las dificultades de muchas familias para acceder a las escuelas infantiles públicas (de cero a tres años). Solo el 13% de las solicitudes recibe una plaza en una escuela infantil municipal. En algunos distritos de la ciudad, el porcentaje es muy inferior. Les queda la opción de una escuela privada que solo es accesible si tienen dinero para pagarla. Se han ofertado 4.131 plazas en la comunidad en la última convocatoria de la ciudad y hay 99.000 niños de hasta tres años en la comunidad. 

Lo mismo ocurre con las becas comedor, que llegan al 40% de los niños en situación de pobreza. Los hijos de inmigrantes sin permiso de residencia se quedan fuera. El presupuesto destinado a ese fin no ha experimentado ninguna subida desde hace cinco años. 

Hay cuestiones de fondo que afectan a la natalidad y que no tienen que ver con ayudas concretas. Lo dijo Raquel Huerta, diputada de Más Madrid: “Los precios del alquiler en Madrid son el mayor anticonceptivo”. 

Hay que proteger a los fetos, pero los niños, y sus familias, que se busquen la vida. 

Conspiraciones televisivas

No hay límites para las tramas conspirativas que se inventa la derecha política y mediática. Siempre hay algún hecho sospechoso que demuestra la naturaleza maligna del Gobierno. ¿Con pruebas? Tampoco nos pongamos tan exigentes. Solo tiene que ocurrir algo fuera de lo común, o que sencillamente no les guste, para tirar del hilo. Porque cuando eres un martillo, todo lo que ves te parecen clavos.

Hay asuntos que no son los más importantes, pero que tienen su gracia. De esta semana, hay un ejemplo tronchante y lo saco aquí por las risas más que nada. Titular de ABC: “Sospechas en el sector por las audiencias milagrosas de TVE: 'Sé que están haciendo trampa pero no sé cómo'”. El autor del artículo presuntamente informativo es Juan Soto Ivars, que ya sabemos de qué palo va. 

Es el colmo de la conspiración: está ocurriendo delante de nuestros ojos, pero no tenemos pruebas. Lo que no nos impide hablar del tema. De paso, llamamos “milagrosas” a esas audiencias y el lector lo entenderá todo. Hasta los que dicen que existen los ovnis creen contar con pruebas de su existencia. Aquí no hay tanta suerte.

Todo viene a cuenta de las buenas audiencias de algunos programas de TVE frente a sus rivales de las televisiones privadas. Los de Ana Rosa Quintana y Susanna Griso están en las cifras que tienen desde hace tiempo con un público fiel más o menos estable. Sus programas siempre son iguales, en general dedicados a atacar al Gobierno en su parte de contenido político, y hay poco margen para la sorpresa. Se reparten la audiencia de los cabreados con Sánchez. Tienen que incluir también amplios bloques de publicidad en los que la audiencia cae.

Es cierto que el programa de Silvia Intxaurrondo a primera hora de la mañana ha aumentado mucho su audiencia y supera con gran facilidad a los de Antena 3 y Telecinco. En cierto modo, su notoriedad se incrementó con su entrevista a Feijóo, de la que el líder del PP salió tan enfadado que no se ha atrevido a volver. Intxaurrondo tuvo la osadía de responderle que un dato que había mencionado no era cierto. Y ya sabemos que ese es un problema recurrente con Feijóo. Solo hay que ver sus comentarios sobre las bajas médicas de los trabajadores.

Luego viene el programa de Javier Ruiz de un estilo más sensacionalista con el presentador dando saltos por el plató y pegando gritos, y comentando titulares y gráficos gigantescos que aparecen en el videowall. Su dieta informativa se centra en política (en su vertiente más polémica) y sucesos. Droga dura directamente inyectada en las venas del público.

Esas cosas siempre han funcionado en televisión, aparentemente ahora también con algunos programas informativos. En estos tiempos crispados, TVE apostó por unos programas de estilo mucho más agresivo de lo habitual en la televisión pública (causando malestar en parte de la redacción, además por el uso de productoras privadas). 

El artículo del ABC da por hecho, basándose en comentarios anónimos, que alguien está cometiendo un fraude con los audímetros: “Según la teoría de la trampa, el Gobierno habría logrado meter sus zarpas en Kantar Media para 'comprar' algunos de los audímetros”. Esto es una teoría conspirativa que tiene décadas de vida. Siempre se ha dicho que las cadenas de TV matarían por conseguir los nombres de un puñado de personas que tengan audímetro en casa. Se trata de una información que obviamente hay que mantener en secreto. 

El autor no da crédito a que las audiencias de las teles no se correspondan exactamente con los resultados electorales por ejemplo en Madrid, donde gobierna Díaz Ayuso. Si esa extrapolación no fuera ridícula, se podría decir que Telemadrid debería ser la cadena líder. El canal autonómico firmemente controlado por Miguel Ángel Rodríguez queda muy lejos de las cifras de las televisiones nacionales y de las autonómicas más vistas.

Telemadrid tuvo un 5,1% de share en 2025 –siendo la octava de trece cadenas–, lo que le colocó en el furgón de cola frente a TV3 (14,2%), Aragón TV (12,2%) y Canal Sur (9,4%). A mediados de junio, emitió un documental especial sobre el caso Zapatero para sacarle todas las vergüenzas en 'prime time'. Se quedó en un triste 4,6% de audiencia con 50.000 espectadores de media. Fue la sexta opción de esa noche sólo por delante de La 2, que daba un programa ya emitido. Votos y audiencias televisivas no caminan por la misma vía.

La cadena autonómica valenciana también debería ser la líder en esa comunidad, según esta lógica electoral absurda. Pues fue la última de todas las regionales (2,9%), después de que el PP se cargara al equipo anterior de À Punt por ser demasiado independiente. 

Los que hacen esos comentarios sobre las trampas sin pruebas son los que están perdiendo en la batalla de las audiencias y que no se atreven a dar la cara. En los tiempos que corren en cierto periodismo, eso ya es suficiente para dedicarles un artículo y dar por buena su versión. 

Le llamaban la vía andaluza, puestos a inventarse un nombre que sólo se basaba en resultados electorales, lo que no es poca cosa. Cuando el PP andaluz se quedó sin mayoría absoluta, la vía se quedó a mitad de camino y luego terminó llegando a la estación de Vox. Se acabó el truco de Juanma Moreno, que consistía en aplicar el programa electoral del partido sin carcajadas sádicas, que es más del estilo del PP de Madrid. La política sanitaria de ambos gobiernos es muy similar. Lo que les diferencia es el estilo político. Lo del PP andaluz es un poco como disparar a alguien mientras le dices: esto me va a doler más a mí que a ti. En el PP de Díaz Ayuso, disfrutan disparando.

Lo que resulta extraño es que Moreno y su equipo intentaran negar la evidencia hasta el último minuto. Sólo un día antes del anuncio del pacto con Vox y después de que la extrema derecha le negara el apoyo en la primera votación de investidura, aún andaban diciendo a El Mundo que Moreno no iba a entregar un triunfo a Vox: “Juanma no quiere ceder lo mismo que los demás, y no va a ceder”. Pero que no se engañe a nadie. No se refería a la llamada “prioridad nacional”. Eso ya lo tenía asumido. La gente de Moreno decía que no tenía prisa. Ya lo creo que la tenía. El viernes, hubo acuerdo y votación. 

Después de emitir señales contradictorias durante bastante tiempo, Alberto Núñez Feijóo se ha decidido por no esconderse más y aceptar que su llegada a Moncloa solo será posible de la mano de Santiago Abascal. Lo de antes era una fantasía que no sostenían ni las encuestas. La mayoría de ellas indica que el PP está más o menos en el mismo porcentaje de voto que en las elecciones de 2023. Todo el ruido que ha hecho en los últimos tres años, que ha sido mucho, solo ha servido para engordar a Vox, que ha ganado en torno a cinco puntos desde entonces.

Por cada alegato apocalíptico de Miguel Tellado y Ester Muñoz, la caja registradora de los votos a Vox hace el ruido de recibir más ingresos. Si Feijóo denuncia que Sánchez es un peligro para la democracia, la cuenta de resultados de Vox mejora un poco más. 

Las caras de los dirigentes del PP en Sevilla, incluida la de Moreno, eran bastante serias cuando se anunció el pacto. Habían despertado de un sueño y lo que estaban viendo no era lo que esperaban. La verdad es que han comprado toda la mercancía de Vox. Prioridad nacional hasta el final, aunque ahí intentan alegar que no es para tanto. Mínimo de diez años de empadronamiento para acceder a las ayudas por compra de viviendas sociales y cinco en caso de alquiler. “Rechazo frontal” a los menores inmigrantes, como si fueran una amenaza para la sociedad. Recortes de subvenciones a entidades que trabajan con inmigrantes, entre las que está Cáritas.

El mensaje más duro de la extrema derecha contra la inmigración ha sido asumido entero por el adalid de la moderación en el PP. Así que hay que deducir que no era más que una etiqueta para presumir de ella en la familia. 

En materia de medio ambiente, se va más lejos que en los demás pactos con Vox en otras comunidades. Se niega el apoyo a las zonas libres de emisiones en los municipios. Suprimen impuestos medioambientales. Se oponen a la instalación de macroproyectos de energía eólica y solar en suelos de uso agrícola (¿los van a reservar para las ciudades?). 

Carlos Alsina ha resumido así el giro: “En dos meses, la prioridad nacional ha pasado de ser la promesa de una ilegalidad que hacía la extrema derecha populista, y que el presidente (Moreno) denunciaba con vehemencia, a ser el compromiso firme del presidente, que aún tendrá el cuajo de criticarle a Sánchez sus cambios de opinión para satisfacer a los socios que le hacen presidente”. 

“Un Gobierno con Vox es imposible”, dijo Moreno en la campaña. Lo que es imposible es confiar en que el PP ponga obstáculos reales a las exigencias más reaccionarias de la extrema derecha. Sólo hay dos posibilidades, o los del PP son muy ingenuos o esas ideas no les provocan un rechazo visceral.

Dos giros sucesivos de 180 grados en el PP

Ha sido una semana muy loca en el Partido Popular. Se embarcaron en otra de sus cruzadas que anuncian el fin de la civilización en España y de todo lo demás, esta vez a cuenta del proceso de nacionalización de los descendientes de españoles en Latinoamérica. Feijóo acusó a Pedro Sánchez de “fabricar dos millones y medio de votantes” a través de la “ingeniería electoral” corriendo como un galgo cojo detrás de lo afirmado por Vox. Luego, empezaron las risas al recordarse que el líder del PP prometió lo que ofrece la Ley de Memoria Democrática a los exiliados del franquismo en una visita a Argentina en 2022. Su promesa era para todos “los nietos de españoles en el exterior”.

La hemeroteca rescató un discurso en el Senado de Ester Muñoz, la actual portavoz parlamentaria del PP: “Es de justicia que todos los nietos de aquellos ciudadanos españoles que tuvieron o quisieron salir de España al exilio puedan acceder ahora a la plena nacionalidad que está en sus orígenes”.

Tocaba frenar y volver atrás para reconocer esas palabras y, como mucho, se quejaban de la rapidez con que se estaba afrontando el proceso cuando habitualmente todos estos trámites consumen varios años. Lo mejor es que la página 101 del programa electoral del partido en 2023 pedía exactamente lo que se está llevando ahora a la práctica. 

El viernes, en un acto de su partido en Castellón, Feijóo dio otro giro de 180 grados, con lo que ya sumaba 360 y volvía a la posición original. “Esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes”, dijo sumando las cifras de dos cosas diferentes, las nacionalizaciones a descendientes de españoles y la regularización de más de un millón de inmigrantes sin papeles. El objetivo del Gobierno era, según Feijóo, “alterar el censo” de votantes. Estaba denunciando un pucherazo en toda regla sin tener pruebas. Hasta afirmó que la población española puede aumentar en ocho millones de personas, una cifra que se inventó. Dijo ocho como podría haber dicho dieciocho.

Mientras tanto, algunos dirigentes del PP muestran en privado su estupor por esta campaña, porque creen que deberían centrarse en los casos de corrupción que afectan al Gobierno, en los que no hay semana sin noticias, y olvidarse de conspiraciones truculentas más propias de la extrema derecha. Pero no tienen nada que hacer. Feijóo reincide en la torpeza que le caracteriza y que perjudica a sus propios intereses. Como apuntaba antes, cuanto más atiza la hoguera de la furia, más fácil le hace el trabajo a Vox. 

En el PSOE, han disfrutado de su ración semanal de sustos relacionados con la corrupción. El juez Pedraz ha citado como imputada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director operativo del Instituto Armado, el teniente general Manuel Llamas, por el caso Leire Díez. El Gobierno ha respondido que ninguno de ellos va a presentar la dimisión y que esperará acontecimientos. Ese parece ser el argumento decidido por Sánchez ante posibles y futuras imputaciones. Ya no dimite nadie y ya veremos qué pasa en la instrucción de esos casos. No se entregarán más cadáveres a la oposición, porque no sirve de nada. 

Por lo demás, si creen que eso reducirá el desgaste político causado por la corrupción, no pueden estar más confundidos. En este asunto, lo que no le funcionó en su momento al PP de Rajoy no le va a funcionar al PSOE. 

El influencer que se cagó en 48 horas

Para acabar, un detalle que no pasa de ser cómico. El influencer ultra Vito Quiles volvió a desobedecer una citación judicial y a la jueza no le quedó otra opción que ordenar su detención estrictamente para asegurar que compareciera en su juzgado. Es casi una cuestión de trámite si alguien decide que no le apetece cumplir con la ley. En este caso, por una denuncia por difamación presentada por un funcionario del Ministerio de Hacienda.

Al igual que las modelos de OnlyFans, la publicidad es esencial para mantener la imagen de marca. El concepto de publicidad negativa no existe. El propagador de bulos elogiado por el PP se las dio de gallito y denunció una “persecución” del Gobierno. Se escondió en una urbanización con piscina, porque hacer de rebelde antigubernamental en mitad de una ola de calor te obliga a muchas pausas por hidratación. Hasta que se le acabó el cuento. No tiene muchas luces y acabó ofreciendo la frase que le define: “Me he cansado de vivir como un fugitivo”. La osadía le duró 48 horas. Nada más. Payasos de este tipo no pueden poner en peligro la democracia, como algunos creen. Sólo están para dar espectáculo en estos tiempos en que las personas elegantes salen de casa con el cuchillo entre los dientes. Y, como en OnlyFans, enseñar el culo puede ser muy lucrativo para algunos. Es sólo un modelo de negocio. Incluso durante 48 horas.

No está el ambiente para que haya muchas risas en el Gobierno, pero el jueves los socialistas decidieron regalarse un momento gamberro en el pleno del Congreso. Salió adelante una moción del PP con el apoyo de Vox y Junts en la que se pedía a Pedro Sánchez “considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza” y ya de paso se reclamaba su dimisión. Se aprobó por 178 votos a favor y 171 en contra. Sánchez y sus diputados se levantaron a aplaudir, una forma de mostrar que sólo se trataba de un espectáculo sin importancia. Un día más en la oficina. Ellos dijeron después que se felicitaban por la aprobación de dos leyes. Vale, como le dijo Sánchez a Ione Belarra, para ti la perra gorda.

La moción no tiene ningún valor vinculante. No obliga legalmente a Sánchez a hacer nada. Es como entonar cantos regionales en el Congreso. Da para unos cuantos titulares y no mucho más. Refleja una realidad política conocida que no se puede obviar. El Partido Popular se apresuró a anunciar que se trataba de un momento “histórico”, lo que supone una notable devaluación del concepto. Como cuando la prensa deportiva dice que una victoria del Real Madrid en Múnich por tres goles de diferencia es algo histórico. Si algo no ha ocurrido antes, eso no significa que sea histórico (pronúnciese la palabra en tono de admiración y regocijo).

Tanto que dicen que la Constitución debería enseñarse en los colegios y resulta que ni los políticos se la saben o la tienen en cuenta. La forma en que un Parlamento pone fin a un Gobierno es con una moción de censura (o con la derrota del Gobierno en una cuestión de confianza). Es lo que marca la Constitución. El PP lleva toda la legislatura acusando a Sánchez de estar violentando o vulnerando la Carta Magna. Algunos tontos útiles argumentan que la Constitución ha quedado derogada “de facto”. Será dentro de su maltrecho cerebro, porque sigue estando en vigor y condicionando el funcionamiento de las instituciones. A la hora de la verdad, la Constitución es sagrada para algunos, pero no tanto cuando no les conviene. 

Cumplir el texto constitucional tampoco es una garantía de buen gobierno. En el mundo real, ocurren múltiples factores que limitan su aplicación. El derecho a una vivienda digna aparece en su articulado, y ya sabemos que eso es una quimera para millones de personas. 

Cuando se redactaba la Constitución de 1978, se escribió en muchos artículos que sus autores habían optado por el modelo alemán. La moción de censura debía ser constructiva e incluir un candidato como presidente. El relevo era inmediato, como sucedió en 2018. Podían haber elegido el modelo italiano, donde el triunfo de una moción de censura supone la dimisión inmediata del primer ministro y de su Gobierno, que quedan en funciones a la espera de que el presidente encargue la formación de un nuevo Gabinete a otro político o, si resulta imposible, convoque nuevas elecciones. 

El elevado número de gobiernos en Italia en los años 70, con una duración media inferior a un año, no animaba a seguir ese camino. El político paradigmático de esa época fue Giulio Andreotti, siete veces primer ministro. Su currículum no acaba ahí. Fue ocho veces ministro de Defensa, a lo que hay que sumar otras quince carteras en otros gobiernos. La formación de un nuevo Gabinete era casi una rutina anual.

Se eligió la opción de la moción de censura constructiva en España para dar mayor estabilidad a los gobiernos. Por entonces, se pensaba que había que asegurar la continuidad del poder ejecutivo y no dejarlo al albur del combate político que se produciría en el legislativo. Al igual que con la jornada de reflexión, algunos creían que nos íbamos a acuchillar por las calles por nuestra falta de cultura democrática. De más está decir que esas cautelas nos parecen ahora excesivas. 

El sistema político se encuentra en una situación de empate permanente. El Gobierno carece de una mayoría en el Congreso después de que Junts haya dejado claro una y otra vez que ya no le apoya. La oposición no puede aprobar una moción de censura porque ni el PNV ni Junts están dispuestos a votar a favor de Feijóo. En este punto es difícil llegar a una conclusión, porque Junts va cambiando de posición cada semana en las votaciones. Y así estamos desde hace meses dando vueltas sobre lo mismo. Si la situación económica fuera muy mala, las consecuencias serían graves. Como no es el caso, el Gobierno puede seguir dando patadas al balón hacia adelante y ver qué pasa después.

En cualquier caso, la crítica a un Gobierno que no ha conseguido aprobar presupuestos en esta legislatura es legítima. ¿Gobernar para hacer qué? Sánchez ha intentado responder a esa pregunta con un tuit que destaca cinco medidas puestas en marcha esta semana. La más importante es la promesa de destinar 6.200 millones más en dos años para el gasto en dependencia por las comunidades autónomas. Pero es una promesa que va más allá de esta legislatura y que depende también de lo que gasten las CCAA en la parte que les toca. 

Al PP no le conviene presentar una moción de censura que no puede ganar a día de hoy. Así que se conforma con poner cara de estar muy enfadado, porque Sánchez no le hace el favor de convocar elecciones. Y rendirse antes si puede ser. Junts hace algo parecido, pero lo dice en catalán. Ninguno de los dos se atreve a pactar la moción. El simple roce entre ambos provocaría rechazo entre muchos de sus votantes y la brigada mediática que les apoya. Siempre queda la alternativa de generar confusión, como ha hecho Miguel Tellado en unas declaraciones: “Lo que sucedió en Cataluña en el 2017 sucedió en 2017. No se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy la amenaza no es el secesionismo. Es la permanencia en el Gobierno de una especie de organización criminal”. 

Pues muy bien. El PP reconoce que el desafío independentista en Catalunya es cosa del pasado. Lo apuntamos para la próxima vez que diga que España se rompe y que le quedan dos telediarios sin pausas publicitarias. 

¿Quién ha concedido a los jueces el privilegio de no ser criticados?

Si das la vuelta a la esquina, te encontrarás a un juez indignado por las críticas a las resoluciones judiciales. Puede que también haya uno debajo de tu cama muy interesado en contarte que esos ataques son un peligro para la independencia judicial. Luego te dicen que desde luego que los jueces son tan independientes como las vírgenes vestales y que todos sus autos y sentencias son impecables. Por tanto, habrá que llegar a la conclusión de que, por muchas críticas que reciban, continúan siendo independientes, ¿no?

En épocas menos tumultuosas que esta, sería bueno que al menos el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia se abstuvieran de criticar las decisiones judiciales. Por aquello de las apariencias. Pero ahora tenemos a un juez que pretende meter en la cárcel a la esposa del presidente después de una instrucción delirante. No es extraño que Sánchez se lo tome como algo personal.

José María Calero, abogado y fiscal en excedencia, publica un artículo en El País con varias ideas interesantes. Explica que criticar una resolución judicial no es un disparate, sino una forma natural de ejercer la libertad de expresión. ¿Dónde está escrito que en una sociedad democrática no se pueda criticar a los jueces que en sí mismos son una representación del poder del Estado? ¿Dónde han conseguido esos altos funcionarios del Estado ese privilegio? 

Resulta que algunos jueces, sobre todo si pertenecen a ciertas asociaciones judiciales, sí se reservan el derecho a criticar medidas políticas del Gobierno o del Parlamento, como vimos con la ley de amnistía, y hasta a manifestarse en la puerta de sus juzgados con las togas puestas. Cuando lo hacen, dicen hablar en nombre de los jueces o de la justicia. Calero les responde:

“Es frecuente esta profunda perversión del ejercicio de ese poder en estos días. Hemos oído expresiones como 'los jueces no nos vamos a dejar intimidar' u otras similares como '¿se creen que van a poder con los jueces y la Guardia Civil?'. Esas manifestaciones apuntan a un entendimiento personalista y equivocado de la naturaleza y los límites de su poder. El juez solo ejerce un poder legítimo en el dictado de sus sentencias, pero cuando pretende hablar como juez miembro de un poder colectivo en televisión hace un ejercicio ilegítimo y desviado de su poder. Por eso merece la crítica más simple y más severa: usted no es juez en este momento y debiera saberlo, los jueces como colectivo no son un poder legítimo en nuestro ordenamiento jurídico. Diga lo que quiera, pero acuérdese que lo hace como ciudadano, no como juez”.

Casarse hacia arriba es una expresión que existía antes para definir el salto económico que daba un cónyuge cuando contraía matrimonio con una persona de estatus económico o social superior. Creo que ya se utiliza menos. Antes, lo más habitual es que quien se casara hacia arriba fuera una mujer. Había muchos más hombres con dinero. Mucho antes, existía la dote, un dinero, en efectivo o en especie, que la familia de la novia abonaba a la nueva pareja o a la familia del novio. Se supone que servía para compensar a la novia por la pérdida de los derechos económicos que hubiera podido tener en su familia. En muchos casos, era un ingreso que se quedaba la familia del novio por dar luz verde al casamiento.

Cuánto hemos avanzado desde entonces. Con el caso de Alberto González Amador, el salto hacia arriba gracias a su relación de pareja con Isabel Díaz Ayuso es espectacular. Una de las grandes decisiones de su trayectoria profesional. Esto no se estudia en las escuelas de negocios, pero lo mismo deberían dedicarle un apartado en el programa docente. Alguna asignatura que se llamara: “Emprendimiento y amor: ganancias patrimoniales tras la decadencia del concepto de amor romántico”. 

En su declaración como testigo en el juicio del fiscal general, Amador ofreció una actuación dramática y hasta lacrimógena —pensemos en Meryl Streep en 'La mujer del teniente francés'— con la intención de presentarse como víctima de una abyecta conspiración. Afirmó que le habían presentado como “el delincuente confeso del Reino de España”. Acabó en lo más alto y dijo que solo le quedaban dos alternativas: “O me voy de España o me suicido”. 

Más allá del hecho de que los usuarios de un Maserati raramente optan por la segunda opción, el dilema carecía de sentido. Cómo iba a elegir salidas tan trágicas si se había hecho millonario, si estaba facturando casi al nivel de Shakira (y con la misma mentalidad sobre la necesidad de cumplir con las obligaciones fiscales). 

Gracias a este diario, esta semana hemos sabido que las dos empresas de Amador facturaron 4,4 millones de euros a Quirón Prevención entre 2021 y 2023 (la primera noticia de su relación con Ayuso es de mayo de 2021). Aparece en un informe de la Agencia Tributaria incorporado a un procedimiento judicial. La agencia estaba obligada a enviar al juez estos datos junto a la petición de que certifique que no puede seguir investigando a Amador, porque ya existe una investigación en su juzgado. La ley le impide hacerlo por su cuenta sin el permiso del juez. 

Hemos contado también que el novio de Ayuso multiplicó por siete sus ingresos procedentes de Quirón tras iniciar su relación con la presidenta. El Grupo Quirón es el principal beneficiario de la política de privatización sanitaria puesta en marcha por el Gobierno de Ayuso. En los negocios de Amador con esa empresa es clave su relación con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, incluido el negocio que le permitió al novio de Ayuso ingresar 1,9 millones por la venta de mascarillas en 2020.

Después, Amador compró a la esposa de Camino una sociedad llamada Círculo Belleza de muy escasa actividad con una facturación anual anterior de unos 30.000 euros. Le cambió de nombre en uno de los grandes saltos del 'branding' en el campo del marketing. Pasó a ser Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering. Mucho mejor, sin duda. Qué empresa de cualquier lugar del mundo se negaría a extender una factura improbable a una compañía con un nombre tan fantástico.

Precio de compra: 500.000 euros. Si el precio te parece excesivo, no es que seas un tacaño. Esa compra se está investigando ahora en los tribunales por las sospechas de que se tratara de un soborno o el pago por los servicios prestados.

Preguntaron a Miguel Tellado el viernes qué le parecían estos números. Son cifras muy superiores a las que se manejan en la investigación que afecta a Zapatero. Ya sabíamos que el número dos del PP no se iba a atrever a criticar a Ayuso. Nadie quiere en el PP acabar como Pablo Casado. Tellado prefirió negar la evidencia: “Es una cuestión personal que en nada afecta a Isabel Díaz Ayuso porque no afecta a la Administración que dirige”. Eso supone ignorar la relación económica que existe entre el Gobierno madrileño y el Grupo Quirón. Y, lo que es más sugerente, exige olvidarse que ella misma, en su calidad de presidenta de Madrid, asumió personalmente la defensa de los intereses económicos y judiciales de su novio al afirmar que todo era una conspiración de “los poderes del Estado” y que incluso Hacienda le debía dinero a él (morro nivel XXL).

A eso se dedicó Miguel Ángel Rodríguez desde el primer momento. El jefe de gabinete de la presidenta es el arquitecto de sus estrategias y quien se ocupa de plasmarlas en la realidad. Como vimos en el asunto del fiscal general, filtrando información falsa a los medios de su cuerda. O lanzándose como una hidra contra los medios que critican a la jefa. Cuando supo de ese informe que revelaba los inmensos beneficios obtenidos por Amador, dio a El País su opinión sobre los responsables: “De la Agencia Tributaria, que debería ser dinamitada”.

Tranquilos, no pasará nada. Ningún comando yihadista de Nuevas Generaciones pondrá explosivos en la Agencia Tributaria ni Nacho Cano dará un concierto frente a la sede para exigir su eliminación. El PP no denunciará a Rodríguez ni considerará que sus amenazas son un peligro para el Estado de Derecho o las instituciones democráticas. Tampoco la prensa de derechas que afirma que el Gobierno ataca a la Constitución y la independencia judicial afirmará que la dinamita que Rodríguez quiere utilizar interfiere en la labor de los funcionarios que se ocupan de combatir el fraude fiscal. Se juegan mucho dinero público procedente de la Comunidad de Madrid como para atreverse a tanto. Ellos dicen que hacen su trabajo para fiscalizar al poder y ya sabemos que Díaz Ayuso no tiene más poder que el del presidente de una comunidad de vecinos.

Peinado, una mancha para la justicia

Era previsible que el juez Juan Carlos Peinado finalizara su instrucción del caso de Begoña Gómez con un fin de fiesta espectacular. Uno de esos en los que los protagonistas están muy pasados de rosca después de consumir grandes cantidades de alcohol. El lunes, comunicó a Gómez que va a juicio con una solicitud de penas superior a la de homicidio. El viernes, abrió una pieza separada en la que le imputó más delitos por un caso que no tiene nada que ver con ella. Horas después, tuvo que rectificar.

El sábado, fue la traca final. Ordenó que la esposa del presidente del Gobierno entregue su pasaporte y le obligó a pasar por su juzgado cada quince días. Lo justificó por el riesgo de fuga, pero resultó que tardó cinco días en tomar la decisión. Nunca se ha visto algo parecido en un juzgado. Cuando existe tal riesgo, un juez no permite que el acusado salga del juzgado para decretar la medida. No sea que se fugue.

Como siempre con Peinado, son sus autos los que delatan sus prejuicios y sus delirios. Gómez cuenta con escolta policial, como todas las esposas de los presidentes. En el texto, afirma que “lo que no cabe duda es que esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”. 

No es frecuente que un juez diga por escrito que es probable que unos policías cometan un delito antes de haberlo cometido. Pero Peinado tiene respuestas para todo. En otro pasaje, sostiene que “la condición de actual Presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección, o acompañamiento de los agentes de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga”. Las comas están aquí donde aparecen en el auto.

Peinado no sabe escribir y sus escasos conocimientos jurídicos a la hora de redactar un auto le llevan a delatarse. Begoña Gómez se fugaría si contara con escoltas y también si no los tuviera, se supone que dejando a su marido en Moncloa y escondiéndose en algún lugar ignoto del planeta sin tratado de extradición con España. Es todo tan estúpido que es inaudito que esa instrucción haya llegado a este punto. O quizá no es inaudito, sino el colofón que se merece.

Todo en este caso es lamentable, sin pruebas que sustenten la catarata de delitos que penden sobre Gómez, y es una mancha que no se borrará fácilmente de la imagen de la Justicia en España. 

La conexión saudí de Zapatero

Después de conocer que había sido imputado, Zapatero anunció en un vídeo que iba a ejercer su “derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción”, y que además respondería a las preguntas de los medios de comunicación. Lo segundo tendrá que esperar y de lo primero ya hemos tenido esta semana el primer capítulo con su comparecencia ante el juez Calama. No era realista pensar que podía responder en poco más de dos horas a todas las cuestiones planteadas por el magistrado en su auto. La impresión general es que se limitó a negar las acusaciones sin aportar información nueva que pueda desmentirlas. Desde luego, no convenció a Calama, que es a fin de cuentas la persona más importante en estos momentos para Zapatero. 

No habló de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho. Dijo que necesita más tiempo para certificar su origen y los documentos que lo prueben. Lo que se sabe por lo que ha contado su entorno a TVE es que que el collar más caro fue un regalo del rey saudí Abdalá en 2007. Eso abre la vía a que la defensa alegue que los hechos están prescritos, pero no va a eliminar la mancha que supone para su reputación. 

Todos los presidentes reciben regalos, dijo el viernes Pedro Sánchez. No es una defensa muy convincente. No todos los presidentes se los llevan a casa después de abandonar Moncloa y los guardan en una caja fuerte. Recibir un regalo carísimo del rey saudí, el jefe de Estado de un régimen que es la antítesis de los valores que Zapatero ha defendido en su carrera política, y ocultarlo al fisco es sencillamente imperdonable y sus antiguos votantes deberían considerarlo una afrenta. No es muy distinto a lo que hizo Juan Carlos de Borbón. Lo único que cambia es el valor económico del presente. Con independencia del resultado final de la investigación judicial, Zapatero ya ha perdido.

Donald Trump ya está preparando la respuesta a las elecciones legislativas de noviembre donde los republicanos tienen todos los números para sufrir una derrota. Como era de esperar, todo lo apuesta a la denuncia de un fraude electoral del que no tiene pruebas, como ocurrió en 2020. Hace unos días, se celebraron las primarias para la alcaldía de Los Ángeles. Cuenta con un singular sistema por el que compiten juntos los candidatos de ambos partidos y los dos primeros son los que optan al puesto en el día de las elecciones. El republicano Spencer Pratt, apoyado por Trump, fue tercero con lo que quedó eliminado. Una candidata demócrata le superó cuando se contabilizó el voto por correo y eso ya fue motivo suficiente para que el presidente de EEUU sostuviera que había habido un fraude. “Una nación del Tercer Mundo”, escribió refiriéndose a California o a todo el país.

En España, esta tendencia trumpista ha calado en varios medios de la derecha y el Partido Popular. Justo antes de las elecciones de 2023, Alberto Núñez Feijóo ya aprovechó que Leire Díez había trabajado en Correos, como directora de Filatelia y Relaciones Institucionales, para alentar las sospechas al afirmar que el sistema de voto por correo “no está completamente blindado”. No supo decir cómo se puede adulterar. En una reunión secreta de Feijóo con la asociación de fiscales conservadores, un fiscal del Tribunal Supremo llegó a recurrir al bulo de Indra.

Las recientes elecciones andaluzas han permitido que vuelva a resurgir el bulo. Esta vez, a cuenta del voto CERA de los votantes españoles que viven en el extranjero. No tuvo ningún impacto en la asignación de escaños ni puso en peligro la victoria del Partido Popular. Pero al menos tres medios de la derecha decidieron que algo sucio podría haber pasado, porque el PSOE y el PP obtuvieron un porcentaje de votos similar. Primero, fue La Razón, aunque sin sacar conclusiones. El PP había sacado 19 puntos de ventaja en las urnas, pero el PSOE había ganado en el voto CERA con 6.703 votos, frente a los 6.307 logrados por el PP. Cifras escasas sin influencia en el resultado.

The Objective se refirió a esos datos y mencionó que “el PSOE ha ganado el voto exterior en las cuatro autonomías en las que ha arrasado el PP”, como si la distinción solo pudiera explicarse por motivos sospechosos. El diario mencionó dos y comentó que estos resultados se han producido “tras la reducción de los controles por parte de Correos y las nacionalizaciones de la 'ley de nietos'”. Tampoco hay que ser un genio para entender por dónde vienen los tiros.

Como ocurre a veces en estos casos, el texto de la noticia desactivaba buena parte de la carga explosiva del titular. Apuntaron que en las elecciones andaluzas de 2022, donde el PP consiguió la mayoría absoluta, los conservadores ganaron el voto exterior, aunque con una diferencia mínima sobre los socialistas (55 votos) que tampoco fue relevante. Fueron las últimas en esa región con el sistema del voto rogado, que ya no existe. Se suprimió con una nueva ley en 2022 que recibió el apoyo del PP. La reforma salió adelante con los votos de PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, Ciudadanos y PNV.

El Mundo optó directamente por la vía conspiratoria: “Algo está pasando con el voto exterior: el PSOE gana en Andalucía y dispara la sospecha”. Si el PSOE saca más porcentaje de votos en el extranjero, será que hay fraude o que por lo menos hay motivos para sospechar. 

El mismo artículo admite que no es la primera vez que los votantes españoles en el exterior votan de forma diferente a los que viven en España. Además, su número es ínfimo. Cita que hubo 21.583 votos CERA en las elecciones de Andalucía, es decir, el 0,5% de los 4,2 millones que ejercieron su derecho al voto el 17 de mayo.

La baja participación de los votantes del exterior se ha dado siempre y pasó a ser bajísima cuando se puso en marcha el voto rogado, que tuvo como consecuencia hundir esa participación. Los latinoamericanos que se han aprovechado de la Ley de Memoria Democrática para obtener la nacionalidad española no lo han hecho para votar en las elecciones, sino para conseguir el pasaporte. 

Resulta que en las elecciones generales de 2023 sí hubo un caso en que se movió un escaño gracias a los votos que llegaron del extranjero. Fue en la circunscripción de Madrid y lo ganó el PP a costa del PSOE. Pero ahora quieren hacernos creer que el Gobierno cuenta con un plan siniestro para aumentar sus votos con esa supuesta cantera exterior. No tienen pruebas. 

¿Esa es la forma que tienen de defender el Estado de Derecho y las instituciones democráticas, como dicen que hacen todos los días? ¿Poner en cuestión la limpieza de un sistema electoral que ha funcionado con normalidad desde 1977?

Dignidad

León XIV finalizó el viernes en Tenerife una visita a España que ha ofrecido todo tipo de imágenes. Algunas han sido las habituales en los viajes de todos los papas con misas multitudinarias en Madrid, Barcelona y Canarias. Otras han interpelado a toda la sociedad con sus mensajes sobre la inmigración y la responsabilidad que tienen los cristianos ante ella. “La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar la frontera”, dijo en Arguineguín, el puerto donde han llegado tantos cayucos. En su discurso en el Congreso, recordó a los políticos que los extranjeros que viven en España deben contar con “posibilidades reales de integración”. Esa integración –que es gradual y que está condicionada por múltiples aspectos económicos– es imposible si no cuentan con papeles que legalicen su vida ante las autoridades. Sin ellos, están expuestos a la marginalidad y los abusos. Y todos salimos perdiendo, no sólo ellos.

Frente a los que como Díaz Ayuso dicen que la regularización aprobada por el Gobierno es una forma de “importar pobreza masiva”, el Papa ha dicho que no hay alternativa a la decisión de concederles los medios para que puedan vivir su vida con dignidad. Esa es una palabra que ha repetido una y otra vez. 

En la última etapa de su viaje en Tenerife, ha visitado el centro de acogida de Las Raíces por donde han pasado cerca de 70.000 personas desde 2021. Ha tenido gestos de humanidad con los niños que son hijos de esos migrantes. Ha escuchado a una mujer que llegó a Canarias jugándose la vida en el mar decir algo que todos debemos tener presente: “No pedimos privilegios ni compasión, sino respeto y la oportunidad de vivir con dignidad”.

Voy a comenzar el boletín de este domingo con unas palabras de Emiliano García-Page. No es que el presidente de Castilla La Mancha tenga un olfato político bien calibrado, pero estas frases no están mal tiradas. “En España tenemos la mala costumbre de pensar que la gente mala es lista. Pues no, también hay corruptos tontos y torpes. Esta es una”, dijo esta semana al hablar de Leire Díez, la espía tonta que el PSOE, a través de Santos Cerdán, financió para que buscara trapos sucios de jueces, fiscales y policías. 

Con Page, es fácil encontrar frases que confirman que ha comprado la mayor parte del mensaje de la derecha. En esa misma entrevista, dice que se deberían haber celebrado elecciones anticipadas hace un año y que ya es imposible gobernar, porque “el poder lo tiene Puigdemont”. Claro que sí. Por eso, sigue viviendo de alquiler en Bélgica y su partido se va consumiendo en los sondeos.

Volviendo a Leire Díez y lo que se ha sabido esta semana, tenemos una nueva víctima política a la que se podría añadir a su jefe, que resulta que es el ministro de Interior. Se trata de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, de la que Marlaska dijo antes que no se había reunido con Díez. Eso ha quedado viejo. El informe de la UCO describe tres contactos entre ambas. El ministro ha pasado a decir que “no tuvo con Leire ninguna conversación relativa a la trama”. Entonces, ¿de qué hablaron? La nueva versión es que Díez le pidió que echara un cable al comandante Rubén Villalba, que estaba implicado en el caso Koldo, y que en ese momento González puso fin al encuentro y no hubo más relación. 

Este tipo de situaciones ponen a prueba la paciencia de los votantes y eso en política nunca acaba bien. ¿Por qué no se contó toda la verdad desde el principio? La respuesta es sencilla: porque sabían que eso daría mala imagen y regalaría argumentos al rival político. O porque se estaba intentando ocultar algo. Al final, las consecuencias son peores. Una investigación revela hechos que podrían ser sospechosos o no muy relevantes, pero, como no fuiste honesto desde el primer momento, ahora lo tienes más difícil para que te crean. 

También podrías llegar a la conclusión, aunque creas que no hay indicios de delito en esa situación, de que alguien tiene que pagar con el puesto al asumir las consecuencias políticas de esos actos. No siempre es justo, pero la política dista mucho de ser justa cuando vuelan las sospechas. Necesitas poner a alguien que no tenga ninguna relación con los hechos y que por tanto esté libre de toda culpa, real o potencial. 

No va a ocurrir nada de eso. Es más fácil que Donald Trump o el Papa tengan que dimitir a que lo haga Marlaska. Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo al ministro y a la directora de la Guardia Civil. En resumidas cuentas, el marrón se lo comerá entero Moncloa. Y luego se quejarán. 

Ya no se puede negar que un grupo de personajes lamentables se dedicaba a intentar desacreditar las investigaciones policiales y judiciales que podían perjudicar al Gobierno. ¿Con qué nivel de apoyo político? Los informes policiales indican que recibían dinero de Santos Cerdán cuando era secretario de Organización del PSOE. Los socialistas pueden decir ahora que ya no tienen ninguna relación con él y que se busque la vida en las causas judiciales que le atañen. Vale, de acuerdo, pero Cerdán era quien dirigía el partido desde Ferraz, por decisión de Sánchez, y quien controlaba sus fondos. La distinción de que era Cerdán, y no el PSOE, quien hacía esos pagos a la banda de Díez es casi bizantina. No te absuelve en absoluto de tu responsabilidad política. 

Una explicación convincente la ha dado el ministro Félix Bolaños: “Es indiscutible que hay una persona que utiliza el nombre del presidente del Gobierno continuamente y probablemente lo hace para darse importancia. Pero es que el propio sumario responde a esa pregunta, porque no hay nada, absolutamente nada, que indique que el presidente del Gobierno tuviera ningún conocimiento de esto”.

No es eso lo que dice la UCO en su informe. En el estilo habitual de estos agentes, donde se mezclan los hechos, las deducciones y el uso frecuente del condicional, escriben que “lo que se evidenciaría del contenido de los mensajes anteriores es el conocimiento por parte del presidente del Gobierno de la actividad que venía desarrollando la propia Leire”. Y con eso el diario ABC ya tenía hecho el titular: “La UCO sostiene que Pedro Sánchez conocía el trabajo de las cloacas del PSOE”.

Sánchez confirmó el viernes que no sabía nada de las maniobras de Díez: “Ni lo avalé ni tuve información. Nunca lo hubiera tolerado”. 

El Partido Popular afirma que estamos ante el escándalo más grave de la democracia, como si hubiera pocos. Mientras tanto, se celebra en la Audiencia Nacional el juicio de la Kitchen donde no encontrarás a una exmilitante y exconcejal del PP con delirios de grandeza. En el banquillo de los acusados están: un ministro (Fernández Díaz), un secretario de Estado (Martínez), un director operativo de la policía (Pino), el célebre comisario Villarejo, el comisario Gómez Gordo que fue también cargo de confianza de Cospedal, el comisario y jefe de la UDEF Martín Blas, el comisario Olivera que había sido jefe de la UDEF, el inspector jefe Fuentes Gago, mano derecha de Pino, y el inspector jefe Díez Sevillano, también colaborador de Pino. Toda la plana mayor del Ministerio de Interior del Gobierno de Rajoy. Si eso no es una conspiración, ya casi no se puede utilizar esa palabra.

Desde luego, Rajoy dice que no sabía nada de lo que pasaba en ese Ministerio ni de lo que había hecho su tesorero, Luis Bárcenas, de la misma forma que Aznar no sabía nada de la Gürtel. Pero el PP está convencido de que Sánchez lo sabía todo de Ábalos, Koldo, Cerdán y Leire. Y que algún juez le llamará a declarar como imputado más pronto que tarde.

Cada uno puede valorar la credibilidad de los indicios conocidos del caso Leire. Lo que no puede hacer es restar gravedad a las acusaciones sobre las maniobras de Leire Díez pagadas con fondos del PSOE porque los de antes hacían lo mismo, pero mejor y con tipos con más experiencia en el ramo.

Un delirio judicial

A las acusaciones populares, incluidas las del PP y Vox, en el juicio de David Sánchez no les vino muy bien el testimonio de los tres directores que han dirigido los dos conservatorios de Badajoz en los últimos años sobre la conducta profesional del hermano del presidente del Gobierno. Así que han doblado su petición de pena, de tres a seis años de prisión. Intentan aprovecharse del testimonio del teniente coronel Antonio Balas, que una vez más se explayó con sus deducciones y su teoría de que si hay una jerarquía de mando en una institución, y las hay en todas, el de arriba tuvo que cometer todos los delitos que se están juzgando. ¿Qué pruebas tiene para afirmarlo? No necesita ninguna. Le preguntaron por el resto de acusados. Dijo que no sabía nada de ellos, como escribí en el artículo del jueves. Él estaba ahí sólo por David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo.

El juicio de Sánchez es un puro dislate. Es un agravio comparativo con los casos de enchufes o nepotismo que han pasado por los tribunales. Ignacio Escolar recuerda uno muy conocido, el de José Luis Baltar, presidente de la Diputación de Ourense desde 1990 a 2012. Colocó de forma ilegal a 104 personas en nómina, la mayoría familiares y cargos vinculados al PP. Nunca le pidieron pena de prisión y solo fue condenado, cuando ya estaba fuera de la política, a nueve años de inhabilitación. 

El que pueda pedir seis años de prisión al hermano de Pedro Sánchez, que lo pida.

A tope con los fetos y que les den a los niños

Todas las veces que he estado en la Asamblea de Madrid en épocas de calor, la temperatura era gélida. No me hubiera sorprendido ver a un oso polar siguiendo una rueda de prensa con el boli y el cuaderno sintiéndose como en casa. Cuando en plena crisis energética por la invasión de Ucrania el Gobierno de Sánchez impuso una temperatura mínima de 24 grados en los edificios de la Administración, en la Asamblea pasaron del tema y puede que hasta bajaran el termostato.

Por eso, resulta grotesco que un consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se riera de la petición de acelerar la instalación de equipos de aire acondicionado en los colegios. Mariano de Paco dijo que el calor puede ser “fuente de inspiración” y que él fue al colegio en Murcia, que allí hacía mucho calor “y aquí estoy y no pasa absolutamente nada”. Que vayan los niños en manga corta, dijo, como hace con su hijo. Se creerá que lo normal es que estén a 30 grados en las aulas con un plumífero.

Puedes estar seguro de una cosa. Todos los políticos que restan importancia al tema de calor tienen puesto el aire acondicionado en sus despachos. Nunca prescindirán de él. Para los demás, ya se verá, y si son niños, que les den.

Lo curioso es que momentos antes Ayuso defendió su medida de considerar al embrión como parte de la unidad familiar con vistas a las ayudas sociales. “Cada vida importa desde el primer suspiro”, dijo, y por eso “estamos legislando para el no nacido que está en camino”. Ya lo decía George Carlin en una de sus actuaciones: “Los conservadores son de lo que no hay. Harían cualquier cosa por el no nacido, pero una vez que has nacido, te buscas la vida. Los conservadores están obsesionados con el feto desde la concepción hasta los nueve meses. Después de eso, no quieren saber nada de ti”. 

Arrancó el juicio a David Sánchez en Badajoz y con él se ha producido una imagen que sirve de ejemplo de los tiempos políticos que vivimos. Aparecen todos los abogados que representan a las acusaciones populares en el juicio al hermano de Pedro Sánchez. Por este orden de derecha a izquierda: Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Vox, Liberum, Iustitia Europa y el PP. ¿Abogados Cristianos? Sí, parece ser que la concesión de una plaza a David Sánchez por la Diputación de Badajoz ofende a Dios y cuestiona los principios de la Iglesia Católica Apostólica Romana en materia de contratación de músicos.

Además del PP y Vox, ahí están todas las organizaciones de extrema derecha que han convertido las instrucciones judiciales en un campo de batalla contra el Gobierno y que emplean su acceso al sumario como herramienta de combate. Presentan querellas a todo lo que se mueve pillando unos recortes periodísticos con titulares escandalosos. Ese tipo de cosas que ponen al juez Peinado como una moto. A su vez, los indicios que surgen en el sumario se convierten en titulares periodísticos que dejan claro que el Gobierno es culpable de haber montado una red corrupta.

Por cierto, en la instrucción del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, el juez ha puesto al PP al frente de las acusaciones populares. Es lógico al tener una mayor representatividad social, pero los argumentos tienen su gracia. Afirma que el PP “presenta una más relevante implantación institucional, que evidencia una mayor capacidad de proyección del interés general en el marco del proceso penal”. Ja, interés general. El PP se ha personado en ese juicio por un interés muy particular, conseguir que esa investigación sirva para tumbar al Gobierno (de la misma forma que el PSOE está personado en el juicio de Kitchen). ¿Quiénes son los demás integrantes de la acusación popular? La banda de costumbre: Vox, Hazte Oír, Manos Limpias y Iustitia Europa, con el añadido de Ciudadanos, que resulta que aún existe.

Han sido varias las ocasiones en que el Tribunal Supremo ha dictaminado que entregar artículos periodísticos que no incluyen documentos reales no es motivo suficiente para iniciar acciones legales. En el caso de una querella de Manos Limpias en 2025, los magistrados destacaron que no les corresponde “bucear dentro de la noticia para averiguar qué apartado o qué conducta concreta resulta reprochable a la concreta sensibilidad del querellante”. La Sala de lo Penal alertó de que se estaba poniendo en marcha un “ejercicio irracional y abusivo del derecho de acceso a los tribunales”.

No todos los casos judiciales con impacto político son como el de Begoña Gómez. No lo fue con la investigación que llevó a juicio a José Luis Ábalos y Koldo García y que ahora espera sentencia. Tampoco el que afecta también a Santos Cerdán en la Audiencia Nacional. Acaba de desencadenarse el caso que implica a José Luis Rodríguez Zapatero al que las portadas de algunos medios y el Partido Popular ya han declarado culpable. Esta semana, la UCO pasó todo un día en la sede de Ferraz investigando la presunta trama con la que se pagó a Leire Díez para que desacreditara junto a otras personas las investigaciones que pudieran perjudicar al PSOE, donde vuelve a aparecer Cerdán. 

Ese caso ya ha producido la imputación de la gerente del partido a la que Pedro Sánchez se ha apresurado a apoyar. Lo mismo que hizo inicialmente con Ábalos y Cerdán. Además, se permitió alguna broma sobre la exigencia de la oposición –y de García Page– de que convoque elecciones. La presencia policial en la sede de Ferraz no le suscitó ningún reconocimiento de culpa, más allá de la promesa recurrente de colaborar con la justicia. Cuando la Policía registró la sede del PP en la calle Génova, el PSOE se mostró mucho más enfurecido. Ni creyó a Rajoy cuando dijo que “todas las contrataciones de esta casa se han hecho en el marco de la legalidad, todas sin excepción figuran en el Tribunal de Cuentas”. No fue muy distinto a lo que ahora ha dicho el PSOE. 

Los socios de los socialistas empiezan a dar muestras de estar hartos. No les vale con la idea de resistir a cualquier precio que se escucha en Moncloa. Exigen que se den explicaciones con la ventaja que da el hecho de que ellos no tienen que explicar nada. No fueron ellos los que dieron tanto poder a Ábalos y Cerdán. “La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país, venga de donde venga, ni es que los expresidentes del Gobierno, se llamen como se llamen, hagan lo que estamos viendo presuntamente que parece que todos hacen”, ha dicho Yolanda Díaz. “El PSOE se lo está tomando un poco a broma y es algo que es serio, hay un clima de preocupación evidente y menospreciarlo es un error grave”, criticó Aina Díaz. 

El PSOE prefiere apostarlo todo a la teoría de la campaña orquestada para derribar al Gobierno, aún más en una semana en la que José María Aznar ha reiterado su mandato de “el que pueda hacer, que haga”. “Se redactan sumarios que podrían presentarse al Premio Planeta”, ha dicho Óscar López. “Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente”, ha denunciado Óscar Puente, que ha grabado un vídeo de diez minutos para responder a las alegaciones contenidas en el informe de la UDEF y en noticias de medios sobre el caso de Zapatero que afectan a su Ministerio.

Esta última iniciativa es correcta. Dar información detallada sobre acusaciones concretas. Las denuncias genéricas sobre posibles connivencias entre políticos y jueces tienen menos peso. Habrá votantes socialistas que las acepten y otros que no, y los segundos pueden ser muchos. Al menos al PP no le sirvió de mucho esa estrategia con la Gürtel. En especial, cuando las versiones iniciales sobre una investigación quedan cuestionadas por ciertos hechos. Leire Díez sigue siendo un personaje lamentable y hasta risible, pero si el PSOE le pagó dinero para sus maniobras de dudosa legalidad va a tener que pagar el precio político correspondiente. Si el PSOE pensaba que había amortizado el desgaste por haber tenido a alguien como Cerdán al frente de la gestión del partido, estaba muy equivocado. Y eso no se soluciona con frases graciosas sobre el Premio Planeta.

Algo parecido ocurre con Zapatero. Es lógico que Sánchez siga creyendo en la inocencia del expresidente. Pero políticamente queda a merced de lo que salga de un sumario al que le quedan muchos años de vida. Ya se sabe que hay claras contradicciones entre lo que dijo Zapatero en su comparecencia en el Senado y en una entrevista en Onda Cero con la realidad que reflejan las comunicaciones de directivos de Plus Ultra y los fondos recibidos por él y la empresa de sus hijas.

En el fondo del asunto, se encuentra un rescate en el que se realizaron los controles habituales por la SEPI. No se encuentran pruebas sobre una intervención directa de Zapatero en favor de la compañía aérea. Persiste la duda de saber por qué esos directivos estaban convencidos de que tenían asegurado el apoyo de “nuestro pana Zapatero” y por qué pagaron a su amigo, Julio Martínez. Otro elemento intrigante es cómo pudo el contenido del teléfono móvil del mayor accionista de Plus Ultra ser clonado en 2021 en el aeropuerto de Miami y cómo pudo aparecer cinco años después en una investigación realizada en España. Si se aseguró la cadena de custodia de esas pruebas, si fueron manipuladas o si hubo una intencionalidad política en el envío de esas pruebas por el Departamento de Seguridad Interior de EEUU, que no es un organismo judicial, sino del poder ejecutivo. 

Si el plato principal del caso de Zapatero está por cocinar, se puede decir que la guarnición mediática desborda toda la mesa. Recordaréis que se condenó a un fiscal general porque el Tribunal Supremo se creyó la versión de que se había filtrado el contenido de una conversación del abogado del novio de Ayuso con un fiscal y que eso vulneraba el derecho de defensa. Ahora el contenido del sumario de la investigación a Zapatero, como el de otros casos, tarda solo unas pocas horas en llegar a todos los medios, que informan tanto de los hechos más sólidos como de cuestiones laterales. La intención es acabar con la credibilidad del acusado y que la opinión pública decida que ya es culpable. Y ni siquiera ha declarado aún ante el juez. 

Los titulares y los comentarios en los medios cuentan con un papel público relevante que no se puede desdeñar. Todo lo que aparece en el informe policial sobre Zapatero incluye elementos sólidos y otros que de momento no es posible apreciar su solvencia, además de algunos que son poco relevantes, pero que dan mala imagen. Cada uno elige los que quiere. Lo mismo en el caso de las maniobras de Leire Díez. No se pueden esconder en un cajón ni considerar absurdo que se investiguen. Lo que ya no es de recibo es la manipulación. 

Esta semana, ha tenido lugar un momento decisivo en el juicio de la Kitchen: la declaración del exministro Jorge Fernández Díaz y su entonces secretario de Estado, Francisco Martínez. Afirmar, como ha hecho Antonio Ferreras en La Sexta, que hay una “Kitchen del PSOE” es una manipulación. La frase: “Tenemos un pacto de honestidad con los espectadores y vamos a contar tanto la Kitchen del PP como la Kitchen del PSOE”.

Por lo que se conoce hoy, no se puede comparar el intento infructuoso de Díez y sus colaboradores ayudados por Cerdán con una conspiración en la que intervinieron, según la acusación en el juicio, un ministro, su número dos y buena parte de la cúpula policial del Ministerio. Ojo, lo primero puede ser delito, aunque no sirviera para nada. Lo de Kitchen está a una escala superior y varios de sus delitos, como toda la operación para desacreditar a Podemos con pruebas falsas, ni han llegado a juicio. De hecho, La Sexta Columna le dedicó su programa del viernes, así que saben de lo que están hablando.

Sobre la declaración de Fernández Díaz de esta semana, ya escribí un artículo en el que detallé todas sus inconsistencias y mentiras. Si alguien se juega una condena de 15 años de prisión, no es extraño que mienta. No sólo no se enteró de nada, dijo, sino que nadie en el PP le dijo que estuvieran preocupados por las pruebas que podría conservar Luis Bárcenas. Bueno, qué se puede esperar de alguien que ese mismo día publicó un artículo en La Razón denunciando que España vive “una situación inaudita” con tantos casos de corrupción. Hay pocas cosas más inauditas que ver a un exministro de Interior rodeado de comisarios en el banquillo donde se suelen sentar los delincuentes. Van a tener que echarle mucho valor los jueces si quieren absolver a un tipo con tanta jeta.