Donald Trump ya está preparando la respuesta a las elecciones legislativas de noviembre donde los republicanos tienen todos los números para sufrir una derrota. Como era de esperar, todo lo apuesta a la denuncia de un fraude electoral del que no tiene pruebas, como ocurrió en 2020. Hace unos días, se celebraron las primarias para la alcaldía de Los Ángeles. Cuenta con un singular sistema por el que compiten juntos los candidatos de ambos partidos y los dos primeros son los que optan al puesto en el día de las elecciones. El republicano Spencer Pratt, apoyado por Trump, fue tercero con lo que quedó eliminado. Una candidata demócrata le superó cuando se contabilizó el voto por correo y eso ya fue motivo suficiente para que el presidente de EEUU sostuviera que había habido un fraude. “Una nación del Tercer Mundo”, escribió refiriéndose a California o a todo el país.

En España, esta tendencia trumpista ha calado en varios medios de la derecha y el Partido Popular. Justo antes de las elecciones de 2023, Alberto Núñez Feijóo ya aprovechó que Leire Díez había trabajado en Correos, como directora de Filatelia y Relaciones Institucionales, para alentar las sospechas al afirmar que el sistema de voto por correo “no está completamente blindado”. No supo decir cómo se puede adulterar. En una reunión secreta de Feijóo con la asociación de fiscales conservadores, un fiscal del Tribunal Supremo llegó a recurrir al bulo de Indra.

Las recientes elecciones andaluzas han permitido que vuelva a resurgir el bulo. Esta vez, a cuenta del voto CERA de los votantes españoles que viven en el extranjero. No tuvo ningún impacto en la asignación de escaños ni puso en peligro la victoria del Partido Popular. Pero al menos tres medios de la derecha decidieron que algo sucio podría haber pasado, porque el PSOE y el PP obtuvieron un porcentaje de votos similar. Primero, fue La Razón, aunque sin sacar conclusiones. El PP había sacado 19 puntos de ventaja en las urnas, pero el PSOE había ganado en el voto CERA con 6.703 votos, frente a los 6.307 logrados por el PP. Cifras escasas sin influencia en el resultado.

The Objective se refirió a esos datos y mencionó que “el PSOE ha ganado el voto exterior en las cuatro autonomías en las que ha arrasado el PP”, como si la distinción solo pudiera explicarse por motivos sospechosos. El diario mencionó dos y comentó que estos resultados se han producido “tras la reducción de los controles por parte de Correos y las nacionalizaciones de la 'ley de nietos'”. Tampoco hay que ser un genio para entender por dónde vienen los tiros.

Como ocurre a veces en estos casos, el texto de la noticia desactivaba buena parte de la carga explosiva del titular. Apuntaron que en las elecciones andaluzas de 2022, donde el PP consiguió la mayoría absoluta, los conservadores ganaron el voto exterior, aunque con una diferencia mínima sobre los socialistas (55 votos) que tampoco fue relevante. Fueron las últimas en esa región con el sistema del voto rogado, que ya no existe. Se suprimió con una nueva ley en 2022 que recibió el apoyo del PP. La reforma salió adelante con los votos de PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, Ciudadanos y PNV.

El Mundo optó directamente por la vía conspiratoria: “Algo está pasando con el voto exterior: el PSOE gana en Andalucía y dispara la sospecha”. Si el PSOE saca más porcentaje de votos en el extranjero, será que hay fraude o que por lo menos hay motivos para sospechar. 

El mismo artículo admite que no es la primera vez que los votantes españoles en el exterior votan de forma diferente a los que viven en España. Además, su número es ínfimo. Cita que hubo 21.583 votos CERA en las elecciones de Andalucía, es decir, el 0,5% de los 4,2 millones que ejercieron su derecho al voto el 17 de mayo.

La baja participación de los votantes del exterior se ha dado siempre y pasó a ser bajísima cuando se puso en marcha el voto rogado, que tuvo como consecuencia hundir esa participación. Los latinoamericanos que se han aprovechado de la Ley de Memoria Democrática para obtener la nacionalidad española no lo han hecho para votar en las elecciones, sino para conseguir el pasaporte. 

Resulta que en las elecciones generales de 2023 sí hubo un caso en que se movió un escaño gracias a los votos que llegaron del extranjero. Fue en la circunscripción de Madrid y lo ganó el PP a costa del PSOE. Pero ahora quieren hacernos creer que el Gobierno cuenta con un plan siniestro para aumentar sus votos con esa supuesta cantera exterior. No tienen pruebas. 

¿Esa es la forma que tienen de defender el Estado de Derecho y las instituciones democráticas, como dicen que hacen todos los días? ¿Poner en cuestión la limpieza de un sistema electoral que ha funcionado con normalidad desde 1977?

Dignidad

León XIV finalizó el viernes en Tenerife una visita a España que ha ofrecido todo tipo de imágenes. Algunas han sido las habituales en los viajes de todos los papas con misas multitudinarias en Madrid, Barcelona y Canarias. Otras han interpelado a toda la sociedad con sus mensajes sobre la inmigración y la responsabilidad que tienen los cristianos ante ella. “La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar la frontera”, dijo en Arguineguín, el puerto donde han llegado tantos cayucos. En su discurso en el Congreso, recordó a los políticos que los extranjeros que viven en España deben contar con “posibilidades reales de integración”. Esa integración –que es gradual y que está condicionada por múltiples aspectos económicos– es imposible si no cuentan con papeles que legalicen su vida ante las autoridades. Sin ellos, están expuestos a la marginalidad y los abusos. Y todos salimos perdiendo, no sólo ellos.

Frente a los que como Díaz Ayuso dicen que la regularización aprobada por el Gobierno es una forma de “importar pobreza masiva”, el Papa ha dicho que no hay alternativa a la decisión de concederles los medios para que puedan vivir su vida con dignidad. Esa es una palabra que ha repetido una y otra vez. 

En la última etapa de su viaje en Tenerife, ha visitado el centro de acogida de Las Raíces por donde han pasado cerca de 70.000 personas desde 2021. Ha tenido gestos de humanidad con los niños que son hijos de esos migrantes. Ha escuchado a una mujer que llegó a Canarias jugándose la vida en el mar decir algo que todos debemos tener presente: “No pedimos privilegios ni compasión, sino respeto y la oportunidad de vivir con dignidad”.

Voy a comenzar el boletín de este domingo con unas palabras de Emiliano García-Page. No es que el presidente de Castilla La Mancha tenga un olfato político bien calibrado, pero estas frases no están mal tiradas. “En España tenemos la mala costumbre de pensar que la gente mala es lista. Pues no, también hay corruptos tontos y torpes. Esta es una”, dijo esta semana al hablar de Leire Díez, la espía tonta que el PSOE, a través de Santos Cerdán, financió para que buscara trapos sucios de jueces, fiscales y policías. 

Con Page, es fácil encontrar frases que confirman que ha comprado la mayor parte del mensaje de la derecha. En esa misma entrevista, dice que se deberían haber celebrado elecciones anticipadas hace un año y que ya es imposible gobernar, porque “el poder lo tiene Puigdemont”. Claro que sí. Por eso, sigue viviendo de alquiler en Bélgica y su partido se va consumiendo en los sondeos.

Volviendo a Leire Díez y lo que se ha sabido esta semana, tenemos una nueva víctima política a la que se podría añadir a su jefe, que resulta que es el ministro de Interior. Se trata de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, de la que Marlaska dijo antes que no se había reunido con Díez. Eso ha quedado viejo. El informe de la UCO describe tres contactos entre ambas. El ministro ha pasado a decir que “no tuvo con Leire ninguna conversación relativa a la trama”. Entonces, ¿de qué hablaron? La nueva versión es que Díez le pidió que echara un cable al comandante Rubén Villalba, que estaba implicado en el caso Koldo, y que en ese momento González puso fin al encuentro y no hubo más relación. 

Este tipo de situaciones ponen a prueba la paciencia de los votantes y eso en política nunca acaba bien. ¿Por qué no se contó toda la verdad desde el principio? La respuesta es sencilla: porque sabían que eso daría mala imagen y regalaría argumentos al rival político. O porque se estaba intentando ocultar algo. Al final, las consecuencias son peores. Una investigación revela hechos que podrían ser sospechosos o no muy relevantes, pero, como no fuiste honesto desde el primer momento, ahora lo tienes más difícil para que te crean. 

También podrías llegar a la conclusión, aunque creas que no hay indicios de delito en esa situación, de que alguien tiene que pagar con el puesto al asumir las consecuencias políticas de esos actos. No siempre es justo, pero la política dista mucho de ser justa cuando vuelan las sospechas. Necesitas poner a alguien que no tenga ninguna relación con los hechos y que por tanto esté libre de toda culpa, real o potencial. 

No va a ocurrir nada de eso. Es más fácil que Donald Trump o el Papa tengan que dimitir a que lo haga Marlaska. Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo al ministro y a la directora de la Guardia Civil. En resumidas cuentas, el marrón se lo comerá entero Moncloa. Y luego se quejarán. 

Ya no se puede negar que un grupo de personajes lamentables se dedicaba a intentar desacreditar las investigaciones policiales y judiciales que podían perjudicar al Gobierno. ¿Con qué nivel de apoyo político? Los informes policiales indican que recibían dinero de Santos Cerdán cuando era secretario de Organización del PSOE. Los socialistas pueden decir ahora que ya no tienen ninguna relación con él y que se busque la vida en las causas judiciales que le atañen. Vale, de acuerdo, pero Cerdán era quien dirigía el partido desde Ferraz, por decisión de Sánchez, y quien controlaba sus fondos. La distinción de que era Cerdán, y no el PSOE, quien hacía esos pagos a la banda de Díez es casi bizantina. No te absuelve en absoluto de tu responsabilidad política. 

Una explicación convincente la ha dado el ministro Félix Bolaños: “Es indiscutible que hay una persona que utiliza el nombre del presidente del Gobierno continuamente y probablemente lo hace para darse importancia. Pero es que el propio sumario responde a esa pregunta, porque no hay nada, absolutamente nada, que indique que el presidente del Gobierno tuviera ningún conocimiento de esto”.

No es eso lo que dice la UCO en su informe. En el estilo habitual de estos agentes, donde se mezclan los hechos, las deducciones y el uso frecuente del condicional, escriben que “lo que se evidenciaría del contenido de los mensajes anteriores es el conocimiento por parte del presidente del Gobierno de la actividad que venía desarrollando la propia Leire”. Y con eso el diario ABC ya tenía hecho el titular: “La UCO sostiene que Pedro Sánchez conocía el trabajo de las cloacas del PSOE”.

Sánchez confirmó el viernes que no sabía nada de las maniobras de Díez: “Ni lo avalé ni tuve información. Nunca lo hubiera tolerado”. 

El Partido Popular afirma que estamos ante el escándalo más grave de la democracia, como si hubiera pocos. Mientras tanto, se celebra en la Audiencia Nacional el juicio de la Kitchen donde no encontrarás a una exmilitante y exconcejal del PP con delirios de grandeza. En el banquillo de los acusados están: un ministro (Fernández Díaz), un secretario de Estado (Martínez), un director operativo de la policía (Pino), el célebre comisario Villarejo, el comisario Gómez Gordo que fue también cargo de confianza de Cospedal, el comisario y jefe de la UDEF Martín Blas, el comisario Olivera que había sido jefe de la UDEF, el inspector jefe Fuentes Gago, mano derecha de Pino, y el inspector jefe Díez Sevillano, también colaborador de Pino. Toda la plana mayor del Ministerio de Interior del Gobierno de Rajoy. Si eso no es una conspiración, ya casi no se puede utilizar esa palabra.

Desde luego, Rajoy dice que no sabía nada de lo que pasaba en ese Ministerio ni de lo que había hecho su tesorero, Luis Bárcenas, de la misma forma que Aznar no sabía nada de la Gürtel. Pero el PP está convencido de que Sánchez lo sabía todo de Ábalos, Koldo, Cerdán y Leire. Y que algún juez le llamará a declarar como imputado más pronto que tarde.

Cada uno puede valorar la credibilidad de los indicios conocidos del caso Leire. Lo que no puede hacer es restar gravedad a las acusaciones sobre las maniobras de Leire Díez pagadas con fondos del PSOE porque los de antes hacían lo mismo, pero mejor y con tipos con más experiencia en el ramo.

Un delirio judicial

A las acusaciones populares, incluidas las del PP y Vox, en el juicio de David Sánchez no les vino muy bien el testimonio de los tres directores que han dirigido los dos conservatorios de Badajoz en los últimos años sobre la conducta profesional del hermano del presidente del Gobierno. Así que han doblado su petición de pena, de tres a seis años de prisión. Intentan aprovecharse del testimonio del teniente coronel Antonio Balas, que una vez más se explayó con sus deducciones y su teoría de que si hay una jerarquía de mando en una institución, y las hay en todas, el de arriba tuvo que cometer todos los delitos que se están juzgando. ¿Qué pruebas tiene para afirmarlo? No necesita ninguna. Le preguntaron por el resto de acusados. Dijo que no sabía nada de ellos, como escribí en el artículo del jueves. Él estaba ahí sólo por David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo.

El juicio de Sánchez es un puro dislate. Es un agravio comparativo con los casos de enchufes o nepotismo que han pasado por los tribunales. Ignacio Escolar recuerda uno muy conocido, el de José Luis Baltar, presidente de la Diputación de Ourense desde 1990 a 2012. Colocó de forma ilegal a 104 personas en nómina, la mayoría familiares y cargos vinculados al PP. Nunca le pidieron pena de prisión y solo fue condenado, cuando ya estaba fuera de la política, a nueve años de inhabilitación. 

El que pueda pedir seis años de prisión al hermano de Pedro Sánchez, que lo pida.

A tope con los fetos y que les den a los niños

Todas las veces que he estado en la Asamblea de Madrid en épocas de calor, la temperatura era gélida. No me hubiera sorprendido ver a un oso polar siguiendo una rueda de prensa con el boli y el cuaderno sintiéndose como en casa. Cuando en plena crisis energética por la invasión de Ucrania el Gobierno de Sánchez impuso una temperatura mínima de 24 grados en los edificios de la Administración, en la Asamblea pasaron del tema y puede que hasta bajaran el termostato.

Por eso, resulta grotesco que un consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se riera de la petición de acelerar la instalación de equipos de aire acondicionado en los colegios. Mariano de Paco dijo que el calor puede ser “fuente de inspiración” y que él fue al colegio en Murcia, que allí hacía mucho calor “y aquí estoy y no pasa absolutamente nada”. Que vayan los niños en manga corta, dijo, como hace con su hijo. Se creerá que lo normal es que estén a 30 grados en las aulas con un plumífero.

Puedes estar seguro de una cosa. Todos los políticos que restan importancia al tema de calor tienen puesto el aire acondicionado en sus despachos. Nunca prescindirán de él. Para los demás, ya se verá, y si son niños, que les den.

Lo curioso es que momentos antes Ayuso defendió su medida de considerar al embrión como parte de la unidad familiar con vistas a las ayudas sociales. “Cada vida importa desde el primer suspiro”, dijo, y por eso “estamos legislando para el no nacido que está en camino”. Ya lo decía George Carlin en una de sus actuaciones: “Los conservadores son de lo que no hay. Harían cualquier cosa por el no nacido, pero una vez que has nacido, te buscas la vida. Los conservadores están obsesionados con el feto desde la concepción hasta los nueve meses. Después de eso, no quieren saber nada de ti”. 

Arrancó el juicio a David Sánchez en Badajoz y con él se ha producido una imagen que sirve de ejemplo de los tiempos políticos que vivimos. Aparecen todos los abogados que representan a las acusaciones populares en el juicio al hermano de Pedro Sánchez. Por este orden de derecha a izquierda: Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Vox, Liberum, Iustitia Europa y el PP. ¿Abogados Cristianos? Sí, parece ser que la concesión de una plaza a David Sánchez por la Diputación de Badajoz ofende a Dios y cuestiona los principios de la Iglesia Católica Apostólica Romana en materia de contratación de músicos.

Además del PP y Vox, ahí están todas las organizaciones de extrema derecha que han convertido las instrucciones judiciales en un campo de batalla contra el Gobierno y que emplean su acceso al sumario como herramienta de combate. Presentan querellas a todo lo que se mueve pillando unos recortes periodísticos con titulares escandalosos. Ese tipo de cosas que ponen al juez Peinado como una moto. A su vez, los indicios que surgen en el sumario se convierten en titulares periodísticos que dejan claro que el Gobierno es culpable de haber montado una red corrupta.

Por cierto, en la instrucción del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, el juez ha puesto al PP al frente de las acusaciones populares. Es lógico al tener una mayor representatividad social, pero los argumentos tienen su gracia. Afirma que el PP “presenta una más relevante implantación institucional, que evidencia una mayor capacidad de proyección del interés general en el marco del proceso penal”. Ja, interés general. El PP se ha personado en ese juicio por un interés muy particular, conseguir que esa investigación sirva para tumbar al Gobierno (de la misma forma que el PSOE está personado en el juicio de Kitchen). ¿Quiénes son los demás integrantes de la acusación popular? La banda de costumbre: Vox, Hazte Oír, Manos Limpias y Iustitia Europa, con el añadido de Ciudadanos, que resulta que aún existe.

Han sido varias las ocasiones en que el Tribunal Supremo ha dictaminado que entregar artículos periodísticos que no incluyen documentos reales no es motivo suficiente para iniciar acciones legales. En el caso de una querella de Manos Limpias en 2025, los magistrados destacaron que no les corresponde “bucear dentro de la noticia para averiguar qué apartado o qué conducta concreta resulta reprochable a la concreta sensibilidad del querellante”. La Sala de lo Penal alertó de que se estaba poniendo en marcha un “ejercicio irracional y abusivo del derecho de acceso a los tribunales”.

No todos los casos judiciales con impacto político son como el de Begoña Gómez. No lo fue con la investigación que llevó a juicio a José Luis Ábalos y Koldo García y que ahora espera sentencia. Tampoco el que afecta también a Santos Cerdán en la Audiencia Nacional. Acaba de desencadenarse el caso que implica a José Luis Rodríguez Zapatero al que las portadas de algunos medios y el Partido Popular ya han declarado culpable. Esta semana, la UCO pasó todo un día en la sede de Ferraz investigando la presunta trama con la que se pagó a Leire Díez para que desacreditara junto a otras personas las investigaciones que pudieran perjudicar al PSOE, donde vuelve a aparecer Cerdán. 

Ese caso ya ha producido la imputación de la gerente del partido a la que Pedro Sánchez se ha apresurado a apoyar. Lo mismo que hizo inicialmente con Ábalos y Cerdán. Además, se permitió alguna broma sobre la exigencia de la oposición –y de García Page– de que convoque elecciones. La presencia policial en la sede de Ferraz no le suscitó ningún reconocimiento de culpa, más allá de la promesa recurrente de colaborar con la justicia. Cuando la Policía registró la sede del PP en la calle Génova, el PSOE se mostró mucho más enfurecido. Ni creyó a Rajoy cuando dijo que “todas las contrataciones de esta casa se han hecho en el marco de la legalidad, todas sin excepción figuran en el Tribunal de Cuentas”. No fue muy distinto a lo que ahora ha dicho el PSOE. 

Los socios de los socialistas empiezan a dar muestras de estar hartos. No les vale con la idea de resistir a cualquier precio que se escucha en Moncloa. Exigen que se den explicaciones con la ventaja que da el hecho de que ellos no tienen que explicar nada. No fueron ellos los que dieron tanto poder a Ábalos y Cerdán. “La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país, venga de donde venga, ni es que los expresidentes del Gobierno, se llamen como se llamen, hagan lo que estamos viendo presuntamente que parece que todos hacen”, ha dicho Yolanda Díaz. “El PSOE se lo está tomando un poco a broma y es algo que es serio, hay un clima de preocupación evidente y menospreciarlo es un error grave”, criticó Aina Díaz. 

El PSOE prefiere apostarlo todo a la teoría de la campaña orquestada para derribar al Gobierno, aún más en una semana en la que José María Aznar ha reiterado su mandato de “el que pueda hacer, que haga”. “Se redactan sumarios que podrían presentarse al Premio Planeta”, ha dicho Óscar López. “Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente”, ha denunciado Óscar Puente, que ha grabado un vídeo de diez minutos para responder a las alegaciones contenidas en el informe de la UDEF y en noticias de medios sobre el caso de Zapatero que afectan a su Ministerio.

Esta última iniciativa es correcta. Dar información detallada sobre acusaciones concretas. Las denuncias genéricas sobre posibles connivencias entre políticos y jueces tienen menos peso. Habrá votantes socialistas que las acepten y otros que no, y los segundos pueden ser muchos. Al menos al PP no le sirvió de mucho esa estrategia con la Gürtel. En especial, cuando las versiones iniciales sobre una investigación quedan cuestionadas por ciertos hechos. Leire Díez sigue siendo un personaje lamentable y hasta risible, pero si el PSOE le pagó dinero para sus maniobras de dudosa legalidad va a tener que pagar el precio político correspondiente. Si el PSOE pensaba que había amortizado el desgaste por haber tenido a alguien como Cerdán al frente de la gestión del partido, estaba muy equivocado. Y eso no se soluciona con frases graciosas sobre el Premio Planeta.

Algo parecido ocurre con Zapatero. Es lógico que Sánchez siga creyendo en la inocencia del expresidente. Pero políticamente queda a merced de lo que salga de un sumario al que le quedan muchos años de vida. Ya se sabe que hay claras contradicciones entre lo que dijo Zapatero en su comparecencia en el Senado y en una entrevista en Onda Cero con la realidad que reflejan las comunicaciones de directivos de Plus Ultra y los fondos recibidos por él y la empresa de sus hijas.

En el fondo del asunto, se encuentra un rescate en el que se realizaron los controles habituales por la SEPI. No se encuentran pruebas sobre una intervención directa de Zapatero en favor de la compañía aérea. Persiste la duda de saber por qué esos directivos estaban convencidos de que tenían asegurado el apoyo de “nuestro pana Zapatero” y por qué pagaron a su amigo, Julio Martínez. Otro elemento intrigante es cómo pudo el contenido del teléfono móvil del mayor accionista de Plus Ultra ser clonado en 2021 en el aeropuerto de Miami y cómo pudo aparecer cinco años después en una investigación realizada en España. Si se aseguró la cadena de custodia de esas pruebas, si fueron manipuladas o si hubo una intencionalidad política en el envío de esas pruebas por el Departamento de Seguridad Interior de EEUU, que no es un organismo judicial, sino del poder ejecutivo. 

Si el plato principal del caso de Zapatero está por cocinar, se puede decir que la guarnición mediática desborda toda la mesa. Recordaréis que se condenó a un fiscal general porque el Tribunal Supremo se creyó la versión de que se había filtrado el contenido de una conversación del abogado del novio de Ayuso con un fiscal y que eso vulneraba el derecho de defensa. Ahora el contenido del sumario de la investigación a Zapatero, como el de otros casos, tarda solo unas pocas horas en llegar a todos los medios, que informan tanto de los hechos más sólidos como de cuestiones laterales. La intención es acabar con la credibilidad del acusado y que la opinión pública decida que ya es culpable. Y ni siquiera ha declarado aún ante el juez. 

Los titulares y los comentarios en los medios cuentan con un papel público relevante que no se puede desdeñar. Todo lo que aparece en el informe policial sobre Zapatero incluye elementos sólidos y otros que de momento no es posible apreciar su solvencia, además de algunos que son poco relevantes, pero que dan mala imagen. Cada uno elige los que quiere. Lo mismo en el caso de las maniobras de Leire Díez. No se pueden esconder en un cajón ni considerar absurdo que se investiguen. Lo que ya no es de recibo es la manipulación. 

Esta semana, ha tenido lugar un momento decisivo en el juicio de la Kitchen: la declaración del exministro Jorge Fernández Díaz y su entonces secretario de Estado, Francisco Martínez. Afirmar, como ha hecho Antonio Ferreras en La Sexta, que hay una “Kitchen del PSOE” es una manipulación. La frase: “Tenemos un pacto de honestidad con los espectadores y vamos a contar tanto la Kitchen del PP como la Kitchen del PSOE”.

Por lo que se conoce hoy, no se puede comparar el intento infructuoso de Díez y sus colaboradores ayudados por Cerdán con una conspiración en la que intervinieron, según la acusación en el juicio, un ministro, su número dos y buena parte de la cúpula policial del Ministerio. Ojo, lo primero puede ser delito, aunque no sirviera para nada. Lo de Kitchen está a una escala superior y varios de sus delitos, como toda la operación para desacreditar a Podemos con pruebas falsas, ni han llegado a juicio. De hecho, La Sexta Columna le dedicó su programa del viernes, así que saben de lo que están hablando.

Sobre la declaración de Fernández Díaz de esta semana, ya escribí un artículo en el que detallé todas sus inconsistencias y mentiras. Si alguien se juega una condena de 15 años de prisión, no es extraño que mienta. No sólo no se enteró de nada, dijo, sino que nadie en el PP le dijo que estuvieran preocupados por las pruebas que podría conservar Luis Bárcenas. Bueno, qué se puede esperar de alguien que ese mismo día publicó un artículo en La Razón denunciando que España vive “una situación inaudita” con tantos casos de corrupción. Hay pocas cosas más inauditas que ver a un exministro de Interior rodeado de comisarios en el banquillo donde se suelen sentar los delincuentes. Van a tener que echarle mucho valor los jueces si quieren absolver a un tipo con tanta jeta.

Ahora que se habla tanto de los lobbies y del delito de tráfico de influencias convendría echar un vistazo al cementerio del Congreso de los Diputados. No es exactamente un lugar lleno de tumbas y cruces emplazado en el sótano del edificio. Es una forma de referirse a todos los proyectos de ley que permanecen encerrados en un limbo político sin poder avanzar en su tramitación parlamentaria. Básicamente, por falta de acuerdo. Por ejemplo, es lo que ha pasado en varias legislaturas con la reforma de la ley de secretos oficiales. Cuando acaba la legislatura y se convocan elecciones, a todos esos proyectos se les extiende un certificado de fallecimiento. Se dice en esos casos que el proyecto o proposición de ley ha decaído. No ha vivido lo suficiente como para ser aprobado o lo han dejado morir. 

El Gobierno presentó en enero de 2025 el proyecto de ley de “transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés”, lo que vienen a ser los lobbies. En marzo se produjo el debate de las enmiendas a la totalidad. Sólo hubo una de Vox que fue rechazada por 32 votos a favor, 177 en contra y 136 abstenciones (estas últimas del Partido Popular). Ya se había iniciado antes el periodo de presentación de enmiendas al proyecto. Luego se renovó. Una vez. Dos veces. Tres. Así hasta veinte en septiembre de 2025. A partir de esa fecha, en la Comisión de Hacienda se comenzó a discutir el articulado para elaborar la ponencia, que es el resultado de todo ese trabajo legislativo. 

Cabe la posibilidad de que en las próximas semanas ese proyecto de ley reanude su camino. Es lógico que los grupos promotores de un proyecto esperen a tener amarrados los apoyos para no jugárselo todo al final en la votación. Como ha ocurrido con otros temas, y a expensas de lo que haga el PP, todo depende de que Junts esté dispuesta a votar a favor a cambio de la aprobación de algunas enmiendas. El grupo catalán ya ha dicho en público que no están por la labor de aprobar ningún proyecto de ley del Gobierno. Quizá hagan una excepción con este después de que se haya desencadenado el caso Zapatero.

Una ley que ponga límites al trabajo de los lobbies no garantizará por sí sola que no se produzcan delitos como el de tráfico de influencias o cualquier otro, pero ayudará a establecer unas reglas del juego que obligarán a todos. Sacará a la luz algo como es la relación entre empresas y funcionarios o altos cargos que sabemos que existe y que no se puede negar que continuará existiendo. No aprobar esa ley es el equivalente a mirar a otro lado y fingir que todo está bien a menos que alguien viole un artículo del Código Penal. 

El Gobierno y los partidos políticos tienen ahora otras prioridades y la mayoría tienen que ver con la imputación de Zapatero. La noticia ha provocado un impacto brutal en la política, aunque la instrucción del caso en la Audiencia Nacional no ha hecho más que empezar. El sumario ha estado declarado secreto durante unos dos años, pero es ahora cuando arranca de verdad al hacerse público que el expresidente tendrá que declarar como imputado el 2 de junio. “Hoy me decían en el PSOE que no es lo mismo que un novio te engañe a que te engañe el amor de tu vida”, dijo hace unos días Esther Palomera en Hora 25. En esas están ahora los socialistas. “El Zapatero que conocemos es incompatible con las acusaciones que aparecen en ese auto”, dijo Patxi López el viernes. Lo conocían como líder del PSOE y presidente del Gobierno, además de todo el apoyo que dio a las campañas de su partido como expresidente. Lo que no podían conocer eran sus actividades económicas privadas. 

Zapatero representaba a la parte del viejo PSOE que no había abandonado a Sánchez. No sólo eso. Se convirtió en su principal apoyo interno, el hombre al que siempre se podía recurrir en las campañas electorales difíciles. Tuvo un papel básico en la campaña de 2023 con la misión de movilizar a los votantes socialistas que podían tener dudas sobre el futuro. Todo eso suponía obviar el fin dramático de su Gobierno, hundido por la crisis económica. Era mucho mejor recordar las leyes sobre avances sociales que Sánchez había querido continuar. 

Todos se preguntan el alcance de las acusaciones contra Zapatero. Bueno, no todos. El PP, El Mundo y ABC ya lo han declarado culpable. El auto del juez cuenta con 85 páginas, una extensión que no es necesaria para justificar que se llame a alguien a declarar como imputado. El juez José Luis Calama es consciente de las consecuencias políticas de convocar a un expresidente del Gobierno. Por eso, se ha extendido en el auto incluyendo lo que se supone que es todo lo que tiene contra Zapatero en la parte de la investigación ya realizada. 

No se puede negar la evidencia. La decisión de llamarle a declarar está justificada por los indicios acumulados. Incluyen mensajes de personas que daban por hecho que Zapatero les iba a ayudar a conseguir el rescate de Plus Ultra. En el reparto de la trama, figura con un papel protagonista Julio Martínez, amigo personal suyo y quien le contrató. No aparece ningún mensaje del expresidente. Otros indicios son los pagos recibidos por Zapatero y sus hijas. Los segundos son especialmente difíciles de justificar. Pero no es posible detectar ninguna gestión concreta del político leonés hecha ante la Administración que hiciera posible el rescate.

El juez sugiere que esas ayudas públicas no estaban justificadas por las pequeñas dimensiones de la compañía aérea (sólo tenía cuatro aviones). Pero esas ayudas estaban previstas para todo el sector aéreo durante la pandemia y Plus Ultra tenía derecho a solicitarlas. La derecha lleva años insinuando que el rescate de Air Europa también se llevó a cabo de forma ilegal. No han demostrado nada. La compañía ha devuelto esos créditos y hoy es la tercera línea aérea española con un nivel de beneficios casi idéntico al de la segunda (Vueling). No es el caso de Plus Ultra, que sólo ha devuelto hasta ahora los intereses de un préstamo de 53 millones. 

Es cierto que hay agujeros en el auto de Calama. Algunos indicios no son muy sólidos, como una reunión de Zapatero en 2020 con José Luis Escrivá, entonces ministro de Seguridad Social, hoy gobernador del Banco de España. Fuentes cercanas a Escrivá han dicho que no se habló del rescate de Plus Ultra en ese encuentro que por lo demás no fue solicitado por el expresidente. La sospecha, es decir, la razón por la que el juez lo menciona en el auto, es que la empresa arrastraba una deuda de casi medio millón con la Seguridad Social. Ahí hay que precisar que sí estaba al corriente de pago, aunque eso incluyera un aplazamiento de los pagos por la deuda, como es habitual en el caso de las empresas en crisis (y Plus Ultra lo estaba antes de la pandemia). 

Lo mismo se podría decir de la supuesta creación de una empresa en Dubái para canalizar los pagos de las comisiones por el rescate. Es algo citado por el juez, pero no incluye en el auto ningún indicio claro de que Zapatero ordenara poner en marcha esa empresa, más allá de una referencia a una comida de él con Julio Martínez. 

Estas y otras cuestiones no se pueden obviar al analizar el auto. Tanto las que podrían incriminar a Zapatero, como las que ponen en cuestión elementos esenciales del documento. Por encima de todas ellas está la presunción de inocencia, esencial en el sistema judicial. Al menos, es lo que decía un tal Feijóo en Galicia en 2012 y también en 2013. Sostenía que era “perfectamente compatible” con la acción judicial. 

La agonía de Zapatero –no hay otra palabra para describir su situación– será larga. La instrucción puede prolongarse durante años, aún más si todo culmina en un juicio. ¿Para cuándo? El abogado José María de Pablo ha puesto algunos ejemplos. El juicio de la pieza 2 del caso Lezo comenzará en octubre. La investigación se inició en 2016 sobre hechos ocurridos entre 2003 y 2008. El juicio del caso Gowex será en diciembre y los hechos juzgados se produjeron hasta 2013.

En el plano político, la presunción de inocencia no funciona de la misma manera. No hay forma de que el Gobierno dé la vuelta a la sensación de que está sitiado y paralizado por los acontecimientos. En privado, los socialistas no esconden que se encuentran en el peor momento posible, uno del que no saben cómo salir. Al igual que hace un año, el objetivo parece ser llegar cojeando al verano a la espera de que amaine la tormenta. Junio no les va a dar tregua. Se espera para entonces la sentencia de Ábalos y Koldo, el inicio del juicio del hermano de Pedro Sánchez y nuevas revelaciones sobre Zapatero. Hace una semana, su prioridad era encajar el golpe de las elecciones andaluzas. Han pasado siete días y parece que han sido siete meses.

La noticia ha pasado desapercibida esta semana. Se ha sabido que la Guardia Civil ha detenido a los miembros de una banda que se dedicaba a robar en oficinas de correos y comercios en Extremadura. Uno de ellos fue ese robo que hizo que María Guardiola perdiera la cabeza en la campaña de las últimas elecciones. “Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos”, dijo la actual presidenta poniendo cara de enajenada como si un pucherazo estuviera a punto de arrebatarle la victoria. El único fraude que hubo es el que protagonizó ella con una acusación carente de pruebas que Alberto Núñez Feijóo tuvo a bien corroborar.

En Andalucía, el PP no cree que tenga que recurrir a estos trucos sucios para revalidar el Gobierno de Juanma Moreno en las elecciones que se celebran hoy. Si exceptuamos esos carteles sin firma que piden la vuelta de Susana Díaz y cuya autoría los socialistas adjudican al PP. Poca cosa comparado con lo que nos tiene acostumbrados la política actual. Moreno piensa que tiene la mayoría absoluta al alcance de la mano, pero no la tiene asegurada. A pesar de que afirma que su gestión ha sido excelente, los sondeos le dan en torno al mismo porcentaje de votos que en los anteriores comicios. Lo que quiere decir que esa mayoría depende más de los votos que saquen los demás partidos.

La campaña de Moreno, por aquello de su interés en presentarse como un tipo simpático, incluyó una visita a la ganadería cordobesa en la que estuvo en 2018 y también en 2022. Allí se fotografió con una gran vaca que estos días terminó convertida en la vaca de Schrödinger. Estaba viva y muerta al mismo tiempo. El PP creía que aún vivía, lo que revelaba un cierto desconocimiento de la esperanza de vida del ganado vacuno. No era el caso, pero pudo fotografiarse con su nieta, que ha continuado la tradición familiar de dar leche en grandes cantidades.

A pesar de tener los habituales colores blanco y negro, Moreno dijo que le recordaba a la “bandera blanquiverde”. Son las cosas que tiene que decir un urbanita que se ha dedicado toda su vida a la política para aparentar que el campo le tira mucho. Dadme una vaca y os prometo el mundo.

Llama la atención lo poco que se han movido las encuestas durante la campaña con respecto a las semanas anteriores. El PP obtuvo un 43,1% y 58 escaños en 2022. Ese mismo resultado o unas décimas menos podría dejarle ahora sin la mayoría absoluta (55). Todo puede reducirse a unos pocos miles de votos, quizá centenares, en el último escaño en disputa en las provincias de Almería, Cádiz, Sevilla y Granada. El posible ascenso de Adelante Andalucía y Por Andalucía en algunas de esas circunscripciones es lo que podría dejar al PP sin su objetivo. 

Los cálculos del PSOE se mueven en relación a una cifra, los 580.000 andaluces que apoyaron a Pedro Sánchez en las elecciones de 2023, pero que no votaron un año antes en las autonómicas. Esa era la principal misión que tenía María Jesús Montero como candidata y no hay ninguna encuesta que prevea que esté cerca de conseguirla. 

¿Por dónde falla la estrategia socialista? Frente a los que piensan que el impulso en las generales existió gracias a Sánchez, otros creen que se debió a la animadversión que suscitó el estilo de Feijóo y Abascal. “Pero en Andalucía no existe ese perfil beligerante. Moreno no despierta ni el rechazo ni la reacción visceral del votante socialista”, explica Daniel Cela. 

Ahí es donde entraría lo que aporte un candidato socialista para responder a ese punto de vista. En un error muy habitual en el PSOE, Moncloa decidió exportar ministros a las candidaturas autonómicas. Con el problema de que los elegidos siguen en el Gobierno hasta que se convocan elecciones. Ser candidato no es un trabajo a tiempo parcial ni algo para lo que es suficiente con dedicarte a ello en los dos últimos meses. Lo que no funcionó con Pilar Alegría, no va a servir con Montero. Lo mismo se podrá decir a buen seguro de Diana Morant y Óscar López. 

Montero ha sido además ministra de Hacienda, lo que en cierto sentido supone un agravante. Con el tema de la financiación autonómica aún pendiente, es una víctima propiciatoria para las comunidades autónomas. Se da la curiosa circunstancia de que todas dicen verse perjudicadas por el sistema en vigor sin que parezca que nadie sale beneficiado. Es un misterio de las matemáticas. El PP lo tiene claro. La culpa es de los catalanes o de los favores que el Gobierno concede a Catalunya. 

Esta campaña ha ofrecido varios ejemplos. “A María Jesús Montero le deben dar la Cruz de Sant Jordi por sus favores a los separatistas”, dijo Moreno el 4 de mayo. “Un andaluz vale menos en términos de financiación que un vasco o un catalán”, afirmó a finales de abril. “Usted sería una magnífica candidata en Cataluña”, le respondió a Montero en un debate de la campaña. Es lo mismo que hizo Azcón en Aragón. Echar la culpa a los catalanes es algo que da votos en varios puntos de España. Al menos, eso es lo que cree el PP.

El lunes, se verá si la estrategia de Moreno ha tenido éxito. En caso de necesitar a Vox para gobernar, tendrá que cambiar de discurso. De entrada, desdeña el eslogan xenófobo de la extrema derecha. “La prioridad nacional es un eslogan efectista en términos electorales. Pero es una frase hueca porque las leyes orgánicas están por encima de cualquier otra cosa”, dijo en una entrevista con este diario. Guardiola y Azcón ya han hecho todo lo posible para encajarlo en su programa de gobierno. En otras ocasiones, se ha mostrado más tajante: “Un Gobierno con Vox es un Gobierno imposible”. 

Conviene ser escéptico ante estas palabras. Todo lo que es imposible en una campaña electoral se torna en perfectamente viable el día después de las votaciones. Al final, lo que cuenta no es lo que diga tu vaca favorita, sino lo que eligen los votantes.  

Una cifra que olvidamos

735 personas fallecieron en accidentes laborales en 2025, una media de dos cada día. Esta es una cifra que no aparece con mucha frecuencia en los titulares, excepto en el caso de los siniestros más graves. El hecho de que el número anual fuera mayor en décadas anteriores no es ningún consuelo. En los tres primeros meses de este año, la cifra de muertos es 180, un poco superior al mismo periodo del año pasado. 

Libros

¿Quién es Ayuso? A veces, tenemos demasiada información sobre lo que dice la presidenta de Madrid. Por eso mismo es conveniente conocer lo que ella no está tan interesada en que se sepa. David Fernández escribe una biografía crítica (Libros del K.O.) con toda su trayectoria. A pesar de que presume de que ha llegado arriba con su esfuerzo, lo cierto es que su ascenso al poder fue una improbable pasarela que no hubiera sido posible sin la ayuda de Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y Pablo Casado. “Hay una frase que me dijo una persona muy bien informada: 'Isabel va a estar mandando y puede llegar a presidenta del Gobierno mientras contente a los poderes económicos del país'. Cifuentes contaba que sus problemas empezaron cuando no le aprobó la universidad a Planeta y aplazó los pagos del grupo Quirón. Ayuso estaba en ese Gobierno y sabía cómo había pasado todo eso”, ha dicho Fernández.

¿Quién manda en España? Serán los que ganan las elecciones, ¿no? No del todo. También están los funcionarios que ocupan los puestos de juristas en las Administraciones del Estado, los que mejor conocen las leyes y que acaban muchas veces en la empresa privada con sueldos considerablemente superiores. Rafael Méndez explica hasta dónde llega su poder en 'Los dueños del Estado'. “Los abogados del Estado son los que desde el corazón mismo de la maquinaria del Estado informan sobre las leyes y los reglamentos, los que conocen quién sabe qué y a quién llamar, qué tecla hay que tocar para afinar un proyecto o para hacerlo descarrilar, cuáles son los agujeros negros que siempre quedan en las leyes y cómo sortearlas. Por eso son el Poder”, ha escrito Méndez.

Sólo a Isabel Díaz Ayuso se le puede ocurrir viajar a México con la misión de hacer de superfán de Hernán Cortés, de vender a Malinche como gran símbolo de la hermandad de ambos países, y acabar teniendo que cancelar la visita antes de tiempo porque se ha convertido en el invitado repelente al que todo le parece horrible. Su estrategia habitual ha pinchado. Lo de aparecer en primer lugar en calidad de agresora sin complejos para pasar después a presentarse como mártir y víctima de la mala fe de sus enemigos es un truco habitual que sólo funciona cuando un grupo numeroso de medios de comunicación compra cada uno de los dos disfraces con la misma fe.

Lo primero que debe saber un político es que es esencial conocer la audiencia a la que se dirige. El discurso que dice que España llevó la civilización a América puede ser efectivo en los ambientes en que predomina el nacionalismo español y el orgullo por las glorias imperiales del pasado. En México, uno de los países más nacionalistas de Latinoamérica, y mira que allí el listón está alto, muy pocos van a creer que están en deuda con los extranjeros que les invadieron hace cinco siglos. Hay que estar muy fuera de la realidad para pensar algo así.

Entre países aliados o con buenas relaciones, la idea de que un político viaje al otro Estado para cargar contra un Gobierno que es bastante popular o para avisarles de que caminan hacia el desastre no es muy habitual. Digamos que es poco diplomática. Algunos pueden considerar ofensivo que una extranjera venga a decirte cómo es tu país y qué representa su historia. Ayuso había calificado antes a México de “narcodictadura”, un insulto que seguro que ofendió a todos los mexicanos que se enteraron. Ya en el país dijo que es un país que está “a dos pasos de llegar al camino de Venezuela”, otro pronóstico absurdo que por lo demás también ha hecho sobre España. 

Como es habitual en ella, tras la agresión vinieron las quejas por ser criticada. “El respeto y la amabilidad creo que están por encima de todo”, dijo para responder a las primeras críticas hechas por la presidenta Claudia Sheinbaum. La acusó de estar promoviendo la “división”, el mismo recurso que emplea en España. Primero, saca el hacha y sacude preferiblemente hacia la izquierda, y luego se pregunta por qué otros recurren a la descalificación y olvidan las buenas maneras. 

Ayuso fue a provocar con su teoría de que la conquista de América –invasión sería la palabra más correcta– fue un proceso de hermanamiento y mestizaje entre las dos orillas del Atlántico. Es un punto de vista sobre la Hispanidad que es casi idéntico al que promovió el franquismo, cuyo aislamiento internacional en sus primeras décadas hizo que se volcara con Latinoamérica. 

Esa interpretación de la historia ignora la violencia de la conquista, la desaparición de pueblos enteros víctima de las enfermedades traídas por los colonos, la extracción masiva de sus recursos naturales más valiosos, el régimen de semiesclavitud que suponía el sistema de las encomiendas y el comercio de esclavos desde África con destino a esos países. Entre otras muchas cosas. 

El motor de la conquista fue la codicia, explica el historiador Antonio Espino. Conseguir allí la prosperidad que era imposible en España. “Luego esa codicia se camufla de ideología cristiana, civilización y libertad. Pero lo que está en la base es la codicia y el deseo de enriquecerse”. 

La defensa de ese colonialismo llega al extremo de elogiar a Hernán Cortés como si fuera un héroe de la época que hay que homenajear. Ella pretendía que los mexicanos se unieran a sus halagos y esto ya es delirar hasta niveles superlativos. Y hubo tiempo también para acompañar a su amiguete Nacho Cano y extender los elogios a Malinche. “Vengo de ese Madrid en el que hay muchas malinches en el metro, en las calles y en los colegios”. La esclava y luego amante e intérprete de Cortés es un símbolo muy cuestionado en México, casi un sinónimo de traición. El término 'malinchismo' aparece descrito en el diccionario de la RAE como “actitud de quien muestra apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio”. 

Si Ayuso pensó que iba a torear con facilidad a Sheinbaum, estaba muy equivocada. La presidenta mexicana ganó las elecciones de 2024 con un 59,7% de los votos. Su principal adversaria, Xóchitl Gálvez, del partido conservador PAN, se quedó en el 27,4%. La última encuesta sitúa su popularidad en un 68%. Con ser alta, es inferior a la que disfrutaba en el primer año de su mandato. Aprovechó las declaraciones hostiles de Ayuso para enviar un recado al PAN al que acusó de desconocer la realidad del país: “Lo que trae la derecha mexicana es a una adoradora de Hernán Cortés. Qué bueno, fuera máscaras”.

Era una situación ventajosa para Sheinbaum. Cuanto más se hablara de Ayuso, menos se hablaría del caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, de Morena, el partido de la presidenta, al que el Departamento de Justicia de EEUU pretende procesar por narcotráfico. En cualquier caso, la visita de Ayuso tampoco ha interesado mucho a los medios del país. 

Cuatro gobernadores del PAN se fotografiaron con ella en la visita. La politóloga mexicana Viri Ríos cree que es incomprensible que el partido conservador haya apoyado su presencia por ser una estrategia condenada al fracaso. “La concepción de la conquista como un acto de hermandad o de Cortés como padre de lo mexicano, que Ayuso y los suyos pregonan, es prácticamente inexistente en México”, escribe en El País. Un estudio de 2025 sobre figuras históricas relacionadas con México coloca a Hernán Cortés con la puntuación más negativa. La medalla que Ayuso recibió de manos de las autoridades del Estado de Aguascalientes, gobernado por la derecha, es un ejemplo de esa ceguera, según Ríos: “Un deseo triste, casi patológico, por ser reconocido por el colonizador con la finalidad última de sacudirse la vergüenza del retraso y lo primitivo con el que se asocia a sí mismo”. 

Se suponía que el viaje iba a durar nueve días y que el motivo central era asistir a los Premios Platino que se celebran de forma alternativa en España y México. Cuentan con el apoyo económico de la Comunidad de Madrid con 450.000 euros. Estaba previsto que Ayuso subiera al escenario para dar un discurso. El ruido provocado por la visita hizo que los organizadores mexicanos decidieran retirarle la invitación “debido a sus desafortunadas declaraciones”.

Ayuso y su equipo vieron la oportunidad de dar algo de brillo a este viaje accidentado. Denunciaron el supuesto boicot de las autoridades del país y cancelaron el resto de la visita. Cuando fracasas, siempre te queda la opción de alegar que ha habido una gran conspiración. Sheinbaum había “amenazado” al evento si mantenía la invitación a Ayuso, dijeron, algo desmentido por los organizadores. En resumidas cuentas, había sido “expulsada” de México. Ante la sorpresa de nadie, Ayuso volvía a ser LA VÍCTIMA inocente de las maniobras de sus enemigos. Como pasar de ser Juana de Arco a la inocente Caperucita que cruza el bosque para llevar la comida a su abuelita. Son dos papeles que tiene muy bien aprendidos, pero en México ha fracasado con ambos. No es un país al que se pueda ir a dar lecciones sobre su propia historia. Lo mismo tienes que salir corriendo.

Dos juicios se celebran de forma simultánea. Afectan a dos gobiernos distintos, al actual de Pedro Sánchez y al anterior de Mariano Rajoy. El segundo, el de la Operación Kitchen, ha ofrecido una imagen tremenda del pasado. El juez Pablo Ruz y el policía Manuel Morocho abandonan el despacho del primero para tener una conversación. Temen que haya micrófonos ocultos en la Audiencia Nacional. “En ocasiones salíamos a la oficina judicial, fuera de su despacho, y me planteaba alguna cuestión crítica para la investigación”, explicó el inspector jefe en su declaración en el juicio de Kitchen.

Morocho, el principal investigador de la Gürtel, sospechaba que habían puesto micrófonos tanto en su despacho como en su vehículo policial para vigilar sus pasos. Ruz prefería no utilizar el ordenador de su despacho y trabajaba con un portátil. Ese era el nivel de la corrupción policial existente en los años de Rajoy. A eso hay que unir las presiones que recibió, el boicot sufrido cuando vio que los mandos ofrecían puestos a miembros de su equipo mejor remunerados para que le abandonaran y hasta ofertas a él mismo para destinos en el extranjero con mayor sueldo. Morocho no se rindió. Es lo que se espera de un policía valiente. 

En la declaración de Morocho, la presidenta del tribunal parecía estar más interesada en cortar su testimonio que en dejar que se explicara. “Estoy observando desde que empezó el interrogatorio que usted se extiende más allá de lo que le pregunta el Ministerio Fiscal. Le ruego que se limite en la respuesta a lo que le pregunte”, le dijo la jueza Teresa Palacios. Volvió a hacerlo después. La investigación de la Gürtel no se está juzgando en la Audiencia Nacional, pero Morocho se estaba refiriendo a la conducta de varios mandos policiales que están ahora mismo en el banquillo de los acusados. Lo que contaba era muy relevante para el objeto del juicio. Demostraba que esos acusados ya estaban aprovechando su influencia años atrás para interferir en investigaciones judiciales con el fin de favorecer al Partido Popular y al Gobierno de Rajoy.

Todo eso no le interesaba a Palacios. Ni siquiera quería escucharlo.

En el juicio del caso Ábalos en el Tribunal Supremo, el presidente del tribunal ha pedido a las partes que se atengan al objeto del procedimiento en algunos momentos. No muchos. Sin embargo, permitió al acusado Víctor Aldama en su interrogatorio que se explayara sobre acusaciones que no tienen nada que ver con los asuntos que han llevado al banquillo a José Luis Ábalos y Koldo García, además de Aldama. El empresario denunció que había hecho de intermediario en el pago de comisiones abonadas por constructoras a Ábalos y Koldo. Llegó a afirmar que Pedro Sánchez “estaba en el escalafón uno” de la trama y él en el cuatro sin aportar ninguna prueba sobre la supuesta implicación del presidente del Gobierno. El magistrado Andrés Martínez Arrieta no creyó conveniente decir nada. 

Arrieta tampoco intervino cuando el fiscal Alejandro Luzón hizo numerosas preguntas a Aldama sobre el rescate de Air Europa, que no es algo que se esté enjuiciando en esta vista. Eso es llamativo porque Aldama negó que hubiera alguna ilegalidad en todo ese proceso. “Es un rescate completamente legal”, dijo. La prensa de derechas y el Partido Popular llevan años insinuando que se cometieron delitos en la concesión de los créditos que salvaron a la compañía de la bancarrota durante la pandemia. Otros gobiernos europeos concedieron préstamos mucho mayores a sus principales líneas aéreas en 2020.

En el juicio, no se ha convocado a ningún testigo que haya aportado hechos que puedan hacer pensar que hubo delitos en el rescate de Air Europa. A pesar de eso, el fiscal tuvo barra libre para hacer sus preguntas, que generaron los correspondientes titulares en los medios.

Como escribí esta semana, Aldama se presentó en el Supremo con ganas de dar espectáculo y vaya si lo consiguió. Estuvo en la línea que se espera de alguien que ha sido agasajado en el programa de Iker Jiménez. En el mismo día en que tenía que declarar, se supo que había presentado un informe con el que solicitó que se le devuelva por razones de seguridad personal un coche embargado. Según su petición, se arriesga a ser secuestrado o asesinado por estar colaborando con la justicia. Sostiene que haber aportado “pruebas comprometedoras para figuras de primer nivel político le convierte en un objetivo de alta prioridad para múltiples actores con capacidad y motivación para ejercer presión, intimidación o eliminación física”. Y luego se fue al Supremo a decir que Sánchez es el líder de la trama, así que cada uno puede unir los puntos y sacar conclusiones.

Aldama no aportó ninguna prueba específica sobre sus acusaciones más allá de lo que ya contó en la fase de instrucción. Sobre esa intervención de Sánchez, no tenía nada. Contó lo que Koldo García le contó a él, algo que el asesor del ministro negó al día siguiente. No pudo presentar pruebas de esos sobornos, porque, como apuntó, no se entregan recibís cuando das dinero a una trama delictiva.

Algunos medios decidieron que era un testimonio decisivo. “Aldama inunda el Supremo de detalles demoledores sobre sobornos 'protegidos' por Sánchez y financiación ilegal del PSOE”, tituló El Mundo. Parece mentira que el Supremo quedara inundado con tan poca lluvia. Un titular de El Español destacó que Aldama era “el mejor testigo de cargo”. En El Mundo, subieron la apuesta: “Aldama desnuda a Sánchez”. Otro artículo afirmó que se había demostrado que no era un “gran farsante”, como decía el Gobierno. Se ve que algunos quieren proteger a sus fuentes. 

Todo esto no quiere decir que el Gobierno vaya a salir indemne del juicio del Tribunal Supremo. Más bien al contrario. Koldo dio unas explicaciones sobre los ingresos legales que recibió esos años que no fueron nada convincentes. Y es mucho dinero el que tiene que justificar. Según la UCO, Koldo, su mujer y su hermano ingresaron 387.000 euros en sus cuentas entre 2020 y 2022 para los que no hay explicación teniendo en cuenta sus ingresos habituales.

Su abogada le preguntó por qué tenía tanto dinero en efectivo en casa, en algunos casos hasta 12.000 o 14.000 euros, según su testimonio. Koldo respondió que procedía de los reembolsos que abonaba el PSOE por gastos adelantados cuando Ábalos era secretario de Organización del partido. Dijo que en campañas electorales hay que pagar muchos viajes, hoteles y alquileres de recintos. Eso dio lugar a un titular que perjudica al PSOE, porque Koldo dijo que a veces figuraban billetes de 500 euros en el sobre, “uno o dos al mes”, algo que el gerente del partido había negado en el juicio. En cualquier caso, esas cantidades no justifican los ingresos extra que Koldo y su familia tuvieron en ese tiempo. Por ahí, no se va a salvar. Tampoco Ábalos, que declara el lunes, cuando le pregunten por el piso que Aldama pagaba para su pareja de entonces, Jésica Rodríguez –88.000 euros en total por el alquiler– o la casa que puso a su disposición. 

El juicio del Supremo es un caso de presunta corrupción económica que afecta políticamente al actual Gobierno, porque fue Sánchez quien colocó a Ábalos en el Ministerio de Transportes y en la secretaría de Organización del PSOE. El juicio de Kitchen en la Audiencia Nacional implica a un Gobierno anterior y al Partido Popular. Como pasó con la Gürtel, el PP ya se ha desmarcado con su estrategia habitual de afirmar que todo ocurrió con la anterior dirección del partido y no hay más que hablar. Como si les hablaran de algo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial.

Cualquier violación de la ley es censurable, pero el escándalo de Kitchen refleja una degradación especialmente dramática del funcionamiento de las instituciones en una democracia. El PP de Rajoy utilizó a la cúpula policial para atacar a sus rivales políticos e intentar encubrir los delitos de la Gürtel. Años después en las comisiones de investigación del Congreso, los diputados del PP continuaban insinuando que la investigación de la UDEF estaba contaminada por ser un montaje del Ministerio de Interior del Gobierno de Zapatero, lo que llamaban el “comando Rubalcaba”. 

El testimonio de Morocho demuestra todo lo que tuvo que superar un policía honesto para hacer su trabajo. Por mucho que le moleste a la jueza Teresa Palacios, no debemos olvidarlo.

Hace tiempo, escribí que convocar a un político a una comisión de investigación en el Parlamento no te suele llevar a ninguna parte. Lo mismo si tiene que declarar como testigo en un juicio. No es que los políticos mientan siempre –no es cierto–, sino que han desarrollado una gran habilidad para no contar toda la verdad, específicamente la parte de la verdad que les perjudica políticamente. Si se trata de un juicio y hay delitos de por medio, la amnesia alcanza niveles inauditos.

Por todo ello, estaba claro que la declaración de Mariano Rajoy en el juicio del caso Kitchen iba a ser una demostración de desmemoria y cinismo. El expresidente tuvo que comparecer como testigo en las instrucciones de Gürtel y la propia Kitchen y ya demostró entonces que es capaz de negar la evidencia hasta extremos difíciles de creer. El PP nunca se financió con donaciones de empresarios no declaradas, decía. Él no tomó la decisión de reformar por entero la sede central del partido ni supo que la obra se pagó con dinero negro. El tesorero Luis Bárcenas nunca le informó de todos esos asuntos. Rajoy era el líder indiscutido del PP, pero no se engañen. Él sólo pasaba por allí. No le consultaban nada.

Con la desgana que siempre le caracterizó cuando le tocaba hablar de temas que no le gustaban, Rajoy negó los hechos conocidos, incluidos los mensajes que envió a Bárcenas y que supusieron un escándalo al aparecer en los medios de comunicación. El tesorero le pidió ayuda y él respondió en 2013: “Hacemos lo que podemos”. ¿Lo recuerda? En absoluto. Sólo le suena lo de “Luis, sé fuerte” y eso es porque lo lee todos los años en los periódicos. 

Desde luego que estaban haciendo lo que podían. Por eso se está celebrando un juicio en la Audiencia Nacional. La cúpula policial estaba intentando hacerse con los documentos de Bárcenas que podían perjudicar al Gobierno. Ya se había comportado igual haciendo de policía privada del PP al buscar pruebas que no existían contra los dirigentes de Podemos. Pero Rajoy está convencido de que todo fue legal. “Luego conocimos que hubo una operación policial cuyo objetivo era coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros”. ¿Encontrar el dinero? Fue Suiza la que aportó esa información después de que la pidiera el juez Ruz. Esa parte también la ha olvidado Rajoy.

A lo que hay que unir que la operación se realizó fuera de cualquier tipo de control judicial, por tanto, sin informar al juez que investigaba a Bárcenas, y sin ninguna intención de entregarle los resultados de la investigación. Si no hubiera sido así, ¿por qué la fiscalía pide quince años de prisión para su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz?

Con María Dolores de Cospedal, ocurrió tres cuartos de lo mismo con el agravante de que negó cosas que ella misma había dicho en sus conversaciones con Villarejo y que el policía había grabado. Sobre lo de parar “la libretita” de Bárcenas, nada. A cuenta de contratar los servicios de Villarejo, que ya dijo su marido que no se estirara con la factura porque “estamos tiesos”, nada de nada. 

Cuando fue necesario, la magistrada Teresa Palacios intervino para frenar las preguntas de la acusación popular del PSOE que consideraba que estaban fuera de la causa enjuiciada. Tampoco se puede tratar a un testigo como si fuera un acusado. Al final, Rajoy jugaba en casa. El fiscal ni siquiera se molestó en hacerle una pregunta. Sólo faltó que le pusieran en la mesa una caña y algo de picar.

En definitiva, la justicia no podrá dictaminar un balance definitivo de lo que fue el Gobierno de Rajoy. Contra lo que piensa la derecha, los tribunales no establecen la verdad sobre la gestión de un Gobierno. Ahora pretenden que sean los jueces los que expulsen a Sánchez de Moncloa. Todos sabemos lo que ocurrió entonces en la Kitchen. Lo contaron hasta los medios de derecha. No importa cuántas veces Rajoy hable de la importancia de que se cumplan las leyes. Su Gobierno utilizó a la Policía para defender sus intereses y para atacar a sus rivales políticos. Que es precisamente, y perdón por el giro inesperado, lo que Donald Trump quiere que hagan el Departamento de Justicia y el FBI contra sus enemigos. Con poco éxito hasta ahora. A Rajoy no le fue tan mal.

¿Susana Díaz víctima? ¿En serio?

Hablaba antes de cinismo y tengo un ejemplo aún mejor, o al menos más divertido. Esta semana, The Objective ha sacado vídeos de la reunión del Comité Federal del PSOE en 2016 que acabó con la dimisión de Pedro Sánchez. Esos días ofrecieron un espectáculo surrealista sobre la autodestrucción de un partido político, algo parecido a lo que pasó al PP cuando ajusticiaron a Pablo Casado. Algunos de los protagonistas de ese carnaval de Ferraz en el que los periodistas no podían creer lo que estaban viendo han reaccionado vistiéndose de actores interpretando un guion que no han escrito ellos, pero al que se han sumado gustosamente.

La mejor ha sido Susana Díaz. Sobre el momento en que Sánchez pide una votación secreta y algunos de los suyos preparan una urna para llevarla a cabo antes de que se haya decidido dar ese paso, la exlíder del PSOE andaluz ha dicho: “No lo he podido ver. Sufrí más de lo que humanamente se puede aguantar”. Siempre es alucinante que un político adicto al juego sucio se haga pasar por una débil anciana arrollada por un coche en un paso de cebra. Pensar que Díaz podía ser la víctima de alguien era algo que nadie hubiera creído en ese momento. Ella fue la ejecutora de los acontecimientos de ese día.

Ese Comité Federal se tuvo que convocar porque Díaz quería forzar la dimisión de Sánchez, que se oponía a conceder la investidura a Rajoy con la abstención. La andaluza ordenó la dimisión de 17 miembros de la Ejecutiva federal y envió a Verónica Pérez a Ferraz para que se autoproclamara “la única autoridad” del partido, otro momento chusco inolvidable. En la reunión del Comité, no aceptó la votación en urna. Sabía que pocos se atreverían a votar contra ella en público en una votación a mano alzada.

Hasta derramó unas lágrimas en una intervención mientras decía que “estaban matando al PSOE”. Igual que un pirómano que llora viendo quemarse el monte con la lata de gasolina en la mano. Ketty Garat, periodista de The Objective que ha conseguido las imágenes, afirma ahora que “con la imagen de Susana Díaz, casi se saltan las lágrimas”. Como no sea de la risa. Por cierto, el audio de ese discurso se conoció ese mismo día. Más allá del valor de las imágenes, no hay ninguna revelación que no se supiera ese día.

Emiliano García Page es otro de los que han aprovechado las imágenes para ajustar cuentas con Sánchez. Él estaba en el bando de Susana Díaz y ahora ha acusado al líder del PSOE de ser el responsable de lo peor de ese día: “Ese día me di cuenta de lo que le caería encima a España si prosperaban algunas tesis”. Parece que en las próximas elecciones de Castilla La Mancha vamos a tener dos candidaturas antisanchistas, la del PP y la del PSOE.

Fue una lucha descarnada por el poder en la que todos dieron un espectáculo deplorable. Pero le viene bien al PP para sostener que Sánchez llegó al poder con un “pucherazo”, como ha dicho en numerosas ocasiones. Su victoria ocurrió después –parece mentira tener que recordarlo– cuando Sánchez ganó las primarias a Díaz contra el pronóstico de la mayoría de los medios y dirigentes socialistas. Sobre el incidente de la urna preparada detrás de una cortina, tampoco hay nada nuevo. Todos los medios lo contaron con bastante detalle, porque además era otro ejemplo del caos y la estupidez de esa jornada. 

La muerte os sienta tan bien

Como decía, el PP utilizó esos vídeos para continuar sus ataques al PSOE. Tellado dijo que ese Comité Federal fue “la primera prueba de que Sánchez era capaz de todo por el poder”. Vamos a ver, Sánchez es un amateur comparado con la futura alcaldesa de Lugo. Elena Candia ha aprovechado el fallecimiento de tres ediles socialistas y el apoyo de una tránsfuga del PSOE para presentar una moción de censura que tiene los números para salir adelante. Para que luego digan que la muerte es el final de todo.

La foto

Después de amarrar la investidura con el apoyo de Vox, María Guardiola pensó que se merecía algo parecido a una boda. Se llevó el acto protocolario de la toma de posesión al Anfiteatro Romano de Mérida que para eso es la presidenta de Extremadura. Puestos a hacer teatro, mejor a lo grande. Podría haber sido peor. Podría haber elegido la plaza de toros de Badajoz y aparecer vestida de torera. 

Lo más importante del acuerdo del Partido Popular y Vox para que María Guardiola presida Extremadura no es todo lo que tenga que ver con el Gobierno de esa región. No es que sea irrelevante lo que ocurra allí, claro, pero hay un análisis que es imprescindible en estos momentos. Las encuestas prevén que unas elecciones generales darían la mayoría absoluta a esos dos partidos. Hay que suponer que un acuerdo para gobernar España tendría muchos de esos puntos que ahora se han pactado. Hay que leerlos como lo que son: el prólogo de lo que sucederá si Alberto Núñez Feijóo se convierte en el próximo presidente del Gobierno.

Todos los medios de comunicación han explicado que varios de esos compromisos relacionados con la inmigración, los que más interesan a Vox, están fuera de las competencias de una comunidad autónoma. Se habla de promover la reforma de leyes orgánicas para imponer una “prioridad nacional” en los destinatarios de ayudas sociales. Es decir, que los nacidos en España disfruten de privilegios sobre los de fuera. Si el PP y Vox cuentan con mayoría en el futuro Parlamento, ese proyecto estará a su alcance. La forma en que se llevará a la práctica es algo que lógicamente hoy no sabemos.

El PP ha sido lo bastante hábil con el lenguaje para no incurrir en una manifiesta ilegalidad. Han pactado inspirarse en “el principio de prioridad nacional”, que debe estar adaptado “a la legalidad vigente” y que los perceptores de ayudas deben tener “un arraigo real, duradero y verificable en el territorio”. En este punto, conviene recordar que la Administración siempre puede imponer condiciones de todo tipo para recibir una ayuda económica. Sólo si son manifiestamente discriminatorias, eso abre posibilidades de que sean recurridas ante los tribunales. Pero los jueces se fijan en primer lugar en las leyes que permiten esas medidas. Sólo hay que cambiar la ley para convertir en posible lo que antes no lo era, y eso podría hacerse en la próxima legislatura. Extremadura es el programa piloto de lo que podría suceder en el futuro en toda España.

La aplicación del pacto de Extremadura (aquí se puede leer el texto íntegro) consagra la idea de que puede haber ciudadanos de primera y de segunda clase. Los segundos serán aquellos que trabajan todos los días, contribuyen a la prosperidad de la economía y pagan sus impuestos, pero que no tendrán acceso a muchas de las medidas que integran lo que se llama el Estado de bienestar. Serán los que han nacido fuera de España y aún no tengan la nacionalidad española, pero sí la residencia. 

Tras la polémica generada, fuentes del PP han difundido el mensaje de que “la partida de nacimiento no determinará las ayudas” y que habrá un sistema de puntos por el que las ventajas para acceder a ayudas sociales se otorgarán en función del número de años que lleve empadronada esa persona, según El Mundo. Estamos en las mismas. Los extranjeros que han llegado a Extremadura en los últimos diez años estarán siendo discriminados, que es lo que ha exigido la extrema derecha.

Es un programa abiertamente xenófobo. Vox se ocupará de darle las connotaciones racistas que más le convengan. Lo vestirá de proclama nacionalista española para hacer frente a una supuesta “invasión” de extranjeros, como ya ha hecho Santiago Abascal. Reiterará que esos inmigrantes vienen a España a aprovecharse de las ayudas sociales y que hay que dejarles claro que no se les quiere en este país.

Feijóo continuará con las falacias con las que adorna su discurso contra la inmigración. Dirá que España acoge a todos los que vienen a trabajar, como si fuera posible vivir aquí tirado en un sofá o como si este país fuera un destino apetecible para todos los que se inician en una carrera profesional orientada al crimen.

Esta semana, Feijóo ha dicho que hay que oponerse a la regularización de inmigrantes sin papeles que el Gobierno ha puesto en marcha porque es “inhumana, injusta, insegura e insostenible”. Sólo alguien como él es capaz de llamar inhumano al intento de dar el documento de residencia a los extranjeros que viven y trabajan en España. Sin ese papel, están condenados a sufrir abusos. Lo que es insostenible es mantener a una parte significativa de la población encerrada en la marginación. Es inmoral y también estúpido.

Extremadura es una de las regiones que ha perdido más población en los últimos 50 años, en concreto un 10% desde principios de los años 70. El 86% de los municipios extremeños tiene ahora menos habitantes que entonces. La despoblación es un problema real con evidentes consecuencias económicas. La falta de oportunidades laborales ha hecho que desde siempre la emigración sea una de las opciones por defecto de los jóvenes extremeños. El 36% de los nacidos en Extremadura vivía en otras comunidades en 2024, un dato que es demoledor. 

También es la región con menor porcentaje de inmigrantes, un 4,1%. Es lógico. Contra lo que piensa Feijóo, los extranjeros vienen a España a trabajar y es normal que pocos vayan a Extremadura si allí es difícil encontrar un empleo. Hay que ser idiota para pensar que el mayor problema de la comunidad es la inmigración. O un racista. 

Volviendo al tema de la ignorancia, el pacto afirma que protegerá a la agricultura y ganadería extremeñas de “las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde”. Además, muestra su rechazo al acuerdo UE-Mercosur. Al firmar este texto, el PP se da un chapuzón euroescéptico al oponerse a medidas que ha aprobado en el Parlamento Europeo. Es la política de la irresponsabilidad con el fin de conservar el poder.

Cómo será la cosa que hasta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que el acuerdo no tiene ningún sentido ni legal ni político: “No se puede dejar al margen a nadie fuera de un sistema al que ha contribuido y, por ejemplo, dejarle fuera del sistema sanitario como se nos ha pedido en Madrid”. Es un acuerdo que se hace fuera de la ley y de las competencias autonómicas. 

El PP se ha rendido a las exigencias de Vox. Para no meterse en más problemas con la extrema derecha, ha desaparecido cualquier referencia al machismo y la violencia contra las mujeres. Qué se puede esperar de alguien como Guardiola, autora de la frase “yo no puedo dejar entrar en mi Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista”. En febrero, dijo que “el feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”, así que no hay motivos para la sorpresa. 

No puedo más que estar de acuerdo con lo que escribe José F. Peláez, columnista de ABC: “Si la alternativa del PP a la regularización de Sánchez es la xenofobia contra menores y privar de fondos a las ONGs y a la Iglesia (pone ONGs y otras entidades y hay precedentes) no hay duda de quién va a ganar el debate público”. No va a ser el PP. No es el único que piensa así entre conservadores y liberales. 

El PP ha comprado todo el mensaje xenófobo de la ultraderecha como si fuera suyo. Lo hace en un momento de aparente debilidad de Vox, que ha visto frenado su crecimiento en las últimas elecciones de Castilla y León, como también parece que ocurrirá en Andalucía. Al igual que pasó en 2023, estos pactos autonómicos adelantan lo que la derecha hará si algún día tiene la oportunidad de llegar a Moncloa subida al caballo de Abascal. Quiero pensar que los votantes tomarán nota. 

Libros

Los grupos que se oponen al derecho al aborto suelen identificarse a sí mismos como provida. Ana Requena, redactora jefe de Género en elDiario.es ha escrito un libro –'Provida'– para refutar esa idea. “Son los mismos que quieren monopolizar el concepto de familia y que criminalizan a quienes se cuidan y estrechan sus lazos de otras maneras. Quienes criminalizan a quienes tienen hijos y forman sus parejas y sus familias, pero no como ellos quieren”. Ana busca liberar el “estigma” que acompaña al ejercicio de ese derecho contando las historias de muchas mujeres que dieron ese paso, esas “historias con minúscula” que ayudan a entender todo por lo que pasa una mujer que decide interrumpir su embarazo. Aquí se puede leer un fragmento del libro.

Uno de los mitos siempre presentes en la vida política española es el concepto de las dos Españas eternamente enfrentadas, originado en el siglo XX. El historiador Henry Kamen ha publicado el libro 'Las dos Españas' para explicar por qué la historia de este país está atravesada por divisiones internas desde los tiempos del Siglo de Oro, un concepto que tiene más que ver con el mito que con la realidad. España siempre ha estado dividida en el pasado por debates sobre su destino como nación y los límites del poder imperial. El concepto de una nación unida en todos los aspectos es una invención contemporánea, como por otro lado ocurre en la mayoría de los países europeos. Kamen es el historiador perfecto para cuestionar muchos de los mitos sobre el pasado de España que leemos habitualmente en algunos medios. 

Es imposible entender muchas de las guerras y conflictos políticos que se producen en el mundo sin conocer la historia de esos países. Vemos estos días cómo el Gobierno de Donald Trump demuestra una ignorancia inmensa sobre Irán y su sistema político. No es una novedad. Estoy leyendo ahora 'Rey de Reyes' del periodista Scott Anderson, un muy buen libro sobre la revolución iraní que culminó en 1979 con el derrocamiento del sha Reza Pahleví y la llegada al poder del ayatolá Jomeini. No muchos meses antes, el presidente Jimmy Carter había dicho que Irán era “una isla de estabilidad en medio de una región llena de problemas”. ¿Cómo es posible que el desenlace sorprendiera a todos? Lo de siempre, una mezcla de arrogancia y total desconocimiento de la sociedad de un país esencial para la política exterior de EEUU. 

“La OTAN no estaba allí cuando la necesitábamos y no estará allí si la necesitamos otra vez. Recordad Groenlandia. Ese gran trozo de hielo mal gestionado”. Donald Trump lanzó esta semana uno de sus mensajes demenciales en su red social. Lo escribió en mayúsculas, lo que suele ocurrir cuando está enfurecido, que es casi siempre. Los gobiernos europeos lo leyeron y debieron de pensar: allá vamos de nuevo. Todo porque EEUU ha prendido fuego a Oriente Medio con su ataque a Irán y ahora pretende que sus aliados europeos entren por la fuerza en el estrecho de Ormuz para permitir la navegación libre de los petroleros. Algo que hasta ahora él no se atreve a hacer con sus todopoderosas Fuerzas Armadas.

La segunda parte de la guerra (política) de Trump contra Europa vino con la noticia de The Wall Street Journal que cuenta que la Casa Blanca prepara castigos contra los gobiernos europeos que no han colaborado en la guerra. “La propuesta implica sacar a las tropas de EEUU de los países de la OTAN que no han ayudado en la guerra de Irán y colocarlos en países que han mostrado más apoyo”, decía el artículo. Además, el plan prevé cerrar “una base de EEUU en al menos uno de los países europeos, posiblemente España o Alemania, según dos fuentes del Gobierno”.

Por lo que toca a España, hay que precisar un par de cosas. EEUU no puede cerrar ninguna base en España, porque no tiene ninguna. Son las bases españolas de Rota y Morón de utilización conjunta. Sí cuenta con una presencia muy relevante en Rota, absolutamente esencial para las prioridades de la Armada norteamericana en Europa y Oriente Medio. Es decir, no puede ser sustituida por otra base naval en Polonia por ejemplo o, por hacer un chiste malo, en la República Checa. El presidente de EEUU no puede legalmente sacar a su país de la OTAN sin permiso del Congreso, pero sí puede trasladar a las fuerzas militares desplegadas en el extranjero. No hay que ser un genio de la geoestrategia para saber que las FFAA de su país le implorarán que no tome decisiones que pongan en peligro su presencia en Europa y el Mediterráneo desde hace décadas.

Si a alguien le parece que Trump está siguiendo al pie de la letra el argumentario de Moncloa, no está muy equivocado. Todos estos arrebatos de Trump encajan como un guante en la estrategia adoptada por Pedro Sánchez de situarse como el dirigente europeo más activo en la denuncia de la guerra. Lo ha reiterado esta semana con su ataque a Netanyahu por la masacre del miércoles en Líbano: “Su desprecio por la vida y el Derecho internacional es intolerable”. 357 personas asesinadas en un ataque aéreo que no duró más de diez minutos. Hubo también 1.223 heridos. 110 de los fallecidos eran niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio libanés de Sanidad. Varios de esos bombardeos castigaron a zonas civiles de Beirut que no tienen ninguna relación con Hezbolá.

Los militares israelíes llamaron Operación Oscuridad Eterna al ataque del miércoles. Qué pasará por su cabeza al elegir un nombre tan siniestro y casi apocalíptico.

Netanyahu también ha cumplido el guion elegido por Sánchez. El viernes, ordenó que España sea excluida de la junta internacional de coordinación que supervisa el alto el fuego en Gaza y de la que forma parte una veintena de países. Es un organismo inútil, porque no ha hecho nada efectivo después de que el Gobierno israelí haya reducido el número de camiones que entran cada día en Gaza para entregar ayuda humanitaria. Sobre su capacidad para iniciar la reconstrucción, se puede decir lo mismo. Todo ese proyecto ha quedado de momento congelado. 

Netanyahu acusa a España de estar embarcada en una “guerra diplomática” contra Israel. A lo que Sánchez podría responder: sí, desde luego. Por eso, ha pedido a la UE que suspenda su acuerdo de asociación con Israel, que concede al Estado judío innumerables ventajas económicas.

¿Quién quiere ponerse en España del lado de Trump y Netanyahu? No hay muchos candidatos, excepto en la extrema derecha. Con la velocidad máxima de un caracol, el PP está modulando su posición sobre la guerra. Como es de esperar con Alberto Núñez Feijóo, con frases genéricas y de sintaxis dudosa. Ya no se atreve a mantener el eslogan del primer día de la guerra (“con la libertad, contra los tiranos”) y lanza frases con las que dice estar en contra de la guerra, pero sin atreverse a mencionar a Trump o EEUU, no sea que se enfaden con él. 

En un acto en Barcelona, Feijóo mostró el viernes su “condena inequívoca a la deriva belicista que recorre el mundo”. Sólo le faltó posicionarse a favor de todas las cosas bonitas de la vida, como los amaneceres y el amor a los seres humanos. ¿Se refería a Trump, a la guerra contra Irán, a la destrucción de Líbano? Quién sabe. “La barbarie se vence con sensatez”, dijo. Seguro que la crisis más grave en Oriente Medio en décadas se va a resolver con los consejos de un manual de autoayuda y sin señalar a los auténticos responsables. ¿Alguien necesita una mediación diplomática entre los combatientes? Ahí está Feijóo y sus generalidades que no le comprometen a nada, porque en realidad no está diciendo más que obviedades. 

Luego, están los exabruptos, como el de Ester Muñoz. Le preguntaron a la portavoz parlamentaria del PP en una rueda de prensa qué le parecía la agresión y detención durante una hora de un casco azul español en Líbano por militares israelíes. “Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida”, respondió. Espero que no fuera por un control de alcoholemia. Quizá se refería a atascos de tráfico en la carretera. 

Seiscientos militares españoles cumplen su labor en las fuerzas de la ONU en el sur de Líbano en una misión que dura varios años. En 2015, el cabo Francisco Javier Soria murió durante un enfrentamiento entre el Ejército israelí y Hezbolá. Sufren la hostilidad de los israelíes, que no los quieren allí. Afrontan un riesgo evidente en las últimas semanas, como prueban dos ataques sufridos por el contingente indonesio hace dos semanas en los que murieron tres cascos azules de esa nacionalidad. La frivolidad del comentario de Muñoz y la ignorancia que demuestra resultan ofensivas para los militares españoles. No ha pedido disculpas ni ha tenido tiempo para explicarse en su cuenta de Twitter. Son estas cosas que definen el estilo de un político.  

En el caso de que Trump retire sus fuerzas militares de Rota porque España no apoya una guerra ilegal que busca destruir Irán y Líbano sin conseguir derrocar al régimen de Teherán, Sánchez tendrá la oportunidad de responder: vale, no se olviden de cerrar la puerta al salir que hay mucha corriente en Cádiz. 

Segunda etapa del Rufián Tour

Gabriel Rufián continúa su gira por España en lo que podríamos llamar el Left Chaos Tour. Esta vez, su pareja de escenario fue Irene Montero en Barcelona. Aspira a que la próxima sea Mónica Oltra. Otra charla en la que el portavoz de Esquerra en el Congreso explicó todas las cosas que hace mal la izquierda. También lo que él piensa que debería hacer. Una de sus frases define su mentalidad: “Yo estoy harto de tener la razón” (lo dijo muy serio). Bueno, también comentó que no tiene “fórmulas mágicas”. Rufián no se corta a la hora de hacer el diagnóstico. Con lo de las soluciones, lo tiene más complicado. Como todo el mundo.

No opinan igual en su partido y se lo han hecho saber. Después del acto del jueves, uno de los portavoces de Esquerra creyó necesario recordarlo por escrito, en términos tan claros que admiten pocas interpretaciones. Una frase clave: “Queremos liderar todo el espacio de la izquierda en Catalunya. Sin migajas”. Esto último tiene que ver con algunos comentarios o rumores de los que se ha hablado, según los cuales Rufián estaría dispuesto a incluir a miembros de Podemos, que tiene una presencia mínima en Catalunya, en la candidatura de ERC en las elecciones generales a cambio de apoyar la campaña nacional de Podemos. Lo cierto es que eso no es lo que dijo Rufián en Barcelona. No sabría decir si es especulación o hay algo que se esté cocinando. En esos términos, no tiene mucho que ver con la unidad de toda la izquierda de la que tanto habla Rufián. Desde luego, a Esquerra no le interesa nada. 

No cabe duda de que Rufián se arriesga. Lanza ideas, metáforas, ejemplos... Algunas funcionan, otras no. No cesa de criticar lo que llama las formas tradicionales de comunicación en la izquierda, en lo que no le falta razón, porque no llegan a la gente y menos a los jóvenes. Algunos de los ejemplos que da chirrían o causan estupor. Es el caso de esta frase: “Yo prefiero llenar tiktoks que bibliotecas. Porque mi hijo mira TikTok. Sin renunciar a lo que soy”.

Nadie ha dicho que sean alternativas excluyentes. Y desde luego si acabamos en un mundo sin bibliotecas y con todos relacionándonos en TikTok, la estampa es terrorífica. Lo que busca Rufián es provocar y empujar a la izquierda a que adapte su discurso a distintos públicos y formatos. En realidad, los partidos utilizan casi todas las plataformas posibles para hacer llegar sus mensajes. Lo que es difícil es que funcionen igual de bien en todas. 

Los que tengan buena memoria recordarán que Donald Trump inició la guerra contra Irán con la intención de acabar con el régimen de Teherán para que sus ciudadanos recuperaran la libertad (una idea que Feijóo apoyó de forma efusiva). Luego prefirió justificarla con el argumento (falso) de que Irán estaba a punto de conseguir fabricar armas nucleares. Más tarde, habló de poner fin al bloqueo del estrecho de Ormuz causado por la guerra que él había comenzado. Esta semana, se dejó de infundios y exigió la rendición completa de Irán bajo la amenaza de la destrucción total: “Vamos a devolverlos a la Edad de Piedra a la que pertenecen”. No suele ocurrir que alguien dispuesto a cometer crímenes de guerra lo anuncie sin ningún rubor.

Si Trump pretendía confirmar la denuncia de Pedro Sánchez contra una guerra que viola el Derecho internacional, no podría haberlo hecho mejor. Lo mismo se puede decir con sus ataques a los aliados europeos por no querer enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz para asegurar por la fuerza la libre navegación de los petroleros, lo que supone implicarlos directamente en una guerra que rechazan. Trump no quiere aliados, sino súbditos que cumplan sus órdenes.

El impacto económico de la guerra ya es global. No se limita al precio del petróleo y de los combustibles. La interrupción del paso de los buques gasísticos y de los que transportan urea por Ormuz puede afectar a la producción de los fertilizantes imprescindibles en la agricultura, comprometer las cosechas en verano y provocar una escalada de precios de los alimentos. Los precios globales de los fertilizantes podrían subir entre un 15% y un 20% en la primera mitad de 2026 si continúa la guerra, según la FAO. En este punto, hay que recordar que las crisis alimentarias han estado detrás de muchas oleadas migratorias desde África y Asia. 

La guerra es un mal negocio para todos, excepto para las empresas de defensa. Europa necesita casi desesperadamente que los ataques a Irán terminen cuanto antes o que al menos no afecten a la navegación por el Golfo Pérsico. Esto último es imposible, porque se trata de la estrategia de defensa más eficaz con la que cuenta Irán. Su objetivo es hacer ver a todo el mundo que también saldrá dañado por la continuación de la guerra. 

Trump ha intentado subcontratar a sus aliados europeos y asiáticos la labor de abrir Ormuz a la navegación. No han sido tan estúpidos como para aceptar, pero sí han comenzado a moverse. El Gobierno británico promovió la celebración de una reunión por videoconferencia de 35 países el jueves con el fin de examinar las opciones. España no participó, no está claro si porque no fue invitada o porque no quiso asistir. Lo segundo es lo más probable. No cuesta mucho que te inviten a este tipo de citas que sirven para deliberar más que para tomar decisiones y también para reflejar el punto de vista del mayor número posible de países.

Las conclusiones de la reunión no fueron espectaculares. No es un problema que se arregle con comunicados. “Incrementar la presión diplomática” para que Irán permita la navegación libre por Ormuz. “Explorar” la aprobación de sanciones contra Irán si no accede. Trabajar con la Organización Marítima Internacional con el objetivo de liberar a los barcos atrapados con sus tripulaciones a ambos lados del estrecho. Y poco más. Macron ya ha dejado claro que la opción militar es inviable. Mientras prosiga la guerra, la navegación por el estrecho estará condicionada por los intereses de los países enfrentados. 

Eso no impide que Irán sea consciente del peligro que supone enfrentarse a todo el mundo. Ese mismo jueves, dos superpetroleros y un buque gasístico sin carga pudieron atravesar Ormuz. Esos petroleros transportaban en torno a cuatro millones de barriles de petróleo saudí y emiratí. Antes de la guerra, veinte millones de barriles pasaban cada día por el estrecho. También pasó un buque portacontenedores propiedad de una naviera francesa. 

El primer día en que Sánchez se posicionó contra la guerra, el PP respondió con el argumento de que el Gobierno español se había quedado solo en Europa. Será que el partido no tiene a nadie que sepa de relaciones internacionales o que reacciona cada día en función de los acontecimientos, pero pronto se vio que no era cierto. Macron, Starmer, Merz y Meloni acabaron ofreciendo un mensaje similar al de Sánchez. Feijóo había optado por el discurso de ficción por el que había que colocarse en el lado de la libertad y contra los tiranos. Los gobiernos europeos se dejaron de demagogias y admitieron que la guerra era ilegal e iba contra los intereses de Europa por muy detestable que sea el régimen iraní.

La videoconferencia de Londres permitió al PP reincidir en lo mismo y denunciar que los aliados ven a Sánchez como alguien “desleal, imprevisible y con el que no se puede contar”. Esa es precisamente la opinión de Trump sobre todos los aliados europeos, no sólo Sánchez, a los que ha llamado “cobardes” por no enviar buques de guerra a Ormuz para solucionar el problema creado por EEUU. De hecho, en el plano personal, Trump ha sido más despectivo con Emmanuel Macron y Keir Starmer (“lamentablemente, Keir no es Winston Churchill”) que con Sánchez. 

Sobre las relaciones de España con Washington, esta semana hemos visto varias noticias a cuenta de una supuesta investigación de EEUU sobre la eutanasia de Noelia Castillo. Si los titulares parecían absurdos es porque lo eran. El Departamento de Estado puede pedir a su embajada en Madrid que le informe sobre cualquier hecho ocurrido en España. Forma parte de su trabajo. Pero no puede investigar nada ni es cierto el titular de ABC que decía que “la Casa Blanca exige explicaciones a España por la eutanasia de Noelia Castillo”. Un alto cargo del Departamento de Estado dijo en Twitter que “es imprescindible” que se investigue el caso. No hay nada que investigar ni explicaciones que dar porque la aplicación de la eutanasia ya pasó por todos los controles médicos y recursos judiciales necesarios.

Cabe la posibilidad de que EEUU utilice ese caso contra España en su propaganda. Eso es lo que menos debe preocupar al Gobierno español. En una entrevista en The Wall Street Journal, Sánchez aparece descrito como el gran baluarte de la oposición a Trump en el mundo occidental. Seguro que es una distinción que no le desagrada. 

El misterio de los turistas desaparecidos

La Semana Santa está “definitivamente perdida”, dijo hace quince días el consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal. Se refería al impacto de las obras del AVE por los derrumbes ocasionados por las lluvias y que iban a impedir el enlace directo de Madrid a Málaga. “Málaga está completamente incomunicada”, avisó con un descaro increíble la consejera de Hacienda, Carolina España, presentando un escenario dantesco en el que la ciudad andaluza se arriesgaba a sufrir pérdidas millonarias en las vacaciones. ¿Habían cerrado el aeropuerto? ¿Las carreteras estaban cortadas? Se decía que los comerciantes debían demandar a Adif por el dinero que iban a dejar de ganar. El diario Sur, el medio más importante de Málaga, le dedicó una cobertura catastrofista que incluyó una noticia falsa abriendo la portada del periódico. 

Se habló en los titulares de pérdidas de 1.300 millones de euros sin que nadie tuviera claro cómo se había calculado esa cifra. Era un número varias veces superior a los ingresos (478 millones en un año con lluvia) que la Junta calculó para toda la comunidad en 2024. Pero la cosa no quedaba ahí. Un titular de El Mundo elevó las pérdidas a 2.000 millones.

Todo era una farsa que confirma el estilo del Partido Popular de hacer oposición. Las elecciones autonómicas de mayo hicieron que el PP se lanzara a tumba abierta para denunciar una crisis inexistente. En primer lugar, porque el enlace ferroviario no había desaparecido. Los pasajeros del AVE debían bajarse del tren en Antequera y coger un autobús con el que cubrir los últimos 50 kilómetros. Un inconveniente sin duda, pero que no iba a hacer que renunciaran a sus planes si querían viajar a Málaga. 

Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Al final, como era de prever, los turistas han inundado Málaga gracias al factor más relevante con las vacaciones de Semana Santa. Ha hecho buen tiempo y eso es lo que más influye en la llegada de turistas. Algunos dicen que ha sido por el peso del turismo internacional, otros señalan que la causa está en el turismo nacional. Ya el lunes el alcalde de Málaga dijo que el tema del AVE iba a tener una incidencia “mínima”. Y se ha confirmado. Pero por el camino el PP ya ha hecho caja de cara a las elecciones de mayo con el drama que no era tal. Y así es la política en España, para qué vamos a engañarnos.

Hasta el próximo domingo.

El infierno en vida de Noelia Castillo acabó el 26 de marzo. Por su propia decisión y después del control médico y judicial establecido por la ley, se le aplicó la eutanasia y su derecho a morir en paz. Algunas personas –su padre y la organización ultra Abogados Cristianos– convirtieron sus últimos meses en una pesadilla. Sus presiones y recursos judiciales no consiguieron hacerla desistir de su propósito. Toda su historia nos causa dolor, pero el final es el que ella quería. Es necesario repetir esto último tantas veces como sea necesario y no dejarse llevar por los argumentos de los hipócritas y de los que quisieron arrebatarle su dignidad hasta el último minuto de su vida.

Han pasado 601 días desde que ella expresó su deseo de morir para poner fin a tanto sufrimiento. No fue una decisión producto de un impulso. Su caso fue evaluado por 32 especialistas y se redactaron trece informes. Varios tribunales examinaron los recursos presentados. Todos los análisis confirmaron que Noelia entendía la gravedad de lo que estaba solicitando y que era plenamente consciente de su estado y de las consecuencias que suponía. No fue un final feliz y por eso nos resulta difícil celebrarlo –creo que ninguno de nosotros asociamos la muerte a la felicidad–, pero es el que ella quería. La vida no le había dejado otra opción.

El espectáculo presenciado en los últimos días no ha sido muy edificante, y no por culpa de ella. Los racistas han propagado mentiras sobre las violaciones que sufrió para aprovechar la historia en beneficio de su lucha contra los inmigrantes. Una cadena de televisión reincidió en lo que hizo en casos anteriores de sucesos y muertes de adolescentes ofreciendo un show morboso. Algunos políticos que quieren complacer a sus votantes que se oponen a la eutanasia han hablado de “un fracaso como sociedad”, un concepto vago que nunca concretan con las medidas que creen que deberían haberse tomado. Podrían proponerlas mañana mismo en el Parlamento si tan claro lo tienen, pero no lo van a hacer.

Hay un principio general que dice que los riesgos se multiplican cuando una noticia capta por completo la atención de la televisión. Servirá para que llegue a todo el mundo, pero aumentarán las posibilidades de que sea presentada como un espectáculo carente de toda nobleza. Se abusará del sentimentalismo y abundarán las opiniones de gente que no sabe de lo que está hablando. Y todo eso con la esperanza de que la cobertura incremente las audiencias. 

El ejemplo más flagrante fue el del programa de Sonsoles Ónega en Antena 3. Entrevistó a Noelia Castillo y a su madre después de que ellas lo aceptaran. Ángeles Caballero se pregunta si era necesario “seguir hurgando en esa herida con una cámara encendida delante”. Porque en estos casos siempre se dedica un número desmesurado de minutos y se le saca todo su jugo televisivo. Se juega con los sentimientos de la audiencia y se le recuerda que volverán a hablar del tema después de la publicidad. “Por supuesto, la música de piano de fondo, los gestos afectados y sobreactuados del plató. Las palabras huecas, que fagocitan cualquier atisbo de cordura, que también la hubo”. 

La frivolidad con la que se manejan estos asuntos no tiene nada que ver con las deliberaciones y decisiones que adoptan los organismos que participan en un caso de eutanasia. El informe médico-forense que avaló la eutanasia estableció que sus dolores eran “graves, crónicos, constantes e imposibilitantes” y que no existía “posibilidad de mejora”. Estaba condenada a malvivir en esas condiciones toda su vida. Los  psiquiatras y psicólogos que la examinaron decidieron que “la patología que sufre no la condiciona para tomar decisiones”. Los tribunales certificaron ese diagnóstico. 

Si se hubiera respetado desde el principio la voluntad de Noelia, hace tiempo que su dolor habría terminado. En agosto de 2024, un juez aceptó un recurso de su padre e impidió que la eutanasia tuviera lugar. No voy a entrar a valorar sus intenciones. Me limito a incluir aquí lo que contó su hija en la entrevista de Antena 3: “No ha respetado mi decisión y nunca lo hará. Me quería poner a mi nombre la casa que ha comprado para poder seguir cobrando la pensión por hijo a cargo. Después de eso, no quiere poner la casa a mi nombre, ni pagar el entierro, ni va a ir a la eutanasia, ni al entierro, y dice que no quería saber nada más de mí. Que para él ya estaba muerta. Yo lo entiendo. Es padre y no quiere perder a una hija, pero no me hace caso. No me llama nunca, no me escribe nunca. Lo único que hace es traerme comida. ¿Para qué me quiere viva? ¿Para tenerme en un hospital?”. 

El principal argumento de Abogados Cristianos, que representaba a su padre, consistía en dudar del estado mental de Noelia. En estos casos, todo se reduce a tratar a la persona que solicita la eutanasia como si estuviera loca. Querían imponerle su juicio moral sobre lo que significa la vida. Pero ha habido algo más. Han llegado a denunciar que el hospital había presionado para que se produjera “porque tenían comprometidos sus órganos” para un trasplante. No sólo es mentira, sino que es imposible legalmente. Los trasplantes se llevan a cabo cuando hay un compromiso previo del fallecido o lo autoriza su familia. La directora de la Organización Nacional de Trasplantes lo explica en este vídeo.

Los sectores más reaccionarios han aprovechado el caso para cargar contra la eutanasia y expandir toda una serie de mentiras. Como era de prever, Santiago Abascal se ha distinguido afirmando que ella fue violada por dos menores inmigrantes, de lo que no existe ninguna prueba. Los ultras también han dicho que sufrió una agresión sexual en un centro de menores en 2022 (por entonces tenía 21 años). Noelia vivió en dos residencias para menores entre 2015 y 2019. Macarena Olona alega que le concedieron la eutanasia por tener depresión. La ley no permite eso. Ella quedó parapléjica después de un intento de suicidio al tirarse desde un quinto piso. Las secuelas eran “permanentes e irreversibles”. 

En el ámbito periodístico, ha quedado claro el desprecio que sienten algunos por Noelia. Su opinión no les merece ningún respeto. Un columnista de ABC sostiene que los impuestos se utilizan para “ejecuciones”, que ha sido “un asesinato colectivo”. El jefe de opinión de El Español afirma que “el Estado español ha decidido matar a Noelia Castillo”. Hay que respetar a las personas que no aceptan la eutanasia por sus creencias religiosas, pero estas opiniones sólo están regidas por el fanatismo.

En el momento en que fue aprobada por ley en 2021, la eutanasia contaba con un amplio apoyo en la sociedad. Ya en 2018 un 85% defendía ese derecho, según una encuesta de Ipsos. El apoyo seguía siendo generalizado en 2024. Hasta ese año, 1.123 personas se habían acogido al derecho a poner fin a su vida. 

“Este caso nos exige una reflexión profunda. Las instituciones que debían proteger a Noelia le fallaron”, dijo Alberto Núñez Feijóo, refiriéndose a la época en que fue abandonada por su familia por los problemas económicos y de otro tipo. “El sistema ha fallado. Es necesario revisar todos los procedimientos para ayudar mejor a las personas que tienen problemas y reforzar el acompañamiento y los instrumentos de apoyo”, opinó Juanma Moreno.

A los políticos les gusta decir que se necesita una profunda reflexión sobre los problemas complejos y luego no se les escucha hablar más del tema. ¿A qué medidas se refieren? ¿Hay que gastar más dinero en algunos organismos asistenciales? ¿Cuál ha sido la respuesta del PP o de otros partidos cuando han surgido iniciativas para luchar contra la pobreza o ayudar a las familias rotas?

Los que dicen que el sistema ha fallado ¿qué dijeron al aprobarse medidas que aumentan el gasto social o cuando se habló de apoyar a los menores inmigrantes que sufren más los efectos de la marginalidad, de no tener salidas con las que recibir apoyo y formación? ¿Qué opinaron cuando se aprobó el Ingreso Mínimo Vital, que ayuda a las familias pobres a salir adelante? ¿Qué han respondido cuando se pide como ahora que se impidan los desahucios de familias vulnerables? Y si una familia es expulsada de su casa porque no tiene dinero para pagar el alquiler o la hipoteca, ¿qué alternativas de vivienda les dan las instituciones responsables y el sistema económico?

No sirve de mucho decir que el sistema ha fallado si no se explica después qué cambios deberían hacerse para que vuelva a funcionar. 

Si sacas una pistola, tienes que disparar. No, no es un consejo para la vida cotidiana. Es un principio con el que el dramaturgo ruso Antón Chéjov explicaba que si introduces un elemento relevante en la trama de una obra, debes utilizarlo después. No puede ser intrascendente. El ejemplo que daba consistía en que si aparece un arma en la representación, alguien debería disparar con ella en algún momento posterior. No puede ser que un actor enarbole una pistola, lo que ya sabemos que no es habitual, y que no se vuelva a hablar de ella o que nos olvidemos de que alguien tiene un arma en su poder.

Sumar enseñó un arma este viernes al negarse a que empezara el Consejo de Ministros extraordinario que tenía que aprobar las medidas sobre las consecuencias económicas de la guerra contra Irán. Pasaron dos horas hasta que se consiguió alcanzar un consenso que permitiera su aprobación. Siempre dispuestos a insuflar más dosis de drama a la vida política, los medios de comunicación empezaron a sufrir palpitaciones. ¿Dispararía Sumar a Pedro Sánchez y dejaría su cuerpo ensangrentado sobre la mesa del Consejo? ¿Acabaría todo como una escena de 'Kill Bill'?

Chéjov sabía mucho de teatro, y su idea se ha empleado muchas veces en el cine, pero no tanto de política. En ese mundo, es habitual que los protagonistas se pasen toda la función enseñando armas y amenazando con abrir fuego, y sólo es una manera de recabar la atención del otro. Mira que estoy muy loco y lo mismo empiezo a disparar a todo lo que se mueva. Lo estamos viendo ahora con las negociaciones del PP y Vox después de las tres elecciones autonómicas celebradas. Se trata de aumentar o reducir lo que se está dispuesto a pagar por un acuerdo. Es lo mismo que regatear por el precio de un producto, como se puede apreciar en la escena de 'La vida de Brian'. “¿Diez? ¿Pretendes insultarme? ¿A mí? ¿Con mi pobre abuela muriéndose?”.

Al final, hubo acuerdo, como todo el mundo sabía que iba a ocurrir, y se aprobaron dos decretos. Con el primero, se rebaja al 10% el IVA de los combustibles, el gas natural y los impuestos de la electricidad, y se congela el precio de la bombona de butano, además de otras ayudas a industrias, transportistas, pescadores y agricultores. Todo ello con un coste de 5.000 millones. Con el otro, se congelan los alquileres durante dos años. A pesar de los aspavientos previsibles, el primero será ratificado por el Congreso. Lo más probable es que el segundo sea anulado con los votos del PP, Vox y Junts. 

Es típico de la política española que algunos partidos digan que el Gobierno ha copiado sus propuestas, pero que eso no impida que estén escandalizados. No por una cuestión de derechos de autor, sino porque no van a cambiar su discurso de que el Gobierno es peor que la peste negra. El PP iba a enviar a Alberto Nadal a una rueda de prensa para que ofreciera la posición del partido sobre las medidas. Cuando vio que había discrepancias entre el PSOE y Sumar, cambió al mensajero y puso a Miguel Tellado ante los micrófonos para que diera cera. Sus primeros minutos fueron una colección de chistes, “una auténtica batalla campal entre ministros”, “duelo a garrotazos”, “un presidente chantajeado por los ministros de Sumar”. Parecía una película de Torrente. 

Tellado dijo que el Gobierno estaba copiando las ideas del PP, pero no se comprometió a apoyar el decreto de las ayudas fiscales. Es todo teatro, no al estilo de Chéjov. No se atreverán a tumbar unas medidas que favorecen a millones de personas. La primera reacción del PP fue distribuir entre los periodistas un montaje fotográfico en el que aparece Pedro Sánchez como líder del PP bajo un cartel de “menos impuestos”. Luego no la subieron a las redes sociales, porque era como decir que Sánchez había acertado con el decreto.

Para tenerlo claro. ¿Es el paquete fiscal aprobado por el Gobierno una medida de derechas, como viene a decir Tellado? Decir que algo es de izquierdas o derechas en función de si se suben o bajan los impuestos es una forma de hablar de economía que puede valer para las trincheras de las redes sociales, pero que no funciona igual de bien en el mundo real. Los impuestos son un instrumento para financiar políticas que pueden ser de izquierdas o de derechas, que pueden favorecer a muchos o a pocos. Eso sí que es cierto.

Las medidas con las que un Gobierno puede responder a un fuerte incremento de los precios de los combustibles no son muchas. Un recurso de efectos inmediatos consiste en reducir temporalmente la carga fiscal, que es algo que las finanzas públicas se pueden permitir ahora mismo en España. María Jesús Montero ha anunciado esta semana que se ha cumplido con el objetivo de déficit que se había fijado para 2025, con un descenso hasta el 2,5% del PIB. 

La alternativa es no hacer nada y eso es algo que los ciudadanos no toleran en tiempos de emergencia. Hay gente que sostiene que la solución sería topar los precios de los combustibles por decreto. No estamos hablando de un producto que se fabrica en España y al que se asigna un precio para que dé beneficios. Es imposible disociar el precio de la gasolina o el gasóleo del precio del petróleo, y esto último no es algo que pueda dictar el Gobierno o las empresas del sector. El más mínimo riesgo de desabastecimiento si el precio del petróleo continúa subiendo, pero no el de los combustibles es un riesgo real. Ningún Gobierno quiere ver colas en las gasolineras. 

Lo que puede hacer cualquier Gobierno es aprobar un impuesto excepcional a las empresas petrolíferas, que ya están aumentado sus beneficios. Es lo que hizo el Gobierno conservador de David Cameron en Reino Unido en 2011. Preveía recaudar 2.000 millones de libras, aunque la cantidad final fue muy inferior. Ese dinero se lo quedó el Estado para reducir su déficit y los ciudadanos no vieron nada de él. Pero un impuesto de esas características debe ser aprobado por el Congreso y, teniendo como tiene una mayoría de derechas, dudo mucho de que eso sea posible. 

Lo peor está por venir

Es imposible exagerar la gravedad del impacto económico de esta guerra. Es la mayor amenaza a la seguridad energética en toda la historia, ha dicho el máximo responsable de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Desde hace décadas, se ha considerado el bloqueo del estrecho de Ormuz como el escenario de pesadilla que podría causar efectos impredecibles, pero en cualquier caso muy negativos. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. El volumen de exportaciones de gas que se ha perdido por el conflicto es el doble del que se produjo después de la invasión de Ucrania. En el caso del petróleo, supera al perdido en las dos crisis del petróleo de los años 70, según la AIE. Los daños sufridos por bombardeos son de tal calibre que la agencia calcula que se tardarían seis meses para recuperar la producción perdida si la guerra acabara ahora, lo que es una previsión demasiado optimista.

El mundo está mejor preparado para afrontar un shock energético que hace décadas. Dependemos menos de los combustibles fósiles que entonces. Hasta cierto punto. Después de llegar esta semana a los 111 dólares por barril, el precio del Brent para su entrega en mayo estaba el viernes en 108. Es una cifra que crea problemas económicos que no son insuperables. Lo peor está por venir. 

Una previsión hecha por fuentes de la industria petrolífera saudí y citada por The Wall Street Journal indica que el precio del barril puede superar los 180 dólares si la disrupción del mercado se prolonga hasta finales de abril. Calculan que en la segunda semana de abril ya estará en 150 dólares. No es el pronóstico más pesimista en el artículo. Los analistas de la consultora Wood Mackenzie no descartan que el crudo llegue a los 200 dólares en algún momento de este año si continúa la tendencia actual. Con esas cifras, sería imposible evitar una recesión en EEUU y Europa.

Hay una razón por la que EEUU nunca había aceptado llevar la guerra a Irán desde 2001. No intentas destruir un país que tiene la llave de Ormuz. Hay que agradecer a la locura belicista de Trump y Netanyahu que hayamos llegado a este punto. Irán no tiene medios militares suficientes para protegerse de los bombardeos. Su principal activo es su capacidad para atacar a otros países del Golfo Pérsico y hacer que todo el mundo sufra las consecuencias del conflicto bélico. El ataque israelí al mayor campo gasístico iraní ha sido el equivalente a jugar a la ruleta rusa. Por eso, Trump dijo que no supo del ataque con antelación, lo que probablemente es falso. 

Sólo hay un factor en el que España no sale tan perjudicada. Gracias a las renovables, al igual que Francia con la energía nuclear, no está tan expuesta a las subidas del precio del gas, cuyo precio se ha doblado desde enero, destaca el Financial Times. En Italia, el precio de la electricidad ha estado marcada por el gas en el 89% de los días desde principios del año. En el caso de España, ha sido el 15%. A España también le beneficia que el 20% de su electricidad proceda de la energía nuclear. En Italia, es el 5%, pero toda ella es importada.

Por acabar con una nota optimista, Donald Trump publicó un mensaje en redes sociales a última hora del viernes en el que dice que “estamos muy cerca de alcanzar nuestros objetivos en la guerra”. Tiene que saber que si las circunstancias económicas empeoran, y lo harán si continúa el ataque a Irán, los republicanos se encaminan a una derrota clara en las eleccciones legislativas de noviembre. Pero es muy pronto para celebrar nada. Es mejor fiarse de los hechos que de las palabras de Trump. Ya sabemos que puede cambiar de opinión en cuestión de horas.

“Si alguna vez fuimos faro moral del mundo, está enterrado bajo las ruinas de Gaza”, ha dicho esta semana Josep Borrell en TVE. Ursula von der Leyen arrojó esta semana unas cuantas paladas más de tierra con su discurso en el que básicamente decía que Europa debe unirse al carro de Trump y Putin y abandonar la idea de un mundo con principios democráticos. “Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que se ha ido y no volverá”, dijo. Lástima que no sea ella la que se largue y no vuelva a aparecer.

No es extraño que sea una política alemana la que diga estas palabras después de haber dado luz verde a Israel para que cometiera un genocidio y convirtiera Gaza en un lugar inhabitable. Algunos países –como España, Irlanda y Bélgica– alzaron la voz contra esta carnicería. Alemania se ocupó de impedir que la UE tomara alguna decisión efectiva contra el Gobierno ultranacionalista de Netanyahu. 

Con la guerra contra Irán, el panorama es diferente, porque las economías de los países europeos también se ven perjudicadas. Cuando Pedro Sánchez denunció que el asalto de EEUU e Israel vulneraba los principios del Derecho internacional, el Partido Popular se apresuró a acusarle de levantar una cortina de humo con la que tapar los problemas del Gobierno. La ceguera de este partido y su proverbial ignorancia de la política internacional quedaron pronto en evidencia. Reino Unido, Francia e Italia terminaron uniéndose al mensaje de Sánchez, cada país con sus propios matices. 

Algunos medios dijeron que Sánchez se iba a quedar solo. No tardaron mucho en virar en redondo ante las dimensiones económicas que podría tener el cierre del estrecho de Ormuz a los petroleros que surten de crudo a Europa y Asia. Quien se ha quedado en una esquina ha sido el PP, encerrado en su propaganda. Es un caso único en Europa. Resulta irónico que Giorgia Meloni respondiera a las críticas de la oposición italiana con esta frase: “No entiendo por qué la izquierda de nuestro país elogia a España cuando está haciendo exactamente las mismas cosas que Italia”. Que no se lo cuenten a Feijóo, que ya lleva bastante encima.

En comparación a la campaña de bombardeos de EEUU en Irán, la desastrosa invasión de Irak de 2003 se convierte en un prodigio de estrategia. La última revelación que hemos leído es que el Gobierno de Trump subestimó la opción de Irán de bloquear el estrecho de Ormuz. Se empezó a hablar de esta posibilidad en los años 80 durante la guerra de Irán e Irak. Parece que en Washington no se habían enterado de esta amenaza, que es en realidad la única carta estratégica a disposición de Irán en el peor de los casos para sus intereses.

Pero no nos quedemos sólo en lo que está haciendo EEUU. Israel está aprovechando esta ofensiva para atacar Líbano, sin que una vez más los países europeos hagan nada relevante al respecto. El Ejército israelí ha avisado a los habitantes de todo el tercio sur libanés, incluidas las ciudades de Tiro y Sidón, de que abandonen la zona. Allí viven más de un millón de personas. Los ataques a la infraestructura civil del país se suceden cada día. Al igual que hicieron en Gaza, amenazan a los libaneses con la destrucción total si no eliminan a Hizbolá, el grupo shií aliado de Irán, lo que sólo pueden hacer con una guerra civil. 

No hay distinción entre objetivos militares y civiles. El jueves, un dron israelí atacó una playa de Beirut convertida en un campamento improvisado de refugiados del sur del país. Murieron siete personas y hubo 31 heridos. “Fueron dos misiles. El primero mató a tres personas junto a la playa, pero cuando la gente se acercó a ayudarles, volvieron a tirar otro y eso creó el caos”, contó un testigo a Javier Espinosa, corresponsal de El Mundo.

Hasta ahora han muerto 773 personas desde el inicio de los bombardeos israelíes, de las que 103 son niños y adolescentes. Las personas que han huido de las zonas castigadas por los ataques son 800.000, que es el 14% de los habitantes de todo el país (5,8 millones).

Según medios israelíes, su Gobierno se prepara para lanzar una operación masiva por tierra en territorio libanés en una semana. Lo que viene a ser una invasión. Los mensajes de los políticos y los que se escuchan en la televisión israelí repiten las amenazas que se hicieron sobre Gaza, y que luego se cumplieron. “Necesitamos golpear y eliminar todo lo que haya en Dahiya, Baalbek, Tiro, Sidón, Nabatieh, todo”, dijo el exministro de Defensa Yoav Galant, refiriéndose a toda la zona sur del país.

Esa política de tierra quemada en la que los civiles son prescindibles es la que ha inspirado las cuatro invasiones realizadas en décadas anteriores y que nunca solucionaron nada. Hay que recordar que la fundación de Hizbolá fue una de las consecuencias de la invasión israelí de 1981. Cuarenta y cinco años después, los israelíes continúan creyendo que no hay problema que no se pueda solucionar matando gente. La diplomacia es una pérdida de tiempo, creen.

Israel sabe que los bombardeos aéreos no provocarán un cambio de régimen en Irán. Sólo acarrean sufrimiento a los civiles. Las guerras no se ganan desde el aire, contra lo que pensaban Hitler y Goering cuando lanzaron sus aviones sobre Inglaterra. Israel no quiere la paz en Oriente Medio, ha dicho Trita Parsi, del 'think tank' Quincy Institute. Lo que busca es la hegemonía regional a través de la destrucción o desestabilización de todos los demás países: “Para que Israel tenga seguridad total, todos los demás deben tener inseguridad total”. 

En España, hay algunos que niegan los hechos con la intención de que centenares de millones de personas en Oriente Medio vivan o perezcan en función de las necesidades políticas del Estado de Israel. José Antonio Zarzalejos escribe en El Confidencial que “Israel tiene que ganar la guerra”. Eso queda justificado por “la angustia existencial que anida en la sociedad israelí” causada por “la amenaza existencial” que supone Irán. En este tipo de artículos, ni se molestan en contrastar ese sentimiento psicológico, convenientemente manipulado por los políticos, con los hechos.

En 1992, Israel anunció que Irán estaba a muy poco tiempo, menos de un año, de conseguir la bomba nuclear. Han pasado 34 años. El acuerdo nuclear promovido por Obama hace una década garantizaba que Irán entregaría el uranio enriquecido en altos porcentajes y que su programa nuclear sólo pudiera destinarse a fines civiles. Israel lo rechazó y Donald Trump lo anuló al llegar al poder en 2017. Se opusieron al pacto porque mantendría a Irán como lo que es, una potencia regional. Para Israel, era insuficiente. Sólo aceptarían la destrucción completa de su enemigo con independencia de los efectos que tuviera en toda la región, que es lo que estamos viendo ahora. 

Contra lo que dice Zarzalejos, la supervivencia de Israel está asegurada. Es la mayor potencia militar de la zona, a una distancia inmensa de los demás países, está en posesión de un arsenal nuclear y cuenta con la economía más próspera. La mayor amenaza para su futuro está dentro de sus fronteras: la radicalización de la derecha y su lenguaje militarista, representados en el dominio que ejerce Netanyahu, y la confrontación entre la población ultraortodoxa y laica por los privilegios de la primera.

Los políticos que controlan la política israelí en este siglo prometen la guerra permanente y la intensificación del apartheid que niega los derechos más básicos a los palestinos. Es la institucionalización de la violencia, sobre lo que Zarzalejos no dedica una línea. Esta semana, se ha conocido la decisión de la fiscalía militar israelí de retirar los cargos contra los soldados acusados de cometer graves abusos contra un preso palestino en la base de Sde Teiman, donde llevaban a los detenidos de Gaza. 

Todo se supo gracias a un vídeo filtrado (se puede ver aquí) en el que varios soldados ponen contra la pared a un preso con las manos atadas, mientras otros tres tapan la escena con escudos para que las cámaras de seguridad no desvelen lo que están haciendo. El parte médico incluía varias costillas rotas, un pulmón perforado y laceraciones en la pared del recto ocasionadas por un cuchillo.

La fiscalía ha decidido que no puede proseguir con la acusación porque las pruebas no son concluyentes (eso incluye el parte médico) y porque la víctima fue incluido por el Gobierno en el intercambio de presos con Hamás. Fue el método empleado para que no pudiera declarar en el procedimiento judicial. La única persona que será acusada será la fiscal militar que hizo público el vídeo.

Uno de los acusados fue recibido como un héroe en un programa de la televisión israelí cuando se conocieron los hechos. Esta es la ansiedad que Zarzalejos cree que deberíamos proteger al desear que Israel gane esta guerra, no importa cuántos civiles iraníes o libaneses sean asesinados. 

La foto

La falla municipal de Valencia es un símbolo contra la guerra con Charlie Chaplin en su papel en la película '¡Armas al hombro!', de 1918. Mide 27 metros de altura y ha sido diseñada y construida por José y Alejandro Santaulalia.

“No podemos quedar aislados”, dijo Feijóo con esa cara que pone de estar muy preocupado. “Sánchez nos está posicionando fuera del núcleo de nuestros aliados”, afirmó Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso y de escasos conocimientos de política exterior. “El Ejecutivo socialista opta por una equidistancia que lo deja solo en el peor de los escenarios: el de la ambigüedad moral y la orfandad estratégica”, se explayaba el editorial de ABC. Huérfanos en mitad de Europa, clamaba la derecha. No nos caerán las migajas de la mesa. Nos moriremos de hambre.

Hay tan poca experiencia sobre política exterior en la dirección del PP que no hay que esperar mucho tiempo para que la realidad les estalle en la cara. A veces sólo tienen que pasar 24 horas o menos. Después de no atreverse a contradecir a Trump en el Despacho Oval, el canciller alemán Friedrich Merz rectificó y dejó claro que no iba a dejar sola a España frente a la ira de EEUU. Macron no tardó mucho tiempo en colocarse en el mismo punto en el que estaba Pedro Sánchez: “Francia no forma parte de esta guerra. No estamos en combate y no vamos a involucrarnos en ella”. Giorgia Meloni había estado callada varios días hasta que decidió que tenía que presentar su posición. Italia “no está en guerra” ni quiere “entrar en ella”. De repente, los que se habían quedado solos eran Feijóo y sus mariachis.

La decisión de Sánchez de no poner las bases militares españoles a disposición de la guerra norteamericana contra Irán provocó la indignación del PP. Ya sabemos lo que habría hecho Feijóo si hubiera estado al frente del Gobierno en estos días. El ministro de Defensa del muy derechista Gobierno de Meloni no está en esa línea. “El uso de las bases militares italianas será el mismo que el de las españolas y de Sánchez”, dijo Guido Crosetto. Lo que el ABC había llamado en su editorial “la enésima deslealtad de Sánchez” no es muy diferente a lo que después afirmaron en público los gobiernos de Italia y Francia. Vamos camino de que media Europa sea tan desleal como Sánchez.

En 2003, el Gobierno de Aznar decidió ignorar la posición de Francia y Alemania para ponerse del lado de EEUU en el proyecto de invasión de Irak. Ahora el PP parece que está cometiendo el mismo error con el agravante de que no hay ningún análisis estratégico que lo respalde. Al menos, Aznar tenía una idea definida sobre cómo debía ser la política exterior de España y empeñó su palabra en defenderla, también a cuenta de las armas de destrucción masiva, con las consecuencias conocidas por todos. En estos momentos, todo se reduce a decir lo contrario que Sánchez. 

Será que confían en que sus guardaespaldas mediáticos les salven la cara. Eso es lo que pasó el viernes. El ABC tituló a toda plana en su portada “Falso 'no a la guerra'”. Todo porque Sánchez decidió enviar una fragata a la misión encabezada por Francia para defender a Chipre de un posible ataque iraní. Chipre es un país de la UE y los demás socios tienen la obligación de defenderlo, según el artículo 42.7 de los tratados. Primero, criticaron a Sánchez por no colaborar con EEUU en la destrucción del régimen iraní y luego le criticaron por lo contrario. No se aclaran. 

La fragata forma parte del grupo naval de apoyo al portaaviones Charles de Gaulle que Macron mandó hacia Chipre. Abandonar esa misión aumentaba el riesgo u obligaba a buscarle una alternativa y Sánchez prefirió no ponerle las cosas más difíciles a Macron. Defender a Chipre no es lo mismo que atacar Irán, por si es necesario recordarlo, aunque a algunos les ha costado entenderlo. Es una manipulación a la que se unió alegremente El Español.

Un 68% de los españoles está poco o nada de acuerdo con la guerra, según una encuesta de El País (sólo el 36% de los votantes del PP la apoya). El 53% está a favor del veto al uso de las bases de Rota y Morón decidido por el Gobierno. Cerca del 26% lo censura. 

Los resultados no son muy distintos en la encuesta de El Mundo. A pesar de que su titular es “Sánchez activa la polarización masiva”, los datos muestran que el 62% rechaza la guerra. Un 51,6% cree acertada la decisión de impedir el uso de las bases (un 40,9% está en contra). Los españoles no están polarizados. Están muy preocupados por el desenlace de los acontecimientos, temen sus repercusiones económicas y no quieren que Trump arrastre a España a una guerra como ocurrió en 2003.

Por si acaso, porque sería estúpido pensar que la guerra traerá ventajas económicas, Sánchez ya se ha puesto la venda: “Tienen que ser conscientes de que lo que pueda suceder en sus bolsillos nada tiene que ver con las decisiones del Gobierno de España, sino con una guerra en Irán que es ilegal y que va a traer mucho dolor”. Le escucharemos responder eso al PP en el Congreso más de una vez. 

Evidentemente, los intereses de cada país europeo son diferentes. Las relaciones de Alemania con Israel condicionan su política exterior. Francia tiene el compromiso de defender al Gobierno de Líbano y además cuenta con una base militar en Emiratos. Reino Unido está prestando ayuda logística a EEUU, aunque Starmer ha dicho que no para acciones militares ofensivas, sino para proteger a los países del Golfo Pérsico (esa distinción no ha gustado nada a Trump). Polonia y otros países de Europa del Este se unirán a lo que diga Washington.

Por encima de las consideraciones específicas de cada país, los líderes europeos no querían esta guerra, entre otras cosas porque saben que sufrirán sus consecuencias mucho más que EEUU. No parece que tengan ningún control sobre las decisiones de la Casa Blanca. Trump sólo quiere aliados si le dan la razón en todo. Eso no quiere decir que vayan a emplear la misma retórica que Sánchez. Trump es como una granada de mano y los dirigentes europeos no tienen ganas de que les estalle en las manos.

Marco Rubio ha comunicado a los ministros árabes de Exteriores que la guerra puede durar varias semanas. Trump exigió el viernes la “rendición incondicional” a los dirigentes iraníes, que no se la van a conceder, un día después de alardear de que aspira a elegir personalmente al próximo líder supremo de Irán. Es una forma de imperialismo a golpe de la última ocurrencia del presidente de EEUU. Washington ha animado a los líderes kurdos iraníes a que se enfrenten con las armas al Gobierno de Teherán, lo que ha hecho que se hable del riesgo de que se desencadene una guerra civil.

Merz empieza a ponerse nervioso. Ha dicho que es imprescindible que se mantenga la integridad de Irán como Estado. “No queremos que se produzca un escenario sirio”, dijo refiriéndose al éxodo masivo que tuvo lugar en ese país. Siria tenía entonces unos 22 millones de habitantes. Irán cuenta con más de 91 millones. “Lógicamente, tenemos un gran interés en evitar nuevas oleadas de refugiados desde la región”, siguió diciendo. 

Trump y Netanyahu pueden destruir Irán y convertirlo en un infierno del que millones de personas intenten escapar, sea por la guerra o por la represión que pueda desatar Teherán. Merz, Meloni, Macron y Sánchez no quieren ser quienes paguen la factura mientras Trump busca otro Gobierno al que derrocar. Eso es algo de lo que Feijóo aún no se ha enterado. 

No se sabe qué es peor. Que en Génova no sepan qué hacer o que tengan una idea. Lo primero puede ser un error. Lo segundo a veces es una catástrofe. El viernes, Feijóo tuvo una idea que le pareció fenomenal. Castigar al Gobierno, apoyar a la monarquía y aprovechar una noticia que estaba en todos los titulares. Tres por el precio de uno. Una jugada maestra. Todo eso con un solo tuit. Es un genio.

Una vez desclasificados 153 documentos sobre el golpe del 23F, el líder del PP vio su oportunidad. Hora de echar un cable a Juan Carlos. Debería volver a España para quedarse. Es culpa del Gobierno que no esté aquí y los papeles confirman que es un héroe. En Zarzuela se llevaron un susto de muerte. Y tuvieron que reaccionar. Seguro que no desean ningún mal a Feijóo, pero lo que hicieron fue hundirlo en la miseria. Que es un lugar en el que el líder del PP ha estado demasiadas veces. 

Ojo cuidao. Muy pronto, Génova se ocupó de comunicar dos cosas. En primer lugar, había sido una iniciativa personal de Feijóo. Una idea suya desde el principio al final. Lo otro es que había llamado media hora antes a Zarzuela para que Felipe VI estuviera enterado. Qué detalle. Así el rey tuvo 30 minutos para golpearse con la cabeza en la pared y decir: no, otra vez no. 

No es la primera vez que el PP afirma que le gustaría que Juan Carlos regrese a España y abandone su residencia de lujo, que a saber quién paga, en los Emiratos. Por ahí, nada nuevo. Pero Feijóo quiso sacar pecho y presentarse como un gran defensor de la monarquía, no como ese Pedro Sánchez que quiere cargársela. Hasta que Felipe VI le sacó de su ensoñación y se vio obligado a hacer algo que no quería. Básicamente, para desmentir a Feijóo y volver a recordar a su padre lo que ya sabe.

La Casa del Rey entregó a todos los periodistas que preguntaron este texto que no es muy difícil de interpretar: “Como ya se ha dicho, Don Juan Carlos puede volver a residir en España cuando él quiera. En tal caso, para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas y, por consiguiente, salvaguardar la de la Corona como institución, Don Juan Carlos debería recuperar su residencia fiscal en España”.

Ouch. Eso ha dolido. Un guantazo en toda la cara. Por decirlo de otra manera, un puñetazo a Feijóo propinado en la cara del exrey. Relacionar la estancia de Juan Carlos en el extranjero con cualquier cosa relacionada con los impuestos –los que no pagó cuando amasó una fortuna en el extranjero– es lo que esperas que escriba alguien en elDiario.es. Pero no Felipe de Borbón, rey de España, jefe de Estado y capitán general de las Fuerzas Armadas. 

La Casa del Rey recuerda a Feijóo que Juan Carlos no está sufriendo ningún exilio o que el Gobierno le impida volver. “Puede volver a vivir en España cuando él quiera”. Lo peor viene después. Debe dejar claro su situación fiscal, como si eso fuera complicado, para proteger su imagen y, lo más importante, la imagen de “la Corona como institución”. Traducido en términos menos amables: vamos a ver si dejamos de tocar los cojones con el regreso de Juan Carlos no sea que pongamos en peligro el futuro de la monarquía.

El regreso definitivo de Juan Carlos no es tan fácil por razones fiscales. Las declaraciones de Zarzuela en nombre del rey apuntan a ese obstáculo y lo dejan todo a expensas de una decisión del padre de Felipe VI. Tiene que regularizar su situación fiscal si pretende pasar en España al menos 183 días en el país. Para conocer en detalle lo que supone, este artículo de Álvaro Celorio lo explica muy bien. No le saldrá barato. Debe declarar todas las rentas percibidas en cualquier país del mundo, incluidas las ganancias patrimoniales por comprar o vender acciones con independencia de dónde esté su cuenta de valores.

En relación al Impuesto de Patrimonio, “debería hacer una declaración informativa, a través del conocido modelo 720, de todos los bienes y derechos que posea en el extranjero si superan los 50.000 euros. Y aquí estaría el nudo gordiano, ya que si aflora patrimonio que no declaró en sus anteriores regularizaciones, podría enfrentarse a nuevos desafíos legales”, dice el artículo. Si financia su estancia en España con sus fondos en el exterior o con donaciones entregadas por sus amigos empresarios, todo eso también tiene consecuencias fiscales. 

El problema se podría solucionar en parte si Felipe VI vuelve a conceder una asignación económica anual a Juan Carlos con cargo a los fondos que los presupuestos del Estado entregan a la Casa del Rey. No es fácil porque la razón que adujo el rey para quitársela fue que su padre contaba con una fortuna en el extranjero. Por tanto, si quiere regresar, tendría que llevar a cabo un ejercicio de transparencia que quizá no quiera hacer. Parece claro que Felipe VI no tiene la intención de perjudicar la imagen de la monarquía, y la suya propia, con más tratos de favor. Ni siquiera permitiendo que Juan Carlos vuelva a residir en el Palacio de la Zarzuela.

El PP ha exigido que el Gobierno de Pedro Sánchez se defina en público a favor de la vuelta del antiguo monarca. Si lo hiciera, el Gobierno estaría poco menos que dando órdenes a Felipe VI. Las condiciones que ha puesto el rey a su padre dejan claro en principio que es Juan Carlos quien tiene que dar los pasos necesarios para hacer posible el regreso, no el Gobierno. 

Hay mendrugos en la derecha mediática que siguen diciendo que Juan Carlos fue “desterrado”, se supone que por el Gobierno. No les importan los hechos conocidos sobre la fortuna en Suiza del exmonarca o los comunicados de Zarzuela. Seguro que creen que los escribe Bolaños desde un sótano. Frente a tanta estupidez, conviene escuchar lo que dijo esta semana Carlos Alsina en Onda Cero: “Lo segundo que ocurrió, inusual, es que la Casa del Rey quiso que se supiera que don Juan Carlos ni está desterrado, ni está exiliado, ni está nada. O sea, puede regresar cuando él quiera”. Alsina continuó diciendo que “parece obvio que, sin el tuit de Feijóo, la Casa del Rey no habría dicho ni media palabra”. 

Gran jugada, Alberto. Te hemos dejado en recepción el carné de miembro honorario de Izquierda Republicana. 

153 documentos del 23F de un interés escaso

En términos de transparencia democrática y memoria histórica, el mayor crimen en la Transición fue cometido por Rodolfo Martín Villa, ministro de los gobiernos de UCD hasta 1982. Ese Martín Villa que aparece en fotos haciendo el saludo fascista cuando era gobernador civil de Barcelona en 1974. Como ministro de Interior, ordenó destruir la mayor parte de los archivos policiales del franquismo. Lo contó en un libro Óscar Alzaga, dirigente de UCD en esos años: “España es el único país de Europa que, tras cuarenta años de dictadura totalitaria durante nuestro siglo XX, ha destruido, siendo ministro del Interior Rodolfo Martín Villa y presidente del Gobierno Adolfo Suárez, sus archivos con los informes de las direcciones generales de Seguridad y de la Guardia Civil sobre las actividades de quienes desde la ilegalidad combatieron el franquismo”. 

Ese fue uno de los últimos servicios que Martín Villa hizo al franquismo en un intento de ocultar el alcance del aparato represivo de la dictadura. Por eso, pensar a estas alturas que una desclasificación de documentos del golpe del 23F iba a arrojar una luz definitiva sobre esos acontecimientos era demasiado ingenuo o demasiado bonito para ser verdad. Es una decisión que llega muy tarde y es inexplicable que se haya tardado tanto tiempo (no miro a nadie, Margarita Robles). 

Los hallazgos son mínimos. La mayoría de ellos había aparecido antes en libros publicados en años posteriores. Toda la documentación encontrada, según lo que ha dicho el Gobierno, se reduce a esos 153 documentos. No hay que ser un desconfiado para suponer que fueron destruidos los papeles que podían apuntar a personas concretas no conocidas en la preparación del golpe. A fin de cuentas, muchos integrantes de los servicios de inteligencia del Cesid estuvieron implicados, aunque al final sólo dos de sus miembros fueron condenados. 

Se ha hablado mucho de las transcripciones de las comunicaciones telefónicas realizadas entre el Congreso y otras sedes de la Administración en la noche del 23F. No se incorporaron al sumario de la investigación judicial, probablemente porque ya habían sido purgados. Como ha explicado Carlos Fonseca, la documentación aportada “es irrelevante para resolver las dudas sobre los meandros del golpe que arrastramos desde hace cuarenta y cinco años”.

Los papeles cuentan “muy poco o nada del contexto previo o de la gestación del golpe”, escribe el historiador Gutmaro Gómez Bravo. Ese es el mayor agujero. “Todo lo que ha trascendido a lo largo de estos años evidencia que no fue una acción militar aislada, sino que tuvo una coordinación con una potente estructura organizada con anterioridad”. En el juicio sólo fue acusado y condenado Juan García Carrés de la que se llamó la trama civil, que ya se ve en las conversaciones que era un personaje estrafalario, como el personaje de cómic Martínez el Facha. 

Siempre he pensado que si Juan Carlos hubiera estado implicado en el golpe, este habría triunfado de una manera u otra. Y no fue eso lo que ocurrió. Pero lo que hizo antes del golpe, su interés manifiesto en deshacerse de Suárez y su relación con Alfonso Armada son asuntos muy diferentes. Escribí sobre ello en este artículo a cuenta de las relaciones –idílicas al principio y tormentosas al final– entre Suárez y el rey. Pero ese es un tema que es improbable que haya sido conservado en documentos por lo que decía antes. Lo que podría resultar incriminatorio o sospechoso habrá sido probablemente eliminado.  

Razón de más para que el Congreso apruebe una Ley de Secretos Oficiales, una tarea pendiente desde hace varias legislaturas. Ni el PSOE ni el PP han mostrado un gran interés a lo largo de los años.

Ah, la unidad de la izquierda. Uno de esos temas míticos a los que siempre volvemos, como el continente perdido de la Atlántida o si fueron los egipcios quienes construyeron las pirámides o unos extraterrestres a la búsqueda de nuevos mercados para su negocio de pompas fúnebres. La izquierda no socialdemócrata –a mí me gusta la palabra radical– siempre ha estado dividida. Que se lo pregunten a Marx y Bakunin. 

La cosa pierde su gracia cuando esa división, que de entrada no podemos considerar artificial, puede contribuir a una victoria nítida de la derecha y la extrema derecha en las próximas elecciones generales. Esa bala se esquivó en 2023 gracias a la formación de Sumar y su 12% de votos, aunque no fuera el único factor de esa remontada en el último minuto. Ahora ya no parece que existan las mismas opciones, aún más con la caída del PSOE, acelerada por el peso muerto que suponen las acusaciones contra Ábalos y Cerdán. ¿Está ya todo el pescado vendido o todavía hay tiempo de volver a salir a la mar?

Gabriel Rufián lleva tiempo agitando la caña y las redes y mostrándose dispuesto a subirse a otro barco (entiéndase, no a otro partido) con el que buscar caladeros de votos más propicios. En su estilo, es un comunicador nato, alguien que se prepara los discursos, y también los tuits, para que marquen la diferencia. Suele ser muy efectivo a la hora de cargar contra la derecha, lo que ayuda a explicar su creciente popularidad en esta legislatura de trincheras. No tanto cuando aporta alternativas. Es mucho mejor en el diagnóstico que en las soluciones. Ahí habría que añadir: como casi todo el mundo. 

Junto a Emilio Delgado, diputado autonómico de Más Madrid, el portavoz de Esquerra en el Congreso celebró un acto esta semana que en principio no pasaba de ser un coloquio o charla. Y eso es lo que fue. La expectación fue tan grande que parecía que iba a generar una fórmula ganadora. Hasta 25.000 personas llegaron a estar conectadas en YouTube a la retransmisión que hizo este diario. Aquí se puede ver el vídeo completo. 

Rufián comenzó con lo más concreto, lo que era su intención. Hacer un llamamiento a acuerdos previos entre partidos para que no se desperdicie ni un solo voto. Presentar una única lista de izquierdas por territorio con un programa de mínimos. “Si no, nos van a fusilar políticamente” (Rufián nunca se corta a la hora de insuflar dosis de drama). Suena práctico, pero roza lo inviable. ¿Quién decide en cada una de las 50 provincias quién es el más fuerte?

Si se hace a partir de los resultados de 2023, te encuentras con casos tan singulares como que los Comunes adelantaron en votos al partido de Rufián en la provincia de Barcelona. Está claro que Esquerra no va a renunciar a presentarse por esa circunscripción. Podemos ya ha dejado claro que su idea es presentarse en solitario o con todo aquel que acepte que ellos van por delante. EH Bildu y el BNG no están pensando en formar parte de una coalición con fuerzas del resto del país. Esa fórmula de todos juntos es la de la coalición Sumar, pero ni parece que vaya a tener la misma fuerza que en 2023 ni cambian mucho las cosas si le cambian el nombre y el candidato a la presidencia. A día de hoy, no se sabe si Yolanda Díaz será candidata, si volverá al Derecho laboral o si iniciará una nueva carrera como mariscadora en las Rías Baixas, lo que no resulta muy alentador. 

El viernes, Rufián precisó su propuesta: “Una cosa. Yo no pido retiradas. Yo pido confluencias. Y eso no significa que se presente 1 pero tampoco significa que se presenten 14. Significa potenciar a quienes estén más capacitados para ganarle escaños a Vox y unirse a en torno a ellos. En plural”. Pero el problema sigue estando en las circunscripciones pequeñas, digamos las que aportan entre tres y ocho escaños, en amplias zonas de España donde la izquierda radical está en una posición minoritaria. Sumar revirtió esa tendencia en algunas de ellas hace dos años y medio. No está en condiciones de repetir el logro.

Rufián admitió que este tipo de acuerdos obliga a renuncias. Por otro lado, propuso “tres o cuatro puntos programáticos en común de las izquierdas”. Uno de ellos fue el derecho a la autodeterminación. Después del fracaso del procés en Catalunya, dudo de que eso sea una carta ganadora en la mayor parte de España. Más aún si no olvidamos que el procés supuso un rearme del nacionalismo español que estuvo inicialmente en el origen de la ascensión de Vox. Como bien sabe el PP, que empezó a perder votos a chorros a su derecha. Y no sólo no los ha recuperado, sino que continúa sufriendo una sangría en esa dirección.

Todos somos muy listos a la hora de recordar por qué algo no puede funcionar a nada que se aleje de la situación actual y tenga que superar innumerables obstáculos. No es tan sencillo construir algo diferente y arriesgado que sea efectivo. 

Los partidos nacionalistas han reaccionado a las ideas de Rufián con frialdad elegante, sin querer hacer sangre, pero confirmando que Esquerra, EH Bildu y el BNG están a otra cosa. En Podemos han sido categóricos. Ellos creen que son la única izquierda combativa y no van a repetir lo que hicieron en 2023. “A veces la vida no va de cantidad, va de calidad”, ha dicho Ione Belarra. Las elecciones sí que tienen que ver con la cantidad. Con la cantidad de votos que saques. 

Lo siento, pero no puedo dejar de recordar unas frases de la película 'La última noche de Boris Grushenko', de Woody Allen: “Lo que cuenta no es la cantidad de relaciones sexuales. Es la calidad. Por otro lado, si la cantidad baja a una vez cada ocho meses, pensaría en ello”.

El acto de Rufián y Delgado ha servido para que Sumar se quite la torrija que lleva encima y acelere la nueva edición de la coalición. El sábado, celebró un mitin en Madrid básicamente para anunciar que la mayoría de sus integrantes sigue en la misma onda. De las intervenciones, la frase más interesante la ofreció Lara Hernández que se comprometió a “construir una izquierda que vuelva a conectar con la calle”: “En este tiempo hemos perdido pulso y comunión con las gentes. Con paciencia, pero con determinación: hemos de estar fuertes en los barrios, en los centros de trabajo, en los institutos, en las asociaciones, las viejas y sobre todo las nuevas”. 

Sumar debe admitir que la correlación de fuerzas en el Congreso ha hecho que esta legislatura haya sido muy poco ilusionante. Razón de más para que esos partidos ofrezcan ideas nuevas, propuestas que puedan llevar a la gente a las urnas. No valdrá con advertir del peligro de la ultraderecha. Esa estrategia funcionó en 2023, pero ya no es una garantía. Las campañas negativas tienen su momento y a veces funcionan. No son un arma infalible. 

Al final, la unidad de la izquierda la tendrán que hacer los votantes. 

Mentiras y más mentiras

Lo dijo Juan Bravo, diputado del PP, en la sesión de control del miércoles. A Alberto Núñez Feijóo le pareció una idea tan buena que la repitió un día después en Granollers con la mención específica al tren. “Si se pagan impuestos como si fuésemos un país nórdico, no tiene ningún sentido que tengamos servicios de cercanías ferroviarias como un país subdesarrollado”, dijo Feijóo. Dos ideas y las dos son falsas. En España no se pagan impuestos al nivel de los países nórdicos ni con el IRPF ni con el IVA. Sobre el nivel de los servicios públicos se pueden hacer muchas críticas, pero si se sostiene que es idéntico al de un país del Tercer Mundo, también en relación al tren, se nota que no has viajado mucho. 

Y así es como se hace oposición estos días en España con el apoyo de una nutrida brigada mediática. Ya no es una cuestión de retórica inflamada, lo que no sería una novedad en un partido cuando está en la oposición, sino de contar mentiras cuya función es alimentar los prejuicios de la gente. 

La Policía del ICE tiene derecho a pedir los papeles en EEUU a cualquier persona que encuentren por la calle si la escuchan hablar en español o en inglés con acento hispano (convalidado por el Tribunal Supremo en 2025). Detienen a niños para forzar a sus padres a que salgan de sus casas donde se han refugiado para evitar ser detenidos. El Gobierno ha comprado inmensos almacenes en zonas aisladas para encerrar a decenas de miles de personas, la mayoría latinoamericanas, con vistas a su futura deportación. No serán dos o tres. El presupuesto es de 38.000 millones de dólares. Es difícil llamarlos de otra manera que campos de concentración (sin gas Zyklon B, todo hay que decirlo).

Es sin duda el mejor momento para que esa gran defensora de la hispanidad que dice ser Isabel Díaz Ayuso haya anunciado esta semana que entregará la medalla internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos. Es una distinción que ya concedió a Milei con lo que casi podríamos decir que está a la altura del Premio FIFA de la Paz que se llevó Donald Trump. “Celebramos con júbilo cada paso que EEUU da adelante en defensa de la hispanidad”, dijo. Nada la defiende más que montar una Gestapo con la que perseguir y aterrorizar a la población latina de ese país que no tiene papeles.

Ayuso hizo pública la decisión en un vídeo enviado a una gala de los trumpistas latinos celebrada en Mar-a-Lago, el complejo turístico de lujo en Florida propiedad de Trump, que es un poco como la zona cero del pesebre (aquí se puede ver una buena parodia del vídeo). Todos los que quieren congraciarse con el presidente van allí y pagan por el alquiler de sus salas. No hay nada que le guste más a Trump que hacer caja con sus activos inmobiliarios. Ayuso recibió una distinción que la coloca entre los favoritos de la comunidad MAGA. Javier Negre estaba en el comité organizador, lo que ya da una idea del nivel de los congregados. Hacen méritos para que Trump se fije en ellos y puedan pillar un pedazo generoso de la tarta.

Ante todo este panorama pavoroso que está afrontando la comunidad latina norteamericana, Ayuso justificó el premio por el hecho de que EEUU es “el principal faro del mundo libre”. Libre para todos menos para los inmigrantes, y sus hijos, que llevan años, algunos hasta décadas, trabajando en el país y contribuyendo a su progreso. El Gobierno de Trump ha declarado la guerra política a la Unión Europea y la acusa de ser responsable de una especie de colapso civilizatorio por culpa de la inmigración. Por no hablar de los aranceles concebidos como un castigo a las economías europeas y del resto del mundo.

Ahora mismo, EEUU es un faro de la oscuridad. La alianza estratégica de Europa y EEUU pende de un hilo. Sólo existe por el empeño europeo para que Washington no se desentienda de Ucrania. Dirigentes nada izquierdistas como el alemán Merz y el francés Macron saben que la UE no puede ya contar con el paraguas norteamericano.

Todo eso que llena páginas y declaraciones en los periódicos y 'think tanks' europeos no entra en la cabeza de Ayuso. Lo suyo es otra cosa. Busca los temas que más escándalo puedan causar en la izquierda y se aplica con pasión en meter el puño en la herida. Entiende la política como una confrontación agresiva en que al enemigo no se le respeta, sino que se le acuchilla. Adopta todos los temas más gratos para la extrema derecha, a menos que interfieran en su gestión, y les da legitimidad con el fin de ganar votos. 

Sus únicos principios se basan en la defensa de sus intereses personales. Le gustaba decir que los latinoamericanos que viven en Madrid no son realmente extranjeros. “La inmigración hispana no es inmigración. Un argentino o un venezolano en Madrid no es un inmigrante”, dijo. Pero cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anuncia que dará papeles a los inmigrantes que no los tienen (el 91% de ellos son latinoamericanos, según un estudio de Funcas), se revuelve rabiosa contra la iniciativa. Lo mismo que ha hecho Feijóo, que afirmaba antes que los españoles comparten “valores” con ellos. Será que los prefieren sin derechos y marginados. De otra manera, no se explica.

Unos días antes de su bautizo trumpista, Ayuso dio otro discurso. Esa vez, tocaba pulsar otra tecla típica de la extrema derecha. “Nos oponemos a la islamización de Europa, que pretende imponer un régimen autocrático paso a paso en todo el continente”, anunció en tono dramático. Abascal podría demandarla por derechos de autor. 

Forma parte de su discurso analfabeto en términos históricos sobre la civilización europea. Le gusta decir que venimos de Grecia y Roma, ignorando la historia antigua de España en la que los pensadores musulmanes fueron esenciales para traducir y difundir las enseñanzas clásicas. Pero eso supondría reconocer la aportación de la época dorada de la España musulmana y renunciar al mito falsario de la Reconquista. Ayuso y otros muchos reaccionarios mencionan además Grecia y Roma para no hablar de la Ilustración, el origen histórico auténtico de la Europa que se desarrolló siglos después. Elogian la civilización europea y se olvidan sin rubor de Auschwitz y dos guerras mundiales en el siglo XX, como si no hubieran ocurrido en Europa.

Ayuso dijo después que el premio era para un país, no para su Gobierno. Pocos le han creído. Su nivel de demencia política no ha pasado desapercibido para algunos que la suelen elogiar. El homenaje a EEUU en mitad de la estrategia racista de Trump ha recibido críticas de Pablo Motos y Vicente Vallés, que vienen a decir que la presidenta madrileña está desvariando. “Es un paso más en su avance hacia actitudes cercanas al trumpismo”, dijo Vallés en su informativo.

Ciertamente, Ayuso se parece cada vez más a algunas de las figuras principales del Gobierno de Trump, como la fiscal general, Pam Bondi. En una reciente comparecencia en el Congreso sobre el caso Epstein, Bondi perdió los papeles y recordó a los demócratas que deberían estar hablando de que el índice Dow Jones ha superado los 50.000 puntos. 

En su carácter caprichoso a la hora de imponer debates ficticios, su autoritarismo mezclado con la paranoia por creer que todo tiene que ver con ella y su lectura reaccionaria de la historia de España y Europa, Díaz Ayuso es realmente el faro del trumpismo en España.

Libros

El historiador Gutmaro Gómez Bravo publica 'Cómo terminó la Guerra Civil española' (Crítica), que incluye documentos inéditos con los que reconstruye las últimas semanas del conflicto, con un Ejército Republicano cada vez más agotado y dividido y un alto mando franquista dispuesto a aprovechar la situación para acelerar su victoria: “Estamos acostumbrados a versiones ideológicas opuestas, pero frente a la imagen de caída brutal y colapso por un lado y de victoria militar por otro, lo que hay es una negociación para el fin de la guerra y una rendición”.

Ta-Nehisi Coates es uno de los intelectuales norteamericanos más interesantes. En su nuevo libro 'El mensaje' (Capitán Swing), explica cómo la escritura continúa siendo la única forma de desentrañar las claves de un conflicto y de que los pueblos sometidos cuenten su verdad al mundo. A partir de sus viajes a Senegal, Palestina y Carolina del Sur en EEUU, destaca el poder de la palabra como la herramienta que servirá para responder a los relatos históricos con los que el colonialismo ha impuesto su verdad en varias zonas del mundo. 

Facebook para niños. Tres palabras con las que poner los pelos de punta a todos los padres del mundo. Sarah Wynn-Williams cuenta en el libro 'Los irresponsables' su experiencia de varios años como alto cargo de la compañía. Uno de los proyectos de los que escuchó hablar en detalle era montar una red social propia dedicada específicamente a niños y adolescentes.

No llegó a ponerse en práctica. Wynn-Williams cuenta algo que la mayoría de la gente desconoce. Los directivos de la empresa, que ahora se llama Meta, se ocupan de limitar con rigor el tiempo que sus hijos pasan con las pantallas: “En el trabajo, los padres presumen de no permitir a sus hijos adolescentes tener teléfono móvil, lo cual solo subraya que estos ejecutivos entienden perfectamente el daño que sus productos infligen en las mentes más jóvenes”. Para el resto del planeta, reclaman barra libre.

Pedro Sánchez cree haber encontrado una iniciativa que no dependa del cuerpo con que se levanten ese día Junts y Podemos. Puede incluso aspirar a recibir el apoyo del Partido Popular, aunque eso es más difícil. Es además coherente con su empeño de situar a España en la vanguardia de la contraofensiva ante el trumpismo reaccionario. El enemigo son las redes sociales. Su flanco débil donde el Estado puede actuar es su uso por los menores.

Al anunciar el proyecto con el que intentará prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, Sánchez habló de poner orden en lo que llamó el “Salvaje Oeste digital”.

El sheriff ha llegado a la ciudad y no está dispuesto a que los forajidos sigan campando a sus anchas. En la película ‘Los siete magníficos’, alguien pregunta a un hombre desde cuándo no permiten enterrar a un indio en el cementerio local. “Desde que el pueblo se civilizó”, le responde. Sánchez cree que esa civilización deja mucho que desear. Frente a los que piensan que los gobiernos europeos están impotentes ante el poder transnacional de los gigantes de internet, el presidente ha decidido que son adversarios que le convienen. El combate es desigual, pero la posible recompensa puede ser generosa.

Es sabido que cuanto más hay en juego, más grandilocuente puede ser el discurso de un político. El jueves, Sánchez reiteró sus intenciones con esta frase: “La voz de la razón, de la mayoría social y de la democracia no va a ser doblegada por los amos del algoritmo”. Los nuevos oligarcas de la comunicación se van a enterar. Y se enteraron muy rápido. Elon Musk llamó a Sánchez “tirano” y “fascista totalitario”. Sí, ese Musk que defiende las ideas racistas de la extrema derecha europea y que dijo que el partido ultra AfD era la única esperanza de Alemania. Pável Dúrov, dueño de Telegram, envió un mensaje no solicitado a miles de sus usuarios en España con un mensaje similar.

Dos multimillonarios extranjeros dicen a los españoles que defender las libertades en Europa pasa por defender su negocio. Es tan ridículo que no sé cómo creen que puede funcionar. Si Musk se inventa el mote “Dirty Sánchez” (el sucio Sánchez), ya estás imaginando al poderoso terrateniente dando órdenes a sus sicarios, habitualmente vestidos de negro, e indignado al ver que el nuevo sheriff quiere poner coto a sus desmanes.

Antes de que Sánchez empiece a imaginarse como Gary Cooper, la pregunta incómoda que hay que hacerse es: ¿cómo se controla a estas plataformas? Habrá que esperar al Consejo de Ministros del martes para saberlo. Qué sistemas de verificación de edad se podrán emplear. Cómo se solventarán las dudas sobre los riesgos de privacidad que supondrá presentar una prueba de la edad del usuario. Hasta qué punto se dificultará el acceso de los adultos a las redes sociales con el fin de proteger a los menores.

Australia ya ha dado ese paso, aunque no lleva tanto tiempo con la prohibición como para sacar conclusiones claras. Portugal y Francia están en ello. Nadie puede olvidar que pocas cosas han dejado de utilizarse o consumirse después de que un Gobierno las prohibiera. Los ejemplos en la historia son numerosos. Pero pocos defienden que el Gobierno debe resignarse a cruzarse de brazos cuando sabe que se está produciendo una actividad nociva.

Otras ideas del plan de Sánchez son más discutibles al no estar aún muy definidas. La elaboración de “una huella de odio y polarización”–expresión de Sánchez– es una de ellas. Siempre hay que desconfiar de los gobiernos que anuncian una solución fácil, y de ingredientes desconocidos, frente a un problema complejo. Y en definitiva ¿quién decide lo que es odio?

Muy en el papel de sheriff, el presidente amenazó con imponer la “responsabilidad penal” de los directivos de las plataformas si no retiran contenidos de odio o ilegales. Ese es un campo en el que la Comisión Europea ya ha tomado decisiones, en forma de multas a las empresas, y no querrá que los gobiernos de la UE se embarquen en una carrera represiva a ver quién es el más duro.

Si el plan se limita a la prohibición para menores de edad, el Gobierno puede contar con el apoyo del Congreso. El primer reproche que le hizo Alberto Núñez Feijóo consistió en decir que había copiado la idea al Partido Popular. Sumar vino a decir algo parecido. Luego se ha sabido que el PP sólo aceptará la prohibición dirigida a los menores, no el resto de las medidas de las que habló Sánchez. Todos los partidos son conscientes de que es un paso que tendrá el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. Una encuesta de Ipsos en 2025 reveló que el 82% de los españoles estaba a favor de prohibir el uso de las redes sociales a los niños menores de 14 años, dos menos de los que ahora marca la propuesta de Sánchez.

Existe toda una literatura catastrofista sobre lo que el rock (no necesariamente satánico), los cómics y los videojuegos iban a hacer a los jóvenes. A veces suena algo similar a lo que se dice ahora sobre los móviles cuando los adultos no hacen un uso muy diferente de ellos. Pero con los menores es diferente. La idea que tienen la mayoría de los padres de que deben controlar lo que hacen sus hijos –en la medida de lo posible– se ha convertido en una quimera con la inmersión en las redes sociales. Los estudios han comprobado que el cerebro adolescente es vulnerable al diseño de las redes sociales que buscan atrapar la atención del usuario a toda costa. Sobreestimulación, ansiedad y miedo al rechazo por el aspecto físico son algunas de las consecuencias. 

Sarah Wynn-Williams cuenta en su libro que un día descubrieron que Facebook estaba ofreciendo en Australia a los anunciantes “la oportunidad de dirigir publicidad al segmento de usuarios de entre trece y diecisiete años en todas sus redes, incluida Instagram, durante los momentos de vulnerabilidad psicológica”. Podían hacerlo a partir de ciertas acciones del usuario, por ejemplo cuando borraban una foto suya, que revelaran que estaban “inseguros, estresados o sin valor alguno”. “Básicamente, cuando un adolescente se encuentra en un estado emocional frágil”, escribe. La empresa quería desmentirlo, pero ella comprobó que no podía hacerlo de forma creíble, porque era una práctica habitual en los departamentos comerciales de Facebook. 

Es una pregunta legítima que se puede hacer a los padres. ¿Quieres que sean Instagram, Facebook o Twitter quienes decidan cómo debe ser la educación emocional y hasta sexual que reciban tus hijos?

Qué ocurre cuando denuncian por acoso sexual a un alcalde del PP

Una concejal del PP de Móstoles (214.000 habitantes) denunció al partido el acoso sexual y laboral al que la sometió el alcalde, Manuel Bautista. ¿Cuál fue la reacción? Le pidieron que no hablara en público del tema. “Una denuncia pública te perjudicaría. Protegerte es no hacer nada”, le dijo Ana Millán, número tres del PP madrileño. Isabel Díaz Ayuso se reunió con el alcalde, pero no con ella. Al conocerse los hechos por una información de El País, filtraron los correos de la denunciante para dar a entender que ella no le acusaba de acoso sexual, sólo de acoso laboral (aunque en uno de ellos Alfonso Serrano, el número dos del PP de Madrid, lo admitía de forma explícita). La filtración incluía el nombre de la concejal. La amenazaron con un expediente por “pasar información al PSOE”, de lo que no tenían ninguna prueba. En la Asamblea de Madrid, Díaz Ayuso dijo que todo era una conspiración contra ella. En la noche del jueves, el equipo de Ayuso –¿quizá Miguel Ángel Rodríguez?– filtró a algunos periodistas que ella había denunciado años atrás a un director de colegio en el que trabajaba por lo mismo. Era falso. La denuncia fue por coacciones y el director fue condenado por ello.

El viernes, el PP la amenazó con una demanda y denunció que los audios conocidos estaban manipulados. No podía negar que eran reales, pero alegó que les faltaba contexto. La excusa que alegan todos los acusados por corrupción a los que unas grabaciones les delatan.

Es el patrón de siempre. El acosador sólo quería ligar. Luego marginó a la mujer que se negaba a acostarse con él. ¿Pero cómo puedes acusarle de nada? Sólo quería ligar. La culpable es ella.

Feijóo dijo que el PSOE era un peligro para las mujeres cuando se supo, gracias a elDiario.es, que había denuncias de acoso contra el dirigente socialista Francisco Salazar. Después de todo lo que se ha sabido sobre el caso del alcalde de Móstoles en unos pocos días, ¿cómo habría que definir al Partido Popular de Madrid y a su líder, Isabel Díaz Ayuso?

En los años 60, el Congreso de EEUU no renovó un programa iniciado en 1942 que permitía la entrada de mexicanos en el país para trabajar en las explotaciones agrícolas. Así que en el verano de 1965 a alguien se le ocurrió una idea genial. Aparentemente. Convencerían a los estudiantes de instituto, chicos de 17 años en buena forma física porque formaban parte de las competiciones deportivas de los centros, para que trabajaran en la cosecha. Miles de ellos se apuntaron gracias a las razones esgrimidas por sus maestros. Les pagarían un sueldo y se lo pasarían bien. “El trabajo agrícola hace a los hombres”, decían los folletos enviados a los colegios. 

Fue un desastre. Sus condiciones de trabajo eran las mismas que las de los anteriores braceros mexicanos. Es decir, dormían en literas en dormitorios desvencijados, les daban muy mala comida y trabajaban soportando altas temperaturas. Muchos no duraron más que unas pocas semanas. Los agricultores estaban descontentos porque no hacían bien su trabajo. Los jóvenes se sentían explotados y tenían razón. 

El asunto llegó al Congreso, donde algunos políticos explicaron que el programa no tenía sentido. “Al denunciar las condiciones de trabajo como inaceptables para los trabajadores de EEUU, (el congresista) Roncaglio no admitió que eran las mismas que los braceros mexicanos habían soportado desde 1942”, escribió una historiadora en un libro posterior. 

La retórica xenófoba de que EEUU no necesitaba a tantos mexicanos en su economía chocó con la realidad. Sólo los inmigrantes, obligados a aceptar un trabajo duro que por otro lado no conseguían en su país, estaban dispuestos a aceptar ese tipo de vida. Los congresistas en Washington nunca habían sido conscientes de lo que supone trabajar en el campo. 

Es una historia no muy diferente a lo que vemos hoy en EEUU y Europa, quitando esa parte estúpida de pensar que los jóvenes podían hacer el trabajo de adultos mucho más sacrificados. Partidos de la derecha y la extrema derecha alegan que hay demasiados inmigrantes en España. Más allá de sus ideas xenófobas, ignoran por completo la realidad económica del país. No es que sea necesario estar muy atento. Es un proceso del que ya se hablaba hace décadas, mucho antes de que aumentara la población de origen extranjero. Sectores como la construcción y la agricultura, a los que ahora habría que sumar el de los cuidados y una buena parte del sector de servicios en las zonas turísticas, no pueden funcionar sin los inmigrantes. Y además esas personas aportarán mucho más a la economía y será más difícil que sean explotados por empresarios sin escrúpulos si cuentan con papeles que legalicen su estancia en España.

La falta de papeles genera abusos y también marginación y furia. El inmigrante despreciado por la sociedad termina pensando que no debe nada a nadie, porque nadie hace nada por él. Esa alienación, a falta de una palabra mejor, es un pésimo resultado que hace imposible la integración, que es el objetivo al que dicen aspirar la mayoría de los partidos.

La noticia de que el Gobierno pondrá en marcha un proceso de regularización de extranjeros que podría beneficiar a medio millón de personas ha causado el rechazo total del PP y de Vox. Lo de la extrema derecha era previsible. El racismo es el punto principal de su programa político. Sólo hay que ver su propaganda en Twitter, donde Sánchez aparece entregando pasaportes a jóvenes de aspecto magrebí cuando serán los latinoamericanos los que más se beneficien.

Lo del PP es menos entendible. Por la parte política, sí. El partido de Alberto Núñez Feijóo está aterrorizado ante el crecimiento de Vox en los sondeos en los últimos dos años y cree que debe endurecer su discurso contra la inmigración para impedir la huida de sus votantes. Pero no estaría de más exigirle un mínimo de coherencia. Esta regularización no es muy diferente a la que promovió el Gobierno de Aznar y después el de Zapatero. 

Inevitablemente, han recurrido a la alarma por el posible efecto llamada. Eso no fue lo que ocurrió tras la regularización de Zapatero. El número de llegadas de extranjeros se redujo en un contexto de crecimiento económico o al menos eso es lo que detectaron los estudios realizados sobre el tema. Feijóo se ha apresurado a anunciar que llevarán el tema a Europa. No se ha cansado de encajar derrotas en Bruselas. La Comisión Europea ya le ha recordado que el tema pertenece a las competencias de cada Estado. Sobre lo que dijo Santiago Abascal de que la medida perjudica “el correcto funcionamiento del espacio Schengen”, hay que saber que conseguir papeles y un permiso de trabajo en España no te da también ese permiso para trabajar en Alemania. 

El PP se sumó a otro bulo absurdo de la ultraderecha al acusar a Pedro Sánchez de intentar ganar votos entre los extranjeros. Tener la residencia legal no te da el derecho al voto en unas elecciones generales. Para eso, hay que tener la nacionalidad, y ese es un proceso que en la práctica dura muchos años, no sólo los dos años mínimos establecidos por ejemplo para los que llegaron de países latinoamericanos. Hubo que esperar al viernes para que reconocieran algo que en el fondo ya sabían. 

Para recibir los papeles, los inmigrantes tendrán que probar que no tienen antecedentes penales. A la búsqueda de algo que atraiga a los votantes de Vox, a Feijóo se le ha ocurrido reclamar que se incluyan también los llamados antecedentes policiales en otro intento de relacionar inmigración con delincuencia. Hay sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que impiden dar ese paso. Incluso aunque se cambiaran las leyes en el Parlamento, quedaría el hecho de que ser detenido por la Policía no acaba con la presunción de inocencia.

Tanto Feijóo como Díaz Ayuso establecieron diferencias entre inmigrantes con la intención de pedir que los de origen latinoamericano deberían tener un tratamiento especial al compartir con nosotros el idioma y algunos supuestos valores comunes. “Los hispanos”, dijo Ayuso en 2024, “no son inmigrantes”, porque en España “están en su casa”. Según una estimación de la fundación Funcas, el 91% de los inmigrantes en situación irregular es de origen latinoamericano, por lo que serán los más beneficiados por la nueva medida. De repente, al PP, que buscaba atraerse el apoyo de ese colectivo, se le ha apagado el entusiasmo. Ahora, Feijóo afirma que la regularización traerá “problemas de convivencia”. Resulta que los latinos que antes estaban “en su casa” ahora nos traerán problemas.

Soy consciente de que a mucha gente le molesta que se haga énfasis en motivos económicos para explicar las ventajas de regularizar a los sin papeles. Dependiendo de cómo se explique, puede parecer que sólo se les considera herramientas con las que conseguir beneficios económicos. Hacen los trabajos que nosotros no queremos, así que vamos a explotarlos. Aquí hay que recordar una frase de Ayuso en la Asamblea de Madrid dirigida a Vox por la que recibió críticas: “Alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas”.

Explicado así sonaba un poco clasista al limitar todo a una cuestión de conseguir mano de obra, preferiblemente barata, para ciertos trabajos que nos hagan la vida más fácil, empezando por lo de limpiar nuestras casas. Los inmigrantes no vienen a España a quedarse con los empleos duros, sino a construir un futuro para ellos y sus hijos y con ello contribuyen a la prosperidad del país. Muchos lo pueden hacer con la formación universitaria que recibieron en sus países o con nuevas habilidades que obtienen en una economía más desarrollada. Otros tienen que conformarse con empleos más exigentes y peor remunerados. Como les pasa a los españoles que han nacido aquí.

Tampoco se puede obviar la cuestión demográfica. Desde los años 80, se viene hablando del descenso de nacimientos en España, un riesgo a largo plazo para toda la sociedad. Los países que pierden población de forma persistente durante décadas no suelen ser los más prósperos. La llegada de millones de extranjeros ha contribuido a atenuar el problema, cosa que no han hecho los gobiernos españoles con ayudas económicas tan escasas como irrelevantes para aumentar la natalidad.

Hay cosas que no se solucionan con más dinero. No hay Gobierno en Europa que haya concedido tantas ayudas económicas a la natalidad como el de Hungría. El índice de fertilidad mejoró algo años atrás, pero después se impuso la misma realidad que en el resto del continente. En 2025, nacieron 72.000 niños, un 7% menos que el año anterior. Los fallecimientos fueron 124.200. La tasa de fertilidad cayó a 1,31 hijos por mujer en edad de tenerlos (era de 1,39 un año antes), la cifra más baja en catorce años. La cifra de España es 1,1. 

El incremento de la población en los últimos años no hubiera sido posible sin la llegada de inmigrantes y ese aumento es uno de los factores más relevantes del crecimiento económico del que se ha disfrutado desde entonces. Eso incluye los buenos datos de empleo conseguidos en 2025 y el hecho de que varias comunidades autónomas habrían perdido población si no hubieran tenido la aportación que da la inmigración.

Ahora que el PP y Vox compiten para ver quién es el más xenófobo, sería divertido recordarles la decisión que tomó Giorgia Meloni el año pasado. El Gobierno italiano anunció en junio que concederá 500.000 visados de trabajo a personas de fuera de la UE entre 2026 y 2028. Es una cifra similar a la que adoptaron para el periodo 2023-2025. Como siempre en estos casos, establecer programas de migración legal no siempre afecta al número de personas que llegan por los aeropuertos y que deciden quedarse después de forma irregular. 

La Meloni idolatrada por Vox y a la que Feijóo ha elogiado sabe que su país necesita a esos trabajadores extranjeros. La única duda es cómo poner en práctica esos mecanismos para que sean efectivos. 

No hay que ser un genio para hacer las cuentas. En 2024, en Italia los fallecimientos superaron en 281.000 a los nacimientos y la población se redujo en 37.000 personas. Esa es una tendencia que todos los discursos reaccionarios y ultranacionalistas en España no pueden ocultar. Regularizar a los migrantes es una cuestión de defender la dignidad de las personas que han nacido en el extranjero para que puedan aportar a la sociedad y es también una decisión obligada por la realidad económica y demográfica de España.