¿Cuántas invasiones han durado 24 horas a lo largo de la historia? Desde luego, no muchas. La de Napoleón en España duró más tiempo. Pero ese es el lenguaje que han utilizado periódicos y políticos para definir lo ocurrido esta semana en Ceuta. Un acontecimiento de la máxima gravedad –eso no lo puede dudar nadie–, pero que ha sido utilizado por gobiernos europeos de derecha y extrema derecha para lanzarse contra España por la regularización de los inmigrantes sin papeles. Ese es el origen de la crisis diplomática y no las imágenes que han circulado por todo el continente. El cerco a Pedro Sánchez se ha estrechado y el Gobierno español deberá tenerlo en cuenta. De momento, Sánchez les ha respondido con una carta para dejarles claro que no se va a rendir.

En la tarde del viernes, el número de marroquíes que habían cruzado de vuelta a su país se acercaba a la cifra de las 50.000 llegadas estimadas por el Ministerio de Interior. Algunos decían que se sentían engañados. Creían que una reciente sentencia del Tribunal Supremo impedía al Gobierno repatriar a todos aquellos que llegaran nadando por el agua. No tenían nada que comer ni un sitio del que guarecerse del sol. Para muchos, terminó siendo un viaje sin retorno. La verdadera tragedia no se produjo en Ceuta, sino en el mar. 67 de ellos murieron ahogados.

Un italiano decía en Twitter: “Sánchez ha repatriado más gente en un día que el Gobierno italiano en cuatro años”. Tampoco es del todo correcto en la medida en que no hubo que expulsarlos, aunque la policía se ocupó de presionarles para indicarles el camino de salida. Lo que sí es un hecho es que el número de llegadas por mar a Italia sigue estando por encima de los que llegan a España por la misma vía, como lo ha estado en los últimos años. Pedro Sánchez se lo recordó a Giorgia Meloni con las cifras de Frontex de llegadas por mar entre 2021 y 2026. Por Italia: 478.600. Por los Balcanes: 340.600. Por Grecia: 259.800. Por España: 234.760.

Existen otras paradojas. Hace un año, el Gobierno italiano anunció que concedería 500.000 nuevos visados de trabajo para el periodo 2026-2028 para atender las necesidades de la economía del país. No fue la primera medida de este tipo. Al poco de llegar al poder, anunció 450.000 permisos de trabajo para el periodo 2023-2025. A pesar de toda su retórica xenófoba, Meloni y su Gobierno de coalición saben que la industria, la construcción y la agricultura italianas necesitan esa mano de obra.

Como escribí el sábado, Meloni siente ya la presión de un nuevo rival político que compite por los mismos votantes. El general retirado Roberto Vannacci no para de crecer en los sondeos con su nuevo partido, Futuro Nazionale, fundado hace solo cinco meses. Su mensaje xenófobo contra la inmigración, aún más radical que el de Meloni, le ha permitido llegar al 7,6%, según la última encuesta de YouTrend, por encima de la Liga de Salvini, y casi a la altura de Forza Italia.

La histeria provocada en varias capitales europeas es obviamente interesada. Ursula von der Leyen no hizo ningún gesto de apoyo a España. Más bien, al contrario. El Partido Popular Europeo ha visto esta crisis como una oportunidad de debilitar a Sánchez por su regularización de inmigrantes o de acabar con él siguiendo las instrucciones del partido de Feijóo. Su presidente, Manfred Weber, se refirió al efecto llamada en un mensaje idéntico a los que suele ofrecer el PP. 

Periodistas de The New York Times informaron de que habían hablado con varios de los jóvenes que pasaron a Ceuta. Les contaron que policías marroquíes les habían animado a pasar al otro lado. Quizá cumplían órdenes de arriba o se habían visto desbordados y no querían meterse en problemas. Las cámaras de TVE en la frontera mostraron a media mañana del viernes que la policía marroquí estaba impidiendo que grupos numerosos de personas pasaran al otro lado. Fue cuando se movilizaron los efectivos policiales a ambos lados de la frontera y el flujo se redujo a casi cero.

El Gobierno español ha superado esta crisis con gran rapidez, pero hay un hecho que no se puede obviar. La estrategia adoptada por Sánchez desde 2021 con Marruecos ha fracasado. Ese año, se produjeron incidentes similares en Ceuta, aunque con una cifra de personas implicadas mucho menor. A partir de ese momento, el Gobierno adoptó una posición favorable a las reivindicaciones marroquíes sobre el Sahara con el rechazo de sus socios de izquierda. El PSOE se quedó solo en el Congreso cuando Albares defendió que la autonomía dentro de Marruecos era la opción “más seria, creíble y realista” de resolver el conflicto. 

En la crisis actual, el Gobierno ha hecho lo posible para no perjudicar más las relaciones con Rabat. Eso suena razonable, pero hay límites que no se pueden sobrepasar. Marlaska dijo el sábado que Marruecos es “un socio absolutamente fiable”, lo que está tan lejos de la realidad que resta credibilidad a todo lo que tenga que decir el ministro. Sánchez no quiso hacer ningún comentario crítico sobre ese Gobierno y se limitó a culpar a “las mafias”, que ya sabemos que sirven como argumento para salir del paso, sea o no cierto.

Las relaciones de España con Marruecos y Argelia son un juego complicado de suma cero. El apoyo a las tesis de Rabat hizo que Argelia pusiera fin a su colaboración con España. Ahora hay motivos para sospechar, aunque se niegue oficialmente, que el viaje de Sánchez a Argel y los acuerdos alcanzados han provocado la respuesta marroquí que hemos visto en Ceuta. 

Sánchez obtuvo cinco años de apoyo marroquí en la gestión de la frontera, pero nada a cuenta del Sahara. Hace cinco años, escribí que Marruecos no es un país amigo de España, contra lo que se ven obligados a afirmar los gobiernos tanto del PSOE como del PP, sino un vecino incómodo y a veces hostil que siempre va a estar ahí. La geografía es un factor inalterable en las relaciones internacionales y crea sus propias realidades. 

De la misma forma que EEUU no puede ignorar desde hace un siglo que tiene a México al sur, a España le ocurre lo mismo con el vecino marroquí. Con una diferencia. La situación de Ceuta y Melilla condiciona por completo la respuesta española a cualquier acontecimiento que se produzca en Marruecos. Ahora hay mucha gente en la derecha y en la izquierda que sostiene que hay que ponerse duros con la monarquía alauita. La realidad, guste o no, es que la obligación de cualquier Gobierno español debe ser defender la integridad territorial del país y los derechos de ceutíes y melillenses. Entrar en un guerra política con Rabat no ayuda nada en el cumplimiento de esos objetivos.

La Virgen de los Áticos busca piso

Ceuta ha sacado de los titulares, no de todos, la última hazaña inmobiliaria de Isabel Díaz Ayuso. Por resumir, su Gobierno compró en secreto hace tres meses un ático de lujo supuestamente para que sirviera de lugar de trabajo durante unas obras en la sede de la Presidencia de Madrid de las que no se ha licitado nada. Fernando Peinado, de El País, lo contó hace unos días. Ayuso respondió haciéndose la víctima una vez más. Todo era una campaña contra ella. Los medios de la derecha no le dieron mucha importancia al principio, pero muy pronto algunos de sus periodistas afirmaron en Twitter que las explicaciones eran inexistentes y que la versión oficial tenía demasiados agujeros. Hasta el ABC le dedicó un editorial muy crítico.

El PP intentó inicialmente no mancharse mucho en una historia que olía mal. Pero Miguel Tellado dio su visto bueno cuando le preguntaron: “Tiene todo el sentido que se habilite ese lugar”. En realidad, era al revés. No tenía sentido, porque el ático, que podría alcanzar un precio en el mercado cercano a los seis millones, está en un edificio residencial que no puede utilizarse como oficina. Tampoco como lugar de trabajo a menos que alguien viva allí. 

Algunas de las explicaciones oficiales son hasta cómicas. Decían que se iba a utilizar solo temporalmente para reuniones. Como si no hubiera salas de reuniones en los edificios oficiales de la Comunidad. Luego que se usaría para que Ayuso recibiera a presidentes o jefes de Gobierno que visitan Madrid. Lo mismo, como si las consejerías no tuvieran salas o despachos para realizar esa función.

La presión aumentó y Ayuso optó por una salida a la desesperada. Anunció que el piso se venderá junto a otros edificios de propiedad pública y que el dinero conseguido se utilizará en las zonas castigadas por los incendios recientes. Eso también puede ser ilegal. El piso lo ha comprado una empresa pública llamada Planifica Madrid (por cierto, su presidente es Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno) y sus recursos no se pueden enviar a partidas de gasto corriente o extraordinario de las consejerías. 

Parece que la última ola de calor ha reblandecido el cerebro de Miguel Ángel Rodríguez, experto en soluciones de última hora para acallar polémicas o crear otras. Otra idea fue subir a Ayuso a un helicóptero para que examinara los daños de los incendios. Que se la viera muy preocupada cuando todos estaban pensando que lo que le importaba era conseguir un piso y que lo pagaran los contribuyentes. 

De repente, la sorpresa. Se encuentra en un portal inmobiliario la prueba con fotos de que Ayuso y su novio, el comisionista González Amador, han puesto a la venta por 1,7 millones el piso en el que viven, ese que se compró después de hacer una declaración de la renta un poco incompleta. No se vayan que aún hay más. También sale a la venta por 1,6 millones el ático en la planta superior que Amador compró a un amigo. 

Sé que muchos creen que esto es un caso de fuego amigo promovido por alguien en el PP. Como las cremas de Cifuentes. No hay prisa en apuntarse a conspiraciones cuando no hay pruebas. Lo que es indudable es que esta vez le han pillado a Ayuso. Ahora la gracia está en pensar dónde pretende vivir ahora. Lo del ático pagado por todos ha salido mal. Rodríguez se está pensando ahora en si pueden ganar votos enviándola a vivir a la catedral de la Almudena. Seguro que encuentran alguna cripta en buen estado en la que no entre la luz del sol.

Una agenda climática que se convierte en “una gran estafa”. Una “ola internacional” que impone unas costumbres que “están favoreciendo también pobreza a manos llenas”. “Desde que la Tierra existe ha habido cambio climático, ha habido ciclos”. Son palabras de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid en 2022 y forman parte de su discurso habitual sobre el cambio climático (para negarlo o relativizarlo). Como hizo en esa ocasión, le gusta responder a las críticas de los que la acusan de no tomarse en serio el problema con el argumento de que lo que ellos están buscando es “el comunismo”. 

Ahora le toca llorar y llamar a la UME. Ponerse un chaleco de emergencias –que no falte un responsable político disfrazándose para la ocasión– al que además le pone una tarjeta que dice “presidenta”, no sea que la gente se equivoque y piense que es una turista. Los incendios que castigan estos días a las comunidades de Madrid, Castilla y León y Castilla La Mancha forman parte de esta nueva normalidad que nos acompañará todos los veranos. No necesariamente habrá más incendios cada año, pero cada uno de ellos será más destructor y abarcará más superficie. Algunos se producirán en cotas tan altas que acceder a ellos será extraordinariamente difícil.

El Gobierno de Ayuso pidió al Gobierno central que asumiera el control directo de la emergencia. Su presidenta decidió que no quería aceptar la responsabilidad. Eso no quiere decir que con ese nivel 3 de respuesta se destinen más medios, sino que su gestión depende directamente de la Administración central. A partir de ahí, la colaboración entre gobiernos diferentes, incluidos los ayuntamientos, es fundamental. Excepto la guerra que montó el PP desde el día siguiente de la dana de Valencia, esa coordinación suele producirse sin problemas y así está ocurriendo ahora.

“El área quemada va a seguir aumentando en los próximos años si no se toman medidas, porque la intensidad de los incendios está aumentando. Las zonas en las que previsiblemente veremos mayores aumentos en el área quemada son montañosas, de gran altitud, que tradicionalmente no se quemaban porque estaban muy húmedas”, explica Víctor Resco de Dios, profesor de Ingeniería Forestal. 

Cuando el fuego, como está ocurriendo ahora, amenaza a zonas habitadas, los servicios de extinción deben darle prioridad. Es más importante salvar vidas que árboles. Pero eso hace que se tarde más en atacar la cabeza del incendio, que se extiende imparable. En el momento en que las llamas cubren miles de hectáreas, ya llegamos tarde. Debemos cambiar la mentalidad de las autoridades y obligarles a que se gaste dinero todo el año en prevención de incendios para que nadie se vea arrollado por el fuego en los meses de verano. 

Lo que ocurre es que se regatea el dinero en ese apartado para gastarlo en otras cosas. Los bomberos forestales de Madrid llevan mucho tiempo en huelga reclamando mejores salarios. Las condiciones económicas en que trabajan son insuficientes. Algunos cobran solo 1.300 euros al mes. “Nos jugamos la vida, trabajamos con un alto riesgo en condiciones de penosidad y toxicidad, y lo que nos pagan apenas supera el salario mínimo. Solo hemos desbrozado y quemado la mitad de la superficie que se debería”, dice uno de ellos. 

Para ahorrar dinero, no les contratan todo el año, sino solo para la campaña de verano, de mayo a octubre. Es un ahorro miserable. Los daños económicos que sufren las zonas aquejadas por los fuegos superan con mucho esas cantidades. Algunas comunidades, como la de Madrid, no reconocen los derechos que aparecen en la ley 5/2024 sobre bomberos forestales.

Son las CCAA las que tienen la gestión exclusiva en estas emergencias. Si se produce una catástrofe, ya hay tiempo de pedir que intervenga la UME o de recibir la solidaridad de otras comunidades o de países europeos. Es lógico que aparezca la UME. No se va a dedicar a participar en labores de extinción en Hungría o Bulgaria. Está para intervenir en cualquier punto del territorio español que lo requiera. Para eso se puso en marcha (con el rechazo del PP, que lo llamó “capricho faraónico” de Zapatero). Pero las CCAA tienen la obligación de intervenir antes de que empiece a arder el monte.

Esa labor de prevención no puede hacer milagros. No puedes convertir los montes en un parque ajardinado. Sin embargo, después de dos meses de lluvias intensas este año, se sabía que el exceso de vegetación era un factor de riesgo de cara a los incendios del verano. Estaban avisados y no hicieron lo suficiente. Con suerte, le tocará a otro, pensarían algunos.

Un editorial de ABC sostiene que se está utilizando el cambio climático como “chivo expiatorio” de los incendios –que se supone que es algo que hace la izquierda–, porque la clave es una “gestión forestal constante y tradicional”. En ningún momento del artículo, se recuerda que la responsabilidad de la gestión forestal corresponde a los gobiernos autonómicos, que en el caso de los incendios más graves de estos días se referiría a los gobiernos del PP en Madrid y Castilla y León. Así se puede culpar a la izquierda, el Gobierno central, los ecologistas y hasta los “urbanitas”, pero no a los responsables directos.

Frente a lo que dice la extrema derecha, la Ley de Montes de 2003, reformada en 2015, no prohíbe limpiar los montes. En realidad, es lo contrario. Impone a los propietarios de los terrenos forestales la obligación de hacerlo. Cada comunidad autónoma establece la forma en que debe realizarse a través de autorizaciones que se solicitan a la Administración, y si la burocracia es un obstáculo, deberían responder esos gobiernos. No hay ninguna ley ni Agenda 2030 que obligue a dejar la naturaleza en estado salvaje. Tanto la ley de 2003 como su reforma posterior fueron aprobadas con gobiernos del PP que contaban con mayoría absoluta.

No puedes planificar las temperaturas ni el viento. Es difícil impedir que haya personas negligentes que trabajen con maquinaria pesada en zonas agrícolas de alto riesgo o sencillamente prohibidas. Para impedirlo, las administraciones locales y autonómicas deben actuar en todas las tareas de prevención que están dentro de sus competencias. 

La Comunidad de Madrid ha gastado este año 52,7 millones en prevención y extinción de incendios, según sus propios datos sobre sus presupuestos anuales de 30.000 millones. Es un 3,5% más que el año anterior. Para este año, el presupuesto para asuntos taurinos subió un 60% (hasta siete millones). Pero no se soluciona simplemente con gastar menos en toros y más en incendios, sino en elevar los fondos para responder a una nueva amenaza climática que tiene una traducción directa en los incendios forestales.

No hace mucho tiempo, los dirigentes del PP madrileño se burlaban de los que se quejaban de la última ola de calor a causa de la falta de aire acondicionado en las escuelas. “Ahora se llama emergencia climática a que en julio haga calor en Madrid”, dijo uno de ellos creyendo que hacía un chiste. Afirman que la lucha contra el cambio climático es una gran estafa, lo que suena muy parecido a lo que dicen sus socios de Vox que denuncian el “fanatismo climático”. Están ciegos y son unos ignorantes, y todos pagamos las consecuencias.

Julio es un mes en que la política funciona a medio gas a la espera de que cierre por completo la ventanilla en agosto. Donde sí están trabajando a conciencia es en la justicia y ya sabemos que ese es uno de los escenarios fundamentales de la política española. Es así porque hay procedimientos judiciales muy importantes que afectan a los políticos y porque las asociaciones judiciales y unos cuantos magistrados decidieron hace tiempo que tenían derecho a intervenir en política. Para ellos, la separación de poderes solo funciona en un sentido. Ellos sí creen tener derecho a implicarse en la confrontación política, como hicieron al manifestarse contra la ley de amnistía antes de que estuviera redactado el proyecto de ley.

Pocos de ellos son más conocidos que el juez Juan Carlos Peinado, que ha protagonizado una instrucción en el caso de Begoña Gómez que ha sido demencial y ha estado repleta de errores jurídicos, autos mal escritos y nada motivados y hasta un loco intento de implicar a un ministro (Bolaños) que el Tribunal Supremo cortó de raíz. La Audiencia de Madrid anuló muchos de sus autos en un porcentaje insólito y además sobre asuntos clave, pero al final esta semana ha aceptado su decisión de llevar a juicio a la esposa de Pedro Sánchez, aunque solo por dos delitos, tráfico de influencias y malversación.

Frente a los que piensan que las decisiones de los jueces en casos que implican al Gobierno son sagradas, el análisis de autos y sentencias es un derecho en una sociedad democrática, incluso una necesidad. Curiosamente, los mismos que dicen que el Gobierno o la izquierda ponen en peligro la independencia judicial con sus críticas son los que ahora rechazan el veredicto de la justicia europea, el TJUE, sobre la ley de amnistía. Los hay que, como plañideras interesadas, alegan que España está abandonada, que no tendrá ninguna ayuda exterior para salvarse y que nadie puede confiar en Europa. Han perdido tantas veces en las instancias judiciales europeas que no se dan cuenta de lo endebles que son sus argumentos. 

La Audiencia de Madrid ha completado el trabajo de Peinado y confirmado que el juicio de Gómez será con jurado. Según su relato, Begoña Gómez podría ser condenada por tráfico de influencias porque obligó a varias personas a colaborar para que prosperaran sus intereses económicos (y por malversación por el trabajo de su asesora personal en Moncloa). 

Los jueces hablan de su “privilegiada posición”. Aquí conviene reflexionar sobre ese concepto y su influencia en el caso. ¿Es un privilegio vivir en Moncloa? Desde luego, aunque no sea exactamente un palacio, sino una gran mansión. ¿Hay gente que puede estar interesada en conocerte porque eres la cónyuge del presidente? Eso es muy probable. ¿Tienes una vida muy diferente a la de un ciudadano normal? Claro. Vives en una residencia pagada con fondos públicos, cuentas con protección policial y asistes a muchos actos aburridos, pero también a otros excitantes. 

En el plano especulativo en el que se mueven últimamente muchas decisiones judiciales, incluso en sentencias, los cinco jueces de Madrid alegan que el parentesco con el presidente “puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”. Pero una investigación de los indicios del caso debería haber encontrado ejemplos de esa presión irresistible que obligara a alguien a favorecer a Gómez en contra de sus primeras intenciones. No se ha hallado nada que pueda evocar una situación de ese tipo.

El auto plantea como precedente el caso Nóos y la condena a Iñaki Urdangarin y la consideración en esa sentencia de la influencia que tenía este por el hecho de estar casado con la hija del rey. Desde luego, cualquier parecido entre las cantidades que obtuvo Urdangarin y las conocidas en el caso de Begoña Gómez es inexistente.

Conceder a Gómez la dirección de una cátedra extraordinaria podría haber sido un buen ejemplo de esa recompensa, pero nadie ha probado que el rector de la Complutense fuera obligado a hacer algo que no quería. Un vicerrector comentó en su declaración que el proceso para la formación de esa cátedra fue más rápido de lo normal, pero también dijo que en ningún momento se violó la ley. 

En la Complutense de Madrid, hay registradas 44 cátedras extraordinarias hasta marzo de este año. Muchas de ellas están patrocinadas por empresas privadas que aportan dinero. La existencia de estas cátedras es una forma que tiene la universidad de financiarse. Como curiosidad, hay una en la Facultad de Farmacia (“cátedra extraordinaria de bebidas fermentadas”), apoyada económicamente por la Asociación de Cerveceros de España.

La dirección de la cátedra no le daba a Gómez la condición de catedrática, pero la Audiencia de Madrid afirma que sí le concedió “prestigio personal o reputacional de su carrera académica con acceso a múltiples recursos y eventos”. Seguro que fue bueno para su ego, además de para seguir teniendo una actividad profesional –cierto que de no gran nivel– durante el tiempo en que su marido era el presidente. Para valorar ese prestigio, deberíamos meternos en un terreno bastante subjetivo. 

En el tema de los ingresos económicos recibidos, la Audiencia ofrece la mayor perla de su auto. Sostiene que Gómez “disparó sus ingresos de forma exponencial”, aunque de inmediato reconoce que con “cifras muy moderadas”. Vamos a ver, ¿es mucho dinero o poco? ¿Esos magistrados conocen el significado de la palabra 'exponencial'? Porque no lo parece.

Recapitulando, Gómez cobró cero euros por dirigir esa cátedra. Cobró cero euros por el software financiado por la aportación de empresas privadas para su uso gratuito por otras compañías. Cobró una cantidad pequeña de dinero por dirigir los másters integrados en esa cátedra. Sus ingresos más altos fueron en 2022 con 14.900 euros anuales. 14.000 euros fue la cifra del salario mínimo de ese año. 

¿Begoña Gómez utilizó su “privilegiada posición” y la “presión moral” sobre otros que le daba el hecho de ser la mujer de Sánchez para “disparar” sus ingresos hasta recibir la escuálida cantidad de 14.000 euros anuales en uno de esos años? 

Los jueces de Madrid dejan claro un criterio para el futuro. Ningún cónyuge de un presidente debería plantearse trabajar por su cuenta. Aunque no haga nada ilegal, su parentesco seguirá causando una “presión moral” sobre las personas con las que se relacione si están en algún organismo público, como una universidad. Y si no gana dinero (como por el uso del software para empresas) o gana muy poco dinero (por las cantidades percibidas por dirigir un máster), da completamente igual. Unos jueces dirán que el beneficio es inmaterial o que se puede medir en términos de prestigio social. Será mejor que tenga un hobby que llene su tiempo.

Da igual lo que digan los testigos

El tribunal que condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación dejó una frase muy reveladora sobre sus intenciones. Despreció no ya las declaraciones de los otros acusados, sino también de los testigos –directores de conservatorio– que declararon en el juicio que Sánchez estaba capacitado para el puesto y realizó las funciones por las que fue contratado. Se atuvo a lo manifestado en la vista por el teniente coronel de la UCO Antonio Balas. La Diputación de Badajoz es una institución jerárquica, como lo son todas y también las empresas privadas, por lo que no se puede creer a nadie que trabajara allí, fueran altos cargos o funcionarios.

“Como ya hemos apuntado, dichas personas forman parte de una estructura fuertemente jerarquizada, con tintes políticos, presidencialista, y dichas circunstancias conducen a que tengamos que poner en tela de juicio la credibilidad de los testimonios prestados por personas profesional y directamente relacionadas con los acusados cuando no dependientes de estos o militantes en el mismo partido”, dice la sentencia.

Para justificar que no se condene a los acusados por tráfico de influencias, el tribunal se ve obligado a reconocer que “no sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”. Ni en la instrucción ni en el juicio aparecieron pruebas de que alguien diera las órdenes en esa estructura tan jerarquizada para que se violara la ley.

Tanto tiempo escuchando que lo que cuenta de cara a la sentencia es lo que se diga y se pruebe en la vista y que la instrucción solo sirve para decidir si se debe celebrar un juicio y ahora llegamos a la conclusión de que las declaraciones de los testigos son irrelevantes si trabajan en una institución. Lo que importa es la opinión de los investigadores policiales y sus deducciones sobre el funcionamiento de una Diputación en este caso, a pesar de que no se puede decir que sean expertos en Derecho Administrativo. Bajo estas condiciones, es difícil desechar la idea de que los jueces tenían claro el veredicto antes de que empezara el juicio.

Isabel Díaz Ayuso nos ha ofrecido un nuevo ejemplo de su imaginación arrolladora: el feto fantástico. Prácticamente, le ha conferido personalidad jurídica. Es la Virgen Isabel de los Milagros. “Cada vida importa desde el primer suspiro y por eso estamos legislando para el no nacido, que está en camino y está aquí y que cuenta como uno más para este Gobierno”, dijo en la Asamblea de Madrid. El feto está aquí, dice. Es uno más para su Gobierno. Cualquier día vemos a uno por la acera buscando un bar para tomar algo. 

Se trata de una ley que reconoce al embrión como un miembro de la unidad familiar con vistas a que reciban las ayudas y beneficios fiscales existentes por su número de hijos. La presentan como una norma para fomentar la natalidad, aunque hay que decir que esas ayudas tampoco son tan cuantiosas como para que tengan efectos duraderos. Estrictamente, la ley no es negativa en absoluto. Lo que llama la atención es la cobertura ideológica que le han insertado. 

En la campaña autonómica de 2019, Ayuso presentó esta misma propuesta. Un periodista le preguntó qué pasaría con esa ayuda si el embarazo no terminaba bien. Es decir, si en ese caso la familia debería devolver las ayudas recibidas. Yo estaba allí y me pareció que era una pregunta un poco ridícula y no muy sensible. No es necesario ser tan retorcido. La gran mayoría de los embarazos acaba bien con el nacimiento. Era una época en que Ayuso no tenía tantas tablas como ahora y dio una respuesta confusa y atropellada. La verdad es que parecía que la propuesta no estaba muy preparada y era de esas cosas que se lanzan en campaña a ver si se convierten en un titular. Y no se supo nada más de ella.

Ahora se ha convertido en una ley con una intención ideológica de cuestionar el derecho al aborto. Si el feto tiene derechos, ¿cómo es posible que se pueda interrumpir el embarazo provocando su final? Como explica Marta Borraz, la medida se inspira en el discurso de los grupos ultraconservadores que niegan el derecho al aborto en EEUU. “Si un embrión o un feto es una persona, el aborto podría considerarse legalmente un asesinato”, dice una profesora norteamericana citada en el artículo. “La enseñanza más interesante de lo que ha pasado en EEUU es que el verdadero cambio no está en estas medidas concretas, sino en el marco cultural que se empieza a construir”, opina la politóloga Silvia Aldavert. 

Ayuso dice estar a favor de la vida, pero solo hasta el parto. A partir de ese momento, depende del dinero que tenga tu familia. Esto no es una novedad. Desde la derecha europea y norteamericana, se insiste con frecuencia en que las ayudas del Estado, incluidas las que tienen que ver con el número de hijos, generan incentivos perversos. Les das el Ingreso Mínimo Vital, con una cantidad mayor si tienes hijos, y la gente no querrá trabajar, y cosas por el estilo. 

África Gelardo cuenta en este artículo todo lo que pasa con los niños en Madrid desde el momento en que nacen, todas las necesidades que afrontan sus familias, en especial si son pobres, que no reciben las ayudas y atención que la Administración podría darles. Tenemos las dificultades de muchas familias para acceder a las escuelas infantiles públicas (de cero a tres años). Solo el 13% de las solicitudes recibe una plaza en una escuela infantil municipal. En algunos distritos de la ciudad, el porcentaje es muy inferior. Les queda la opción de una escuela privada que solo es accesible si tienen dinero para pagarla. Se han ofertado 4.131 plazas en la comunidad en la última convocatoria de la ciudad y hay 99.000 niños de hasta tres años en la comunidad. 

Lo mismo ocurre con las becas comedor, que llegan al 40% de los niños en situación de pobreza. Los hijos de inmigrantes sin permiso de residencia se quedan fuera. El presupuesto destinado a ese fin no ha experimentado ninguna subida desde hace cinco años. 

Hay cuestiones de fondo que afectan a la natalidad y que no tienen que ver con ayudas concretas. Lo dijo Raquel Huerta, diputada de Más Madrid: “Los precios del alquiler en Madrid son el mayor anticonceptivo”. 

Hay que proteger a los fetos, pero los niños, y sus familias, que se busquen la vida. 

Conspiraciones televisivas

No hay límites para las tramas conspirativas que se inventa la derecha política y mediática. Siempre hay algún hecho sospechoso que demuestra la naturaleza maligna del Gobierno. ¿Con pruebas? Tampoco nos pongamos tan exigentes. Solo tiene que ocurrir algo fuera de lo común, o que sencillamente no les guste, para tirar del hilo. Porque cuando eres un martillo, todo lo que ves te parecen clavos.

Hay asuntos que no son los más importantes, pero que tienen su gracia. De esta semana, hay un ejemplo tronchante y lo saco aquí por las risas más que nada. Titular de ABC: “Sospechas en el sector por las audiencias milagrosas de TVE: 'Sé que están haciendo trampa pero no sé cómo'”. El autor del artículo presuntamente informativo es Juan Soto Ivars, que ya sabemos de qué palo va. 

Es el colmo de la conspiración: está ocurriendo delante de nuestros ojos, pero no tenemos pruebas. Lo que no nos impide hablar del tema. De paso, llamamos “milagrosas” a esas audiencias y el lector lo entenderá todo. Hasta los que dicen que existen los ovnis creen contar con pruebas de su existencia. Aquí no hay tanta suerte.

Todo viene a cuenta de las buenas audiencias de algunos programas de TVE frente a sus rivales de las televisiones privadas. Los de Ana Rosa Quintana y Susanna Griso están en las cifras que tienen desde hace tiempo con un público fiel más o menos estable. Sus programas siempre son iguales, en general dedicados a atacar al Gobierno en su parte de contenido político, y hay poco margen para la sorpresa. Se reparten la audiencia de los cabreados con Sánchez. Tienen que incluir también amplios bloques de publicidad en los que la audiencia cae.

Es cierto que el programa de Silvia Intxaurrondo a primera hora de la mañana ha aumentado mucho su audiencia y supera con gran facilidad a los de Antena 3 y Telecinco. En cierto modo, su notoriedad se incrementó con su entrevista a Feijóo, de la que el líder del PP salió tan enfadado que no se ha atrevido a volver. Intxaurrondo tuvo la osadía de responderle que un dato que había mencionado no era cierto. Y ya sabemos que ese es un problema recurrente con Feijóo. Solo hay que ver sus comentarios sobre las bajas médicas de los trabajadores.

Luego viene el programa de Javier Ruiz de un estilo más sensacionalista con el presentador dando saltos por el plató y pegando gritos, y comentando titulares y gráficos gigantescos que aparecen en el videowall. Su dieta informativa se centra en política (en su vertiente más polémica) y sucesos. Droga dura directamente inyectada en las venas del público.

Esas cosas siempre han funcionado en televisión, aparentemente ahora también con algunos programas informativos. En estos tiempos crispados, TVE apostó por unos programas de estilo mucho más agresivo de lo habitual en la televisión pública (causando malestar en parte de la redacción, además por el uso de productoras privadas). 

El artículo del ABC da por hecho, basándose en comentarios anónimos, que alguien está cometiendo un fraude con los audímetros: “Según la teoría de la trampa, el Gobierno habría logrado meter sus zarpas en Kantar Media para 'comprar' algunos de los audímetros”. Esto es una teoría conspirativa que tiene décadas de vida. Siempre se ha dicho que las cadenas de TV matarían por conseguir los nombres de un puñado de personas que tengan audímetro en casa. Se trata de una información que obviamente hay que mantener en secreto. 

El autor no da crédito a que las audiencias de las teles no se correspondan exactamente con los resultados electorales por ejemplo en Madrid, donde gobierna Díaz Ayuso. Si esa extrapolación no fuera ridícula, se podría decir que Telemadrid debería ser la cadena líder. El canal autonómico firmemente controlado por Miguel Ángel Rodríguez queda muy lejos de las cifras de las televisiones nacionales y de las autonómicas más vistas.

Telemadrid tuvo un 5,1% de share en 2025 –siendo la octava de trece cadenas–, lo que le colocó en el furgón de cola frente a TV3 (14,2%), Aragón TV (12,2%) y Canal Sur (9,4%). A mediados de junio, emitió un documental especial sobre el caso Zapatero para sacarle todas las vergüenzas en 'prime time'. Se quedó en un triste 4,6% de audiencia con 50.000 espectadores de media. Fue la sexta opción de esa noche sólo por delante de La 2, que daba un programa ya emitido. Votos y audiencias televisivas no caminan por la misma vía.

La cadena autonómica valenciana también debería ser la líder en esa comunidad, según esta lógica electoral absurda. Pues fue la última de todas las regionales (2,9%), después de que el PP se cargara al equipo anterior de À Punt por ser demasiado independiente. 

Los que hacen esos comentarios sobre las trampas sin pruebas son los que están perdiendo en la batalla de las audiencias y que no se atreven a dar la cara. En los tiempos que corren en cierto periodismo, eso ya es suficiente para dedicarles un artículo y dar por buena su versión. 

Le llamaban la vía andaluza, puestos a inventarse un nombre que sólo se basaba en resultados electorales, lo que no es poca cosa. Cuando el PP andaluz se quedó sin mayoría absoluta, la vía se quedó a mitad de camino y luego terminó llegando a la estación de Vox. Se acabó el truco de Juanma Moreno, que consistía en aplicar el programa electoral del partido sin carcajadas sádicas, que es más del estilo del PP de Madrid. La política sanitaria de ambos gobiernos es muy similar. Lo que les diferencia es el estilo político. Lo del PP andaluz es un poco como disparar a alguien mientras le dices: esto me va a doler más a mí que a ti. En el PP de Díaz Ayuso, disfrutan disparando.

Lo que resulta extraño es que Moreno y su equipo intentaran negar la evidencia hasta el último minuto. Sólo un día antes del anuncio del pacto con Vox y después de que la extrema derecha le negara el apoyo en la primera votación de investidura, aún andaban diciendo a El Mundo que Moreno no iba a entregar un triunfo a Vox: “Juanma no quiere ceder lo mismo que los demás, y no va a ceder”. Pero que no se engañe a nadie. No se refería a la llamada “prioridad nacional”. Eso ya lo tenía asumido. La gente de Moreno decía que no tenía prisa. Ya lo creo que la tenía. El viernes, hubo acuerdo y votación. 

Después de emitir señales contradictorias durante bastante tiempo, Alberto Núñez Feijóo se ha decidido por no esconderse más y aceptar que su llegada a Moncloa solo será posible de la mano de Santiago Abascal. Lo de antes era una fantasía que no sostenían ni las encuestas. La mayoría de ellas indica que el PP está más o menos en el mismo porcentaje de voto que en las elecciones de 2023. Todo el ruido que ha hecho en los últimos tres años, que ha sido mucho, solo ha servido para engordar a Vox, que ha ganado en torno a cinco puntos desde entonces.

Por cada alegato apocalíptico de Miguel Tellado y Ester Muñoz, la caja registradora de los votos a Vox hace el ruido de recibir más ingresos. Si Feijóo denuncia que Sánchez es un peligro para la democracia, la cuenta de resultados de Vox mejora un poco más. 

Las caras de los dirigentes del PP en Sevilla, incluida la de Moreno, eran bastante serias cuando se anunció el pacto. Habían despertado de un sueño y lo que estaban viendo no era lo que esperaban. La verdad es que han comprado toda la mercancía de Vox. Prioridad nacional hasta el final, aunque ahí intentan alegar que no es para tanto. Mínimo de diez años de empadronamiento para acceder a las ayudas por compra de viviendas sociales y cinco en caso de alquiler. “Rechazo frontal” a los menores inmigrantes, como si fueran una amenaza para la sociedad. Recortes de subvenciones a entidades que trabajan con inmigrantes, entre las que está Cáritas.

El mensaje más duro de la extrema derecha contra la inmigración ha sido asumido entero por el adalid de la moderación en el PP. Así que hay que deducir que no era más que una etiqueta para presumir de ella en la familia. 

En materia de medio ambiente, se va más lejos que en los demás pactos con Vox en otras comunidades. Se niega el apoyo a las zonas libres de emisiones en los municipios. Suprimen impuestos medioambientales. Se oponen a la instalación de macroproyectos de energía eólica y solar en suelos de uso agrícola (¿los van a reservar para las ciudades?). 

Carlos Alsina ha resumido así el giro: “En dos meses, la prioridad nacional ha pasado de ser la promesa de una ilegalidad que hacía la extrema derecha populista, y que el presidente (Moreno) denunciaba con vehemencia, a ser el compromiso firme del presidente, que aún tendrá el cuajo de criticarle a Sánchez sus cambios de opinión para satisfacer a los socios que le hacen presidente”. 

“Un Gobierno con Vox es imposible”, dijo Moreno en la campaña. Lo que es imposible es confiar en que el PP ponga obstáculos reales a las exigencias más reaccionarias de la extrema derecha. Sólo hay dos posibilidades, o los del PP son muy ingenuos o esas ideas no les provocan un rechazo visceral.

Dos giros sucesivos de 180 grados en el PP

Ha sido una semana muy loca en el Partido Popular. Se embarcaron en otra de sus cruzadas que anuncian el fin de la civilización en España y de todo lo demás, esta vez a cuenta del proceso de nacionalización de los descendientes de españoles en Latinoamérica. Feijóo acusó a Pedro Sánchez de “fabricar dos millones y medio de votantes” a través de la “ingeniería electoral” corriendo como un galgo cojo detrás de lo afirmado por Vox. Luego, empezaron las risas al recordarse que el líder del PP prometió lo que ofrece la Ley de Memoria Democrática a los exiliados del franquismo en una visita a Argentina en 2022. Su promesa era para todos “los nietos de españoles en el exterior”.

La hemeroteca rescató un discurso en el Senado de Ester Muñoz, la actual portavoz parlamentaria del PP: “Es de justicia que todos los nietos de aquellos ciudadanos españoles que tuvieron o quisieron salir de España al exilio puedan acceder ahora a la plena nacionalidad que está en sus orígenes”.

Tocaba frenar y volver atrás para reconocer esas palabras y, como mucho, se quejaban de la rapidez con que se estaba afrontando el proceso cuando habitualmente todos estos trámites consumen varios años. Lo mejor es que la página 101 del programa electoral del partido en 2023 pedía exactamente lo que se está llevando ahora a la práctica. 

El viernes, en un acto de su partido en Castellón, Feijóo dio otro giro de 180 grados, con lo que ya sumaba 360 y volvía a la posición original. “Esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes”, dijo sumando las cifras de dos cosas diferentes, las nacionalizaciones a descendientes de españoles y la regularización de más de un millón de inmigrantes sin papeles. El objetivo del Gobierno era, según Feijóo, “alterar el censo” de votantes. Estaba denunciando un pucherazo en toda regla sin tener pruebas. Hasta afirmó que la población española puede aumentar en ocho millones de personas, una cifra que se inventó. Dijo ocho como podría haber dicho dieciocho.

Mientras tanto, algunos dirigentes del PP muestran en privado su estupor por esta campaña, porque creen que deberían centrarse en los casos de corrupción que afectan al Gobierno, en los que no hay semana sin noticias, y olvidarse de conspiraciones truculentas más propias de la extrema derecha. Pero no tienen nada que hacer. Feijóo reincide en la torpeza que le caracteriza y que perjudica a sus propios intereses. Como apuntaba antes, cuanto más atiza la hoguera de la furia, más fácil le hace el trabajo a Vox. 

En el PSOE, han disfrutado de su ración semanal de sustos relacionados con la corrupción. El juez Pedraz ha citado como imputada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director operativo del Instituto Armado, el teniente general Manuel Llamas, por el caso Leire Díez. El Gobierno ha respondido que ninguno de ellos va a presentar la dimisión y que esperará acontecimientos. Ese parece ser el argumento decidido por Sánchez ante posibles y futuras imputaciones. Ya no dimite nadie y ya veremos qué pasa en la instrucción de esos casos. No se entregarán más cadáveres a la oposición, porque no sirve de nada. 

Por lo demás, si creen que eso reducirá el desgaste político causado por la corrupción, no pueden estar más confundidos. En este asunto, lo que no le funcionó en su momento al PP de Rajoy no le va a funcionar al PSOE. 

El influencer que se cagó en 48 horas

Para acabar, un detalle que no pasa de ser cómico. El influencer ultra Vito Quiles volvió a desobedecer una citación judicial y a la jueza no le quedó otra opción que ordenar su detención estrictamente para asegurar que compareciera en su juzgado. Es casi una cuestión de trámite si alguien decide que no le apetece cumplir con la ley. En este caso, por una denuncia por difamación presentada por un funcionario del Ministerio de Hacienda.

Al igual que las modelos de OnlyFans, la publicidad es esencial para mantener la imagen de marca. El concepto de publicidad negativa no existe. El propagador de bulos elogiado por el PP se las dio de gallito y denunció una “persecución” del Gobierno. Se escondió en una urbanización con piscina, porque hacer de rebelde antigubernamental en mitad de una ola de calor te obliga a muchas pausas por hidratación. Hasta que se le acabó el cuento. No tiene muchas luces y acabó ofreciendo la frase que le define: “Me he cansado de vivir como un fugitivo”. La osadía le duró 48 horas. Nada más. Payasos de este tipo no pueden poner en peligro la democracia, como algunos creen. Sólo están para dar espectáculo en estos tiempos en que las personas elegantes salen de casa con el cuchillo entre los dientes. Y, como en OnlyFans, enseñar el culo puede ser muy lucrativo para algunos. Es sólo un modelo de negocio. Incluso durante 48 horas.

No está el ambiente para que haya muchas risas en el Gobierno, pero el jueves los socialistas decidieron regalarse un momento gamberro en el pleno del Congreso. Salió adelante una moción del PP con el apoyo de Vox y Junts en la que se pedía a Pedro Sánchez “considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza” y ya de paso se reclamaba su dimisión. Se aprobó por 178 votos a favor y 171 en contra. Sánchez y sus diputados se levantaron a aplaudir, una forma de mostrar que sólo se trataba de un espectáculo sin importancia. Un día más en la oficina. Ellos dijeron después que se felicitaban por la aprobación de dos leyes. Vale, como le dijo Sánchez a Ione Belarra, para ti la perra gorda.

La moción no tiene ningún valor vinculante. No obliga legalmente a Sánchez a hacer nada. Es como entonar cantos regionales en el Congreso. Da para unos cuantos titulares y no mucho más. Refleja una realidad política conocida que no se puede obviar. El Partido Popular se apresuró a anunciar que se trataba de un momento “histórico”, lo que supone una notable devaluación del concepto. Como cuando la prensa deportiva dice que una victoria del Real Madrid en Múnich por tres goles de diferencia es algo histórico. Si algo no ha ocurrido antes, eso no significa que sea histórico (pronúnciese la palabra en tono de admiración y regocijo).

Tanto que dicen que la Constitución debería enseñarse en los colegios y resulta que ni los políticos se la saben o la tienen en cuenta. La forma en que un Parlamento pone fin a un Gobierno es con una moción de censura (o con la derrota del Gobierno en una cuestión de confianza). Es lo que marca la Constitución. El PP lleva toda la legislatura acusando a Sánchez de estar violentando o vulnerando la Carta Magna. Algunos tontos útiles argumentan que la Constitución ha quedado derogada “de facto”. Será dentro de su maltrecho cerebro, porque sigue estando en vigor y condicionando el funcionamiento de las instituciones. A la hora de la verdad, la Constitución es sagrada para algunos, pero no tanto cuando no les conviene. 

Cumplir el texto constitucional tampoco es una garantía de buen gobierno. En el mundo real, ocurren múltiples factores que limitan su aplicación. El derecho a una vivienda digna aparece en su articulado, y ya sabemos que eso es una quimera para millones de personas. 

Cuando se redactaba la Constitución de 1978, se escribió en muchos artículos que sus autores habían optado por el modelo alemán. La moción de censura debía ser constructiva e incluir un candidato como presidente. El relevo era inmediato, como sucedió en 2018. Podían haber elegido el modelo italiano, donde el triunfo de una moción de censura supone la dimisión inmediata del primer ministro y de su Gobierno, que quedan en funciones a la espera de que el presidente encargue la formación de un nuevo Gabinete a otro político o, si resulta imposible, convoque nuevas elecciones. 

El elevado número de gobiernos en Italia en los años 70, con una duración media inferior a un año, no animaba a seguir ese camino. El político paradigmático de esa época fue Giulio Andreotti, siete veces primer ministro. Su currículum no acaba ahí. Fue ocho veces ministro de Defensa, a lo que hay que sumar otras quince carteras en otros gobiernos. La formación de un nuevo Gabinete era casi una rutina anual.

Se eligió la opción de la moción de censura constructiva en España para dar mayor estabilidad a los gobiernos. Por entonces, se pensaba que había que asegurar la continuidad del poder ejecutivo y no dejarlo al albur del combate político que se produciría en el legislativo. Al igual que con la jornada de reflexión, algunos creían que nos íbamos a acuchillar por las calles por nuestra falta de cultura democrática. De más está decir que esas cautelas nos parecen ahora excesivas. 

El sistema político se encuentra en una situación de empate permanente. El Gobierno carece de una mayoría en el Congreso después de que Junts haya dejado claro una y otra vez que ya no le apoya. La oposición no puede aprobar una moción de censura porque ni el PNV ni Junts están dispuestos a votar a favor de Feijóo. En este punto es difícil llegar a una conclusión, porque Junts va cambiando de posición cada semana en las votaciones. Y así estamos desde hace meses dando vueltas sobre lo mismo. Si la situación económica fuera muy mala, las consecuencias serían graves. Como no es el caso, el Gobierno puede seguir dando patadas al balón hacia adelante y ver qué pasa después.

En cualquier caso, la crítica a un Gobierno que no ha conseguido aprobar presupuestos en esta legislatura es legítima. ¿Gobernar para hacer qué? Sánchez ha intentado responder a esa pregunta con un tuit que destaca cinco medidas puestas en marcha esta semana. La más importante es la promesa de destinar 6.200 millones más en dos años para el gasto en dependencia por las comunidades autónomas. Pero es una promesa que va más allá de esta legislatura y que depende también de lo que gasten las CCAA en la parte que les toca. 

Al PP no le conviene presentar una moción de censura que no puede ganar a día de hoy. Así que se conforma con poner cara de estar muy enfadado, porque Sánchez no le hace el favor de convocar elecciones. Y rendirse antes si puede ser. Junts hace algo parecido, pero lo dice en catalán. Ninguno de los dos se atreve a pactar la moción. El simple roce entre ambos provocaría rechazo entre muchos de sus votantes y la brigada mediática que les apoya. Siempre queda la alternativa de generar confusión, como ha hecho Miguel Tellado en unas declaraciones: “Lo que sucedió en Cataluña en el 2017 sucedió en 2017. No se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy la amenaza no es el secesionismo. Es la permanencia en el Gobierno de una especie de organización criminal”. 

Pues muy bien. El PP reconoce que el desafío independentista en Catalunya es cosa del pasado. Lo apuntamos para la próxima vez que diga que España se rompe y que le quedan dos telediarios sin pausas publicitarias. 

¿Quién ha concedido a los jueces el privilegio de no ser criticados?

Si das la vuelta a la esquina, te encontrarás a un juez indignado por las críticas a las resoluciones judiciales. Puede que también haya uno debajo de tu cama muy interesado en contarte que esos ataques son un peligro para la independencia judicial. Luego te dicen que desde luego que los jueces son tan independientes como las vírgenes vestales y que todos sus autos y sentencias son impecables. Por tanto, habrá que llegar a la conclusión de que, por muchas críticas que reciban, continúan siendo independientes, ¿no?

En épocas menos tumultuosas que esta, sería bueno que al menos el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia se abstuvieran de criticar las decisiones judiciales. Por aquello de las apariencias. Pero ahora tenemos a un juez que pretende meter en la cárcel a la esposa del presidente después de una instrucción delirante. No es extraño que Sánchez se lo tome como algo personal.

José María Calero, abogado y fiscal en excedencia, publica un artículo en El País con varias ideas interesantes. Explica que criticar una resolución judicial no es un disparate, sino una forma natural de ejercer la libertad de expresión. ¿Dónde está escrito que en una sociedad democrática no se pueda criticar a los jueces que en sí mismos son una representación del poder del Estado? ¿Dónde han conseguido esos altos funcionarios del Estado ese privilegio? 

Resulta que algunos jueces, sobre todo si pertenecen a ciertas asociaciones judiciales, sí se reservan el derecho a criticar medidas políticas del Gobierno o del Parlamento, como vimos con la ley de amnistía, y hasta a manifestarse en la puerta de sus juzgados con las togas puestas. Cuando lo hacen, dicen hablar en nombre de los jueces o de la justicia. Calero les responde:

“Es frecuente esta profunda perversión del ejercicio de ese poder en estos días. Hemos oído expresiones como 'los jueces no nos vamos a dejar intimidar' u otras similares como '¿se creen que van a poder con los jueces y la Guardia Civil?'. Esas manifestaciones apuntan a un entendimiento personalista y equivocado de la naturaleza y los límites de su poder. El juez solo ejerce un poder legítimo en el dictado de sus sentencias, pero cuando pretende hablar como juez miembro de un poder colectivo en televisión hace un ejercicio ilegítimo y desviado de su poder. Por eso merece la crítica más simple y más severa: usted no es juez en este momento y debiera saberlo, los jueces como colectivo no son un poder legítimo en nuestro ordenamiento jurídico. Diga lo que quiera, pero acuérdese que lo hace como ciudadano, no como juez”.

Casarse hacia arriba es una expresión que existía antes para definir el salto económico que daba un cónyuge cuando contraía matrimonio con una persona de estatus económico o social superior. Creo que ya se utiliza menos. Antes, lo más habitual es que quien se casara hacia arriba fuera una mujer. Había muchos más hombres con dinero. Mucho antes, existía la dote, un dinero, en efectivo o en especie, que la familia de la novia abonaba a la nueva pareja o a la familia del novio. Se supone que servía para compensar a la novia por la pérdida de los derechos económicos que hubiera podido tener en su familia. En muchos casos, era un ingreso que se quedaba la familia del novio por dar luz verde al casamiento.

Cuánto hemos avanzado desde entonces. Con el caso de Alberto González Amador, el salto hacia arriba gracias a su relación de pareja con Isabel Díaz Ayuso es espectacular. Una de las grandes decisiones de su trayectoria profesional. Esto no se estudia en las escuelas de negocios, pero lo mismo deberían dedicarle un apartado en el programa docente. Alguna asignatura que se llamara: “Emprendimiento y amor: ganancias patrimoniales tras la decadencia del concepto de amor romántico”. 

En su declaración como testigo en el juicio del fiscal general, Amador ofreció una actuación dramática y hasta lacrimógena —pensemos en Meryl Streep en 'La mujer del teniente francés'— con la intención de presentarse como víctima de una abyecta conspiración. Afirmó que le habían presentado como “el delincuente confeso del Reino de España”. Acabó en lo más alto y dijo que solo le quedaban dos alternativas: “O me voy de España o me suicido”. 

Más allá del hecho de que los usuarios de un Maserati raramente optan por la segunda opción, el dilema carecía de sentido. Cómo iba a elegir salidas tan trágicas si se había hecho millonario, si estaba facturando casi al nivel de Shakira (y con la misma mentalidad sobre la necesidad de cumplir con las obligaciones fiscales). 

Gracias a este diario, esta semana hemos sabido que las dos empresas de Amador facturaron 4,4 millones de euros a Quirón Prevención entre 2021 y 2023 (la primera noticia de su relación con Ayuso es de mayo de 2021). Aparece en un informe de la Agencia Tributaria incorporado a un procedimiento judicial. La agencia estaba obligada a enviar al juez estos datos junto a la petición de que certifique que no puede seguir investigando a Amador, porque ya existe una investigación en su juzgado. La ley le impide hacerlo por su cuenta sin el permiso del juez. 

Hemos contado también que el novio de Ayuso multiplicó por siete sus ingresos procedentes de Quirón tras iniciar su relación con la presidenta. El Grupo Quirón es el principal beneficiario de la política de privatización sanitaria puesta en marcha por el Gobierno de Ayuso. En los negocios de Amador con esa empresa es clave su relación con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, incluido el negocio que le permitió al novio de Ayuso ingresar 1,9 millones por la venta de mascarillas en 2020.

Después, Amador compró a la esposa de Camino una sociedad llamada Círculo Belleza de muy escasa actividad con una facturación anual anterior de unos 30.000 euros. Le cambió de nombre en uno de los grandes saltos del 'branding' en el campo del marketing. Pasó a ser Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering. Mucho mejor, sin duda. Qué empresa de cualquier lugar del mundo se negaría a extender una factura improbable a una compañía con un nombre tan fantástico.

Precio de compra: 500.000 euros. Si el precio te parece excesivo, no es que seas un tacaño. Esa compra se está investigando ahora en los tribunales por las sospechas de que se tratara de un soborno o el pago por los servicios prestados.

Preguntaron a Miguel Tellado el viernes qué le parecían estos números. Son cifras muy superiores a las que se manejan en la investigación que afecta a Zapatero. Ya sabíamos que el número dos del PP no se iba a atrever a criticar a Ayuso. Nadie quiere en el PP acabar como Pablo Casado. Tellado prefirió negar la evidencia: “Es una cuestión personal que en nada afecta a Isabel Díaz Ayuso porque no afecta a la Administración que dirige”. Eso supone ignorar la relación económica que existe entre el Gobierno madrileño y el Grupo Quirón. Y, lo que es más sugerente, exige olvidarse que ella misma, en su calidad de presidenta de Madrid, asumió personalmente la defensa de los intereses económicos y judiciales de su novio al afirmar que todo era una conspiración de “los poderes del Estado” y que incluso Hacienda le debía dinero a él (morro nivel XXL).

A eso se dedicó Miguel Ángel Rodríguez desde el primer momento. El jefe de gabinete de la presidenta es el arquitecto de sus estrategias y quien se ocupa de plasmarlas en la realidad. Como vimos en el asunto del fiscal general, filtrando información falsa a los medios de su cuerda. O lanzándose como una hidra contra los medios que critican a la jefa. Cuando supo de ese informe que revelaba los inmensos beneficios obtenidos por Amador, dio a El País su opinión sobre los responsables: “De la Agencia Tributaria, que debería ser dinamitada”.

Tranquilos, no pasará nada. Ningún comando yihadista de Nuevas Generaciones pondrá explosivos en la Agencia Tributaria ni Nacho Cano dará un concierto frente a la sede para exigir su eliminación. El PP no denunciará a Rodríguez ni considerará que sus amenazas son un peligro para el Estado de Derecho o las instituciones democráticas. Tampoco la prensa de derechas que afirma que el Gobierno ataca a la Constitución y la independencia judicial afirmará que la dinamita que Rodríguez quiere utilizar interfiere en la labor de los funcionarios que se ocupan de combatir el fraude fiscal. Se juegan mucho dinero público procedente de la Comunidad de Madrid como para atreverse a tanto. Ellos dicen que hacen su trabajo para fiscalizar al poder y ya sabemos que Díaz Ayuso no tiene más poder que el del presidente de una comunidad de vecinos.

Peinado, una mancha para la justicia

Era previsible que el juez Juan Carlos Peinado finalizara su instrucción del caso de Begoña Gómez con un fin de fiesta espectacular. Uno de esos en los que los protagonistas están muy pasados de rosca después de consumir grandes cantidades de alcohol. El lunes, comunicó a Gómez que va a juicio con una solicitud de penas superior a la de homicidio. El viernes, abrió una pieza separada en la que le imputó más delitos por un caso que no tiene nada que ver con ella. Horas después, tuvo que rectificar.

El sábado, fue la traca final. Ordenó que la esposa del presidente del Gobierno entregue su pasaporte y le obligó a pasar por su juzgado cada quince días. Lo justificó por el riesgo de fuga, pero resultó que tardó cinco días en tomar la decisión. Nunca se ha visto algo parecido en un juzgado. Cuando existe tal riesgo, un juez no permite que el acusado salga del juzgado para decretar la medida. No sea que se fugue.

Como siempre con Peinado, son sus autos los que delatan sus prejuicios y sus delirios. Gómez cuenta con escolta policial, como todas las esposas de los presidentes. En el texto, afirma que “lo que no cabe duda es que esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”. 

No es frecuente que un juez diga por escrito que es probable que unos policías cometan un delito antes de haberlo cometido. Pero Peinado tiene respuestas para todo. En otro pasaje, sostiene que “la condición de actual Presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección, o acompañamiento de los agentes de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga”. Las comas están aquí donde aparecen en el auto.

Peinado no sabe escribir y sus escasos conocimientos jurídicos a la hora de redactar un auto le llevan a delatarse. Begoña Gómez se fugaría si contara con escoltas y también si no los tuviera, se supone que dejando a su marido en Moncloa y escondiéndose en algún lugar ignoto del planeta sin tratado de extradición con España. Es todo tan estúpido que es inaudito que esa instrucción haya llegado a este punto. O quizá no es inaudito, sino el colofón que se merece.

Todo en este caso es lamentable, sin pruebas que sustenten la catarata de delitos que penden sobre Gómez, y es una mancha que no se borrará fácilmente de la imagen de la Justicia en España. 

La conexión saudí de Zapatero

Después de conocer que había sido imputado, Zapatero anunció en un vídeo que iba a ejercer su “derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción”, y que además respondería a las preguntas de los medios de comunicación. Lo segundo tendrá que esperar y de lo primero ya hemos tenido esta semana el primer capítulo con su comparecencia ante el juez Calama. No era realista pensar que podía responder en poco más de dos horas a todas las cuestiones planteadas por el magistrado en su auto. La impresión general es que se limitó a negar las acusaciones sin aportar información nueva que pueda desmentirlas. Desde luego, no convenció a Calama, que es a fin de cuentas la persona más importante en estos momentos para Zapatero. 

No habló de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho. Dijo que necesita más tiempo para certificar su origen y los documentos que lo prueben. Lo que se sabe por lo que ha contado su entorno a TVE es que que el collar más caro fue un regalo del rey saudí Abdalá en 2007. Eso abre la vía a que la defensa alegue que los hechos están prescritos, pero no va a eliminar la mancha que supone para su reputación. 

Todos los presidentes reciben regalos, dijo el viernes Pedro Sánchez. No es una defensa muy convincente. No todos los presidentes se los llevan a casa después de abandonar Moncloa y los guardan en una caja fuerte. Recibir un regalo carísimo del rey saudí, el jefe de Estado de un régimen que es la antítesis de los valores que Zapatero ha defendido en su carrera política, y ocultarlo al fisco es sencillamente imperdonable y sus antiguos votantes deberían considerarlo una afrenta. No es muy distinto a lo que hizo Juan Carlos de Borbón. Lo único que cambia es el valor económico del presente. Con independencia del resultado final de la investigación judicial, Zapatero ya ha perdido.

Donald Trump ya está preparando la respuesta a las elecciones legislativas de noviembre donde los republicanos tienen todos los números para sufrir una derrota. Como era de esperar, todo lo apuesta a la denuncia de un fraude electoral del que no tiene pruebas, como ocurrió en 2020. Hace unos días, se celebraron las primarias para la alcaldía de Los Ángeles. Cuenta con un singular sistema por el que compiten juntos los candidatos de ambos partidos y los dos primeros son los que optan al puesto en el día de las elecciones. El republicano Spencer Pratt, apoyado por Trump, fue tercero con lo que quedó eliminado. Una candidata demócrata le superó cuando se contabilizó el voto por correo y eso ya fue motivo suficiente para que el presidente de EEUU sostuviera que había habido un fraude. “Una nación del Tercer Mundo”, escribió refiriéndose a California o a todo el país.

En España, esta tendencia trumpista ha calado en varios medios de la derecha y el Partido Popular. Justo antes de las elecciones de 2023, Alberto Núñez Feijóo ya aprovechó que Leire Díez había trabajado en Correos, como directora de Filatelia y Relaciones Institucionales, para alentar las sospechas al afirmar que el sistema de voto por correo “no está completamente blindado”. No supo decir cómo se puede adulterar. En una reunión secreta de Feijóo con la asociación de fiscales conservadores, un fiscal del Tribunal Supremo llegó a recurrir al bulo de Indra.

Las recientes elecciones andaluzas han permitido que vuelva a resurgir el bulo. Esta vez, a cuenta del voto CERA de los votantes españoles que viven en el extranjero. No tuvo ningún impacto en la asignación de escaños ni puso en peligro la victoria del Partido Popular. Pero al menos tres medios de la derecha decidieron que algo sucio podría haber pasado, porque el PSOE y el PP obtuvieron un porcentaje de votos similar. Primero, fue La Razón, aunque sin sacar conclusiones. El PP había sacado 19 puntos de ventaja en las urnas, pero el PSOE había ganado en el voto CERA con 6.703 votos, frente a los 6.307 logrados por el PP. Cifras escasas sin influencia en el resultado.

The Objective se refirió a esos datos y mencionó que “el PSOE ha ganado el voto exterior en las cuatro autonomías en las que ha arrasado el PP”, como si la distinción solo pudiera explicarse por motivos sospechosos. El diario mencionó dos y comentó que estos resultados se han producido “tras la reducción de los controles por parte de Correos y las nacionalizaciones de la 'ley de nietos'”. Tampoco hay que ser un genio para entender por dónde vienen los tiros.

Como ocurre a veces en estos casos, el texto de la noticia desactivaba buena parte de la carga explosiva del titular. Apuntaron que en las elecciones andaluzas de 2022, donde el PP consiguió la mayoría absoluta, los conservadores ganaron el voto exterior, aunque con una diferencia mínima sobre los socialistas (55 votos) que tampoco fue relevante. Fueron las últimas en esa región con el sistema del voto rogado, que ya no existe. Se suprimió con una nueva ley en 2022 que recibió el apoyo del PP. La reforma salió adelante con los votos de PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, Ciudadanos y PNV.

El Mundo optó directamente por la vía conspiratoria: “Algo está pasando con el voto exterior: el PSOE gana en Andalucía y dispara la sospecha”. Si el PSOE saca más porcentaje de votos en el extranjero, será que hay fraude o que por lo menos hay motivos para sospechar. 

El mismo artículo admite que no es la primera vez que los votantes españoles en el exterior votan de forma diferente a los que viven en España. Además, su número es ínfimo. Cita que hubo 21.583 votos CERA en las elecciones de Andalucía, es decir, el 0,5% de los 4,2 millones que ejercieron su derecho al voto el 17 de mayo.

La baja participación de los votantes del exterior se ha dado siempre y pasó a ser bajísima cuando se puso en marcha el voto rogado, que tuvo como consecuencia hundir esa participación. Los latinoamericanos que se han aprovechado de la Ley de Memoria Democrática para obtener la nacionalidad española no lo han hecho para votar en las elecciones, sino para conseguir el pasaporte. 

Resulta que en las elecciones generales de 2023 sí hubo un caso en que se movió un escaño gracias a los votos que llegaron del extranjero. Fue en la circunscripción de Madrid y lo ganó el PP a costa del PSOE. Pero ahora quieren hacernos creer que el Gobierno cuenta con un plan siniestro para aumentar sus votos con esa supuesta cantera exterior. No tienen pruebas. 

¿Esa es la forma que tienen de defender el Estado de Derecho y las instituciones democráticas, como dicen que hacen todos los días? ¿Poner en cuestión la limpieza de un sistema electoral que ha funcionado con normalidad desde 1977?

Dignidad

León XIV finalizó el viernes en Tenerife una visita a España que ha ofrecido todo tipo de imágenes. Algunas han sido las habituales en los viajes de todos los papas con misas multitudinarias en Madrid, Barcelona y Canarias. Otras han interpelado a toda la sociedad con sus mensajes sobre la inmigración y la responsabilidad que tienen los cristianos ante ella. “La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar la frontera”, dijo en Arguineguín, el puerto donde han llegado tantos cayucos. En su discurso en el Congreso, recordó a los políticos que los extranjeros que viven en España deben contar con “posibilidades reales de integración”. Esa integración –que es gradual y que está condicionada por múltiples aspectos económicos– es imposible si no cuentan con papeles que legalicen su vida ante las autoridades. Sin ellos, están expuestos a la marginalidad y los abusos. Y todos salimos perdiendo, no sólo ellos.

Frente a los que como Díaz Ayuso dicen que la regularización aprobada por el Gobierno es una forma de “importar pobreza masiva”, el Papa ha dicho que no hay alternativa a la decisión de concederles los medios para que puedan vivir su vida con dignidad. Esa es una palabra que ha repetido una y otra vez. 

En la última etapa de su viaje en Tenerife, ha visitado el centro de acogida de Las Raíces por donde han pasado cerca de 70.000 personas desde 2021. Ha tenido gestos de humanidad con los niños que son hijos de esos migrantes. Ha escuchado a una mujer que llegó a Canarias jugándose la vida en el mar decir algo que todos debemos tener presente: “No pedimos privilegios ni compasión, sino respeto y la oportunidad de vivir con dignidad”.

Voy a comenzar el boletín de este domingo con unas palabras de Emiliano García-Page. No es que el presidente de Castilla La Mancha tenga un olfato político bien calibrado, pero estas frases no están mal tiradas. “En España tenemos la mala costumbre de pensar que la gente mala es lista. Pues no, también hay corruptos tontos y torpes. Esta es una”, dijo esta semana al hablar de Leire Díez, la espía tonta que el PSOE, a través de Santos Cerdán, financió para que buscara trapos sucios de jueces, fiscales y policías. 

Con Page, es fácil encontrar frases que confirman que ha comprado la mayor parte del mensaje de la derecha. En esa misma entrevista, dice que se deberían haber celebrado elecciones anticipadas hace un año y que ya es imposible gobernar, porque “el poder lo tiene Puigdemont”. Claro que sí. Por eso, sigue viviendo de alquiler en Bélgica y su partido se va consumiendo en los sondeos.

Volviendo a Leire Díez y lo que se ha sabido esta semana, tenemos una nueva víctima política a la que se podría añadir a su jefe, que resulta que es el ministro de Interior. Se trata de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, de la que Marlaska dijo antes que no se había reunido con Díez. Eso ha quedado viejo. El informe de la UCO describe tres contactos entre ambas. El ministro ha pasado a decir que “no tuvo con Leire ninguna conversación relativa a la trama”. Entonces, ¿de qué hablaron? La nueva versión es que Díez le pidió que echara un cable al comandante Rubén Villalba, que estaba implicado en el caso Koldo, y que en ese momento González puso fin al encuentro y no hubo más relación. 

Este tipo de situaciones ponen a prueba la paciencia de los votantes y eso en política nunca acaba bien. ¿Por qué no se contó toda la verdad desde el principio? La respuesta es sencilla: porque sabían que eso daría mala imagen y regalaría argumentos al rival político. O porque se estaba intentando ocultar algo. Al final, las consecuencias son peores. Una investigación revela hechos que podrían ser sospechosos o no muy relevantes, pero, como no fuiste honesto desde el primer momento, ahora lo tienes más difícil para que te crean. 

También podrías llegar a la conclusión, aunque creas que no hay indicios de delito en esa situación, de que alguien tiene que pagar con el puesto al asumir las consecuencias políticas de esos actos. No siempre es justo, pero la política dista mucho de ser justa cuando vuelan las sospechas. Necesitas poner a alguien que no tenga ninguna relación con los hechos y que por tanto esté libre de toda culpa, real o potencial. 

No va a ocurrir nada de eso. Es más fácil que Donald Trump o el Papa tengan que dimitir a que lo haga Marlaska. Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo al ministro y a la directora de la Guardia Civil. En resumidas cuentas, el marrón se lo comerá entero Moncloa. Y luego se quejarán. 

Ya no se puede negar que un grupo de personajes lamentables se dedicaba a intentar desacreditar las investigaciones policiales y judiciales que podían perjudicar al Gobierno. ¿Con qué nivel de apoyo político? Los informes policiales indican que recibían dinero de Santos Cerdán cuando era secretario de Organización del PSOE. Los socialistas pueden decir ahora que ya no tienen ninguna relación con él y que se busque la vida en las causas judiciales que le atañen. Vale, de acuerdo, pero Cerdán era quien dirigía el partido desde Ferraz, por decisión de Sánchez, y quien controlaba sus fondos. La distinción de que era Cerdán, y no el PSOE, quien hacía esos pagos a la banda de Díez es casi bizantina. No te absuelve en absoluto de tu responsabilidad política. 

Una explicación convincente la ha dado el ministro Félix Bolaños: “Es indiscutible que hay una persona que utiliza el nombre del presidente del Gobierno continuamente y probablemente lo hace para darse importancia. Pero es que el propio sumario responde a esa pregunta, porque no hay nada, absolutamente nada, que indique que el presidente del Gobierno tuviera ningún conocimiento de esto”.

No es eso lo que dice la UCO en su informe. En el estilo habitual de estos agentes, donde se mezclan los hechos, las deducciones y el uso frecuente del condicional, escriben que “lo que se evidenciaría del contenido de los mensajes anteriores es el conocimiento por parte del presidente del Gobierno de la actividad que venía desarrollando la propia Leire”. Y con eso el diario ABC ya tenía hecho el titular: “La UCO sostiene que Pedro Sánchez conocía el trabajo de las cloacas del PSOE”.

Sánchez confirmó el viernes que no sabía nada de las maniobras de Díez: “Ni lo avalé ni tuve información. Nunca lo hubiera tolerado”. 

El Partido Popular afirma que estamos ante el escándalo más grave de la democracia, como si hubiera pocos. Mientras tanto, se celebra en la Audiencia Nacional el juicio de la Kitchen donde no encontrarás a una exmilitante y exconcejal del PP con delirios de grandeza. En el banquillo de los acusados están: un ministro (Fernández Díaz), un secretario de Estado (Martínez), un director operativo de la policía (Pino), el célebre comisario Villarejo, el comisario Gómez Gordo que fue también cargo de confianza de Cospedal, el comisario y jefe de la UDEF Martín Blas, el comisario Olivera que había sido jefe de la UDEF, el inspector jefe Fuentes Gago, mano derecha de Pino, y el inspector jefe Díez Sevillano, también colaborador de Pino. Toda la plana mayor del Ministerio de Interior del Gobierno de Rajoy. Si eso no es una conspiración, ya casi no se puede utilizar esa palabra.

Desde luego, Rajoy dice que no sabía nada de lo que pasaba en ese Ministerio ni de lo que había hecho su tesorero, Luis Bárcenas, de la misma forma que Aznar no sabía nada de la Gürtel. Pero el PP está convencido de que Sánchez lo sabía todo de Ábalos, Koldo, Cerdán y Leire. Y que algún juez le llamará a declarar como imputado más pronto que tarde.

Cada uno puede valorar la credibilidad de los indicios conocidos del caso Leire. Lo que no puede hacer es restar gravedad a las acusaciones sobre las maniobras de Leire Díez pagadas con fondos del PSOE porque los de antes hacían lo mismo, pero mejor y con tipos con más experiencia en el ramo.

Un delirio judicial

A las acusaciones populares, incluidas las del PP y Vox, en el juicio de David Sánchez no les vino muy bien el testimonio de los tres directores que han dirigido los dos conservatorios de Badajoz en los últimos años sobre la conducta profesional del hermano del presidente del Gobierno. Así que han doblado su petición de pena, de tres a seis años de prisión. Intentan aprovecharse del testimonio del teniente coronel Antonio Balas, que una vez más se explayó con sus deducciones y su teoría de que si hay una jerarquía de mando en una institución, y las hay en todas, el de arriba tuvo que cometer todos los delitos que se están juzgando. ¿Qué pruebas tiene para afirmarlo? No necesita ninguna. Le preguntaron por el resto de acusados. Dijo que no sabía nada de ellos, como escribí en el artículo del jueves. Él estaba ahí sólo por David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo.

El juicio de Sánchez es un puro dislate. Es un agravio comparativo con los casos de enchufes o nepotismo que han pasado por los tribunales. Ignacio Escolar recuerda uno muy conocido, el de José Luis Baltar, presidente de la Diputación de Ourense desde 1990 a 2012. Colocó de forma ilegal a 104 personas en nómina, la mayoría familiares y cargos vinculados al PP. Nunca le pidieron pena de prisión y solo fue condenado, cuando ya estaba fuera de la política, a nueve años de inhabilitación. 

El que pueda pedir seis años de prisión al hermano de Pedro Sánchez, que lo pida.

A tope con los fetos y que les den a los niños

Todas las veces que he estado en la Asamblea de Madrid en épocas de calor, la temperatura era gélida. No me hubiera sorprendido ver a un oso polar siguiendo una rueda de prensa con el boli y el cuaderno sintiéndose como en casa. Cuando en plena crisis energética por la invasión de Ucrania el Gobierno de Sánchez impuso una temperatura mínima de 24 grados en los edificios de la Administración, en la Asamblea pasaron del tema y puede que hasta bajaran el termostato.

Por eso, resulta grotesco que un consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se riera de la petición de acelerar la instalación de equipos de aire acondicionado en los colegios. Mariano de Paco dijo que el calor puede ser “fuente de inspiración” y que él fue al colegio en Murcia, que allí hacía mucho calor “y aquí estoy y no pasa absolutamente nada”. Que vayan los niños en manga corta, dijo, como hace con su hijo. Se creerá que lo normal es que estén a 30 grados en las aulas con un plumífero.

Puedes estar seguro de una cosa. Todos los políticos que restan importancia al tema de calor tienen puesto el aire acondicionado en sus despachos. Nunca prescindirán de él. Para los demás, ya se verá, y si son niños, que les den.

Lo curioso es que momentos antes Ayuso defendió su medida de considerar al embrión como parte de la unidad familiar con vistas a las ayudas sociales. “Cada vida importa desde el primer suspiro”, dijo, y por eso “estamos legislando para el no nacido que está en camino”. Ya lo decía George Carlin en una de sus actuaciones: “Los conservadores son de lo que no hay. Harían cualquier cosa por el no nacido, pero una vez que has nacido, te buscas la vida. Los conservadores están obsesionados con el feto desde la concepción hasta los nueve meses. Después de eso, no quieren saber nada de ti”. 

Arrancó el juicio a David Sánchez en Badajoz y con él se ha producido una imagen que sirve de ejemplo de los tiempos políticos que vivimos. Aparecen todos los abogados que representan a las acusaciones populares en el juicio al hermano de Pedro Sánchez. Por este orden de derecha a izquierda: Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Vox, Liberum, Iustitia Europa y el PP. ¿Abogados Cristianos? Sí, parece ser que la concesión de una plaza a David Sánchez por la Diputación de Badajoz ofende a Dios y cuestiona los principios de la Iglesia Católica Apostólica Romana en materia de contratación de músicos.

Además del PP y Vox, ahí están todas las organizaciones de extrema derecha que han convertido las instrucciones judiciales en un campo de batalla contra el Gobierno y que emplean su acceso al sumario como herramienta de combate. Presentan querellas a todo lo que se mueve pillando unos recortes periodísticos con titulares escandalosos. Ese tipo de cosas que ponen al juez Peinado como una moto. A su vez, los indicios que surgen en el sumario se convierten en titulares periodísticos que dejan claro que el Gobierno es culpable de haber montado una red corrupta.

Por cierto, en la instrucción del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, el juez ha puesto al PP al frente de las acusaciones populares. Es lógico al tener una mayor representatividad social, pero los argumentos tienen su gracia. Afirma que el PP “presenta una más relevante implantación institucional, que evidencia una mayor capacidad de proyección del interés general en el marco del proceso penal”. Ja, interés general. El PP se ha personado en ese juicio por un interés muy particular, conseguir que esa investigación sirva para tumbar al Gobierno (de la misma forma que el PSOE está personado en el juicio de Kitchen). ¿Quiénes son los demás integrantes de la acusación popular? La banda de costumbre: Vox, Hazte Oír, Manos Limpias y Iustitia Europa, con el añadido de Ciudadanos, que resulta que aún existe.

Han sido varias las ocasiones en que el Tribunal Supremo ha dictaminado que entregar artículos periodísticos que no incluyen documentos reales no es motivo suficiente para iniciar acciones legales. En el caso de una querella de Manos Limpias en 2025, los magistrados destacaron que no les corresponde “bucear dentro de la noticia para averiguar qué apartado o qué conducta concreta resulta reprochable a la concreta sensibilidad del querellante”. La Sala de lo Penal alertó de que se estaba poniendo en marcha un “ejercicio irracional y abusivo del derecho de acceso a los tribunales”.

No todos los casos judiciales con impacto político son como el de Begoña Gómez. No lo fue con la investigación que llevó a juicio a José Luis Ábalos y Koldo García y que ahora espera sentencia. Tampoco el que afecta también a Santos Cerdán en la Audiencia Nacional. Acaba de desencadenarse el caso que implica a José Luis Rodríguez Zapatero al que las portadas de algunos medios y el Partido Popular ya han declarado culpable. Esta semana, la UCO pasó todo un día en la sede de Ferraz investigando la presunta trama con la que se pagó a Leire Díez para que desacreditara junto a otras personas las investigaciones que pudieran perjudicar al PSOE, donde vuelve a aparecer Cerdán. 

Ese caso ya ha producido la imputación de la gerente del partido a la que Pedro Sánchez se ha apresurado a apoyar. Lo mismo que hizo inicialmente con Ábalos y Cerdán. Además, se permitió alguna broma sobre la exigencia de la oposición –y de García Page– de que convoque elecciones. La presencia policial en la sede de Ferraz no le suscitó ningún reconocimiento de culpa, más allá de la promesa recurrente de colaborar con la justicia. Cuando la Policía registró la sede del PP en la calle Génova, el PSOE se mostró mucho más enfurecido. Ni creyó a Rajoy cuando dijo que “todas las contrataciones de esta casa se han hecho en el marco de la legalidad, todas sin excepción figuran en el Tribunal de Cuentas”. No fue muy distinto a lo que ahora ha dicho el PSOE. 

Los socios de los socialistas empiezan a dar muestras de estar hartos. No les vale con la idea de resistir a cualquier precio que se escucha en Moncloa. Exigen que se den explicaciones con la ventaja que da el hecho de que ellos no tienen que explicar nada. No fueron ellos los que dieron tanto poder a Ábalos y Cerdán. “La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país, venga de donde venga, ni es que los expresidentes del Gobierno, se llamen como se llamen, hagan lo que estamos viendo presuntamente que parece que todos hacen”, ha dicho Yolanda Díaz. “El PSOE se lo está tomando un poco a broma y es algo que es serio, hay un clima de preocupación evidente y menospreciarlo es un error grave”, criticó Aina Díaz. 

El PSOE prefiere apostarlo todo a la teoría de la campaña orquestada para derribar al Gobierno, aún más en una semana en la que José María Aznar ha reiterado su mandato de “el que pueda hacer, que haga”. “Se redactan sumarios que podrían presentarse al Premio Planeta”, ha dicho Óscar López. “Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente”, ha denunciado Óscar Puente, que ha grabado un vídeo de diez minutos para responder a las alegaciones contenidas en el informe de la UDEF y en noticias de medios sobre el caso de Zapatero que afectan a su Ministerio.

Esta última iniciativa es correcta. Dar información detallada sobre acusaciones concretas. Las denuncias genéricas sobre posibles connivencias entre políticos y jueces tienen menos peso. Habrá votantes socialistas que las acepten y otros que no, y los segundos pueden ser muchos. Al menos al PP no le sirvió de mucho esa estrategia con la Gürtel. En especial, cuando las versiones iniciales sobre una investigación quedan cuestionadas por ciertos hechos. Leire Díez sigue siendo un personaje lamentable y hasta risible, pero si el PSOE le pagó dinero para sus maniobras de dudosa legalidad va a tener que pagar el precio político correspondiente. Si el PSOE pensaba que había amortizado el desgaste por haber tenido a alguien como Cerdán al frente de la gestión del partido, estaba muy equivocado. Y eso no se soluciona con frases graciosas sobre el Premio Planeta.

Algo parecido ocurre con Zapatero. Es lógico que Sánchez siga creyendo en la inocencia del expresidente. Pero políticamente queda a merced de lo que salga de un sumario al que le quedan muchos años de vida. Ya se sabe que hay claras contradicciones entre lo que dijo Zapatero en su comparecencia en el Senado y en una entrevista en Onda Cero con la realidad que reflejan las comunicaciones de directivos de Plus Ultra y los fondos recibidos por él y la empresa de sus hijas.

En el fondo del asunto, se encuentra un rescate en el que se realizaron los controles habituales por la SEPI. No se encuentran pruebas sobre una intervención directa de Zapatero en favor de la compañía aérea. Persiste la duda de saber por qué esos directivos estaban convencidos de que tenían asegurado el apoyo de “nuestro pana Zapatero” y por qué pagaron a su amigo, Julio Martínez. Otro elemento intrigante es cómo pudo el contenido del teléfono móvil del mayor accionista de Plus Ultra ser clonado en 2021 en el aeropuerto de Miami y cómo pudo aparecer cinco años después en una investigación realizada en España. Si se aseguró la cadena de custodia de esas pruebas, si fueron manipuladas o si hubo una intencionalidad política en el envío de esas pruebas por el Departamento de Seguridad Interior de EEUU, que no es un organismo judicial, sino del poder ejecutivo. 

Si el plato principal del caso de Zapatero está por cocinar, se puede decir que la guarnición mediática desborda toda la mesa. Recordaréis que se condenó a un fiscal general porque el Tribunal Supremo se creyó la versión de que se había filtrado el contenido de una conversación del abogado del novio de Ayuso con un fiscal y que eso vulneraba el derecho de defensa. Ahora el contenido del sumario de la investigación a Zapatero, como el de otros casos, tarda solo unas pocas horas en llegar a todos los medios, que informan tanto de los hechos más sólidos como de cuestiones laterales. La intención es acabar con la credibilidad del acusado y que la opinión pública decida que ya es culpable. Y ni siquiera ha declarado aún ante el juez. 

Los titulares y los comentarios en los medios cuentan con un papel público relevante que no se puede desdeñar. Todo lo que aparece en el informe policial sobre Zapatero incluye elementos sólidos y otros que de momento no es posible apreciar su solvencia, además de algunos que son poco relevantes, pero que dan mala imagen. Cada uno elige los que quiere. Lo mismo en el caso de las maniobras de Leire Díez. No se pueden esconder en un cajón ni considerar absurdo que se investiguen. Lo que ya no es de recibo es la manipulación. 

Esta semana, ha tenido lugar un momento decisivo en el juicio de la Kitchen: la declaración del exministro Jorge Fernández Díaz y su entonces secretario de Estado, Francisco Martínez. Afirmar, como ha hecho Antonio Ferreras en La Sexta, que hay una “Kitchen del PSOE” es una manipulación. La frase: “Tenemos un pacto de honestidad con los espectadores y vamos a contar tanto la Kitchen del PP como la Kitchen del PSOE”.

Por lo que se conoce hoy, no se puede comparar el intento infructuoso de Díez y sus colaboradores ayudados por Cerdán con una conspiración en la que intervinieron, según la acusación en el juicio, un ministro, su número dos y buena parte de la cúpula policial del Ministerio. Ojo, lo primero puede ser delito, aunque no sirviera para nada. Lo de Kitchen está a una escala superior y varios de sus delitos, como toda la operación para desacreditar a Podemos con pruebas falsas, ni han llegado a juicio. De hecho, La Sexta Columna le dedicó su programa del viernes, así que saben de lo que están hablando.

Sobre la declaración de Fernández Díaz de esta semana, ya escribí un artículo en el que detallé todas sus inconsistencias y mentiras. Si alguien se juega una condena de 15 años de prisión, no es extraño que mienta. No sólo no se enteró de nada, dijo, sino que nadie en el PP le dijo que estuvieran preocupados por las pruebas que podría conservar Luis Bárcenas. Bueno, qué se puede esperar de alguien que ese mismo día publicó un artículo en La Razón denunciando que España vive “una situación inaudita” con tantos casos de corrupción. Hay pocas cosas más inauditas que ver a un exministro de Interior rodeado de comisarios en el banquillo donde se suelen sentar los delincuentes. Van a tener que echarle mucho valor los jueces si quieren absolver a un tipo con tanta jeta.

Ahora que se habla tanto de los lobbies y del delito de tráfico de influencias convendría echar un vistazo al cementerio del Congreso de los Diputados. No es exactamente un lugar lleno de tumbas y cruces emplazado en el sótano del edificio. Es una forma de referirse a todos los proyectos de ley que permanecen encerrados en un limbo político sin poder avanzar en su tramitación parlamentaria. Básicamente, por falta de acuerdo. Por ejemplo, es lo que ha pasado en varias legislaturas con la reforma de la ley de secretos oficiales. Cuando acaba la legislatura y se convocan elecciones, a todos esos proyectos se les extiende un certificado de fallecimiento. Se dice en esos casos que el proyecto o proposición de ley ha decaído. No ha vivido lo suficiente como para ser aprobado o lo han dejado morir. 

El Gobierno presentó en enero de 2025 el proyecto de ley de “transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés”, lo que vienen a ser los lobbies. En marzo se produjo el debate de las enmiendas a la totalidad. Sólo hubo una de Vox que fue rechazada por 32 votos a favor, 177 en contra y 136 abstenciones (estas últimas del Partido Popular). Ya se había iniciado antes el periodo de presentación de enmiendas al proyecto. Luego se renovó. Una vez. Dos veces. Tres. Así hasta veinte en septiembre de 2025. A partir de esa fecha, en la Comisión de Hacienda se comenzó a discutir el articulado para elaborar la ponencia, que es el resultado de todo ese trabajo legislativo. 

Cabe la posibilidad de que en las próximas semanas ese proyecto de ley reanude su camino. Es lógico que los grupos promotores de un proyecto esperen a tener amarrados los apoyos para no jugárselo todo al final en la votación. Como ha ocurrido con otros temas, y a expensas de lo que haga el PP, todo depende de que Junts esté dispuesta a votar a favor a cambio de la aprobación de algunas enmiendas. El grupo catalán ya ha dicho en público que no están por la labor de aprobar ningún proyecto de ley del Gobierno. Quizá hagan una excepción con este después de que se haya desencadenado el caso Zapatero.

Una ley que ponga límites al trabajo de los lobbies no garantizará por sí sola que no se produzcan delitos como el de tráfico de influencias o cualquier otro, pero ayudará a establecer unas reglas del juego que obligarán a todos. Sacará a la luz algo como es la relación entre empresas y funcionarios o altos cargos que sabemos que existe y que no se puede negar que continuará existiendo. No aprobar esa ley es el equivalente a mirar a otro lado y fingir que todo está bien a menos que alguien viole un artículo del Código Penal. 

El Gobierno y los partidos políticos tienen ahora otras prioridades y la mayoría tienen que ver con la imputación de Zapatero. La noticia ha provocado un impacto brutal en la política, aunque la instrucción del caso en la Audiencia Nacional no ha hecho más que empezar. El sumario ha estado declarado secreto durante unos dos años, pero es ahora cuando arranca de verdad al hacerse público que el expresidente tendrá que declarar como imputado el 2 de junio. “Hoy me decían en el PSOE que no es lo mismo que un novio te engañe a que te engañe el amor de tu vida”, dijo hace unos días Esther Palomera en Hora 25. En esas están ahora los socialistas. “El Zapatero que conocemos es incompatible con las acusaciones que aparecen en ese auto”, dijo Patxi López el viernes. Lo conocían como líder del PSOE y presidente del Gobierno, además de todo el apoyo que dio a las campañas de su partido como expresidente. Lo que no podían conocer eran sus actividades económicas privadas. 

Zapatero representaba a la parte del viejo PSOE que no había abandonado a Sánchez. No sólo eso. Se convirtió en su principal apoyo interno, el hombre al que siempre se podía recurrir en las campañas electorales difíciles. Tuvo un papel básico en la campaña de 2023 con la misión de movilizar a los votantes socialistas que podían tener dudas sobre el futuro. Todo eso suponía obviar el fin dramático de su Gobierno, hundido por la crisis económica. Era mucho mejor recordar las leyes sobre avances sociales que Sánchez había querido continuar. 

Todos se preguntan el alcance de las acusaciones contra Zapatero. Bueno, no todos. El PP, El Mundo y ABC ya lo han declarado culpable. El auto del juez cuenta con 85 páginas, una extensión que no es necesaria para justificar que se llame a alguien a declarar como imputado. El juez José Luis Calama es consciente de las consecuencias políticas de convocar a un expresidente del Gobierno. Por eso, se ha extendido en el auto incluyendo lo que se supone que es todo lo que tiene contra Zapatero en la parte de la investigación ya realizada. 

No se puede negar la evidencia. La decisión de llamarle a declarar está justificada por los indicios acumulados. Incluyen mensajes de personas que daban por hecho que Zapatero les iba a ayudar a conseguir el rescate de Plus Ultra. En el reparto de la trama, figura con un papel protagonista Julio Martínez, amigo personal suyo y quien le contrató. No aparece ningún mensaje del expresidente. Otros indicios son los pagos recibidos por Zapatero y sus hijas. Los segundos son especialmente difíciles de justificar. Pero no es posible detectar ninguna gestión concreta del político leonés hecha ante la Administración que hiciera posible el rescate.

El juez sugiere que esas ayudas públicas no estaban justificadas por las pequeñas dimensiones de la compañía aérea (sólo tenía cuatro aviones). Pero esas ayudas estaban previstas para todo el sector aéreo durante la pandemia y Plus Ultra tenía derecho a solicitarlas. La derecha lleva años insinuando que el rescate de Air Europa también se llevó a cabo de forma ilegal. No han demostrado nada. La compañía ha devuelto esos créditos y hoy es la tercera línea aérea española con un nivel de beneficios casi idéntico al de la segunda (Vueling). No es el caso de Plus Ultra, que sólo ha devuelto hasta ahora los intereses de un préstamo de 53 millones. 

Es cierto que hay agujeros en el auto de Calama. Algunos indicios no son muy sólidos, como una reunión de Zapatero en 2020 con José Luis Escrivá, entonces ministro de Seguridad Social, hoy gobernador del Banco de España. Fuentes cercanas a Escrivá han dicho que no se habló del rescate de Plus Ultra en ese encuentro que por lo demás no fue solicitado por el expresidente. La sospecha, es decir, la razón por la que el juez lo menciona en el auto, es que la empresa arrastraba una deuda de casi medio millón con la Seguridad Social. Ahí hay que precisar que sí estaba al corriente de pago, aunque eso incluyera un aplazamiento de los pagos por la deuda, como es habitual en el caso de las empresas en crisis (y Plus Ultra lo estaba antes de la pandemia). 

Lo mismo se podría decir de la supuesta creación de una empresa en Dubái para canalizar los pagos de las comisiones por el rescate. Es algo citado por el juez, pero no incluye en el auto ningún indicio claro de que Zapatero ordenara poner en marcha esa empresa, más allá de una referencia a una comida de él con Julio Martínez. 

Estas y otras cuestiones no se pueden obviar al analizar el auto. Tanto las que podrían incriminar a Zapatero, como las que ponen en cuestión elementos esenciales del documento. Por encima de todas ellas está la presunción de inocencia, esencial en el sistema judicial. Al menos, es lo que decía un tal Feijóo en Galicia en 2012 y también en 2013. Sostenía que era “perfectamente compatible” con la acción judicial. 

La agonía de Zapatero –no hay otra palabra para describir su situación– será larga. La instrucción puede prolongarse durante años, aún más si todo culmina en un juicio. ¿Para cuándo? El abogado José María de Pablo ha puesto algunos ejemplos. El juicio de la pieza 2 del caso Lezo comenzará en octubre. La investigación se inició en 2016 sobre hechos ocurridos entre 2003 y 2008. El juicio del caso Gowex será en diciembre y los hechos juzgados se produjeron hasta 2013.

En el plano político, la presunción de inocencia no funciona de la misma manera. No hay forma de que el Gobierno dé la vuelta a la sensación de que está sitiado y paralizado por los acontecimientos. En privado, los socialistas no esconden que se encuentran en el peor momento posible, uno del que no saben cómo salir. Al igual que hace un año, el objetivo parece ser llegar cojeando al verano a la espera de que amaine la tormenta. Junio no les va a dar tregua. Se espera para entonces la sentencia de Ábalos y Koldo, el inicio del juicio del hermano de Pedro Sánchez y nuevas revelaciones sobre Zapatero. Hace una semana, su prioridad era encajar el golpe de las elecciones andaluzas. Han pasado siete días y parece que han sido siete meses.

La noticia ha pasado desapercibida esta semana. Se ha sabido que la Guardia Civil ha detenido a los miembros de una banda que se dedicaba a robar en oficinas de correos y comercios en Extremadura. Uno de ellos fue ese robo que hizo que María Guardiola perdiera la cabeza en la campaña de las últimas elecciones. “Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos”, dijo la actual presidenta poniendo cara de enajenada como si un pucherazo estuviera a punto de arrebatarle la victoria. El único fraude que hubo es el que protagonizó ella con una acusación carente de pruebas que Alberto Núñez Feijóo tuvo a bien corroborar.

En Andalucía, el PP no cree que tenga que recurrir a estos trucos sucios para revalidar el Gobierno de Juanma Moreno en las elecciones que se celebran hoy. Si exceptuamos esos carteles sin firma que piden la vuelta de Susana Díaz y cuya autoría los socialistas adjudican al PP. Poca cosa comparado con lo que nos tiene acostumbrados la política actual. Moreno piensa que tiene la mayoría absoluta al alcance de la mano, pero no la tiene asegurada. A pesar de que afirma que su gestión ha sido excelente, los sondeos le dan en torno al mismo porcentaje de votos que en los anteriores comicios. Lo que quiere decir que esa mayoría depende más de los votos que saquen los demás partidos.

La campaña de Moreno, por aquello de su interés en presentarse como un tipo simpático, incluyó una visita a la ganadería cordobesa en la que estuvo en 2018 y también en 2022. Allí se fotografió con una gran vaca que estos días terminó convertida en la vaca de Schrödinger. Estaba viva y muerta al mismo tiempo. El PP creía que aún vivía, lo que revelaba un cierto desconocimiento de la esperanza de vida del ganado vacuno. No era el caso, pero pudo fotografiarse con su nieta, que ha continuado la tradición familiar de dar leche en grandes cantidades.

A pesar de tener los habituales colores blanco y negro, Moreno dijo que le recordaba a la “bandera blanquiverde”. Son las cosas que tiene que decir un urbanita que se ha dedicado toda su vida a la política para aparentar que el campo le tira mucho. Dadme una vaca y os prometo el mundo.

Llama la atención lo poco que se han movido las encuestas durante la campaña con respecto a las semanas anteriores. El PP obtuvo un 43,1% y 58 escaños en 2022. Ese mismo resultado o unas décimas menos podría dejarle ahora sin la mayoría absoluta (55). Todo puede reducirse a unos pocos miles de votos, quizá centenares, en el último escaño en disputa en las provincias de Almería, Cádiz, Sevilla y Granada. El posible ascenso de Adelante Andalucía y Por Andalucía en algunas de esas circunscripciones es lo que podría dejar al PP sin su objetivo. 

Los cálculos del PSOE se mueven en relación a una cifra, los 580.000 andaluces que apoyaron a Pedro Sánchez en las elecciones de 2023, pero que no votaron un año antes en las autonómicas. Esa era la principal misión que tenía María Jesús Montero como candidata y no hay ninguna encuesta que prevea que esté cerca de conseguirla. 

¿Por dónde falla la estrategia socialista? Frente a los que piensan que el impulso en las generales existió gracias a Sánchez, otros creen que se debió a la animadversión que suscitó el estilo de Feijóo y Abascal. “Pero en Andalucía no existe ese perfil beligerante. Moreno no despierta ni el rechazo ni la reacción visceral del votante socialista”, explica Daniel Cela. 

Ahí es donde entraría lo que aporte un candidato socialista para responder a ese punto de vista. En un error muy habitual en el PSOE, Moncloa decidió exportar ministros a las candidaturas autonómicas. Con el problema de que los elegidos siguen en el Gobierno hasta que se convocan elecciones. Ser candidato no es un trabajo a tiempo parcial ni algo para lo que es suficiente con dedicarte a ello en los dos últimos meses. Lo que no funcionó con Pilar Alegría, no va a servir con Montero. Lo mismo se podrá decir a buen seguro de Diana Morant y Óscar López. 

Montero ha sido además ministra de Hacienda, lo que en cierto sentido supone un agravante. Con el tema de la financiación autonómica aún pendiente, es una víctima propiciatoria para las comunidades autónomas. Se da la curiosa circunstancia de que todas dicen verse perjudicadas por el sistema en vigor sin que parezca que nadie sale beneficiado. Es un misterio de las matemáticas. El PP lo tiene claro. La culpa es de los catalanes o de los favores que el Gobierno concede a Catalunya. 

Esta campaña ha ofrecido varios ejemplos. “A María Jesús Montero le deben dar la Cruz de Sant Jordi por sus favores a los separatistas”, dijo Moreno el 4 de mayo. “Un andaluz vale menos en términos de financiación que un vasco o un catalán”, afirmó a finales de abril. “Usted sería una magnífica candidata en Cataluña”, le respondió a Montero en un debate de la campaña. Es lo mismo que hizo Azcón en Aragón. Echar la culpa a los catalanes es algo que da votos en varios puntos de España. Al menos, eso es lo que cree el PP.

El lunes, se verá si la estrategia de Moreno ha tenido éxito. En caso de necesitar a Vox para gobernar, tendrá que cambiar de discurso. De entrada, desdeña el eslogan xenófobo de la extrema derecha. “La prioridad nacional es un eslogan efectista en términos electorales. Pero es una frase hueca porque las leyes orgánicas están por encima de cualquier otra cosa”, dijo en una entrevista con este diario. Guardiola y Azcón ya han hecho todo lo posible para encajarlo en su programa de gobierno. En otras ocasiones, se ha mostrado más tajante: “Un Gobierno con Vox es un Gobierno imposible”. 

Conviene ser escéptico ante estas palabras. Todo lo que es imposible en una campaña electoral se torna en perfectamente viable el día después de las votaciones. Al final, lo que cuenta no es lo que diga tu vaca favorita, sino lo que eligen los votantes.  

Una cifra que olvidamos

735 personas fallecieron en accidentes laborales en 2025, una media de dos cada día. Esta es una cifra que no aparece con mucha frecuencia en los titulares, excepto en el caso de los siniestros más graves. El hecho de que el número anual fuera mayor en décadas anteriores no es ningún consuelo. En los tres primeros meses de este año, la cifra de muertos es 180, un poco superior al mismo periodo del año pasado. 

Libros

¿Quién es Ayuso? A veces, tenemos demasiada información sobre lo que dice la presidenta de Madrid. Por eso mismo es conveniente conocer lo que ella no está tan interesada en que se sepa. David Fernández escribe una biografía crítica (Libros del K.O.) con toda su trayectoria. A pesar de que presume de que ha llegado arriba con su esfuerzo, lo cierto es que su ascenso al poder fue una improbable pasarela que no hubiera sido posible sin la ayuda de Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y Pablo Casado. “Hay una frase que me dijo una persona muy bien informada: 'Isabel va a estar mandando y puede llegar a presidenta del Gobierno mientras contente a los poderes económicos del país'. Cifuentes contaba que sus problemas empezaron cuando no le aprobó la universidad a Planeta y aplazó los pagos del grupo Quirón. Ayuso estaba en ese Gobierno y sabía cómo había pasado todo eso”, ha dicho Fernández.

¿Quién manda en España? Serán los que ganan las elecciones, ¿no? No del todo. También están los funcionarios que ocupan los puestos de juristas en las Administraciones del Estado, los que mejor conocen las leyes y que acaban muchas veces en la empresa privada con sueldos considerablemente superiores. Rafael Méndez explica hasta dónde llega su poder en 'Los dueños del Estado'. “Los abogados del Estado son los que desde el corazón mismo de la maquinaria del Estado informan sobre las leyes y los reglamentos, los que conocen quién sabe qué y a quién llamar, qué tecla hay que tocar para afinar un proyecto o para hacerlo descarrilar, cuáles son los agujeros negros que siempre quedan en las leyes y cómo sortearlas. Por eso son el Poder”, ha escrito Méndez.

Sólo a Isabel Díaz Ayuso se le puede ocurrir viajar a México con la misión de hacer de superfán de Hernán Cortés, de vender a Malinche como gran símbolo de la hermandad de ambos países, y acabar teniendo que cancelar la visita antes de tiempo porque se ha convertido en el invitado repelente al que todo le parece horrible. Su estrategia habitual ha pinchado. Lo de aparecer en primer lugar en calidad de agresora sin complejos para pasar después a presentarse como mártir y víctima de la mala fe de sus enemigos es un truco habitual que sólo funciona cuando un grupo numeroso de medios de comunicación compra cada uno de los dos disfraces con la misma fe.

Lo primero que debe saber un político es que es esencial conocer la audiencia a la que se dirige. El discurso que dice que España llevó la civilización a América puede ser efectivo en los ambientes en que predomina el nacionalismo español y el orgullo por las glorias imperiales del pasado. En México, uno de los países más nacionalistas de Latinoamérica, y mira que allí el listón está alto, muy pocos van a creer que están en deuda con los extranjeros que les invadieron hace cinco siglos. Hay que estar muy fuera de la realidad para pensar algo así.

Entre países aliados o con buenas relaciones, la idea de que un político viaje al otro Estado para cargar contra un Gobierno que es bastante popular o para avisarles de que caminan hacia el desastre no es muy habitual. Digamos que es poco diplomática. Algunos pueden considerar ofensivo que una extranjera venga a decirte cómo es tu país y qué representa su historia. Ayuso había calificado antes a México de “narcodictadura”, un insulto que seguro que ofendió a todos los mexicanos que se enteraron. Ya en el país dijo que es un país que está “a dos pasos de llegar al camino de Venezuela”, otro pronóstico absurdo que por lo demás también ha hecho sobre España. 

Como es habitual en ella, tras la agresión vinieron las quejas por ser criticada. “El respeto y la amabilidad creo que están por encima de todo”, dijo para responder a las primeras críticas hechas por la presidenta Claudia Sheinbaum. La acusó de estar promoviendo la “división”, el mismo recurso que emplea en España. Primero, saca el hacha y sacude preferiblemente hacia la izquierda, y luego se pregunta por qué otros recurren a la descalificación y olvidan las buenas maneras. 

Ayuso fue a provocar con su teoría de que la conquista de América –invasión sería la palabra más correcta– fue un proceso de hermanamiento y mestizaje entre las dos orillas del Atlántico. Es un punto de vista sobre la Hispanidad que es casi idéntico al que promovió el franquismo, cuyo aislamiento internacional en sus primeras décadas hizo que se volcara con Latinoamérica. 

Esa interpretación de la historia ignora la violencia de la conquista, la desaparición de pueblos enteros víctima de las enfermedades traídas por los colonos, la extracción masiva de sus recursos naturales más valiosos, el régimen de semiesclavitud que suponía el sistema de las encomiendas y el comercio de esclavos desde África con destino a esos países. Entre otras muchas cosas. 

El motor de la conquista fue la codicia, explica el historiador Antonio Espino. Conseguir allí la prosperidad que era imposible en España. “Luego esa codicia se camufla de ideología cristiana, civilización y libertad. Pero lo que está en la base es la codicia y el deseo de enriquecerse”. 

La defensa de ese colonialismo llega al extremo de elogiar a Hernán Cortés como si fuera un héroe de la época que hay que homenajear. Ella pretendía que los mexicanos se unieran a sus halagos y esto ya es delirar hasta niveles superlativos. Y hubo tiempo también para acompañar a su amiguete Nacho Cano y extender los elogios a Malinche. “Vengo de ese Madrid en el que hay muchas malinches en el metro, en las calles y en los colegios”. La esclava y luego amante e intérprete de Cortés es un símbolo muy cuestionado en México, casi un sinónimo de traición. El término 'malinchismo' aparece descrito en el diccionario de la RAE como “actitud de quien muestra apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio”. 

Si Ayuso pensó que iba a torear con facilidad a Sheinbaum, estaba muy equivocada. La presidenta mexicana ganó las elecciones de 2024 con un 59,7% de los votos. Su principal adversaria, Xóchitl Gálvez, del partido conservador PAN, se quedó en el 27,4%. La última encuesta sitúa su popularidad en un 68%. Con ser alta, es inferior a la que disfrutaba en el primer año de su mandato. Aprovechó las declaraciones hostiles de Ayuso para enviar un recado al PAN al que acusó de desconocer la realidad del país: “Lo que trae la derecha mexicana es a una adoradora de Hernán Cortés. Qué bueno, fuera máscaras”.

Era una situación ventajosa para Sheinbaum. Cuanto más se hablara de Ayuso, menos se hablaría del caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, de Morena, el partido de la presidenta, al que el Departamento de Justicia de EEUU pretende procesar por narcotráfico. En cualquier caso, la visita de Ayuso tampoco ha interesado mucho a los medios del país. 

Cuatro gobernadores del PAN se fotografiaron con ella en la visita. La politóloga mexicana Viri Ríos cree que es incomprensible que el partido conservador haya apoyado su presencia por ser una estrategia condenada al fracaso. “La concepción de la conquista como un acto de hermandad o de Cortés como padre de lo mexicano, que Ayuso y los suyos pregonan, es prácticamente inexistente en México”, escribe en El País. Un estudio de 2025 sobre figuras históricas relacionadas con México coloca a Hernán Cortés con la puntuación más negativa. La medalla que Ayuso recibió de manos de las autoridades del Estado de Aguascalientes, gobernado por la derecha, es un ejemplo de esa ceguera, según Ríos: “Un deseo triste, casi patológico, por ser reconocido por el colonizador con la finalidad última de sacudirse la vergüenza del retraso y lo primitivo con el que se asocia a sí mismo”. 

Se suponía que el viaje iba a durar nueve días y que el motivo central era asistir a los Premios Platino que se celebran de forma alternativa en España y México. Cuentan con el apoyo económico de la Comunidad de Madrid con 450.000 euros. Estaba previsto que Ayuso subiera al escenario para dar un discurso. El ruido provocado por la visita hizo que los organizadores mexicanos decidieran retirarle la invitación “debido a sus desafortunadas declaraciones”.

Ayuso y su equipo vieron la oportunidad de dar algo de brillo a este viaje accidentado. Denunciaron el supuesto boicot de las autoridades del país y cancelaron el resto de la visita. Cuando fracasas, siempre te queda la opción de alegar que ha habido una gran conspiración. Sheinbaum había “amenazado” al evento si mantenía la invitación a Ayuso, dijeron, algo desmentido por los organizadores. En resumidas cuentas, había sido “expulsada” de México. Ante la sorpresa de nadie, Ayuso volvía a ser LA VÍCTIMA inocente de las maniobras de sus enemigos. Como pasar de ser Juana de Arco a la inocente Caperucita que cruza el bosque para llevar la comida a su abuelita. Son dos papeles que tiene muy bien aprendidos, pero en México ha fracasado con ambos. No es un país al que se pueda ir a dar lecciones sobre su propia historia. Lo mismo tienes que salir corriendo.

Dos juicios se celebran de forma simultánea. Afectan a dos gobiernos distintos, al actual de Pedro Sánchez y al anterior de Mariano Rajoy. El segundo, el de la Operación Kitchen, ha ofrecido una imagen tremenda del pasado. El juez Pablo Ruz y el policía Manuel Morocho abandonan el despacho del primero para tener una conversación. Temen que haya micrófonos ocultos en la Audiencia Nacional. “En ocasiones salíamos a la oficina judicial, fuera de su despacho, y me planteaba alguna cuestión crítica para la investigación”, explicó el inspector jefe en su declaración en el juicio de Kitchen.

Morocho, el principal investigador de la Gürtel, sospechaba que habían puesto micrófonos tanto en su despacho como en su vehículo policial para vigilar sus pasos. Ruz prefería no utilizar el ordenador de su despacho y trabajaba con un portátil. Ese era el nivel de la corrupción policial existente en los años de Rajoy. A eso hay que unir las presiones que recibió, el boicot sufrido cuando vio que los mandos ofrecían puestos a miembros de su equipo mejor remunerados para que le abandonaran y hasta ofertas a él mismo para destinos en el extranjero con mayor sueldo. Morocho no se rindió. Es lo que se espera de un policía valiente. 

En la declaración de Morocho, la presidenta del tribunal parecía estar más interesada en cortar su testimonio que en dejar que se explicara. “Estoy observando desde que empezó el interrogatorio que usted se extiende más allá de lo que le pregunta el Ministerio Fiscal. Le ruego que se limite en la respuesta a lo que le pregunte”, le dijo la jueza Teresa Palacios. Volvió a hacerlo después. La investigación de la Gürtel no se está juzgando en la Audiencia Nacional, pero Morocho se estaba refiriendo a la conducta de varios mandos policiales que están ahora mismo en el banquillo de los acusados. Lo que contaba era muy relevante para el objeto del juicio. Demostraba que esos acusados ya estaban aprovechando su influencia años atrás para interferir en investigaciones judiciales con el fin de favorecer al Partido Popular y al Gobierno de Rajoy.

Todo eso no le interesaba a Palacios. Ni siquiera quería escucharlo.

En el juicio del caso Ábalos en el Tribunal Supremo, el presidente del tribunal ha pedido a las partes que se atengan al objeto del procedimiento en algunos momentos. No muchos. Sin embargo, permitió al acusado Víctor Aldama en su interrogatorio que se explayara sobre acusaciones que no tienen nada que ver con los asuntos que han llevado al banquillo a José Luis Ábalos y Koldo García, además de Aldama. El empresario denunció que había hecho de intermediario en el pago de comisiones abonadas por constructoras a Ábalos y Koldo. Llegó a afirmar que Pedro Sánchez “estaba en el escalafón uno” de la trama y él en el cuatro sin aportar ninguna prueba sobre la supuesta implicación del presidente del Gobierno. El magistrado Andrés Martínez Arrieta no creyó conveniente decir nada. 

Arrieta tampoco intervino cuando el fiscal Alejandro Luzón hizo numerosas preguntas a Aldama sobre el rescate de Air Europa, que no es algo que se esté enjuiciando en esta vista. Eso es llamativo porque Aldama negó que hubiera alguna ilegalidad en todo ese proceso. “Es un rescate completamente legal”, dijo. La prensa de derechas y el Partido Popular llevan años insinuando que se cometieron delitos en la concesión de los créditos que salvaron a la compañía de la bancarrota durante la pandemia. Otros gobiernos europeos concedieron préstamos mucho mayores a sus principales líneas aéreas en 2020.

En el juicio, no se ha convocado a ningún testigo que haya aportado hechos que puedan hacer pensar que hubo delitos en el rescate de Air Europa. A pesar de eso, el fiscal tuvo barra libre para hacer sus preguntas, que generaron los correspondientes titulares en los medios.

Como escribí esta semana, Aldama se presentó en el Supremo con ganas de dar espectáculo y vaya si lo consiguió. Estuvo en la línea que se espera de alguien que ha sido agasajado en el programa de Iker Jiménez. En el mismo día en que tenía que declarar, se supo que había presentado un informe con el que solicitó que se le devuelva por razones de seguridad personal un coche embargado. Según su petición, se arriesga a ser secuestrado o asesinado por estar colaborando con la justicia. Sostiene que haber aportado “pruebas comprometedoras para figuras de primer nivel político le convierte en un objetivo de alta prioridad para múltiples actores con capacidad y motivación para ejercer presión, intimidación o eliminación física”. Y luego se fue al Supremo a decir que Sánchez es el líder de la trama, así que cada uno puede unir los puntos y sacar conclusiones.

Aldama no aportó ninguna prueba específica sobre sus acusaciones más allá de lo que ya contó en la fase de instrucción. Sobre esa intervención de Sánchez, no tenía nada. Contó lo que Koldo García le contó a él, algo que el asesor del ministro negó al día siguiente. No pudo presentar pruebas de esos sobornos, porque, como apuntó, no se entregan recibís cuando das dinero a una trama delictiva.

Algunos medios decidieron que era un testimonio decisivo. “Aldama inunda el Supremo de detalles demoledores sobre sobornos 'protegidos' por Sánchez y financiación ilegal del PSOE”, tituló El Mundo. Parece mentira que el Supremo quedara inundado con tan poca lluvia. Un titular de El Español destacó que Aldama era “el mejor testigo de cargo”. En El Mundo, subieron la apuesta: “Aldama desnuda a Sánchez”. Otro artículo afirmó que se había demostrado que no era un “gran farsante”, como decía el Gobierno. Se ve que algunos quieren proteger a sus fuentes. 

Todo esto no quiere decir que el Gobierno vaya a salir indemne del juicio del Tribunal Supremo. Más bien al contrario. Koldo dio unas explicaciones sobre los ingresos legales que recibió esos años que no fueron nada convincentes. Y es mucho dinero el que tiene que justificar. Según la UCO, Koldo, su mujer y su hermano ingresaron 387.000 euros en sus cuentas entre 2020 y 2022 para los que no hay explicación teniendo en cuenta sus ingresos habituales.

Su abogada le preguntó por qué tenía tanto dinero en efectivo en casa, en algunos casos hasta 12.000 o 14.000 euros, según su testimonio. Koldo respondió que procedía de los reembolsos que abonaba el PSOE por gastos adelantados cuando Ábalos era secretario de Organización del partido. Dijo que en campañas electorales hay que pagar muchos viajes, hoteles y alquileres de recintos. Eso dio lugar a un titular que perjudica al PSOE, porque Koldo dijo que a veces figuraban billetes de 500 euros en el sobre, “uno o dos al mes”, algo que el gerente del partido había negado en el juicio. En cualquier caso, esas cantidades no justifican los ingresos extra que Koldo y su familia tuvieron en ese tiempo. Por ahí, no se va a salvar. Tampoco Ábalos, que declara el lunes, cuando le pregunten por el piso que Aldama pagaba para su pareja de entonces, Jésica Rodríguez –88.000 euros en total por el alquiler– o la casa que puso a su disposición. 

El juicio del Supremo es un caso de presunta corrupción económica que afecta políticamente al actual Gobierno, porque fue Sánchez quien colocó a Ábalos en el Ministerio de Transportes y en la secretaría de Organización del PSOE. El juicio de Kitchen en la Audiencia Nacional implica a un Gobierno anterior y al Partido Popular. Como pasó con la Gürtel, el PP ya se ha desmarcado con su estrategia habitual de afirmar que todo ocurrió con la anterior dirección del partido y no hay más que hablar. Como si les hablaran de algo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial.

Cualquier violación de la ley es censurable, pero el escándalo de Kitchen refleja una degradación especialmente dramática del funcionamiento de las instituciones en una democracia. El PP de Rajoy utilizó a la cúpula policial para atacar a sus rivales políticos e intentar encubrir los delitos de la Gürtel. Años después en las comisiones de investigación del Congreso, los diputados del PP continuaban insinuando que la investigación de la UDEF estaba contaminada por ser un montaje del Ministerio de Interior del Gobierno de Zapatero, lo que llamaban el “comando Rubalcaba”. 

El testimonio de Morocho demuestra todo lo que tuvo que superar un policía honesto para hacer su trabajo. Por mucho que le moleste a la jueza Teresa Palacios, no debemos olvidarlo.

Hace tiempo, escribí que convocar a un político a una comisión de investigación en el Parlamento no te suele llevar a ninguna parte. Lo mismo si tiene que declarar como testigo en un juicio. No es que los políticos mientan siempre –no es cierto–, sino que han desarrollado una gran habilidad para no contar toda la verdad, específicamente la parte de la verdad que les perjudica políticamente. Si se trata de un juicio y hay delitos de por medio, la amnesia alcanza niveles inauditos.

Por todo ello, estaba claro que la declaración de Mariano Rajoy en el juicio del caso Kitchen iba a ser una demostración de desmemoria y cinismo. El expresidente tuvo que comparecer como testigo en las instrucciones de Gürtel y la propia Kitchen y ya demostró entonces que es capaz de negar la evidencia hasta extremos difíciles de creer. El PP nunca se financió con donaciones de empresarios no declaradas, decía. Él no tomó la decisión de reformar por entero la sede central del partido ni supo que la obra se pagó con dinero negro. El tesorero Luis Bárcenas nunca le informó de todos esos asuntos. Rajoy era el líder indiscutido del PP, pero no se engañen. Él sólo pasaba por allí. No le consultaban nada.

Con la desgana que siempre le caracterizó cuando le tocaba hablar de temas que no le gustaban, Rajoy negó los hechos conocidos, incluidos los mensajes que envió a Bárcenas y que supusieron un escándalo al aparecer en los medios de comunicación. El tesorero le pidió ayuda y él respondió en 2013: “Hacemos lo que podemos”. ¿Lo recuerda? En absoluto. Sólo le suena lo de “Luis, sé fuerte” y eso es porque lo lee todos los años en los periódicos. 

Desde luego que estaban haciendo lo que podían. Por eso se está celebrando un juicio en la Audiencia Nacional. La cúpula policial estaba intentando hacerse con los documentos de Bárcenas que podían perjudicar al Gobierno. Ya se había comportado igual haciendo de policía privada del PP al buscar pruebas que no existían contra los dirigentes de Podemos. Pero Rajoy está convencido de que todo fue legal. “Luego conocimos que hubo una operación policial cuyo objetivo era coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros”. ¿Encontrar el dinero? Fue Suiza la que aportó esa información después de que la pidiera el juez Ruz. Esa parte también la ha olvidado Rajoy.

A lo que hay que unir que la operación se realizó fuera de cualquier tipo de control judicial, por tanto, sin informar al juez que investigaba a Bárcenas, y sin ninguna intención de entregarle los resultados de la investigación. Si no hubiera sido así, ¿por qué la fiscalía pide quince años de prisión para su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz?

Con María Dolores de Cospedal, ocurrió tres cuartos de lo mismo con el agravante de que negó cosas que ella misma había dicho en sus conversaciones con Villarejo y que el policía había grabado. Sobre lo de parar “la libretita” de Bárcenas, nada. A cuenta de contratar los servicios de Villarejo, que ya dijo su marido que no se estirara con la factura porque “estamos tiesos”, nada de nada. 

Cuando fue necesario, la magistrada Teresa Palacios intervino para frenar las preguntas de la acusación popular del PSOE que consideraba que estaban fuera de la causa enjuiciada. Tampoco se puede tratar a un testigo como si fuera un acusado. Al final, Rajoy jugaba en casa. El fiscal ni siquiera se molestó en hacerle una pregunta. Sólo faltó que le pusieran en la mesa una caña y algo de picar.

En definitiva, la justicia no podrá dictaminar un balance definitivo de lo que fue el Gobierno de Rajoy. Contra lo que piensa la derecha, los tribunales no establecen la verdad sobre la gestión de un Gobierno. Ahora pretenden que sean los jueces los que expulsen a Sánchez de Moncloa. Todos sabemos lo que ocurrió entonces en la Kitchen. Lo contaron hasta los medios de derecha. No importa cuántas veces Rajoy hable de la importancia de que se cumplan las leyes. Su Gobierno utilizó a la Policía para defender sus intereses y para atacar a sus rivales políticos. Que es precisamente, y perdón por el giro inesperado, lo que Donald Trump quiere que hagan el Departamento de Justicia y el FBI contra sus enemigos. Con poco éxito hasta ahora. A Rajoy no le fue tan mal.

¿Susana Díaz víctima? ¿En serio?

Hablaba antes de cinismo y tengo un ejemplo aún mejor, o al menos más divertido. Esta semana, The Objective ha sacado vídeos de la reunión del Comité Federal del PSOE en 2016 que acabó con la dimisión de Pedro Sánchez. Esos días ofrecieron un espectáculo surrealista sobre la autodestrucción de un partido político, algo parecido a lo que pasó al PP cuando ajusticiaron a Pablo Casado. Algunos de los protagonistas de ese carnaval de Ferraz en el que los periodistas no podían creer lo que estaban viendo han reaccionado vistiéndose de actores interpretando un guion que no han escrito ellos, pero al que se han sumado gustosamente.

La mejor ha sido Susana Díaz. Sobre el momento en que Sánchez pide una votación secreta y algunos de los suyos preparan una urna para llevarla a cabo antes de que se haya decidido dar ese paso, la exlíder del PSOE andaluz ha dicho: “No lo he podido ver. Sufrí más de lo que humanamente se puede aguantar”. Siempre es alucinante que un político adicto al juego sucio se haga pasar por una débil anciana arrollada por un coche en un paso de cebra. Pensar que Díaz podía ser la víctima de alguien era algo que nadie hubiera creído en ese momento. Ella fue la ejecutora de los acontecimientos de ese día.

Ese Comité Federal se tuvo que convocar porque Díaz quería forzar la dimisión de Sánchez, que se oponía a conceder la investidura a Rajoy con la abstención. La andaluza ordenó la dimisión de 17 miembros de la Ejecutiva federal y envió a Verónica Pérez a Ferraz para que se autoproclamara “la única autoridad” del partido, otro momento chusco inolvidable. En la reunión del Comité, no aceptó la votación en urna. Sabía que pocos se atreverían a votar contra ella en público en una votación a mano alzada.

Hasta derramó unas lágrimas en una intervención mientras decía que “estaban matando al PSOE”. Igual que un pirómano que llora viendo quemarse el monte con la lata de gasolina en la mano. Ketty Garat, periodista de The Objective que ha conseguido las imágenes, afirma ahora que “con la imagen de Susana Díaz, casi se saltan las lágrimas”. Como no sea de la risa. Por cierto, el audio de ese discurso se conoció ese mismo día. Más allá del valor de las imágenes, no hay ninguna revelación que no se supiera ese día.

Emiliano García Page es otro de los que han aprovechado las imágenes para ajustar cuentas con Sánchez. Él estaba en el bando de Susana Díaz y ahora ha acusado al líder del PSOE de ser el responsable de lo peor de ese día: “Ese día me di cuenta de lo que le caería encima a España si prosperaban algunas tesis”. Parece que en las próximas elecciones de Castilla La Mancha vamos a tener dos candidaturas antisanchistas, la del PP y la del PSOE.

Fue una lucha descarnada por el poder en la que todos dieron un espectáculo deplorable. Pero le viene bien al PP para sostener que Sánchez llegó al poder con un “pucherazo”, como ha dicho en numerosas ocasiones. Su victoria ocurrió después –parece mentira tener que recordarlo– cuando Sánchez ganó las primarias a Díaz contra el pronóstico de la mayoría de los medios y dirigentes socialistas. Sobre el incidente de la urna preparada detrás de una cortina, tampoco hay nada nuevo. Todos los medios lo contaron con bastante detalle, porque además era otro ejemplo del caos y la estupidez de esa jornada. 

La muerte os sienta tan bien

Como decía, el PP utilizó esos vídeos para continuar sus ataques al PSOE. Tellado dijo que ese Comité Federal fue “la primera prueba de que Sánchez era capaz de todo por el poder”. Vamos a ver, Sánchez es un amateur comparado con la futura alcaldesa de Lugo. Elena Candia ha aprovechado el fallecimiento de tres ediles socialistas y el apoyo de una tránsfuga del PSOE para presentar una moción de censura que tiene los números para salir adelante. Para que luego digan que la muerte es el final de todo.

La foto

Después de amarrar la investidura con el apoyo de Vox, María Guardiola pensó que se merecía algo parecido a una boda. Se llevó el acto protocolario de la toma de posesión al Anfiteatro Romano de Mérida que para eso es la presidenta de Extremadura. Puestos a hacer teatro, mejor a lo grande. Podría haber sido peor. Podría haber elegido la plaza de toros de Badajoz y aparecer vestida de torera. 

Lo más importante del acuerdo del Partido Popular y Vox para que María Guardiola presida Extremadura no es todo lo que tenga que ver con el Gobierno de esa región. No es que sea irrelevante lo que ocurra allí, claro, pero hay un análisis que es imprescindible en estos momentos. Las encuestas prevén que unas elecciones generales darían la mayoría absoluta a esos dos partidos. Hay que suponer que un acuerdo para gobernar España tendría muchos de esos puntos que ahora se han pactado. Hay que leerlos como lo que son: el prólogo de lo que sucederá si Alberto Núñez Feijóo se convierte en el próximo presidente del Gobierno.

Todos los medios de comunicación han explicado que varios de esos compromisos relacionados con la inmigración, los que más interesan a Vox, están fuera de las competencias de una comunidad autónoma. Se habla de promover la reforma de leyes orgánicas para imponer una “prioridad nacional” en los destinatarios de ayudas sociales. Es decir, que los nacidos en España disfruten de privilegios sobre los de fuera. Si el PP y Vox cuentan con mayoría en el futuro Parlamento, ese proyecto estará a su alcance. La forma en que se llevará a la práctica es algo que lógicamente hoy no sabemos.

El PP ha sido lo bastante hábil con el lenguaje para no incurrir en una manifiesta ilegalidad. Han pactado inspirarse en “el principio de prioridad nacional”, que debe estar adaptado “a la legalidad vigente” y que los perceptores de ayudas deben tener “un arraigo real, duradero y verificable en el territorio”. En este punto, conviene recordar que la Administración siempre puede imponer condiciones de todo tipo para recibir una ayuda económica. Sólo si son manifiestamente discriminatorias, eso abre posibilidades de que sean recurridas ante los tribunales. Pero los jueces se fijan en primer lugar en las leyes que permiten esas medidas. Sólo hay que cambiar la ley para convertir en posible lo que antes no lo era, y eso podría hacerse en la próxima legislatura. Extremadura es el programa piloto de lo que podría suceder en el futuro en toda España.

La aplicación del pacto de Extremadura (aquí se puede leer el texto íntegro) consagra la idea de que puede haber ciudadanos de primera y de segunda clase. Los segundos serán aquellos que trabajan todos los días, contribuyen a la prosperidad de la economía y pagan sus impuestos, pero que no tendrán acceso a muchas de las medidas que integran lo que se llama el Estado de bienestar. Serán los que han nacido fuera de España y aún no tengan la nacionalidad española, pero sí la residencia. 

Tras la polémica generada, fuentes del PP han difundido el mensaje de que “la partida de nacimiento no determinará las ayudas” y que habrá un sistema de puntos por el que las ventajas para acceder a ayudas sociales se otorgarán en función del número de años que lleve empadronada esa persona, según El Mundo. Estamos en las mismas. Los extranjeros que han llegado a Extremadura en los últimos diez años estarán siendo discriminados, que es lo que ha exigido la extrema derecha.

Es un programa abiertamente xenófobo. Vox se ocupará de darle las connotaciones racistas que más le convengan. Lo vestirá de proclama nacionalista española para hacer frente a una supuesta “invasión” de extranjeros, como ya ha hecho Santiago Abascal. Reiterará que esos inmigrantes vienen a España a aprovecharse de las ayudas sociales y que hay que dejarles claro que no se les quiere en este país.

Feijóo continuará con las falacias con las que adorna su discurso contra la inmigración. Dirá que España acoge a todos los que vienen a trabajar, como si fuera posible vivir aquí tirado en un sofá o como si este país fuera un destino apetecible para todos los que se inician en una carrera profesional orientada al crimen.

Esta semana, Feijóo ha dicho que hay que oponerse a la regularización de inmigrantes sin papeles que el Gobierno ha puesto en marcha porque es “inhumana, injusta, insegura e insostenible”. Sólo alguien como él es capaz de llamar inhumano al intento de dar el documento de residencia a los extranjeros que viven y trabajan en España. Sin ese papel, están condenados a sufrir abusos. Lo que es insostenible es mantener a una parte significativa de la población encerrada en la marginación. Es inmoral y también estúpido.

Extremadura es una de las regiones que ha perdido más población en los últimos 50 años, en concreto un 10% desde principios de los años 70. El 86% de los municipios extremeños tiene ahora menos habitantes que entonces. La despoblación es un problema real con evidentes consecuencias económicas. La falta de oportunidades laborales ha hecho que desde siempre la emigración sea una de las opciones por defecto de los jóvenes extremeños. El 36% de los nacidos en Extremadura vivía en otras comunidades en 2024, un dato que es demoledor. 

También es la región con menor porcentaje de inmigrantes, un 4,1%. Es lógico. Contra lo que piensa Feijóo, los extranjeros vienen a España a trabajar y es normal que pocos vayan a Extremadura si allí es difícil encontrar un empleo. Hay que ser idiota para pensar que el mayor problema de la comunidad es la inmigración. O un racista. 

Volviendo al tema de la ignorancia, el pacto afirma que protegerá a la agricultura y ganadería extremeñas de “las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde”. Además, muestra su rechazo al acuerdo UE-Mercosur. Al firmar este texto, el PP se da un chapuzón euroescéptico al oponerse a medidas que ha aprobado en el Parlamento Europeo. Es la política de la irresponsabilidad con el fin de conservar el poder.

Cómo será la cosa que hasta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que el acuerdo no tiene ningún sentido ni legal ni político: “No se puede dejar al margen a nadie fuera de un sistema al que ha contribuido y, por ejemplo, dejarle fuera del sistema sanitario como se nos ha pedido en Madrid”. Es un acuerdo que se hace fuera de la ley y de las competencias autonómicas. 

El PP se ha rendido a las exigencias de Vox. Para no meterse en más problemas con la extrema derecha, ha desaparecido cualquier referencia al machismo y la violencia contra las mujeres. Qué se puede esperar de alguien como Guardiola, autora de la frase “yo no puedo dejar entrar en mi Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista”. En febrero, dijo que “el feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”, así que no hay motivos para la sorpresa. 

No puedo más que estar de acuerdo con lo que escribe José F. Peláez, columnista de ABC: “Si la alternativa del PP a la regularización de Sánchez es la xenofobia contra menores y privar de fondos a las ONGs y a la Iglesia (pone ONGs y otras entidades y hay precedentes) no hay duda de quién va a ganar el debate público”. No va a ser el PP. No es el único que piensa así entre conservadores y liberales. 

El PP ha comprado todo el mensaje xenófobo de la ultraderecha como si fuera suyo. Lo hace en un momento de aparente debilidad de Vox, que ha visto frenado su crecimiento en las últimas elecciones de Castilla y León, como también parece que ocurrirá en Andalucía. Al igual que pasó en 2023, estos pactos autonómicos adelantan lo que la derecha hará si algún día tiene la oportunidad de llegar a Moncloa subida al caballo de Abascal. Quiero pensar que los votantes tomarán nota. 

Libros

Los grupos que se oponen al derecho al aborto suelen identificarse a sí mismos como provida. Ana Requena, redactora jefe de Género en elDiario.es ha escrito un libro –'Provida'– para refutar esa idea. “Son los mismos que quieren monopolizar el concepto de familia y que criminalizan a quienes se cuidan y estrechan sus lazos de otras maneras. Quienes criminalizan a quienes tienen hijos y forman sus parejas y sus familias, pero no como ellos quieren”. Ana busca liberar el “estigma” que acompaña al ejercicio de ese derecho contando las historias de muchas mujeres que dieron ese paso, esas “historias con minúscula” que ayudan a entender todo por lo que pasa una mujer que decide interrumpir su embarazo. Aquí se puede leer un fragmento del libro.

Uno de los mitos siempre presentes en la vida política española es el concepto de las dos Españas eternamente enfrentadas, originado en el siglo XX. El historiador Henry Kamen ha publicado el libro 'Las dos Españas' para explicar por qué la historia de este país está atravesada por divisiones internas desde los tiempos del Siglo de Oro, un concepto que tiene más que ver con el mito que con la realidad. España siempre ha estado dividida en el pasado por debates sobre su destino como nación y los límites del poder imperial. El concepto de una nación unida en todos los aspectos es una invención contemporánea, como por otro lado ocurre en la mayoría de los países europeos. Kamen es el historiador perfecto para cuestionar muchos de los mitos sobre el pasado de España que leemos habitualmente en algunos medios. 

Es imposible entender muchas de las guerras y conflictos políticos que se producen en el mundo sin conocer la historia de esos países. Vemos estos días cómo el Gobierno de Donald Trump demuestra una ignorancia inmensa sobre Irán y su sistema político. No es una novedad. Estoy leyendo ahora 'Rey de Reyes' del periodista Scott Anderson, un muy buen libro sobre la revolución iraní que culminó en 1979 con el derrocamiento del sha Reza Pahleví y la llegada al poder del ayatolá Jomeini. No muchos meses antes, el presidente Jimmy Carter había dicho que Irán era “una isla de estabilidad en medio de una región llena de problemas”. ¿Cómo es posible que el desenlace sorprendiera a todos? Lo de siempre, una mezcla de arrogancia y total desconocimiento de la sociedad de un país esencial para la política exterior de EEUU. 

“La OTAN no estaba allí cuando la necesitábamos y no estará allí si la necesitamos otra vez. Recordad Groenlandia. Ese gran trozo de hielo mal gestionado”. Donald Trump lanzó esta semana uno de sus mensajes demenciales en su red social. Lo escribió en mayúsculas, lo que suele ocurrir cuando está enfurecido, que es casi siempre. Los gobiernos europeos lo leyeron y debieron de pensar: allá vamos de nuevo. Todo porque EEUU ha prendido fuego a Oriente Medio con su ataque a Irán y ahora pretende que sus aliados europeos entren por la fuerza en el estrecho de Ormuz para permitir la navegación libre de los petroleros. Algo que hasta ahora él no se atreve a hacer con sus todopoderosas Fuerzas Armadas.

La segunda parte de la guerra (política) de Trump contra Europa vino con la noticia de The Wall Street Journal que cuenta que la Casa Blanca prepara castigos contra los gobiernos europeos que no han colaborado en la guerra. “La propuesta implica sacar a las tropas de EEUU de los países de la OTAN que no han ayudado en la guerra de Irán y colocarlos en países que han mostrado más apoyo”, decía el artículo. Además, el plan prevé cerrar “una base de EEUU en al menos uno de los países europeos, posiblemente España o Alemania, según dos fuentes del Gobierno”.

Por lo que toca a España, hay que precisar un par de cosas. EEUU no puede cerrar ninguna base en España, porque no tiene ninguna. Son las bases españolas de Rota y Morón de utilización conjunta. Sí cuenta con una presencia muy relevante en Rota, absolutamente esencial para las prioridades de la Armada norteamericana en Europa y Oriente Medio. Es decir, no puede ser sustituida por otra base naval en Polonia por ejemplo o, por hacer un chiste malo, en la República Checa. El presidente de EEUU no puede legalmente sacar a su país de la OTAN sin permiso del Congreso, pero sí puede trasladar a las fuerzas militares desplegadas en el extranjero. No hay que ser un genio de la geoestrategia para saber que las FFAA de su país le implorarán que no tome decisiones que pongan en peligro su presencia en Europa y el Mediterráneo desde hace décadas.

Si a alguien le parece que Trump está siguiendo al pie de la letra el argumentario de Moncloa, no está muy equivocado. Todos estos arrebatos de Trump encajan como un guante en la estrategia adoptada por Pedro Sánchez de situarse como el dirigente europeo más activo en la denuncia de la guerra. Lo ha reiterado esta semana con su ataque a Netanyahu por la masacre del miércoles en Líbano: “Su desprecio por la vida y el Derecho internacional es intolerable”. 357 personas asesinadas en un ataque aéreo que no duró más de diez minutos. Hubo también 1.223 heridos. 110 de los fallecidos eran niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio libanés de Sanidad. Varios de esos bombardeos castigaron a zonas civiles de Beirut que no tienen ninguna relación con Hezbolá.

Los militares israelíes llamaron Operación Oscuridad Eterna al ataque del miércoles. Qué pasará por su cabeza al elegir un nombre tan siniestro y casi apocalíptico.

Netanyahu también ha cumplido el guion elegido por Sánchez. El viernes, ordenó que España sea excluida de la junta internacional de coordinación que supervisa el alto el fuego en Gaza y de la que forma parte una veintena de países. Es un organismo inútil, porque no ha hecho nada efectivo después de que el Gobierno israelí haya reducido el número de camiones que entran cada día en Gaza para entregar ayuda humanitaria. Sobre su capacidad para iniciar la reconstrucción, se puede decir lo mismo. Todo ese proyecto ha quedado de momento congelado. 

Netanyahu acusa a España de estar embarcada en una “guerra diplomática” contra Israel. A lo que Sánchez podría responder: sí, desde luego. Por eso, ha pedido a la UE que suspenda su acuerdo de asociación con Israel, que concede al Estado judío innumerables ventajas económicas.

¿Quién quiere ponerse en España del lado de Trump y Netanyahu? No hay muchos candidatos, excepto en la extrema derecha. Con la velocidad máxima de un caracol, el PP está modulando su posición sobre la guerra. Como es de esperar con Alberto Núñez Feijóo, con frases genéricas y de sintaxis dudosa. Ya no se atreve a mantener el eslogan del primer día de la guerra (“con la libertad, contra los tiranos”) y lanza frases con las que dice estar en contra de la guerra, pero sin atreverse a mencionar a Trump o EEUU, no sea que se enfaden con él. 

En un acto en Barcelona, Feijóo mostró el viernes su “condena inequívoca a la deriva belicista que recorre el mundo”. Sólo le faltó posicionarse a favor de todas las cosas bonitas de la vida, como los amaneceres y el amor a los seres humanos. ¿Se refería a Trump, a la guerra contra Irán, a la destrucción de Líbano? Quién sabe. “La barbarie se vence con sensatez”, dijo. Seguro que la crisis más grave en Oriente Medio en décadas se va a resolver con los consejos de un manual de autoayuda y sin señalar a los auténticos responsables. ¿Alguien necesita una mediación diplomática entre los combatientes? Ahí está Feijóo y sus generalidades que no le comprometen a nada, porque en realidad no está diciendo más que obviedades. 

Luego, están los exabruptos, como el de Ester Muñoz. Le preguntaron a la portavoz parlamentaria del PP en una rueda de prensa qué le parecía la agresión y detención durante una hora de un casco azul español en Líbano por militares israelíes. “Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida”, respondió. Espero que no fuera por un control de alcoholemia. Quizá se refería a atascos de tráfico en la carretera. 

Seiscientos militares españoles cumplen su labor en las fuerzas de la ONU en el sur de Líbano en una misión que dura varios años. En 2015, el cabo Francisco Javier Soria murió durante un enfrentamiento entre el Ejército israelí y Hezbolá. Sufren la hostilidad de los israelíes, que no los quieren allí. Afrontan un riesgo evidente en las últimas semanas, como prueban dos ataques sufridos por el contingente indonesio hace dos semanas en los que murieron tres cascos azules de esa nacionalidad. La frivolidad del comentario de Muñoz y la ignorancia que demuestra resultan ofensivas para los militares españoles. No ha pedido disculpas ni ha tenido tiempo para explicarse en su cuenta de Twitter. Son estas cosas que definen el estilo de un político.  

En el caso de que Trump retire sus fuerzas militares de Rota porque España no apoya una guerra ilegal que busca destruir Irán y Líbano sin conseguir derrocar al régimen de Teherán, Sánchez tendrá la oportunidad de responder: vale, no se olviden de cerrar la puerta al salir que hay mucha corriente en Cádiz. 

Segunda etapa del Rufián Tour

Gabriel Rufián continúa su gira por España en lo que podríamos llamar el Left Chaos Tour. Esta vez, su pareja de escenario fue Irene Montero en Barcelona. Aspira a que la próxima sea Mónica Oltra. Otra charla en la que el portavoz de Esquerra en el Congreso explicó todas las cosas que hace mal la izquierda. También lo que él piensa que debería hacer. Una de sus frases define su mentalidad: “Yo estoy harto de tener la razón” (lo dijo muy serio). Bueno, también comentó que no tiene “fórmulas mágicas”. Rufián no se corta a la hora de hacer el diagnóstico. Con lo de las soluciones, lo tiene más complicado. Como todo el mundo.

No opinan igual en su partido y se lo han hecho saber. Después del acto del jueves, uno de los portavoces de Esquerra creyó necesario recordarlo por escrito, en términos tan claros que admiten pocas interpretaciones. Una frase clave: “Queremos liderar todo el espacio de la izquierda en Catalunya. Sin migajas”. Esto último tiene que ver con algunos comentarios o rumores de los que se ha hablado, según los cuales Rufián estaría dispuesto a incluir a miembros de Podemos, que tiene una presencia mínima en Catalunya, en la candidatura de ERC en las elecciones generales a cambio de apoyar la campaña nacional de Podemos. Lo cierto es que eso no es lo que dijo Rufián en Barcelona. No sabría decir si es especulación o hay algo que se esté cocinando. En esos términos, no tiene mucho que ver con la unidad de toda la izquierda de la que tanto habla Rufián. Desde luego, a Esquerra no le interesa nada. 

No cabe duda de que Rufián se arriesga. Lanza ideas, metáforas, ejemplos... Algunas funcionan, otras no. No cesa de criticar lo que llama las formas tradicionales de comunicación en la izquierda, en lo que no le falta razón, porque no llegan a la gente y menos a los jóvenes. Algunos de los ejemplos que da chirrían o causan estupor. Es el caso de esta frase: “Yo prefiero llenar tiktoks que bibliotecas. Porque mi hijo mira TikTok. Sin renunciar a lo que soy”.

Nadie ha dicho que sean alternativas excluyentes. Y desde luego si acabamos en un mundo sin bibliotecas y con todos relacionándonos en TikTok, la estampa es terrorífica. Lo que busca Rufián es provocar y empujar a la izquierda a que adapte su discurso a distintos públicos y formatos. En realidad, los partidos utilizan casi todas las plataformas posibles para hacer llegar sus mensajes. Lo que es difícil es que funcionen igual de bien en todas. 

Los que tengan buena memoria recordarán que Donald Trump inició la guerra contra Irán con la intención de acabar con el régimen de Teherán para que sus ciudadanos recuperaran la libertad (una idea que Feijóo apoyó de forma efusiva). Luego prefirió justificarla con el argumento (falso) de que Irán estaba a punto de conseguir fabricar armas nucleares. Más tarde, habló de poner fin al bloqueo del estrecho de Ormuz causado por la guerra que él había comenzado. Esta semana, se dejó de infundios y exigió la rendición completa de Irán bajo la amenaza de la destrucción total: “Vamos a devolverlos a la Edad de Piedra a la que pertenecen”. No suele ocurrir que alguien dispuesto a cometer crímenes de guerra lo anuncie sin ningún rubor.

Si Trump pretendía confirmar la denuncia de Pedro Sánchez contra una guerra que viola el Derecho internacional, no podría haberlo hecho mejor. Lo mismo se puede decir con sus ataques a los aliados europeos por no querer enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz para asegurar por la fuerza la libre navegación de los petroleros, lo que supone implicarlos directamente en una guerra que rechazan. Trump no quiere aliados, sino súbditos que cumplan sus órdenes.

El impacto económico de la guerra ya es global. No se limita al precio del petróleo y de los combustibles. La interrupción del paso de los buques gasísticos y de los que transportan urea por Ormuz puede afectar a la producción de los fertilizantes imprescindibles en la agricultura, comprometer las cosechas en verano y provocar una escalada de precios de los alimentos. Los precios globales de los fertilizantes podrían subir entre un 15% y un 20% en la primera mitad de 2026 si continúa la guerra, según la FAO. En este punto, hay que recordar que las crisis alimentarias han estado detrás de muchas oleadas migratorias desde África y Asia. 

La guerra es un mal negocio para todos, excepto para las empresas de defensa. Europa necesita casi desesperadamente que los ataques a Irán terminen cuanto antes o que al menos no afecten a la navegación por el Golfo Pérsico. Esto último es imposible, porque se trata de la estrategia de defensa más eficaz con la que cuenta Irán. Su objetivo es hacer ver a todo el mundo que también saldrá dañado por la continuación de la guerra. 

Trump ha intentado subcontratar a sus aliados europeos y asiáticos la labor de abrir Ormuz a la navegación. No han sido tan estúpidos como para aceptar, pero sí han comenzado a moverse. El Gobierno británico promovió la celebración de una reunión por videoconferencia de 35 países el jueves con el fin de examinar las opciones. España no participó, no está claro si porque no fue invitada o porque no quiso asistir. Lo segundo es lo más probable. No cuesta mucho que te inviten a este tipo de citas que sirven para deliberar más que para tomar decisiones y también para reflejar el punto de vista del mayor número posible de países.

Las conclusiones de la reunión no fueron espectaculares. No es un problema que se arregle con comunicados. “Incrementar la presión diplomática” para que Irán permita la navegación libre por Ormuz. “Explorar” la aprobación de sanciones contra Irán si no accede. Trabajar con la Organización Marítima Internacional con el objetivo de liberar a los barcos atrapados con sus tripulaciones a ambos lados del estrecho. Y poco más. Macron ya ha dejado claro que la opción militar es inviable. Mientras prosiga la guerra, la navegación por el estrecho estará condicionada por los intereses de los países enfrentados. 

Eso no impide que Irán sea consciente del peligro que supone enfrentarse a todo el mundo. Ese mismo jueves, dos superpetroleros y un buque gasístico sin carga pudieron atravesar Ormuz. Esos petroleros transportaban en torno a cuatro millones de barriles de petróleo saudí y emiratí. Antes de la guerra, veinte millones de barriles pasaban cada día por el estrecho. También pasó un buque portacontenedores propiedad de una naviera francesa. 

El primer día en que Sánchez se posicionó contra la guerra, el PP respondió con el argumento de que el Gobierno español se había quedado solo en Europa. Será que el partido no tiene a nadie que sepa de relaciones internacionales o que reacciona cada día en función de los acontecimientos, pero pronto se vio que no era cierto. Macron, Starmer, Merz y Meloni acabaron ofreciendo un mensaje similar al de Sánchez. Feijóo había optado por el discurso de ficción por el que había que colocarse en el lado de la libertad y contra los tiranos. Los gobiernos europeos se dejaron de demagogias y admitieron que la guerra era ilegal e iba contra los intereses de Europa por muy detestable que sea el régimen iraní.

La videoconferencia de Londres permitió al PP reincidir en lo mismo y denunciar que los aliados ven a Sánchez como alguien “desleal, imprevisible y con el que no se puede contar”. Esa es precisamente la opinión de Trump sobre todos los aliados europeos, no sólo Sánchez, a los que ha llamado “cobardes” por no enviar buques de guerra a Ormuz para solucionar el problema creado por EEUU. De hecho, en el plano personal, Trump ha sido más despectivo con Emmanuel Macron y Keir Starmer (“lamentablemente, Keir no es Winston Churchill”) que con Sánchez. 

Sobre las relaciones de España con Washington, esta semana hemos visto varias noticias a cuenta de una supuesta investigación de EEUU sobre la eutanasia de Noelia Castillo. Si los titulares parecían absurdos es porque lo eran. El Departamento de Estado puede pedir a su embajada en Madrid que le informe sobre cualquier hecho ocurrido en España. Forma parte de su trabajo. Pero no puede investigar nada ni es cierto el titular de ABC que decía que “la Casa Blanca exige explicaciones a España por la eutanasia de Noelia Castillo”. Un alto cargo del Departamento de Estado dijo en Twitter que “es imprescindible” que se investigue el caso. No hay nada que investigar ni explicaciones que dar porque la aplicación de la eutanasia ya pasó por todos los controles médicos y recursos judiciales necesarios.

Cabe la posibilidad de que EEUU utilice ese caso contra España en su propaganda. Eso es lo que menos debe preocupar al Gobierno español. En una entrevista en The Wall Street Journal, Sánchez aparece descrito como el gran baluarte de la oposición a Trump en el mundo occidental. Seguro que es una distinción que no le desagrada. 

El misterio de los turistas desaparecidos

La Semana Santa está “definitivamente perdida”, dijo hace quince días el consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal. Se refería al impacto de las obras del AVE por los derrumbes ocasionados por las lluvias y que iban a impedir el enlace directo de Madrid a Málaga. “Málaga está completamente incomunicada”, avisó con un descaro increíble la consejera de Hacienda, Carolina España, presentando un escenario dantesco en el que la ciudad andaluza se arriesgaba a sufrir pérdidas millonarias en las vacaciones. ¿Habían cerrado el aeropuerto? ¿Las carreteras estaban cortadas? Se decía que los comerciantes debían demandar a Adif por el dinero que iban a dejar de ganar. El diario Sur, el medio más importante de Málaga, le dedicó una cobertura catastrofista que incluyó una noticia falsa abriendo la portada del periódico. 

Se habló en los titulares de pérdidas de 1.300 millones de euros sin que nadie tuviera claro cómo se había calculado esa cifra. Era un número varias veces superior a los ingresos (478 millones en un año con lluvia) que la Junta calculó para toda la comunidad en 2024. Pero la cosa no quedaba ahí. Un titular de El Mundo elevó las pérdidas a 2.000 millones.

Todo era una farsa que confirma el estilo del Partido Popular de hacer oposición. Las elecciones autonómicas de mayo hicieron que el PP se lanzara a tumba abierta para denunciar una crisis inexistente. En primer lugar, porque el enlace ferroviario no había desaparecido. Los pasajeros del AVE debían bajarse del tren en Antequera y coger un autobús con el que cubrir los últimos 50 kilómetros. Un inconveniente sin duda, pero que no iba a hacer que renunciaran a sus planes si querían viajar a Málaga. 

Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Al final, como era de prever, los turistas han inundado Málaga gracias al factor más relevante con las vacaciones de Semana Santa. Ha hecho buen tiempo y eso es lo que más influye en la llegada de turistas. Algunos dicen que ha sido por el peso del turismo internacional, otros señalan que la causa está en el turismo nacional. Ya el lunes el alcalde de Málaga dijo que el tema del AVE iba a tener una incidencia “mínima”. Y se ha confirmado. Pero por el camino el PP ya ha hecho caja de cara a las elecciones de mayo con el drama que no era tal. Y así es la política en España, para qué vamos a engañarnos.

Hasta el próximo domingo.

El infierno en vida de Noelia Castillo acabó el 26 de marzo. Por su propia decisión y después del control médico y judicial establecido por la ley, se le aplicó la eutanasia y su derecho a morir en paz. Algunas personas –su padre y la organización ultra Abogados Cristianos– convirtieron sus últimos meses en una pesadilla. Sus presiones y recursos judiciales no consiguieron hacerla desistir de su propósito. Toda su historia nos causa dolor, pero el final es el que ella quería. Es necesario repetir esto último tantas veces como sea necesario y no dejarse llevar por los argumentos de los hipócritas y de los que quisieron arrebatarle su dignidad hasta el último minuto de su vida.

Han pasado 601 días desde que ella expresó su deseo de morir para poner fin a tanto sufrimiento. No fue una decisión producto de un impulso. Su caso fue evaluado por 32 especialistas y se redactaron trece informes. Varios tribunales examinaron los recursos presentados. Todos los análisis confirmaron que Noelia entendía la gravedad de lo que estaba solicitando y que era plenamente consciente de su estado y de las consecuencias que suponía. No fue un final feliz y por eso nos resulta difícil celebrarlo –creo que ninguno de nosotros asociamos la muerte a la felicidad–, pero es el que ella quería. La vida no le había dejado otra opción.

El espectáculo presenciado en los últimos días no ha sido muy edificante, y no por culpa de ella. Los racistas han propagado mentiras sobre las violaciones que sufrió para aprovechar la historia en beneficio de su lucha contra los inmigrantes. Una cadena de televisión reincidió en lo que hizo en casos anteriores de sucesos y muertes de adolescentes ofreciendo un show morboso. Algunos políticos que quieren complacer a sus votantes que se oponen a la eutanasia han hablado de “un fracaso como sociedad”, un concepto vago que nunca concretan con las medidas que creen que deberían haberse tomado. Podrían proponerlas mañana mismo en el Parlamento si tan claro lo tienen, pero no lo van a hacer.

Hay un principio general que dice que los riesgos se multiplican cuando una noticia capta por completo la atención de la televisión. Servirá para que llegue a todo el mundo, pero aumentarán las posibilidades de que sea presentada como un espectáculo carente de toda nobleza. Se abusará del sentimentalismo y abundarán las opiniones de gente que no sabe de lo que está hablando. Y todo eso con la esperanza de que la cobertura incremente las audiencias. 

El ejemplo más flagrante fue el del programa de Sonsoles Ónega en Antena 3. Entrevistó a Noelia Castillo y a su madre después de que ellas lo aceptaran. Ángeles Caballero se pregunta si era necesario “seguir hurgando en esa herida con una cámara encendida delante”. Porque en estos casos siempre se dedica un número desmesurado de minutos y se le saca todo su jugo televisivo. Se juega con los sentimientos de la audiencia y se le recuerda que volverán a hablar del tema después de la publicidad. “Por supuesto, la música de piano de fondo, los gestos afectados y sobreactuados del plató. Las palabras huecas, que fagocitan cualquier atisbo de cordura, que también la hubo”. 

La frivolidad con la que se manejan estos asuntos no tiene nada que ver con las deliberaciones y decisiones que adoptan los organismos que participan en un caso de eutanasia. El informe médico-forense que avaló la eutanasia estableció que sus dolores eran “graves, crónicos, constantes e imposibilitantes” y que no existía “posibilidad de mejora”. Estaba condenada a malvivir en esas condiciones toda su vida. Los  psiquiatras y psicólogos que la examinaron decidieron que “la patología que sufre no la condiciona para tomar decisiones”. Los tribunales certificaron ese diagnóstico. 

Si se hubiera respetado desde el principio la voluntad de Noelia, hace tiempo que su dolor habría terminado. En agosto de 2024, un juez aceptó un recurso de su padre e impidió que la eutanasia tuviera lugar. No voy a entrar a valorar sus intenciones. Me limito a incluir aquí lo que contó su hija en la entrevista de Antena 3: “No ha respetado mi decisión y nunca lo hará. Me quería poner a mi nombre la casa que ha comprado para poder seguir cobrando la pensión por hijo a cargo. Después de eso, no quiere poner la casa a mi nombre, ni pagar el entierro, ni va a ir a la eutanasia, ni al entierro, y dice que no quería saber nada más de mí. Que para él ya estaba muerta. Yo lo entiendo. Es padre y no quiere perder a una hija, pero no me hace caso. No me llama nunca, no me escribe nunca. Lo único que hace es traerme comida. ¿Para qué me quiere viva? ¿Para tenerme en un hospital?”. 

El principal argumento de Abogados Cristianos, que representaba a su padre, consistía en dudar del estado mental de Noelia. En estos casos, todo se reduce a tratar a la persona que solicita la eutanasia como si estuviera loca. Querían imponerle su juicio moral sobre lo que significa la vida. Pero ha habido algo más. Han llegado a denunciar que el hospital había presionado para que se produjera “porque tenían comprometidos sus órganos” para un trasplante. No sólo es mentira, sino que es imposible legalmente. Los trasplantes se llevan a cabo cuando hay un compromiso previo del fallecido o lo autoriza su familia. La directora de la Organización Nacional de Trasplantes lo explica en este vídeo.

Los sectores más reaccionarios han aprovechado el caso para cargar contra la eutanasia y expandir toda una serie de mentiras. Como era de prever, Santiago Abascal se ha distinguido afirmando que ella fue violada por dos menores inmigrantes, de lo que no existe ninguna prueba. Los ultras también han dicho que sufrió una agresión sexual en un centro de menores en 2022 (por entonces tenía 21 años). Noelia vivió en dos residencias para menores entre 2015 y 2019. Macarena Olona alega que le concedieron la eutanasia por tener depresión. La ley no permite eso. Ella quedó parapléjica después de un intento de suicidio al tirarse desde un quinto piso. Las secuelas eran “permanentes e irreversibles”. 

En el ámbito periodístico, ha quedado claro el desprecio que sienten algunos por Noelia. Su opinión no les merece ningún respeto. Un columnista de ABC sostiene que los impuestos se utilizan para “ejecuciones”, que ha sido “un asesinato colectivo”. El jefe de opinión de El Español afirma que “el Estado español ha decidido matar a Noelia Castillo”. Hay que respetar a las personas que no aceptan la eutanasia por sus creencias religiosas, pero estas opiniones sólo están regidas por el fanatismo.

En el momento en que fue aprobada por ley en 2021, la eutanasia contaba con un amplio apoyo en la sociedad. Ya en 2018 un 85% defendía ese derecho, según una encuesta de Ipsos. El apoyo seguía siendo generalizado en 2024. Hasta ese año, 1.123 personas se habían acogido al derecho a poner fin a su vida. 

“Este caso nos exige una reflexión profunda. Las instituciones que debían proteger a Noelia le fallaron”, dijo Alberto Núñez Feijóo, refiriéndose a la época en que fue abandonada por su familia por los problemas económicos y de otro tipo. “El sistema ha fallado. Es necesario revisar todos los procedimientos para ayudar mejor a las personas que tienen problemas y reforzar el acompañamiento y los instrumentos de apoyo”, opinó Juanma Moreno.

A los políticos les gusta decir que se necesita una profunda reflexión sobre los problemas complejos y luego no se les escucha hablar más del tema. ¿A qué medidas se refieren? ¿Hay que gastar más dinero en algunos organismos asistenciales? ¿Cuál ha sido la respuesta del PP o de otros partidos cuando han surgido iniciativas para luchar contra la pobreza o ayudar a las familias rotas?

Los que dicen que el sistema ha fallado ¿qué dijeron al aprobarse medidas que aumentan el gasto social o cuando se habló de apoyar a los menores inmigrantes que sufren más los efectos de la marginalidad, de no tener salidas con las que recibir apoyo y formación? ¿Qué opinaron cuando se aprobó el Ingreso Mínimo Vital, que ayuda a las familias pobres a salir adelante? ¿Qué han respondido cuando se pide como ahora que se impidan los desahucios de familias vulnerables? Y si una familia es expulsada de su casa porque no tiene dinero para pagar el alquiler o la hipoteca, ¿qué alternativas de vivienda les dan las instituciones responsables y el sistema económico?

No sirve de mucho decir que el sistema ha fallado si no se explica después qué cambios deberían hacerse para que vuelva a funcionar. 

Si sacas una pistola, tienes que disparar. No, no es un consejo para la vida cotidiana. Es un principio con el que el dramaturgo ruso Antón Chéjov explicaba que si introduces un elemento relevante en la trama de una obra, debes utilizarlo después. No puede ser intrascendente. El ejemplo que daba consistía en que si aparece un arma en la representación, alguien debería disparar con ella en algún momento posterior. No puede ser que un actor enarbole una pistola, lo que ya sabemos que no es habitual, y que no se vuelva a hablar de ella o que nos olvidemos de que alguien tiene un arma en su poder.

Sumar enseñó un arma este viernes al negarse a que empezara el Consejo de Ministros extraordinario que tenía que aprobar las medidas sobre las consecuencias económicas de la guerra contra Irán. Pasaron dos horas hasta que se consiguió alcanzar un consenso que permitiera su aprobación. Siempre dispuestos a insuflar más dosis de drama a la vida política, los medios de comunicación empezaron a sufrir palpitaciones. ¿Dispararía Sumar a Pedro Sánchez y dejaría su cuerpo ensangrentado sobre la mesa del Consejo? ¿Acabaría todo como una escena de 'Kill Bill'?

Chéjov sabía mucho de teatro, y su idea se ha empleado muchas veces en el cine, pero no tanto de política. En ese mundo, es habitual que los protagonistas se pasen toda la función enseñando armas y amenazando con abrir fuego, y sólo es una manera de recabar la atención del otro. Mira que estoy muy loco y lo mismo empiezo a disparar a todo lo que se mueva. Lo estamos viendo ahora con las negociaciones del PP y Vox después de las tres elecciones autonómicas celebradas. Se trata de aumentar o reducir lo que se está dispuesto a pagar por un acuerdo. Es lo mismo que regatear por el precio de un producto, como se puede apreciar en la escena de 'La vida de Brian'. “¿Diez? ¿Pretendes insultarme? ¿A mí? ¿Con mi pobre abuela muriéndose?”.

Al final, hubo acuerdo, como todo el mundo sabía que iba a ocurrir, y se aprobaron dos decretos. Con el primero, se rebaja al 10% el IVA de los combustibles, el gas natural y los impuestos de la electricidad, y se congela el precio de la bombona de butano, además de otras ayudas a industrias, transportistas, pescadores y agricultores. Todo ello con un coste de 5.000 millones. Con el otro, se congelan los alquileres durante dos años. A pesar de los aspavientos previsibles, el primero será ratificado por el Congreso. Lo más probable es que el segundo sea anulado con los votos del PP, Vox y Junts. 

Es típico de la política española que algunos partidos digan que el Gobierno ha copiado sus propuestas, pero que eso no impida que estén escandalizados. No por una cuestión de derechos de autor, sino porque no van a cambiar su discurso de que el Gobierno es peor que la peste negra. El PP iba a enviar a Alberto Nadal a una rueda de prensa para que ofreciera la posición del partido sobre las medidas. Cuando vio que había discrepancias entre el PSOE y Sumar, cambió al mensajero y puso a Miguel Tellado ante los micrófonos para que diera cera. Sus primeros minutos fueron una colección de chistes, “una auténtica batalla campal entre ministros”, “duelo a garrotazos”, “un presidente chantajeado por los ministros de Sumar”. Parecía una película de Torrente. 

Tellado dijo que el Gobierno estaba copiando las ideas del PP, pero no se comprometió a apoyar el decreto de las ayudas fiscales. Es todo teatro, no al estilo de Chéjov. No se atreverán a tumbar unas medidas que favorecen a millones de personas. La primera reacción del PP fue distribuir entre los periodistas un montaje fotográfico en el que aparece Pedro Sánchez como líder del PP bajo un cartel de “menos impuestos”. Luego no la subieron a las redes sociales, porque era como decir que Sánchez había acertado con el decreto.

Para tenerlo claro. ¿Es el paquete fiscal aprobado por el Gobierno una medida de derechas, como viene a decir Tellado? Decir que algo es de izquierdas o derechas en función de si se suben o bajan los impuestos es una forma de hablar de economía que puede valer para las trincheras de las redes sociales, pero que no funciona igual de bien en el mundo real. Los impuestos son un instrumento para financiar políticas que pueden ser de izquierdas o de derechas, que pueden favorecer a muchos o a pocos. Eso sí que es cierto.

Las medidas con las que un Gobierno puede responder a un fuerte incremento de los precios de los combustibles no son muchas. Un recurso de efectos inmediatos consiste en reducir temporalmente la carga fiscal, que es algo que las finanzas públicas se pueden permitir ahora mismo en España. María Jesús Montero ha anunciado esta semana que se ha cumplido con el objetivo de déficit que se había fijado para 2025, con un descenso hasta el 2,5% del PIB. 

La alternativa es no hacer nada y eso es algo que los ciudadanos no toleran en tiempos de emergencia. Hay gente que sostiene que la solución sería topar los precios de los combustibles por decreto. No estamos hablando de un producto que se fabrica en España y al que se asigna un precio para que dé beneficios. Es imposible disociar el precio de la gasolina o el gasóleo del precio del petróleo, y esto último no es algo que pueda dictar el Gobierno o las empresas del sector. El más mínimo riesgo de desabastecimiento si el precio del petróleo continúa subiendo, pero no el de los combustibles es un riesgo real. Ningún Gobierno quiere ver colas en las gasolineras. 

Lo que puede hacer cualquier Gobierno es aprobar un impuesto excepcional a las empresas petrolíferas, que ya están aumentado sus beneficios. Es lo que hizo el Gobierno conservador de David Cameron en Reino Unido en 2011. Preveía recaudar 2.000 millones de libras, aunque la cantidad final fue muy inferior. Ese dinero se lo quedó el Estado para reducir su déficit y los ciudadanos no vieron nada de él. Pero un impuesto de esas características debe ser aprobado por el Congreso y, teniendo como tiene una mayoría de derechas, dudo mucho de que eso sea posible. 

Lo peor está por venir

Es imposible exagerar la gravedad del impacto económico de esta guerra. Es la mayor amenaza a la seguridad energética en toda la historia, ha dicho el máximo responsable de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Desde hace décadas, se ha considerado el bloqueo del estrecho de Ormuz como el escenario de pesadilla que podría causar efectos impredecibles, pero en cualquier caso muy negativos. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. El volumen de exportaciones de gas que se ha perdido por el conflicto es el doble del que se produjo después de la invasión de Ucrania. En el caso del petróleo, supera al perdido en las dos crisis del petróleo de los años 70, según la AIE. Los daños sufridos por bombardeos son de tal calibre que la agencia calcula que se tardarían seis meses para recuperar la producción perdida si la guerra acabara ahora, lo que es una previsión demasiado optimista.

El mundo está mejor preparado para afrontar un shock energético que hace décadas. Dependemos menos de los combustibles fósiles que entonces. Hasta cierto punto. Después de llegar esta semana a los 111 dólares por barril, el precio del Brent para su entrega en mayo estaba el viernes en 108. Es una cifra que crea problemas económicos que no son insuperables. Lo peor está por venir. 

Una previsión hecha por fuentes de la industria petrolífera saudí y citada por The Wall Street Journal indica que el precio del barril puede superar los 180 dólares si la disrupción del mercado se prolonga hasta finales de abril. Calculan que en la segunda semana de abril ya estará en 150 dólares. No es el pronóstico más pesimista en el artículo. Los analistas de la consultora Wood Mackenzie no descartan que el crudo llegue a los 200 dólares en algún momento de este año si continúa la tendencia actual. Con esas cifras, sería imposible evitar una recesión en EEUU y Europa.

Hay una razón por la que EEUU nunca había aceptado llevar la guerra a Irán desde 2001. No intentas destruir un país que tiene la llave de Ormuz. Hay que agradecer a la locura belicista de Trump y Netanyahu que hayamos llegado a este punto. Irán no tiene medios militares suficientes para protegerse de los bombardeos. Su principal activo es su capacidad para atacar a otros países del Golfo Pérsico y hacer que todo el mundo sufra las consecuencias del conflicto bélico. El ataque israelí al mayor campo gasístico iraní ha sido el equivalente a jugar a la ruleta rusa. Por eso, Trump dijo que no supo del ataque con antelación, lo que probablemente es falso. 

Sólo hay un factor en el que España no sale tan perjudicada. Gracias a las renovables, al igual que Francia con la energía nuclear, no está tan expuesta a las subidas del precio del gas, cuyo precio se ha doblado desde enero, destaca el Financial Times. En Italia, el precio de la electricidad ha estado marcada por el gas en el 89% de los días desde principios del año. En el caso de España, ha sido el 15%. A España también le beneficia que el 20% de su electricidad proceda de la energía nuclear. En Italia, es el 5%, pero toda ella es importada.

Por acabar con una nota optimista, Donald Trump publicó un mensaje en redes sociales a última hora del viernes en el que dice que “estamos muy cerca de alcanzar nuestros objetivos en la guerra”. Tiene que saber que si las circunstancias económicas empeoran, y lo harán si continúa el ataque a Irán, los republicanos se encaminan a una derrota clara en las eleccciones legislativas de noviembre. Pero es muy pronto para celebrar nada. Es mejor fiarse de los hechos que de las palabras de Trump. Ya sabemos que puede cambiar de opinión en cuestión de horas.