Coalición Canaria (CC) no escatimó en gastos durante la campaña de las elecciones autonómicas de mayo para tratar de contrarrestar el desgaste de 26 años en el Gobierno regional, de una vida anclada en el poder desde la fundación del partido en 1993 a través de una alianza de agrupaciones insulares, y de la imputación de su candidato a presidente, Fernando Clavijo, en el caso Grúas que investiga su gestión como concejal y alcalde del municipio de La Laguna.  

Según un informe publicado recientemente por la Audiencia de Cuentas, CC destinó 1,22 millones de euros a sufragar esa campaña, más del 40% de los gastos declarados por el conjunto de las formaciones políticas que obtuvieron representación en el Parlamento regional en esos comicios. Una cifra que supera en más de medio millón de euros la inversión realizada por la segunda fuerza que dispuso de más recursos, el PSOE (678.180,13 euros), y que multiplica por diez la del partido más austero, Sí Podemos, que dedicó 102.594,74 euros.

CC logró en esa cita 20 escaños, tres más de los que obtuvo en 2015. La proporción, sin embargo, es similar, ya que en 2019 eran 70 los diputados elegibles, diez más que en los anteriores comicios, tras la entrada vigor de la reforma electoral incluida en el Estatuto de Autonomía aprobado a finales de 2018.  Aún así, el escaño le salió caro a la formación que se define como nacionalista. Solo Nueva Canarias (NC), que gastó 394.347,88 euros y logró cinco diputados, y Ciudadanos, que invirtió 147.262,12 euros y consiguió colocar a sus cabezas de lista en Gran Canaria y Tenerife, rentabilizaron peor el dinero gastado en campaña a tenor de los resultados. Así, a la formación liderada por Román Rodríguez le ‘costó’ cada escaño 78.869,57 euros; al partido naranja, 73.631,06 euros, y a CC, 61.072 euros. 

En el lado opuesto se sitúa Sí Podemos, que consiguió cuatro representantes en el Parlamento con una campaña de poco más de 100.000 euros; el PSOE, que ganó los comicios con 25 diputados después de gastar 678.180,13 euros, y el PP, que logró 11 con una inversión de 343.410,38 euros. El ‘coste’ del escaño para estas tres formaciones se sitúa, por tanto, en 25.648,68, 27.127 y 31.219,12 euros, respectivamente, cantidades muy inferiores a la de los otros tres partidos que presentaron candidaturas en todas las islas. Un caso distinto es el de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), que también logró representación en la Cámara regional (tres diputados), pero que solo se presentaba por la circunscripción de la isla colombina. El partido liderado por Casimiro Curbelo invirtió 12.509,04 euros en las autonómicas de mayo. 

El informe de la Audiencia de Cuentas revela que, de los aproximadamente 2,9 millones de euros declarados por estas siete formaciones políticas como gastos de campaña, tan solo 10.920,82 euros (un 0,4%) no fueron debidamente justificados. Los principales responsables de este pequeño desfase son el PP, que no acreditó a qué destinó 4.314 euros de su campaña, NC (3.301,17), el PSOE (1.979,43) y ASG (1.171,5). Ciudadanos y Podemos prácticamente cuadraron los números, con pequeños desbarajustes que ascendieron a 48 y 106 euros, respectivamente, mientras que CC justificó el 100% de los gastos que declaró ante el organismo auditor. 

CC y NC recurren a los préstamos bancarios

Según recoge el informe, los principales recursos financieros de las fuerzas políticas canarias en la campaña de las elecciones autonómicas de mayo provinieron de las propias aportaciones del partido, sin especificar su origen. De esta manera, Ciudadanos declaró que el 100% de sus fondos procedieron de esta vía, un porcentaje que se reduce al 85% en el caso de Podemos, al 67% en el del PP, y al 61% en el del PSOE. El peso de estas aportaciones fue muy inferior en las campañas de CC y NC, con un 14 y un 17%, respectivamente. Ambas formaciones pidieron créditos. El partido que tenía como candidato al actual senador Fernando Clavijo solicitó préstamos a entidades financieras por valor de 816.970,77 euros, es decir, aproximadamente dos tercios del importe que gastó en los comicios autonómicos. Por ello tuvo que pagar cerca de 16.000 euros de intereses. NC, por su parte, se financió en un 60% mediante la misma vía (213.450,50 euros), con unos intereses bastante inferiores (2.572,63). 

Otra fuente de financiación de las fuerzas políticas fue el adelanto de las subvenciones con cargo a los resultados obtenidos en las elecciones de 2015. Como ganadora en escaños -que no en votos, donde fue tercera-, CC recibió el mayor importe, 229.019,2 euros, el 19% de sus ingresos electorales, un porcentaje ligeramente inferior al de NC, que percibió 70.468,09 (un 19,7%). El peso porcentual de este recurso fue similar para PSOE y PP, en torno a un tercio de su financiación (212.348,67 para los socialistas y 114.201,26 para los populares), e inferior para Sí Podemos (15.908,01 euros, un 15%). Tanto el PSOE como ASG acudieron a la fórmula de los microcréditos, con los que lograron recaudar 50.900 y 5.350 euros, respectivamente. 

Aunque el informe no desglosa las cantidades declaradas como aportaciones de los partidos que derivan de donaciones de empresas, sí que hace referencia al caso de siete sociedades que, habiendo facturado más de 10.000 euros a algunas de las formaciones auditadas, no remitieron a la Audiencia la información sobre sus operaciones, como exige la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Cinco de esas empresas financiaron la campaña del PP, una la de Ciudadanos y otra, la de Nueva Canarias. 

La confección de sobres y papeletas y la propaganda y publicidad dirigida a promover el voto a sus candidaturas constituyeron los principales gastos de los partidos en la campaña electoral. Si bien los porcentajes con respecto a la inversión total de cada uno de ellos no guardan demasiada diferencia, sí que destaca el gasto de 340.392,38 euros de CC en sobres y papeletas frente a los apenas 15.927,62 euros de Sí Podemos o los 55.114 del PP. La formación regionalista dedicó dos de cada tres euros de su campaña a publicidad y propaganda, un total de 813.646,26 euros, más del doble que la segunda en esta clasificación, el PSOE (386.206,1) y trece veces más que el partido más austero en este apartado, Sí Podemos (61.568,14). 

De los gastos declarados se desprende que solo el PSOE (10.897,44 euros), CC (8.421,06) y Ciudadanos (1.883) alquilaron locales de forma expresa para la campaña de las autonómicas de mayo. La formación naranja destinó además 18.138,75 euros a gratificar al personal no permanente que prestó sus servicios a las candidaturas. 

Nunca una declaración de rebeldía había resultado tan rentable a una fuerza política en Canarias. Al Partido Popular en las islas, liderado por el palmero Asier Antona, le han salido bien los cálculos que hizo cuando decidió rechazar las condiciones humillantes que la central de su partido en la calle Génova de Madrid había pactado a su espalda con Coalición Canaria. Porque permitir un pacto por la derecha que mandaba a su casa a Antona o, en el mejor de los casos, lo colocaba como presidente florero, habría permitido a los nacionalistas canarios tomar oxígeno y sobrevivir a costa de una nueva inyección de cuatro años de poder. Y ésas eran las instrucciones de Madrid: no pactar nada con el PSOE y permitir los gobiernos de Coalición Canaria donde fuera posible.

Se avecinan expedientes disciplinarios, dicen algunas fuentes sin identificar a los medios nacionales. Nada que reprochar, dicen otras locales, a la vista de la desastrosa gestión de los pactos en el resto de España dirigida por Teodoro García Egea, el secretario general, y del buen balance que presentan los populares canarios.

Con el Gobierno de Canarias en manos del acuerdo de progreso (PSOE, Nueva Canarias, Unidas Podemos y Agrupación Socialista Gomera) gracias a la estratégica renuncia del PP, el poder territorial de Coalición Canaria ha ido cayendo como fruta madura. Y casi siempre bajo la inspiración por acción u omisión de los de Asier Antona.

Si ya resultaba duro para CC perder el Gobierno regional tras 26 años ejerciéndolo con pactos hacia la izquierda o hacia la derecha, peor ha encajado ir quedándose poco a poco sin los influyentes y poderosos cabildos insulares, que había convertido en feudos inexpugnables. Con la ayuda del PP, el PSOE empezó por arrebatar a los nacionalistas el Cabildo de Lanzarote, y a partir de ahí han caído los de Fuerteventura (40 años en manos de CC) y El Hierro, a los que se sumaron este miércoles los de Tenerife y La Palma, en este último caso también con el concurso de los populares. Por primera vez desde que se fundó en 1993, Coalición Canaria no gobernará en ninguno de los siete cabildos insulares.

Igualmente doloroso para el partido que ahora estrena oposición ha resultado la caída en manos del PSOE de los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna, lo que deja su poder autonómico, insular y local reducido prácticamente a la insignificancia, sobre todo si se compara el nuevo escenario político con el que había primado hasta ahora. Hasta 2019, CC o sus franquicias presidían o gobernaban en cinco de los siete Cabildos y en tres de la capitales insulares. Ahora, ni un solo presidente o presidenta, ni un solo alcalde o alcaldesa capitalino.

Por contra, el PP de Asier Antona, a los que sus adversarios internos, capitaneados por un indiscreto José Manuel Soria, habían dado por amortizado, ha conseguido nueve mayorías absolutas en otros tantos consistorios, se ha hecho con tres alcaldías que no tenía anteriormente, las ha renovado en otras dos y cogobierna en otros ocho municipios. En total, un 25% de poder local, 22 de los 88 consistorios de Canarias.

Además, en un pacto muy ventajoso, ocupará la presidencia del Cabildo de La Palma (83.000 habitantes) y la vicepresidencia del de Lanzarote (146.000), en cuyas capitales, Santa Cruz de La Palma y Arrecife, ha colocado alcalde y alcaldesa, respectivamente.

La moción de censura anunciada este miércoles por el PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos en el Cabildo de Tenerife, buque insignia de la flota nacionalista por ser en esa isla donde se sitúa el germen de lo que dio lugar a CC, ha sido el último aldabonazo. 24 horas después de que los populares de Tenerife escenificaran su respaldo al presidente Carlos Alonso (CC) mediante un pacto que no parecían estarse creyendo ni los que aparecían en la fotografía, se anunció esa censura encabezada por el secretario general del PSOE en la isla, Pedro Martín, al que respalda abiertamente el líder de Ciudadanos en la Corporación, Enrique Arriaga, arriesgándose a un expediente de su partido por facilitar y participar en un gobierno con socialistas en cuyos alrededores aparece Unidas Podemos.

La crisis de Ciudadanos

La crisis de Ciudadanos en Canarias, iniciada con la decisión de los dos concejales en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de respaldar a la alcaldesa socialista, Patricia Hernández, y entrar a formar parte de su gobierno municipal, se agravará ahora con la postura de Arriaga, lo que de carambola también beneficiará al PP isleño.

Así las cosas, unas veces por acción propia y las demás por la concatenación de acontecimientos benefactores, el PP aparece como claro beneficiario de la nueva coyuntura política canaria. De entrada, presenta a grandes rasgos mayor poder institucional que Coalición Canaria, a la que, con su negativa a prestarle los apoyos que venían impuestos de Madrid, ha colocado en una posición perdedora, pese a haber obtenido en el Parlamento nueve escaños menos (20-11).

Pero cortocircuitándole la posibilidad de acceder al Gobierno regional, a lo que también contribuyeron Ciudadanos y las dudas del líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, y arrebatándole como está haciendo poder institucional local, debilita a su principal adversario electoral. Porque Coalición Canaria, por mucho que se presente en el ámbito regional como un partido nacionalista, en realidad es un partido de corte conservador y burgués. Sólo puede considerársele de ideología progresista en Fuerteventura y levemente en Lanzarote, dos de las isla que pronto empezarán a rebelarse dentro de la organización. En el resto de las islas, CC se disputa con el PP el electorado conservador, especialmente en la isla de Tenerife, donde los nacionalistas han salido especialmente tocados.

En Gran Canaria, donde la histórica hegemonía de los populares ha reducido a Coalición Canaria casi a la nada, los nacionalistas han tenido que pasar en estas pasadas elecciones por un acuerdo contra natura con Unidos Por Gran Canaria, lo que ha dado lugar a la paradoja de que en el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario se siente por primera vez un declarado nacionalista español, Lucas Bravo de Laguna. Que tardará lo él que quiera en empezar a votar con el Partido Popular.

Para colmo de males, la decisión de Coalición Canaria de colocar al frente de su grupo parlamentario al todavía presidente en funciones, Fernando Clavijo, dificultará todavía más sus tareas de oposición y las facilitará, por lo tanto, a su rival en esas lides, el PP. Clavijo parte con una doble desventaja: es el presidente saliente, cuya gestión estará en entredicho por los nuevos gobernante durante al menos los dos primeros años de legislatura, y está imputado en una causa penal, el caso Grúas, que amenaza con incrementarse con otro sumario ya abierto en los juzgados de La Laguna, el caso Reparos.

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha marcado como “línea roja” la lucha contra la violencia machista a la hora de llegar a acuerdos de gobierno con otras formaciones. “Para nosotros será evidentemente una línea roja para llegar a acuerdos con cualquier formación. No vamos a dar ni un paso atrás en la lucha contra violencia de género ni en la defensa de los derechos civiles de cualquier ciudadano que viva en España”, ha señalado Aguado en declaraciones a los medios tras participar en la sexta carrera contra la violencia de género.

Ha rechazado responder cuando ha sido cuestionado por si cree que Vox -con quien tendría que llegar a un acuerdo para lograr la Presidencia de la Cámara regional este martes- está comprometido con la lucha contra la violencia machista: “No me corresponde a mí hacer de comentarista de otras formaciones”. No conseguir el respaldo de Vox para la Mesa implica que el partido se arriesga a perder este puesto porque, si no hay mayoría absoluta, el elegido será del PSOE.

También ha evitado precisar si será el PP quien gobierne en la Comunidad y en el Ayuntamiento en los gobiernos que están negociando, como ya hizo este viernes. Aguado ha declarado que se negociará “hasta el último día” para hablar primero de programa y luego “de quiénes van a implementarlo” en el Ayuntamiento de Madrid, pero está “convencido” de que se llegará a un acuerdo: “Quedan días y pido un poquito de paciencia porque van a haber negociaciones duras pero vamos a llegar a un acuerdo”.

Para Ciudadanos lo “urgente” es cerrar los acuerdos municipales, dado que los Ayuntamientos se constituyen el próximo sábado 15, y pone en duda que se vayan a cerrar los autonómicos durante esta semana. Ha insistido, también en el caso de las comunidades, que de nombres se hablará “en último término”: “Hay tiempo suficiente para pactar buenos gobiernos a nivel municipal y autonómico”.

Este viernes PP y Ciudadanos mantuvieron su primer encuentro formal, tutelados por las direcciones nacionales de ambas formaciones, en el que acordaron crear una mesa de trabajo para hablar de asuntos del programa con vistas a la formación de gobierno en la Comunidad. En esa cita no se mencionó quién liderará el futuro Ejecutivo autonómico.

El candidato de Ciudadanos sostuvo también el viernes que no tenía “ningún inconveniente” en sentarse con Monasterio para hablar de asuntos de la Mesa de la Asamblea, que se conformará el martes, y con quien tendría que llegar a un acuerdo para que el bloque de la derecha (PP, Ciudadanos y Vox) logre la Presidencia de la Cámara regional.

El movimiento LGTBI es “de todos”

El candidato de Cs a la Comunidad de Madrid se ha referido a su ausencia en la cabecera de la manifestación del Orgullo. Ha pedido una “rectificación” porque el movimiento LGTB es de “todos” y “rebasa a los colectivos y asociaciones”. Ciudadanos no firmó el decálogo de medidas de COGAM (que establecía una prohibición a los partidos que se 'valgan de los votos de la extrema derecha') y, al no comprometerse, no podría ir en la pancarta de la cabecera.

Ante ello, el líder de Cs en Madrid ha recalcado que el partido siempre ha defendido “la libertad, la igualdad y el respeto a todos los ciudadanos con independencia de su condición sexual”. “Esto forma parte de la idiosincrasia y la razón de ser de Ciudadanos, un partido liberal, y lo vamos a seguir haciendo”, ha dicho. “Lo hemos hecho muchos años en los desfiles, las carrozas, celebraciones de reivindicaciones del Orgullo. Y yo espero que, en este caso, las asociaciones que presentan este tipo de manifiesto rectifiquen. Estamos a tiempo todavía”, ha dicho.

Además, ha recalcado que el movimiento LGTB rebasa y supera a los colectivos y asociaciones, ya que a su juicio es “una causa de todos” para “defender la libertad y respetar al colectivo LGTB”. “Nadie nos va a repartir carnets de defensa del colectivo LGTB al igual que tampoco aceptamos carnets de feminismo ni de ninguna otra causa en por la que apostamos y en la que creemos”, ha recalcado.

El Partido Popular y Ciudadanos se encuentran en plena 'faena' negociando posibles pactos de Gobierno para la Región de Murcia. La primera reunión se está marcada por la 'preferencia' de los naranjas a llegar a acuerdo con los populares. Hace unos días, el propio Rivera hacía referencia a un nuevo gobierno murciano de su partido de la mano del PP. Para que se materializara esta opción, Vox tendría que dar su brazo a torcer por activa o por pasiva mediante su apoyo o abstención. Algo que, a priori, no parece que vaya a suceder, dada la directiva de los de Abascal de estar incluido en las negociaciones para apoyar pactos de gobierno, algo a lo que Ciudanos se niega.

Antes de comenzar la reunión, organizada en el Hotel Agalia, miembros de ambas formaciones se han dado cita con los medios para narrar las principales líneas que tratarán durante su encuentro. José Miguel Luengo, alcalde en funciones de San Javier del PP, ha señalado que durante la última legislatura, su partido fue capaz de gobernar con 22 diputados, mediante acuerdos con Ciudadanos, con los que sacaron adelante los presupuestos. También ha expresado que consiguieron bajar los impuestos y proporcionar “estabilidad” a los ciudadanos. Respecto a la reunión con Cs, Luengo ha indicado que creen que serán capaces de llegar a un acuerdo. “Venimos a escucharles y a seguir poniendo puntos en común entre las dos formaciones. Hemos visto sus propuestas inciianles y son un punto de partida interesante”.

Esta tarde, el alcalde en funciones se reunirá con Vox para hablar sobre pactos de gobierno. “Estamos llamados a dialogar y a ser conscientes de que los ciudadanos han dado su apoyo mayoritoario a un posible gobierno liberal y reformista”. Con respecto a la negativa de Ciudadanos de sentarse a hablar con la extrema derecha, los populares tratarán la cuestión durante su primera reunión con Cs: “Quiero escuchar las líneas que nos marcan con Vox”.

Miguel Garaulet, diputado en Congreso por Murcia y miembro del comité negociador de Ciudadanos, ha expresado que hablarán con el PP “sobre todo de las líneas programáticas y de los puntos que estamos de acuerdo, como la rebaja de impuestos, tratamiento de los autónomos o la educación”. El dirigente ha indicado que lo importante de las negociaciones será que cuando finalicen habrá “un cambio real en la política de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, porque estará Ciudadanos”.

Garaulet ve como únicos socios de gobierno posible al PP y PSOE, con quien finalmente se reunirán el viernes 7 de junio, y no el lunes 10 (un día antes de la constitución de la Asamblea Regional), como había manifestado en un principio el candidato socialista Diego Conesa. “Son las opciones que pueden afrontar un cambio político en la región”. Sobre si finalmente se sentarán con Vox para acuerdos de gobierno, el diputado ha sentenciado que no negociarán “ni con populistas de izquierda ni de derechas”.

Con respecto a los asuntos judiciales que tiene pendiente el grupo popular y que podrían salir a colación las próximas semana, Garaulet ha indicado que “cuando vengan esos problema” decidirán qué hacer. “Lo importante es que queremos un gobierno que mejore la vida de los habitantes de la Región de Murcia”.

Ciudadanos Región de Murcia ha nombrado el Comité Autonómico de negociación de gobiernos del que forman parte: la secretaria de Organización, Valle Miguelez; el diputado nacional Miguel Garaulet; la candidata a la presidencia de la Región de Murcia, Isabel Franco y la diputada electa autonómica Ana Martínez Vidal. Este comité -como el resto de los autonómicos- está coordinado por el secretario de Organización nacional, Fran Hervías.

En línea con el decálogo de negociación colectiva aprobado ayer por la ejecutiva nacional del partido, el Comité Autonómico de Murcia señalará las políticas que Ciudadanos quiere desarrollar en la Región de Murcia.

“Queremos anteponer el interés de los ciudadanos a cualquier otra conveniencia partidista” ha señalado Garaulet en declaraciones a los medios, que también ha puntualizado que el objetivo prioritario de Cs es “la regeneración”.

La creación del comité coincide con las declaraciones de Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, al decir en el programa de Antena 3, 'Espejo Público', que el “cambio” llegará a la Región porque la “novedad” será que “no va a gobernar el Partido Popular en solitario”, dando a entender que su partido se inclina por un acuerdo con los populares para la gobernabilidad de la Región.

La operación de venta de 1.860 viviendas públicas a un fondo buitre en 2013, impulsada por el Ayuntamiento de Ana Botella (PP), da un paso definitivo en los tribunales tras cinco años de lucha judicial de los afectados y dos archivos que dieron carpetazo al caso.

La Audiencia Provincial ha ordenado esta semana al juez que sobreseyó en dos ocasiones la causa que dé por concluida la investigación y pase a la siguiente fase, la que con toda probabilidad sentará en el banquillo a los presuntos responsables de los delitos que aprecian los magistrados en la operación: malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude. Entre las personas acusadas no está ni estará la alcaldesa Ana Botella, cuya Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid dio el visto bueno a la venta en 2013.

La exalcaldesa no figura como investigada en la causa, y ya no hay posibilidades de que eso ocurra porque se ha cerrado la fase de instrucción, pese a que el Tribunal de Cuentas sí la considera responsable del perjuicio patrimonial que produjo aquella operación por la que se vendieron 18 bloques de viviendas al fondo de inversión Blackstone por 23 millones menos de su valor real. Botella, por tanto, no se sentará en el banquillo, aunque es más que probable que tenga que declarar ante el juez como testigo a petición de las acusaciones, según han avanzado los letrados del grupo municipal socialista y de la Asociación de Afectados por la Venta a eldiario.es.

Esta causa, se lamentan las acusaciones, finalizará sin señalar a los responsables políticos de la venta, que se llevó a cabo “vulnerando las más elementales reglas de gestión”, según un informe de la Cámara de Cuentas del año 2016. Los únicos dos investigados son el consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), Fermín Oslé, y el apoderado de Fidere (una empresa dependiente de Blackstone), Alfonso Benavides. La firma de ambos está sellada en las escrituras que cerraron la operación.

“Nos parece que la causa va a quedar coja. En la sentencia del Tribunal de Cuentas ya aparece responsabilidad por alcance de la Junta de Gobierno. Ahora que se ha agotado el periodo de instrucción no hay más posibilidades”, explica Adolfo Barrera, abogado del grupo municipal socialista. El PSOE fue el partido que impulsó, junto a la Asociación de Afectados, la querella que desencadenó la investigación penal.

Dos intentos de archivo

La causa permanecía encallada en la fase de instrucción desde el año 2014. “El juez se ha mostrado renuente a la continuación y la ha sobreseído dos veces. Las dos veces la Audiencia Provincial le ha llamado la atención”, apunta Mariano Benítez de Lugo, el abogado que representa a la Asociación de Afectados. El juzgado de instrucción número 38 de Madrid, donde fue a parar esta causa, no ha apreciado en todos estos años indicios sólidos de delito en las actuaciones: dio carpetazo a la investigación en 2017 y, otra vez, en enero de 2019.

Este último sobreseimiento se firmó tres semanas después de que el Tribunal de Cuentas condenara a la exalcaldesa Ana Botella y siete cargos de su gobierno en una sentencia que describía profusamente las irregularidades escondidas detrás de la operación: se llevó a cabo sin una tasación fiable, sin publicidad, haciendo uso de información privilegiada y sin tener en cuenta el interés público. Las actuaciones ni tuvieron “justificación jurídica” ni “motivación económica admisible” porque “no se valoraron otras posibilidades” y llevaron a cabo en unas “condiciones” que generaron perjuicio a las arcas públicas.

La Audiencia Provincial corrigió dos veces el criterio del magistrado de instrucción para reabrir la causa volcando sobre los autos las conclusiones de investigaciones realizadas al margen de la justicia por órganos administrativos (la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas). Pero esta segunda reapertura no es igual que la primera: esta vez los magistrados van un paso más allá y empujan la causa hacia el juicio oral. En cuanto se abra el procedimiento abreviado, el asunto pasara además a manos de otro magistrado. Ya sea un juez de lo penal o de la Audiencia Provincial, que ya se ha mostrado contundente en sus autos.

Los afectados: seis años de espera

Los afectados y sus abogados aseguran que están “esperanzados”, aunque también expresan que los tiempos judiciales se encajan mal con las necesidades personales. Muchos ya suman a las espaldas seis años de incertidumbre y angustia: primero sorpresa y desconocimiento –nadie les avisó de que sus viviendas, a las que habían entrado a vivir tras esperar una lista y cumplir unas condiciones de renta, iban a ser vendidas con ellos dentro–, después incertidumbre ante las subidas reiteradas y sin control público de los precios del alquiler.

En algunos casos también desahucios por impago; o huidas anticipadas por el miedo a que sucediera; o vueltas atropelladas a casa de familiares. O, en el mejor de los casos, resistencia con ayuda económica de otros. eldiario.es pasó una tarde con un grupo de vecinas de un bloque vendido: “Si he podido seguir aquí es porque he pedido dinero a mis padres”, contaba Beatriz. “Mi padre también me ha ayudado”, le seguía Ana.

Lo que queda de camino judicial, dicen los abogados, estará marcado por otras dos variables: la posición del Ministerio Fiscal y la de la EMVS si se produce un cambio de gobierno en el Ayuntamiento. La Fiscalía se ha mantenido hasta ahora alineada con la postura del juez de archivar el caso. Lo mismo ha pasado con otra venta paralela de viviendas públicas del IVIMA, impulsada el mismo año con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. “El fiscal siempre ha estado poco proclive a la investigación del caso”, sostiene Benítez de Lugo.

¿Qué pasa si hay cambio de gobierno?

Por otro lado está la EMVS. La misma empresa pública que se despatrimonializó la empresa por orden del Gobierno de Ana Botella ahora es acusación particular en el caso, pese a que, como entidad, podría ser condenada por responsabilidad civil subsidiaria. Los afectados temen que, con un probable cambio de color político del Ayuntamiento con la entrada de José Luis Martínez-Almeida, el nuevo equipo abandone la causa. Fuentes cercanas a Almeida descartan desvelar por el momento su postura a este respecto. El propio candidato del PP defendió la venta en una entrevista en La Sexta este mismo martes, en la que aseguró que desconoce si habría tomado la misma decisión pero que entendía los motivos de la venta.

La sentencia del Tribunal de Cuentas que ha reabierto el caso partió de una denuncia de la EMVS y el Ayuntamiento de Madrid como estableció la comisión de investigación del propio Consistorio en 2017. El Tribunal de Cuentas concluyó que Botella y parte de su Gobierno permitieron la enajenación de las viviendas por 128 millones de euros, 23 millones menos de su valor real. La sentencia asegura que “incurrieron en una negligencia grave” porque “no impidieron el perjuicio en el patrimonio público” a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos).

Tanto Botella como los demás condenados han recurrido la sentencia y piden su absolución. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, también ha presentado un recurso y solicita que se multiplique por más de seis el importe de su condena contra los responsables de la venta de pisos sociales a fondos buitre: pide que se eleve el importe del perjuicio contra las cuentas públicas de 25,7 a 162,8 millones.

¿Si hay condena se revierte la venta?

El Ayuntamiento de Madrid solicitó tras la comisión de investigación que la venta se revirtiese, algo para lo que necesitaban una aprobación de la Comunidad de Madrid que lo denegó. Tras la sentencia del Tribunal de Cuentas, el Consistorio estudió volver a pedir la anulación, pero fuentes de la corporación local confirman a eldiario.es que nunca se ha tramitado esa solicitud.

¿La justicia obligará a revertir el proceso y que las viviendas vuelvan a incorporarse a la cartera pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo? Es otra de las preguntas que surgen ante este proceso de desenlace incierto. Si los señalados como responsables son condenados, “la venta es una consecuencia de esos delitos”, considera Benítez de Lugo, que anticipa que una condena conllevaría también la anulación de la operación.

El valor de las viviendas que vendió el Gobierno de Ana Botella ha aumentado un 227%, según los cálculos del propio fondo buitre que las compró. Además, los alquileres que cobra a los inquilinos ese fondo han subido un 49%. Blackstone (Fidere) pagó por esas promociones de viviendas de protección oficial, 128,5 millones de euros. Según los cálculos que efectuó el propio fondo de inversión, el valor actual de mercado de esas casas está por encima de los 660 millones (662.098.184 euros).

Este escenario se complica si se tiene en cuenta que Blackstone ya ha incluido en su próximo paquete de ventas al menos 10 de los 18 bloques que compró al Ayuntamiento de Madrid a precio de saldo en 2013. “Hay terceros que de buena fe han hecho caja. El fondo compró en época de crisis para luego vender y hacer negocio”, afirma Adolfo Barreda.

Hacer un análisis sobre la pérdida de votos que ha sufrido Podemos con respecto a las elecciones generales o en comparación con las anteriores autonómicas y locales es complejo. En su caída, que no solo ha afectado a Canarias, intervienen múltiples factores externos e internos. Si en las generales, el objetivo de los votantes de izquierda era frenar a la extrema derecha de Vox, en las autonómicas, el votante de las Islas lo que pretendía era frenar al partido que llevaba 26 años en el poder: Coalición Canaria. El arma para pararle, debió pensar una parte de los votantes, era apostar a caballo ganador, al partido al que las encuestas daban mayoría: el PSOE.

Sin embargo, no solo en la oleada de los socialistas en toda España se justifica la pérdida de votos, también habría que analizar el contexto social actual, los problemas internos de la fuerza morada (que en Canarias obligaron a Noemí Santana a rehacer su candidatura al Parlamento en tiempo récord) y su política de alianzas, no tanto en lo que a contenido programático se refiere, sino a sus siglas. La secretaria de organización del partido en las Islas, Pino Sánchez, insiste en que no quiere hacer un análisis sesgado de las causas de la pérdida de votos, pero añade que se ha abierto un proceso de reflexión responsable.

En las elecciones generales quedó claro que la fusión con Izquierda Unida y Equo pasaría a denominarse Unidas Podemos. En esa línea se dirigieron campañas, entrevistas en medios, logos, cartelería publicitaria... No obstante, en las municipales la política de alianzas resultó más compleja e inédita para la formación morada, que, a diferencia de 2015, ahora sí que decidía concurrir con su marca. Así, en febrero anunciaba que se presentaría en 39 de los 88 municipios canarios.

Sí Podemos Canarias, Unidas Se Puede, Unidas Podemos, Lanzarote en Pie Sí Podemos... Encontrar la papeleta del partido morado fue una odisea en algunos municipios el pasado 26 de mayo. La de Las Palmas de Gran Canaria era difícil de reconocer si no se conocía a los candidatos. Así lo han comentado numerosos votantes y también lo ha reconocido la secretaria de organización del partido, que considera que en esa papeleta la denominación del partido no destacaba, lo que dificultaba su identificación. En la ciudad concurría con el nombre Unidas Podemos.

“No encontraba el nombre y voté a otro partido”, “no estoy segura de haber votado lo que quería”... Son algunas apreciaciones que comentan votantes de Podemos de todas las islas. Si, por ejemplo, atendemos a la candidatura del Cabildo de Lanzarote, la denominación con la que se presentó la plancha morada es Lanzarote en Pie Sí Podemos, denominación que generaba confusión con candidaturas como Unidos por Lanzarote, Izquierda Unida, Todos por Lanzarote... El logo de la formación morada aparecía en la papeleta adecuada, pero unido al del movimiento ciudadano 'Lanzarote en pie'. La fuerza logró dos consejeros en la corporación insular, uno menos que en las pasadas elecciones.

¿Qué candidaturas concurrían con Podemos?

En la capital de esta isla, Arrecife, se presentó como Podemos - Equo y de forma independiente Izquierda Unida, lo mismo que ocurrió en San Bartolomé, Tías, Tinajo y Teguise. En Haría no se presentó. En la isla además se generaba cierta confusión con la candidatura Unidos por Lanzarote, que nada tiene que ver con Podemos.

En el Cabildo de Fuerteventura, concurrió con la marca Sí Podemos Canarias (Podemos, Equo, Sí se Puede). Así mismo, en los municipios de Antigua (Unidas Podemos, IU Antigua), La Oliva, Puerto del Rosario y Pájara (como Podemos). En esa isla, suele generar confusión otro partido que en las pasadas elecciones tuvo repercusión, Votemos, que no pertenece a la formación morada.

En la isla de Gran Canaria, el partido sí se presentó únicamente con su marca en Arucas, Firgas, Gáldar, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa Brígida, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Teror.

Sí Se Puede y Podemos

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene arraigo la formación Sí Se Puede. En la capital tinerfeña concurrió con sus siglas y quedó sin representación en el Ayuntamiento. Sí logró concejalías la candidatura Sí Podemos Canarias, junto a Izquierda Unida y con Ramón Trujillo como cabeza de lista. En La Laguna sí confluyeron Podemos y este partido en la confluencia Unidos Se Puede, que se han convertido en clave para un posible pacto de izquierdas en el municipio.

También hubo candidaturas participadas por Podemos o en solitario en Adeje, Arona, El Rosario, El Sauzal, Granadilla de Abona, La Orotava, Los Realejos o Tegueste. Sin embargo, también se percibió cierta confusión con la denominación de algunas listas. En El Sauzal, por ejemplo, se presentó bajo Unidos Se Puede El Sauzal y en Tacoronte como Sí Se Puede. Otro ejemplo claro es Tegueste, donde existe Unidas Por Tegueste Podemos y Sí se Puede. “¿Por qué a veces Sí Se Puede sí es Podemos y otras no?”, hay quien se cuestiona. Es cierto que la realidad de cada municipio es compleja y que en unos es posible llegar a una serie de acuerdos y en otros no. Sin embargo, sí que se aprecia la necesidad de haber explicado mejor las confluencias o de que en las listas participadas por la formación morada hubiera una mejor distinción de su logo.

En La Palma se han presentado tanto candidaturas como Sí Se Puede, como Izquierda Unida y Podemos en solitario (Garafía, Breña Alta, Breña Baja, San Andrés y Sauces, Villa de Mazo, Santa Cruz de La Palma). En El Hierro destacó la candidatura en los tres municipios de El Hierro Puede Izquierda Unida Canaria (integrada por la formación morada e Iniciativa por El Hierro-Izquierda Unida Canaria). En La Gomera, sin embargo, la formación morada no se presentó.

Los ofrecimientos de la izquierda a Ciudadanos para formar un gobierno alternativo y “encapsular” a Vox en Madrid han hecho mover ficha al Partido Popular en el gran puzzle de los pactos postelectorales. El tanteo del PSOE y Más Madrid a Ciudadanos en reuniones informales ha incrementado la presión sobre los populares, que enfrían su posición sobre la entrada de Vox en los gobiernos ante la negativa de los de Rivera a repartirse consejerías y concejalías con la extrema derecha. 

Si el PSOE ya reveló el miércoles que se mostraba dispuesto a dar la alcaldía a Begoña Villacís a cambio de la investidura de Ángel Gabilondo como presidente de la Comunidad de Madrid, el candidato de Más Madrid, Iñigo Errejón, hizo horas después otra oferta a la formación de Albert Rivera “para que el Ayuntamiento y la Comunidad no dependan de Vox”. 

Ante este escenario de ofertas cruzadas, el partido ha pasado de dejar todas las puertas abiertas de los gobiernos a Vox –la candidata en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo el lunes que no “puedes pretender que te apoyen a cambio de nada– a prometer atender consideradamente la ”línea roja“ de Ciudadanos de evitar su entrada. ”No hay ningún hecho que confirme que Vox va a entrar en ningún gobierno. Si los gobiernos son de coalición de centro derecha e incluyen a Ciudadanos, habrá que atender a parte de las razones que explica Ciudadanos“, ha indicado este jueves el Vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, en una entrevista en RNE. 

Todos los esfuerzos de los conservadores están puestos ahora en lograr una mesa de negociación a tres, como pide el partido de Santiago Abascal, y a la que de momento Ciudadanos se niega. “Nuestra vocación es tener una relación extraordinaria [con Ciudadanos] para poder forjar acuerdos que ya están dando resultados en el caso de Andalucía”, ha señalado Maroto, que ha pedido explícitamente un “esfuerzo” al PP, su “socio prioritario”. “Sentarse no es asumir el 100% de los postulados del que se sienta al otro lado, sino ver qué se plantea”. 

Mientras, el PP ha empezado a reunirse por separado con cada uno de los partidos con el temor de que, si ninguna de las formaciones se mueven de sus posiciones, será imposible el acuerdo de las tres derechas en Madrid y el feudo de la Puerta del Sol podría estar en riesgo. El secretario general popular, Teodoro García-Egea, ha admitido dos encuentros “informales” con José Manuel Villegas (Ciudadanos) e Iván Espinosa de los Monteros (Vox). 

En Madrid, el PP ha priorizado en sus bilaterales a Ciudadanos, una decisión que Vox le ha afeado públicamente después de que la candidata del PP abriera las puertas a formar un gobierno a tres con Vox. “Así, no”, escribía la candidata de Vox, Rocío Monasterio, como reacción a la noticia del encuentro entre Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado este miércoles para empezar a trabajar en un programa conjunto de gobierno.

El PP niega que cederá la alcaldía a Villacís

Las ofertas cruzadas a Ciudadanos podrían engordar sus expectativas sobre qué pueden o no pedir a cambio y hacer al partido resideñar su estrategia. Cuca Gamarra (PP) ha salido este jueves a desmentir que su partido esté planteándose ceder la alcaldía de Madrid a Begoña Villacís, pese a que ha obtenido menos votos que su candidato José Luis Martínez-Almeida, a cambio de recabar el apoyo de los de Rivera para hacer presidenta a Díaz Ayuso. 

Mientras, mantienen el bloqueo a Vox pero dejan una puerta entreabierta al PSOE con una condición imposible: que el candidato Ángel Gabilondo reniegue de Sánchez si quiere recabar su apoyo. No dar un portazo a esta posibilidad, por difícil que sea, es visto también en el partido como un modo de ganar ventaja a la hora de negociar con el PP. El secretario general de la formación, José Manuel Villegas, ha reiterado en todo caso que no quieren oír hablar de “tripartitos” y mantiene su aspiración de convertir a Begoña Villacís en alcaldesa.

“Los votantes de Ciudadanos prefieren que Carmena no gobierne el Ayuntamiento de Madrid”, ha remarcado Villegas en una entrevista en TVE. Una negativa clara, esta vez sí, a la posibilidad de entendimiento con Iñigo Errejón, con quien ha negado tener “ningún contacto”. “Pronto habrá una solución para que Madrid nos sea gobernada con los populistas”, ha añadido. 

En este puzzle inacabable, cuyas piezas deben estar colocadas antes del 11 de junio pero se entremezclan con las del resto de territorios, todos están pendientes de las exigencias de Vox, que aún no ha decidido si pedirá como condición sine qua non ser parte de algunos gobiernos para permitir que sumen los números de los pactos de la derecha. Este jueves el partido ha reunido al Comité Ejecutivo Nacional para “tratar con precisión cuáles son las líneas rojas programáticas y las pretensiones” de la formación de cara a los pactos. 

La izquierda continúa en su operación para evitar que todos los caminos pasen por Vox en Madrid. El objetivo es “encapsular” a la extrema derecha y dejarla fuera de las instituciones y de los programas de gobierno. Pero cada formación tiene un plan distinto. Los socialistas de Pepu Hernández pagarían el peaje de que Begoña Villacís fuera alcaldesa a cambio de lograr un cambio de gobierno en la Comunidad tras 24 años de PP. Incluso estarían dispuestos a que Gabilondo y Aguado se repartieran consejerías, aseguran fuentes socialistas, que dicen que este extremo “se concretaría después”.

Este escenario permitiría a Ciudadanos tocar poder en la región y, además, tener el gobierno de la ciudad más importante y visible de España. En este caso, los socialistas tendrían que proponer algún tipo de rédito a Más Madrid por este cambalache que supone sacrificar a Carmena y no dar poder a Errejón porque las cuentas solo dan si esta plataforma permite sus votos en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid la ecuación.  

La solución preferente para Más Madrid pasa, sin embargo, por hacer alcaldesa a Manuela Carmena. “Creo que lo normal es que gobierne Manuela Carmena, que es la más votada y vamos a intentar llegar a acuerdos para eso”, apuntaba el candidato en una entrevista con eldiario.es. Aunque no se cierra a otras sumas. “A mí no me gusta un gobierno del PSOE con Ciudadanos, así que menos aún me gusta un gobierno de Ciudadanos con el PSOE. Lo que pasa es que la política no es elegir lo que a uno le gusta más, sino elegir entre lo posible”. 

El vicesecretario general de Organización del PP, Javier Maroto, ha señalado este jueves que para Ciudadanos es una “línea roja” la entrada de Vox en los gobiernos de centro-derecha y se ha mostrado abierto a atender sus razones durante las negociaciones. No obstante, ha pedido al partido de Albert Rivera un “esfuerzo” para que se siente a negociar porque eso no supone asumir los postulados del Vox. “No sentarse significa más gobiernos de izquierda o incluso perder territorios en los que el centroderecha está gobernando”, ha expresado Maroto, uno de los responsables nombrados por Génova para diseñar los pactos postelectorales. 

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Maroto ha explicado que su prioridad es pactar gobiernos de coalición con Ciudadanos, que estén basados en programas de centroderecha y que permitan desarrollar políticas contenidas en el programa del PP, en línea con el acuerdo que se alcanzó en enero en Andalucía y llevó al 'popular' Juanma Moreno a la presidencia de la Junta.

A juicio de Maroto, las posibles reticencias de Ciudadanos para alcanzar pactos con el PP, aduciendo que podrían entrar en gobiernos miembros del partido de Santiago Abascal, parten de una premisa que “no se ajusta a la realidad” porque “no hay ningún hecho que confirme que Vox va a entrar en ningún Gobierno”. De hecho, ha dicho que eso es una “línea roja evidente” para Ciudadanos, que ya “demostró en otras ocasiones”.“Si los gobiernos son de coalición de centroderecha e incorporan a Ciudadanos habrá que atender también a parte de las razones que explica Ciudadanos. Un gobierno con Ciudadanos, lo dicen ellos, no lo digo yo, es un gobierno de coalición de Ciudadanos y PP”, ha recalcado.

De esta forma ha enfriado la posibilidad de que Vox entre en ejecutivos regionales y municipales, pero ha instado a Ciudadanos a sentarse a negociar, ya que eso no significa “asumir los postulados del otro”. Y ha puesto como ejemplo que el líder del PP, Pablo Casado, se ha reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque sea para constatar sus discrepancias.

“No sentarse significa más gobiernos de izquierda o incluso perder territorios en los que el centroderecha está gobernando”, ha argumentado el responsable de Organización del PP, haciendo una llamada a hacer ese “esfuerzo”. Es más, ha señalado que lo democrático es “sentarse con partidos que piensan distinto para ver qué posibilidades hay de trazar un cambio político. Y ha reiterado que ”no se trata tanto de con quien se pacta“ sino qué se pacta.

En todo caso, Vox ya rebajó este martes sus expectativas respecto a posibles entradas en los gobiernos pero fijó como una condición irrenunciable estar presente, como un partido más, en las negociaciones. Es decir, evitar los encuentros bilaterales de Andalucía y abrir una mesa a tres en los territorios con PP y Ciudadanos.

Con respecto a la posibilidad de que Ciudadanos pueda llegar a un acuerdo en Madrid con PSOE y Más Madrid, la formación de Íñigo Errejón, el dirigente 'popular' ha indicado que si la formación 'naranja' es capaz de pactar con una “escisión” de Podemos “tendrá que explicarlo”. Sin embargo, Maroto no ve “factible, razonable, ni realizable” ese pacto. “No criticaré algo que no se va a producir en ningún caso”, ha señalado el dirigente del PP.

Asimismo, después de que el candidato apoyado por Ciudadanos en Barcelona, Manuel Valls, se haya ofrecido a apoyar a Ada Colau para evitar un alcalde independentista en la ciudad condal, Maroto ha evitado pronunciarse, insistiendo en que Ciudadanos tendrá que ver si “le pasa factura” este movimiento.

El resultado oficial de las elecciones autonómicas celebradas este domingo en Cantabria no se sabrá, previsiblemente, hasta este jueves, después de que la Junta Electoral haya decidido suspender el recuento oficial al no poder comprobar las incidencias detectadas en una decena de mesas. La decisión redondea una jornada en la que ha reinado el caos y la confusión y en la que se han descubierto errores en varios municipios que, en algunos casos, han supuesto una variación en el reparto de concejales, como en Torrelavega, donde Vox ha perdido su único edil.

Los representantes del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) solicitaron en la tarde de este miércoles que se cotejaran las actas de cada mesa electoral con los datos volcados en el sistema informático después de que el voto de los cántabros residentes en el extranjero les privara del diputado número 15 que habían arrebatado 'in extremis' al PSOE en el escrutinio llevado a cabo en la noche del domingo.

Esto ha provocado que la Junta Electoral y los interventores de los partidos hayan tenido que examinar el resultado de las 800 mesas que había aproximadamente en los colegios electorales de Cantabria. Después de más de cinco horas de trabajo, se han comprobado todas ellas y en algunas se han subsanado errores que han terminado beneficiando al PSOE, que ha subido en votos aunque en una cuantía insignificante, según apuntan fuentes presentes en el recuento a eldiario.es.

Sin embargo, en otra decena de mesas también se han puesto de manifiesto discrepancias, pero no se han podido verificar porque no estaban todas las actas o presentaban algún defecto, lo que ha obligado a la Junta a posponer el chequeo hasta este jueves una vez que sean aportadas por la Delegación del Gobierno y por los partidos políticos.

2.400 actas

En total, con motivo de estas elecciones autonómicas y municipales se han levantado en Cantabria cerca de 2.400 actas, ya que por cada mesa electoral han de formularse tres: una de la constitución de la propia mesa, otra del escrutinio con los resultados y otra acta de sesión en la que se recoge, además de los votos obtenidos por cada candidatura, el censo electoral, la participación, las papeletas nulas y en blanco y si ha habido alguna disconformidad. Además, los representantes de los partidos -apoderados e interventores- pueden llevarse otra a modo de resguardo.

A la hora de verificar los resultados no se comprueban directamente las tres, sino que se coteja la del escrutinio y en caso de que no haya coincidencia es cuando se revisa el resto. En una mesa de Ribamontán al Mar, por ejemplo, al abrir el sobre que debe contener las tres actas ha resultado que estaba vacío, de modo que ahora los partidos deberán presentar sus datos y será la Junta quien dirima. En otros casos ha habido disparidad entre las anotaciones que tenían las formaciones.

La confirmación oficial de los resultados se conocerá este jueves una vez que la Junta Electoral haya resuelto las incidencias de esta decena de mesas que han quedado pendientes. Por el momento, el reparto provisional de escaños en Cantabria es el siguiente: 14 diputados PRC, 9 PP, 7 PSOE, 3 Cs y 2 Vox. Esta distribución hace que desaparezca la opción de un Gobierno entre PRC y Ciudadanos, que no sumarían mayoría. Los regionalistas han defendido que su preferencia es llegar a un acuerdo con el PSOE, si bien no han descartado otras posibilidades.

La historia de la confusión

La noche electoral del 26-M deparó un resultado muy ajustado en el que un puñado de votos hacía bailar los escaños de una formación a otra. Tal es así que prácticamente cuando el escrutinio tocaba a su fin -pasadas ya la tres de la madrugada- los socialistas perdían por 59 papeletas a su diputado número siete, que saltaba a las filas del Partido Regionalista que lidera Miguel Ángel Revilla, el gran ganador de estos comicios.

El margen tan escaso hacía presagiar que el PSOE podría recuperar el escaño una vez que este miércoles se recontara el voto CERA, tradicionalmente progresista. Cerca de dos mil cántabros residentes en el extranjero solicitaron participar en este 26M y, finalmente, han ejercido su derecho 1.019, siendo el PSOE la formación más votada pero por tan solo 19 votos de diferencia con respecto al PRC.

Como el PSOE había perdido el diputado número siete por 59 votos, los partidos y también los medios de comunicación dieron por hecho que los socialistas no habían logrado remontar lo suficiente y que el PRC era quien se quedaba con el escaño en disputa. Sin embargo, el voto CERA ha de sumarse al voto total, lo que provoca que los coeficientes que establecen el reparto de escaños cambien.

No fue hasta aproximadamente una hora más tarde de conocerse el resultado, en torno a las tres de la tarde, cuando los socialistas se percataban del error y comenzaban a difundirlo entre los periodistas. Desde el PRC aseguraban que la Junta Electoral les había informado de que el diputado 15 era suyo, lo que daba paso a una confusión generalizada.

Como consecuencia de todo ello, y al tratarse de un resultado tan ajustado, el representante regionalista ante la Junta Electoral y portavoz parlamentario, Pedro Hernando, decidió solicitar que se cotejara el recuento de todas las mesas, una acción poco habitual que no concluirá hasta este jueves.

Con apenas cuatro meses de existencia, 257 militantes (la cifra va en aumento estos días) y una modesta campaña electoral, el XAV (Por Ávila) roza la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Ávila después de 28 años de Gobierno del PP. Ha obtenido el 35% de los votos en la capital. No solo eso. Además entra en las Cortes de Castilla y León con un procurador gracias a 9.447 votos, una situación inédita en la Comunidad.

Las siglas del XAV empezaron a sonar el pasado domingo, cuando el escrutinio mostraba una clara victoria de este nuevo partido en el Ayuntamiento. El artífice del éxito es el expresidente de la Diputación por el PP, Jesús Manuel Sánchez Cabrera. Muchos daban su carrera política por acabada cuando el pasado 1 de marzo anunciaba su baja en el partido en el que militó “media vida”, 18 de sus 36 años, para seguir presidiendo la Diputación desde el grupo de no adscritos. Adelantaba además que sería candidato a la alcaldía con el partido Por Ávila.

La salida de Sánchez Cabrera no fue pacífica y tuvo un claro detonante: en septiembre de 2018 la dirección provincial le propuso, con el beneplácito de Pablo Casado –a quien conoce bien–, ser el candidato al Ayuntamiento porque las encuestas internas revelaban que tendría mayoría absoluta. Aceptó diciendo que no lo hacía por el partido sino por Ávila. En diciembre y sin ningún motivo, le dijeron, según su versión, que ya no sería candidato. Lo encajó, pero pidiendo un cambio en la forma de hacer política. Se tomó un periodo de reflexión en el que vio que el proyecto era de “continuismo”. En compensación se le ofrecieron cargos que rechazó, ya no quería seguir en el partido. Desde que solicitó su baja, estuvo en el grupo de no adscritos 25 días. Una moción de censura acabó con su presidencia.

Sánchez Cabrera es el menos sorprendido del rotundo éxito del XAV. “Esperábamos ser la fuerza política más votada, es la realidad. Los abulenses, hartos del Partido Popular, querían cambio y han optado por una opción con un buen programa político y un buen equipo”. Los fundadores de Por Ávila militaron en el PP pero ahora, según Sánchez Cabrera, lo forman “personas de distinta ideología que confluyen en la única ideología del partido, ni de izquierdas ni de derechas: Ávila y los intereses de los abulenses”.

Lo primero que quieren pedir desde el partido es que se revierta una “deuda histórica” con la provincia, “considerada siempre de tercera”. La razón, según él, es que es una provincia que siempre apoyó al PP, un partido que no vio la necesidad de invertir porque ganaba siempre. Y la misma lectura pero a la inversa hace con gobiernos socialistas en España. “Los abulenses han sido esclavos de sus propios votos”. El futuro alcalde de Ávila cita de carrerilla todo lo que le falta a su provincia, desde infraestructuras que la comuniquen mejor con Madrid, tanto autopistas como autovías, como una la línea de ferrocarril “del siglo XIX”. Lamenta además que no pueda compararse con otras provincias de Castilla y León.

Una campaña con tres carpas y Whatsapp

De sus cuatro años como presidente de la Diputación destaca un cambio en la forma de hacer política, “todos los municipios”, apunta, “tuvieron las mismas oportunidades” porque se pasó de dar ayudas a dedo a adjudicar. El cambio no gustó a “las redes clientelares del PP”. Por contra, en el Ayuntamiento, el PP “no fue capaz” de afrontar una política para el muy necesaria: vincular la ciudad a la provincia, porque una sin la otra no pueden funcionar. “No han sido capaces de dar respuesta a los grandes retos que tiene la provincia de Ávila”.

El proyecto del XAV para la capital lo define como “creíble y realizable”, con un equipo de personas “conocidas, cercanas y reivindicativas”. Esa es, según él, la clave para conseguir 11 concejales frente a los seis que han sacado PP y PSOE. Todo ello con una campaña modesta: WhatsApp y redes sociales ante la carencia de espacios en los medios de comunicación y un presupuesto que era “prácticamente nada”. “No hemos puesto banderolas, no hemos puesto pancartas, no hemos tenido nada, a excepción de tres carpas pequeñitas en la ciudad, los carteles del día de la pegada y un tríptico”, asegura.

Una baza importante ha sido la presencia que Sánchez Cabrera tuvo durante cuatro años en la vida social abulense, en los que dejó pocos rincones por recorrer. Antes, su trabajo en banca le hicieron también ser conocido y a la vez conocer los problemas de los ciudadanos, porque “cuando alguien va a sacar dinero de su cuenta acaba charlando de lo que le preocupa”.

Algo similar ocurre con su cabeza de lista a las Cortes, Pedro Pascual, presidente del Real Ávila Club de Fútbol, médico de profesión y coordinador del 112. “No es un hombre de despacho, él salía con la ambulancia, y durante la campaña la gente se le acercaba para recordarle que había salvado a un familiar suyo”. Pascual conoce además perfectamente todas las deficiencias que presenta Ávila y provincia en Sanidad. Con un hospital de referencia en Salamanca al que muchos enfermos de la provincia llegan después de hora y media de camino. Personas que necesitan un tratamiento de radioterapia de 20 minutos y que renuncian a seguir con él porque el camino de ida y vuelta es agotador. O que son trasladados con un diagnóstico de ictus en el que la rapidez es fundamental para que no haya lesiones irreversibles.

Sánchez Cabrera anuncia muchas sorpresas en las Cortes durante esta legislatura, y el objetivo de conseguir, en las próximas convocatorias electorales, más procuradores, y por supuesto, diputados y senadores.

La resaca de las elecciones autonómicas y municipales del pasado domingo está siendo larga en Cantabria. Los nervios y la confusión en los partidos políticos de la comunidad autónoma están al máximo nivel tres días después del recuento, y es que las dudas, el caos, la desorganización y los múltiples errores que se han detectado en el escrutinio están provocando cambios constantes en el reparto de concejales y están bloqueando cualquier tipo de negociación de cara a los pactos.

Estaba previsto que esta situación se normalizara a lo largo de la mañana de este jueves, cuando se iba a cerrar el escrutinio y se iban a proclamar los resultados oficiales, pero distintos portavoces de las fuerzas políticas ya advierten de que el proceso se puede demorar durante horas, tras confirmarse importantes equivocaciones o inexactitudes en la transmisión de los datos.

De momento, ya se han hecho oficiales algunos de estos cambios, como el hecho de que Vox haya perdido su único representante en el Ayuntamiento de Torrelavega, la segunda ciudad de Cantabria. Se habían otorgado 108 votos a Vox, cuando eran 90 del PSOE y 18 para el PRC. Esta revisión en el recuento hace que sea el PP el que gane un concejal más respecto a los que inicialmente arrojaba el resultado provisional del domingo, con lo que pasa de cuatro a cinco y el partido de extrema derecha se queda fuera de la corporación.

También se han producido cambios en municipios como Reocín, San Felices de Buelna o El Astillero, donde la Junta Electoral ha confirmado otro error en la traslación de los resultados de las elecciones municipales que supone un concejal más para el PP, que alcanza los tres, y que pierde el PSOE, que se queda con cuatro. Según ha podido confirmar eldiario.es con los partidos implicados, se han producido varias equivocaciones en los resultados de todos los partidos, excepto Vox, que tenía 297 votos, los mismos que se recogen ahora de manera definitiva.

Así, por ejemplo, con los datos provisionales el PP contaba con 1.177 votos, frente a los 1.364 que recoge el acta de resultados definitivos, y OlaCantabria, que tenía 254 votos de forma provisional, se queda con 82. En ambos casos, tanto en Torrelavega como en El Astillero, estas modificaciones en el reparto varían las opciones de pacto a la hora de asegurar una investidura.

Además, también está en juego el futuro de Santander. En la capital, el PP consiguió un último concejal arrebatándoselo al PRC en la recta final del recuento, por menos de 200 papeletas, lo que le abre la puerta a un pacto con Ciudadanos y Vox que le permitiría conservar una Alcaldía donde nunca se ha producido alternancia política y que ha estado siempre en manos de la derecha.

Sin embargo, hay dudas al menos sobre una mesa electoral, en la que el PSOE no tiene ningún voto en los comicios locales, mientras que un partido sin apenas respaldo en las urnas aparece entre los más votados, lo que sugiere, según fuentes socialistas, que se ha producido también un baile en las cifras. Además, algunos votos fueron contabilizados como nulos de forma incorrecta, generando las protesta de los partidos afectados.

Estas mismas dudas sobre el recuento hacen albergar esperanzas en el PSOE a la hora de revisar el escrutinio de las elecciones autonómicas, ya que el que podría ser su séptimo escaño en el Parlamento de Cantabria y había caído del lado del PRC por menos de medio centenar de papeletas tras un escrutinio de infarto del voto de los cántabros residentes en el extranjero vuelve a estar en cuestión.

Tanto es así que la Junta Electoral Provincial de Cantabria se ha rectificado a sí misma y está revisando en estos momentos las actas de todas las mesas electorales ante las dudas sobre posibles errores en los resultados de los comicios del pasado domingo. Esta revisión se produce después de que al mediodía, y tras el recuento del voto de los residentes en el extranjero, se confirmara erróneamente que el PRC conservaría el diputado número 15 que arrebató al PSOE 'in extremis', de madrugada y en la recta final del escrutinio.

El recuento de los votos de los cántabros residentes en el extranjero está condicionando el resultado final de las elecciones autonómicas celebradas en la comunidad autónoma el pasado 26 de mayo. Un puñado de votos en este escrutinio de infarto ha sido clave para que el PRC de Miguel Ángel Revilla pierda provisionalmente su escaño número 15 en favor del PSOE, que se había quedado a tan solo 59 papeletas de conseguir su séptimo representante en la Cámara.

El caos y la confusión está siendo la tónica general de las últimas horas, por lo que la Junta Electoral se ha rectificado a sí misma y esta revisando todas las actas de Cantabria por posibles errores en los resultados de los comicios del 26M. Esta revisión se produce después de que al mediodía, y tras el recuento del voto de los residentes en el extranjero, se confirmara que el PRC conservaría el diputado número 15 que arrebató al PSOE 'in extremis', de madrugada y en la recta final del escrutinio.

Tras un proceso lento y farragoso, que se ha dilatado durante horas, el voto del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) ha dado la victoria parcial al PSOE, con 236 papeletas, frente a las 218 que ha conseguido el PRC, 167 el PP, 124 Ciudadanos, 83 Podemos, 81 Vox, 45 IU+Equo-Marea Cántabra, 24 PACMA, 13 OLACantabria, 6 Cantabristas, y 3 PCTE.

Tras contabilizar este miércoles ese 0,15% del censo que quedaba pendiente desde el domingo, el resultado final deja al PRC con 14 escaños, al PP con 9, al PSOE con 7, a Ciudadanos con 3 y a Vox con 2, que finalmente supera por la mínima el umbral del 5% que también estaba en juego en este escrutinio del voto de los cántabros residentes en el extranjero, por lo que la extrema derecha tendrá sus primeros representantes en el Parlamento de Cantabria.

Por otra parte, ese escaño número 15 del PRC cierra momentáneamente la puerta a un posible acuerdo de gobierno entre Revilla y Ciudadanos, que ha llegado a estar sobre la mesa por las malas relaciones de los regionalistas con la nueva dirección del PSOE, aunque los socialistas siguen siendo socios prioritarios, tanto para la negociación autonómica como municipal, donde pueden alcanzar muchas de las alcaldías de los municipios más poblados gracias a una coalición PRC-PSOE.

En estos momentos no hay mayorías absolutas ni están cerrados los acuerdos que garanticen la gobernabilidad en los principales ayuntamientos de Cantabria, desde la capital, Santander, a Torrelavega, Camargo, Castro Urdiales, El Astillero, Santa Cruz de Bezana, Los Corrales de Buelna, Cabezón de la Sal, Reinosa, Laredo o Santoña, entre otros.

A nivel autonómico, Revilla ha mostrado su disposición a sentarse a dialogar con el PSOE, al que considera su “socio natural” después de compartir Ejecutivo durante 12 años. Sin embargo, la negociación se prevé larga, ya que los regionalistas quieren hacer valer su clara diferencia de escaños y los socialistas no están dispuestos a perder cuotas de poder después de haber mejorado sus resultados de hace cuatro años.

La falta de sintonía personal entre el actual presidente en funciones y el secretario general de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga, complica las cosas. Además, el PRC quiere jugar la carta de su recién estrenado diputado nacional en Madrid. Para ello, Revilla pretende que la negociación autonómica y municipal tenga reflejo a nivel estatal, con la implicación directa y personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los regionalistas están dispuestos de sumar su voto a los del PSOE para facilitar la investidura del jefe del Ejecutivo central a cambio de una serie de compromisos en materias de infraestructuras, principalmente ferroviarias. Ya ha habido un primer contacto entre Revilla y Sánchez, que se han emplazado a volver a hablar con “más calma” y “en profundidad” en los próximos días.

¿Es Ciudadanos un partido de centro-derecha? ¿O sólo de derechas? Tras los últimos comicios celebrados, analizamos su papel según su política de pactos en aquellos lugares en que su rol puede ser relevante.

En las autonómicas de Andalucía de 2018 sumó apoyos con PP y Vox para desbancar al PSOE del Gobierno. La razón oficial era que el partido de Susana Díaz llevaba casi 40 años en el gobierno, y la comunidad necesitaba un cambio. De esos años, los últimos 3 el PSOE se había apoyado en el propio Ciudadanos.

Tras las elecciones generales de 2019 ha vetado (de momento) un posible acuerdo con el PSOE, aunque los resultados en el Congreso (123 PSOE + 57 C’s) darían una mayoría amplia de 180 diputados. En este caso, la razón es el apoyo a Sánchez de: Podemos y sus confluencias, EH-Bildu, los independentistas catalanes y el PNV para gobernar desde la moción de censura de junio de 2018; y los supuestos pactos entre secesionistas catalanes y socialistas en relación al modelo territorial.

¿Y qué ocurrirá tras las últimas municipales y autonómicas? Aquí presentamos una lista de capitales de provincia y comunidades autónomas donde el partido más votado ha sido el PSOE y la formación naranja va a retratarse y tomar partido entre:

En la lista se incluye cuál ha sido el partido en el poder en esa institución y desde hace cuánto tiempo, para poder aclarar en qué casos se propiciarían gobiernos de cambio (como en Andalucía) o gobiernos de continuidad. En necesario remarcar que en todos los casos el pacto PSOE-C’s no necesitaría más apoyos de otros partidos.

Lo que pase en estos territorios poco sospechosos de independentismo o de pretender romper la unidad nacional marcará el futuro del partido de Rivera. ¿Seguirá mostrando algún tipo de centralidad? ¿O se volcará definitivamente a la derecha y extrema derecha?

El caso de Navarra

Pero este mismo pacto se podría entender de algún modo en sentido contrario, ya que Ciudadanos pertenece a la coalición Navarra Suma (PP+C’s+Unión del Pueblo Navarro). Esta coalición sólo necesita del apoyo del PSOE (de nuevo, por acción u omisión) para gobernar tanto la Comunidad Foral como el Ayuntamiento de Pamplona.

Pero, ¿cuáles serían las razones de C’s para justificar su no apoyo al PSOE en cada lugar? ¿Qué justificaría dar voz y voto a la extrema derecha en las instituciones españolas?

Excluyamos las ciudades de Ciudad Real y Granada, gobernadas por el PSOE. En ellas, podría valer la excusa del cambio de gobierno. Aunque la realidad es que en Ciudad Real el PSOE y Ganemos formaron un gobierno de izquierdas (2015) después de varias legislaturas populares; y que en Granada, tras el cambio de gobierno a mitad de legislatura (2016), el primer edil socialista fue apoyado incluso por el grupo de Ciudadanos.

Si quieren, también podemos quitar el caso de Zaragoza, donde tras el alcalde Belloch le tomó el relevo el alcalde Satisteve, de Zaragoza en Común (sería justificable un cambio de tendencia ideológica). Incluso en Aragón, donde el PSOE ha gobernado desde 2015 con el apoyo de diversos grupos de izquierda.

En estos casos de Ciudad Real, Granada, Zaragoza y el Gobierno de Aragón, el partido Ciudadanos (liberal y europeísta) preferiría hacer un pacto de gobierno de perdedores (100% legítimo) que de alguna manera tiene que incluir a la extrema derecha en vez de gobernar mano a mano con una socialdemocracia a la que podrían controlar y sobre la que podrían influir. En teoría, porque quieren un cambio.

¿Pero y en el resto de ciudades citadas, y en las comunidades de Murcia y Castilla y León? Eliminado el factor cambio y el peligro independentista, sólo quedan dos razones:

En primer lugar, se puede aducir que para liderar la derecha no hay que pactar con la izquierda en ningún caso. Y para muestra, un botón. El Podemos que en 2015-16 pretendía dar el sorpasso al PSOE y liderar el progresismo español ha salido trasquilado de sus pactos autonómicos de 2015, ya que han perdido muchos votantes y representatividad territorial. De hecho, Podemos apoyó pactos con un PSOE que no era el más votado en Baleares, Castilla-La Mancha, Aragón y Comunidad Valenciana, y en todos estos territorios ha perdido fuerza. Pues bien, siguiendo esta lógica, Ciudadanos debería alejarse de pactos de perdedores con PP y Vox porque le podría ocurrir lo mismo. Además, suele decirse que “entre el original y la copia, la gente prefiere el original”.

En segundo lugar, puede afirmarse que Ciudadanos ya pactó con el PSOE en la investidura de Sánchez en 2016 y ello le perjudicó en las elecciones generales de junio de ese año. Ello es tan cierto como que para que aquella investidura tuviera éxito, se necesitaban otros condicionantes (la abstención de Podemos, por ejemplo) y que en los casos que presentamos sólo hace falta un acuerdo entre dos partidos, que son PSOE y C’s.

Además, otras experiencias de pactos de la formación naranja similares a los que podría hacer ahora (apoyos al partido ganador para facilitar la gobernabilidad) les han traído a los liberales importantes réditos electorales con el tiempo, a saber: en Andalucía, Castilla y León, Madrid, Murcia y La Rioja apoyaron al partido ganador en 2015 y en 2019 (en el caso andaluz en 2018) han mejorado sus resultados ostensiblemente.

Y todo ello sin mencionar la simple idea de hacer un “cordón sanitario” a la extrema derecha. No es algo que sea nuevo en nuestro continente. Francia, Alemania o varios países nórdicos son ejemplo de ello. El candidato a la Alcaldía de Barcelona, Valls, ya ha amenazado con romper con C’s si propicia pactos con Vox. Pero suponemos que si este cordón no se ha hecho ya, no se va a hacer ahora.

La realidad es que quizá no sólo haya dos razones para justificar el bloqueo a la socialdemocracia, sino una tercera. Y sería que Ciudadanos no es un partido de centro-derecha ni liberal; sino un partido de derechas, con más afinidades ideológicas con Vox que con el PSOE de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura o Murcia, donde sus líderes poco o nada tienen que ver con las políticas que pueda ejecutar Sánchez respecto al procés, argumento oficial de los naranjas.

Lo que ocurrirá con este partido “llave” lo sabremos en los próximos días. Si, una vez más, un partido político pone por delante sus intereses particulares antes que a España y su gobernabilidad, las consecuencias serían gravísimas en el contexto de populismo y extremismo en que nos movemos. Y la repercusión para el propio partido de Rivera, sobre todo a nivel europeo, donde sí que hay una conciencia general de frenar a los ultras, es aún desconocida. Alinearse sin una justificación coherente con los que se parecen a Le Pen o Salvini descalificaría a Rivera dentro de los Liberales europeos. Pero esto es política, y puede pasar de todo…

[1] En este caso, el pacto PP-C’s-Vox necesitaría también del PAR (Partido Aragonés).

[2] En este caso, el pacto PP-C’s no necesitaría a Vox.

La secretaria de Organización de Podemos Castilla-La Mancha, María Díaz, ha remitido un escrito a Pablo Echenique, número dos de Pablo Iglesias, en la que le informa de la dimisión de los nueve miembros del Consejo de Coordinación de la formación morada en esta comunidad autónoma, el máximo órgano de dirección. Esta decisión se ha adoptado la reunión del consejo una vez realizado el análisis pertinente de los resultados electorales en las elecciones del 26M y tras haber perdido su representación en las Cortes regionales.

En la misiva, piden que se constituya una gestora por parte de la dirección estatal que asuma las funciones de este órgano y que se haga cargo del proceso de funcionamiento hasta la celebración de una nueva Asamblea Ciudadana Autonómica. Con esta decisión, se confirma la debacle de Podemos en esta comunidad autónoma y todo apunta a una 'refundación' del partido.

Los que han dimitido

Los miembros que han dimitido son el secretario general del partido y el que era candidato a la Presidencia, José García Molina; la secretaria de Organización y Programa y candidata por Albacete, María Díaz; el secretario de Comunicación, Julio Pérez del Campo; la secretaria de Igualdad, Feminismos y LGTBI, Ana Navarrete; la secretaria de Coordinación Ejecutiva del Consejo Ciudadano, Genoveva Bueno; el secretario de Participación, José Luis García Gascón; la de Mundo Rural y Derechos de los Animales, Eva María Rosa Piris; el de Educación, Cultura y Memoria Democrática, José Manuel Perujo; y la de Sanidad y Políticas Sociales, Montse Chacón.

En los comicios del pasado domingo, Podemos Castilla-La Mancha, que ha formado parte del Gobierno de Emiliano García-Page durante casi dos años, perdió los dos diputados de los que disponía en las Cortes regionales y que durante una legislatura han sido decisivos para los trámites parlamentarios.

Tras conseguir el PSOE la mayoría absoluta, José García Molina, que todavía es vicepresidente segundo en funciones del Ejecutivo socialista, ya mencionó que habían sido los “peores resultados posibles” y ponía su cargo a disposición del máximo órgano de decisión del partido, lo que ahora se ha formalizado.

Podemos nombrará una gestora para Castilla-La Mancha tras la dimisión de la dirección en bloque

Podemos anuncia que pondrá en marcha un equipo técnico que se haga cargo de la dirección del partido 'morado' en Castilla-La Mancha después de que esta mañana el la dirección regional de la formación dimitiera en bloque por los malos resultados cosechados en las elecciones autonómicas del 26 de mayo.

La dimisión se produce después de que Podemos Castilla-La Mancha perdiera más de 32.000 votos en la región respecto a los últimos comicios de 2015, lo que ha supuesto que no tenga representación en el parlamento castellano-manchego al perder los dos escaños que tenía.

“La dirección pondrá en marcha un equipo técnico”, han resaltado fuentes de la dirección nacional del partido consultadas. Esta decisión llega después de que este miércoles a primera hora se conociera que la secretaria de Organización de Podemos Castilla-La Mancha, María Díaz, había remitido una carta a su homólogo nacional, Pablo Echenique, para comunicarle que la dimisión se producía tras los malos resultados.

La carta de dimisión en bloque, llega además después de que el mismo domingo el secretario general de la formación en Castilla-La Mancha, José García Molina, anunciara que dimitiría por los malos resultados. Hoy el líder manchego no ha querido valorar la decisión del Consejo Ciudadano regional de seguir sus pasos.

Una vez que la Secretaría de Organización de Podemos, al frente de la cual está Pablo Echenique, ponga en marcha el equipo técnico, se constituirá una gestora. Así, Castilla-La Mancha será la cuarta región que contará con una gestora, después de Madrid, La Rioja y Cantabria.

La de Madrid se formó tras la dimisión de su secretario general, Ramón Espinar, tras la crisis que se abrió con la salida de Errejón de la candidatura de Podemos a la Comunidad de Madrid.

Los alumnos de la Facultad de Derecho suelen entrar en contacto con el principio calificado técnicamente como la 'irrelevancia del nomen iuris' hacia la mitad de la licenciatura en las clases de Derecho Civil. Con dicho principio se traslada a los aprendices de jurista la importancia de huir de las ensoñaciones y de no perder el sentido de la realidad. “Las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son” es la traducción a través de la cual dicho principio suele ser conocido.

Este principio vale en el terreno de la Política igual que en el mundo del Derecho. Las cosas son lo que son y no como nos gustaría que fueran. Los seres humanos hacemos la historia en condiciones independientes de nuestra voluntad, dejó dicho Karl Marx. Y es así cuando hablamos de la Historia con mayúsculas, como cuando nos encontramos ante acontecimientos históricos minúsculos. La pérdida del sentido de la realidad conduce siempre a la estrategia equivocada.

Es lo que le ha ocurrido a la dirección de Podemos en general y a su secretario general, Pablo Iglesias, en particular, en el ciclo electoral de esta primavera. La decisión de arremeter contra Más Madrid sin reflexionar sobre las consecuencias de la misma, ha conducido a Podemos a un resultado mediocre en las elecciones generales del 28A y a una hecatombe en las elecciones municipales, autonómicas y europeas.

Para mí no ha sido ninguna sorpresa. El 22 de enero, en Una posición perdedora, expliqué aquí mismo qué iba a pasar y por qué. Y quien se moleste en leer el artículo, comprobará que ha pasado exactamente lo que anuncié que iba a pasar. Manuela Carmena e Íñigo Errejón, que era el cabeza de lista designado por Podemos para la Comunidad de Madrid, habían armado una opción ganadora para la izquierda madrileña. Para la dirección de Podemos era imposible poner en práctica una opción distinta. Cualquier intento en ese sentido estaba condenado al fracaso. Y a un fracaso que iba mucho más allá del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, en la medida en que se transmitía un mensaje de división de la izquierda que no podía conducir más que a la derrota en todo el resto del Estado.

Doy por supuesto que los lectores tienen en su cabeza los resultados electorales y que no es preciso, por tanto, recordarlos. Sí conviene subrayar, no obstante, que en el único sitio donde no se ha reducido el porcentaje de votos que tuvo Podemos en 2015 ha sido en Madrid y gracias a la candidatura de Más Madrid. Carmena y Errejón interpretaron correctamente la demanda de la izquierda madrileña. Su opción era una opción ganadora. No han podido traducirla en la conquista del Ayuntamiento y de la Comunidad para el conjunto de la izquierda por el boicot de la dirección de Podemos.

No entendí nunca cómo Pablo Iglesias no comprendió que el primer beneficiario del éxito de Más Madrid iba a ser él. El éxito de las candidaturas municipales y autonómicas redunda siempre en beneficio de la dirección central del partido. El alcalde o el presidente de la comunidad no compite nunca con el secretario general o presidente del partido. Municipios, comunidades autónomas y Estado no son, electoralmente, vasos comunicantes, sino compartimentos estancos. No se pasa de competir en un nivel a competir en otro. Sí se comunican los tres niveles a través de la suma de poder que el partido alcanza en el resultado de cada uno de ellos. Y en esa suma de poder es la instancia central la que sale siempre más beneficiada.

Pablo Iglesias lo pudo comprobar en el ciclo electoral de 2015. Él ha sido el beneficiado durante estos cuatro años por las “alcaldías del cambio”. Ninguno de los alcaldes era de Podemos, pero todos ellos hacían que el secretario general de Podemos tuviera una estatura muy superior a la que le correspondía por los resultados en las elecciones generales.

No había nada que pudiera hacer pensar que en el ciclo electoral de 2019 iba a ser distinto. Y, sin embargo, se ha actuado de tal manera que se ha acabado tirando por la borda lo que se consiguió en el ciclo anterior. Eso es lo que supuso la negativa a aceptar la opción Más Madrid.

Me temo, además, que se sigue sin reconocer el error y que, en lugar de asumir la propia responsabilidad, se está intentando transferírsela a quien no la tiene.

PSOE y Más Madrid confían en que las exigencias de Vox de entrar en los gobiernos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento terminen frustrando las alianzas de derechas y allanen el camino para establecer pactos con Ciudadanos. A favor de este giro, piensan, juega la incomodidad que supone para la formación de Albert Rivera compartir un gobierno con el partido de extrema derecha y los efectos que eso podría ocasionar en sus socios europeos. Andalucía ya anticipó esta actitud: Ciudadanos hizo cabriolas para evitar hacerse la foto con Vox tras investir juntos a Juan Manuel Moreno Bonilla (PP).

“Ciudadanos no tiene reparos en recibir los votos de Vox, pero ¿traga con darle puestos en el Gobierno?”, desliza un dirigente del PSOE. En Más Madrid están en la misma tesis. Creen que ni el partido de Rivera ni Begoña Villacís, candidata al Ayuntamiento, podrían defender acuerdos con dos perfiles tan duros de Vox como Javier Ortega Smith y Rocío Monasterio.

Las negociaciones entre PP, Ciudadanos y Vox afrontan un primer escollo antes de iniciarse. El partido de Albert Rivera solo está dispuesto, de momento, a repetir el pacto a la andaluza: es decir, sumar para la investidura pero sin sentarse a negociar. “Quiero formar un gobierno con el PP. Exclusivamente. El resto tendrá que decidir si apoyarlo o dar el Gobierno a Gabilondo y Errejón”, ha advertido el candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado.

La número uno de la lista de Vox a la Comunidad, Rocío Monasterio, ha recogido el guante y le ha respondido que “así no va a haber acuerdo”, dando a entender que su formación pone como condición irrenunciable formar parte de los gobiernos. “Ahórrate el esfuerzo, Ignacio Aguado”, ha dicho la candidata en un mensaje a través de la red social Twitter.

Unas horas después, el diputado Iván Espinosa de los Monteros ha continuado con la operación de presión: “En la alcaldía, si no hay acuerdo, gobierna la lista más votada. Ciudadanos, con su negativa a plantearse un acuerdo, podría resucitar la carrera política de Carmena, con lo que nos ha costado a todos echarla”, ha planteado en otro mensaje de Twitter. 

El PP considera que hay una “situación propicia” para el acuerdo de derechas y miran de lejos, y con distancia de momento, la posibilidad de que todo se vaya al traste. “Vamos a ver, esto es política. La situación es buena, pero si se cierran los dos, no formamos gobierno. Eso puede pasar”, dice un destacado cargo del Gobierno madrileño.

En la Comunidad de Madrid, el candidato más votado, Ángel Gabilondo (PSOE), no se da por vencido y ha convocado este martes a todos los partidos con representación (PP, Ciudadanos, Más Madrid, Vox y Podemos) para testar cuál es su hoja de ruta en cuestión de pactos por “responsabilidad moral”. Los socialistas aún confían en que “hay algo que se puede hacer” para gobernar. “Puede haber muchas opciones. Hay que ver qué planes tienen los grupos. Si nos dicen que se van a sentar PP, Ciudadanos y Vox, que lo tienen claro, en ese caso no hay opciones. Si es otro el panorama, hay algo que se puede hacer”, apuntan fuentes de la candidatura de Gabilondo.

El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, asegura que su partido no está cerrado a nada, al ser preguntado expresamente sobre la posibilidad de apoyar la investidura de Begoña Villacís en el Ayuntamiento a cambio del respaldo de Ciudadanos para hacer presidente a Gabilondo. “Estamos abiertos a todo tipo de acuerdos siempre que sean gobiernos de progreso”, ha afirmado en una entrevista en La Sexta. Para este intercambio de cromos entre PSOE y Ciudadanos habría que contar con los votos de Más Madrid: abstención en Comunidad y apoyo en el Ayuntamiento. 

La postura de la Ejecutiva madrileña, sin embargo, choca con la negativa de Ferraz a este “intercambio de cromos”. La vicesecretaria general, Adriana Lastra, lo ha descartado. “La política no es un mercadeo persa”, ha expresado en una entrevista en RNE. Los de Pedro Sánchez, en todo caso, no tiran la toalla en el caso de la Puerta del Sol, a donde aspiran que llegue Gabilondo y para eso presionan a Ciudadanos. “Lo importante para nosotros sería frenar a la ultraderecha y en la Comunidad que Gabilondo sea presidente”, ha dicho Lastra, que ha recordado que el PSOE fue la primera fuerza a mucha distancia del PP. “La única posibilidad de que Ciudadanos tenga perfil político es no subordinarse al PP”, ha apuntado el secretario de Organización, José Luis Ábalos, en TVE.

Ciudadanos, mientras, mantiene una política de pactos inconcreta con una nueva condición, expresada este martes por el secretario de organización, José Manuel Villegas. El partido se abre a posibles alianzas con los socialistas siempre que renieguen por escrito de las políticas de Sánchez y apoyen el 155. “Nos gustaría que fuera alcaldesa. Y sí, lo vamos a intentar”, ha zanjado Villegas. Todas las posibilidades, o casi todas, están aún abiertas.

Pero las cábalas en el Ayuntamiento de Madrid van en un sentido opuesto. El equipo de Más Madrid en el Ayuntamiento se ha reunido este martes para hacer balance de los resultados del domingo y los escenarios abiertos tras la resaca electoral. Con la cabeza fría, desde Más Madrid recuerdan que la formación ganó las elecciones el pasado domingo y que “no hay que dar nada por perdido”, asegura a eldiario.es uno de los asistentes al encuentro. Una actitud que contrasta con la manifestada este domingo por la todavía alcaldesa Manuela Carmena, cuando afirmó que Más Madrid había ganado las elecciones “pero sabemos que no vamos a poder gobernar y que no voy a seguir siendo alcaldesa”.

“No damos nada por perdido, solo se pierde si Ciudadanos acepta el voto de la extrema derecha y está por ver aún qué pasa y si Begoña Villacís traga con eso. De momento no se han sentado ni ha habido una escenificación que indique que Ciudadanos quiera gobernar con Vox”, añaden esas mismas fuentes.

El candidato del PP, José Luis Martínez-Almeida, solo será alcalde si el próximo 15 de junio obtiene mayoría absoluta en primera votación (29 concejales). Si no logra ese apoyo mayoritario en primera ronda, Manuela Carmena se proclamará automáticamente alcaldesa de Madrid como estipula la ley: en los ayuntamientos no hay segunda vuelta como en el Congreso o los parlamentos autonómicos y si no hay mayoría en primera votación, gobierna la lista más votada.

Más Madrid no descarta que eso pueda ocurrir, aunque son conscientes de que es un escenario “muy difícil”. De momento, Carmena todavía es alcaldesa de Madrid y se quedará en funciones hasta el día de la investidura. Mientras, la formación se reunirá “con quien toque”, aseguran fuentes municipales, para tomar las siguientes decisiones. Aunque algunos dirigentes dudan de que Ciudadanos pueda entrar a una negociación y sospechan de que solo trata de vender más caro su apoyo al Partido Popular.

La nueva configuración política después de las elecciones autonómicas y municipales del domingo, advierten un horizonte repleto de pactos. El PSOE ha sido el gran ganador de los comicios, pero la pérdida de sillas de su socio preferente, Podemos, fuerza a los socialistas de muchas comunidades autónomas a mirar hacia Ciudadanos.

Aragón: Ciudadanos o el PAR deciden

Con 24 diputados autonómicos, el PSOE se queda a un escaño de sumar con las fuerzas de izquierdas en Aragón: Podemos –6 escaños–, Chunta Aragonesista (CHA) –3 representantes– e IU –1 escaño–. Con este panorama, los partidos clave son Ciudadanos –12 diputados– y el Partido Aragonés, el PAR –con 3–. Juntos pueden hacer presidente autonómico al popular Luis María Beamonte –el PP tiene 16 diputados–, pero solo si cuentan, además, con los tres diputados de Vox. La alternativa sería que, o bien Ciudadanos o bien el PAR, optaran por dar el gobierno al socialista Javier Lambán. Lee más aquí.

Asturias: la izquierda suma

El PSOE podrá gobernar en Asturias con un pacto de izquierdas. Los 20 diputados socialistas y los 4 de Podemos superan los 23 escaños necesarios para hacer a Adrián Barbón presidente del Principado. A ellos se pueden añadir los 2 diputados de IU. Lee más aquí.

Baleares: la izquierda suma

La socialista Francina Armengol podría reeditar el 'pacte de progrés' que la hizo presidenta del Govern balear en 2015. PSIB-PSOE obtuvo este domingo 19 escaños; Podemos, 6; Més per Mallorca, 4; Més per Menorca, 2; y Gent per Formentera –en coalición con los socialistas e EUIB–, 1. Lee más aquí.

Canarias: escenario complicado

Después de 12 años, el PSOE ha vuelto a ganar las elecciones en Canarias. Pero lejos de tratarse de un camino fácil, su rumbo hacia el gobierno autonómico se presenta con dificultades, pues sus posibles socios naturales –Podemos Sí Se Puede y Nueva Canarias– no suman mayoría absoluta. Con 25 escaños, una de las alternativas de los de Ángel Víctor Torres es pactar con los 20 diputados de Coalición Canaria (CC), lo que, a su vez, abriría la puerta a que CC facilitara un gobierno de Pedro Sánchez en Moncloa.

Otra opción de los socialistas sería pactar con el PP –11 escaños–, algo que Torres no ha descartado. Como alternativa a un gobierno del PSOE, CC podría llegar a pactar con el PP y Nueva Canarias –4 escaños–, algo que ya ha hecho este martes en el Ayuntamiento de Pájara, en la provincia de Las Palmas. Lee más aquí.

Cantabria: Revilla tendrá que negociar con el PSOE

El recuento definitivo de las elecciones autonómicas, tras detectar errores en varias mesas, dejó el escaño 15 logrado por el PRC según el escrutinio provisional en manos del PSOE. El movimiento, que podría parecer menor, ha dejado a Revilla una única opción para pactar: entenderse con los socialistas. El presidente cántabro, que ha logrado el mejor resultado histórico para su partido, está enfrentado a la dirección regional del PSOE, por lo que las negociaciones se esperan tensas. Lee más aquí.

Castilla-La Mancha: mayoría absoluta del PSOE

La mayoría absoluta obtenida con los 19 escaños del PSOE en Castilla-La Mancha otorga a Emiliano García-Page el privilegio de no tener que pactar con nadie. Lee más aquí.

Castilla y León: Ciudadanos decide

El PSOE se convertía este domingo en la fuerza más votada en Castilla y León, pero sus 35 diputados no son suficientes para arrebatarle el gobierno autonómico al PP, al mando de la región desde hace 32 años.

El derrumbe de Podemos, que ha perdido 8 de los 10 escaños obtenidos en 2015, descarta a los de Pablo Iglesias como socios. La llave la tienen los 12 diputados de Ciudadanos, que pueden, o bien dar la presidencia al PSOE por izquierda, o bien dársela al PP por derecha, a pesar de haber centrado su campaña en la regeneración política. Lee más aquí.

Extremadura: mayoría absoluta del PSOE

Otro de los ganadores de la noche del domingo ha sido el presidente de la Junta de Extremadura y líder del PSOE autonómico, Guillermo Fernández Vara. Con 34 escaños, el PSOE regional ha mejorado su resultado de 2015 y ha logrado un diputado más de los necesarios para la mayoría absoluta, por lo que puede prescindir de pactar. Para las alcaldías de Badajoz y de Cáceres, Fernández Vara ha abierto la puerta a pactos con Ciudadanos. Lee más aquí.

La Rioja: la izquierda suma

A pesar de la caída de Podemos de 4 a 2 escaños, la suma con los 15 diputados del PSOE permitirán que la socialista Concha Andreu se convierta en la primera mujer de la historia en presidir La Rioja. Lee más aquí.

Comunidad de Madrid: Ciudadanos decide

La presidencia de la Comunidad de Madrid es una de las que más dificultades presenta a la hora de formar gobierno. Ángel Gabilondo logró la victoria para el PSOE con 37 escaños frente a un PP, que cae de 48 a 30. Sin embargo, los socialistas no suman con los 20 de Más Madrid y los 7 de Podemos. Tampoco suman el PP de Isabel Díaz Ayuso y los 26 de Ciudadanos. Podrían gobernar, pero a costa de sumar con Vox, algo que a Ciudadanos le podría reportar pérdidas políticas.

La presión contra un pacto con Vox, le ha llegado a Ciudadanos desde desde fuera –el partido de Macron, su aliado europeo, rechaza esa opción– y el candidato a la alcaldía de Barcelona por Ciudadanos, Manuel Valls, ya advertía este lunes que rompería con el partido si pactaba con la formación de extrema derecha.

Mientras Begoña Villacís se abre a la posibilidad de un pacto con el PSOE en el Ayuntamiento que la hiciera alcaldesa; en la Comunidad, Ignacio Aguado insiste en que va a hablar con el PP y evita posicionarse respecto a Vox y ve “imposible” un pacto con el PSOE. Lee más aquí.

Murcia: Ciudadanos decide

Con 17 escaños, el PSOE ha sido el partido más votado en la región por primera vez en 28 años. El PP se ha quedado con uno menos, 16. Sin embargo, los socialistas no logran la mayoría absoluta con los dos escaños obtenidos por Podemos. Se necesitan 23 y solo es posible alcanzar esa cifra con Ciudadanos.

Los 6 escaños de Ciudadanos pueden optar por el cambio de gobierno autonómico y hacer presidente al socialista Diego Conesa o apostar por la continuidad con el popular Fernando López Miras, a quien apoyaron en esta legislatura. Esta última opción conlleva un coste extra: incluir en el acuerdo a los 4 diputados de Vox. Lee más aquí.

Navarra: escenario complicado

El enroque en Navarra procede de las líneas rojas trazadas por los socialistas a Navarra Suma y EH Bildu. La coalición de derechas Navarra Suma –integrada por UPN, el PP y Ciudadanos– fue la ganadora de las elecciones con 20 escaños. Sin embargo, ese resultado está lejos de los 26 necesarios para alcanzar una mayoría absoluta que se antoja imposible por la incapacidad de la coalición de derechas de alcanzar acuerdos con el resto de partidos del Parlamento navarro.

Con 11 diputados, el PSN-PSOE, encabezado por María Chivite, pretende conformar gobierno, aunque tampoco alcanza la mayoría absoluta con los 9 diputados de los nacionalistas de Geroa Bai –liderados por la actual presidenta, Uxue Barkos–, los 2 de Podemos y el diputado de la coalición Izquierda-Ezkerra. Lee más aquí.

Podemos ya no estará en el próximo Gobierno de Castilla-La Mancha tras haber conseguido el PSOE mayoría absoluta y haber perdido además su representación en las Cortes regionales tras el 26M. Pero su proyecto de Ley de Garantía de Ingresos, que elaboró siendo parte del Ejecutivo regional, “sigue adelante”. Así lo ha confirmado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, tras la reunión del primer Consejo de Gobierno después de los comicios del pasado domingo.

Según ha afirmado la consejera al término de la reunión, tanto esta normativa como el proyecto de Ley del Tercer Sector continúan su trámite. En el caso de la normativa de Podemos, se da la circunstancia de que ya recibió el visto bueno del Consejo pero no llegó a entrar en las Cortes castellano-manchegas por lo que no se ha visto afectada por la disolución de las mismas. De esta forma, cuando se constituya el nuevo Parlamento y comience la siguiente legislatura, seguirá su trámite.

Esta norma provocó la última tensión entre PSOE y Podemos como socios de gobierno al decidir la Junta paralizarla debido a las tensiones internas en la formación morada, que no garantizaban, según apuntó, los apoyos necesarios para su aprobación. Podemos negó este extremo y por eso pidió en varias ocasiones que se tramitara antes de que se disolvieran las Cortes, algo que finalmente no sucedió.

En cuanto al proyecto de Ley del Tercer Sector, que se encuentra en otro momento de tramitación, Aurelia Sánchez se ha mostrado convencida de que será una de las primeras leyes en aprobarse durante la siguiente legislatura. Por último, preguntada por su futuro en el gabinete del presidente, Emiliano García-Page, se ha limitado a afirmar que está “a su disposición”.

El PP celebró hasta altas horas de la madrugada del domingo su resultado electoral. Pero este lunes, desde primera, las entrevistas en radio, televisión y prensa empezaban a mover las piezas del puzzle que tendrá que encajar la derecha en la región para poder componer un Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso, la candidata con más posibilidades de llegar a la Puerta del Sol.

Los conservadores se enfrentan a un escenario nuevo. Cuatro meses después del pacto en Andalucía, la factura que hay que pagar por lograr el respaldo de Vox y sus 12 escaños es mucho más alto: la formación de extrema derecha ya no quiere dar sus votos a cambio de un acuerdo de investidura y exige su parte del trato. Un trozo del Gobierno. “Esta vez va a ser distinto. Nosotros ya hemos hecho un ejercicio de generosidad, de sacrificio. En proporción a nuestra fuerza en cada sitio, así debería ser la participación de Vox en la política local y autonómica”, ha avanzado el diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

Esta escalada de exigencia –cristalice o no al final– fuerza a PP y Ciudadanos, cuyos programas electorales tienen muchos puntos en común, a contar también con un tercer invitado incómodo que en campaña ha declarado la guerra a las ley LGTBI aprobada por el PP o a la ley autonómica contra la violencia de género de 2005; que lleva en su programa electoral el cierre de Telemadrid o que quiere que la Consejería de Sanidad utilice los datos de pacientes en situación irregular para identificarlos.

La negociación entre PP y Ciudadanos no parece, a priori, muy complicada porque sus programas electorales encuentran muchas coincidencias. Comparten políticas mollares como las rebajas de impuestos en la región sin importar el nivel de renta, la especial protección a la escuela concertada con dinero público, el impulso al sistema bilingüe diseñado por Esperanza Aguirre, la posibilidad de elegir colegio o centro de salud, la “colaboración público-privada” en la sanidad o nuevas ampliaciones de la red de Metro. Políticas continuistas respecto a lo que lleva haciéndose durante años en la Comunidad de Madrid.

El partido llamado a liderar las negociaciones, el PP, sí propone algunos saltos más pronunciados para dotar a Díaz Ayuso de un perfil propio. Como la ampliación de los conciertos educativos a Bachillerato para financiar esta etapa no obligatoria en centros privados -la Comunidad de Madrid ha mantenido perfil bajo en este asunto durante cuatro años- o una advertencia en el programa electoral contra el “adoctrinamiento” en los colegios. “Los poderes públicos deben garantizar el derecho a los padres a que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus propias convicciones, a fin de evitar de evitar cualquier tipo de adoctrinamiento”.

En general, los programas son tan similares en lo esencial -se asientan sobre la misma lógica liberal- que el PP lleva acusando toda la campaña a la formación de Rivera de “copiar” sus propuestas. Esta sintonía también se explica con otro hecho: los dos partidos han negociado durante toda la legislatura cada uno de los presupuestos anuales de la Comunidad de Madrid, donde Ciudadanos también ha dejado su impronta forzando al Gobierno regional a introducir medidas como la gratuidad de las escuelas infantiles de cero a tres años.

Vox se mueve en ejes parecidos en estas materias: también apuesta por la baja fiscalidad, por la libertad de elección de las familias del centro educativo de sus hijos (en este caso a través del cheque escolar) y, de forma mucho más explícita, por la apertura del sistema sanitario a las empresas privadas para reducir las listas de espera, por ejemplo. Aunque podrían abrir, como han anticipado en campaña, brechas ideológicas en cuestiones como la ley LGTBI aprobada por el PP, que han atacado constantemente en campaña por “adoctrinar” a los niños y niñas, o la ley de violencia de género, en vigor desde el año 2005.

La violencia machista es, sin embargo, un problema por el que los programas de los tres partidos pasan bastante de puntillas. Vox niega que exista; el PP se refiere a él como “violencia doméstica” y Ciudadanos es el único que lo menciona como una violencia específica de los hombres hacia las mujeres, aunque tampoco propone grandes medidas. Más allá de abrir 24 horas los puntos municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género o crear instalaciones en los juzgados para que la víctima no tenga que ver a su agresor.

La lógica dice que Vox atemperará sus líneas rojas, que pasan por extremos tan extravagantes como transferir todas las competencias de Educación y Sanidad al Estado, para lograr tocar poder en Madrid. Habrá puntos de fricción, eso seguro, y cómo se resuelvan medirá la capacidad de negociación de los interlocutores para no ceder ante la extrema derecha.

Ciudadanos no ha mencionado el caso de Madrid, donde aspira a la vicepresidencia y un puñado de consejerías, pero abre la puerta a negociar, con el PSOE incluido, “territorio a territorio” dejando claro en cualquier caso que su socio preferente es el PP. Así que, desde este lunes, la aritmética que ha salido de las urnas obliga a Díaz Ayuso y Aguado a aparcar la guerra librada en la campaña y emplazarse a iniciar conversaciones.

El Ayuntamiento de Madrid es otra plaza que exigirá de pactos. El PP, como líder del bloque de derechas, tratará de conseguir un acuerdo con Ciudadanos y Vox. Aunque los segundos no han cerrado la puerta al PSOE. Aquí para conseguir una mayoría alternativa a la izquierda (PSOE-Ciudadanos) se necesitaría no solo la abstención de la candidatura de Carmena sino algún voto a favor.

En este caso, el tiempo apremia: el día 15 de junio es el plazo límite para investir al alcalde o alcaldesa de Madrid. Para la primera investidura en la Asamblea, el reglamento deja un poco más de margen hasta el 3 de julio. De momento, Ciudadanos y PP ya han constituido en apenas horas sus comités de pactos con cargos nacionales de confianza que decidirán los acuerdos y supervisarán las negociaciones en los territorios.