Este sábado, en el centro de Vitoria, bajo el Ayuntamiento, han confluido dos manifestaciones. Por un lado, decenas de personas clamaban contra el centro de refugiados que el Estado planea en el barrio de Arana. Por el otro, un grupo gritaba contra el genocidio de Israel en Palestina. Otro sábado, pero el de mediados de junio de 2015, también confluyeron dos movilizaciones en ese mismo punto. En la plaza de España, frente a frente, estaban los simpatizantes y detractores del hasta entonces alcalde de la capital vasca, Javier Maroto, del PP, que había ganado con claridad las elecciones con un discurso que asociaba el fraude y la delincuencia a la migración pero que, por el mismo motivo, propició que todas las demás fuerzas políticas de la ciudad se unieran contra él y que brotara una plataforma cívica llamada Gora Gasteiz. Se celebró la investidura, no sin movimientos políticos de última hora, y acabó con la 'makila' de alcalde Gorka Urtaran, del PNV, el tercero en las urnas y que tuvo que arrancar con un Gobierno apoyado en solamente cinco de 27 escaños. De aquello han pasado ya diez años.

Para entender la Vitoria de junio de 2015 hay que entender la de un año atrás. En 2014, en una entrevista en la Cadena Ser, el alcalde Maroto, tres años después de llegar al cargo con un discurso aperturista e incluso pactando con Bildu y que no había tenido problemas en fotografiarse con la estrella de la NBA fichada por el Baskonia Lamar Odom, inició una campaña con ideas como que el fraude en las prestaciones sociales era “escandaloso” y culpó de ello abiertamente a “argelinos y marroquíes”, que no mostraban “ningún interés en trabajar”. Ya antes, el PP y Maroto habían usado su influencia sobre el Gobierno vasco de Patxi López y la consejera socialista Gemma Zabaleta para lograr un recorte en la renta de garantía de ingresos, el salario social de quienes no tienen recursos en Euskadi o el complemento de las nóminas y pensiones bajas.

El argumentario lo asumieron pronto otros dirigentes del PP, como el diputado general de Álava, Javier de Andrés, ahora líder del PP vasco, y se organizó una recogida de firmas bajo los eslóganes “ayudas más justas” o “ayudas sí, abusos no” para darle otra vuelta de tuerca a la protección social. En aquellos años, se instrumentalizó a otros grupos de extranjeros, como el colectivo de dominicanos, liderado por un militante del PP, para apoyar al alcalde y sus medidas. Otro afiliado, Patxi Gómez, tuvo que dejar la portavocía de la plataforma contra el fraude de los extranjeros en las prestaciones sociales al destaparse que él mismo había cometido fraude a la Seguridad Social.

Llegaron las elecciones municipales de mayo de 2015. En España gobernaba el PP, Mariano Rajoy. En Euskadi el PNV, Iñigo Urkullu. Había nacido Podemos, pero iba con una marca blanca a las urnas locales, Sumando. De hecho, había otra oferta de la nueva izquierda, Irabazi, la suma de IU y Equo. El PSE-EE vitoriano estaba destrozado, con un candidato de última hora, Peio López de Munain, tras la salida abrupta de la elegida en primarias, Maite Berrocal, de uno de los dos sectores críticos de la formación y que ya había lanzado su campaña llenando de su imagen todas las marquesinas. El PNV acababa de recibir, en marzo, las conclusiones de la investigación de su mayor trama de corrupción, el 'caso De Miguel'. Bildu había pasado ya a ser EH Bildu y había encontrado una candidata con tirón, la independiente Miren Larrion.

El PP de Maroto obtuvo en Vitoria un excelente resultado. Mantuvo sus nueve concejales de 27 y ganó 3.000 apoyos. Para interpretar correctamente el dato hay que recordar que ninguno de los candidatos conservadores en las 50 capitales de provincia de España mejoró los números de 2011. Solamente en otra ciudad grande ocurrió algo similar, en Badalona. Xavier García Albiol ofreció una campaña similar a la de Maroto.

En segunda posición irrumpió la EH Bildu de Larrion, con seis ediles. El PNV de Urtaran fue tercero, con solamente cinco representantes. El candidato quiso dimitir por el mal dato. El PSE-EE salvó únicamente cuatro asientos en el pleno. La izquierda dividida sacó tres concejales, dos para Sumando (Podemos) y uno para Irabazi (IU y Equo).

Casi desde el momento mismo del escrutinio, Larrion abogó por una pinza 'antiMaroto' capitaneada por la izquierda abertzale. Sin embargo, los socialistas nunca aceptaron ese planteamiento. Aquellos comicios alumbraron precisamente un matrimonio que se mantiene hasta hoy, el bipartito del PNV y PSE-EE. Empezaron ya a funcionar como bloque y el ya fallecido presidente nacionalista en Álava, Xabier Agirre, esgrimió a Larrion que la primera fuerza eran los nueve ediles que tenían ambas formaciones.

“La candidata nos trasladó que quería ser alcaldesa, pero nosotros teníamos el pacto con los socialistas. Poníamos nueve concejales encima de la mesa, los mismos que el PP, y ellos seis. La segunda fuerza eran ellos, sí, pero dijeron que estaban dispuestos a que gobernara la tercera con tal de que no lo hiciera Maroto”, recuerda un colaborador de Agirre, que reconoce que Urtaran les había pedido dejarlo. Se llegó a un acuerdo. El Araba Buru Batzar celebró una reunión extraordinaria para darle el visto bueno. Participó en ella Andoni Ortuzar, presidente nacional del partido.

Maroto también había hecho su ronda de reuniones. El PP recibió incluso a Larrion en el Ayuntamiento, a la izquierda abertzale. Normalidad institucional. Estuvo con el PNV igualmente. Esa cita no estuvo exenta de tensión. “Agirre les dijo: lo mismo que te ha dado el triunfo va a ser lo que no te permita gobernar”, explica un testigo. “Lo único que unió a PNV, Bildu, PSOE y Podemos fue echar al alcalde, que había ganado con contundencia y muchísimo apoyo”, replica Iñaki García Calvo, actual portavoz local del PP y colaborador de Maroto en aquellos años.

Llegó la investidura y mientras el PP y sus seguidores en la calle clamaban por el respeto a la lista más votada, todo estaba previsto para que el tercero en las urnas, un Urtaran que ya llegó a la política municipal cuatro años antes por otra carambola, fuese uno más de los 'alcaldes del cambio' de aquella primavera en la que Manuela Carmena tomó el mando en Madrid o Ada Colau en Barcelona.

En España, todos los ayuntamientos se constituyen el mismo día. Siempre es un sábado de mediados de junio. Sin embargo, en Vitoria se dejó el pleno para última hora de la mañana. Mucho antes estaba convocada la sesión en Andoain, en Gipuzkoa. Y aquello estuvo a punto de cambiarlo todo. Allí, el PNV tenía comprometido apoyar a los socialistas para desalojar a EH Bildu. Pero a última hora un edil nacionalista se negó y se truncó la operación. Como acto reflejo, el partido dio la orden a sus ediles en Vitoria de no votar a favor de Urtaran. Llegaron a publicarse titulares en prensa digital dando por hecho que Maroto, 'in extremis', iba a salvar la alcaldía.

Pero había otra opción. Incluso sin el PSE-EE era posible una mayoría alternativa. Implicaba que las nuevas izquierdas votaran a un alcalde de la derecha vasca. Primero fue Podemos quien dio el visto bueno. Así que solamente quedaba el edil Óscar Fernández, procedente de Equo y sin experiencia alguna en política. Era periodista deportivo en medios locales y trabajaba para una ONG. De repente, todas las miradas se posaron sobre él.

“No teníamos ni despacho aún. Como se retrasó la investidura, estábamos con compañeros de IU y de Equo tomando algo en un bar de la plaza. Se formó un poco de barullo, la verdad. Tuvimos que atravesar la plaza. Los seguidores de Maroto me increpaban y me insultaban. Del otro lado, me preguntaban qué iba a hacer. Fui de despacho en despacho. Primero estuve en el PSE-EE. Me encontré a Peio [López de Munain] llorando, devastado. Los socialistas me echaron la responsabilidad sobre mis hombros. Y yo no tenía experiencia alguna”, relata Fernández, que sigue siendo concejal en 2025. De hecho, salvo García Calvo del PP y otro compañero, nadie más de aquel momento continúa en el Ayuntamiento sin que haya pasado tanto tiempo.

“No era tanto apoyar a Urtaran como que Maroto no continuara”, abunda Fernández. Cristina Macazaga, dirigente de aquel primer Podemos en Vitoria, explica que ellos tampoco se habían presentado “para hacer alcalde a Urtaran”. “Pero la coyuntura ofrecía la oportunidad de evitar que el racismo y la xenofobia administrara la ciudad. No hubo duda en apoyar otra alternativa para que Maroto y su discurso del odio no fuera alcalde”, explica ya alejada de la política.

“Viví aquel sábado. Aunque a mí me gusta mirar al futuro y no tanto al pasado, no podemos dejar de pasarlo por alto. Era una ciudad que estaba funcionando. Aquí había un alcalde. El único que había mejorado resultados en toda España. Fui testigo de muchísima gente que quiso apoyar a su alcalde, al que puso a Vitoria en el mapa. Hay mucha diferencia con la decadencia que tenemos diez años después”, explica García Calvo sobre su versión de lo ocurrido aquel sábado de 2015.

Se celebró el pleno. El PSE-EE, en efecto, no apoyó al PNV. López de Munain -con el que este periódico no ha podido contactar- lloraba y lloraba. En la calle, la tensión creció. A la izquierda, mirando al Ayuntamiento, los seguidores del PP estaban indignados. A la derecha, Larrion saludaba desde un balcón a los suyos aunque ella no fuera la alcaldesa. Urtaran y su equipo casi pasaban inadvertidos en aquel ambiente. En X (entonces llamada Twitter), De Andrés tiró de ironía sobre lo ocurrido ya que en Oyón, en la Rioja Alavesa, un candidato del PNV, Eduardo Terroba, también relevó a un regidor del PP. Hizo un juego de palabras con los apellidos de Terroba y de Urtaran y un 'robo' político. “Sabemos que este alcalde es legal pero no es legítimo”, añadió Alfonso Alonso, entonces ministro.

El PNV montó un Gobierno en solitario. Eran el alcalde y cuatro concejales nada más. Un par de asesores, Álvaro Iturritxa y Blanca Guinea, apoyaban al Ejecutivo de la capital vasca en el día a día desde la sombra. Una de las ediles multitarea fue Nerea Melgosa, actual consejera en el Gobierno vasco. De hecho, se le asignó liderar una nueva cartera de “Convivencia”. Melgosa recuerda llegar a la investidura después de oficiar una boda esa misma mañana y, además, en inglés. Dice que sigue en contacto con aquella pareja así que recuerda aquel sábado como “doblemente fructífero”.

“Más que tensión, hubo emoción. Hay que dar las gracias a Gorka, por haber dado ese paso”, explica. Asegura ninguno de los integrantes de ese equipo piso su casa en el primer año. Melgosa, por ejemplo, llevaba Convivencia pero también Políticas Sociales o Promoción Económica, “incluidos los polígonos industriales”. “Era mucho, mucho”, afirma. Melgosa, en julio de 2015, acabó descalza en una mezquita mostrando respeto a la comunidad magrebí tras lo ocurrido.

A finales de 2015, el PNV eligió nuevo presidente en Álava, José Antonio Suso. Su primera misión fue llamar al PSE-EE para retomar el acuerdo. En pocos meses, a mediados de 2016, se cerró una coalición y la ciudad pasó a tener un Gobierno de nueve miembros. Urtaran, el tercero en discordia, acabó ganando las elecciones de 2019. Pero, en 2023, el PNV prescindió de él. Ahora es diputado foral en Álava. Llegó a encabezar una candidatura crítica para liderar su partido, aunque fue derrotado.

Larrion, de su lado, tuvo que dimitir de forma repentina al ser arrestada por la Ertzaintza. Acabó condenada por el robo de una cartera a una asesora y por la suplantación de su identidad. Su pena quedó atenuada por su salud mental y la saldó con trabajos en beneficio de la comunidad, sin llegar a entrar en prisión. En 2023, Rocío Vitero fue la nueva candidata y ganó las elecciones. Pero, como Maroto, no pudo gobernar porque hubo un acuerdo en su contra. En este caso fue el PP el que apoyó al bipartito de PSE-EE y PNV para evitarlo, a modo de venganza diferida ocho años después.

Vitero no estaba en el Ayuntamiento en 2015 pero, según explica, fue Gora Gasteiz lo que le hizo dar el salto a la vida política institucional. “Participé en los movimientos sociales frente a la situación de racismo, xenofobia y crispación”, cuenta al otro lado del teléfono. Y añade: “Para mí, fue un detonante cuando EH Bildu cedió su puesto, sin interés político, porque el Ayuntamiento no podía tener un líder que rompiera la convivencia y con un discurso racista. Se demostró capacidad de escuchar y de materializar lo que pedía la gente de Gasteiz. Se trabajó con total discreción”.

A juicio de Vitero, desde entonces EH Bildu sigue “creciendo”. “Tenemos otra manera de hacer política”, afirma. Preguntada por la investidura fallida de 2023, acusa a PNV y PSE-EE de “ir de la mano del PP”. Sin embargo, pone en valor que, después de aquello, quien ofrece “estabilidad” a la ciudad es su grupo, con acuerdos presupuestarios y de otro tipo.

¿Y Maroto? Muchas voces califican como “exilio” sus siguientes años. A pesar de repetir que llevaba “Vitoria en el corazón”, en 2016 decidió dejar el Ayuntamiento y convertirse en diputado en el Congreso en sustitución del otro alcalde que ha tenido el PP, Alfonso Alonso. En las generales de 2019 intentó revalidar el escaño, pero se lo ganó EH Bildu, que lo celebró como un segundo desalojo. Finalmente, el partido lo recolocó como senador electo por Castilla y León, para lo que tuvo que empadronarse en el minúsculo pueblo segoviano de Sotosalbos.

En estos años, ha sido dirigente de Génova con Pablo Casado y ahora es vicepresidente del Senado. Ya no hace vida política en Vitoria y nunca se le ha visto apoyar a los compañeros que dejó aquí, a diferencia de Alonso. “Yo no cambiaría la política local por nada del mundo. Es la más exigente, pero es la más gratificante”, señala preguntado por este 'exilio' García Calvo, que previsiblemente será el candidato del PP en 2027.

Este sábado, una de las protestas en Vitoria era contra el centro de refugiados de Arana. Es cierto que la oposición a este proyecto es mucho más amplia que la del PP y que encierra matices diferentes, pero los 'populares' acaban de iniciar otra recogida de firmas. El presidente 'popular' alavés, Iñaki Oyarzábal, ha asociado ese recurso con un supuesto incremento de la delincuencia. Hace unas semanas, en el Senado, el PNV preguntó por esta infraestructura al Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente de la Cámara, Pedro Rollán, se ausentó y terminó moderando el debate sobre Vitoria y la migración el senador segoviano Javier Maroto.

El PSOE de Castilla y León ha anunciado este jueves que su senador Fran Díaz comparecerá, a petición propia, en las Cortes en “aras de la transparencia y para mejorar la democracia” e invita a Javier Maroto a hacerlo para ver “en cuánto ha avanzado en su conocimiento” de la Comunidad.

Así lo ha anunciado el propio senador por designación de los socialistas en Castilla y León en una rueda de prensa en la que también ha intervenido el secretario general de la formación, Luis Tudanca.

Tudanca ha apelado al artículo 9 de la ley de designación de senadores autonómicos de Castilla y León que permite pedir la comparecencia a petición propia para valorar una iniciativa que, en sus palabras, tiene “una clara voluntad de mejorar y fortalecer la democracia” en Castilla y León.

“Creo que es un ejercicio de transparencia. Desde luego nosotros estamos tremendamente orgullosos del trabajo que ha realizado Fran Díaz como representante de Castilla y León y creo que es un buen ejercicio para que en esta cámara se mejoren los dispositivos de control parlamentario a todos los niveles, en este caso de nuestros senadores autonómicos”, ha argumentado.

Tudanca ha aprovechado esta iniciativa para pedir a los senadores del PP, Vidal Galicia y Javier Maroto, que también lo hagan y den “explicaciones” sobre su labor. “En particular el señor Maroto después de convertirse sorpresivamente en vecino de Sotosalbos. No ha dado ni una sola explicación sobre su papel como representante en la cámara territorial de nuestra comunidad autónoma. De hecho lo que sabemos es que en cinco años no se ha aprendido que esta comunidad autónoma tiene nueve provincias y no ocho, como ha dicho en alguna ocasión, y creo que sería una buena oportunidad también para conocer cuánto ha avanzado su conocimiento de Castilla y León”, ha ahondado.

Para el socialista, iniciativas como ésta, confrontan dos modelos, el del PSCyL con el del PP que “apoyado por Vox” han restringido en la última Junta de Portavoces, “las posibilidades de control parlamentario de la oposición”.

“Para eso siguen unidos. Nosotros queremos, desde luego, con esta iniciativa, con este registro de la petición de comparecencia, contraponer dos muy diferentes modelos de democracia. Y creo que es también es una buena oportunidad esta comparecencia para que hablemos de lo que verdaderamente importa a los castellanos y a los leoneses, en particular a los jóvenes de Castilla y León, como la vivienda y la falta de oportunidades”, ha añadido.

En este sentido, Fran Díaz considera que con esta iniciativa se inicia “un camino de transparencia” que, a su juicio, deben tener “todas las instituciones y todos los responsables políticos”. “Y también, por supuesto, los senadores autonómicos para con la Cámara que nos ha designado para explicar la labor que en mi caso llevo realizando durante los últimos cinco años”, ha detallado.

El senador ha aprovechado su intervención para incidir en que durante su actividad parlamentaria siempre ha hablado “de las cosas que le importan a la gente”. “De cuestiones terrenales y de cuestiones que también han servido para sacar los colores al Partido Popular y a Vox por la actuación que ha venido desarrollando en la Junta de Castillo y León en los últimos años”, ha concluido.

Leticia Comerón (Vitoria, 1982) asumió en 2019 la difícil tarea de relevar a Javier Maroto como candidata del PP en Vitoria. Sin embargo, anunció en 2021 que iba a ir apartándose poco a poco de la primera línea política y que al final de esa legislatura, en 2023, pasaría enteramente al sector privado. Sin embargo, todo se precipitó en noviembre de 2022 y, ya en diciembre, abandonó el Ayuntamiento. En febrero de 2023, hace ahora un año y un mes y sin que se comunicara nada públicamente, Maroto la fichó como asesora en el Senado, donde era portavoz del PP.

Según documentación oficial de la Cámara alta, Comerón continúa en un puesto de asistente en la nueva legislatura, iniciada tras las generales de julio de 2023. Ahora ya no depende directamente de Maroto, que ha pasado a ser vicepresidente de la institución, pero sigue apoyando al grupo del PP en una plaza de libre designación. Tiene la categoría 'A' y, según la plataforma de transparencia 'Demócrata', su retribución anual es de 62.263 euros.

Comerón se afilió en 2001 al PP, con apenas 19 años. Fue la primera mujer que lideró Nuevas Generaciones en Euskadi y, en 2007, resultó elegida concejal, la mujer más joven en lograrlo. De 2011 a 2015, con Maroto como alcalde, ocupó ya importantes responsabilidades como edil Tecnologías de la Información, Mantenimiento o Espacio Público. El PP ganó las elecciones también en 2015 pero el resto de grupos se unieron para desalojar a Maroto por la polémica sobre el fraude, los magrebíes y las ayudas sociales. Maroto saltó al Congreso y dejó al frente del PP local a Comerón. Ella misma fue la candidata en 2019, la que puso la cara a la caída de la primera a la cuarta plaza.

El PP, que tiene en Vitoria su gran feudo en Euskadi, comunicó ya públicamente en septiembre de 2021 que Ainhoa Domaica pasaba a ser la nueva portavoz con la mira puesta en las municipales de 2023. Fue cuando Comerón anunció su plan de ir dejando poco a poco sus cargos, también los orgánicos, para pasar al sector privado. Así lo verbalizó públicamente y así lo recogieron todos los medios locales. Domaica fue la candidata y mejoró la posición del PP, tercero por encima del PNV y muy cerca del PSE-EE. Precisamente ahora, con las autonómicas vascas en ciernes, el partido ha vuelto a cambiar el paso y ha decidido que Domaica pase al Parlamento Vasco y que sea Iñaki García Calvo su nuevo referente y previsiblemente el candidato en 2027.

Se da la circunstancia de que otras dos personas muy próximas a Maroto en su etapa como alcalde están también como asesores en el Senado. Quien fuera su jefe de prensa y luego ya director de gabinete y coordinador de alcaldía, Rafa Laza, es ahora director adjunto de gabinete del presidente de la Cámara, Pedro Rollán. Laza llegó a Génova de la mano del exalcalde de Vitoria y ha ido ganando en influencia en diferentes campañas electorales. Maroto contó con él como asesor principal en su etapa como portavoz del PP en el Senado. El último en dar en salto a Madrid ha sido Ugaitz Crespo, quien también ha formado parte durante años del equipo de comunicación de los 'populares' en Vitoria.

Maroto, una vez terminada la etapa como alcalde y tras sustituir unos años a Alfonso Alonso en el Congreso, intentó sacar por sí mismo el escaño por Álava en las generales celebradas el 28 de abril de 2019, día de San Prudencio y fiesta grande de la provincia. Quedó relegado a quinta fuerza política. Su salto al Senado se dio por una designación autonómica de Castilla y León y después de un empadronamiento en la localidad segoviana de Sotosalbos, de apenas un centenar de habitantes. En su ficha en el Senado ni aparece su paso previo por Vitoria y la política vasca y hace años que no participa en actos o campañas con sus excompañeros. En la repetición de esas generales, el PP intentó recuperar el escaño con Marimar Blanco, hermana del concejal de Ermua secuestrado, torturado y asesinado por ETA en 1997. No lo logró. Ahora Blanco es senadora y miembro de la Mesa, como Maroto, a propuesta de la Comunidad de Madrid. El marido de Maroto, José Manuel Rodríguez, ha sido fichado como asesor en el área de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid con un salario de 90.000 euros.

El Ayuntamiento de Madrid fichó en octubre al marido del actual vicepresidente del Senado, Javier Maroto, para un puesto en su área de Movilidad por el que cobrará en torno a 90.000 euros según cálculos de El País, el periódico que avanza la noticia. La información indica que José Manuel Rodríguez Carballo se presentó a la plaza de subdirector general de Análisis y Evaluación en verano y que fue elegido a través de un proceso de selección al que se presentaron 23 candidaturas.

El puesto, al ser de libre designación, se eligió desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, mano derecha del alcalde Almeida. Esta subdirección depende de la Coordinación General de Movilidad, dirigida hasta octubre por Federico Jiménez de Parga, que convocó el concurso el 4 de agosto de 2023. La contratación se publicó en el Boletín Oficial del consistorio el pasado 19 de septiembre, según el documento al que ha tenido acceso Somos Madrid, y el puesto fue cubierto en octubre.

“Estudiadas las candidaturas, previo informe de los órganos directivos a los que se adscribe el puesto de libre designación y certificados todos los servicios prestados, Carballo fue elegido para el puesto”, informan fuentes municipales citadas por El País para justificar su elección.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, asegura que se enteró del fichaje municipal después de que se produjera, el pasado 12 de octubre. Fue durante el desfile por la celebración del Día de la Hispanidad, cuando el propio José Manuel Rodríguez, que acompañaba a Maroto en el graderío, le informó de que estaba trabajando en el Ayuntamiento. Además, el primer edil ha añadido que ninguno de los otros 22 candidatos al puesto formuló ninguna queja y respaldó su cualificación para el puesto.

José Manuel Rodríguez y Javier Maroto están casados desde el año 2015, una boda que el PP difundió con el envío de fotos del enlace a diferentes medios de comunicación. Entonces, la pareja del vicepresidente del Senado desde agosto era funcionario en el Ayuntamiento de Durango, donde trabajaba como gerente de Organismos Autónomos según su perfil profesional en Linkedin.

Atendiendo a las mismas fuentes, la carrera laboral de Rodríguez Carballo ha transitado sobre todo en este consistorio, en el  Instituto Nacional de Administración Pública (fue subdirector general de Selección y Formación local) y durante los cuatro últimos años en la consultora Accenture, donde trabajó como director de Sostenibilidad y encargado del área de Negocio Responsable. La página web de transparencia del Ayuntamiento de Madrid tiene vacío tanto su perfil profesional como sus ingresos actuales.

Miembros de Nuevas Generaciones del PP en el consistorio

El Ayuntamiento de Madrid fichó durante la anterior legislatura a varios miembros de Nuevas Generaciones del PP para el gabinete de Alcaldía, en diferentes puestos de libre designación. Uno de ellos, Álvaro Hernández Crespo, se vio envuelto en el escándalo de los bulos difundidos por la derecha antes de las elecciones al rectorado de la Complutense, en las que intentó facilitar la reelección de Goyache.

Hernández Crespo fue mantenido por Almeida en su puesto, a la vez que celebraba la renovación del cargo de Goyache, al que había apoyado públicamente Ayuso. Actualmente este trabajador sigue en Cibeles, esta vez como trabajador eventual en el grupo del Partido Popular municipal.

Toda la cúpula del PP de Alberto Núñez Feijóo con cargo público ingresó algún sobresueldo a través del partido o de los grupos parlamentarios, además de su salario como diputado o senador. Así se desprende de las declaraciones de bienes presentadas ante el Congreso y el Senado en las últimas semanas. En total, 203.806 euros desde abril de 2022, según la información que se desprende de lo que indican los dirigentes.

El que más cobra por esta vía es el propio Feijóo. Desde que llegó a la presidencia del PP, en abril de 2022, y al Senado a finales de mayo, hasta finales de 2022, el gallego percibió 71.110 euros al margen de su sueldo de senador. De ellos, 39.260 euros brutos los ha declarado como “gastos de representación” por su cargo en el PP. Es decir, salieron íntegros de las arcas de la organización. Todas las cantidades indicadas en las declaraciones de bienes son en bruto, salvo que se señale lo contrario.

Los otros 31.850 euros los percibió como presidente del grupo parlamentario. Pero no es una asignación que decida el Senado ni que cobren todos los presidentes de grupos parlamentarios, sino que el PP destina una parte de la asignación que la Cámara Alta concede a cada grupo para complementar el sueldo de su líder. Es discrecional. Su predecesor en el cargo, Pablo Casado, nunca cobró como presidente del grupo parlamentario, por ejemplo.

La declaración de Feijóo ha permitido también trazar la evolución de su patrimonio desde que aterrizó en Madrid hasta ahora: tras un incremento de 600.000 euros en sus últimos años al frente de la Xunta, el líder del PP ha aumentado sus propiedades con una nueva vivienda en A Coruña, además de su inversión en la multinacional Inditex.

El partido ha ocultado durante año y medio estas remuneraciones, pese a lo que marca la ley de transparencia. Y pese a los muchos intentos de los periodistas de averiguarlo. Pero ahora, gracias a las políticas de transparencia de Congreso y Senado, se ha desvelado un secreto que afecta no solo a Feijóo, sino prácticamente a toda la cúpula que salió del congreso extraordinario de Sevilla del año pasado.

La 'número dos', Cuca Gamarra, también cobró dos sobresueldos al margen de su salario público del Congreso, que ascendió en 2022 a los 113.468 euros brutos al tener un complemento como portavoz, según Newtral. A esta cantidad la secretaria general añade 26.860 euros como “gastos de representación” del PP y 28.759 del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Baja, según su declaración. La secretaria general, aún portavoz parlamentaria, pagó en su declaración de la renta del año pasado 72.540 euros, casi 8.000 más que su jefe de filas.

También el coordinador general, Elías Bendodo, recibió un complemento salarial del PP durante 2022 que él mismo declara en 14.500 euros. El 'número tres' indica expresamente que el dato es en “neto”, es decir, impuestos ya descontados, por lo que la cantidad bruta sería mayor. El diputado por Málaga declara, además, cuatro pisos, una parcela y diversas plazas de garaje en la provincia. De IRPF, el malagueño pagó el año pasado 38.755 euros.

Los vicesecretarios, máximos responsables sectoriales y con asiento en el Comité de Dirección del PP, también percibieron algún tipo de emolumento al margen de su cargo. Esteban González Pons, eurodiputado (cargo por el que percibió 89.859 euros), ha declarado ante el Congreso unos “gastos de representación” de 22.720 euros. 

La misma cantidad ha declarado Miguel Tellado, vicesecretario de Organización Territorial y enviado de Feijóo a los territorios para preparar al partido ante las elecciones del pasado 28 de mayo. Es del núcleo más próximo al jefe desde hace años y, a este complemento de 22.720 euros, hay que añadir lo que cobró el año pasado (20.229 euros), y desde mayo como senador: la parte proporcional de 86.000 euros.

Esos 22.720 euros se repiten en el vicesecretario de Economía, Juan Bravo. El dirigente declara dos sueldos en 2022 (de la Junta de Andalucía y del Parlamento autonómico) por un total de 49.141 euros. Desde mayo hasta diciembre como senador raso se embolsó poco más de 70.000 euros. A estas cifras hay que sumar esos “gastos de representación”.

Cierran la nómina dos senadores: Pedro Rollán y Javier Maroto. El primero ha sido designado presidente de la Cámara Alta para esta legislatura, por lo que tendrá que abandonar sus cargos dentro del PP. Pero en 2022 el que fuera vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local pudo sumar a su sueldo de senador raso los 25.560 euros que declara como “gastos de representación”. 

Maroto ejerció como portavoz en el Senado, lo que le valió un sueldo bruto total de unos 126.536 euros. Es la cantidad que, por los complementos, cobran todos los portavoces que además han ganado su escaño fuera de Madrid. A esa cantidad, el dirigente añadió un sobresueldo de 23.076 euros como miembro de la dirección del grupo parlamentario en la Cámara Alta. Un dinero que, como en el caso de Feijóo, lo perciben aquellas personas que el partido decide.

Cierra este capítulo Carmen Navarro, vicesecretaria desde abril de 2022 (primero, de Políticas Sociales, luego de Estudios) y que complementó su sueldo como diputada rasa, primero, y secretaria de la Mesa, después, con un sobresueldo del partido de 19.880 euros, según su declaración. Navarro declara además tres viviendas en Albacete, otra en Murcia y una última en Madrid, y varias plazas de garaje. 

Hay otros dos casos reseñables. El primero, el del secretario de Organización, Ángel González, único dirigente del PP por debajo de vicesecretario que ha declarado gastos de representación ante el Senado: 10.800 euros. También el actual portavoz (accidental, porque es temporal), Javier Arenas, ha declarado unos “gastos” a cuenta del grupo parlamentario de 5.013 euros.

Fúnez, Sémper y Montserrat, las excepciones

En la cúpula del PP hay tres personas que, al menos en 2022, no cobraron un sobresueldo del partido o de los grupos parlamentarios. Son Borja Sémper, Carmen Fúnez y Dolors Montserrat.

Fúnez, actual responsable de Políticas Sociales del PP, ha regresado a las Cortes Generales como diputada tras varios años sin cargo público. La ciudarrealeña declara ante el Congreso un sueldo del año pasado de 51.379 euros que cobró del grupo parlamentario en el Senado, donde trabajó como asistente de los senadores. La ya diputada no entró a formar parte del Consejo de Dirección del PP hasta casi la primavera de este 2023, por lo que no será hasta una próxima declaración ante el Congreso cuando tendrá la obligación de explicitar si cobra sobresueldo del PP, y cuánto.

Es una situación muy similar a la de Borja Sémper, cuya declaración de bienes no aparece en su ficha de diputado por un error administrativo, pero a la que ha tenido acceso elDiario.es. El vicesecretario de Cultura fue reclutado por Feijóo como portavoz en enero de 2023. En su declaración de bienes no figura lo que ha podido cobrar desde entonces del PP, ya que la norma pide solo indicar los ingresos del año anterior. 

Pero Sémper sí refleja el sueldo que tenía como director de Relaciones Institucionales de la consultora multinacional EY (Ernst & Young): 191.127 euros. Una cantidad que dejó de percibir al regresar a la primera línea política. Desde enero hasta ahora, Sémper ha cobrado un sueldo del PP que no ha sido formalmente revelado. Como diputado, comenzará a tener un sueldo público y, según la tónica, recibirá también un complemento si se mantiene en la dirección.

La única persona de todo el Comité de Dirección que se salta esta ‘norma’ es la portavoz en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, quien indica en su declaración en Bruselas que su puesto como miembro de la cúpula del PP no es remunerado.

Montserrat es eurodiputada, portavoz del PP y presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento en Bruselas. El salario de un eurodiputado supera los 7.000 euros al mes, aunque también ingresan dietas y diversas remuneraciones diferentes. Según Newtral, Montserrat venía cobrando 107.944 euros anuales.

El PP contemporiza el Senado en el arranque de la negociación de Alberto Núñez Feijóo para intentar ser investido presidente del Gobierno y deja en el aire la formación de los grupos del PNV y de Junts, dos de los partidos que Feijóo quiere atraer para lograr una mayoría suficiente en el Congreso. El presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, ha solicitado un informe a los letrados sobre el préstamo de senador del PSOE para que estos partidos, junto a otros, cumplan los requisitos del Reglamento, que exige sumar 10 como mínimo. Hasta que no llegue dicho informe, la Mesa, que domina el PP, no se pronunciará.

El órgano de gobierno del Senado se ha reunido este martes por primera vez en la legislatura y ha dado su visto bueno a la creación de tres grupos: el del PP, el del PSOE y el conjunto de ERC y EH Bildu. El resto de solicitudes venían acompañadas del préstamo de senadores socialistas ya que el Reglamento del Senado exige a los grupos tener un mínimo de 10 integrantes.

Una práctica, la del préstamo, habitual en el pasado, tal y como ha recordado el vicepresidente de la Cámara, Javier Maroto, en una rueda de prensa. Pero lo que en otras legislaturas fue aceptado, el propio PP cedió en 2019 un senador a Ciudadanos para permitirle tener grupo, ahora está en duda.

Maroto ha explicado que la diferencia con los precedentes es que esta vez se constituirán grupos con más diputados prestados que propios. Pero este problema no aplica al caso de Junts ni del PNV.

Según fuentes parlamentarias, Junts presentó un escrito en el que sumaba a sus tres representantes el de Coalición Canaria, el de la Asociación Herreña Independiente (coaligada con CC en la isla de El Hierro) y el del BNG. En total, seis. El resto, hasta 10, serían un préstamo del PSOE.

En el caso del PNV, el partido que lidera Andoni Ortuzar tiene cinco senadores, y precisaría de otros tantos, también del PSOE, para constituirse como grupo.

Fuentes del PSOE en el Senado han señalado a elDiario.es que creen que el PP terminará aceptando los grupos porque no tienen más remedio ya que se trata de la práctica habitual en la Cámara Alta desde hace muchos años, con diferentes mayorías. Las mismas fuentes señalan que lo único que busca el PP es poner días de por medio con la decisión del Congreso, que ayer mismo sí permitió constituirse los grupos de ERC y Junts. El PP protestó y, señalan desde el PSOE, quedaría mal que hoy sí lo aceptaran en el Senado.

Así, el motivo esgrimido por el PP solo cristaliza en el último grupo en el aire, el de la Izquierda Confederal, donde se encuentran partidos integrantes de Sumar (Compromís y Más Madrid), el senador de la coalición PSOE-Sumar en Ibiza/Formentera, la Asociación Socialista Gomera (ASG) y uno que le corresponde a Geroa Bai por representación del Parlamento de Navarra, pero que todavía no ha asumido el cargo. La idea es que la primera portavoz sea la exsocialista Carla Antonelli, según Europa Press.

Obtener grupo parlamentario es una ventaja para los partidos ya que permite tener mayor visibilidad, presencia propia constante en la Junta de Portavoces, recursos económicos, humanos y materiales, así como más dinero para la gestión interna, además de capacidad de proponer iniciativas. Los senadores que no recaen en ningún grupo van al cajón de sastre del Mixto, donde suelen quedar muy diluidos.

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado suspender de forma cautelar el cierre del tramo ferroviario entre Tarancón (Cuenca) y Utiel (Valencia), recogido en un acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 21 de febrero, accediendo así a lo solicitado por once municipios.

Los municipios, pertenecientes a las provincias de Cuenca, Valencia y Madrid, pidieron suspender al entender que, si se ejecutase lo acordado, se causaría un grave perjuicio a los ayuntamientos, de difícil reparación, por cuanto la infraestructura estaría retirada del trazado, impidiendo que en el supuesto de una eventual estimación de la demanda el servicio de tren en la línea suprimida pudiera restablecerse.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal les da la razón al apreciar que la ejecución inmediata provocaría un perjuicio de difícil reparación para sus intereses, si finalmente falla a su favor.

“Es claro que la eliminación o supresión de los elementos que conforman la infraestructura dificultaría o haría imposible la reanudación del servicio o exigiría una cuantiosa y excesiva inversión para su restablecimiento”, afirma el alto tribunal.

Destaca, además, que “el mantenimiento de la vía ferroviaria ya instalada no causa un perjuicio a la Administración del Estado y sí lo genera la supresión del trazado de la línea, en el supuesto en el que se estimara el recurso contencioso administrativo deducido”.

El Supremo explica que la principal pretensión de los entes locales en este proceso es que se declare la nulidad de la decisión de cerrar ese tramo en la línea 03-310 Aranjuez-Valencia-Fuente de San Luis línea.

Así, “para garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la eventual ejecución de una sentencia favorable a los intereses de los ayuntamientos recurrentes, procede la adopción de la medida cautelar interesada”, acuerdan los magistrados.

Cuenca en Marcha: “Las administraciones implicadas deben dar explicaciones”

El Grupo Municipal Cuenca en Marcha (CeM)-Unidas por Cuenca en el Ayuntamiento de la capital ha valorado la decisión judicial y ha expresado su “alegría de que la Justicia empiece a atender las demandas de los recurrentes”.

Así, la portavoz Mª Ángeles García Jiménez ha destacado que “esto no hubiese sido posible sin el esfuerzo de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social, organizaciones políticas, sociales y de la ciudadanía en general en parar este despropósito”.

Ha recordado que su formación exigiría “responsabilidades al más alto nivel” si la noticia de hoy se producía: “Las administraciones implicadas deben dar explicaciones inmediatas por el perjuicio causado a Cuenca” y ha señalado directamente al Ministerio de Transportes (MITMA) así como al consejero de Fomento de la Junta, Nacho Hernando, “que promovió el cierre de la línea para llevarse la plataforma logística y el puerto seco que nos corresponde a Albacete, su tierra”.

“Todo esto ha supuesto que numerosos trabajadores de la línea hayan tenido que jubilarse anticipadamente o trasladarse a otras provincias”.

Además, García ha pedido al alcalde de Cuenca Darío Dolz que solicite “a la mayor celeridad el restablecimiento del servicio y la mejora en el mismo a cuenta de la deuda histórica que tiene el MITMA con Cuenca” porque “si no lo hace él, lo haremos la mayoría de concejales del Pleno”, ha advertido.

En el mismo sentido, el también concejal del grupo, Pablo García Rubio, ha agradecido las movilizaciones en defensa del ferrocarril público y social “que son la prueba de que manifestarse da sus frutos” y ha recordado que las organizaciones políticas de las que forma parte, IU y PCE, junto con Ecologistas en Acción, se sumaron al recurso de los 11 municipios de Pueblos con el Tren que ha supuesto esta medida: “Quiero hacer especial mención a los Ayuntamientos de Santa Cruz de la Zarza, Castillejo del Romeral y Camporrobles que han estado o están gobernados por nuestro espacio político y se han implicado intensamente en este asunto”.

También la formación Sumar Castilla-La Mancha ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo y ha solicitado al Gobierno de Castilla-La Mancha que invierta en mejorar la línea en lugar de desmantelarla.

Maroto (PP), durante una visita a Cuenca, dice que lo estudiarán si ganan las elecciones

El portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, ha sido preguntado hoy durante una visita a Cuenca por el futuro del tren convencional en Cuenca. Ha dicho que, si ganan las elecciones generales, escucharán la opinión de los parlamentarios conquenses a la hora de tomar una decisión sobre el futuro de la línea de tren convencional que pasa por la provincia.

“Cuando hay que tratar cuestiones locales en el Partido Popular nunca tomamos una decisión sin preguntar antes a las direcciones provinciales y en Cuenca es a Benjamín Prieto, presidente del PP conquense, a quien le vamos preguntar cuál es la posición más razonable y más efectiva en cuestiones como el transporte”, ha señalado el dirigente nacional este jueves en Cuenca.

Por su parte, el presidente de los 'populares' conquenses ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo. “A eso es lo que se ha dedicado el Partido Socialista, ha paralizar servicios sin proponer alternativa”, ha lamentado Prieto, que confía en que los conquenses apoyen al Partido Popular en la provincia de Cuenca el 23 de julio.

Maroto ha participado en el acto de presentación de la candidatura conquense a las elecciones generales del 23 de julio, a las que el PP presenta como cabezas de lista a Beatriz Jiménez para el Congreso y a Benjamín Prieto al Senado.

El vicepresidente de Castilla-La Mancha lamenta los 40 millones de euros perdidos

El vicepresidente de Castilla-La Mancha José Luis Martínez Guijarro ha lamentado la pérdida de una inversión de casi 40 millones de euros para la provincia de Cuenca en alusión a la suspensión cautelar del cierre del tramo ferroviario entre Tarancón (Cuenca) y Utiel (Valencia). “Hoy no es un buen día, hemos perdido varios años con esta paralización”, ha sentenciado.

Ha sido durante la clausura de la Asamblea General de la Confederación de Empresarios (CEOE Cepyme) de Cuenca, en la que ha hecho un llamamiento al acuerdo, para que se configure como un medio para atraer inversiones y potenciar el desarrollo industrial de la provincia.

Ha recordado que la legislatura que acaba de terminar ha estado protagonizada por el diálogo social, una forma de gobernar y gestionar que tendrá continuidad a lo largo de la presente legislatura.

La decisión del Tribunal Supremo supone que, “de momento, no se pueda conectar la estación del AVE con el centro de la ciudad de Cuenca y que ha venido motivada por el recurso que ha presentado el Partido Popular de la provincia a través de sus alcaldes”.

Piden restablecer el servicio

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Castilla La Mancha valora de forma “positiva”, pero además de la medida cautelar reclama como “urgente”  el restablecimiento del servicio ferroviario en esta línea, “para revertir el daño medioambiental que se está produciendo al derivar el transporte a la carretera en plena emergencia climática y para una vertebración de las provincias afectadas que están en grave riesgo de despoblación”. Además, pide establecer “diálogo” entre el Ministerio y “las personas y localidades afectadas”.

“Es preciso, en breve, restituir las obligaciones de servicio público ferroviario, suspender y revertir cualquier obra que afecte o haya afectado a la infraestructura del ferrocarril y, del mismo modo, la vuelta de los trabajadores a los puestos que desempeñaban”, han asegurado.

Maider Etxebarria es la primera mujer en ser alcaldesa en Vitoria. En Euskadi, solamente una mujer lo ha sido en una capital y ocurrió en el franquismo. Se trata de Pilar Careaga y ésta es su historia. Desde 1931, la política local ha vivido numerosas vicisitudes. Antes también hubo decenas de regidores, a los que incluso se les comprobaba su idoneidad nobiliaria y sanguínea. En la II República, solamente hubo elecciones en 1931 y fue elegido alcalde Teodoro González de Zárate. En 1934, el Gobierno depuso a la corporación electa y encabezó el Gobierno local el republicano derechista Luis Ginés Ostolaza. En 1936 se restituyó el pleno de 1931 y recuperó el mando Teodoro González de Zárate. Pero el 18 de julio de 1936, cuando se produjo el golpe de Estado de Francisco Franco, el alcalde en funciones era Tomás Alfaro Founier, que fue encarcelado. En la ciudad, hay numerosos errores históricos sobre esta época.

Vitoria fue el primer municipio en ser asaltado por los franquistas, que situaron a Rafael Santaolalla como alcalde. Puedes leer aquí una biografía sobre este personaje histórico de la ciudad. Después le relevó José Lejarreta, también con “inquebrantable” lealtad a Franco, pese a lo cual mantiene una calle en la ciudad. Aquí está su biografía. Luego llegaron otros alcaldes franquistas hasta que, en la Transición, Alfredo Marco Tabar por UCD fue el primer regidor provisional. En 1979 se celebraron las primeras elecciones democráticas del nuevo período y emergió la figura de José Ángel Cuerda, alcalde hasta 1999 y con dos partidos, PNV y EA. Desde 1999 hasta 2007 el alcalde fue del PP, Alfonso Alonso. Le sucedió el socialista Patxi Lazcoz hasta 2011, hasta 2015 gobernó de nuevo el PP con Javier Maroto y desde entonces hasta este sábado el munícipe mayor ha sido Gorka Urtaran del PNV.

Martes, 9 de mayo: Covite denuncia que 44 personas con condenas relacionadas con ETA, siete de ellos exterroristas con delitos de sangre, forman parte de las listas de EH Bildu para las elecciones municipales y forales de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. Miércoles, 10 de mayo, Parlamento Vasco: Muriel Larrea, miembro de PP+Cs y también presidenta del PP de Gipuzkoa, exhibe su “satisfacción” por una “buena modificación” legislativa en la Cámara para facilitar el autoconsumo energético. Era una propuesta de EH Bildu. Martes, 16 de mayo y quinto día de campaña electoral, pleno en el Senado: el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de pie al lado de Javier Maroto, exalcalde de Vitoria, sentencia que “si lo de [EH] Bildu no es decente, tampoco lo es pactar con ellos”.

Algunas voces consultadas –que siempre demandan anonimato– se dicen sorprendidas por la virulencia de los argumentos hacia ellos. Como con Podemos o IU, el PP y EH Bildu, ideológicamente, son como el agua y el aceite. Pero en Euskadi cohabitan y coexisten en las instituciones. La relación es más normalizada de lo que pueda parecer por los discursos de Isabel Díaz Ayuso, que visitará este fin de semana la campaña vasca en su condición de candidata 'popular' en Bilbao, donde cierra simbólicamente la lista. Se espera que mantenga la línea argumental abierta por su jefe de gabinete y candidato por Durango, Miguel Ángel Rodríguez, que describió Euskadi como un lugar “sin libertad” y de “ambiente irrespirable”.

El 25 de abril de 2023, Larrea estampó su firma para sacar adelante de manera consensuada en la comisión del 10 de mayo la reforma legislativa sobre el autoconsumo energético propuesta por Mikel Otero, que no es ni de EA, ni de Alternatiba ni de la antigua Aralar. El asunto, por cierto, irá próximamente a pleno. El 1 de junio. Este tipo de acuerdos sectoriales no son algo tan excepcional. La crónica parlamentaria de este periódico del 25 de noviembre de 2021 reflejaba que, de cinco puntos de aquella sesión plenaria, en cuatro PP+Cs –en Euskadi ambos grupos trabajan en coalición– habían votado lo mismo que la coalición abertzale y que, además, en sus intervenciones los diferentes oradores habían puesto en valor los acuerdos.

Si Bildu presenta medidas positivas, ¿por qué no las íbamos a apoyar?

Mikel Lezama — Candidato del PP a diputado general de Gipuzkoa

En ese pleno, un parlamentario socialista, Alberto Alonso, lo explicó así: “Al señor Otero del grupo Euskal Herria Bildu y a la señora Larrea del Partido Popular-Ciudadanos [quería] agradecerles la voluntad de acuerdo mostrada desde el primer momento, por haber sabido anteponer el bien general a las estrategias partidistas, por comprender que en los grandes acuerdos nadie pierde y todos ganan. Decía Ortega y Gasset que el esfuerzo es solo esfuerzo cuando empieza a doler. Pues bien, la defensa del patrimonio natural mediante esta ley que aprobamos hoy y mediante nuestro compromiso personal como sociedad, nos debe de doler si es preciso. Porque –y termino citando al naturalista Edward Abbey– la naturaleza no es un lujo, sino una necesidad del espíritu humano, tan necesaria como el agua o el buen pan”. 

Entre 2016 y 2019, PP –entonces en solitario– y EH Bildu firmaron 127 veces juntos en el Parlamento Vasco y votaron lo mismo en el 45% de los debates. Se lo esgrimió Pedro Sánchez a Pablo Casado en un debate electoral cuando le atacaba con argumentos similares a los actuales de Núñez Feijóo. No es infrecuente también que, para evitar las firmas conjuntas, se busquen fórmulas intermedias en la que solamente uno de los grupos lo suscribe y el otro lo apoya desde fuera. PP y EH Bildu no son socios en el Parlamento Vasco, les separa un océano, pero son oposición al Gobierno de PNV y PSE-EE presidido por Iñigo Urkullu y eso, a veces, genera agendas comunes, como la denuncia de casos de corrupción.

El PP (y Vox) cantando junto a EH Bildu

En enero, este periódico hizo un balance legislativo y el resultado arrojaba, entre otras conclusiones, que tres leyes habían suscitado unanimidad. Ello implica que hasta Vox votó lo mismo que la coalición abertzale. En la Navidad de 2021 todos los cordones sanitarios quedaron levantados cuando, para el villancico en euskera de ETB, se animaron a cantar en el hemiciclo representantes de todos los partidos, sin excepciones. Carlos Iturgaiz y Maddalen Iriarte han compartido pasillos en la Cámara, aunque fuera de los focos, por supuesto. Con el micrófono abierto, Iturgaiz ha dicho este miércoles en la Cadena Ser lo siguiente: “Yo ni acuerdo, ni pacto ni negocio con Bildu. Yo no lo hago”.

En el arranque de campaña también se cruzó el fichaje del exportavoz de EH Bildu en la localidad vizcaína de Güeñes como número tres del PP en estas elecciones. José Manuel Gómez Ruiz ha acabado renunciando pero, antes, los 'populares' alegaron que procedía de EA y no de Sortu y recalcaron ese matiz. Ya en el pasado Borja Sémper formuló en una entrevista que Bildu –que se llama EH Bildu desde 2012 a pesar del empeño generalizado todavía en 2023– “no es ETA”.

No me tiemblan las piernas para llegar a acuerdos con nadie [...]. Ojalá cundiese el ejemplo

Javier Maroto, tras pactar con Bildu en 2013

Y Maroto, el senador que se sienta al lado de Núñez Feijóo en la bancada de la Cámara alta y que en otra vida fue alcalde de Vitoria, inauguró su mandato defendiendo los acuerdos con EH Bildu. “No me tiemblan las piernas para llegar a acuerdos con nadie [...]. Ojalá cundiese el ejemplo”, le dijo a la coalición el entonces regidor. Y, en 2019, aunque lo niega el partido, el ganador de las elecciones en la localidad riojanoalavesa de Labastida, Daniel García, ofreció una coalición a nivel local a la representación abertzale para evitar un pacto de ellos con el PNV que le dejase fuera del cargo.

PP y Vox –aunque EH Bildu recalca en privado que más le está molestando que lo haga también el PNV, porque no le era tan esperable– han hecho bandera de la presencia de exterroristas en las listas de la coalición de Sortu –el partido heredero de la ilegalizada Batasuna–, EA, Alternatiba e independientes. Ni siquiera la decisión de los siete exconvictos con penas por asesinato de renunciar al escaño si resultan electos, una decisión coordinada por la dirección nacional de EH Bildu al milímetro, ha desinflamado la campaña mientras en Euskadi se llora un asesinato machista en Orio, un primer condenado por la corrupción del 'caso De Miguel' ha entrado en prisión –el marido de una diputada del PNV, Xabier Sánchez Robles– y se encara una doble huelga en la Sanidad pública. La derecha señala con insistencia que los socialistas acuerdan con quienes no han abjurado de las décadas de terrorismo de ETA y que dependen de ellos en España o en Navarra.

La constatación es que, si se ha conocido que había condenados por asesinato en las candidaturas, ha sido por el recuento de Covite, al igual que cortó la celebración de recibimientos –los llamados 'ongi etorri'– cuando empezó a documentarlos. Como no lo hizo en ocasiones anteriores, no hay una comparativa con las convocatorias locales de 2019, 2015 –aquí con Mariano Rajoy en La Moncloa– o 2011. Pero la hemeroteca ya recoge quejas similares de ámbito más local. En 2019, por ejemplo, Iñaki López de Bergara 'Yves' estuvo a punto de ser alcalde de Legutio, al norte de Vitoria, tras haber estado en prisión por ser dirigente de ETA. Arnaldo Otegi, coordinador de EH Bildu y él mismo expreso, afirmó que eran del orden de 4.500 las personas en las listas de la coalición. Otra fuente añade que muchos de los exconvictos son ya muy mayores y que la lógica indica que en ocasiones anteriores fueron más los que concurrían en ellas. En 2015, en las elecciones generales que ganó el PP, EH Bildu ya retiró a un candidato al Senado por Álava que había cumplido condena por pertenencia a la organización juvenil ilegalizada Segi. En el último congreso de Sortu, de finales de 2021, David Pla, uno de los últimos dirigentes de ETA, fue nombrado vicesecretario general.

Un mosaico no deseado

¿Ha sido una estrategia de EH Bildu colar a estas personas? La coalición diferencia claramente entre los siete con “acciones violentas” y los 37 con otras condenas. Asumir que todos ellos forman un mismo paquete sería comprar “el marco de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón y 'todo es ETA'”, recalcan. Indican que una suma de decisiones locales con personas vinculadas con Sortu a nivel municipal ha ofrecido un mosaico no deseado de varios exmiembros de ETA como candidatos y admiten que quizás la respuesta no ha sido lo ágil que hubiese requerido el momento para evitar que la bola de nieve se convirtiese en asunto de Estado. Sin embargo, insisten en que el debate ha cogido vuelo por una decisión de la “ultraderecha”, en la que incluyen a un sector del PP, y por la línea del PNV, su gran rival en las urnas en Euskadi y con plazas muy disputadas como Gipuzkoa.

Excursiones conjuntas al monte, partidos de fútbol y visitas a la catedral

En la Navidad de 2019, El Diario Vasco reunió a los líderes políticos vascos para una fotografía en un 'txoko'. Brindaban Idoia Mendia, del PSE-EE, con Arnaldo Otegi, de EH Bildu, en presencia de Andoni Ortuzar y Lander Martínez. No estaba Alfonso Alonso, del PP, y a la ahora vicelehendakari socialista le llovieron las críticas. Hubo incluso bajas en el partido, como la de José María Múgica, hijo de un dirigente socialista asesinado por ETA. Sin embargo, esa misma Navidad la presidenta del PP de Bizkaia y edil en Bilbao, Raquel González, brindó también en la recepción de ese Ayuntamiento. La portavoz allí era Jone Goirizelaia, histórica dirigente de la izquierda abertzale y abogada de presos.

Fue mucho antes, en agosto de 2011, cuando se produjo otra imagen. Quedaban dos meses para que la banda terrorista anunciase el cese definitivo de su actividad armada. Juan Karlos Izagirre, abertzale y recién elegido alcalde en Donostia, organizó una recepción municipal. No fue el PSE-EE y de allí salió la fotografía del brindis con los ediles del PP Ramón Gómez e Iñigo Arcauz.

Ahora, en la campaña actual, El Correo, El Diario Vasco, Diario de Navarra o Diario de Noticias de Álava han reunido a candidatos y, sin excepciones, han compartido excursiones al monte, partidos de fútbol, visitas a la catedral de Vitoria u otros montajes. En un reciente evento social en Vitoria, de hecho, los primeros en saludarse fueron dos candidatos, uno del PP y otro de EH Bildu. “Si Bildu presenta medidas positivas, ¿por qué no las íbamos a apoyar?”, se preguntó en una entrevista el candidato por Gipuzkoa del partido de Núñez Feijóo, Mikel Lezama, que cumplió 18 años el año en que surgió Bildu y se acabó ETA.

Corría el año 2015 y en España gobernaba Mariano Rajoy. Tras las elecciones municipales de aquel mayo, y a pocos días de la constitución de los ayuntamientos, se produjo una conversación en los pasillos del parlamento vasco entre dirigentes del PP y de EH Bildu que, según fuentes de la formación independentista vasca, acabó concretándose en toda una proposición política de los populares hacia el partido al que hoy incluso insinúan que llegarían a ilegalizar por sus vínculos con ETA.

La versión de EH Bildu de ese encuentro es que fue el entonces dirigente del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, quien se acercó al presidente de Sortu, Hasier Arraiz, para intentar recabar su apoyo a Javier Maroto en su relección como alcalde Vitoria. Siempre según la versión de la formación vasca, Oyarzábal llegó a argumentar que el acuerdo era bueno para ambas partes porque los hechos habían demostrado que “la polarización” le iba bien a ambos partidos.

En esa conversación informal frente a las instalaciones del grupo parlamentario de EH Bildu desvelada en su día por el diario Gara, el dirigente popular habría llegado incluso a ofrecer contrapartidas en forma de alcaldías para la formación abertzale, según fuentes parlamentarias de Bildu. Y para enmascarar esas contrapartidas de cara al electorado de ambas formaciones, Oyarzábal habría llegado a concretar aún más la fórmula: que alguno de los concejales del PP en municipios de la provincia de Álava en los que el bastón de mando estuviera reñido entre Bildu y el PNV, “se confundieran” al votar para terminar haciendo alcaldes a los abertzales.

En conversación con eldiario.es, Iñaki Oyarzábal niega todos los extremos de la versión dada por Bildu de ese encuentro. “Desmiento absolutamente que trasladara ninguna oferta formal”, asegura el exdirigente popular, que aclara que aquella conversación “no fue siquiera ninguna reunión ni negociación”. “Es una falsedad absoluta, tuvo lugar en los pasillos del parlamento, en público. E hicimos la misma petición a todos los partidos: que se respetara la lista más votada. Y eso no es ninguna negociación”, puntualiza. 

Sin dar detalles de los interlocutores, el diputado de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, hizo referencia a esa oferta y a esa conversación este miércoles desde la tribuna del hemiciclo. “Ha dicho el representante del PP que ellos jamás pactarían nada con Bildu y hay un dicho español que dice que tengas cuidado con lo que dices para que no te caiga encima”, empezaba advirtiendo.

Matute ha rememorado cómo “en una ocasión en el Parlamento vasco un dirigente del PP de Álava nos pedía que votásemos a nuestra propia lista en el ayuntamiento de Gasteiz para que no saliera la del PNV a cambio de que ellos se equivocaran en dos alcaldías de Álava que podíamos negociar”, reveló. “Eso lo viví, yo estaba cuando ese dirigente del PP Alavés llegó al despacho a hacer esa proposición tan deshonesta, así que no digan de este agua no beberé ni este cura no es mi padre”, añadió Matute.

“Una manzana y una pera no pueden dar dos manzanas”, dijo Ana Botella. Entonces era alcaldesa de Madrid, fue en 2013, solo dos años antes de que Javier Maroto, actual portavoz del Partido Popular en el Senado, se casase con su pareja, José Manuel Rodríguez, y la prensa más rancia del país se burlase de Mariano Rajoy por asistir al enlace y sentarse como invitado en la mesa “Céline Dione”.

La frase viral de Botella, la ha recuperado Yolanda Díaz esta semana durante su comparecencia en la sesión plenaria de la Cámara Alta. Una sesión en la que Feijóo —ese aspirante a actor de Os Peares cuya trayectoria en la capital sigo apasionadamente— se coronó acusando al Gobierno de Sánchez de “molestar a la gente de bien y meterse en la vida de los demás” mediante la aprobación de la Ley Trans. Qué dos cosas fascinantes: la gente de bien y la vida de los demás.

Cuando quedo con mis amigos de siempre, hablo de sexo. Digo de siempre, pero imagino que me refiero a mis amigos heteros de antes de salir del armario, de socializar mi sexualidad. Desde hace mucho tiempo, yo soy entre ellos algo más que “el amigo gay”, trasciendo la caricatura o lo intento. Casi nunca pasa nada y todo fluye, como las aguas del río desde el principio de los tiempos. Otras veces, los pongo contra las cuerdas. Mis problemas son escuchados con la misma atención que los de todos los demás. Hay lugar para las dudas. Hay lugar para el aprendizaje. En ocasiones, hablo en femenino si hablo de mí. Algunos de ellos hacen lo mismo: han aprendido o se han acostumbrado, da igual. Lo hago también con mis compañeros de trabajo. No sé si les molesta. Hace mucho que no me importa si molesta. Me pregunto si todo esto que estoy contando, todas estas manifestaciones diarias y minúsculas de libertad e igualdad, pertenecen para Feijóo a “la vida de los demás”, a ese lugar doméstico, íntimo, manchado por la vergüenza. Algo me hace pensar que sí. La existencia de personajes como Javier Maroto me hace estar seguro de que sí, de que debe existir la vida de los demás: un rincón sucio.

El Partido Popular construye —ahora más que nunca— armarios a medida para la humillación de las personas maricas que militan en sus filas. Es obvio que existen tantas maneras de experimentar y manifestar nuestra sexualidad como personas votan en unas elecciones, como gente vive en un país, como niñxs nacen. Lo contrario de la gente de bien, escribía hace poco Ignacio Escolar, son para Feijóo los votantes de izquierda y los nacionalistas, es decir, la mayoría parlamentaria. Yo añadiría que el reverso de la gente de bien —no necesariamente su contrario— es esa “vida de los demás”, eso que no va con nosotros, ni debe importunar la normalidad, la tradición, el lugar seguro que construimos a base de no cuestionarnos sobre las necesidades de los otros.

¿Alguna vez habrán llamado maricón de niño a Maroto? Y, si lo han hecho, ¿recuerdas exactamente lo que se siente, Javier? ¿Has hablado alguna vez con Alberto sobre el tema? ¿Crees que el día de tu boda a Mariano le pareció divertido sentarse con otros señores y señoras en la mesa “Céline Dione”? ¿Lo vería como una broma o entendería que esos centros de mesa con nombre de diva eran el homenaje a tantos modelos de mujeres empoderadas que nos han ayudado a sobrevivir? Supongo que no os contáis esas cosas. Que tu boda fue para ellos un gran acto institucional, pinkwashing. Que todo esto forma parte de tu vida privada, del lugar depravado donde una manzana y una pera se comportan como dos manzanas e intentan vivir como si no pasase nada, como si no hubiese partidos que promueven la violencia y nos niegan derechos fundamentales, que nos invisibilizan desterrándonos a formar parte de “la vida de los demás”.

En un tono casi publicitario, me atrevería a decir que el sentido común dicta que, por encima de la gente de bien, está el bien de la gente. Y ahí, entre la gente, están las maricas del Partido Popular, y también las maricas precarias, proletarias, periféricas… (pe, pe, pe…), estamos tú y yo, Javier. Está cualquier miembro del colectivo LGTB+. En la pedrada de un insulto, en una risa frívola, en un estereotipo. Tiene que ser muy difícil ser tú, sentarte cada día al lado de quien nos silencia, de quien, según amanezcan las encuestas, se opone a que existamos.

Ahora mismo, en un cuarto cerrado, en un parque, en una calle atestada de gente, un niño o un adulto se emocionan al escuchar por tercera vez “All by myself”. Comprenden, pese a lo que diga la canción, que no están solos, que hay a quienes le interesan las vidas de los demás. A pesar de todo. A pesar de los tuyos y contigo. Seguro que a ti también te ha pasado.

Una obra de 2005, cuando el alcalde era Alfonso Alonso (PP), ha vuelto al primer plano de la actualidad en Vitoria en los últimos días. Se trata del depósito de tormentas de la zona de Yurre, a las afueras del casco urbano, junto al río Zadorra. Es un aliviadero para atender crecidas del caudal de agua. El actual Ayuntamiento, una coalición de PNV y PSE-EE, ha confirmado por escrito que esa instalación “nunca ha estado en funcionamiento”. Ello se suma a un largo expediente que incluye errores en la construcción, retrasos, un presupuesto que se disparó desde los 4,8 millones iniciales prometidos hasta una minuta superior a los 8 millones, cartas de Red Eléctrica alertando de que las obras se habían hecho bajo una línea de alta tensión, lo que es ilegal, y hasta un toque de atención de la Unión Europea, que apoyó con unos 3 millones esta infraestructura sin utilidad. Ahora, el alcalde Gorka Urtaran asume que quedan pendientes algunas inversiones para activar al fin, casi dos décadas después, el depósito, pero no se moja con una fecha.

El río Zadorra, al norte del casco urbano, es el principal de Vitoria y también el punto más crítico en caso de crecidas. A su caudal natural se añade el desembalse del mayor pantano de Euskadi, que da de beber a Vitoria pero también a Bilbao. No son infrecuentes las inundaciones y, de hecho, en toda la zona, desde Gamarra hasta Asteguieta, ha habido y sigue habiendo planes contra las riadas. El depósito de tormentas se enmarca en estas actuaciones, si bien se plantea como un búnker eficaz para episodios repentinos pero no tanto para crecidas de otro tipo. Se eligió Yurre para su emplazamiento. Se trata de un pequeño pueblo dentro del término municipal cercano al barrio de Ibaiondo, en la parte izquierda de la salida hacia la autovía de Bilbao.

El Gobierno local de Alonso, que luego fue portavoz del PP en el Congreso, ministro de Sanidad y líder de su partido en Euskadi, contrató a Proditec para la “elaboración del proyecto constructivo”. Se convocó un concurso y la UTE ganadora fue la conformada por las mercantiles Lanbide, Azaceta y Excavaciones Arriaga. Las obras empezaron en mayo de 2006 con los movimientos de tierras y se dieron por “parcialmente” finalizadas en noviembre de 2008. Sin embargo, el alcalde en 2009, el socialista Patxi Lazcoz, encargó a Sener una auditoría a la luz de las “incidencias” de unos trabajos que ya habían acumulado retrasos y sobrecostes. Ese informe apuntaba, en efecto, un cúmulo de problemas, desde “grandes” filtraciones en el búnker que debería almacenar el agua -lo que lo haría inútil en el momento de ser activado como aliviadero- hasta “carencias” en el proyecto original.

La UTE prometió ejecutar las obras con un ahorro del 5% respecto al presupuesto máximo que había estimado el Ayuntamiento, es decir, por 4,82 millones. También garantizó un tiempo de ejecución de doce meses, esto es, para marzo de 2007. En diciembre de 2007, en cambio, se planteó un incremento de 2,09 millones en el coste inicial, comiéndose con creces el descuento prometido. Tras la auditoría de 2009, en 2010 hubo que realizar un nuevo presupuesto para completar las obras, 1,28 millones. En 2011, el PP recuperó Vitoria con Javier Maroto, ahora senador por Castilla y León. El PNV, en la oposición, exhibió enorme firmeza en la denuncia de irregularidades e hizo público un 'dossier' sobre la construcción “ILEGAL”, en mayúsculas, en Yurre.

Se fundamentaba en comunicaciones recientes de Red Eléctrica, que avisaban que Vitoria había ocupado terrenos de propiedad de este organismo, en concreto la servidumbre de la línea de alta tensión Grijolta-Vitoria, que transcurre paralela al Zadorra. El partido de Urtaran, que ya entonces era el portavoz, añadía que incluso en 2006 el Ayuntamiento había hecho caso omiso a los avisos de Red Eléctrica. En la etapa de Maroto llegaron cartas a alcaldía pero también al Gobierno de España y a la UTE constructora, pero se insistía en que durante las obras, con Alonso, el Ayuntamiento ya tenía que haber estado al tanto de la ocupación ilegal de suelo. El PP se escudó en que Jesús Marcos, alto funcionario local, había “ocultado” a los dirigentes políticos esos avisos en los que, con claridad, se aludía a la “prohibición” de construir en el lugar.

Maroto, en 2014, amagó con destinar el depósito de Yurre para el riego de las huertas de Basaldea, en Abetxuko. Este barrio-pueblo de Vitoria está al otro lado del acceso a la autovía a Bilbao y habría que canalizar el caudal a contracorriente para destinarlo a ese fin. Para el PNV de la época era tapar “una chapuza con otra chapuza”. Además, se enfatizaba que la Unión Europea había destinado 3,2 millones de euros para esta infraestructura y que un cambio en su funcionalidad podría implicar la devolución de esos fondos.

¿Por qué ha regresado el depósito de Yurre a la actualidad? EH Bildu, principal fuerza de la oposición local, preguntó al Gobierno de Urtaran por la situación de esta instalación. La respuesta, de principios de febrero, es la siguiente: “Por la información de que disponemos, el citado depósito de tormentas nunca ha estado en funcionamiento”. Añade el teniente de alcalde Iñaki Gurtubai que “la puesta en funcionamiento [...] exige, según los servicios técnicos municipales, una serie de obras previas”. En concreto, Vitoria afirma que ya ha invertido en la “colocación de clavetas en el emisario de saneamiento para evitar la entrada del río Zadorra”. Esto se ejecutó en 2015. ¿Qué hay pendiente? Se alude a la “defensa contra inundaciones” en ríos del sur de la ciudad como el Batán o el Zapardiel (5,5 millones de euros), para evitar caudales “incontrolados” en el norte, donde confluyen estos afluentes. También hay que “materializar” un “acuerdo” con Red Eléctrica para ubicar “fuera de la zona de influencia” de las líneas de alta tensión el “edificio de control” de la instalación. Se promete que es algo que se hará cuando terminen los planes en el Batán y en el Zapardiel.

Sin embargo, EH Bildu denuncia que Urtaran prometió tener listo todo ello en 2020 y que, tres años después, Yurre sigue inutilizado. “Más de quince años después de su anuncio, nos encontramos ante uno de los mayores fiascos de este Ayuntamiento. Son más de 8 millones de euros invertidos en una infraestructura que nunca ha funcionado y para la que no está prevista su puesta en marcha. El PNV se ha sumado a la nefasta gestión del proyecto iniciado por el PP”, entiende la coalición abertzale, ahora liderada por Rocío Vitero. El Gobierno local ironiza que el “repentino interés” de EH Bildu solamente se explica por el “período preelectoral” porque, en los ocho años de mandato de Urtaran, que dejará el cargo tras los comicios, no había habido ninguna iniciativa al respecto. En todo caso, las fuentes consultadas indican que, “efectivamente, el tanque de tormentas de Yurre es una obra mal planificada y mal ejecutada que nunca entró en funcionamiento”. Pero insisten en que “de todo ello el responsable es el PP”. “Y EH Bildu debería saberlo”, remarcan.

El PNV de Vitoria sigue calificando como “ilegal” esa infraestructura junto a una instalación de Red Eléctrica y recalca que el PP “gastó en esa obra el doble de lo inicialmente presupuestado”, además de “olvidar” las “otras obras complementarias totalmente necesarias para que el tanque pueda cumplir su finalidad”. El equipo de Urtaran defiende que en estos años han finalizado la obra de las clavetas y, en colaboración con la Agencia Vasca del Agua (URA), se ha proyectado el encauzamiento de los ríos Batán y Zapardiel. “Y hemos obtenido la autorización de Red Eléctrica para cambiar de lugar la caseta de mandos del tanque y colocarla donde se cumpla la legalidad. Una vez se culmine la obra citada de URA será el momento de poner en marcha ese tanque de tormentas, aunque habrá que invertir en su funcionamiento. Sin la previa y necesaria obra de encauzamiento de los ríos, el tanque no tiene sentido ni funcionalidad”, explican estas fuentes.

Twitter se ha vuelto a convertir hoy en un ring de combate tras el intercambio de reproches entre el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, y la ministra de Hacienda, María Jesús Motero, sobre el tiempo que ha utilizado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su turno de palabra en el Senado, donde se debate el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales.

El primer mensaje lo ha lanzado Maroto al reprochar a la ministra que “ya llevara interviniendo tres cuartos de hora” en la defensa del Presupuesto sin que explicara, a su juicio, “por qué España es el último país, de entre las economías europeas, en recuperar el PIB previo a pandemia”. Poco después el popular escribía otro tuit criticando a Montero al asegurar que había realizado una “intervención faltona” contra las propuestas de Núñez Feijóo y sin derecho a veto.

“La ministra de Hacienda ha decido salir a contestar las propuestas de Alberto Núñez Feijóo con una intervención faltona y sin contrapropuestas. Sin novedad. Y, por supuesto, porque sabe que en la defensa del veto, Núñez Feijóo no tiene ahora derecho a réplica”, ha escrito Maroto en su perfil de la res social.

La respuesta de la ministra no se ha hecho esperar y ha asegurado a Maroto que Feijóo ha tenido la oportunidad de responder y, sin embargo, se ha marchado del Senado.

“El señor Maroto tampoco se entera. El presidente del Senado le ha dado la posibilidad de réplica a Feijóo. En vez de responder, Feijóo ha preferido abandonar el hemiciclo”, ha escrito Montero en su perfil de Twitter.

El Pleno del Senado ha rechazado este lunes por amplia mayoría los cinco vetos generales al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 presentados por los grupos parlamentarios de PP, Junts, Ciudadanos, Vox y UPN, por lo que las cuentas públicas continúan su tramitación en la Cámara Alta.

El rechazo de los vetos ha sido posible gracias a la mayoría simple que ostenta el PSOE en la Cámara Alta, con 113 escaños del total de 265, y al apoyo de otras formaciones, lo que ha permitido sumar en cada una de las cinco votaciones al menos 148 votos en contra a los vetos.

El debate de las enmiendas a la totalidad en la Cámara Alta ha estado marcado por el cara a cara entre Montero y Núñez Feijóo, quien ha aprovechado su intervención para pedir al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que convoque ya las elecciones porque es un Gobierno “contra la gente”, cuando aún queda un año para que termine la legislatura. Tras esas palabras, la ministra ha respondido a Feijóo que pide elecciones porque “teme que le pase lo mismo que al señor Casado” y le ha acusado de utilizar los mismos argumentos que los que usaban los independentistas para reclamar un referéndum ilegal en Cataluña.

Agosto de 2022. Alberto Núñez Feijóo inicia el curso político en Galicia. Desde Cerdedo-Cotobade reclama al presidente del Gobierno una comparecencia en el Senado, desde donde el líder del PP ejerce la oposición. Pedro Sánchez tarda unos días en aceptar el reto, tiempo en el que desde la derecha se le señala por, dijeron, esconderse. Desde el pasado mes de abril, ambos han protagonizado cuatro cara a cara, dos en sesión de control y dos comparecencias a petición de Sánchez. Y todo apunta a que no habrá más este 2022 porque el PP renunció en la última Junta de Portavoces del Senado a pedirlo, como sí hicieron otros grupos que son aliados parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos, como ERC y Bildu.

Así se desprende del acta de la reunión de la Junta de Portavoces, celebrada el pasado día 22 de noviembre, justo antes precisamente de un duro enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo en la que será la última sesión de control al Gobierno. Los diferentes representantes de los grupos en el Senado debatían el ordenamiento de los dos plenos agendados en el mes de diciembre, y en los que se terminarán de tramitar los Presupuestos Generales para 2023.

En un momento de la reunión, la portavoz de ERC, Mirella Cortés, preguntó al presidente del Senado, Ander Gil, si estaba previsto celebrar una sesión de control al Gobierno en alguna de las dos sesiones plenarias programadas, o si había intención de convocar una más a tal efecto. Gil respondió que no se prevé añadir un tercer pleno al mes, pero dejó la puerta abierta a programar un control al Ejecutivo y recordó que el orden del día de los plenos sí previstos todavía no estaba acordado y votado.

Pero el portavoz del PP, Javier Maroto, cerró la puerta en su intervención al dar por bueno que no haya control al Gobierno durante las sesiones en las que se debatirán los Presupuestos de 2023. Según el acta al que ha tenido acceso elDiario.es, a Maroto le pareció “lógico” que “no se incluya control al Gobierno”.

Y todo pese a que hace ahora un año, en diciembre de 2021, sí coincidieron en un mismo Pleno la tramitación de las cuentas públicas y las habituales preguntas de los senadores a los miembros del Consejo de Ministros. De hecho, Maroto le preguntó a Pedro Sánchez en una sesión celebrada el 21 de diciembre de hace un año “sobre el número de familias que han estado pagando el IVA de la luz al 21%”.

Tras Maroto intervino en la Junta la portavoz del PNV, Estefanía Beltrán de Heredia, quien pidió “valorar la posibilidad de incluir iniciativas de control al Gobierno en alguna de las dos sesiones plenarias”.

Es decir, dos grupos que han ejercido durante toda la legislatura de aliados parlamentarios del Gobierno, con discrepancias, abogaron por buscar la forma de que el Senado cumpla con una de sus funciones, la de controlar la acción del Poder Ejecutivo. Todo lo contrario que el partido que lidera la oposición y que tiene más dificultades para enfrentar a su líder con el presidente, toda vez que Feijóo solo puede ir de oyente al Congreso, donde se produce la mayoría de la actividad política de nivel estatal.

PP y Vox han acordado este miércoles un nuevo sistema de votación “única y secreta por papeletas” de los senadores autonómicos en Castilla y León, que serán designados independientemente del número de votos válidos que obtengan. Los senadores autonómicos de Castilla y León serán designados por los partidos aunque no haya consenso. El parlamento autonómico, por tanto, “ratifican sobre la base que les corresponde a los grupos”.

Así lo ha defendido en el pleno el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, quien ha explicado que solo se permitirá el voto a favor y la abstención, “porque el derecho de un grupo político no puede ser vulnerado por la mayoría parlamentaria”. En la papeleta figurarán los nombres y apellidos de los candidatos y los procuradores podrán marcar con una cruz el recuadro correspondiente.

Esta propuesta modifica la Ley 7/1987 después de que los socialistas votasen 'no' incluso a la elección de su propio candidato a senador, Fran Díaz, para rechazar la designación del vitoriano Javier Maroto. Hasta ahora, la votación de los senadores era conjunta y los partidos debían votar en bloque a todos los senadores o a ninguno. Ahora este voto se individualiza.

MIentras PP y Vox han votado a favor, Soria ¡YA!, Ciudadanos y Podemos han votado en contra. La modificación ha salido adelante también con la abstención del PSOE, UPL y Por Ávila.

Raúl de la Hoz ha defendido que la votación es secreta en otros parlamentos también y el derecho de un senador a ser “designado por un partido que tiene derecho a hacerlo”. Esto haría posible, ha hipotetizado, que el PSOE hiciera senador al líder socialista Luis Tudanca “con independencia del número de votos que tenga”.

Con esta modificación, también se establece la comparecencia voluntaria de los senadores ante la Comisión de Reglamento de las Cortes y se amplía el plazo para designar a estos representantes públicos: pasa de treinta días desde la constitución de la Cámara hasta sesenta.

Ciudadanos acudirá al Constitucional

Ante esta situación, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional para que “dirima” si los cambios en la designación de senadores se ajusta a derecho o no. Igea ha acusado a Raúl de La Hoz de utilizar de manera “trilera” las sentencias del Tribunal Constitucional y ha defendido que los senadores son designados por la asamblea y no por los grupos parlamentarios.

“Acudiremos si fuera el caso al Constitucional, que debe ser el órgano si esto que proponemos es o no constitucional. Se vulnera el derecho de la asamblea a designar a los senadores”, ha defendido Igea.

El PSOE cree que es “un fraude de ley”

El procurador del Grupo Socialista Luis Briones ha reconocido que podrían estar se acuerdo en esta reforma, pero se ha abstenido para mostrar su rechazo a la falta de consenso de este trámite, que se ha “colado” con “ese pequeño tic autoritario”. “Soria ¡YA! pensaba que podía hacer enmiendas y no ha podido hacerlo”, ha recordado. “Esta modificación sirve para evitar las posibles denuncias por delitos de cohecho pasivo”, ha afeado Briones

Briones ha acusado a PP y Vox de proponer “un fraude de ley” para poder designar a un político “que no quieren” en Castilla y León y que “no supo concretar cuántas provincias tiene”. Además, el procurador socialista ha reprochado a PP y Vox que esta es la única proposición de Ley que ha llegado al parlamento, que lleva más de seis meses constituido. “¿A qué se dedican ustedes?”, les ha interpelado Briones, que ha cargado contra “las críticas permanentes y los lloriqueos continuados” de Mañueco a Pedro Sánchez. “Eso es no pegar un palo al agua. Se lo iba a decir a Veganzones, pero no está aquí”, ha constatado el socialista.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha acusado a PP y Vox de hacer un uso “absolutamente perverso y torticero de las instituciones” y ha recordado toda la polémica en torno al nombramiento de Javier Maroto como senador autonómico.

“Colocar a los rebotados”

“Usan este parlamento para colocar a los rebotados de su partido, que se han quedado sin sillón. Para eso quieren ustedes modificar esa ley. Para que el senado –una suerte de cementerio de elefantes– dé cobijo a quien se ha quedado sin silla”, ha reprochado Pablo Fernández, que ha sugerido que Maroto sea contratado como “técnico o asesor” en lugar de senador.

Fernández también ha interpelado a Vox: “¿Les parece bien que la persona que va a representar a Castilla y León se jactase y apostase por pactar con Bildu? A mí no me supone ningún problema, ¿y a ustedes, que se les llena la boca de proetarras y terroristas?”. Desde la bancada de Vox se ha oído un 'y', al que Pablo Fernández ha replicado: “¿Cómo que 'y'? Esa es la ultraderechita cobarde”.

El procurador de Soria ¡YA! Ángel Ceña ha mostrado su deseo de solicitar que una comisión de las Cortes realicen “una entrevista de idoneidad de los candidatos a senador”, algo que no han podido formalizar. “Es razonable que quienes son designados rindan cuentas ante la cámara”, ha defendido. Ceña ha lamentado que se “sustraiga a la Cámara la voluntad real de decisión” con una votación “sin validez alguna” y que parece “una broma de mal gusto”. 

El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, se ha limitado a aludir a dos sentencias del Tribunal Constitucional —que también ha mencionado De la Hoz—.

Las enmiendas del grupo conjunto de PP y Ciudadanos en el Parlamento Vasco a la reforma de la renta de garantía de ingresos o RGI, elaboradas por el ala 'popular' de la coalición, renuncian expresamente a dos de los puntos críticos de la controvertida propuesta para endurecer las ayudas sociales que abanderó el exalcalde de Vitoria, Javier Maroto, quien no dudó en vincular el fraude y los perceptores magrebíes. Según ha expresado la portavoz Laura Garrido, que siempre fue la responsable del partido en esta materia a pesar de la irrupción de Maroto con recogida de firmas incluida, PP+Cs acata que se puedan solicitar prestaciones con tres años de empadronamiento -Maroto batalló por llegar a cinco- y que puedan acceder al sistema extranjeros sin permiso de residencia -el exregidor denunció la situación supuestamente privilegiada de los “sin papeles”-.

PP+Cs, en rueda de prensa este lunes en el Cámara, ha presentado una batería de propuestas para modificar la ley enviada por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, aunque ese texto ya está superado por un pacto con Elkarrekin Podemos-IU para sacarla adelante, según han lamentado en esta formación. El equipo de la vicelehendakari Idoia Mendia no ha contactado con la coalición de 'populares' y naranjas para intercambiar pareceres, ha criticado Garrido. A pesar de que se oponen con vehemencia a la “podemización” del sistema -y temen incluso una “bildunización”, esto es, que el Gobierno asuma también medidas de EH Bildu- no han registrado enmienda de totalidad, esto es, no piden formalmente la devolución del texto. Sí lo ha hecho Vox y Garrido ha parecido dar a entender que ellos quieren dejar claro que se oponen a esta reforma pero no a que Euskadi cuente con un sistema “solidario” de prestaciones sociales. Donde gobiernan ellos -ha remarcado la portavoz de PP+Cs- también hay sistemas similares.

El PP participó en 2008 en un amplísimo consenso fraguado en el Parlamento Vasco para crear con un derecho el derecho a percibir un salario social para quienes no tienen recursos o para quienes cobran pensiones o nóminas bajas. El Gobierno de entonces era un tripartito de PNV, EA (ahora en EH Bildu), y EB (marca de IU). En 2011, en cambio, hallaron en la consejera socialista Gemma Zabaleta una aliada para endurecer aquel modelo. El principal cambio fue subir de uno a tres años el requisito mínimo de empadronamiento, aunque luego también se bajaron las cuantías un 7%. En todo caso, unos años después Maroto llevó al extremo el debate y polarizó a la sociedad con sus discursos sobre el fraude, los magrebíes y el coladero que aparentemente suponía Lanbide. Fue a la vez una gran baza electoral en 2015 pero también su tumba, ya que todas las demás fuerzas políticas pactaron para desalojarle del Ayuntamiento a pesar de su clara victoria en las urnas. Acabó recolocado como senador por Castilla y León tras un empadronamiento exprés en la localidad segoviana de Sotosalbos.

Sobre estos dos puntos, Garrido ha indicado que actúan en “coherencia” con la reforma legislativa pactada en 2011 con el PSE-EE. La propuesta sobre la mesa mantiene los tres años de padrón para el acceso general decididos entonces aunque fija algunas excepciones. PP+Cs acepta también que las pueda haber, si bien demanda algunos ajustes para primar por ejemplo a las víctimas del terrorismo y no a vascos de colectividades en el extranjero. La coalición aborda el asunto, en todo caso, desde la exigencia del padrón y no desde parámetros de residencia o nacionalidad, aunque pide medidas para que se pueda comprobar la “residencia efectiva” en un domicilio en la línea de lo que se hace para vigilar posibles viviendas vacías.

Por lo demás, las 81 enmiendas de 'populares' y Ciudadanos rechazan la rebaja de la edad mínima para cobrar la RGI a 18 años. Ahora el listón está en los 23. Garrido ha opinado que esto “desincentiva el acceso al mercado de trabajo” y envía un “mensaje absolutamente erróneo” a la juventud. Hay que evitar una “sociedad subsidiada”, ha señalado la también secretaria general del PP. Igualmente, desean “eliminar el carácter indefinido de la RGI” por los mismos motivos. Piden también medidas para 'activar' al Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), órgano que tramita las prestaciones y que ven ineficaz tanto con la RGI como con la intermediación con los parados en general. PP+Cs, asimismo, entiende que es imprescindible redoblar las medidas de control contra las irregularidades.

Alberto Núñez Feijóo se ha rodeado en el Senado de su cúpula. Mire atrás, a un lado o al otro, los rostros que verá son los de los dirigentes que le acompañan cada lunes en la reunión de la ejecutiva del partido. El presidente del PP fue designado para la Cámara Alta por el Parlamento de Galicia el pasado mes de mayo, poco después de suceder a Pablo Casado como líder de la derecha. Es la única forma que encontraron en la sede nacional del número 13 de la madrileña calle de Génova para solventar un problema en su elección como rival de Pedro Sánchez: su ausencia del Congreso, el principal centro político estatal. Con el paso de los meses, la mayor parte de la nueva dirección del partido ha seguido sus pasos hasta convertir las primeras filas del Senado en el refugio del primer círculo de poder del PP, lo que les garantiza cercanía al líder, visibilidad mediática, sueldo público y aforamiento ante el Tribunal Supremo.

La crisis interna que llevó a la dimisión de Casado el pasado mes de febrero provocó, además de la elección de Feijóo como presidente, la renovación casi total del núcleo de poder del PP, que se repartieron entre el dirigente gallego y el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla. Pero el control total que había ejercido Casado en la elaboración de las listas electorales de 2019 supuso que los fieles de ambos estaban fuera de las Cortes Generales.

Ese fue uno de los primeros problemas que tuvo que abordar Feijóo al llegar a Madrid. La solución se tomó rápido porque era la única posible: el Senado. Una parte de los representantes en la Cámara Alta se eligen directamente en las urnas, pero otros son seleccionados por los parlamentos autonómicos, según las normas que se establezcan en los diferentes estatutos.

Dicho y hecho, tras Feijóo han sido designados por sus respectivas cámaras regionales un número importante de miembros del Comité de Dirección (el órgano diario de decisión del PP y más próximo al presidente), así como de escalas inferiores. El primero, el que fuera su mano derecha en el PP gallego, Miguel Tellado, y hoy vicesecretario nacional de Organización Territorial.

Tras su aterrizaje en el Senado, Tellado fue nombrado vicepresidente segundo de la Comisión de Transportes, lo que supone un complemento económico de 1.134,52 euros por 14 pagas, además de los emolumentos por senador (3.050,66 euros por 14) y la indemnización por desplazamiento (1.958,02 euros por 14) para los Senadores de circunscripciones distintas a Madrid.

Silencio sobre el sueldo de Feijóo en el PP

En total, Tellado se embolsará 86.000 euros al año. 16.000 más que los 70.121 que cobrará Feijóo del Senado, aunque los presidentes del PP históricamente han recibido también una remuneración del partido que difícilmente se hace pública salvo por obligación.

Tras ser elegido para el cargo, Feijóo dijo no saber qué salario se iba a poner. De momento, la dirección del PP no lo ha revelado y no tienen intención de hacerlo, así que habrá que esperar a que el presidente del partido salga del Senado para comprobarlo en su declaración de rentas ya que la que presentó este año al asumir el escaño recoge solo datos de 2021, tal y como marca la normativa.

El pasado mes de abril, Casado aseguró en su declaración de rentas al abandonar el Congreso que su sueldo como presidente del PP fue de 54.912 euros. Mariano Rajoy llegó a declarar 200.000 euros al año.

Feijóo y Tellado aterrizaron en el Senado en sendos puestos ya ocupados, pero en el PP no dan puntada sin hilo y buscaron destino a quienes no pudieron sino ceder su escaño. Uno, en la Casa de Galicia en Madrid. La otra, en la propia Xunta como secretaria xeral de la Vicepresidencia segunda que ocupa el coruñés Diego Calvo, elegido a su vez por Feijóo para el muy importante cargo de presidente del Comité Electoral del PP nacional, donde se fijan todas las candidaturas electorales.

Turno andaluz

Feijóo y Tellado fueron los mascarones gallegos del desembarco andaluz. Otros dos dirigentes del PP asumieron este pasado martes su cargo como senadores tras ser designados por el Parlamento salido de las elecciones del pasado mes de junio, y que depararon la mayoría absoluta para Juan Manuel Moreno.

El presidente andaluz terminó de soltar amarras con Elías Bendodo, el que ha sido su mano derecha desde que asumiera el relevo de Juan Ignacio Zoido al frente del partido. Viejos conocidos del PP de Málaga, Bendodo ha sido consejero de Presidencia, portavoz y factótum electoral de Moreno. Y ahora es coordinador general del PP nacional. Un cargo incompatible para Moreno, con responsabilidades en el Ejecutivo andaluz.

Bendodo se presentó a las elecciones andaluzas, pero la decisión ya estaba tomada: tras ser elegido senador, cedió el escaño en Sevilla. Este martes se estrenaba en la sesión de control al Gobierno con una pregunta sobre el hipotético indulto al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado por el caso ERE.

Con él ha llegado a la Cámara Alta otro de los puntales del Gobierno de Moreno, su ya exconsejero de Hacienda, Juan Bravo. El gurú económico por el que el presidente andaluz sí dio la batalla ante Feijóo. El gallego ganó y, como Bendodo, Bravo ha dejado el Parlamento justo después de ser designado senador, pese a ser el número uno del PP en su provincia de nacimiento, Jaén.

Bravo, inspector de Hacienda en comisión de servicios especiales, y que ha estado cobrando en la Junta un sueldo muy superior al de consejero gracias a un vericueto legal, estaba considerado un casadista impuesto a Moreno en 2020 por la dirección de Pablo Casado. Ahora, se ha convertido en uno de los puntales del PP de Feijóo ante el difícil panorama económico que se aventura en los próximos meses.

Ambos cobrarán, en principio, el mismo sueldo que su jefe de filas, unos 70.000 euros, ya que no complementan su puesto con ningún cargo en el Senado.

El pasado martes también juró su cargo la exalcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo Jurado, exsecretaria de Cultura y Turismo con Casado. Su paso por la Alcaldía de Jerez estuvo salpicado de irregularidades y fue imputada en el marco del caso Gúrtel, pero el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral la salvó dos veces de ser juzgada pese a las pruebas en su contra. García-Pelayo ha dejado su puesto en el Congreso para pasar a la Cámara Alta y, pese a su pasado, repetirá en mayo de 2023 como candidata del PP en la ciudad gaditana. Su puesto lo ha ocupado el que era portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, Ignacio Romaní, afectado también por escándalos durante su paso en Aguas de Cádiz.

Veteranos y segundos niveles

Junto a los recién llegados hay otros miembros de la dirección del PP que ya estaban en el Senado antes del ascenso de Feijóo. Es el caso del portavoz, Javier Maroto, uno de los pocos supervivientes en la purga llevada a cabo con el equipo de Casado. Maroto mantiene su cargo, que lleva aparejada su presencia en los Comités de Dirección de los lunes.

Maroto es uno de los dirigentes del PP que recibe un mayor sueldo público. A la asignación por senador, se suma la indemnización por ser de fuera de Madrid, y dos complementos: el de portavoz del grupo (2.897,09 por 14 pagas) y el de portavoz de la Comisión de Reglamento (1.134,52 euros por 14 pagas). En total, 126.564,06 euros.

También el viceconsejero de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, era senador por designación de la Asamblea de Madrid, después de que Isabel Díaz Ayuso pusiera tierra de por medio entre su Gobierno y su inmediato predecesor en el cargo ya que Rollán fue presidente accidental de la Comunidad de Madrid tras la dimisión y huida a Ciudadanos de su amigo Ángel Garrido, enfadado porque Casado no apostó por él como candidato y optó por Ayuso. Una decisión de la que probablemente se arrepintió más de una vez.

Su sueldo es diferente. Por representar a Madrid recibe una indemnización menor, de 933,78 euros. Sumado el sueldo base y el complemento de portavoz de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el total es de 71.665,44 euros.

Completa la nómina el presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP, el expresidente de Extremadura José Antonio Monago. Senador por designación autonómica, es portavoz adjunto del grupo parlamentario y vicepresidente segundo de la Comisión de Hacienda, dos cargos con complementos compatibles entre sí, por lo que su salario anual es también de los más altos: 117.681,76 euros.

El resto del Comité de Dirección de Feijóo no está en el Senado porque ya ocupaban otros cargos públicos. Es el caso de la secretaria general, Cuca Gamarra, otra superviviente de la era Casado que mantuvo la Portavocía del Congreso. Como Esteban González Pons la del Senado y Dolors Montserrat la de eurodiputada.

Pero el desembarco de dirigentes del PP en el Senado no se circunscribe al primer círculo de poder. Otros siete altos cargos del PP ocupan plaza en la Cámara Alta, todos ellos relegados en su día por Casado.

Es el caso de Ana Isabel Alós, senadora electa por Huesca y que ocupa la Secretaría de Política Provincial e Insular. O Patricia Rodríguez (electa por Ávila) y secretaria de Familia, Igualdad y Reto Demográfico. Feijóo la ascendió a portavoz adjunta en la Cámara Alta.

Otro de los nuevos dirigentes del PP es Antonio Román, destacado militante antiabortista electo por Guadalajara, de cuya capital fue alcalde, y que hoy es el secretario de Política Municipal y Grandes Ciudades. Como en el caso anterior, fue nombrado portavoz adjunto, con la mejora económica respectiva.

Jaime Miguel de los Santos (designado por la Asamblea Madrid) es secretario de Cultura, Sofía Acedo (electa por Melilla), de Afiliación y Participación, Jorge Martínez Antolín (electo por Palencia), es secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y José Vicente Marí (designado por el Parlamento de Baleares), secretaria de Industria, Turismo, Comercio, Empresas y Economía Circular.

“La ley no se ha aprobado. Se devuelve al Congreso. Enhorabuena, Irene…”. Así se jactaba el pasado 19 de julio el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, por la votación que aceptaba una enmienda (ya votada en el Congreso) a la conocida como ley del solo sí es sí, lo que ha retrasado su entrada en vigor. Apenas dos semanas después, la oleada de ataques a mujeres que denuncian haber sufrido pinchazos con jeringuillas por parte de desconocidos en lugares de ocio ha empujado al partido que lidera Alberto Núñez Feijóo a “exigir un protocolo de actuación y seguridad” por la “por la alarma social” y que “la sumisión química” sea incluida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuya renovación está prevista para este mismo año. Pero precisamente la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que el PP rechaza ya contempla un endurecimiento de las penas en estos casos.

La coordinadora de Políticas Sociales del PP en el Congreso, Marta González, ha comparecido este miércoles ante los periodistas para anticipar que su partido registrará una proposición no de ley para “actualizar” el pacto de Estado, algo que ya acordaron todos los grupos parlamentarios (excepto la ultraderecha) en noviembre de 2021 y que, por calendario, toca hacer cuando se reactive la actividad parlamentaria en septiembre. El pasado 22 de julio, hace dos semanas, todas las comunidades autónomas del PP apoyaron el nuevo pacto en la Conferencia Sectorial de Igualdad.

González ha asegurado que el PP está dispuesto a incluir en dicha iniciativa medidas concretas sobre la sumisión química ante la “gran preocupación” que se ha generado “en toda la geografía española” por “los ataques que reciben algunas mujeres con jeringuillas”. Eso sí, la dirigente del PP ha asegurado que “existe cierta duda” de que sea “un nuevo método de sumisión quimia o simplemente una terrible manera de infundir miedo y temor en las mujeres”.

Sin embargo, la ley del solo sí es sí que su partido rechaza califica como “agresión sexual” la “denominada 'sumisión química' o mediante el uso de sustancias y psicofármacos que anulan la voluntad de la víctima”. Algo hasta ahora no contemplado de forma expresa. Además, “se introduce la circunstancia cualificatoria agravante específica de género en estos delitos”.

Así, el artículo 180 de la norma, que será ratificada definitivamente por el Congreso este mes de septiembre, determina una pena de hasta 15 años en caso de agresión con penetración y “cuando para la comisión de estos hechos el autor haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto”. Para una agresión sexual sin penetración, la pena será de hasta ocho años.

La norma también establece que el uso de “fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química” para la sumisión de menores de 16 años implicará que la pena (otra vez, de hasta 15 años según las circunstancias) se aplique en su mitad superior.

Marta González ha señalado además que “no ha habido respuesta por parte de los ministerios implicados” tras la cadena de denuncias de los últimos días. “Solo un tuit de la ministra de Igualdad”, Irene Montero, ha dicho. Y ha añadido: “No hay respuesta de Interior ni de Sanidad, que tendría que establecer un protocolo de actuación que dé una respuesta uniforme y devuelva la seguridad a las jóvenes”.

El “tuit” al que se refiere González es en realidad un hilo de mensajes en los que Montero explica que Igualdad ha firmado con la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos un protocolo precisamente para intentar evitar hechos así y que se puedan poner en marcha los protocolos de actuación ante una agresión en el mismo lugar.

También la semana pasada se firmó un acuerdo con el Ministerio de Transportes para que los llamados puntos violetas lleguen “a las estaciones, trenes, aeropuertos y puertos del Estado”.

El ahorro energético, un peligro para la “seguridad de las mujeres”

Marta González ha aprovechado para ahondar en las críticas del PP al real decreto ley de ahorro energético aprobado por el Gobierno el pasado lunes y ha asegurado que su contenido puede suponer “problemas” relacionados con “la violencia de género y en concreto con la violencia sexual”.

Para González, hay “una derivada” del decreto “y que implicaría que las ciudades, los comercios y las calles estuviesen apagadas prácticamente de manera completa llegada una determinada hora”. “Esta medida”, ha concluido la dirigente gallega, muy próxima a Feijóo, “puede tener consecuencias positivas desde el punto de vista del ahorro energético, pero las puede tener muy negativas en relación a la seguridad de las mujeres”. “Al Gobierno no le preocupa, no le hemos visto mencionarlo”, ha zanjado.

González se suma así a la tesis de Isabel Díaz Ayuso, quien ha arremetido contra la propuesta del Ejecutivo por generar, supuestamente, “inseguridad”. Pero el real decreto ley en ningún caso menciona la necesidad de apagar el alumbrado viario público, sino los escaparates de las tiendas que están cerradas o las luces de los edificios públicos también cuando los trabajadores hayan abandonado las instituciones.

Quien sí pidió limitar el alumbrado público por la noche fue Alberto Núñez Feijóo. Otro ejemplo de los equilibrios que está haciendo el PP para criticar al Gobierno a la vez que defiende las medidas de ahorro impulsadas por la Comisión Europea, que preside una aliada política, Ursula Von der Leyen, y para no desautorizar a Ayuso, quien abogó en un primer momento por la insumisión a la ley de las administraciones controladas por la derecha.

El Senado se consideró durante años un “cementerio de elefantes”. Los grandes partidos –especialmente PSOE y PP– colocaban a expresidentes autonómicos, exdirigentes orgánicos o diputados veteranos para garantizarles un puesto de representación, un generoso salario y el aforamiento –los senadores solo pueden ser procesados por el Tribunal Supremo– en los últimos años de sus vidas profesionales. Se trata, además, de una cámara de segunda lectura –la función legislativa la ostenta siempre el Congreso–, donde el trabajo es, por tanto, más reflexivo que el de la Cámara Baja.

Existe, además, una ventaja para poder realizar esos nombramientos de senadores sin la necesidad de pasar por las urnas: 57 de los 265 parlamentarios son designados por los parlamentos autonómicos, por lo que los partidos predominantes en esas cámaras regionales tienen asegurados varios puestos, que se reparten en función de la población de cada uno de los territorios.

Desde 2014, con la irrupción en la escena política española de nuevos partidos como Podemos y Ciudadanos y la consecuente merma de la representación de las grandes formaciones en los distintos parlamentos, estas últimas ya no utilizan ese sistema solo para dar trabajo a sus dirigentes más veteranos. Los sucesivos líderes de PP y PSOE convierten en senadores a los compañeros de filas que no logran representación en el Congreso, a los que se quiere dar una relevancia pública o para compensar los servicios prestados en etapas pasadas de cada uno de los partidos.

El jueves, la fórmula de designación autonómica la empleó el PP de Galicia para nombrar senador, a través del Parlamento gallego, a su nuevo líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. Él no es diputado en el Congreso y, por tanto, no puede participar en los cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las sesiones de control al Ejecutivo. A partir de ahora sí podrá hacerlo en las del Senado. Feijóo prometió su cargo apenas unos minutos antes de que lo jurara su mano derecha en el PP de Galicia y, ahora, en la sede de la calle Génova, Miguel Tellado, colocado también en la Cámara Alta en busca de una visibilidad estatal.

El empadronamiento de Maroto en Sotosalbos

Hasta esta semana nunca había sido empleado ese método para tratar de dar voz al líder de uno de los grandes por no tener representación en el Congreso. El ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco era diputado cuando fue elegido secretario general del PSOE por segunda vez, en junio de 2017. Pero los socialistas no optaron por esta opción adoptada ahora por los populares y Sánchez ejerció de líder de la oposición durante un año, hasta la moción de censura que le ganó a Mariano Rajoy, en 2018, sin tener ningún tipo de representación parlamentaria, y por tanto, con dificultades de visibilidad al margen de las ruedas de prensa y los actos de partido.

Otro polémico caso de colocación de dirigentes en la Cámara Alta fue el del recién ratificado portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto. La treta ideada en su día por el PP de Pablo Casado para dar a uno de sus más fieles escuderos un cargo de representación fue cuestionada por el resto de los partidos. Víctima del fracaso del PP en las elecciones generales de 2019, al no conseguir ser diputado por su circunscripción, Álava, Casado buscó encaje al dirigente vasco ideando su empadronamiento en Castilla y León, en la localidad de Sotosalbos, y después hizo que la mayoría popular en las Cortes castellanas y leonesas lo eligiese senador por designación autonómica. Ha sido recientemente refrendado en el cargo por las Cortes castellanas y leonesas surgidas de las elecciones del pasado mes de febrero.

Esos movimientos dirigidos a dar cargos a compañeros de filas afines no son exclusivos de los populares. En mayo de 2019, la dirección del PSOE intentó colocar en el Senado al entonces líder del PSC y hoy ministro de Cultura, Miquel Iceta, además con la idea de que fuese presidente de la Cámara Alta, siendo designado por el Parlament de Catalunya donde Iceta ejercía de portavoz de los socialistas. Pero aunque al PSC sí le correspondía la elección de uno de los senadores por designación autonómica las fuerzas independentistas con mayoría en la cámara catalana vetaron la elección de Iceta, frustrando las pretensiones de la dirección socialista de Pedro Sánchez. El PSC recurrió la decisión del Parlament ante el Tribunal Constitucional que el mes pasado le dio la razón en parte y dictaminó que la cámara autonómica vulneró los derechos de los socialistas por el sistema de votación empleado.

Un vistazo al hemiciclo evidencia como los grandes partidos siguen utilizando el Senado para colocar a dirigentes que en el pasado estuvieron en la primera línea política o a quienes se quiere premiar por su fidelidad al partido o al líder del momento. En la bancada socialista están, entre otros, el expresidente de la Comunitat Valenciana Joan Lerma o la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que fue la rival de Sánchez en las primarias que ganó el hoy presidente del Gobierno y a la que la dirección socialista colocó en la Cámara Alta a través del parlamento andaluz tras perder las primarias del PSOE en su comunidad, en junio 2021. En busca de una proyección estatal también fue designado senador por el Parlamento de Andalucía quien ganó esa pugna a Díaz, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía para las elecciones del próximo 19 de junio, Juan Espadas.

Arenas, Cosidó, Barreiro, Sánchez Camacho o Fabra

La bancada del PP está también llena de expresidentes autonómicos a los que las últimas direcciones han querido premiar por los servicios prestados dándoles un escaño en el Senado. Es el caso de la expresidenta de Aragón Luisa Fernanda Rudi o el madrileño Pedro Rollán –presidente interino durante unos meses tras el salto de Ángel Garrido a Ciudadanos–. Otro histórico de la Cámara Alta es Javier Arenas, el eterno aspirante del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía que nunca logró el apoyo suficiente para gobernar mientras dirigió a los populares andaluces, entre 2004 y 2012, pero que mantiene el escaño en el Senado por designación autonómica prácticamente de forma consecutiva desde hace 14 años.

También lleva esos mismos años en la Cámara Alta José Manuel Barreiro, al que el PP gallego designó senador por el Parlamento de Galicia en 2008 justo dos años después de haberse enfrentado con el hoy líder del partido, Feijóo, por la presidencia de los populares gallegos para suceder a Manuel Fraga. Desde 2011 y hasta la llegada de Casado a la presidencia del partido Barreiro fue el portavoz del PP en la Cámara Alta al gozar de la plena confianza de otro gallego, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Le sucedió Ignacio Cosidó, al que el exlíder del PP colocó como la cabeza visible del partido en el Senado por designación autonómica de las Cortes de Castilla y León en compensación por su apoyo en las primarias de 2018 en las que Casado resultó ganador. Aguantó hasta julio de 2019, poco después de que se conociera el polémico mensaje de WhatsApp que Cosidó envió en un grupo de senadores cuando Casado y Sánchez acordaron el reparto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se frustró precisamente por ese texto en el que se jactaba de que su partido había conseguido designar la presidencia de dicho órgano –en la persona de Manuel Marchena, que tras la filtración renunció–, algo que le permitía controlar “por detrás” la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que se encarga de asuntos de corrupción como los que han afectado al PP.

En esta legislatura el PP también ha premiado con escaños en el Senado sin pasar por las urnas a la exlíder del partido en Catalunya Alicia Sánchez Camacho, designada por la Asamblea de Madrid, o al expresident de la Generalitat Valenciana Alberto Fabra.

Escribo estas líneas de vuelta de Valladolid, donde hemos firmado nuestra adhesión a la Declaración institucional 'Ciudades climáticamente neutrales en 2030', otro importante paso para reforzar nuestra candidatura a la misión europea 'Cien ciudades inteligentes y climáticamente neutras para 2030' y que constituye un compromiso para resolver uno de los principales problemas de nuestro planeta: la emergencia climática. Una declaración en la que participamos las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Valladolid, Zaragoza, Soria y Vitoria-Gasteiz. 

Esta firma se produce justo la semana en que celebramos el décimo aniversario de la recepción del testigo de la Capitalidad Verde Europea, un reconocimiento al trabajo compartido durante años por varias corporaciones y alcaldes, y esencial para explicar la trayectoria medioambiental de Vitoria-Gasteiz.

El alcalde Cuerda fue el impulsor durante veinte años de la ciudad sostenible cuando apenas nadie reconocía el concepto de sostenibilidad. No hay suficiente tinta en mi bolígrafo para describir todo lo bueno que supusieron sus cinco mandatos en materia social, económica y medioambiental, pero, a modo de resumen de esta última, destaco la peatonalización del centro urbano, la creación del Centro de Estudios Ambientales (CEA) capitaneado por el magistral Luis Andrés Orive, un diseño urbano con un trato preferencial a las zonas verdes o la recuperación de los parques periurbanos en lo que más tarde denominamos Anillo Verde, la principal seña de identidad de la Vitoria-Gasteiz 'green'.

El alcalde Alonso tuvo la virtud de continuar la tarea emprendida anteriormente, fortaleciendo el Anillo Verde con intervenciones como el jardín botánico de Olarizu. Pero, además, introdujo una nueva variable en la política local de sostenibilidad: la movilidad urbana. En su tiempo, se firmó el Pacto Ciudadano por la Movilidad Sostenible y se elaboró el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, con una vigencia prevista hasta el año 2023 y donde se recoge un modelo de ciudad más amable para las personas.

Para dejar de ser parte del problema y convertirnos en parte de la solución. Para seguir a la vanguardia europea. Para agilizar el cumplimiento del Acuerdo de París y de la Agenda 2030. Para mitigar la emergencia climática

El alcalde Lazcoz tuvo el acierto de dar continuidad a dicho plan reestructurando con éxito las líneas de TUVISA, que vieron incrementadas sus cifras de personas usuarias de forma significativa. Además, impulsó durante su mandato la internacionalización de nuestra marca verde recogiendo el galardón European Green Capital en la ceremonia organizada por la Comisión Europea. Corría el año 2010 cuando fuimos la tercera ciudad europea en recibir este reconocimiento tras Estocolmo y Hamburgo. Casi nada.

El alcalde Maroto gestionó con soltura el año de la Capitalidad Verde (2012), del que, en cuestión de días, iniciaremos el décimo aniversario e incorporó un nuevo concepto a la acción medioambiental: la renaturalización del espacio urbano y el desarrollo de las infraestructuras verdes urbanas, tomando como muestra una de las principales arterias de nuestra ciudad, la Avenida Gasteiz.

Desde 2015, hemos dado continuidad al desarrollo de infraestructuras verdes urbanas y hemos profundizado en la movilidad sostenible con la ampliación del tranvía al sur de la ciudad, la ya próxima extensión tranviaria a Salburua y la creación de una línea de autobús eléctrico (BEI) que sustituirá a la periférica, además de ampliar el reconocimiento internacional a nivel mundial con el galardón Global Green City 2019 auspiciado por Naciones Unidas.

Y ahora, en el viaje de regreso a casa por estas tierras del Pisuerga, tengo el convencimiento de que es el momento de estimular nuestra acción local con una nueva estrategia 'green': la neutralidad climática. Porque en un futuro mucho más cercano de lo que imaginamos, las ciudades deberán ser neutras en carbono para procurar bienestar social y competitividad económica. Y Vitoria-Gasteiz debe estar entre ellas. Para dejar de ser parte del problema y convertirnos en parte de la solución. Para seguir a la vanguardia europea. Para agilizar el cumplimiento del Acuerdo de París y de la Agenda 2030. Para mitigar la emergencia climática. Para acelerar nuestro compromiso con un planeta que ya no puede esperar más. Y todo ello hacerlo juntos y juntas, como hicimos—hoy hace diez años— en la recepción del testigo de la Capital Verde Europea, como Green Capital.