Una misma enmienda aprobada dos veces: el inesperado embrollo que retrasa la ley del ‘solo sí es sí’

Estaba todo a punto para que la conocida como ley del 'solo sí es sí' recibiera luz verde definitiva antes de que las Cortes se fueran de vacaciones. Se daba casi por hecho y, por eso, al maratoniano pleno del Senado del martes pasado acudió la ministra de Igualdad, Irene Montero, para celebrarlo. “Hoy cumplimos un mandato muy claro del movimiento feminista”, aseveró tras un largo debate de cuatro horas. La sorpresa llegó a los pocos minutos de iniciarse la votación, con la enmienda 93, presentada por Junts per Catalunya. “Queda aprobada”, declaró el presidente de la cámara, Ander Gil. La misma enmienda, sin embargo, ya había sido aprobada en el Congreso dos meses antes.

Tras anunciar el resultado, el presidente tuvo que pedir silencio para continuar con la sesión ante el murmullo que comenzó a extenderse y los aplausos de la bancada del Partido Popular. El respaldo de la enmienda obligaba al texto a volver al Congreso y frustraba su aprobación definitiva, tal y como contempla el reglamento. Pero casi nadie entendía lo que había pasado. No se esperaba que ningún cambio prosperara, a pesar de que se debatían un total de 159 enmiendas. Ninguna había sido aceptada la semana anterior en la Comisión de Igualdad del Senado, el paso previo. Con la 93, pulsaron el botón verde el PP, la Izquierda Confederal, todo el Grupo Nacionalista, Ciudadanos y ERC.

La modificación implica sustituir en el preámbulo la frase “abortos y esterilizaciones forzosas” por “abortos y esterilizaciones forzosos”. Según explicó Junts, la intención del partido era considerar obligar a abortar a una mujer una forma de violencia, al igual que hace el Convenio de Estambul en su artículo 39, que lo recoge así. Ponerlo en masculino implica que “forzosos” abarque también a los abortos, mientras que en femenino solo se refiere a las esterilizaciones. Tras finalizar las votaciones, Ander Gil anunció que la norma debía volver a la Cámara Baja antes de ser sancionada por el rey porque los proyectos de ley inician allí su recorrido, después pasan al Senado y, si este introduce cambios, deben regresar.

La cuestión, sin embargo, es que esa misma enmienda ya se había votado en el trámite anterior en el Congreso. Fue el pasado 18 de mayo, en la Comisión de Igualdad, donde se debatió el dictamen de la norma antes de pasar al pleno. La enmienda 66, también de Junts, proponía exactamente lo mismo: incluir “abortos y esterilizaciones forozosos” en la ley. Y fue aprobada. La cámara dio el respaldo tras el debate, que se dedicó fundamentalmente a la prostitución, a la misma enmienda que ahora retrasa la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

La propuesta 66 recibió 20 votos a favor y 17 en contra, según se puede ver en el diario de sesiones. “Queda aprobada”, sentenció la presidenta de la comisión, Carmen Calvo. Sin embargo, en el dictamen que salió de aquella larga sesión, que acabó colgado en la página web del Congreso y que llegó al Senado la palabra “forzosos” se había sustituido por “forzosas”, al contrario de lo que contemplaba la enmienda. La Cámara Baja no ha respondido a las preguntas de este medio sobre qué pudo haber pasado para que la frase acordada por los grupos se trasladara con el género cambiado a la ley.

Varias fuentes de distintos grupos parlamentarios apuntan a un “error” a la hora de transcribir el texto por parte de los servicios del Congreso, pero no hay una respuesta oficial al respecto. Lo que está claro es que a los senadores les llegó una ley que rezaba “casos de aborto y esterilizaciones forzosas”. Nadie pareció darse cuenta antes, en el trámite en el Congreso, de que la enmienda 66 decía otra cosa diferente. Fuentes de Junts en el Senado aseguran que vieron que la frase “no se adaptaba al Convenio de Estambul” y decidieron presentar la enmienda 93 para corregir “forzosas” por “forzosos”.

El último intento para evitar la dilatación

Tras el respaldo de los senadores la decepción se dejaba notar entre los partidos de la coalición de Gobierno, que confiaban en que la norma, que desarrolla un marco integral para combatir las violencias sexuales al estilo de la Ley contra la Violencia de Género de 2004, entrara en vigor antes del verano. Los letrados del Senado mantuvieron en el aire la posibilidad de que se diera por aprobada. Desde el Ministerio de Igualdad defendían que se trataba de un error que podía ser subsanado sin necesidad de alargar el trámite. Pero todo apunta a que habrá que esperar a septiembre para que la ley acabe aprobándose.

El último intento del departamento dirigido por Irene Montero vino con la propuesta a las formaciones que habían respaldado la enmienda de firmar un texto conjunto que evitara que tuviera que volver al Congreso, según confirman fuentes de los grupos. Igualdad no ha querido comentar nada al respecto. El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, supone reconocer que “la enmienda en cuestión no es tal”, sino una “mera corrección gramatical”, pues ya se había incorporado a través de la 66 en el trámite anterior. Y reclama a la mesa del Senado que se de por subsanado porque “no concurren las exigencias de modificación que impone el artículo 90 de la Constitución”.

Sin embargo, no salió adelante. Fuentes de Junts aseguran que requería “el consenso de todos los grupos” y “el PP se había negado a firmarla”, además de que el texto “daba por hecho que lo que se corregía era una simple errata, mientras que lo que se corrige es que [la redacción] se corresponda al 100% con el Convenio de Estambul”. Los populares, por su parte, justifican su negativa en que “el presidente [del Senado] ya había firmado que se trasladara la ley” al Congreso y en “no firmar algo que va en contra” del voto a favor que previamente habían dado en el pleno.

El PP apunta, además, a que “nadie quería firmarlo”, aunque fuentes de ERC en el Senado, que desconocían que la enmienda ya se había adoptado, reconocen que sí lo hubieran respaldado. “Ante la cantidad de casos que conocemos de violencia sexual, el contexto internacional de retroceso de derechos de las mujeres, y una derecha y ultraderecha española que bloquean y niegan estos derechos, era importante que la ley saliera adelante, porque aunque es una ley mejorable, es una buena ley. Además una vez aprobada, se puede instar al Gobierno con iniciativas parlamentarias para que la norma recoja aquello que actualmente no hace”, apuntan.

El apoyo indispensable del PP

Tras la sesión en el Senado, Irene Montero, acusó al Partido Popular de apoyar la enmienda como forma de intentar retrasar la norma, que había intentado tumbar sin éxito a través de una propuesta de veto que no prosperó. No solo los populares respaldaron el cambio de Junts, pero su apoyo fue determinante. Recibió 130 votos a favor, 112 en contra y 17 abstenciones. “Esta es la aportación y el nivel del PP en la política española, utilizar una letra para retrasar una ley que puede permitir al Estado proteger y acompañar de forma eficaz a las mujeres que son víctimas de violencias sexuales”, afirmó la titular de Igualdad.

Fuentes del PP en el Senado lo niegan y defiende su apoyo a la enmienda apuntando a que “los matices son muy importantes” en las leyes “ya sea por una coma, una letra o una palabra entera”. En el Congreso, los populares habían presentado esta propuesta, en los mismos términos que la 66 de Junts, pero no así en el Senado, donde su respaldo fue inesperado. Prácticamente al tiempo que el presidente de la Cámara Alta anunciaba que la enmienda había quedado aprobada, el senador Javier Maroto celebró en Twitter que la ley tuviera que ser revisada de nuevo en el Congreso y cargó contra Montero a través de Twitter.

Por su parte, Junts defiende la enmienda, aunque reconoce que fueron en total 35 las propuestas registradas por la formación catalana, muchas “de más calado” que la única aprobada y que le “hubiera gustado que prosperasen”. Aún así, fuentes del partido ponen el foco en que la Cámara Alta tiene capacidad para aprobar cambios y lamentan que la ley “lleve 12 meses estancada en el Congreso, cuando en el Senado ha estado solamente 12 días tramitándose por urgencia”.