A pesar de declarar el Casco Antiguo Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) hace cerca de dos años y medio, nada ha cambiado en esta zona de Logroño. Y es que el tiempo pasa “y el Ayuntamiento sigue sin aplicar medias contra la contaminación acústica y se niega a reunirse con el vecindario”. Así lo denuncia la plataforma vecinal Demanda Casco Antiguo. Su presidenta, Iratxe Apeztegia vuelve a alzar la voz de alarma ante lo que considera un proceso descontrolado de turistificación, saturación hostelera e inacción municipal. Hartos de la situación que cada fin de semana se repite en el barrio, recuerdan que las herramientas de protección ambiental y acústica (ZAPE) o las sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja son “papel mojado” por falta de mecanismo de vigilancia y sanción por parte del Consistorio logroñés.

El detonante de las últimas protestas ha sido la apertura de un nuevo establecimiento con licencia de vinoteca que, según exponen los residentes, funciona como un bar con música en directo y sesiones de DJs con las puertas abiertas.

“El problema no es que un vecino tenga que interponer una denuncia en comisaría cada vez que esto ocurre, sino que el Ayuntamiento debe tener las herramientas de inspección y control para que no se ejerzan actividades para las que no se tiene licencia”, señalan desde el vecindario. Desde el Ayuntamiento de Logroño confirman a este medio que no consta ninguna denuncia en Policía Local. Aunque son conocedores de la situación, asegura la presidenta, “porque hemos presentado una reclamación a través de una Instancia General ante el Comisario de la Policía Local, tras recibir una respuesta poco empática por parte de los agentes. Les advertimos del exceso de ruido y su respuesta fue que no van a estar vigilando ni diciéndole a la gente que no grite”.

La apertura de este nuevo local con licencia de vinoteca, tal y como han confirmado fuentes municipales, no es un caso aislado sino “la gota que ha colmado el vaso tras años viendo cómo las tiendas y comercios tradicionales se han convertido en pubs o cómo establecimientos de la calle Bretón de los Herreros consiguen permisos para funcionar como discotecas”.

El vecindario de esta zona de Logroño sigue sintiéndose desamparado e ignorado por el gobierno local. El pasado mes de septiembre solicitaron formalmente una reunión con el concejal de Medio Ambiente, Manuel José Alonso, “pero se niega sistemáticamente reunirse con nosotros, nos da largas y hace oídos sordos a nuestras demandadas”.

Y su hartazgo se convirtió en enfado a principios de esta semana tras escuchar al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, “vendiendo una imagen de participación que no se corresponde con la realidad. Se nos está ignorando por completo. No han convocado la Mesa del Ruido ni se están desarrollando las medidas de la Zona Saturada ni la ordenanza de terrazas”, insiste.

“No pedimos equilibrio, pedimos que se respeten nuestros derechos”

Ante las apelaciones del Ayuntamiento a buscar un “equilibrio” el vecindario responde: “es absurdo porque nosotros no pedimos equilibrio, pedimos que se respeten nuestros derechos. Hablar de equilibrio en esta zona de Logroño es una utopía porque vivimos en un entorno saturado con más de 280 establecimientos hosteleros, discotecas situadas bajo viviendas y una proliferación masiva de pisos y apartamentos turísticos”. De hecho, Apeztegia asegura que en los últimos años la saturación ha sido exponencial. “Nos dicen que ya sabíamos dónde nos comprábamos la casa, pero la situación ha empeorado mucho los últimos años. Sabíamos que había bares y fiestas patronales, como San Bernabé y San Mateo, pero de la noche a la mañana tenemos frente a nuestras ventanas un edificio entero de pisos turísticos con despedidas de soltero, barras que operan sin control y eventos prácticamente todos los fines de semana”.

Molestias acústicas a las que añaden la pérdida de servicios públicos en el centro histórico. “Faltan parques infantiles, las personas mayores tiene que acudir a la biblioteca porque no tienen ningún centro, los servicios sociales funcionan fatal y qué decir de la gestión de residuos, es terrible, teniendo en cuenta la cantidad de bares que hay. El Ayuntamiento de Logroño no trabaja por este barrio”.

No es la primera vez (ni la última) que el vecindario del Casco Antiguo alza la voz para denunciar la transformación del Casco Antiguo de Logroño hacia “un parque temático decorado para el turismo”. Pero en esta ocasión advierten además de que este modelo se va a replicar en el resto de barrios de la ciudad. “Se está desdibujando y vendiendo la identidad de Logroño, sustituyendo el comercio tradicional y centenario por cadenas. En el momento que abren edificios con pisos turísticos, van detrás los negocios de hostelería y comercios dedicados al turismo. Y así seguirá siendo mientras la prioridad municipal siga siendo únicamente la marca turística en lugar del vecindario que vive”.

L'activista Madò Farta, coneguda per la seva participació en el moviment contra la turistificació de Mallorca, abillada amb una careta de calavera i l'atuell tradicional de pagesa, ha denunciat amenaces rebudes tant al carrer com a través de les xarxes socials. L'activista, que manté la seva identitat en l'anonimat, ha fet pública aquesta situació a través d'un vídeo publicat al seu compte d'Instagram.

Farta explica que fa “temps” que rep aquest tipus d'amenaces i assegura que algunes ja han estat denunciades, tot i que no precisa davant quin cos policial ni aporta informació sobre la investigació dels fets. Juntament amb el vídeo, publica diverses captures de pantalla d'una conversa mantinguda amb un altre usuari d'Instagram, la identitat del qual tampoc no es coneix.

En un dels missatges, l'interlocutor assegura que hi hauria “una recompensa de 10.000 euros” per localitzar l'activista i li adverteix que podria ser agredida pel carrer. Farta respon que les agressions ja s'han produït, tot i que en la publicació no concreta quan, on ni en quines circumstàncies haurien tingut lloc. El contingut de la conversa no permet, per si sol, verificar l'existència d'aquesta suposada recompensa.

La denúncia de l'activista es produeix en un context de creixent conflictivitat entorn del model turístic de Mallorca. 'Madò Farta' s'ha convertit en una de les figures més visibles, tot i mantenir-se en l'anonimat, de les mobilitzacions que qüestionen la pressió turística, l'accés a l'habitatge i la transformació de l'espai públic de l'Illa. En les darreres setmanes ha impulsat accions com la 'cadena a la fresca', una protesta que cercava escenificar la reivindicació de recuperar espais per als residents davant la pressió de l'activitat turística.

En una entrevista amb elDiario.es, Farta explica que el seu anonimat forma part de la seva manera de participar en el moviment i que la calavera que acompanya les seves aparicions pretén representar una protesta col·lectiva més que una identitat individual. Les seves accions s'han desenvolupat en paral·lel a un cicle de mobilitzacions contra la massificació turística i l'encariment de l'habitatge que ha portat milers de persones als carrers de Mallorca durant els darrers mesos.

La activista Madò Farta, conocida por su participación en el movimiento contra la turistificación de Mallorca ataviada con una careta de calavera y el atuendo tradicional de payesa, ha denunciado amenazas recibidas tanto en la calle como a través de las redes sociales. La activista, que mantiene su identidad en el anonimato, ha hecho pública esta situación a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Farta explica que lleva “tiempo” recibiendo este tipo de amenazas y asegura que algunas de ellas ya han sido denunciadas, aunque no precisa ante qué cuerpo policial ni aporta información sobre la investigación de los hechos. Junto al vídeo, publica varias capturas de pantalla de una conversación mantenida con otro usuario de Instagram cuya identidad tampoco se conoce.

En uno de los mensajes, el interlocutor asegura que habría “una recompensa de 10.000 euros” para localizar a la activista y le advierte de que podría ser agredida en la calle. Farta responde que las agresiones ya se han producido, aunque en la publicación no concreta cuándo, dónde ni en qué circunstancias habrían ocurrido. El contenido de la conversación no permite por sí solo verificar la existencia de esa supuesta recompensa.

La denuncia de la activista se produce en un contexto de creciente conflictividad en torno al modelo turístico de Mallorca. 'Madó Farta' se ha convertido en una de figuras más visibles, aunque siempre desde el anonimato, de las movilizaciones que cuestionan la presión turística, el acceso a la vivienda y la transformación del espacio público de la Isla. En las últimas semanas ha impulsado acciones como la 'cadena a la fresca', una protesta que buscaba escenificar la reivindicación de recuperar espacios para los residentes frente a la presión de la actividad turística.

En una entrevista con elDiario.es que su anonimato forma parte de su propia manera de participar en el movimiento y que la calavera que acompaña a sus apariciones pretende representar una protesta colectiva más que una identidad individual. Sus acciones se han desarrollado en paralelo a un ciclo de movilizaciones contra la masificación turística y el encarecimiento de la vivienda que ha llevado a miles de personas a las calles de Mallorca durante los últimos meses.

Las comunidades de vecinos del barrio de Benicalap, en València, afectadas por la implantación de alojamientos turísticos en sus bajos con alteración de fachadas en los elementos comunes incluido siguen luchando para tratar de frenar las obras que desde hace meses han quebrado su tranquilidad.

En este caso, los residentes del edificio ubicado en la calle de Carlos Cortina número 5 han remitido diversos escritos al Ayuntamiento de València por medio de los cuales aseguran que la empresa promotora, Business Decission and Advice SL, habrían incumplido diversas cuestiones administrativas que implicarían la paralización inmediata de los trabajos.

Como informó elDiario.es, el Ayuntamiento recientemente detectó que se estaban ejecutando actuaciones en zonas que no estaban incluidas en el permiso habilitante por lo que dio un plazo de 10 días a la mercantil para que alegara lo que estimara antes de paralizar los trabajos en esa zona con fachada recayente a la calle de Carlos Cortina, un espacio con una superficie de 152,27 m² en planta baja y 36,52 m² de entreplanta.

Ahora, la comunidad de propietarios ha pedido una reunión con el concejal de Urbanismo, Juan Giner, para trasladarle de primera mano los nuevos incumplimientos que aseguran haber detectado y que acarrearían la paralización de todas las obras.

Según la documentación remitida al consistorio, la declaración responsable que supuestamente ampara las obras se basó en una certificación ECUV que señala una duración prevista de las obras de nueve meses.

Conforme al artículo 16.2 de la Ordenanza reguladora de Obras de Edificación y Actividades del Ayuntamiento de Valencia vigente en el momento de presentarse la declaración responsable, las obras podrán iniciarse de forma inmediata, no obstante una vez transcurridos sin que se hayan llevado a cabo las actuaciones para las que fue presentada la declaración responsable o bien no se hayan finalizado las mismas, se producirá la extinción.

Los vecinos aseguran que en el expediente municipal está acreditado por un informe policial que las obras se iniciaron el día 28 de octubre de 2025, de modo que el plazo de ejecución de las obras finalizó 9 meses después, el pasado 28 de julio de 2026.

Al mismo tiempo, consideran que actualmente las obras están en marcha sin título que las habilite legalmente al haber caducado la declaración responsable y afirman que no se puede otorgar prórroga de ningún tipo. Además, insisten en que conforme al artículo 252 de la LOTUP, cuando los actos de edificación o uso del suelo se realizan sin licencia, la Alcaldía está obligada a ordenar, sin más trámite, la suspensión inmediata de las obras.

En segundo lugar, denuncian que el número de ventanales abiertos en la fachada recayente en la zona ajardinada del edificio supera a los declarados e incluidos en el título habilitante, que además estaría caducado. Así, acreditan comparando los planos del proyecto con imágenes fotográficas que se aprecia un mayor número de agujeros abiertos (15 en planta baja y 16 en entreplanta). En consecuencia, ponen de relieve que se está ante una situación de ejecución de obras sin seguir las determinaciones del proyecto tal como señala el artículo 252 de la LOTUP y el Informe de Asesoría Jurídica publicado a principios de septiembre.

Como informó este periódico, esta misma empresa es la que ejecuta proyectos muy similares, es decir, alojamientos turísticos en los bajos de los residenciales de las calles de Carlos Cortina 2 y de Encarna Albarracín. En todos los casos las comunidades de vecinos han denunciado las obras acometidas por la mercantil.

En el caso de Carlos Cortina 5 y de Encarna Albarracín principalmente por la alteración de las fachadas recayentes a las zonas comunes para la apertura de ventanales sin permiso de la comunidad, lo que puede chocar con la Ley de Propiedad Horizontal. En el caso de Carlos Cortina 2 por la eliminación de revestimientos en pilares de carga con taladros hidráulicos.

La promotora Business Decission and Advice SL está representada legalmente por el despacho Soriano i Piqueras, del que es cofundador Víctor Soriano, asesor adscrito a la Secretaría Primera del Senado, Eva Ortiz (PP). La firma promotora tiene otros dos proyectos en marcha en Torrefiel y La Raiosa.

Desde Soriano i Piqueras han manifiestado a elDiario.es que no es cierto que Business Decision and Advice, S.L. esté representada legalmente por el despacho Soriano i Piqueras: “Ni el despacho ni ninguno de sus abogados es representante legal de esa sociedad, ni forma parte de su órgano de administración, ni participa en su capital, ni tiene interés alguno en ella o en sus proyectos. Business Decision and Advice, S.L. es, sencillamente, un cliente del despacho, que le presta asesoramiento y defensa jurídica como abogados externos, igual que a cualquier otro cliente. Soriano i Piqueras tampoco promueve ni impulsa proyecto alguno de alojamientos turísticos en Benicalap, Torrefiel, La Raiosa ni en ningún otro lugar: esos proyectos son exclusivamente de la mercantil promotora”.

Les comunitats de veïns del barri de Benicalap, a València, afectades per la implantació d'allotjaments turístics en els baixos dels seus edificis amb alteració de façanes i elements comuns inclosos, continuen lluitant per a intentar frenar unes obres que des de fa mesos han trencat la seua tranquil·litat.

En este cas, els residents de l'edifici situat al carrer de Carlos Cortina número 5 han remés diversos escrits a l'Ajuntament de València per mitjà dels quals asseguren que l'empresa promotora, Business Decission and Advice SL, hauria incomplit diverses qüestions administratives que implicarien la paralització immediata dels treballs.

Com va informar elDiario.es, l'Ajuntament va detectar recentment que s'estaven executant actuacions en zones que no estaven incloses en el permís habilitant, per la qual cosa va donar un termini de 10 dies a la mercantil perquè al·legara el que estimara oportú abans de paralitzar els treballs en esta zona amb façana que recau al carrer de Carlos Cortina, un espai amb una superfície de 152,27 m² en planta baixa i 36,52 m² d'entresolat.

Ara, la comunitat de propietaris ha demanat una reunió amb el regidor d'Urbanisme, Juan Giner, per a traslladar-li de primera mà els nous incompliments que asseguren haver detectat i que comportarien la paralització de totes les obres.

Segons la documentació remesa al Consistori, la declaració responsable que suposadament empara les obres es va basar en una certificació ECUV que assenyala una duració prevista dels treballs de nou mesos.

D'acord amb l'article 16.2 de l'Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València vigent en el moment de presentar-se la declaració responsable, les obres podran iniciar-se de manera immediata. No obstant això, una vegada transcorregut el termini sense que s'hagen dut a terme les actuacions per a les quals es va presentar la declaració responsable, o bé sense que estes hagen finalitzat, es produirà la seua extinció.

Els veïns asseguren que en l'expedient municipal està acreditat, mitjançant un informe policial, que les obres es van iniciar el 28 d'octubre de 2025, de manera que el termini d'execució va finalitzar nou mesos després, el passat 28 de juliol de 2026.

Al mateix temps, consideren que actualment les obres continuen en marxa sense cap títol que les habilite legalment, ja que la declaració responsable hauria caducat, i afirmen que no es pot atorgar cap mena de pròrroga. A més, insistixen que, d'acord amb l'article 252 de la LOTUP, quan els actes d'edificació o ús del sòl es realitzen sense llicència, l'Alcaldia està obligada a ordenar, sense més tràmits, la suspensió immediata de les obres.

En segon lloc, denuncien que el nombre de finestrals oberts en la façana que recau en la zona enjardinada de l'edifici supera els declarats i inclosos en el títol habilitant, que, a més, estaria caducat. Així, acrediten, mitjançant la comparació dels plànols del projecte amb imatges fotogràfiques, que s'aprecia un nombre més gran d'obertures practicades —15 en planta baixa i 16 en entresolat—. En conseqüència, posen de manifest que es tracta d'una situació d'execució d'obres sense seguir les determinacions del projecte, tal com assenyala l'article 252 de la LOTUP i l'Informe d'Assessoria Jurídica publicat a principis de setembre.

Com va informar este periòdic, esta mateixa empresa és la que executa projectes molt similars, és a dir, allotjaments turístics en els baixos dels edificis residencials dels carrers de Carlos Cortina 2 i d'Encarna Albarracín. En tots els casos, les comunitats de veïns han denunciat les obres executades per la mercantil.

En el cas de Carlos Cortina 5 i d'Encarna Albarracín, principalment per l'alteració de les façanes que recauen en les zones comunes per a l'obertura de finestrals sense permís de la comunitat, cosa que pot xocar amb la Llei de Propietat Horitzontal. En el cas de Carlos Cortina 2, per l'eliminació de revestiments en pilars de càrrega mitjançant perforacions amb trepants hidràulics.

La promotora Business Decission and Advice SL està representada legalment pel despatx Soriano i Piqueras, del qual és cofundador Víctor Soriano, assessor adscrit a la Secretaria Primera del Senat, Eva Ortiz (PP). La firma té altres dos projectes en marxa a Torrefiel i la Raiosa.

La Abadía del Sacromonte, una de las joyas patrimoniales de Granada, podría cambiar para siempre. El Ayuntamiento de Granada está tramitando un proyecto, a petición del Arzobispado, para cambiar el uso de una parte del conjunto y permitir su conversión en un hotel de lujo. El plan, que está todavía en una fase inicial, contempla además tres plantas de aparcamiento subterráneo con 115 plazas y afecta a un espacio cuyo valor histórico, paisajístico y cultural trasciende al propio edificio.

No en vano, las historias del propio barrio del Sacromonte y de la Granada cristiana están íntimamente ligadas a la Abadía, bajo la que, presuntamente, se encontraron unos libros sagrados que recogían supuestas revelaciones de la propia Virgen sobre un cristianismo hermanado con el islam. Aunque hoy se considera que aquellos documentos fueron una falsificación elaborada en un contexto de persecución de los musulmanes, acabaron dando el nombre de sagrado al monte y a la Abadía que posteriormente se levantaría allí. De ahí que no solo esté en juego el futuro patrimonial de un edificio construido entre los siglos XVII y XVIII, sino también parte del acervo cultural que se ha construido alrededor de él. Por eso, los vecinos han presentado alegaciones y la oposición municipal también cuestiona el proyecto.

Pese a las dudas, el Ayuntamiento de Granada tramita desde hace meses la modificación del uso de parte del edificio para permitir un hotel de lujo que tendría una ubicación privilegiada, con vistas al propio Sacromonte y a la Alhambra, y que podría convertirse en un nuevo referente de la oferta turística de la ciudad. Sin embargo, además de las reservas por lo que supone la propia Abadía para Granada, hay más elementos que ponen en cuestión el futuro uso hotelero de este lugar. Sin ir más lejos, la Abadía tiene protección como Bien de Interés Cultural (BIC) y el entorno en el que se encuentra, el Valle del Darro, también está protegido como tal desde 2024. La propia declaración autonómica define el valle como un paisaje cultural formado por siglos de relación entre el territorio, el agua y las distintas formas de ocupación humana, e incluye expresamente las laderas de Valparaíso sobre las que se asienta el Sacromonte.

Un hotel para “conservar” la Abadía

El punto de partida del Arzobispado es relativamente claro: hay una parte del conjunto que está en desuso y mantener una construcción histórica de estas dimensiones requiere recursos. La solución que estudia la Iglesia pasa por permitir un nuevo uso en parte de la Abadía y ofrecerlo a inversores privados para que desarrollen allí un hotel. El Arzobispado insiste en que no está construyendo ningún hotel. Lo que hace, explica, es estudiar esa posibilidad para que un inversor pueda hacerse cargo del proyecto y contribuir con su actividad al mantenimiento del conjunto. “Se está estudiando un posible uso de una parte de la Abadía, que está en desuso, para ayudar al mantenimiento de este lugar”, señala la institución.

Todavía no hay, por tanto, un hotel aprobado ni siquiera se conocen todos los detalles de cómo sería. El Ayuntamiento está tramitando el cambio urbanístico que permitiría ese uso y el proyecto contempla una inversión de 24,4 millones de euros. Pero una de las principales incógnitas sigue siendo precisamente la dimensión que tendría el establecimiento y cuántas habitaciones acabaría teniendo. Sí hay, en cambio, una cifra concreta: 115 plazas de aparcamiento repartidas en tres plantas bajo tierra. Y es ahí donde las dudas empiezan a crecer.

Las alegaciones presentadas por los colectivos vecinales cuestionan que la documentación explique con suficiente claridad qué relación tendrá ese aparcamiento con el futuro hotel. El proyecto prevé unos 4.200 metros cuadrados de aparcamiento subterráneos, mientras que en superficie existen actualmente plazas de estacionamiento, árboles, paseos y miradores. Los colectivos consideran que la intervención sobre este espacio no está suficientemente explicada y reclaman que se aclare incluso el carácter de ese aparcamiento, que aparece definido como público.

El número de habitaciones tampoco figura en la documentación que se ha hecho pública. Y esa ausencia resulta relevante porque no genera el mismo impacto un pequeño alojamiento que un hotel con una actividad más intensa, restaurante, servicios complementarios o celebración de eventos. La arquitecta y especialista en patrimonio Blanca Espigares pone precisamente el foco en esa cuestión. Cree que las 115 plazas de aparcamiento hacen pensar en un establecimiento de cierta dimensión y plantea qué tipo de actividad se permitirá en el futuro espacio hotelero, incluida la posibilidad de celebrar bodas, bautizos, comuniones o grandes eventos.

La controversia tiene que ver también con algo más difícil de medir que los metros cuadrados: qué significa la Abadía para Granada. Los Libros Plúmbeos, las Santas Cuevas, los restos atribuidos a los discípulos de Santiago, la tradición de San Cecilio y la propia construcción de la Abadía forman parte de un relato que terminó dando nombre al monte y configurando la identidad del Sacromonte. El conjunto no es, por tanto, una construcción aislada que pueda entenderse únicamente desde su arquitectura. “Tenemos que entender cómo surge la Abadía”, explica Espigares, que recuerda que su historia está ligada a las cuevas y al aislamiento del lugar respecto de la ciudad. A su juicio, convertir una parte del conjunto en un establecimiento hotelero puede acabar alterando también esa relación histórica entre el edificio, el barrio y el paisaje.

Las alegaciones presentadas al Consistorio van precisamente en esa dirección. Los colectivos consideran que el cambio de uso no debe estudiarse únicamente como una operación urbanística, sino teniendo en cuenta los valores históricos, culturales y paisajísticos que justifican la protección del lugar. Y hay otro elemento que hace especialmente sensible cualquier transformación: no solo la Abadía está protegida. También lo está el territorio que la rodea. El Valle del Darro cuenta con protección como BIC y el Sacromonte forma parte de ese paisaje histórico. De ahí que los alegantes cuestionen que el proyecto pueda valorarse únicamente desde lo que ocurre dentro del edificio y reclamen que se tenga en cuenta todo lo que puede cambiar alrededor.

“Urbanismo a la carta”

Por otro lado, los colectivos consideran que el Ayuntamiento de Granada está modificando el planeamiento para hacer posible un proyecto concreto y califican el procedimiento de “urbanismo a la carta”. El cambio consiste en pasar una parte de la Abadía de su actual uso como equipamiento religioso a un uso residencial singular hotelero. Para los alegantes, el problema no es que Granada pueda tener nuevos hoteles, sino que el planeamiento se adapte cada vez que aparece un proyecto privado que necesita un cambio de uso.

El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, recuerda que la planificación urbanística debe responder al interés general y no únicamente a las necesidades de un propietario o de un inversor. Y cuestiona especialmente que el proyecto presente la transformación como una necesidad para el lugar. “El cambio de uso no es una necesidad. Puede ser, en todo caso, una conveniencia para la propiedad, que vislumbra con ese cambio de uso un negocio y un beneficio propio”, sostienen los alegantes.

La diferencia es importante porque el Arzobispado justifica el proyecto precisamente desde la necesidad de encontrar recursos para mantener la Abadía. Para los colectivos, esa necesidad no obliga a elegir un hotel y existen otras posibilidades que deberían estudiarse antes de modificar el planeamiento.

A su vez, el PSOE, desde la oposición consistorial, coincide en reclamar que se analicen alternativas. Su portavoz Juanjo Ibáñez insiste en que el debate no es “hoteles sí u hoteles no” y rechaza que la ciudad tenga que elegir entre convertir la Abadía en hotel o dejarla deteriorarse. “No es hotel o ruina”, sostiene. Una duda a la que se le añade el tamaño del propio aparcamiento. Las alegaciones advierten de que las obras afectarían a una zona actualmente ocupada por aparcamiento en superficie, árboles, paseos y miradores. También cuestionan la valoración que hace el proyecto de las rampas y otros elementos que tendrán que construirse para acceder a las plantas subterráneas. Pero además de lo que se verá, está lo que puede aparecer durante la excavación.

El Sacromonte es un territorio de cuevas y de ocupación histórica. Las propias alegaciones recuerdan los restos arqueológicos conocidos en el entorno y la relación de las cuevas con el origen de la Abadía. Por eso reclaman que se concrete qué actuaciones arqueológicas se realizarán antes y durante la excavación. Espigares incide también en este punto, precisamente por la singularidad del lugar. La historia de la Abadía está ligada a las cuevas y a los hallazgos que se produjeron en ellas, por lo que una excavación de tres plantas bajo tierra añade una intervención especialmente delicada. Las obras no se quedarían, además, bajo tierra. El proyecto contempla intervenir sobre los paseos y miradores y las alegaciones cuestionan que se haya estudiado suficientemente el efecto que tendrán las nuevas rampas, posibles elementos asociados a los accesos y el arbolado existente.

Los coches y el paisaje

No solo eso. El hotel estaría en uno de los lugares más singulares de Granada, pero también en uno de los más complicados para llegar. Las 115 plazas previstas significan, como mínimo, que el proyecto está pensado para recibir un número considerable de vehículos. A ellos habría que sumar los desplazamientos de trabajadores, proveedores, servicios y, dependiendo de cómo termine configurándose el establecimiento, visitantes que acudan a restaurantes o eventos.

Los vecinos reclaman que se estudie con detalle el incremento de tráfico y sus consecuencias sobre el entorno. El PSOE también ha pedido conocer cuántos desplazamientos generaría el hotel, qué vehículos utilizarían los accesos y qué capacidad tienen las carreteras para asumirlos. Una realidad que afecta especialmente al Camino del Sacromonte, que ya soporta el paso de taxis y minibuses turísticos. Blanca Espigares recuerda que el problema de la localización es que los clientes de un hotel situado allí dependerán en buena medida de vehículos para desplazarse por la ciudad.

También aparece el acceso por El Fargue, una vía cuya adaptación para soportar un incremento de tráfico tendría igualmente consecuencias sobre el paisaje del Valle del Darro. Es uno de los puntos donde la protección patrimonial deja de ser una cuestión exclusivamente arquitectónica. No basta con decidir qué se puede hacer dentro de la Abadía si para que ese uso funcione hay que modificar caminos, aumentar el tráfico o transformar el entorno.

Por otro lado, los colectivos consideran que la documentación utiliza criterios demasiado generales y que no analiza con suficiente detalle cómo cambiará la percepción de la Abadía desde su entorno. Entre las cuestiones que señalan están las rampas del aparcamiento, posibles elementos verticales, el arbolado, los accesos y las nuevas instalaciones que pueda necesitar el hotel. El PSOE reclama además que se estudien los corredores visuales hacia la Abadía y la Alhambra, la iluminación nocturna y la señalización. Porque en un lugar como el Sacromonte el paisaje no es simplemente el escenario sobre el que se coloca un edificio. Es parte de lo que se está protegiendo.

Y eso explica también la preocupación de Espigares. Para la arquitecta, la intervención puede ser compatible con el patrimonio si se hace con criterios adecuados, pero el resultado dependerá enormemente de cómo se intervenga en el edificio y de qué tipo de proyecto termine desarrollándose. Una rehabilitación respetuosa y un hotel que transforme profundamente los espacios interiores y exteriores pueden ser dos cosas muy diferentes.

Más presión turística

Por si fuera poco, el futuro hotel ayudaría a tensionar aún más a un entorno urbano que ya sufre desde hace tiempo la presión turística. El Albaicín y el Sacromonte llevan años soportando un turismo extranjero que no deja de crecer y los colectivos vecinales consideran que un nuevo establecimiento hotelero añadiría más visitantes y más actividad en un espacio que ya tiene problemas de movilidad, ruido, limpieza y ocupación del espacio público.

Su preocupación no se limita a la Abadía, sino en la transformación progresiva del barrio. “El Sacromonte no puede convertirse en una sucesión de negocios turísticos que termine destruyendo precisamente aquello que lo hace único, como está pasando en el Albayzín”, advierten desde Albayzín Habitable. Y recuerdan que el proyecto no tiene en cuenta el aumento de servicios que hará falta llevar hasta el entorno del Sacromonte. En sus alegaciones recuerdan que un hotel genera una población flotante formada por huéspedes, trabajadores y visitantes.

El PSOE plantea la misma cuestión desde el modelo de ciudad y reclama estudiar los efectos acumulativos de las nuevas instalaciones turísticas. Su argumento es que cada proyecto puede parecer asumible por separado, pero que la suma de hoteles, apartamentos y visitantes termina teniendo efectos sobre la movilidad, los servicios, la vivienda y los barrios. “Ningún territorio tiene una capacidad infinita”, dice Ibáñez.

Hay una cuestión más. Según las alegaciones, la Abadía ha recibido al menos 2,5 millones de euros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través del 1,5% Cultural y otros 1,1 millones de la Junta mediante el Plan Alhambra. En total, al menos 3,6 millones de euros de fondos públicos identificados en la documentación. De ahí que los vecinos se pregunten hasta qué punto se puede sufragar con dinero de todos un edificio que acabará teniendo parte de uso hotelero privativo si el Consistorio da luz verde.

También aquí el Arzobispado mantiene su argumento inicial: el futuro negocio serviría para generar recursos con los que mantener la Abadía. Espigares pone el foco en la otra parte de la ecuación: la obligación de conservar un BIC existe con independencia de que el propietario consiga o no convertir parte del conjunto en una actividad económica.

Silencio institucional

Mientras el cambio de uso llega, el Ayuntamiento de Granada, que es quien está llevando adelante el expediente urbanístico, evita entrar al fondo de todas las cuestiones planteadas. Preguntado por las características concretas del proyecto, el Consistorio se limita a decir que se encuentra en un momento “muy incipiente” para avanzar detalles y remite a las explicaciones del Arzobispado como promotor.

Y el Arzobispado, por su parte, señala que todavía está estudiando la posibilidad, que no construirá directamente el hotel y que no hay nada aprobado hasta el momento. Por eso, tampoco concreta todavía aspectos como el número de habitaciones o el funcionamiento del establecimiento. En cuanto a la protección de la Abadía y del paisaje, la Junta tampoco da detalles. La Delegación de Cultura señala que el proyecto todavía no ha llegado al momento de las autorizaciones patrimoniales y que no existe por ahora ninguna previsión oficial sobre cómo se llevará a cabo dicha protección.

Así, el hotel todavía no existe. No se conoce la dimensión final del mismo en cuanto a la presión turística que añadirá y el proyecto puede sufrir modificaciones durante su tramitación, pero sí existe ya una propuesta para cambiar el uso de una parte de la Abadía y hacer posible ese futuro negocio. Una propuesta que pone en jaque el patrimonio cultural de uno de los enclaves más importantes de Granada.

La ciudad, que lleva siglos construyendo alrededor del Sacromonte su propia historia, debe decidir cómo abordar su futuro. Primero fueron las cuevas, después los hallazgos de los Libros Plúmbeos y la construcción de la Abadía. Ahora, cuatro siglos después, el Ayuntamiento tramita la posibilidad de añadir una nueva pieza a esa historia: un hotel de lujo. La duda es si esa nueva pieza puede incorporarse sin cambiar demasiado el paisaje, el barrio y el patrimonio que precisamente hacen de la Abadía uno de los lugares más importantes de Granada.

“Soy la última vecina de la calle”. La que lo dice es Paloma Navarro, una mujer de Granada que se enfrenta al desahucio de la que es su casa desde hace 35 años. Lo dice con la voz entrecortada, mirando con la rabia de quien se siente injustamente tratada, pero convencida de que antes de expulsarla de su vivienda ella va a dar batalla. No en vano, el propietario del inmueble, Estudios y Gestión Integral de Inmuebles, es un gran tenedor que adquirió todo el edificio —seis pisos en total— en el año 2024 y que, desde entonces, trata de echar a esta vecina del centro histórico granadino.

Pretende expulsarla del que es su hogar desde hace más de tres décadas pese a que tanto ella como su familia han vivido siempre en él sin dejar nunca de pagarlo. “Ahora mismo estoy sola y saben que soy más vulnerable”, lamenta Paloma, asumiendo que su batalla legal va a ser complicada. De hecho, este 21 de septiembre tiene el juicio por la demanda de desahucio interpuesta por los propietarios y no es optimista con el resultado. Según explica, el principal problema que tiene es que, además del interés de la empresa por expulsarla para remodelar el edificio para sacar más dinero por los pisos, el contrato que tiene lo firmó su padre en 1991, pero él falleció en 2002 sin que se haya subrogado. Algo a lo que se agarra Estudios y Gestión Integral de Inmuebles para afirmar que la casa en la que vive Paloma desde que tenía 7 años no es su casa.

Sin empleo estable, sin familia próxima, ya que sus padres fallecieron y sus hermanas no viven cerca, la situación económica de Paloma es de extrema vulnerabilidad. Paga una mensualidad que ronda los 350 euros y, pese a sus problemas monetarios, ha intentado negociar con la propiedad para subir la renta y acercarla al precio de mercado. “Soy consciente de que vivo en una zona donde el precio es más alto y aunque me cueste por mis ingresos, quiero llegar a un acuerdo, pero se niegan a escucharme”, lamenta. De hecho, cuenta que, tras hablar en persona con el propietario del inmueble, este le dijo que entendía su situación, pero que le entendiese a él, que ya había contratado la licencia para hacer obras y adaptar el edificio para sus proyectos inmobiliarios.

Paloma recuerda incluso el momento en el que el actual propietario conoció el interior de su casa. Fue antes de que el edificio cambiase de manos. Según cuenta, los antiguos propietarios le avisaron de que iba a acudir un arquitecto para estudiar la posibilidad de instalar un ascensor. El hombre que se presentó en su vivienda fue Rubens Cortés, al que identifica como la persona vinculada a la actual propiedad. Entró en la casa, recorrió las habitaciones y tomó fotografías. “Él ha estado aquí, él tiene las pruebas de que sabe que yo vivía aquí”, asegura Paloma, que conserva en su memoria aquella visita.

La escena, recuerda, tuvo lugar poco antes de que el inmueble fuese vendido. Paloma estaba en casa cuando el arquitecto, que es también el CEO de la inmobiliaria que posee su edificio, le pidió permiso para hacer fotografías en el interior. Ella accedió, aunque le llamó la atención que quisiera retratar distintas estancias. “Me preguntó, soy el arquitecto, ¿puedo echar unas fotos?”, relata. Después, asegura que el hombre le explicó que necesitaba comprobar las características del edificio y estudiar un posible acceso.

Unos meses después, cuenta, llegó la operación de compraventa y, con ella, el cambio de escenario para los vecinos que todavía permanecían en el inmueble. Paloma asegura que poco después recibió un burofax en el que se ofrecía a los residentes la posibilidad de comprar el edificio, una operación que cifraba en unos 800.000 euros. “Sabían que no teníamos 800.000 euros para comprar el edificio entero”, recuerda. Además, se da la circunstancia de que tres de los seis pisos de la finca llevan años vacíos y que los otros dos que quedan cuentan con alquileres temporales que acaban el próximo mes de abril, por lo que Paloma es la única residente fija que queda. La última vecina, junto a su gata, y la más vulnerable.

Dos años de presiones

Desde que se produjo la compra del edificio, la relación con la nueva propiedad ha estado marcada por los burofaxes. El primero que Paloma recuerda llegó en 2023 y tenía como asunto el pago del alquiler: incluía un número de cuenta al que debía seguir ingresando la mensualidad. Después llegó la comunicación de que el contrato no sería renovado. Hasta ese momento, el alquiler se había ido prorrogando anualmente y, según cuenta, la familia había seguido pagando con normalidad. En marzo de 2024 recibió el aviso de que la propiedad prescindía de esa renovación y que debía abandonar la vivienda.

Paloma no aceptó. Bajó a las oficinas que la empresa tiene en el mismo entorno de Plaza Nueva e intentó hablar con sus responsables. Primero con una empleada y después, según relata, con la mujer del propietario. La respuesta fue que no habría un nuevo contrato porque se iban a realizar obras en el edificio. Ella llegó incluso a hablar personalmente con Rubens para explicarle que llevaba toda su vida allí. “Él me entendía a mí, pero que lo entendiera yo a él”, recuerda que le dijo el propietario, según su versión, mientras le explicaba que tenía una licencia solicitada para realizar las obras.

La negociación no llegó a ninguna parte. Paloma asegura que estaba dispuesta incluso a asumir una subida del alquiler para adaptar la mensualidad al nuevo precio de la zona. Pagaba menos de 360 euros al mes y, pese a su situación económica, estaba dispuesta a hacer un esfuerzo para seguir viviendo en la casa. “Yo le dije que incluso estaba dispuesta a pagar más, que yo lo entiendo, que las cosas han subido, pero nada, nada”, explica.

La propiedad optó finalmente por acudir a los tribunales. El procedimiento iniciado contra Paloma es un desahucio por precario, una acción con la que la empresa reclama recuperar la posesión de la vivienda al considerar que ella carece de título para ocuparla. El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Granada identifica expresamente a Estudio y Gestión Integral de Inmuebles como una entidad mercantil con condición de gran tenedora.

La situación económica de Paloma ha quedado además recogida en el propio procedimiento. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granada emitieron en junio de 2025 un informe en el que concluyeron que se encontraba en situación de vulnerabilidad social y económica. Un mes después, el juzgado dejó constancia de que estaba desempleada, no tenía bienes inmuebles y no había recibido una alternativa habitacional por parte de la Administración.

La jueza rechazó la suspensión extraordinaria que Paloma había solicitado al amparo de una de las medidas previstas para determinados hogares vulnerables, al considerar que no cumplía los requisitos específicos establecidos por esa norma. Pero, al mismo tiempo, acordó suspender el procedimiento durante un máximo de cuatro meses en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y ordenó poner la resolución en conocimiento de los Servicios Sociales para promover el acceso de Paloma a los recursos necesarios, incluida una solución habitacional.

Ese tiempo, sin embargo, no ha resuelto el problema. Paloma tiene ahora que enfrentarse al juicio y a la posibilidad de perder la vivienda en la que se crio. Mientras tanto, ha rechazado, según cuenta, una oferta de 5.000 euros para abandonar el piso. Asegura que inicialmente se le ofrecieron 2.000 euros y que la cantidad aumentó después hasta los 5.000. “Como si me estuvieran haciendo un favor”, lamenta.

La alternativa que le queda pasa por resistir mientras se resuelve el procedimiento y tratar de encontrar una solución habitacional. Está inscrita como solicitante de vivienda protegida y asegura que se le ha aplicado un mecanismo que le permite tener prioridad cuando haya una vivienda disponible, pero ella misma señala la dificultad de que ese recurso llegue a tiempo. “Fíjate la de edificios vacíos que hay, pudiendo empezar por ahí”, lamenta.

Paloma no está sola

En su defensa no está sola. Stop Desahucios, el Sindicato de Vivienda y colectivos como Albayzín Habitable y Realejo Habitable la acompañan en el proceso. Para Ariadna, integrante de Stop Desahucios, la cuestión trasciende el caso concreto de Paloma. El colectivo asegura haber identificado otros edificios completos vinculados al entorno empresarial de Rubens Cortés y sitúa el caso dentro de la transformación residencial que, a su juicio, está experimentando el centro histórico de Granada. Según explica, el grupo ha localizado cuatro edificios completos en el entorno de calle Elvira y Plaza Nueva. Esta información, que procede del colectivo y que aparece en una web vinculada a la empresa, no ha podido ser contrastada con la propiedad.

La organización considera que el conflicto refleja una transformación más amplia del Albaicín y del centro de Granada, donde cada vez resulta más difícil que quienes han vivido históricamente en el barrio puedan seguir haciéndolo. “El barrio se cuida con vecinas”, resume Ariana, portavoz de Stop Desahucios y una de las personas que está más cerca de Paloma en todo este caso. Desde la plataforma sostienen que el problema ya no es solamente el precio de la vivienda, sino la progresiva desaparición de vivienda disponible para residentes en Granada capital.

La transformación del centro histórico también ha ido borrando la vida de barrio que Paloma recuerda. Cuenta que cada vez quedan menos vecinos de toda la vida, mientras las maletas y los turistas se han convertido en una imagen habitual de Plaza Nueva y el Albaicín. A su alrededor, dice, han desaparecido comercios tradicionales y han proliferado alojamientos y negocios orientados al turismo, haciendo cada vez más difícil que las familias puedan seguir viviendo en el barrio.

En el caso de Paloma, además, Stop Desahucios plantea que el hecho de que el contrato figure a nombre de su padre no debería cerrar necesariamente la puerta a su permanencia. Ariana explica que el colectivo ha defendido en otros procedimientos la subrogación de contratos de padres a hijos y considera relevante que Paloma nunca abandonase la vivienda. “Cuando su padre firmó el contrato, Paloma ya estaba dentro”, señala.

La organización admite, en todo caso, que la vía judicial será complicada. El auto dictado en julio ya estableció que Paloma no reunía los requisitos concretos para acogerse a una de las suspensiones extraordinarias previstas para determinados ocupantes vulnerables. Pero Stop Desahucios considera que existen otros argumentos jurídicos que deben ser estudiados y que, incluso en caso de una sentencia desfavorable, todavía habría margen para recurrir y negociar con la propiedad.

Paloma afronta así un juicio que para ella va mucho más allá de una disputa sobre un contrato. En las paredes de su casa siguen las fotografías familiares: sus padres, sus hermanas, los antiguos vecinos y las vivencias que se han desarrollado en esas habitaciones. Son imágenes de una vida que se ha desarrollado casi entera en esas estancias. Ella llegó con siete años y ahora, con 42, se enfrenta a la posibilidad de tener que marcharse.

“Que me he criado aquí, que llevo aquí desde los 7 años, y que este señor no necesita la vivienda para vivir”, dice cuando se le pregunta qué le pediría a la jueza. Y añade una frase que resume su situación: “Jamás en la vida hemos faltado un pago, que hay pruebas”. Ni Estudio y Gestión Integral de Inmuebles ni el propietario al que Paloma identifica como responsable de la operación han respondido a las preguntas formuladas por este medio. Tampoco el Ayuntamiento de Granada ha respondido a las cuestiones planteadas sobre el caso y la situación habitacional de Paloma.

Més de dos anys després que tiràs a caminar el Pacte per la Sostenibilitat de les Balears, presentat pel Govern de Marga Prohens com el gran full de ruta per transformar el model turístic de les illes, el PP i Vox han rebutjat aquest dijous que l'Executiu autonòmic, a través del director general de Diàleg Social, doni explicacions al Parlament sobre què queda d'aquell procés.

La petició, registrada pels diputats socialistes Llorenç Pou, Àlex Pitaluga, Malena Riudavets i Verónica Llufriu, ha estat tombada per set vots enfront de sis: els conservadors i Vox s'hi han oposat, mentre que el PSIB-PSOE, Més per Mallorca i Més per Menorca hi han votat a favor.

El Govern va anunciar el Pacte com un ampli procés de participació per transformar el model econòmic, social i turístic de les Balears, però les discrepàncies sobre la metodologia, la transparència i la representació de la societat civil van derivar en un progressiu degoteig d'abandonaments entre partits polítics i organitzacions socials.

La primera fase va comptar amb 12 grups de treball i va culminar el febrer de 2025 amb les denominades Bases de l'Agenda de Transició, un document de 350 pàgines que recollia més d'un centenar d'objectius.

Prohens va arribar a lliurar l'informe al rei Felip VI i va reivindicar que aquest “procés de transformació” és “únic a tot Espanya i pioner en la resta de regions europees”, malgrat que, sis anys abans, més de 60 científics de la Universitat de les Illes Balears (UIB) -biòlegs, físics, economistes, juristes, enginyers, especialistes en intel·ligència artificial i geògrafs, entre d'altres- ja havien elaborat un diagnòstic integral de les illes amb l'horitzó posat en el 2030, amb la participació de més de 400 persones i més de 140 propostes d'actuació.

Després de l'elaboració de les Bases de l'Agenda de Transició, la segona fase va traslladar el protagonisme cap a una estructura més reduïda: el Govern va reorganitzar els 12 grups de treball inicials en cinc grups, cadascun vinculat als grans objectius establerts en el document. L'assessorament tècnic i el desenvolupament d'aquesta dinàmica van quedar novament en mans del coordinador tècnic del procés, Antoni Riera.

Durant la presentació d'aquesta segona fase, Prohens va tornar a reivindicar el compromís de l'Executiu amb el diàleg social i va anunciar la seva intenció de dotar el Pacte per la Sostenibilitat d'una estructura permanent que acompanyàs el procés. La presidenta va defensar que Balears havia de continuar avançant per afrontar el canvi de rumb del model turístic cap a la sostenibilitat i el benestar de la ciutadania.

Precisament per això, els socialistes pretenien que el responsable de Diàleg Social, José Antonio Caldés, acudís al Parlament per explicar l'estat d'aquest procés, quines entitats hi continuen participant i quines propostes de les meses han acabat convertint-se en mesures concretes. La compareixença, tanmateix, no es produirà després del rebuig d'aquest dijous.

Abandonament de partits i entitats

El primer a sortir de les taules va ser el Fòrum de la Societat Civil, que el novembre de 2024 va suspendre la seva participació en considerar que el procés mancava d'una metodologia participativa, rigorosa i transparent. Poc després, el GOB també va abandonar la taula per les polítiques «regressives» de l'Executiu, especialment després de l'aprovació de la llei de simplificació administrativa, criticada per flexibilitzar la normativa urbanística i ambiental. A aquestes organitzacions s'hi van sumar la Federació d'Associacions de Veïns de Palma i EAPN, entre d'altres.

El procés va perdre també progressivament el suport dels partits d'esquerres. El PSIB va anunciar el gener de 2025 la seva sortida, al·legant falta d'ambició, diàleg i propostes per combatre la saturació turística. Una setmana després, Més per Mallorca va comunicar el seu abandonament en considerar que no hi havia avenços significatius i que la metodologia no era “clara ni eficient”. Finalment, Més per Menorca va abandonar el pacte el febrer, just abans de la presentació de les conclusions de la primera fase. D'aquesta manera, a les portes d'aquella presentació, PP i Vox eren els únics grups que continuaven formalment en el Pacte.

Más de dos años después de que echase a andar el Pacto por la Sostenibilidad de Balears, presentado por el Govern de Marga Prohens como la gran hoja de ruta dirigida a transformar el modelo turístico de las islas, PP y Vox han rechazado este jueves que el Ejecutivo autonómico, a través del director general de Diálogo Social, dé explicaciones en el Parlament sobre qué queda de aquel proceso.

La petición, registrada por los diputados socialistas Llorenç Pou, Àlex Pitaluga, Malena Riudavets y Verónica Llufriu, ha sido tumbada por siete votos frente a seis: conservadores y extrema derecha se han opuesto a la iniciativa, mientras que PSIB-PSOE, Més per Mallorca y Més per Menorca la han apoyado.

El Govern anunció el Pacto como un amplio proceso de participación para transformar el modelo económico, social y turístico de Balears, pero las discrepancias sobre la metodología, la transparencia y la representación de la sociedad civil derivó en un progresivo goteo de abandonos entre partidos políticos y organizaciones sociales.

La primera fase contó con 12 grupos de trabajo y culminó en febrero de 2025 con las denominadas 'Bases de la Agenda de Transición', un documento de 350 páginas que recogía más de un centenar de objetivos.

Prohens llegó a entregar el informe al rey Felipe VI reivindicando que este “proceso de transformación” es “único en toda España y pionero en el resto de regiones europeas”, a pesar de que, seis años antes, más de 60 científicos de la Universitat de les Illes Balears (UIB) -biólogos, físicos, economistas, juristas, ingenieros, especialistas en inteligencia artificial y geógrafos, entre otros) habían elaborado ya un diagnóstico integral de las islas para el horizonte 2030 con la participación de más de 400 personas y más de 140 propuestas de actuación.

Tras la elaboración de las 'Bases de la Agenda de Transición', la segunda fase trasladó el protagonismo hacia una estructura más reducida: el Govern reorganizó los 12 grupos de trabajo iniciales en cinco grupos más reducidos, cada uno vinculado a los grandes objetivos establecidos en el documento. El asesoramiento técnico y el desarrollo de esta dinámica quedaron nuevamente en manos del coordinador técnico del proceso, Antoni Riera.

Durante la presentación de esa segunda fase, Prohens volvió a reivindicar el compromiso del Ejecutivo con el diálogo social y anunció su intención de dotar al Pacto por la Sostenibilidad de una estructura permanente que acompañara el proceso. La líder autonómica defendió que Balears debía seguir avanzando para afrontar el cambio de rumbo del modelo turístico hacia la sostenibilidad y el bienestar de la ciudadanía.

Precisamente por ello, los socialistas pretendían que el responsable de Diálogo Social, José Antonio Caldés, acudiera al Parlament para explicar el estado de ese proceso, qué entidades continúan participando y qué propuestas de las mesas han acabado convirtiéndose en medidas concretas. La comparecencia, sin embargo, no se producirá tras el rechazo de este jueves.

Abandono de partidos y entidades

El primero en salir de las mesas fue el Fòrum de la Societat Civil, que en noviembre de 2024 suspendió su participación al considerar que el proceso carecía de una metodología participativa, rigurosa y transparente. Poco después, el GOB también abandonó la mesa por las políticas “regresivas” del Ejecutivo, especialmente tras la aprobación de la ley de simplificación administrativa, criticada por flexibilizar la normativa urbanística y ambiental. A ellos se sumaron la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma y EAPN, entre otras organizaciones.

El proceso perdió también progresivamente el respaldo de los partidos de la izquierda. El PSIB anunció en enero de 2025 su salida, alegando falta de ambición, diálogo y propuestas para combatir la saturación turística. Una semana después, Més per Mallorca comunicó su abandono al considerar que no había avances significativos y que la metodología no era “clara ni eficiente”. Finalmente, Més per Menorca abandonó el pacto en febrero, justo antes de la presentación de las conclusiones de la primera fase. De esta forma, en vísperas de esa presentación, PP y Vox eran los únicos grupos parlamentarios que continuaban formalmente en el Pacto.

“The trafic is so wild” [¡El tráfico es tan loco!], afirma una modelo tumbada sobre el capó de un coche, concretamente un taxi, cuyo conductor la reprime con el cláxon para que se levante y le deje avanzar por la céntrica calle de Jaume I de Barcelona.

Así empieza el último spot que la marca de ropa catalana Desigual ha colgado en redes y que ha sido blanco de las críticas por ofrecer una visión de la capital catalana que decenas de usuarios han considerado una “burla” al problema de la gentrificación y la turistificación.

La marca de ropa ha respondido a las críticas y se ha disculpado por el anuncio, con el que pretendían “usar el humor para hablar de la gentrificación y la turistificación de Barcelona. No era el lugar para la ironía. Lo hemos entendido”, dicen. La empresa ha emitido un comunicado a raíz de la polémica, pero se ha negado a retirar el vídeo a pesar de las exigencias en los comentarios.

Los usuarios barceloneses no han visto ironía en el anuncio y, por contra, han respondido airados por lo que consideran una muestra de “mal gusto” que “ridiculiza nuestra ciudad”, afea una. Otra tilda de “vergüenza” este spot que “legitima el incivismo de los turistas”.

Se trata de un vídeo de poco más de treinta segundos en el que la modelo recorre diversos escenarios conocidos de la ciudad como la Plaça de la Catedral o el carrer del Bisbe, saturando las calles para hacerse selfies o pagando 9,50€ por un café con hielo. Todo ello, rociado con máximas que han molestado a los internautas barceloneses.

“We love our palomas”, dice mientras pasea a dos de estas aves atadas con correas. “Everyone wants your bag!” [¡Todo el mundo quiere tu bolso!], asevera con una risa infantil mientras una mano perteneciente a alguien que queda fuera de plano intenta robarle su mochila. “Barcelona es el lugar más tranquilo para pasear”, asevera la muchacha a la que una local le recrimina, en catalán: “amor, estàs al mig, deixa passar”.

La marca insiste en que Barcelona es “parte esencial” de su identidad y que su objetivo es contribuir a “su proyección”, pero “siempre desde el respeto hacia la ciudad y las personas que la hacen posible”, han explicado en el comunicado.

El 25 de marzo de 2026, decenas de personas se dieron cita en Salou, en la Costa Daurada de Tarragona, para la presentación de la asociación Trabajadores por el Alquiler Turístico, un grupo que quiere “proteger” a los empleados del sector. El lugar escogido no era baladí, puesto que esta ciudad es la segunda con más apartamentos turísticos de Catalunya y suponen cerca del 23% del total de viviendas del municipio.

La asociación nació con un objetivo claro: plantar batalla ante el Decreto Ley 3/2023, que limita las VUT (Vivienda de Uso Turístico) en zonas tensionadas. Esta medida, aprobada por el Parlament, pretende mitigar la crisis habitacional y es la base que ha encontrado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para prometer acabar con estos alojamientos de cara a 2028.

A pesar de que diversos estudios han demostrado que las viviendas turísticas son una de las causas que explican el encarecimiento de la vivienda y la gentrificación de los barrios, para esta asociación el Decreto Ley es una mala noticia. Aseguran, por un lado, que si “los pequeños propietarios” que explotan las viviendas turísticas tienen que dejar ese negocio, sus pisos acabarán “en manos de grandes tenedores”. Además, consideran que supondrá “el ERE más grande de Catalunya y pone en riesgo 200.000 empleos directos e indirectos”.

Por eso, han decidido agruparse. Según aseguran en su web, Trabajadores por el Alquiler Turístico está formada por empleados que se dedican a la limpieza, mantenimiento o atención al viajero, así como integrantes de negocios indirectos como lavanderías, transporte, ocio y restauración. Dicen tener 2.292 “trabajadores asociados”.

Pero esa definición no ha sido siempre la misma. La asociación, en realidad, nació en octubre de 2025 bajo el nombre de Movimiento para el Alquiler Turístico y entonces decía estar formada por “familias trabajadoras” que, explicaban, se ganaban un sobresueldo con los apartamentos turísticos.

No fue hasta el 31 de enero de 2026 —el día antes de inscribirse en el registro de entidades de la Generalitat— cuando la entidad pasa a llamarse Trabajadores por el Alquiler Turístico y decir que representan, ya no a familias, sino a empleados.

Cuando se echa un vistazo a los nombres de la junta directiva que figuran en el registro de entidades de la Generalitat, la realidad es muy distinta: aparecen empresarios, abogados especializados en la defensa de propietarios de fincas turísticas, trabajadores de inmobiliarias y de fondos de inversión.

La cara más visible de la asociación es la de su presidente y portavoz, Guillem Laporta, cuya carrera profesional nada tiene que ver con el sector turístico. Es empleado con título de partner en Ysios, una gestora de capital de riesgo especializada en biotecnología. Su único vínculo con el sector turístico es que “administra” una propiedad individual, según reconoció en una entrevista.

Laporta es el único miembro de la junta cuyo nombre ha trascendido, es el portavoz de la entidad con los medios y es el miembro de la cúpula con un trabajo habitual no directamente relacionado con el turismo, como sí sucede con el resto de los integrantes del órgano directivo de la entidad.

Uno de los nombres más destacados es el de Dylan Tarín, que ejerce como secretario. Es abogado especializado en vivienda fue el letrado de la asociación Acaba, formada por personas que fueron sancionadas por el Ayuntamiento de Barcelona en 2021 por ofertar sus apartamentos en Airbnb sin licencia. Cuatro años antes, el consistorio ya había multado a la plataforma con 600.000 euros por anunciar pisos turísticos ilegales y después fue a buscar a los usuarios que se lucraban sin haber formalizado dicha actividad económica.

En la web de Acaba se explica que sus miembros “no son especuladores”, sino “vecinos sin recursos que se vieron obligados a buscar ingresos adicionales para subsistir”. Aunque aseguran querer luchar contra “la especulación inmobiliaria asociada al turismo”, todos decidieron convertir viviendas en pisos turísticos ilegales, en lugar de ponerlas en el mercado regular. Llegaron a ser más de 300 miembros condenados por infracciones que se multan desde los 60.000 euros.

A preguntas realizadas por este medio, desde la Asociación han querido destacar que Tarín no sólo ha ejercido como abogado en defensa de propietarios sancionados y insisten en que es “relevante” mencionar que también ha defendido a inquilinos, incluyendo a personas en procesos de desahucio.

También está en la junta, como tesorera, María Tutusaus Besante, CEO y fundadora de BCN Apartment Rentals, un portal que anuncia pisos turísticos de lujo y alquileres de temporada. Una noche en uno de esos apartamentos oscila van desde los 158 para pisos de una habitación hasta los 800 euros para apartamentos de cinco estancias (a los que hay que sumar tarifas de entre 100 y 200 euros en concepto de “servicio”); mientras que la renta de temporada va de los 2.500 a los 7.300 euros al mes, en función del número de habitaciones.

Tutusaus es igualmente fundadora de Bedloop, un software para gestionar “diversos” alquileres vacacionales. Se trata de una herramienta para empresas y particulares que tengan pisos o fincas turísticas. Quien también tiene vínculos con el sector turístico es Eduardo Suárez Mejuto, administrador de Black Swang, un albergue con sedes en Barcelona, Sevilla y Granada.

La otra persona que en el registro de la Generalitat figura como vocal es Pau Bosch Domínguez, arquitecto, paisajista y expresidente de Amics de la Rambla, una entidad que se dedica a representar a las empresas y negocios de uno de los enclaves más turísticos de Barcelona. Ejercer su presidencia garantiza una silla, a su vez, en la junta de Barcelona Oberta, un lobby de empresas y ejes comerciales que representan “el turismo de compras” y que se ha posicionado abiertamente y en diversas ocasiones contra las normativas que regulan las VUT, así como contra el aumento de la tasa turística.

Cabe destacar que, una vez publicado este reportaje, la entidad ha contactado a este medio para explicar que ni Bosch, ni Tarín ni Suárez forman ya parte de la junta directiva desde hace algún tiempo. Ahora bien, se trata de una decisión que todavía no se ha ratificado en asamblea general ni, por tanto, se ha comunicado al registro de entidades de la Generalitat. Con todo, aunque no ejerzan de manera efectiva en la junta, siguen siendo oficialmente parte del órgano directivo de la asociación.

¿200.000 personas a la calle?

“Hablamos de personas que solo tienen un piso para alquiler turístico, muchas veces gente mayor que necesita complementar sus pensiones”. Esta afirmación —que no contempla el mercado residencial como una opción— aparece en el tráiler de un documental, Al carrer per decret, que la asociación de Trabajadores por el Alquiler Turístico está financiando con un crowdfounding que ha recaudado 50.000 euros.

En él aparecen diversos testimonios de propietarios y personas que se dedican al sector, como limpiadoras o administradores de apartamentos. Forman parte de las 200.000 personas que, según la entidad, podrían verse afectadas por el “ERE más grande de Catalunya”.

Esta es una afirmación sin base, puesto que la norma no obliga, en ningún caso, a prohibir ni clausurar todos los apartamentos turísticos. Lo que establece es que las licencias tendrán un máximo de 5 años y que solo se renovarán si el consistorio así lo decide. De momento, Barcelona es el único municipio que ha apostado por la extinción total de este modelo. También afecta a los municipios tensionados, en los que se establece que no se pueden otorgar más de 10 licencias turísticas por cada 100 habitantes.

Según ha explicado la entidad, los 200.000 despidos son “estimaciones propias” que incluyen a cualquier persona que tenga el mínimo contacto profesional con un piso turístico, lo que también implica a trabajadores de la hostelería y la restauración. Por ello, la misma entidad matiza que su estimación de empleo directo es de 35.000 personas en Catalunya. Una cifra que, en la ciudad de Barcelona, se sitúa en las 16.300, según cálculos del Ayuntamiento.

Entre estas personas están trabajadoras de piso como Las Kellys, colectivo al que la asociación ha hecho referencia en varias ocasiones. Las han apoyado públicamente en sus reivindicaciones y las han contemplado como parte de esas personas que perderían el empleo en caso de prohibirse los VUT. Pero ellas mismas han corrido a desvincularse de esas ideas e, incluso, consideran que el fin de este modelo de alojamiento como una oportunidad para “repensar el modelo”. Insisten en que el crecimiento del turismo “no ha ido ligado a una mejora de las condiciones laborales”.

Al contrario, aseguran que “la expansión de los apartamentos turísticos ha generado una precarización mayor” de sus trabajadores. Las Kellys asumen la tesis del Ayuntamiento, que quiere que la prohibición de los apartamentos comporte la redirección de los turistas hacia los hoteles.

“La infraestructura hotelera puede reabsorber a gran parte de estas trabajadoras”, sostienen las camareras de piso; algo que consideran una mejoría, ya que supondría un traslado a un sector con más regulación y más amparada por “convenios colectivos y representación sindical”.

Las asociaciones vecinales Amigos de Cazoña, Cueto, Defensa de El Sardinero, Pombo-Cañadío-Ensanche y San Joaquín se han unido para lanzar el manifiesto conjunto “Santander está enferma”. Esta iniciativa busca abrir un debate ciudadano sobre el futuro del modelo urbano y proponer ideas que involucren al resto de colectivos y a las instituciones.

Los colectivos firmantes advierten que la ciudad “amable” que definió la identidad de la capital cántabra está dejando paso a un panorama marcado por “la suciedad, los ruidos constantes, las borracheras, los orines, la presencia de cristales rotos y una ocupación descontrolada de las calles”. Lejos de ser hechos aislados o molestias veraniegas temporales, denuncian que se trata de un problema estructural derivado de “un modelo de gestión que ha relegado la calidad de vida y la convivencia de los residentes a un segundo plano”.

Las consecuencias se repiten sistemáticamente. Cada noche, varias calles se convierten en espacios de consumo masivo de alcohol, acumulando basura y ruidos molestos que impiden el descanso vecinal hasta la madrugada, dejando un rastro de suciedad, orines, cristales y mobiliario dañado cada mañana. A esto se añaden la congestión circulatoria y un “uso desproporcionado del espacio público” que, dice, acentúa el desorden.

Ordenanzas que no se aplican

El manifiesto recalca que el origen de esta situación no radica en la falta de regulación. Santander dispone de ordenanzas sobre convivencia ciudadana, contaminación acústica, consumo de alcohol en vía pública y uso del suelo común. El problema principal radica en que estas normativas “no se aplican” de manera efectiva por parte de las autoridades locales. Esta inacción transmite a los ciudadanos un peligroso mensaje de impunidad, sugiriendo que, en determinadas épocas del año, “todo vale”.

Por otra parte, la coalición vecinal recuerda que mantener una ciudad va más allá de limpiarla cada mañana. Exigen planes continuos de mantenimiento urbano, conservación de espacios de tránsito, atención a zonas verdes y arbolado, y el respeto por el patrimonio histórico y las tradiciones locales.

Turismo compatible y diversificación económica

El movimiento vecinal aclara que no se posiciona en contra del sector turístico, reconociendo su papel estratégico en la generación de riqueza local. Sin embargo, sostienen que el turismo nunca puede desarrollarse contra la ciudad que lo acoge ni socavar el derecho fundamental de los vecinos a descansar y disfrutar de su entorno. Para los colectivos, “el éxito de Santander no puede medirse únicamente por indicadores cuantitativos como la cantidad de visitantes, terrazas o eventos organizados”.

Frente al desarrollo turístico, los vecinos reclaman una economía más diversa capaz de retener el talento joven y ofrecer oportunidades profesionales de calidad. Se trata de conservar elementos genuinos como la escala humana, la tranquilidad y el respeto mutuo, diferenciando a Santander de otros destinos masificados.

Renaturalización y mejora del transporte colectivo

La propuesta vecinal mira hacia el futuro sostenible de la capital. Según el manifiesto, una ciudad adaptada al siglo XXI debe priorizar la salud pública y la adaptación activa al cambio climático. Para ello, abogan por una renaturalización decidida mediante el aumento de zonas arboladas y áreas verdes urbanas.

Además, consideran fundamental priorizar el transporte público colectivo y promover una movilidad más respetuosa, reduciendo la dependencia del coche para lograr un entorno más accesible y seguro.

Llamamiento a la acción y colaboración

Los colectivos impulsores reiteran que su propósito no es la confrontación, sino el aprecio por su ciudad y la convicción de que todavía es posible corregir el rumbo. Con este fin, invitan formalmente a más asociaciones, entidades colectivas y ciudadanos independientes a unirse al documento para construir propuestas comunes y trabajar de la mano con las instituciones públicas.

“Queremos avanzar sin perder nuestra identidad. Que Santander cambie, mejore y prospere, pero que siga siendo reconocible para quienes la quieren y la viven”, concluye un manifiesto que reivindica que la ciudad pertenece, por encima de todo, a sus ciudadanos.

Muy cerca de la emblemática Plaza de Zocodover de Toledo se encuentra la calle de La Plata. Nace en diagonal a su arteria principal, la calle Comercio, lo que la convierte en un enclave de lo más apetecible para los numerosos proyectos turísticos que no paran de multiplicarse en el Casco Histórico de esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

El ejemplo de mayor relevancia se encuentra ahora en el macrohotel de 80 habitaciones dobles y cuatro alturas que la promotora Delfín S.A. quiere construir en ocho inmuebles que ocupan casi 7.000 metros cuadrados entre la mencionada calle y diversos edificios residenciales y parcelas (algunos privados y otros de titularidad pública enajenados por el Ayuntamiento) en otros tres callejones: los Husillos, los Bécquer y San Ginés.

El proyecto incluye cafetería, restaurante, salas de reuniones y spa. No existe ningún presupuesto público ni cifra oficial de lo que costará.

Pero al margen de ello, la cuestión viene de largo. El Plan Especial de Reforma Interior y Mejora (PERIM) para su construcción vio la luz hace más de cinco años y se aprobó en diciembre de 2022, cuando todavía gobernaba en la ciudad el PSOE, con Milagros Tolón como alcaldesa. No obstante, ha sido este año, con el PP y Vox en el equipo de Gobierno municipal cuando se ha tramitado. Y ahora los socialistas, en la oposición, no lo quieren.

Fue el pasado mes de marzo cuando la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo dio luz verde al proyecto, pese al rechazo que de los partidos de la oposición (PSOE e IU-Podemos) y de Movimiento Sumar.

Además, ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por la Real Fundación de Toledo contra el proyecto. El objetivo de esta acción judicial es clarificar los criterios urbanísticos que se están aplicando en el Casco Histórico de Toledo y en algunas zonas protegidas de Cigarrales.

“Buscamos aclarar si el modelo con el que se está trabajando responde a objetivos del Plan Especial del Casco Histórico de Toledo (PECHT) o se está haciendo un abuso de los PERIM”, explica Jesús Carrobles, director de la Real Fundación de Toledo.

Este experto en patrimonio cree que se está recurriendo a disposiciones de rango menor (en referencia al PERIM) para modificar o anular normativas superiores aprobadas por la comunidad autónoma (el PECHT), las cuales cuentan con “un alto nivel de protección y consenso”.

“Podemos tener los mejores planes del mundo, pero si utilizamos de manera abusiva una figura que anula lo dispositivo, tenemos un problema”, señala Carrobles, subrayando que Toledo es actualmente la ciudad que más está utilizando esta vía administrativa.

Cuando no prima el uso residencial

La Real Fundación de Toledo compara la tendencia actual con los “desastres urbanísticos de los años 50 y 60”, cuando la construcción de grandes bloques anuló parte de la trama urbana tradicional. Su temor es que estas operaciones actuales degraden profundamente la ciudad de una manera negativa que el actual Plan Especial trataba de evitar, primando el uso residencial de los edificios del barrio antiguo.

Y ahí está el quid de la cuestión. Este nuevo macrohotel, de llegar a construirse, agrava la tendencia creciente de reconvertir bloques residenciales enteros en plazas turísticas, en detrimento de la vivienda. Y todo con el apoyo de PP y Vox.

Porque los dos partidos gobernantes en la ciudad no solo apoyan este proyecto hotelero de gran envergadura, sino que también modificaron en noviembre de 2024 el Plan General de Ordenación Urbana en su limitación de los apartamentos turísticos (AT) y de las viviendas de uso turístico (VUT) en el Casco Histórico.

¿Qué cambió? En la legislatura anterior del PSOE se limitaba la actividad, en ambos casos, a las plantas baja y primera de los edificios, para evitar molestias a los residentes en pisos superiores. Sin embargo, ahora ese límite tiene una excepción: “Cuando el inmueble se destine en su conjunto a apartamentos turísticos”.

Ese cambio, que pasó casi desapercibido, ha permitido dar vía libre a la mencionada reconversión de edificios residenciales completos, no en el caso de las VUT, pero sí en apartamentos turísticos.

De acuerdo con la definición que hace el decreto autonómico tanto de apartamentos turísticos como de VUT, la Junta de Castilla-La Mancha distingue en su propio registro ambas categorías. Según los últimos datos publicados, la ciudad de Toledo cuenta con 26 apartamentos turísticos en edificios completos, casi todos ellos en el Casco Histórico.

El dato es muy relevante y no ha pasado desapercibido para los vecinos y vecinas del barrio. Hablamos con Alicia Es. Martínez y África Alonso, madre e hija, y residentes en el Casco. “Esto destroza el tejido urbano y vecinal, y el reflejo de la especulación que estamos viviendo en todo el país”, denuncia África, representante de la Unión Popular de Inquilinos de Toledo.

Este colectivo ha analizado minuciosamente el proyecto y recalca el hecho de que muchos de los edificios que utilizará el macrohotel eran inmuebles que el Ayuntamiento ha vendido. “Es curioso que, mientras pasa esto, estemos reivindicando más viviendas sociales para los vecinos y vecinas del Casco Histórico, a los que también están echando de sus casas para lo mismo, para hacer apartamentos turísticos”, destaca

Es una cuestión que esta asociación lleva denunciando desde hace tiempo. “A los vecinos del Casco nos están echando y se está reduciendo por todas partes la habitabilidad del barrio. Hay viviendas sociales mal construidas que todavía no se han habilitado y familias enteras que optaron a una vivienda joven a los que también quieran echar de sus casas. Estamos perdiendo oportunidades de vivienda mientras la ciudad se convierte en un decorado”, lamenta.

No paramos de defender a vecinos y vecinas a los que echan de sus casas para construir hostales, hoteles y apartamentos turísticos. Y estos últimos a veces ni se declaran

África Alonso — Unión Popular de Inquilinos de Toledo

Y un gran hotel de estas características, tan cerca de la Plaza de Zocodover y de la calle Comercio, es un claro ejemplo de la turistificación. “No paramos de defender a vecinos y vecinas a los que echan de sus casas para construir hostales, hoteles y apartamentos turísticos. Y estos últimos a veces ni se declaran. Es un despropósito”, subraya África Alonso.

De la misma opinión es Alicia, también activista social y cultural de Toledo. “Es absolutamente vergonzoso que casi una calle entera se dedique a un macrohotel, a un uso hotelero, quitando la posibilidad de viviendas de hasta 100 viviendas en el Casco Histórico y en un tejido urbano absolutamente consolidado, que además hay que promover. Pero el Ayuntamiento ha optado por un modelo de ciudad que expulsa a sus vecinos”.

“No lo vamos a consentir bajo ningún concepto y estamos, evidentemente, movilizándonos ya, reuniéndonos y organizándonos para protestar por esta y otras decisiones que lo que hacen es premiar la especulación y premiar que la ciudad de Toledo sea una ciudad en venta en lugar de una ciudad para las vecinas y los vecinos y sus niños y niñas”, agrega.

En el terreno político, por el contrario, la defensa que hace el equipo de Gobierno de las derechas es férrea. El concejal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado (Vox), ha defendido la aprobación de esta modificación del PERIM alegando que al no existir una suspensión del planeamiento justificada, el Ayuntamiento está obligado a respetar los derechos de la propiedad para evitar futuras impugnaciones judiciales. “Si la ley no está limitada tiene que cumplirse”, apunta.

La oposición, un rechazo en bloque

En el Grupo Socialista, la situación es cuanto menos paradójica. El proyecto tiene su origen en la etapa en que gobernó en la ciudad. Pero ahora, su portavoz, Noelia de la Cruz, lo rechaza porque “la modificación el proyecto que se plantea no responde al interés general”.

Por su parte, el portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, considera que este nuevo hotel en el Casco es “absolutamente innecesario e invasivo”. Advierte sobre la falta de un informe arqueológico específico, a pesar de que la Viceconsejería de Cultura sugirió tener en cuenta posibles afecciones patrimoniales que, según denuncian, no se han integrado en el expediente.

“Luego hacemos una obra y nos llevamos el patrimonio al Museo Arqueológico Nacional”, subraya Fernández en referencia a la exposición de tablas policromadas medievales que se encontraron durante las obras de otro hotel en el Casco y que ahora están en una exposición temporal en dicho museo.

También pone en entredicho el informe de movilidad que “pone pegas al uso de plazas verdes” de aparcamiento dedicadas a residentes y al nivel de ruido que tiene que establecerse al tratarse de una zona residencial. “Se nos olvidan los informes de necesidad de vivienda.. Hemos eliminado ocho bloques de viviendas en la calle de la Plata para convertirlo en un hotel probablemente de lujo, inaccesible para la gran mayoría de la gente”, agregó Fernández.

A la oposición política se ha sumado el Movimiento Sumar Toledo, que señala que, a su juicio, este macrohotel profundiza en un modelo que “prioriza el negocio turístico frente al derecho a la vivienda”. La formación remarca que Toledo “tiene que seguir siendo una ciudad habitable, no un parque temático”.

Estamos asistiendo a una dinámica muy preocupante: cada vez hay menos vecinos y más habitaciones de hotel. Toledo no puede convertirse en un decorado sin vida

José Luis Resuela — Portavoz de Movimiento Sumar en Toledo

“Estamos asistiendo a una dinámica muy preocupante: cada vez hay menos vecinos y más habitaciones de hotel. Toledo no puede convertirse en un decorado sin vida”, ha señalado el portavoz local de Movimiento Sumar, José Luis Resuela, que se compromete a que, si gobierna, no permitirá nuevas conversiones de viviendas residenciales en usos turísticos en el Casco Histórico.

Se refiere con ello no solo al proyecto de calle de La Plata, sino a otros que también tiene entre manos el Ayuntamiento. El más paradigmático es el que se planea, también en el Casco Histórico, pero orillas del río Tajo, conocido como Hotel La Cava. El proyecto cogió velocidad con la llegada de PP y Vox al Ayuntamiento de Toledo, en 2023. Se planteó un macrocomplejo de cinco alturas, 110 habitaciones y más de 250 plazas de aparcamiento que despertó una fuerte contestación social y política que todavía hoy, tres años después, no ha terminado.

En dos ocasiones ha salido a información pública, para que las personas interesadas pudieran opinar y presentar alegaciones. En la segunda de esas ocasiones, la actual, las expectativas se redujeron: la construcción que se plantea ha menguado su volumen -se proyectan edificios fragmentados en lugar de una mole- y se ha pasado de cinco a tres alturas, pero la ubicación sigue siendo la misma.

Se asentaría en la zona conocida como La Solanilla, uno de los parajes de Toledo con la mayor biodiversidad natural de plantas y animales, especialmente de aves, en todo el recorrido del río a su paso por la capital de Castilla-La Mancha. Hace unos meses esta cuestión ya se puso en el punto de mira por plantearse en plena zona inundable del río Tajo.

El proyecto provocó incluso la creación de una plataforma ciudadana, que cuenta incluso con página web, para expresar el rechazo a la iniciativa y se han recogido firmas en este sentido. Los colectivos sociales y vecinales del Casco Histórico no descartan ahora plantar cara también al nuevo macrohotel de La Plata. No les gusta. No lo quieren: “Vamos a ir a por todas”, advierten.

He disfrutado este verano de unas vacaciones maravillosas en Lanzarote. Apenas una semana, suficiente; en la mejor compañía posible; y alojados en la playa de Famara, un auténtico paraíso natural, con unos anfitriones divertidos, generosos y adorables.

La isla canaria es un territorio mágico. Tiene algo difícil de explicar que te conquista y te atrapa. Sus paisajes volcánicos, como marcianos, dominados por la negra huella de la lava volcánica, tan diferentes a lo que puedes encontrar en la península. Su gastronomía, rica, variada y asequible. Su gente, amable y educada. Y su armonía visual, un auténtico bálsamo para el espíritu.

Entre las suaves ondulaciones de sus viejos volcanes, o encajadas entre pequeñas playas y calas rocosas, destacan sus localidades. Apenas siete municipios en toda la isla, pero compuestos por decenas de localidades y pedanías. Y todas con un aire similar. Casas blancas, de una o dos alturas, con techo plano en azotea y las puertas y ventanas de colores: azul si la ocupación familiar original es la pesca, marrón si la ganadería y verde si es la agricultura. Sus caseríos, alzados sobre la costa o dejándose caer por las laderas, salpicados de unas pocas palmeras, son auténticos portales de belén.

Toda la isla está presidida por una presencia invisible pero constante, como un espíritu que controla y canaliza tus visitas y excursiones. Es la huella de César Manrique, artista local con alma de ecologista y arquitecto que, tras vivir en Madrid y Nueva York, regresó a casa en los años sesenta para convertir Lanzarote en su gran obra.

Enamorado de la belleza natural local, supo armonizar tradición y paisaje con su inquietud artística para realizar intervenciones urbanísticas y arquitectónicas que son auténticas obras de arte: los jameos, el mirador, los verdes, el monumento al campesino, Timanfaya o su propia casa, convertida hoy en museo.

Convertido ya en una referencia local indiscutible, cuando la amenaza de la explotación turística sin control llegó a la isla en los ochenta, Manrique lideró un manifiesto que se convirtió en movimiento social. “Ha llegado el momento de parar”, rezaba aquel texto.

El resultado de aquel espíritu, y de la regulación que las autoridades aceptaron desarrollar en los años siguientes, es la situación actual de la isla. El turismo masivo de hoteles y apartamentos está concentrado en tres puntos de la costa: Playa Blanca, Puerto del Carmen y Costa Teguise. Arrecife, la capital, tiene algunos edificios altos, pero no muchos ni muy elevados. Y el resto de la isla es paisaje volcánico salpicado de viviendas blancas de no más de dos pisos.

Hace falta en el urbanismo actual, en el que no dejamos de ver cómo la ciudad pierde patrimonio con obras de reforma o ampliación más que discutibles, cuando no derribos directamente, como ha ocurrido en los últimos años en La Palmera o con algún edificio de Aníbal González. Parece que no aprendemos de las barbaridades que se hicieron en el centro de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX en lugares como el Duque o Imagen, entre otros

El resultado no sólo es armonía y respeto por la tradición y el entorno natural. Es equilibrio y sostenibilidad social y económica. Con apenas recursos agrícolas o ganaderos, en una tierra en la que cultivar vino como hacen algunos es una auténtica heroicidad, la mayor parte de la población vive del turismo. Pero lo hace de una forma ordenada y manejable. Al menos, eso es lo que parece y lo que te cuentan los locales.

Un buen ejemplo son los teleclubes. Nacidos en los sesenta, cuando en cada localidad sólo había una televisión en el centro cívico municipal, éstos locales se han convertido hoy en seña de identidad, bares tradicionales ubicados en edificios municipales que, mediante concesión, dan de comer gastronomía local y a los que acuden los turistas, sí, pero que siguen siendo punto de encuentro y reunión para los habitantes de la isla.

Imagino que, a estas alturas, ya adivinan por donde voy. Sevilla, ciudad milenaria, monumental y peculiar, necesita un César Manrique que mande parar. O, mejor aún, una sociedad civil que asuma un espíritu similar al que movió al artista lanzaroteño hace cuarenta años y que asuma e imponga esta exigencia. Los sevillanos deberían hacer como manda el canon taurino: parar, templar y mandar.

Hace falta en el urbanismo actual, en el que no dejamos de ver cómo la ciudad pierde patrimonio con obras de reforma o ampliación más que discutibles, cuando no derribos directamente, como ha ocurrido en los últimos años en La Palmera o con algún edificio de Aníbal González. Parece que no aprendemos de las barbaridades que se hicieron en el centro de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX en lugares como el Duque o Imagen, entre otros.

Pero hay que hacerlo también en la cartera de plazas de alojamiento para turistas que no deja de crecer. ¿Cuántos hoteles hay en construcción o proyecto en Sevilla actualmente? ¿Cuántos edificios, viviendas y locales comerciales se han convertido en apartamentos turísticos en dos décadas, sea cual sea la fórmula elegida? ¿Qué se encontrarán los visitantes cuando no queden sevillanos en kilómetros a la redonda del casco histórico? Si la ciudad pierde su esencia, su alma, su espíritu, ¿quién querrá conocerla y visitarla?

Nuestras tiendas y bares son patrimonio cultural también. Y están desprotegidos, como los vecinos, abandonados a su suerte en un mercado que prima subidas brutales del alquiler para convertir los edificios en apartahoteles mientras nuestras autoridades, de todos los colores políticos, miran hacia otro lado.

Sevilla necesita parar, reflexionar y decidir cómo quiere ser dentro de 50 años. Un decorado para películas y turistas, como Venecia o Praga. O un lugar vivo, habitable y con carácter como Lanzarote. En unos meses hay elecciones. Estamos tardando en encontrar a nuestro César Manrique.

El camino hacia una angosta playa de Portinatx serpentea desde lo alto de la carretera e involucra el paso por un aparcamiento, unas escaleras de color terracota y un restaurante de lujo. Todo ello forma parte de un hotel de cinco estrellas que abrió sus puertas el pasado mes de julio y que abarca buena parte del litoral. De hecho, el acceso a la cala, de reducidas dimensiones y sin nombre, obliga a pasar por el alojamiento, inspirado en los colores y el estilo del desierto marroquí de Agafay y cuya edificación llega casi hasta la arena.

Allí, un socorrista controla, desde una silla, el mar. Es un trabajador de una empresa externa contratada por el hotel, explica al ser preguntado por este diario. Hasta hace poco, no trabajaban en Portinatx —continúa—, pero este verano la compañía tiene socorristas en tres alojamientos de alto standing de la zona vacacional. Uno de ellos es el Barceló Portinatx, ubicado a unos 20 metros de la playa.

La mayoría de los turistas que están en la cala frente al Nômade son clientes del establecimiento de lujo. Entre ellos, David, un parisino que viaja junto a su mujer y su hijo pequeño. Han venido a pasar sus vacaciones primero en una villa que han alquilado junto a unos amigos y ahora pasan cuatro días en el hotel, aunque les ha “decepcionado” un poco el servicio por el precio que han pagado.

La mayoría de las reseñas que acumula el hotel en la plataforma Booking —donde apenas alcanza una nota de cuatro puntos sobre diez— son negativas, a pesar de su alta categoría. El aparcamiento del alojamiento es exclusivo para clientes y cuenta con vigilancia —está dentro de la servidumbre de protección de Costas, que incluye algunos terrenos privados—. Sin embargo, hay que cruzarlo para llegar hasta la cala, que no cuenta con señalización pública.

Dos noches para dos personas en el Nômade Temple Ibiza, ubicado entre Cala Xarraca y Portinatx, rondan en pleno mes de agosto los 2.600 euros, eligiendo la opción de habitación más barata. En el caso de las suites con mejores vistas, el alojamiento se encarece hasta casi los 6.000 euros por pareja. A pesar de que los precios descienden levemente en temporada más baja, sobre todo a finales de septiembre, siguen estando por encima de los 1.600 euros.

Una filosofía vinculada al “crecimiento personal”

La cadena fue impulsada por el empresario argentino Antonio de la Rúa —hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa y expareja de la cantante Shakira— después de desarrollar complejos turísticos en Tulum y Holbox (México) y ha elegido Eivissa y Madrid para iniciar su desembarco en Europa.

Su propuesta va mucho más allá del alojamiento. En la capital ocupa un edificio histórico reconvertido en hotel de cinco estrellas, mientras que en el territorio insular se ha instalado en Portinatx con un establecimiento donde la experiencia gira alrededor del bienestar, la naturaleza y la espiritualidad.

Meditación, baños de hielo, sesiones de DJ, gastronomía, programas de bienestar e incluso una lista oficial de reproducción en Spotify forman parte del universo que comercializa la marca. En su propia presentación, Nômade asegura que busca que el visitante “no solo descubra un destino, sino que emprenda un viaje de transformación personal”.

El discurso conecta con una filosofía turística muy similar a la que desde hace años utilizan numerosos establecimientos de alta gama en Eivissa y que pasa por vender una experiencia asociada a un estilo de vida muy concreto, vinculado a un hippismo cada vez más glamuroso. Nômade Temple no ha respondido a la consulta de elDiario.es. El Ayuntamiento de Sant Joan tampoco ha contestado a las preguntas de este periódico antes de la publicación de este reportaje.

En su primera temporada en funcionamiento, una asfixiante mañana de agosto, los empleados suben y bajan por las escaleras —de color tierra, que pretenden integrarse lo máximo posible en el entorno natural que las envuelve— que serpentean desde la piscina de grandes dimensiones hasta el chiringuito que precede a la recóndita cala. El camino pasa por el spa —abierto a turistas de fuera del hotel— y también por el restaurante, bautizado como 4 Fuegos y con su propio concepto.

Un camarero coloca unos cojines de grandes dimensiones en el suelo arenisco de una terraza de piedra que se alza sobre la playa. Otro trabajador acaba de recoger los mats que acaban de utilizar los huéspedes para unirse a la clase de yoga impartida por la mañana. La siguiente actividad es nocturna: un baño conjunto a la luz de la Luna, detalla a elDiario.es otra empleada.

La existencia de una propiedad privada alrededor de una playa no está prohibida por sí misma. Puede haber terrenos privados colindantes con el dominio público marítimo-terrestre. Lo que no puede hacer el propietario es convertir de facto la playa en un espacio inaccesible al público. El impedimento de privatizar una playa —como ocurre en lugares como Cuba o la Riviera Maya— está regulado en España por la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, a través de su artículo 33.1.

La existencia de una propiedad privada alrededor de una playa no está prohibida, pero el propietario no puede convertir de facto la playa en un espacio inaccesible al público

La normativa establece la servidumbre de acceso público y gratuito al mar y obliga a prever accesos suficientes y señala que estos deben estar “señalizados y abiertos al uso público”, recoge. Algo que no se cumple en el caso de la recóndita cala del Nômade, que explica lo siguiente en su página web: “El hotel ofrece acceso directo a una preciosa cala”.

La transformación de Portinatx

Portinatx es, desde hace casi una década, un enclave entregado a los hoteles ‘Adults Only’ —solo adultos— cada vez más lujosos, una tendencia que empezó en los años 2000 y que desde entonces ha ido in crescendo. Anteriormente, el enclave estaba enfocado principalmente al turismo familiar, sobre todo a familias del norte de Europa, pero progresivamente se fue reconvirtiendo en un área más pensada para establecimientos hoteleros de alta categoría. En los últimos años, comerciantes y pequeños empresarios de la zona han lamentado el giro —que además es general en la isla— hacia el lujo y la pérdida de visitantes de clase trabajadora.

Portinatx estaba enfocado principalmente al turismo familiar, pero progresivamente se fue reconvirtiendo en un área más pensada para establecimientos hoteleros de alta categoría

El éxito de este modelo se refleja, por lo menos en esta punta de Eivissa, en que la ocupación ha mantenido buenas cifras en todo lo que va de temporada. En otro hotel de elevada categoría ubicado detrás del Nômade —más antiguo que el mismo, vinculado a un concepto de sostenibilidad, pero erigido igualmente a escasísimos metros de la costa— un trabajador explica a elDiario.es que lo mismo: las habitaciones han estado durante el verano llenas de clientes.

La pequeña península que dibuja sobre el mapa parte de Portinatx —con la torre defensiva en el extremo, mirando hacia la costa catalana— ha sufrido una metamorfosis drástica en menos de un siglo. En 1956, antes de que las Pitiusas detonaran en un boom turístico, este territorio septentrional solo albergaba vegetación autóctona y en el mar no se divisaba ninguna embarcación.

Los primeros turistas de sol y playa

“Portinatx está situado en una zona muy estratégica, alrededor de tres playas: s’Arenal Gran, s’Arenal Petit i es Portitxol, que antes servía para exportar productos de los campos agrícolas hacia Mallorca y la ciudad”, explica el experto en Turismo Maurici Cuesta.

Además de para estas exportaciones, el puerto de Portinatx sirvió para el contrabando hasta que en los años 50 empezaron a llegar los primeros turistas, que sobre todo eran valencianos y catalanes que viajaban desde la Península, pero también extranjeros.

Fue entonces cuando empezaron a emerger los primeros quioscos —como se denomina a los chiringuitos de playa en las Pitiusas—, que más tarde se convirtieron en restaurantes con apartamentos en las plantas superiores hasta que en los años sesenta empezaron a construirse los primeros hoteles.

En ese momento, hubo un aumento considerable del número de plazas turísticas en Eivissa que se ocupaban de la mano de touroperadores europeos que fomentaban en la isla el turismo de sol y playa, que requería servicios como hamacas y sombrillas. Empresarios con terrenos agrícolas de la costa con poco valor encabezaron el cambio, que financiaron con el que se denominó crédito turístico, impulsado por el Estado.

Fue un momento en que peninsulares que se habían trasladado empezaron a construir pequeños chalets en el centro de Portinatx. Entonces era una localidad prácticamente aislada, con escasas conexiones de transporte público con la ciudad de Eivissa y unos lazos con el exterior que dependían de la vida burocrática y escolar.

“La construcción de la vía permitió que se desarrollara el litoral, también en los alrededores turísticos de la bahía de Cala Xarraca y Cala Xuclar”, señala Cuesta. El experto recuerda que cerca, en Cala d’en Serra, se proyectó el macrocomplejo turístico diseñado por el arquitecto catalán Josep Lluis Sert, que terminó abandonando y sobre el que ahora pesa una orden de demolición.

A mediados de los ochenta —como plasma el visualizador del Catastro, con datos sobre crecimiento urbanístico— se apreciaban numerosos barcos en la bahía y las primeras construcciones destinadas a la industria hotelera en las que invirtieron los residentes y los hoteleros locales. Entre ellas, se edificaron los antiguos apartamentos que más tarde se convirtieron en el complejo de lujo que ahora forma parte de la cadena de De La Rúa.

A pesar de que el área turística —la más importante del municipio de Sant Joan de Labritja, incluida en el Plan de Ordenación Turística (POT)— es hoy logísticamente más accesible, cada vez está más vinculada a nuevos poderes económicos. Un cambio que ya ha transformado, por otro lado, otros puntos homólogos de la isla como, por ejemplo, es Canar, en Santa Eulària. “Hasta no hace mucho, los negocios eran aún de familias de Portinatx, algo que sigue sucediendo en el caso de los servicios de playa”, observa el experto turístico. Pero hay “otros monstruos” —como los hoteles de lujo— que han engullido la costa.

España lleva más de una década recibiendo cada vez más cruceristas, un tipo de turismo que tensiona especialmente los destinos. Son viajeros que solo permanecen en tierra unas horas, en las que intentan abarcar todos los puntos de interés posibles. Sin embargo, en los últimos meses, en algunos de los principales puertos españoles se ha percibido una caída en el número de buques vacacionales que atracan.

El análisis de los datos publicados por Puertos del Estado —que, en el caso de 2026, abarcan hasta el mes de junio— apunta en una dirección: en conjunto, llegan más barcos y transportan un mayor número de viajeros a bordo, pero hay diferencias en función de los territorios. Por ejemplo, en Illes Balears, al cierre del pasado año, se produjo una caída en el número de pasajeros; mientras que en los puertos canarios de Tenerife y Las Palmas sucedió lo contrario. Hay que recordar que Palma limita desde 2022 el número diario de cruceristas.

En lo que va de año, esos datos también señalan otros aspectos, como que el sector notó la crisis del hantavirus, pero esta no provocó un desplome de viajeros a bordo de los barcos que han visitado los puertos españoles en los meses más próximos al brote a bordo del MV Hondius.

Más de 1,2 millones de cruceristas al mes

Los datos de Puertos del Estado analizados por elDiario.es reflejan que, de media, España ya recibe cada mes 1,2 millones de cruceristas entre todos sus puertos, como se ve en el siguiente gráfico.

La cifra más alta se alcanzó en octubre del año pasado, cuando se superaron los 1,6 millones de personas. Este año —como se detallará más adelante— se constata que se ha atenuado el repunte que suele producirse en los meses previos a la temporada alta de verano. Son las semanas que coinciden con la crisis del Hantavirus, así como las inmediatamente posteriores.

Pese a ello, España ya ha recibido 6,3 millones de turistas llegados en barco en los seis primeros meses del año, por encima de los 6,2 millones del mismo periodo de 2025, como se ve a continuación.

En concreto, hasta junio han atracado en España 2.503 cruceros, frente a los 2.468 del mismo periodo del año 2025. Eso se traduce en que, en la primera mitad de este ejercicio, la media de pasajeros por barco roza las 2.550 personas, cuando hace un año se quedaba ligeramente por encima de las 2.500 personas.

La evolución media del número de pasajeros

Desde que hay registros y tomando como punto de partida el año 2012, cada crucero ha trasladado de media a España unos 2.200 pasajeros, aunque hay diferencias en función de la temporada. Por ejemplo, en los meses de julio y agosto las cifras suben. En concreto, en el mes de julio de 2024 se alcanzó la cifra más alta: una media de 4.700 turistas por barco.

Actualmente, la ratio media anual se sitúa cerca de los 3.000 pasajeros por buque, cifras similares a las alcanzadas antes de la pandemia.

Hay que tener en cuenta que los datos de este año son, evidentemente, parciales y que aún faltan seis meses incluidos julio y agosto, que es cuando se alcanzan ratios más altas. Por ejemplo, el año pasado, esos meses estivales estuvieron cerca de los 4.000 pasajeros de media por barco.

Si se entra al detalle de la evolución por cada territorio, hay situaciones muy diferentes. Como se ha mencionado anteriormente, en el conjunto de 2025 se redujo el número de cruceristas que llegaron a Illes Balears. Lo mismo ocurrió en A Coruña, Vigo, Valencia o Málaga. En cambio, se mantiene la tendencia al alza, además de en Las Palmas y en Tenerife, en Alicante, Santander, Motril o Melilla, entre otros.

Hay que tener en cuenta que cuatro territorios concentran más de la mitad de todos los cruceros. Se trata de los situados en Illes Balears —que Puertos del Estado agrupa sin diferenciar por islas—, Las Palmas, Tenerife y Barcelona. La evolución en este último destino fue estable durante el pasado año, pero es el que más buques recibe. En 2025, casi 900. Y puede ir a más.

Esta semana, MSC Cruceros ha comunicado que cancela los viajes a Oriente Próximo para la temporada 2027/2028. De esta forma, el buque MSC World Europa realizará ahora sus itinerarios por el Mediterráneo occidental y pasará por Barcelona, donde el Ayuntamiento acaba de aumentar a 24 euros la tasa que paga cada crucerista. Ese barco de MSC tiene capacidad para llevar a bordo a 6.700 personas.

En el siguiente gráfico se ve la evolución por territorios.

El impacto del hantavirus

Los datos publicados por Puertos del Estado también permiten ver qué impacto tuvo, en el corto plazo, la crisis por el brote de hantavirus. Hay que recordar que el buque MV Hondius llegó a Tenerife a mediados del mes de mayo. El barco partió de Ushuaia, en Tierra del Fuego, a principios de abril.

En ese momento, los operadores —tanto las agencias de viaje, como las compañías de cruceros— aseguraron que no estaban notando un volumen alto de anulaciones, ni una caída de la demanda o una bajada de precios. La información que publica la empresa pública apunta una ralentización de los cruceros tanto en abril como en mayo, cuando la curva de pasajeros se atenúa, en comparación los mismos meses del año anterior, como se ve en el siguiente gráfico.

Sin embargo, el mes de junio ya se sitúa por encima del mismo periodo tanto de 2025 como 2024, con casi 1,18 millones de pasajeros llegando a España. Habrá que esperar a los datos de los próximos meses, los clave de la temporada, para ver si esa tendencia al alza se mantiene.

Decenas de turistas en Barcelona tratan de replicar un fenómeno viral en aumento en las redes: grabarse con el móvil mientras suben las escaleras mecánicas del metro con la Sagrada Família de fondo, una arriesgada práctica, que, a pesar de estar prohibida, se ha convertido en un momento “básico” para muchos visitantes, informa EFE.

Después de que sus hijas hayan salido de la boca del metro haciéndose un selfi con la Sagrada Família detrás, Daria asciende por las escaleras mecánicas mientras graba, de espaldas, el imponente monumento, visita obligada para los millones de turistas que eligen cada año la capital catalana como destino vacacional.

El fin de las escaleras sorprende a Daria, que trastabilla y va al suelo entre carcajadas, síntoma que solo puede indicar que no se ha herido, ni su cuerpo ni su orgullo, o eso hace ver ante los curiosos.

Después de que le ayuden a incorporarse y que entre las tres revisen el vídeo, Daria decide, exigente, bajar por las escaleras de piedra y volver a subir por las mecánicas, las veces que haga falta, hasta encontrar ese vídeo perfecto.

“No me parece peligroso pero tienes que ir con cuidado con lo que estás haciendo”, reconoce Daria entre risas, todavía divertida gracias a que la caída no ha sido aparatosa y quedará como “un buen recuerdo” que explicar cuando esté de vuelta en Moldavia.

Centenares de turistas armados con cámaras, 'smartphones' y palos selfies rodean la Sagrada Família desde todos los ángulos y consiguen la instantánea indispensable de su paso por Barcelona, pero desde hace unos años el punto neurálgico del postureo turístico es también el más peligroso: ese ascenso por las escaleras mecánicas del metro en la concurridísima Plaza Gaudí.

Hay diversas variantes de esta moda, como el clásico selfi de ser grabado por alguien un escalón más arriba o -esta ya de categoría 'influencer'– plantar el móvil en un escalón superior para conseguir un contrapicado con la Sagrada Família -que ni el mismo Tarantino- para coger el móvil en el ultimísimo segundo.

Preguntados por el origen de esta elección de plano, los turistas no dejan lugar a dudas: la “culpa” la tiene Instagram o TikTok, en todas las ocasiones, aunque no sería extraño que alguien tenga la idea 'in situ' después de ver a un turista tras otro cumplir con este ritual fotográfico.

La imagen más viral de la Sagrada Família se popularizó hace varios veranos, y no parece que los carteles de advertencia ubicados en ambos extremos de la escalera mecánica que instaló TMB en 2024 les haga replantearse nada a estos aspirantes a 'influencer', que llegan a la escalinata móvil en ristre sin reparar en el cartel, o desviando la mirada hacia otro lado.

Cynthia sólo sube una vez por las escaleras y ya tiene suficiente, gracias a que su compañero de viaje, que le ha grabado un par de escalones por encima, parece todo un profesional con el teléfono móvil en la mano y una cámara digital al cinto, por si la cosa se pone seria.

Procedente de Bilbao, Cynthia explica que quieren tener su imagen en las escaleras mecánicas por lo “bello” del reclamo turístico y por lo “cool” que se ve en este encuadre, sin pensar que la práctica entrañe peligro pues, argumenta, “si eres precavido evitas cualquier accidente”.

Además de los carteles de advertencia, las medidas adoptadas por TMB, la empresa gestora del metro, incluyen la “presencia de vigilantes y la parada de la escalera mecánica”, esta última restricción solo aplicable “si hay mucha afluencia de pasajeros”.

Fuentes de TMB aseguran que “no constan incidentes de atrapamiento” y de momento no se contempla ninguna sanción por ignorar los carteles de advertencia, pero sí reconocen que esta práctica puede provocar “molestias al resto de usuarios”.

Joel, barcelonés y usuario habitual del metro de Sagrada Família, suele mirar resignado cómo los turistas se dedican a grabarse en las escaleras.

Además de comprobarlo en persona, ha visto esta moda “por internet, varias veces”, así que entiende el deseo de los visitantes, pero apunta al peligro de la masificación de esta práctica: “No todo el mundo puede hacerlo porque si no se colapsa la salida del metro”.

Jun, que viaja sola desde Taiwán, ejemplifica perfectamente esta moda viral, subiendo y bajando en bucle para conseguir un vídeo que deje a la altura del betún los que ha visto en TikTok, un proceso que compensa por el mero hecho de que “la vista es preciosa”, se justifica.

Entre antics camins empedrats, oliveres centenàries i pobles que descansen a la muntanya, la Serra de Tramuntana fa segles que caracteritza la història de Mallorca. Grans genis i artistes, des de Frédéric Chopin i George Sand fins a Robert Graves, han trobat refugi en aquesta cadena muntanyosa, que aquest estiu està d'aniversari: la UNESCO la va declarar Patrimoni Mundial en la categoria de Paisatge Cultural el 2011 a París. No obstant això, el reconeixement internacional que havia de contribuir a preservar els seus valors també ha convertit la serralada mallorquina en un potent reclam turístic.

Quinze anys després, l'augment de visitants conviu amb carreteres col·lapsades, rutes massificades, residus, una forta pressió turística sobre les rutes més populars, els recursos naturals i els municipis que conformen la zona i una creixent dificultat dels residents per accedir a un habitatge. A això s'hi suma la transformació de grans propietats en espais de luxe i el retrocés de l'activitat agrària que durant segles ha modelat el paisatge.

Que un territori sigui declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO pressuposa el reconeixement del seu Valor Universal Excepcional, és a dir, de la seva importància cultural o natural per a tota la humanitat. L'objectiu d'aquest programa és identificar, protegir, conservar i transmetre aquest patrimoni a les generacions futures.

Com explica el manual de Gestió del Patrimoni Mundial publicat per la UNESCO el 2026, aquesta declaració implica que el bé compti amb un sistema de gestió i protecció eficaç que garanteixi la conservació de tots els seus valors patrimonials, inclòs el seu Valor Universal Excepcional, per a les generacions presents i futures. Aquest sistema ha de combinar estructures institucionals, instruments jurídics i processos de gestió, a més d'una planificació, seguiment i avaluació continus. D'altra banda, la gestió ha d'incorporar l'avaluació de les actuacions que puguin afectar el bé i coordinar-se amb altres àmbits, com l'ordenació del territori, l'agricultura, l'energia, el transport o el turisme, per assegurar-ne la conservació.

Quinze anys després, l'augment de visitants conviu amb carreteres col·lapsades, rutes massificades, residus, una forta pressió turística sobre les rutes més populars, els recursos naturals i els municipis que conformen la zona i una creixent dificultat dels residents per accedir a un habitatge

“El segell de la UNESCO ha fet un efecte crida al turisme de masses i això ens ha portat a un col·lapse de carreteres i a greus problemes de brutícia en espais naturals”, declarara a elDiario.es Cristina López, primera tinent d'alcalde de Deià, un dels vint pobles que conformen la Serra, ubicada al nord-oest de l'illa. La serra, que s'estén al llarg de 90 quilòmetres, alberga el cim més alt de les Balears, el Puig Major, que mesura 1.445 metres d'altitud.

Els col·lapses a les carreteres, la massificació als pobles i el nombre creixent de senderistes i de ciclistes representen dia a dia dels mallorquins, una realitat que va cada vegada en augment. “Ho noto sobretot en pobles petits, gairebé ni es pot caminar tranquil·lament pels carrers”, indica Joan Calafell, un excursionista recurrent. “La creixent afluència de turisme és un problema i és molt visible i palpable sobretot pels mateixos veïns. Està afectant la qualitat de vida dels mateixos habitants”, comenta Toni Muñoz, responsable de l'àrea de conservació de l'entitat ecologista GOB.

L'afluència creixent de turisme és un problema i és molt visible i palpable sobretot pels mateixos veïns. Està afectant la qualitat de vida dels mateixos habitants

Toni Muñoz — Responsable de l'àrea de conservació de l'entitat ecologista GOB

Durant els mesos de març, abril i maig, els albergs van registrar un total de 17.443 usuaris, cosa que representa un increment del 8% respecte a l'any anterior, segons dades del Consell de Mallorca. Després de l'auge postpandèmia, el nombre de pernoctacions en refugis va superar els 40.000 visitants anuals, marcant un augment del 19% en l'àmbit general. “S'han de controlar els fluxos de gent perquè l'experiència no acabi sent negativa”, declara Lluís Rullán, hoteler i representant de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) a la mesa permanent del Consorci de la Serra de Tramuntana.

Les dades concretes d'ocupació -segons el Consell Insular- de cada allotjament entre els mesos de març i maig són: Galatzó (2.821 estades), Tossals Verds (3.085), So n'Amer (3.753), Muleta (2.694), Can Boi (2.626), Pont Romà (2.304) i Coma d'en Vidal (150). Els set refugis de la institució insular estan ubicats en finques públiques i ofereixen un total de 264 places.

Tot i que els refugis representen un gran atractiu, el principal reclam és La Ruta de Pedra en Sec, homologada com de gran recorregut (GR221). Aquesta discorre al llarg de la Serra, enllaçant els antics camins que unien les poblacions amb les zones agrícoles. “Les rutes més típiques, sobretot a primavera, són les que tenen més trams en mal estat, cada vegada hi ha més residus que deixen els visitants”, denuncia Calafell.

Les rutes més típiques, sobretot a la primavera, són les que tenen més trams en mal estat, cada cop hi ha més residus que deixen els visitants

Joan Calafell — Excursionista

Aquest elevat nombre de viatgers suposa un risc per al manteniment en condicions de la zona. “La majoria dels turistes no es preocupen per si contaminen o no, venen tres dies i marxen”, afirma Llucia Bujosa, resident de Banyalbufar, un poble situat al sud-oest de l'illa. La contaminació, els danys a la flora i a la fauna i el princial risc d'incendis preocupen els veïns. “El que realment ens fa perdre la son durant els mesos d'estiu és viure amb la por que una sola distracció, una espurna o una burilla pugui provocar una catàstrofe de grans dimensions al nostre municipi i a la Serra en general”, afegeix la primera tinent d'alcalde de Deià.

El que realment ens fa perdre son durant els mesos d'estiu és viure amb la por que una sola distracció, una espurna o una burilla pugui provocar una catàstrofe de grans dimensions al nostre municipi i a la Serra en general

Cris — Primera tinent d'alcalde de Deià.

“Si no es reverteix la tendència a l'alça del turisme, la Serra està condemnada a ser un decorat, i això seria terrible perquè no seríem capaços de mantenir-lo. L'única manera d'evitar això és intentar que sigui un paisatge viu, i per això hem d'anar a les activitats que l'han generat”, explica Muñoz. “La solució ideal seria intentar que la Serra sigui un patrimoni etnològic viu i que, per tant, la seva pròpia activitat –bàsicament agrària– fos la que continués conservant i mantenint aquesta restauració. Això és molt complicat, ja que l'agricultura de muntanya és poc rendible. La població que es dedicava a aquesta activitat, ara es dedica al turisme o a altres coses guanyant molts més diners”, afegeix.

“Els residents es veuen expulsats”

El turisme també afecta la crisi d'habitatge que pateixen les illes actualment. “Venen una vegada a l'any, així el poble es va quedant desert i els residents es veuen expulsats”, denuncia Cris López. “És una pena que la gent de tota la vida no es pugui permetre un habitatge, semblem un parc temàtic dedicat als estrangers”, lamenta Bujosa.

Els estrangers protagonitzen el 29,86% de les operacions de compravenda d'habitatges a Balears, una xifra que s'eleva fins al 41,79% quan els immobles superen els 500.000 euros de valor. Així es desprèn del segons el butlletí anual de l'Observatori d'Habitatge i Sòl (OVS) corresponent a 2025 publicat pel Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana.

Aquesta transformació també està modificant el paisatge de la Serra. Macià Blázquez, catedràtic de Geografia de la Universitat de les Illes Balears, adverteix que la proliferació de grans xalets i hotels amb piscines i heliports suposa una amenaça per al territori i augmenta el risc d'incendis forestals. A parer seu, la Serra “sufreix una forta tensió entre la massificació i l'exclusivitat, aquesta última promoguda pels latifundistes que han adquirit i invertit en les grans propietats agràries, les possessions”.

La Serra pateix una forta tensió entre la massificació i l'exclusivitat, aquesta darrera promoguda pels latifundistes que han adquirit i invertit en les grans propietats agràries, les possessions

Macià Blázquez — Catedràtic de Geografia de la Universitat de les Illes Balears

Aquest model urbanístic i turístic té a més conseqüències sobre els recursos naturals. Els habitatges de luxe, els establiments turístics i l'increment de la població estacional eleven la demanda d'aigua en una zona on aquest recurs és limitat, agreujant els episodis d'escassetat. “Hem passat d'un turisme familiar a un de luxe; el problema arriba quan se sacrifica el benestar dels residents pel dels visitants”, resumeix María José Tomás, veïna de Banyalbufar.

Hem passat d'un turisme familiar a un de luxe; el problema arriba quan se sacrifica el benestar dels residents pel dels visitants

María José Tomás — Veïna de Banyalbufar

Les eines per conservar-la

La conservació d'aquest entorn és una prioritat per la UNESCO. Al manual de Gestió de Patrimoni Mundial, diuen que el sistema de gestió té com a objectiu garantir que la conservació del bé del Patrimoni Mundial generi beneficis per a les comunitats associades i contribueixi al seu benestar, així com a objectius socials més amplis —com el desenvolupament sostenible—, quan sigui possible.

Aquest 15è aniversari arriba amb la presentació de la Llei de la Serra de Tramuntana amb l'objectiu de blindar els 90 quilòmetres com a paisatge cultural. Aquesta llei impulsada pel Consell de Mallorca pretén reforçar la protecció del territori, millorar els mecanismes de gestió i garantir que l'activitat econòmica vinculada a la serra sigui viable a llarg termini dotant aquest espai d'un marc jurídic específic.

A més, el Consell ha declarat que ha destinat 5,4 milions d’euros al Consorci Serra de Tramuntana, el doble que el 2023; ha incrementat un 84 % els ajuts destinats a ajuntaments, propietaris, cooperatives i explotacions agràries segons varen declarar en l’acte de commemoració que dugueren a terme als Jardins d’Alfàbia.

Igualment, la Serra de Tramuntana forma part de l'Aliança de Paisatges, una xarxa que agrupa territoris d'arreu del món compromesos amb la gestió sostenible dels seus entorns. A això se suma la seva recent integració a la Xarxa d'Associacions per la UNESCO, un reconeixement a la trajectòria de conservació i gestió de l'espai que el situa com a territori de referència en l'àmbit global.

Així mateix, en els mateixos municipis neixen iniciatives dels mateixos residents per conservar el patrimoni. “Actualment, a Deià ha sorgit una associació on hi ha diverses entitats implicades que fan feina per activar l'agricultura, la gestió de l'aigua, la custòdia forestal... Aquestes accions comunitàries creen consciència i amor per la terra i són les que de veritat li donen un sentit als qui vivim aquí” declara López.

En aquest context, la Fundació de Turisme Responsable de Mallorca promou un model de turisme sostenible a l'illa a través d'iniciatives com el Pledge de Turisme Responsable, un compromís obert a residents i visitants per contribuir a la cura i la regeneració del territori.

Igualment, el 2025 el Govern del PP amb el suport de Vox, van aprovar la llei de liberalització del sòl que permet legalitzar centenars d'edificacions construïdes en sòl rústic a la Serra de Tramuntana construïdes abans de 1991 i que han superat el termini legal de vuit anys des de la seva infracció, incloses aquelles situades a les àrees de màxima protecció.

Per altra banda, Toni Muñoz comenta que el segell de Patrimoni Mundial “no ha implicat cap mena de normativa associada en forma de limitacions o regulacions. Només ha facilitat que l'administració destini diners perquè particulars i ajuntaments restaurin patrimoni. Tot el que està associat al paratge natural, que és el que està emparat per la UNESCO”. “Les mesures que es prenen per a la conservació del territori recauen sempre sobre els ajuntaments”, afegeix Crsitina López.

De la mateixa manera, Muñoz recalca que la conservació que s'ha fet durant aquests últims anys “no és suficient” i que el patrimoni etnològic que té la Serra en forma de pedra en sec, marjades, sistemes d'aigua... és immens. “El que s'ha fet durant aquests 15 anys gràcies a aquestes ajudes, de cap manera compensa el ritme de degradació i de pèrdua de patrimoni que s'està donant. Hi ha una clara incapacitat per part de la nostra administració de regular aquest increment molt important d'aquesta activitat turística”

La importància de la Serra

Per Mallorca, la Serra de Tramuntana representa una part essencial de la seva identitat. Com diu Llucia Bujosa, la Serra “és casa”. La serralada constitueix un important refugi de biodiversitat, amb una gran varietat d'hàbitats i espècies, moltes d'elles endèmiques de les Illes Balears. Les espècies endèmiques són aquelles que es troben limitades a un àmbit geogràfic i que no es troba de forma natural en cap altra part del món. A la serralada es poden trobar 65 de les 97 espècies endèmiques de les Balears, entre les quals destaquen El Ferreret, un gripau que es troba actualment en perill d'extinció.

Els seus extensos boscos d'alzines i els seus escarpats penya-segats alberguen una gran diversitat d'espècies de flora i fauna. Entre elles sobresurt el voltor negre, una de les majors rapinyaires d'Europa, que té a la Serra com un dels seus principals refugis. També habiten aquest espai nombroses espècies endèmiques, tant animals com vegetals, adaptades a les singulars condicions d'aquest entorn i que converteixen la Serra de Tramuntana en un dels principals reservoris de biodiversitat de Mallorca.

Per Blázquez, el que la fa única és el seu llegat etnològic de l'ús agrari com les marjades, camins de ferradura, cases senyorials (possessions) o l'olivar centenari. Durant l'Edat Mitjana, els àrabs van introduir un sistema de terrasses i canals de reg que va permetre cultivar els costeruts vessants que van modificar la forma de producció que continua en funcionament avui dia. Aquests mateixos olivars i ametllers permeten la produir productes essencials per a la gastronomia mallorquina.

La zona engloba altres figures de protecció, com els monuments naturals de Ses Fonts Ufanes i el dels torrents de Pareis, del Gorg Blau i de Lluc, i també espais de la xarxa europea Natura 2000, formada per Llocs d'Importància Comunitària (LIC) i zones d'especial conservació per a les aus (ZEPA). Segons el Govern, del total de superfície protegida, gairebé el 95% és de propietat privada i la resta pertany a finques públiques de gestió estatal, autonòmica, insular o municipal.

Entre antiguos caminos empedrados, olivares centenarios y pueblos que descansan en la montaña, la Serra de Tramuntana lleva siglos caracterizando la historia de Mallorca. Grandes genios y artistas, desde Frédéric Chopin y George Sand hasta Robert Graves, han encontrado refugio en esta cadena montañosa, que este verano está de aniversario: la UNESCO la declaró Patrimonio Mundial en la categoría de Paisaje Cultural en 2011 en París. Sin embargo, el reconocimiento internacional que debía contribuir a preservar sus valores también ha convertido la cordillera mallorquina en un potente reclamo turístico.

Quince años después, el aumento de visitantes convive con carreteras colapsadas, rutas masificadas, residuos, una fuerte presión turística sobre las rutas más populares, los recursos naturales y los municipios que conforman la zona y una creciente dificultad de los residentes para acceder a una vivienda. A ello se suma la transformación de grandes propiedades en espacios de lujo y el retroceso de la actividad agraria que durante siglos ha moldeado el paisaje.

Que un territorio sea declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO supone el reconocimiento de su Valor Universal Excepcional, es decir, de su importancia cultural o natural para toda la humanidad. El objetivo de este programa es identificar, proteger, conservar y transmitir ese patrimonio a las generaciones futuras.

Como explica el manual de Gestión del Patrimonio Mundial publicado por la UNESCO en 2026, esta declaración implica que el bien cuente con un sistema de gestión y protección eficaz que garantice la conservación de todos sus valores patrimoniales, incluido su Valor Universal Excepcional, para las generaciones presentes y futuras. Dicho sistema debe combinar estructuras institucionales, instrumentos jurídicos y procesos de gestión, además de una planificación, seguimiento y evaluación continuos. Por otra parte, la gestión debe incorporar la evaluación de las actuaciones que puedan afectar al bien y coordinarse con otros ámbitos, como la ordenación del territorio, la agricultura, la energía, el transporte o el turismo, para asegurar su conservación.

Quince años después, el aumento de visitantes convive con carreteras colapsadas, rutas masificadas, residuos, una fuerte presión turística sobre las rutas más populares, los recursos naturales y los municipios que conforman la zona y una creciente dificultad de los residentes para acceder a una vivienda

“El sello de la UNESCO ha hecho un efecto llamada al turismo de masas y esto nos ha llevado a un colapso de carreteras y a graves problemas de suciedad en espacios naturales”, declara a elDiario.es Cristina López, primera teniente de alcalde de Deià, uno de los veinte pueblos que conforman la Serra, ubicada al noroeste de la isla. La sierra, que se extiende a lo largo de 90 kilómetros, alberga el pico más alto de las Balears, el Puig Major, que mide 1.445 metros de altitud.

Los colapsos en las carreteras, la masificación en los pueblos y el número creciente de senderistas y de ciclistas representan día a día de los mallorquines, una realidad que va cada vez en aumento. “Lo noto sobre todo en pueblos pequeños, casi ni se puede caminar tranquilamente por las calles”, indica Joan Calafell, un excursionista recurrente. “La creciente afluencia de turismo es un problema y es muy visible y palpable sobre todo por los propios vecinos. Está afectando a la calidad de vida de los propios habitantes”, comenta Toni Muñoz, responsable del área de conservación de la entidad ecologista GOB.

La creciente afluencia de turismo es un problema y es muy visible y palpable sobre todo por los propios vecinos. Está afectando a la calidad de vida de los propios habitantes

Toni Muñoz — Responsable del área de conservación de la entidad ecologista GOB

Durante los meses de marzo, abril y mayo, los albergues registraron un total de 17.443 usuarios, lo que representa un incremento del 8% respecto al año anterior, según datos del Consell de Mallorca. Tras el auge pospandemia, el número de pernoctaciones en refugios superó los 40.000 visitantes anuales, marcando un aumento del 19% a nivel general. “Se deben controlar los flujos de gente para que la experiencia no acabe siendo negativa”, declara Lluís Rullán, hotelero y representante de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) en la mesa permanente del Consorcio de la Serra de Tramuntana.

Los datos concretos de ocupación -según el Consell Insular- de cada alojamiento entre los meses de marzo y mayo son: Galatzó (2.821 estancias), Tossals Verds (3.085), So n'Amer (3.753), Muleta (2.694), Can Boi (2.626), Pont Romà (2.304) y Coma d'en Vidal (150). Los siete refugios de la institución insular están ubicados en fincas públicas y ofertan un total de 264 plazas.

Aunque los refugios representan un gran atractivo, el principal reclamo es La Ruta de Pedra en Sec, homologada como de gran recorrido (GR221). Esta discurre a lo largo de la Serra, enlazando los antiguos caminos que unían las poblaciones con las zonas agrícolas. “Las rutas más típicas, sobre todo en primavera, son las que tienen más tramos en mal estado, cada vez hay más residuos que dejan los visitantes”, denuncia Calafell.

Las rutas más típicas, sobre todo en primavera, son las que tienen más tramos en mal estado, cada vez hay más residuos que dejan los visitantes

Joan Calafell — Excursionista

Este elevado número de viajeros supone un riesgo para el mantenimiento en condiciones de la zona. “La mayoría de turistas no se preocupan por si contaminan o no, vienen tres días y se van”, afirma Llucia Bujosa, residente de Banyalbufar, un pueblo situado en el suroeste de la isla. La contaminación, los daños a la flora y a la fauna y el mayor riesgo de incendios preocupan a los vecinos. “Lo que realmente nos saca el sueño durante los meses de verano es vivir con el miedo de que un solo descuido, un chispazo o una colilla pueda provocar una catástrofe de grandes dimensiones en nuestro municipio y en la Serra en general”, añade la primera teniente de alcalde de Deià.

Lo que realmente nos saca el sueño durante los meses de verano es vivir con el miedo de que un solo descuido, un chispazo o una colilla pueda provocar una catástrofe de grandes dimensiones en nuestro municipio y en la Sierra en general

Cris — Primera teniente de alcalde de Deià

“Si no se revierte la tendencia al alza del turismo, la Serra está condenada a ser un decorado, y esto sería terrible porque no seríamos capaces de mantenerlo. La única manera de evitar esto es intentar que sea un paisaje vivo y por eso debemos ir a las actividades que lo han generado”, explica Muñoz. “La solución ideal sería intentar que la Serra sea un patrimonio etnológico vivo y que, por tanto, su propia actividad –básicamente agraria– fuera la que siguiera conservando y manteniendo esta restauración. Esto es muy complicado, puesto que la agricultura de montaña es poco rentable. La población que se dedicaba a esta actividad, ahora se dedica al turismo u a otras cosas ganando mucho más dinero”, agrega.

“Los residentes se ven expulsados”

El turismo también afecta a la crisis de vivienda que están sufriendo las islas actualmente. “Vienen una vez al año, así el pueblo se va quedando desierto y los residentes se ven expulsados”, denuncia Cris López. “Es una pena que la gente de toda la vida no se pueda permitir una vivienda, parecemos un parque temático dedicado a los extranjeros”, lamenta Bujosa.

Los extranjeros protagonizan el 29,86% de las operaciones de compraventa de viviendas en Balears, una cifra que se eleva hasta el 41,79% cuando los inmuebles superan los 500.000 euros de valor. Así se desprende del según el boletín anual del Observatorio de Vivienda y Suelo (OVS) correspondiente a 2025 publicado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Esta transformación también está modificando el paisaje de la Serra. Macià Blázquez, catedrático de Geografía de la Universitat de les Illes Balears, advierte de que la proliferación de grandes chalets y hoteles con piscinas y helipuertos supone una amenaza para el territorio y aumenta el riesgo de incendios forestales. A su juicio, la Serra “sufre una fuerte tensión entre la masificación y la exclusividad, esta última promovida por los latifundistas que han adquirido e invertido en las grandes propiedades agrarias, las posesiones”.

La Serra sufre una fuerte tensión entre la masificación y la exclusividad, esta última promovida por los latifundistas que han adquirido e invertido en las grandes propiedades agrarias, las posesiones

Macià Blázquez — Catedrático de Geografía de la Universitat de les Illes Balears

Ese modelo urbanístico y turístico tiene además consecuencias sobre los recursos naturales. Las viviendas de lujo, los establecimientos turísticos y el incremento de la población estacional elevan la demanda de agua en una zona donde este recurso es limitado, agravando los episodios de escasez. “Hemos pasado de un turismo familiar a uno de lujo; el problema llega cuando se sacrifica el bienestar de los residentes por el de los visitantes”, resume María José Tomás, vecina de Banyalbufar.

Hemos pasado de un turismo familiar a uno de lujo; el problema llega cuando se sacrifica el bienestar de los residentes por el de los visitantes

María José Tomás — Vecina de Banyalbufar

Las herramientas para conservarla

La conservación de este entorno es una prioridad para la UNESCO. En el manual de Gestión de Patrimonio Mundial, dicen que el sistema de gestión tiene como objetivo garantizar que la conservación del bien del Patrimonio Mundial genere beneficios para las comunidades asociadas y contribuya a su bienestar, así como a objetivos sociales más amplios —como el desarrollo sostenible—, cuando sea posible.

Este 15 aniversario viene con la presentación de la Ley de la Serra de Tramuntana con el objetivo de blindar los 90 kilómetros como paisaje cultural. Esta ley impulsada por el Consell de Mallorca pretende reforzar la protección del territorio, mejorar los mecanismos de gestión y garantizar que la actividad económica vinculada a la sierra sea viable a largo plazo dotando a este espacio de un marco jurídico específico.

Además, el Consell ha declarado que ha destinado 5,4 millones de euros al Consorcio Serra de Tramuntana, el doble que en 2023; ha incrementado un 84 % las subvenciones destinadas a ayuntamientos, propietarios, cooperativas y explotaciones agrarias según declararon en el acto de conmemoración que llevaron a cabo en los Jardines de Alfábia.

De igual manera, la Serra de Tramuntana forma parte de la Alianza de Paisajes, una red que agrupa territorios de todo el mundo comprometidos con la gestión sostenible de sus entornos. A eso se suma su reciente integración en la Red de Asociaciones por la UNESCO, un reconocimiento a la trayectoria de conservación y gestión del espacio que lo sitúa como territorio de referencia a nivel global.

Asimismo, en los propios municipios nacen iniciativas de los mismos residentes para conservar el patrimonio. “Actualmente, en Deià ha surgido una asociación donde hay varias entidades implicadas que hacen trabajo para activar la agricultura, la gestión del agua, la custodia forestal... Estas acciones comunitarias crean conciencia y amor por la tierra y son las que de verdad le dan un sentido a los que vivimos aquí” declara López.

En ese contexto, la Fundació de Turisme Responsable de Mallorca promueve un modelo de turismo sostenible en la isla a través de iniciativas como el Pledge de Turismo Responsable, un compromiso abierto a residentes y visitantes para contribuir al cuidado y la regeneración del territorio.

Igualmente, en 2025 el Govern del PP con el apoyo de Vox, aprobaron la ley de liberalización del suelo que permite legalizar centenares de edificaciones construidas en suelo rústico en la Serra de Tramuntana construidas antes de 1991 y que han superado el plazo legal de ocho años desde su infracción, incluidas aquellas situadas en las áreas de máxima protección.

Por otra parte, Toni Muñoz comenta que el sello de Patrimonio Mundial “no ha implicado ningún tipo de normativa asociada en forma de limitaciones o regulaciones. Solo ha facilitado que la administración destine dinero para que particulares y ayuntamientos restauren patrimonio. Todo lo que está asociado al paraje natural, que es lo que está amparado por la UNESCO”. “Las medidas que se toman para la conservación del territorio recaen siempre sobre los ayuntamientos”, añade Cristina López.

Del mismo modo, Muñoz recalca que la conservación que se ha hecho durante estos últimos años “no es suficiente” y que el patrimonio etnológico que tiene la Serra en forma de pedra en sec, bancales, sistemas de agua... es inmenso. “Lo que se ha hecho durante estos 15 años gracias en estas ayudas, de ninguna manera compensa el ritmo de degradación y de pérdida de patrimonio que se está dando. Existe una clara incapacidad por parte de nuestra administración de regular este incremento muy importante de esta actividad turística”

La importancia de la Serra

Para Mallorca, la Serra de Tramuntana representa una parte esencial de su identidad. Como dice Llucia Bujosa, la Serra “es casa”. La serranía constituye un importante refugio de biodiversidad, con una gran variedad de hábitats y especies, muchas de ellas endémicas de las Illes Balears. Las especies endémicas son aquellas que se encuentran limitadas a un ámbito geográfico y que no se encuentra de forma natural en ninguna otra parte del mundo. En la cordillera se pueden encontrar a 65 de las 97 especies endémicas de las Balears, entre las que destacan El Ferreret, un sapillo que se encuentra actualmente en peligro de extinción.

Sus extensos bosques de encinares y sus escarpados acantilados albergan una gran diversidad de especies de flora y fauna. Entre ellas sobresale el buitre negro, una de las mayores rapaces de Europa, que tiene a la Serra como uno de sus principales refugios. También habitan este espacio numerosas especies endémicas, tanto animales como vegetales, adaptadas a las singulares condiciones de este entorno y que convierten a la Serra de Tramuntana en uno de los principales reservorios de biodiversidad de Mallorca.

Para Blázquez, lo que la hace única es su legado etnológico del uso agrario como los bancales, caminos de herradura, casas señoriales (posesiones) o el olivar centenario. Durante la Edad Media, los árabes introdujeron un sistema de terrazas y canales de riego que permitió cultivar las empinadas laderas que modificaron la forma de producción que sigue en funcionamiento hoy en día. Esos mismos olivares y almendros permiten la producción de productos esenciales para la gastronomía mallorquina.

La zona engloba otras figuras de protección, como los monumentos naturales de Ses Fonts Ufanes y el de los torrentes de Pareis, del Gorg Blau y de Lluc, y también espacios de la red europea Natura 2000, formada por Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y zonas de especial conservación para las aves (ZEPA). Según el Govern, del total de superficie protegida, casi el 95% es de propiedad privada y el resto pertenece a fincas públicas de gestión estatal, autonómica, insular o municipal.

Un total de 25 persones s'han posat en contacte amb l'entitat Alerta Solidària i la plataforma Menys Turisme, Més Vida amb l'objectiu d'interposar una denúncia per les lesions sofertes durant les càrregues de la Policia Nacional al final de la multitudinària manifestació contra la turistificació celebrada el passat 26 de juliol a Palma.

Així ho han anunciat aquest dimarts en roda de premsa el portaveu de Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol, i el representant d'Alerta Solidària, Àlvar Hervalejo, que han explicat que, del total d'afectats, 16 van necessitar assistència mèdica, la majoria per hematomes i contusions en diferents parts del cos. Dos dels ferits, segons les entitats, van patir lesions de més gravetat: un d'ells va necessitar sis punts de sutura després de patir una fractura cranial i va rebre l'alta l'endemà, mentre que l'altre va romandre hospitalitzat durant dos dies després que se li detectés una hemorràgia interna, motiu pel qual va quedar ingressat en observació amb pronòstic reservat.

Entre els lesionats també hi ha un fotoperiodista que cobria la protesta i que va patir una ferida al cap després de rebre l'impacte d'una defensa policial, un episodi que està sent objecte d'una investigació interna oberta per la mateixa Policia Nacional.

A partir dels informes mèdics emesos per hospitals i centres sanitaris, Alerta Solidària ha començat a estudiar cadascun dels casos i a preparar les corresponents denúncies, tant individuals com a través d'una possible acció judicial conjunta. Amb aquest objectiu, l'entitat està recopilant informes mèdics, enregistraments i material audiovisual de les càrregues per identificar els agents que van intervenir en el dispositiu i dirigir-hi les corresponents accions legals, segons ha explicat Hervalejo.

En paral·lel, també està analitzant les nombroses fotografies i vídeos enregistrats durant l'actuació policial per identificar el màxim nombre possible d'agents, atribuir-los les actuacions concretes que consideren lesives i aportar aquesta informació als jutjats. En els casos que consideren més greus, especialment els de les dues persones amb fractures cranials, estudien presentar querelles penals.

A més de les accions dirigides contra els agents que van participar en les càrregues, Alerta Solidària planteja denunciar els comandaments policials per un presumpte delicte contra l'exercici del dret fonamental de manifestació, previst a l'article 540 del Codi Penal. L'organització considera que l'actuació policial podria haver vulnerat aquest dret i reclama que s'investiguin la cadena de comandament i les ordres impartides durant el dispositiu.

Durant la compareixença, les entitats han traslladat un missatge de suport a totes les persones afectades per la intervenció policial, tant a les que van patir lesions físiques com a les que van presenciar les càrregues. “No us deixarem sols”, han subratllat, abans de reiterar l'exigència que s'assumeixin responsabilitats polítiques. En aquest sentit, han tornat a reclamar la dimissió del delegat del Govern a les Balears, Alfonso Rodríguez, i han exigit explicacions sobre la cadena de comandament i les decisions que, al seu parer, van desembocar en uns desordres públics que “no existien abans de l'actuació policial”.

Els col·lectius també han llançat un missatge de cara a la mobilització convocada aquest dissabte a Sóller, un dels municipis més colpejats per la massificació turística i la crisi de l'habitatge a Mallorca. Sota el lema 'Sóller, al límit', Menys Turisme, Més Vida i el Moviment Jove de Sóller volen denunciar, a través d'aquesta mobilització, la “degradació” que, al seu parer, està provocant la la turistificació de la localitat.

En aquest sentit, el portaveu de Menys Turisme, Més Vida**,** ha demanat expressament que “els agents uniformats que van provocar els episodis de violència” durant la manifestació de Palma no formin part del dispositiu, alhora que ha assegurat que el moviment no renunciarà a continuar mobilitzant-se. “No deixarem que la violència policial coaccioni un moviment social i polític que té raó, que té legitimitat i que és majoritari a l'illa. El que ens fa por és no fer res per revertir els efectes desastrosos del turisme massiu; la vostra repressió no ens aturarà”, ha sentenciat.