“The trafic is so wild” [¡El tráfico es tan loco!], afirma una modelo tumbada sobre el capó de un coche, concretamente un taxi, cuyo conductor la reprime con el cláxon para que se levante y le deje avanzar por la céntrica calle de Jaume I de Barcelona.

Así empieza el último spot que la marca de ropa catalana Desigual ha colgado en redes y que ha sido blanco de las críticas por ofrecer una visión de la capital catalana que decenas de usuarios han considerado una “burla” al problema de la gentrificación y la turistificación.

La marca de ropa ha respondido a las críticas y se ha disculpado por el anuncio, con el que pretendían “usar el humor para hablar de la gentrificación y la turistificación de Barcelona. No era el lugar para la ironía. Lo hemos entendido”, dicen. La empresa ha emitido un comunicado a raíz de la polémica, pero se ha negado a retirar el vídeo a pesar de las exigencias en los comentarios.

Los usuarios barceloneses no han visto ironía en el anuncio y, por contra, han respondido airados por lo que consideran una muestra de “mal gusto” que “ridiculiza nuestra ciudad”, afea una. Otra tilda de “vergüenza” este spot que “legitima el incivismo de los turistas”.

Se trata de un vídeo de poco más de treinta segundos en el que la modelo recorre diversos escenarios conocidos de la ciudad como la Plaça de la Catedral o el carrer del Bisbe, saturando las calles para hacerse selfies o pagando 9,50€ por un café con hielo. Todo ello, rociado con máximas que han molestado a los internautas barceloneses.

“We love our palomas”, dice mientras pasea a dos de estas aves atadas con correas. “Everyone wants your bag!” [¡Todo el mundo quiere tu bolso!], asevera con una risa infantil mientras una mano perteneciente a alguien que queda fuera de plano intenta robarle su mochila. “Barcelona es el lugar más tranquilo para pasear”, asevera la muchacha a la que una local le recrimina, en catalán: “amor, estàs al mig, deixa passar”.

La marca insiste en que Barcelona es “parte esencial” de su identidad y que su objetivo es contribuir a “su proyección”, pero “siempre desde el respeto hacia la ciudad y las personas que la hacen posible”, han explicado en el comunicado.

El 25 de marzo de 2026, decenas de personas se dieron cita en Salou, en la Costa Daurada de Tarragona, para la presentación de la asociación Trabajadores por el Alquiler Turístico, un grupo que quiere “proteger” a los empleados del sector. El lugar escogido no era baladí, puesto que esta ciudad es la segunda con más apartamentos turísticos de Catalunya y suponen cerca del 23% del total de viviendas del municipio.

La asociación nació con un objetivo claro: plantar batalla ante el Decreto Ley 3/2023, que limita las VUT (Vivienda de Uso Turístico) en zonas tensionadas. Esta medida, aprobada por el Parlament, pretende mitigar la crisis habitacional y es la base que ha encontrado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para prometer acabar con estos alojamientos de cara a 2028.

A pesar de que diversos estudios han demostrado que las viviendas turísticas son una de las causas que explican el encarecimiento de la vivienda y la gentrificación de los barrios, para esta asociación el Decreto Ley es una mala noticia. Aseguran, por un lado, que si “los pequeños propietarios” que explotan las viviendas turísticas tienen que dejar ese negocio, sus pisos acabarán “en manos de grandes tenedores”. Además, consideran que supondrá “el ERE más grande de Catalunya y pone en riesgo 200.000 empleos directos e indirectos”.

Por eso, han decidido agruparse. Según aseguran en su web, Trabajadores por el Alquiler Turístico está formada por empleados que se dedican a la limpieza, mantenimiento o atención al viajero, así como integrantes de negocios indirectos como lavanderías, transporte, ocio y restauración. Dicen tener 2.292 “trabajadores asociados”.

Pero esa definición no ha sido siempre la misma. La asociación, en realidad, nació en octubre de 2025 bajo el nombre de Movimiento para el Alquiler Turístico y entonces decía estar formada por “familias trabajadoras” que, explicaban, se ganaban un sobresueldo con los apartamentos turísticos.

No fue hasta el 31 de enero de 2026 —el día antes de inscribirse en el registro de entidades de la Generalitat— cuando la entidad pasa a llamarse Trabajadores por el Alquiler Turístico y decir que representan, ya no a familias, sino a empleados.

Cuando se echa un vistazo a los nombres de la junta directiva que figuran en el registro de entidades de la Generalitat, la realidad es muy distinta: aparecen empresarios, abogados especializados en la defensa de propietarios de fincas turísticas, trabajadores de inmobiliarias y de fondos de inversión.

La cara más visible de la asociación es la de su presidente y portavoz, Guillem Laporta, cuya carrera profesional nada tiene que ver con el sector turístico. Es empleado con título de partner en Ysios, una gestora de capital de riesgo especializada en biotecnología. Su único vínculo con el sector turístico es que “administra” una propiedad individual, según reconoció en una entrevista.

Laporta es el único miembro de la junta cuyo nombre ha trascendido, es el portavoz de la entidad con los medios y es el miembro de la cúpula con un trabajo habitual no directamente relacionado con el turismo, como sí sucede con el resto de los integrantes del órgano directivo de la entidad.

Uno de los nombres más destacados es el de Dylan Tarín, que ejerce como secretario. Es abogado especializado en vivienda fue el letrado de la asociación Acaba, formada por personas que fueron sancionadas por el Ayuntamiento de Barcelona en 2021 por ofertar sus apartamentos en Airbnb sin licencia. Cuatro años antes, el consistorio ya había multado a la plataforma con 600.000 euros por anunciar pisos turísticos ilegales y después fue a buscar a los usuarios que se lucraban sin haber formalizado dicha actividad económica.

En la web de Acaba se explica que sus miembros “no son especuladores”, sino “vecinos sin recursos que se vieron obligados a buscar ingresos adicionales para subsistir”. Aunque aseguran querer luchar contra “la especulación inmobiliaria asociada al turismo”, todos decidieron convertir viviendas en pisos turísticos ilegales, en lugar de ponerlas en el mercado regular. Llegaron a ser más de 300 miembros condenados por infracciones que se multan desde los 60.000 euros.

A preguntas realizadas por este medio, desde la Asociación han querido destacar que Tarín no sólo ha ejercido como abogado en defensa de propietarios e inquilinos sancionados y insisten en que es “relevante” mencionar que también ha defendido a inquilinos, incluyendo a personas en procesos de desahucio.

También está en la junta, como tesorera, María Tutusaus Besante, CEO y fundadora de BCN Apartment Rentals, un portal que anuncia pisos turísticos de lujo y alquileres de temporada. Una noche en uno de esos apartamentos oscila van desde los 158 para pisos de una habitación hasta los 800 euros para apartamentos de cinco estancias (a los que hay que sumar tarifas de entre 100 y 200 euros en concepto de “servicio”); mientras que la renta de temporada va de los 2.500 a los 7.300 euros al mes, en función del número de habitaciones.

Tutusaus es igualmente fundadora de Bedloop, un software para gestionar “diversos” alquileres vacacionales. Se trata de una herramienta para empresas y particulares que tengan pisos o fincas turísticas. Quien también tiene vínculos con el sector turístico es Eduardo Suárez Mejuto, administrador de Black Swang, un albergue con sedes en Barcelona, Sevilla y Granada.

La otra persona que en el registro de la Generalitat figura como vocal es Pau Bosch Domínguez, arquitecto, paisajista y expresidente de Amics de la Rambla, una entidad que se dedica a representar a las empresas y negocios de uno de los enclaves más turísticos de Barcelona. Ejercer su presidencia garantiza una silla, a su vez, en la junta de Barcelona Oberta, un lobby de empresas y ejes comerciales que representan “el turismo de compras” y que se ha posicionado abiertamente y en diversas ocasiones contra las normativas que regulan las VUT, así como contra el aumento de la tasa turística.

Cabe destacar que, una vez publicado este reportaje, la entidad ha contactado a este medio para explicar que ni Bosch, ni Tarín ni Suárez forman ya parte de la junta directiva desde hace algún tiempo. Ahora bien, se trata de una decisión que todavía no se ha ratificado en asamblea general ni, por tanto, se ha comunicado al registro de entidades de la Generalitat.

¿200.000 personas a la calle?

“Hablamos de personas que solo tienen un piso para alquiler turístico, muchas veces gente mayor que necesita complementar sus pensiones”. Esta afirmación —que no contempla el mercado residencial como una opción— aparece en el tráiler de un documental, Al carrer per decret, que la asociación de Trabajadores por el Alquiler Turístico está financiando con un crowdfounding que ha recaudado 50.000 euros.

En él aparecen diversos testimonios de propietarios y personas que se dedican al sector, como limpiadoras o administradores de apartamentos. Forman parte de las 200.000 personas que, según la entidad, podrían verse afectadas por el “ERE más grande de Catalunya”.

Esta es una afirmación sin base, puesto que la norma no obliga, en ningún caso, a prohibir ni clausurar todos los apartamentos turísticos. Lo que establece es que las licencias tendrán un máximo de 5 años y que solo se renovarán si el consistorio así lo decide. De momento, Barcelona es el único municipio que ha apostado por la extinción total de este modelo. También afecta a los municipios tensionados, en los que se establece que no se pueden otorgar más de 10 licencias turísticas por cada 100 habitantes.

Según ha explicado la entidad, los 200.000 despidos son “estimaciones propias” que incluyen a cualquier persona que tenga el mínimo contacto profesional con un piso turístico, lo que también implica a trabajadores de la hostelería y la restauración. Por ello, la misma entidad matiza que su estimación de empleo directo es de 35.000 personas en Catalunya. Una cifra que, en la ciudad de Barcelona, se sitúa en las 16.300, según cálculos del Ayuntamiento.

Entre estas personas están trabajadoras de piso como Las Kellys, colectivo al que la asociación ha hecho referencia en varias ocasiones. Las han apoyado públicamente en sus reivindicaciones y las han contemplado como parte de esas personas que perderían el empleo en caso de prohibirse los VUT. Pero ellas mismas han corrido a desvincularse de esas ideas e, incluso, consideran que el fin de este modelo de alojamiento como una oportunidad para “repensar el modelo”. Insisten en que el crecimiento del turismo “no ha ido ligado a una mejora de las condiciones laborales”.

Al contrario, aseguran que “la expansión de los apartamentos turísticos ha generado una precarización mayor” de sus trabajadores. Las Kellys asumen la tesis del Ayuntamiento, que quiere que la prohibición de los apartamentos comporte la redirección de los turistas hacia los hoteles.

“La infraestructura hotelera puede reabsorber a gran parte de estas trabajadoras”, sostienen las camareras de piso; algo que consideran una mejoría, ya que supondría un traslado a un sector con más regulación y más amparada por “convenios colectivos y representación sindical”.

Las asociaciones vecinales Amigos de Cazoña, Cueto, Defensa de El Sardinero, Pombo-Cañadío-Ensanche y San Joaquín se han unido para lanzar el manifiesto conjunto “Santander está enferma”. Esta iniciativa busca abrir un debate ciudadano sobre el futuro del modelo urbano y proponer ideas que involucren al resto de colectivos y a las instituciones.

Los colectivos firmantes advierten que la ciudad “amable” que definió la identidad de la capital cántabra está dejando paso a un panorama marcado por “la suciedad, los ruidos constantes, las borracheras, los orines, la presencia de cristales rotos y una ocupación descontrolada de las calles”. Lejos de ser hechos aislados o molestias veraniegas temporales, denuncian que se trata de un problema estructural derivado de “un modelo de gestión que ha relegado la calidad de vida y la convivencia de los residentes a un segundo plano”.

Las consecuencias se repiten sistemáticamente. Cada noche, varias calles se convierten en espacios de consumo masivo de alcohol, acumulando basura y ruidos molestos que impiden el descanso vecinal hasta la madrugada, dejando un rastro de suciedad, orines, cristales y mobiliario dañado cada mañana. A esto se añaden la congestión circulatoria y un “uso desproporcionado del espacio público” que, dice, acentúa el desorden.

Ordenanzas que no se aplican

El manifiesto recalca que el origen de esta situación no radica en la falta de regulación. Santander dispone de ordenanzas sobre convivencia ciudadana, contaminación acústica, consumo de alcohol en vía pública y uso del suelo común. El problema principal radica en que estas normativas “no se aplican” de manera efectiva por parte de las autoridades locales. Esta inacción transmite a los ciudadanos un peligroso mensaje de impunidad, sugiriendo que, en determinadas épocas del año, “todo vale”.

Por otra parte, la coalición vecinal recuerda que mantener una ciudad va más allá de limpiarla cada mañana. Exigen planes continuos de mantenimiento urbano, conservación de espacios de tránsito, atención a zonas verdes y arbolado, y el respeto por el patrimonio histórico y las tradiciones locales.

Turismo compatible y diversificación económica

El movimiento vecinal aclara que no se posiciona en contra del sector turístico, reconociendo su papel estratégico en la generación de riqueza local. Sin embargo, sostienen que el turismo nunca puede desarrollarse contra la ciudad que lo acoge ni socavar el derecho fundamental de los vecinos a descansar y disfrutar de su entorno. Para los colectivos, “el éxito de Santander no puede medirse únicamente por indicadores cuantitativos como la cantidad de visitantes, terrazas o eventos organizados”.

Frente al desarrollo turístico, los vecinos reclaman una economía más diversa capaz de retener el talento joven y ofrecer oportunidades profesionales de calidad. Se trata de conservar elementos genuinos como la escala humana, la tranquilidad y el respeto mutuo, diferenciando a Santander de otros destinos masificados.

Renaturalización y mejora del transporte colectivo

La propuesta vecinal mira hacia el futuro sostenible de la capital. Según el manifiesto, una ciudad adaptada al siglo XXI debe priorizar la salud pública y la adaptación activa al cambio climático. Para ello, abogan por una renaturalización decidida mediante el aumento de zonas arboladas y áreas verdes urbanas.

Además, consideran fundamental priorizar el transporte público colectivo y promover una movilidad más respetuosa, reduciendo la dependencia del coche para lograr un entorno más accesible y seguro.

Llamamiento a la acción y colaboración

Los colectivos impulsores reiteran que su propósito no es la confrontación, sino el aprecio por su ciudad y la convicción de que todavía es posible corregir el rumbo. Con este fin, invitan formalmente a más asociaciones, entidades colectivas y ciudadanos independientes a unirse al documento para construir propuestas comunes y trabajar de la mano con las instituciones públicas.

“Queremos avanzar sin perder nuestra identidad. Que Santander cambie, mejore y prospere, pero que siga siendo reconocible para quienes la quieren y la viven”, concluye un manifiesto que reivindica que la ciudad pertenece, por encima de todo, a sus ciudadanos.

Muy cerca de la emblemática Plaza de Zocodover de Toledo se encuentra la calle de La Plata. Nace en diagonal a su arteria principal, la calle Comercio, lo que la convierte en un enclave de lo más apetecible para los numerosos proyectos turísticos que no paran de multiplicarse en el Casco Histórico de esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

El ejemplo de mayor relevancia se encuentra ahora en el macrohotel de 80 habitaciones dobles y cuatro alturas que la promotora Delfín S.A. quiere construir en ocho inmuebles que ocupan casi 7.000 metros cuadrados entre la mencionada calle y diversos edificios residenciales y parcelas (algunos privados y otros de titularidad pública enajenados por el Ayuntamiento) en otros tres callejones: los Husillos, los Bécquer y San Ginés.

El proyecto incluye cafetería, restaurante, salas de reuniones y spa. No existe ningún presupuesto público ni cifra oficial de lo que costará.

Pero al margen de ello, la cuestión viene de largo. El Plan Especial de Reforma Interior y Mejora (PERIM) para su construcción vio la luz hace más de cinco años y se aprobó en diciembre de 2022, cuando todavía gobernaba en la ciudad el PSOE, con Milagros Tolón como alcaldesa. No obstante, ha sido este año, con el PP y Vox en el equipo de Gobierno municipal cuando se ha tramitado. Y ahora los socialistas, en la oposición, no lo quieren.

Fue el pasado mes de marzo cuando la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo dio luz verde al proyecto, pese al rechazo que de los partidos de la oposición (PSOE e IU-Podemos) y de Movimiento Sumar.

Además, ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por la Real Fundación de Toledo contra el proyecto. El objetivo de esta acción judicial es clarificar los criterios urbanísticos que se están aplicando en el Casco Histórico de Toledo y en algunas zonas protegidas de Cigarrales.

“Buscamos aclarar si el modelo con el que se está trabajando responde a objetivos del Plan Especial del Casco Histórico de Toledo (PECHT) o se está haciendo un abuso de los PERIM”, explica Jesús Carrobles, director de la Real Fundación de Toledo.

Este experto en patrimonio cree que se está recurriendo a disposiciones de rango menor (en referencia al PERIM) para modificar o anular normativas superiores aprobadas por la comunidad autónoma (el PECHT), las cuales cuentan con “un alto nivel de protección y consenso”.

“Podemos tener los mejores planes del mundo, pero si utilizamos de manera abusiva una figura que anula lo dispositivo, tenemos un problema”, señala Carrobles, subrayando que Toledo es actualmente la ciudad que más está utilizando esta vía administrativa.

Cuando no prima el uso residencial

La Real Fundación de Toledo compara la tendencia actual con los “desastres urbanísticos de los años 50 y 60”, cuando la construcción de grandes bloques anuló parte de la trama urbana tradicional. Su temor es que estas operaciones actuales degraden profundamente la ciudad de una manera negativa que el actual Plan Especial trataba de evitar, primando el uso residencial de los edificios del barrio antiguo.

Y ahí está el quid de la cuestión. Este nuevo macrohotel, de llegar a construirse, agrava la tendencia creciente de reconvertir bloques residenciales enteros en plazas turísticas, en detrimento de la vivienda. Y todo con el apoyo de PP y Vox.

Porque los dos partidos gobernantes en la ciudad no solo apoyan este proyecto hotelero de gran envergadura, sino que también modificaron en noviembre de 2024 el Plan General de Ordenación Urbana en su limitación de los apartamentos turísticos (AT) y de las viviendas de uso turístico (VUT) en el Casco Histórico.

¿Qué cambió? En la legislatura anterior del PSOE se limitaba la actividad, en ambos casos, a las plantas baja y primera de los edificios, para evitar molestias a los residentes en pisos superiores. Sin embargo, ahora ese límite tiene una excepción: “Cuando el inmueble se destine en su conjunto a apartamentos turísticos”.

Ese cambio, que pasó casi desapercibido, ha permitido dar vía libre a la mencionada reconversión de edificios residenciales completos, no en el caso de las VUT, pero sí en apartamentos turísticos.

De acuerdo con la definición que hace el decreto autonómico tanto de apartamentos turísticos como de VUT, la Junta de Castilla-La Mancha distingue en su propio registro ambas categorías. Según los últimos datos publicados, la ciudad de Toledo cuenta con 26 apartamentos turísticos en edificios completos, casi todos ellos en el Casco Histórico.

El dato es muy relevante y no ha pasado desapercibido para los vecinos y vecinas del barrio. Hablamos con Alicia Es. Martínez y África Alonso, madre e hija, y residentes en el Casco. “Esto destroza el tejido urbano y vecinal, y el reflejo de la especulación que estamos viviendo en todo el país”, denuncia África, representante de la Unión Popular de Inquilinos de Toledo.

Este colectivo ha analizado minuciosamente el proyecto y recalca el hecho de que muchos de los edificios que utilizará el macrohotel eran inmuebles que el Ayuntamiento ha vendido. “Es curioso que, mientras pasa esto, estemos reivindicando más viviendas sociales para los vecinos y vecinas del Casco Histórico, a los que también están echando de sus casas para lo mismo, para hacer apartamentos turísticos”, destaca

Es una cuestión que esta asociación lleva denunciando desde hace tiempo. “A los vecinos del Casco nos están echando y se está reduciendo por todas partes la habitabilidad del barrio. Hay viviendas sociales mal construidas que todavía no se han habilitado y familias enteras que optaron a una vivienda joven a los que también quieran echar de sus casas. Estamos perdiendo oportunidades de vivienda mientras la ciudad se convierte en un decorado”, lamenta.

No paramos de defender a vecinos y vecinas a los que echan de sus casas para construir hostales, hoteles y apartamentos turísticos. Y estos últimos a veces ni se declaran

África Alonso — Unión Popular de Inquilinos de Toledo

Y un gran hotel de estas características, tan cerca de la Plaza de Zocodover y de la calle Comercio, es un claro ejemplo de la turistificación. “No paramos de defender a vecinos y vecinas a los que echan de sus casas para construir hostales, hoteles y apartamentos turísticos. Y estos últimos a veces ni se declaran. Es un despropósito”, subraya África Alonso.

De la misma opinión es Alicia, también activista social y cultural de Toledo. “Es absolutamente vergonzoso que casi una calle entera se dedique a un macrohotel, a un uso hotelero, quitando la posibilidad de viviendas de hasta 100 viviendas en el Casco Histórico y en un tejido urbano absolutamente consolidado, que además hay que promover. Pero el Ayuntamiento ha optado por un modelo de ciudad que expulsa a sus vecinos”.

“No lo vamos a consentir bajo ningún concepto y estamos, evidentemente, movilizándonos ya, reuniéndonos y organizándonos para protestar por esta y otras decisiones que lo que hacen es premiar la especulación y premiar que la ciudad de Toledo sea una ciudad en venta en lugar de una ciudad para las vecinas y los vecinos y sus niños y niñas”, agrega.

En el terreno político, por el contrario, la defensa que hace el equipo de Gobierno de las derechas es férrea. El concejal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado (Vox), ha defendido la aprobación de esta modificación del PERIM alegando que al no existir una suspensión del planeamiento justificada, el Ayuntamiento está obligado a respetar los derechos de la propiedad para evitar futuras impugnaciones judiciales. “Si la ley no está limitada tiene que cumplirse”, apunta.

La oposición, un rechazo en bloque

En el Grupo Socialista, la situación es cuanto menos paradójica. El proyecto tiene su origen en la etapa en que gobernó en la ciudad. Pero ahora, su portavoz, Noelia de la Cruz, lo rechaza porque “la modificación el proyecto que se plantea no responde al interés general”.

Por su parte, el portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, considera que este nuevo hotel en el Casco es “absolutamente innecesario e invasivo”. Advierte sobre la falta de un informe arqueológico específico, a pesar de que la Viceconsejería de Cultura sugirió tener en cuenta posibles afecciones patrimoniales que, según denuncian, no se han integrado en el expediente.

“Luego hacemos una obra y nos llevamos el patrimonio al Museo Arqueológico Nacional”, subraya Fernández en referencia a la exposición de tablas policromadas medievales que se encontraron durante las obras de otro hotel en el Casco y que ahora están en una exposición temporal en dicho museo.

También pone en entredicho el informe de movilidad que “pone pegas al uso de plazas verdes” de aparcamiento dedicadas a residentes y al nivel de ruido que tiene que establecerse al tratarse de una zona residencial. “Se nos olvidan los informes de necesidad de vivienda.. Hemos eliminado ocho bloques de viviendas en la calle de la Plata para convertirlo en un hotel probablemente de lujo, inaccesible para la gran mayoría de la gente”, agregó Fernández.

A la oposición política se ha sumado el Movimiento Sumar Toledo, que señala que, a su juicio, este macrohotel profundiza en un modelo que “prioriza el negocio turístico frente al derecho a la vivienda”. La formación remarca que Toledo “tiene que seguir siendo una ciudad habitable, no un parque temático”.

Estamos asistiendo a una dinámica muy preocupante: cada vez hay menos vecinos y más habitaciones de hotel. Toledo no puede convertirse en un decorado sin vida

José Luis Resuela — Portavoz de Movimiento Sumar en Toledo

“Estamos asistiendo a una dinámica muy preocupante: cada vez hay menos vecinos y más habitaciones de hotel. Toledo no puede convertirse en un decorado sin vida”, ha señalado el portavoz local de Movimiento Sumar, José Luis Resuela, que se compromete a que, si gobierna, no permitirá nuevas conversiones de viviendas residenciales en usos turísticos en el Casco Histórico.

Se refiere con ello no solo al proyecto de calle de La Plata, sino a otros que también tiene entre manos el Ayuntamiento. El más paradigmático es el que se planea, también en el Casco Histórico, pero orillas del río Tajo, conocido como Hotel La Cava. El proyecto cogió velocidad con la llegada de PP y Vox al Ayuntamiento de Toledo, en 2023. Se planteó un macrocomplejo de cinco alturas, 110 habitaciones y más de 250 plazas de aparcamiento que despertó una fuerte contestación social y política que todavía hoy, tres años después, no ha terminado.

En dos ocasiones ha salido a información pública, para que las personas interesadas pudieran opinar y presentar alegaciones. En la segunda de esas ocasiones, la actual, las expectativas se redujeron: la construcción que se plantea ha menguado su volumen -se proyectan edificios fragmentados en lugar de una mole- y se ha pasado de cinco a tres alturas, pero la ubicación sigue siendo la misma.

Se asentaría en la zona conocida como La Solanilla, uno de los parajes de Toledo con la mayor biodiversidad natural de plantas y animales, especialmente de aves, en todo el recorrido del río a su paso por la capital de Castilla-La Mancha. Hace unos meses esta cuestión ya se puso en el punto de mira por plantearse en plena zona inundable del río Tajo.

El proyecto provocó incluso la creación de una plataforma ciudadana, que cuenta incluso con página web, para expresar el rechazo a la iniciativa y se han recogido firmas en este sentido. Los colectivos sociales y vecinales del Casco Histórico no descartan ahora plantar cara también al nuevo macrohotel de La Plata. No les gusta. No lo quieren: “Vamos a ir a por todas”, advierten.

He disfrutado este verano de unas vacaciones maravillosas en Lanzarote. Apenas una semana, suficiente; en la mejor compañía posible; y alojados en la playa de Famara, un auténtico paraíso natural, con unos anfitriones divertidos, generosos y adorables.

La isla canaria es un territorio mágico. Tiene algo difícil de explicar que te conquista y te atrapa. Sus paisajes volcánicos, como marcianos, dominados por la negra huella de la lava volcánica, tan diferentes a lo que puedes encontrar en la península. Su gastronomía, rica, variada y asequible. Su gente, amable y educada. Y su armonía visual, un auténtico bálsamo para el espíritu.

Entre las suaves ondulaciones de sus viejos volcanes, o encajadas entre pequeñas playas y calas rocosas, destacan sus localidades. Apenas siete municipios en toda la isla, pero compuestos por decenas de localidades y pedanías. Y todas con un aire similar. Casas blancas, de una o dos alturas, con techo plano en azotea y las puertas y ventanas de colores: azul si la ocupación familiar original es la pesca, marrón si la ganadería y verde si es la agricultura. Sus caseríos, alzados sobre la costa o dejándose caer por las laderas, salpicados de unas pocas palmeras, son auténticos portales de belén.

Toda la isla está presidida por una presencia invisible pero constante, como un espíritu que controla y canaliza tus visitas y excursiones. Es la huella de César Manrique, artista local con alma de ecologista y arquitecto que, tras vivir en Madrid y Nueva York, regresó a casa en los años sesenta para convertir Lanzarote en su gran obra.

Enamorado de la belleza natural local, supo armonizar tradición y paisaje con su inquietud artística para realizar intervenciones urbanísticas y arquitectónicas que son auténticas obras de arte: los jameos, el mirador, los verdes, el monumento al campesino, Timanfaya o su propia casa, convertida hoy en museo.

Convertido ya en una referencia local indiscutible, cuando la amenaza de la explotación turística sin control llegó a la isla en los ochenta, Manrique lideró un manifiesto que se convirtió en movimiento social. “Ha llegado el momento de parar”, rezaba aquel texto.

El resultado de aquel espíritu, y de la regulación que las autoridades aceptaron desarrollar en los años siguientes, es la situación actual de la isla. El turismo masivo de hoteles y apartamentos está concentrado en tres puntos de la costa: Playa Blanca, Puerto del Carmen y Costa Teguise. Arrecife, la capital, tiene algunos edificios altos, pero no muchos ni muy elevados. Y el resto de la isla es paisaje volcánico salpicado de viviendas blancas de no más de dos pisos.

Hace falta en el urbanismo actual, en el que no dejamos de ver cómo la ciudad pierde patrimonio con obras de reforma o ampliación más que discutibles, cuando no derribos directamente, como ha ocurrido en los últimos años en La Palmera o con algún edificio de Aníbal González. Parece que no aprendemos de las barbaridades que se hicieron en el centro de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX en lugares como el Duque o Imagen, entre otros

El resultado no sólo es armonía y respeto por la tradición y el entorno natural. Es equilibrio y sostenibilidad social y económica. Con apenas recursos agrícolas o ganaderos, en una tierra en la que cultivar vino como hacen algunos es una auténtica heroicidad, la mayor parte de la población vive del turismo. Pero lo hace de una forma ordenada y manejable. Al menos, eso es lo que parece y lo que te cuentan los locales.

Un buen ejemplo son los teleclubes. Nacidos en los sesenta, cuando en cada localidad sólo había una televisión en el centro cívico municipal, éstos locales se han convertido hoy en seña de identidad, bares tradicionales ubicados en edificios municipales que, mediante concesión, dan de comer gastronomía local y a los que acuden los turistas, sí, pero que siguen siendo punto de encuentro y reunión para los habitantes de la isla.

Imagino que, a estas alturas, ya adivinan por donde voy. Sevilla, ciudad milenaria, monumental y peculiar, necesita un César Manrique que mande parar. O, mejor aún, una sociedad civil que asuma un espíritu similar al que movió al artista lanzaroteño hace cuarenta años y que asuma e imponga esta exigencia. Los sevillanos deberían hacer como manda el canon taurino: parar, templar y mandar.

Hace falta en el urbanismo actual, en el que no dejamos de ver cómo la ciudad pierde patrimonio con obras de reforma o ampliación más que discutibles, cuando no derribos directamente, como ha ocurrido en los últimos años en La Palmera o con algún edificio de Aníbal González. Parece que no aprendemos de las barbaridades que se hicieron en el centro de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX en lugares como el Duque o Imagen, entre otros.

Pero hay que hacerlo también en la cartera de plazas de alojamiento para turistas que no deja de crecer. ¿Cuántos hoteles hay en construcción o proyecto en Sevilla actualmente? ¿Cuántos edificios, viviendas y locales comerciales se han convertido en apartamentos turísticos en dos décadas, sea cual sea la fórmula elegida? ¿Qué se encontrarán los visitantes cuando no queden sevillanos en kilómetros a la redonda del casco histórico? Si la ciudad pierde su esencia, su alma, su espíritu, ¿quién querrá conocerla y visitarla?

Nuestras tiendas y bares son patrimonio cultural también. Y están desprotegidos, como los vecinos, abandonados a su suerte en un mercado que prima subidas brutales del alquiler para convertir los edificios en apartahoteles mientras nuestras autoridades, de todos los colores políticos, miran hacia otro lado.

Sevilla necesita parar, reflexionar y decidir cómo quiere ser dentro de 50 años. Un decorado para películas y turistas, como Venecia o Praga. O un lugar vivo, habitable y con carácter como Lanzarote. En unos meses hay elecciones. Estamos tardando en encontrar a nuestro César Manrique.

El camino hacia una angosta playa de Portinatx serpentea desde lo alto de la carretera e involucra el paso por un aparcamiento, unas escaleras de color terracota y un restaurante de lujo. Todo ello forma parte de un hotel de cinco estrellas que abrió sus puertas el pasado mes de julio y que abarca buena parte del litoral. De hecho, el acceso a la cala, de reducidas dimensiones y sin nombre, obliga a pasar por el alojamiento, inspirado en los colores y el estilo del desierto marroquí de Agafay y cuya edificación llega casi hasta la arena.

Allí, un socorrista controla, desde una silla, el mar. Es un trabajador de una empresa externa contratada por el hotel, explica al ser preguntado por este diario. Hasta hace poco, no trabajaban en Portinatx —continúa—, pero este verano la compañía tiene socorristas en tres alojamientos de alto standing de la zona vacacional. Uno de ellos es el Barceló Portinatx, ubicado a unos 20 metros de la playa.

La mayoría de los turistas que están en la cala frente al Nômade son clientes del establecimiento de lujo. Entre ellos, David, un parisino que viaja junto a su mujer y su hijo pequeño. Han venido a pasar sus vacaciones primero en una villa que han alquilado junto a unos amigos y ahora pasan cuatro días en el hotel, aunque les ha “decepcionado” un poco el servicio por el precio que han pagado.

La mayoría de las reseñas que acumula el hotel en la plataforma Booking —donde apenas alcanza una nota de cuatro puntos sobre diez— son negativas, a pesar de su alta categoría. El aparcamiento del alojamiento es exclusivo para clientes y cuenta con vigilancia —está dentro de la servidumbre de protección de Costas, que incluye algunos terrenos privados—. Sin embargo, hay que cruzarlo para llegar hasta la cala, que no cuenta con señalización pública.

Dos noches para dos personas en el Nômade Temple Ibiza, ubicado entre Cala Xarraca y Portinatx, rondan en pleno mes de agosto los 2.600 euros, eligiendo la opción de habitación más barata. En el caso de las suites con mejores vistas, el alojamiento se encarece hasta casi los 6.000 euros por pareja. A pesar de que los precios descienden levemente en temporada más baja, sobre todo a finales de septiembre, siguen estando por encima de los 1.600 euros.

Una filosofía vinculada al “crecimiento personal”

La cadena fue impulsada por el empresario argentino Antonio de la Rúa —hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa y expareja de la cantante Shakira— después de desarrollar complejos turísticos en Tulum y Holbox (México) y ha elegido Eivissa y Madrid para iniciar su desembarco en Europa.

Su propuesta va mucho más allá del alojamiento. En la capital ocupa un edificio histórico reconvertido en hotel de cinco estrellas, mientras que en el territorio insular se ha instalado en Portinatx con un establecimiento donde la experiencia gira alrededor del bienestar, la naturaleza y la espiritualidad.

Meditación, baños de hielo, sesiones de DJ, gastronomía, programas de bienestar e incluso una lista oficial de reproducción en Spotify forman parte del universo que comercializa la marca. En su propia presentación, Nômade asegura que busca que el visitante “no solo descubra un destino, sino que emprenda un viaje de transformación personal”.

El discurso conecta con una filosofía turística muy similar a la que desde hace años utilizan numerosos establecimientos de alta gama en Eivissa y que pasa por vender una experiencia asociada a un estilo de vida muy concreto, vinculado a un hippismo cada vez más glamuroso. Nômade Temple no ha respondido a la consulta de elDiario.es. El Ayuntamiento de Sant Joan tampoco ha contestado a las preguntas de este periódico antes de la publicación de este reportaje.

En su primera temporada en funcionamiento, una asfixiante mañana de agosto, los empleados suben y bajan por las escaleras —de color tierra, que pretenden integrarse lo máximo posible en el entorno natural que las envuelve— que serpentean desde la piscina de grandes dimensiones hasta el chiringuito que precede a la recóndita cala. El camino pasa por el spa —abierto a turistas de fuera del hotel— y también por el restaurante, bautizado como 4 Fuegos y con su propio concepto.

Un camarero coloca unos cojines de grandes dimensiones en el suelo arenisco de una terraza de piedra que se alza sobre la playa. Otro trabajador acaba de recoger los mats que acaban de utilizar los huéspedes para unirse a la clase de yoga impartida por la mañana. La siguiente actividad es nocturna: un baño conjunto a la luz de la Luna, detalla a elDiario.es otra empleada.

La existencia de una propiedad privada alrededor de una playa no está prohibida por sí misma. Puede haber terrenos privados colindantes con el dominio público marítimo-terrestre. Lo que no puede hacer el propietario es convertir de facto la playa en un espacio inaccesible al público. El impedimento de privatizar una playa —como ocurre en lugares como Cuba o la Riviera Maya— está regulado en España por la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, a través de su artículo 33.1.

La existencia de una propiedad privada alrededor de una playa no está prohibida, pero el propietario no puede convertir de facto la playa en un espacio inaccesible al público

La normativa establece la servidumbre de acceso público y gratuito al mar y obliga a prever accesos suficientes y señala que estos deben estar “señalizados y abiertos al uso público”, recoge. Algo que no se cumple en el caso de la recóndita cala del Nômade, que explica lo siguiente en su página web: “El hotel ofrece acceso directo a una preciosa cala”.

La transformación de Portinatx

Portinatx es, desde hace casi una década, un enclave entregado a los hoteles ‘Adults Only’ —solo adultos— cada vez más lujosos, una tendencia que empezó en los años 2000 y que desde entonces ha ido in crescendo. Anteriormente, el enclave estaba enfocado principalmente al turismo familiar, sobre todo a familias del norte de Europa, pero progresivamente se fue reconvirtiendo en un área más pensada para establecimientos hoteleros de alta categoría. En los últimos años, comerciantes y pequeños empresarios de la zona han lamentado el giro —que además es general en la isla— hacia el lujo y la pérdida de visitantes de clase trabajadora.

Portinatx estaba enfocado principalmente al turismo familiar, pero progresivamente se fue reconvirtiendo en un área más pensada para establecimientos hoteleros de alta categoría

El éxito de este modelo se refleja, por lo menos en esta punta de Eivissa, en que la ocupación ha mantenido buenas cifras en todo lo que va de temporada. En otro hotel de elevada categoría ubicado detrás del Nômade —más antiguo que el mismo, vinculado a un concepto de sostenibilidad, pero erigido igualmente a escasísimos metros de la costa— un trabajador explica a elDiario.es que lo mismo: las habitaciones han estado durante el verano llenas de clientes.

La pequeña península que dibuja sobre el mapa parte de Portinatx —con la torre defensiva en el extremo, mirando hacia la costa catalana— ha sufrido una metamorfosis drástica en menos de un siglo. En 1956, antes de que las Pitiusas detonaran en un boom turístico, este territorio septentrional solo albergaba vegetación autóctona y en el mar no se divisaba ninguna embarcación.

Los primeros turistas de sol y playa

“Portinatx está situado en una zona muy estratégica, alrededor de tres playas: s’Arenal Gran, s’Arenal Petit i es Portitxol, que antes servía para exportar productos de los campos agrícolas hacia Mallorca y la ciudad”, explica el experto en Turismo Maurici Cuesta.

Además de para estas exportaciones, el puerto de Portinatx sirvió para el contrabando hasta que en los años 50 empezaron a llegar los primeros turistas, que sobre todo eran valencianos y catalanes que viajaban desde la Península, pero también extranjeros.

Fue entonces cuando empezaron a emerger los primeros quioscos —como se denomina a los chiringuitos de playa en las Pitiusas—, que más tarde se convirtieron en restaurantes con apartamentos en las plantas superiores hasta que en los años sesenta empezaron a construirse los primeros hoteles.

En ese momento, hubo un aumento considerable del número de plazas turísticas en Eivissa que se ocupaban de la mano de touroperadores europeos que fomentaban en la isla el turismo de sol y playa, que requería servicios como hamacas y sombrillas. Empresarios con terrenos agrícolas de la costa con poco valor encabezaron el cambio, que financiaron con el que se denominó crédito turístico, impulsado por el Estado.

Fue un momento en que peninsulares que se habían trasladado empezaron a construir pequeños chalets en el centro de Portinatx. Entonces era una localidad prácticamente aislada, con escasas conexiones de transporte público con la ciudad de Eivissa y unos lazos con el exterior que dependían de la vida burocrática y escolar.

“La construcción de la vía permitió que se desarrollara el litoral, también en los alrededores turísticos de la bahía de Cala Xarraca y Cala Xuclar”, señala Cuesta. El experto recuerda que cerca, en Cala d’en Serra, se proyectó el macrocomplejo turístico diseñado por el arquitecto catalán Josep Lluis Sert, que terminó abandonando y sobre el que ahora pesa una orden de demolición.

A mediados de los ochenta —como plasma el visualizador del Catastro, con datos sobre crecimiento urbanístico— se apreciaban numerosos barcos en la bahía y las primeras construcciones destinadas a la industria hotelera en las que invirtieron los residentes y los hoteleros locales. Entre ellas, se edificaron los antiguos apartamentos que más tarde se convirtieron en el complejo de lujo que ahora forma parte de la cadena de De La Rúa.

A pesar de que el área turística —la más importante del municipio de Sant Joan de Labritja, incluida en el Plan de Ordenación Turística (POT)— es hoy logísticamente más accesible, cada vez está más vinculada a nuevos poderes económicos. Un cambio que ya ha transformado, por otro lado, otros puntos homólogos de la isla como, por ejemplo, es Canar, en Santa Eulària. “Hasta no hace mucho, los negocios eran aún de familias de Portinatx, algo que sigue sucediendo en el caso de los servicios de playa”, observa el experto turístico. Pero hay “otros monstruos” —como los hoteles de lujo— que han engullido la costa.

España lleva más de una década recibiendo cada vez más cruceristas, un tipo de turismo que tensiona especialmente los destinos. Son viajeros que solo permanecen en tierra unas horas, en las que intentan abarcar todos los puntos de interés posibles. Sin embargo, en los últimos meses, en algunos de los principales puertos españoles se ha percibido una caída en el número de buques vacacionales que atracan.

El análisis de los datos publicados por Puertos del Estado —que, en el caso de 2026, abarcan hasta el mes de junio— apunta en una dirección: en conjunto, llegan más barcos y transportan un mayor número de viajeros a bordo, pero hay diferencias en función de los territorios. Por ejemplo, en Illes Balears, al cierre del pasado año, se produjo una caída en el número de pasajeros; mientras que en los puertos canarios de Tenerife y Las Palmas sucedió lo contrario. Hay que recordar que Palma limita desde 2022 el número diario de cruceristas.

En lo que va de año, esos datos también señalan otros aspectos, como que el sector notó la crisis del hantavirus, pero esta no provocó un desplome de viajeros a bordo de los barcos que han visitado los puertos españoles en los meses más próximos al brote a bordo del MV Hondius.

Más de 1,2 millones de cruceristas al mes

Los datos de Puertos del Estado analizados por elDiario.es reflejan que, de media, España ya recibe cada mes 1,2 millones de cruceristas entre todos sus puertos, como se ve en el siguiente gráfico.

La cifra más alta se alcanzó en octubre del año pasado, cuando se superaron los 1,6 millones de personas. Este año —como se detallará más adelante— se constata que se ha atenuado el repunte que suele producirse en los meses previos a la temporada alta de verano. Son las semanas que coinciden con la crisis del Hantavirus, así como las inmediatamente posteriores.

Pese a ello, España ya ha recibido 6,3 millones de turistas llegados en barco en los seis primeros meses del año, por encima de los 6,2 millones del mismo periodo de 2025, como se ve a continuación.

En concreto, hasta junio han atracado en España 2.503 cruceros, frente a los 2.468 del mismo periodo del año 2025. Eso se traduce en que, en la primera mitad de este ejercicio, la media de pasajeros por barco roza las 2.550 personas, cuando hace un año se quedaba ligeramente por encima de las 2.500 personas.

La evolución media del número de pasajeros

Desde que hay registros y tomando como punto de partida el año 2012, cada crucero ha trasladado de media a España unos 2.200 pasajeros, aunque hay diferencias en función de la temporada. Por ejemplo, en los meses de julio y agosto las cifras suben. En concreto, en el mes de julio de 2024 se alcanzó la cifra más alta: una media de 4.700 turistas por barco.

Actualmente, la ratio media anual se sitúa cerca de los 3.000 pasajeros por buque, cifras similares a las alcanzadas antes de la pandemia.

Hay que tener en cuenta que los datos de este año son, evidentemente, parciales y que aún faltan seis meses incluidos julio y agosto, que es cuando se alcanzan ratios más altas. Por ejemplo, el año pasado, esos meses estivales estuvieron cerca de los 4.000 pasajeros de media por barco.

Si se entra al detalle de la evolución por cada territorio, hay situaciones muy diferentes. Como se ha mencionado anteriormente, en el conjunto de 2025 se redujo el número de cruceristas que llegaron a Illes Balears. Lo mismo ocurrió en A Coruña, Vigo, Valencia o Málaga. En cambio, se mantiene la tendencia al alza, además de en Las Palmas y en Tenerife, en Alicante, Santander, Motril o Melilla, entre otros.

Hay que tener en cuenta que cuatro territorios concentran más de la mitad de todos los cruceros. Se trata de los situados en Illes Balears —que Puertos del Estado agrupa sin diferenciar por islas—, Las Palmas, Tenerife y Barcelona. La evolución en este último destino fue estable durante el pasado año, pero es el que más buques recibe. En 2025, casi 900. Y puede ir a más.

Esta semana, MSC Cruceros ha comunicado que cancela los viajes a Oriente Próximo para la temporada 2027/2028. De esta forma, el buque MSC World Europa realizará ahora sus itinerarios por el Mediterráneo occidental y pasará por Barcelona, donde el Ayuntamiento acaba de aumentar a 24 euros la tasa que paga cada crucerista. Ese barco de MSC tiene capacidad para llevar a bordo a 6.700 personas.

En el siguiente gráfico se ve la evolución por territorios.

El impacto del hantavirus

Los datos publicados por Puertos del Estado también permiten ver qué impacto tuvo, en el corto plazo, la crisis por el brote de hantavirus. Hay que recordar que el buque MV Hondius llegó a Tenerife a mediados del mes de mayo. El barco partió de Ushuaia, en Tierra del Fuego, a principios de abril.

En ese momento, los operadores —tanto las agencias de viaje, como las compañías de cruceros— aseguraron que no estaban notando un volumen alto de anulaciones, ni una caída de la demanda o una bajada de precios. La información que publica la empresa pública apunta una ralentización de los cruceros tanto en abril como en mayo, cuando la curva de pasajeros se atenúa, en comparación los mismos meses del año anterior, como se ve en el siguiente gráfico.

Sin embargo, el mes de junio ya se sitúa por encima del mismo periodo tanto de 2025 como 2024, con casi 1,18 millones de pasajeros llegando a España. Habrá que esperar a los datos de los próximos meses, los clave de la temporada, para ver si esa tendencia al alza se mantiene.

Decenas de turistas en Barcelona tratan de replicar un fenómeno viral en aumento en las redes: grabarse con el móvil mientras suben las escaleras mecánicas del metro con la Sagrada Família de fondo, una arriesgada práctica, que, a pesar de estar prohibida, se ha convertido en un momento “básico” para muchos visitantes, informa EFE.

Después de que sus hijas hayan salido de la boca del metro haciéndose un selfi con la Sagrada Família detrás, Daria asciende por las escaleras mecánicas mientras graba, de espaldas, el imponente monumento, visita obligada para los millones de turistas que eligen cada año la capital catalana como destino vacacional.

El fin de las escaleras sorprende a Daria, que trastabilla y va al suelo entre carcajadas, síntoma que solo puede indicar que no se ha herido, ni su cuerpo ni su orgullo, o eso hace ver ante los curiosos.

Después de que le ayuden a incorporarse y que entre las tres revisen el vídeo, Daria decide, exigente, bajar por las escaleras de piedra y volver a subir por las mecánicas, las veces que haga falta, hasta encontrar ese vídeo perfecto.

“No me parece peligroso pero tienes que ir con cuidado con lo que estás haciendo”, reconoce Daria entre risas, todavía divertida gracias a que la caída no ha sido aparatosa y quedará como “un buen recuerdo” que explicar cuando esté de vuelta en Moldavia.

Centenares de turistas armados con cámaras, 'smartphones' y palos selfies rodean la Sagrada Família desde todos los ángulos y consiguen la instantánea indispensable de su paso por Barcelona, pero desde hace unos años el punto neurálgico del postureo turístico es también el más peligroso: ese ascenso por las escaleras mecánicas del metro en la concurridísima Plaza Gaudí.

Hay diversas variantes de esta moda, como el clásico selfi de ser grabado por alguien un escalón más arriba o -esta ya de categoría 'influencer'– plantar el móvil en un escalón superior para conseguir un contrapicado con la Sagrada Família -que ni el mismo Tarantino- para coger el móvil en el ultimísimo segundo.

Preguntados por el origen de esta elección de plano, los turistas no dejan lugar a dudas: la “culpa” la tiene Instagram o TikTok, en todas las ocasiones, aunque no sería extraño que alguien tenga la idea 'in situ' después de ver a un turista tras otro cumplir con este ritual fotográfico.

La imagen más viral de la Sagrada Família se popularizó hace varios veranos, y no parece que los carteles de advertencia ubicados en ambos extremos de la escalera mecánica que instaló TMB en 2024 les haga replantearse nada a estos aspirantes a 'influencer', que llegan a la escalinata móvil en ristre sin reparar en el cartel, o desviando la mirada hacia otro lado.

Cynthia sólo sube una vez por las escaleras y ya tiene suficiente, gracias a que su compañero de viaje, que le ha grabado un par de escalones por encima, parece todo un profesional con el teléfono móvil en la mano y una cámara digital al cinto, por si la cosa se pone seria.

Procedente de Bilbao, Cynthia explica que quieren tener su imagen en las escaleras mecánicas por lo “bello” del reclamo turístico y por lo “cool” que se ve en este encuadre, sin pensar que la práctica entrañe peligro pues, argumenta, “si eres precavido evitas cualquier accidente”.

Además de los carteles de advertencia, las medidas adoptadas por TMB, la empresa gestora del metro, incluyen la “presencia de vigilantes y la parada de la escalera mecánica”, esta última restricción solo aplicable “si hay mucha afluencia de pasajeros”.

Fuentes de TMB aseguran que “no constan incidentes de atrapamiento” y de momento no se contempla ninguna sanción por ignorar los carteles de advertencia, pero sí reconocen que esta práctica puede provocar “molestias al resto de usuarios”.

Joel, barcelonés y usuario habitual del metro de Sagrada Família, suele mirar resignado cómo los turistas se dedican a grabarse en las escaleras.

Además de comprobarlo en persona, ha visto esta moda “por internet, varias veces”, así que entiende el deseo de los visitantes, pero apunta al peligro de la masificación de esta práctica: “No todo el mundo puede hacerlo porque si no se colapsa la salida del metro”.

Jun, que viaja sola desde Taiwán, ejemplifica perfectamente esta moda viral, subiendo y bajando en bucle para conseguir un vídeo que deje a la altura del betún los que ha visto en TikTok, un proceso que compensa por el mero hecho de que “la vista es preciosa”, se justifica.

Entre antics camins empedrats, oliveres centenàries i pobles que descansen a la muntanya, la Serra de Tramuntana fa segles que caracteritza la història de Mallorca. Grans genis i artistes, des de Frédéric Chopin i George Sand fins a Robert Graves, han trobat refugi en aquesta cadena muntanyosa, que aquest estiu està d'aniversari: la UNESCO la va declarar Patrimoni Mundial en la categoria de Paisatge Cultural el 2011 a París. No obstant això, el reconeixement internacional que havia de contribuir a preservar els seus valors també ha convertit la serralada mallorquina en un potent reclam turístic.

Quinze anys després, l'augment de visitants conviu amb carreteres col·lapsades, rutes massificades, residus, una forta pressió turística sobre les rutes més populars, els recursos naturals i els municipis que conformen la zona i una creixent dificultat dels residents per accedir a un habitatge. A això s'hi suma la transformació de grans propietats en espais de luxe i el retrocés de l'activitat agrària que durant segles ha modelat el paisatge.

Que un territori sigui declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO pressuposa el reconeixement del seu Valor Universal Excepcional, és a dir, de la seva importància cultural o natural per a tota la humanitat. L'objectiu d'aquest programa és identificar, protegir, conservar i transmetre aquest patrimoni a les generacions futures.

Com explica el manual de Gestió del Patrimoni Mundial publicat per la UNESCO el 2026, aquesta declaració implica que el bé compti amb un sistema de gestió i protecció eficaç que garanteixi la conservació de tots els seus valors patrimonials, inclòs el seu Valor Universal Excepcional, per a les generacions presents i futures. Aquest sistema ha de combinar estructures institucionals, instruments jurídics i processos de gestió, a més d'una planificació, seguiment i avaluació continus. D'altra banda, la gestió ha d'incorporar l'avaluació de les actuacions que puguin afectar el bé i coordinar-se amb altres àmbits, com l'ordenació del territori, l'agricultura, l'energia, el transport o el turisme, per assegurar-ne la conservació.

Quinze anys després, l'augment de visitants conviu amb carreteres col·lapsades, rutes massificades, residus, una forta pressió turística sobre les rutes més populars, els recursos naturals i els municipis que conformen la zona i una creixent dificultat dels residents per accedir a un habitatge

“El segell de la UNESCO ha fet un efecte crida al turisme de masses i això ens ha portat a un col·lapse de carreteres i a greus problemes de brutícia en espais naturals”, declarara a elDiario.es Cristina López, primera tinent d'alcalde de Deià, un dels vint pobles que conformen la Serra, ubicada al nord-oest de l'illa. La serra, que s'estén al llarg de 90 quilòmetres, alberga el cim més alt de les Balears, el Puig Major, que mesura 1.445 metres d'altitud.

Els col·lapses a les carreteres, la massificació als pobles i el nombre creixent de senderistes i de ciclistes representen dia a dia dels mallorquins, una realitat que va cada vegada en augment. “Ho noto sobretot en pobles petits, gairebé ni es pot caminar tranquil·lament pels carrers”, indica Joan Calafell, un excursionista recurrent. “La creixent afluència de turisme és un problema i és molt visible i palpable sobretot pels mateixos veïns. Està afectant la qualitat de vida dels mateixos habitants”, comenta Toni Muñoz, responsable de l'àrea de conservació de l'entitat ecologista GOB.

L'afluència creixent de turisme és un problema i és molt visible i palpable sobretot pels mateixos veïns. Està afectant la qualitat de vida dels mateixos habitants

Toni Muñoz — Responsable de l'àrea de conservació de l'entitat ecologista GOB

Durant els mesos de març, abril i maig, els albergs van registrar un total de 17.443 usuaris, cosa que representa un increment del 8% respecte a l'any anterior, segons dades del Consell de Mallorca. Després de l'auge postpandèmia, el nombre de pernoctacions en refugis va superar els 40.000 visitants anuals, marcant un augment del 19% en l'àmbit general. “S'han de controlar els fluxos de gent perquè l'experiència no acabi sent negativa”, declara Lluís Rullán, hoteler i representant de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) a la mesa permanent del Consorci de la Serra de Tramuntana.

Les dades concretes d'ocupació -segons el Consell Insular- de cada allotjament entre els mesos de març i maig són: Galatzó (2.821 estades), Tossals Verds (3.085), So n'Amer (3.753), Muleta (2.694), Can Boi (2.626), Pont Romà (2.304) i Coma d'en Vidal (150). Els set refugis de la institució insular estan ubicats en finques públiques i ofereixen un total de 264 places.

Tot i que els refugis representen un gran atractiu, el principal reclam és La Ruta de Pedra en Sec, homologada com de gran recorregut (GR221). Aquesta discorre al llarg de la Serra, enllaçant els antics camins que unien les poblacions amb les zones agrícoles. “Les rutes més típiques, sobretot a primavera, són les que tenen més trams en mal estat, cada vegada hi ha més residus que deixen els visitants”, denuncia Calafell.

Les rutes més típiques, sobretot a la primavera, són les que tenen més trams en mal estat, cada cop hi ha més residus que deixen els visitants

Joan Calafell — Excursionista

Aquest elevat nombre de viatgers suposa un risc per al manteniment en condicions de la zona. “La majoria dels turistes no es preocupen per si contaminen o no, venen tres dies i marxen”, afirma Llucia Bujosa, resident de Banyalbufar, un poble situat al sud-oest de l'illa. La contaminació, els danys a la flora i a la fauna i el princial risc d'incendis preocupen els veïns. “El que realment ens fa perdre la son durant els mesos d'estiu és viure amb la por que una sola distracció, una espurna o una burilla pugui provocar una catàstrofe de grans dimensions al nostre municipi i a la Serra en general”, afegeix la primera tinent d'alcalde de Deià.

El que realment ens fa perdre son durant els mesos d'estiu és viure amb la por que una sola distracció, una espurna o una burilla pugui provocar una catàstrofe de grans dimensions al nostre municipi i a la Serra en general

Cris — Primera tinent d'alcalde de Deià.

“Si no es reverteix la tendència a l'alça del turisme, la Serra està condemnada a ser un decorat, i això seria terrible perquè no seríem capaços de mantenir-lo. L'única manera d'evitar això és intentar que sigui un paisatge viu, i per això hem d'anar a les activitats que l'han generat”, explica Muñoz. “La solució ideal seria intentar que la Serra sigui un patrimoni etnològic viu i que, per tant, la seva pròpia activitat –bàsicament agrària– fos la que continués conservant i mantenint aquesta restauració. Això és molt complicat, ja que l'agricultura de muntanya és poc rendible. La població que es dedicava a aquesta activitat, ara es dedica al turisme o a altres coses guanyant molts més diners”, afegeix.

“Els residents es veuen expulsats”

El turisme també afecta la crisi d'habitatge que pateixen les illes actualment. “Venen una vegada a l'any, així el poble es va quedant desert i els residents es veuen expulsats”, denuncia Cris López. “És una pena que la gent de tota la vida no es pugui permetre un habitatge, semblem un parc temàtic dedicat als estrangers”, lamenta Bujosa.

Els estrangers protagonitzen el 29,86% de les operacions de compravenda d'habitatges a Balears, una xifra que s'eleva fins al 41,79% quan els immobles superen els 500.000 euros de valor. Així es desprèn del segons el butlletí anual de l'Observatori d'Habitatge i Sòl (OVS) corresponent a 2025 publicat pel Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana.

Aquesta transformació també està modificant el paisatge de la Serra. Macià Blázquez, catedràtic de Geografia de la Universitat de les Illes Balears, adverteix que la proliferació de grans xalets i hotels amb piscines i heliports suposa una amenaça per al territori i augmenta el risc d'incendis forestals. A parer seu, la Serra “sufreix una forta tensió entre la massificació i l'exclusivitat, aquesta última promoguda pels latifundistes que han adquirit i invertit en les grans propietats agràries, les possessions”.

La Serra pateix una forta tensió entre la massificació i l'exclusivitat, aquesta darrera promoguda pels latifundistes que han adquirit i invertit en les grans propietats agràries, les possessions

Macià Blázquez — Catedràtic de Geografia de la Universitat de les Illes Balears

Aquest model urbanístic i turístic té a més conseqüències sobre els recursos naturals. Els habitatges de luxe, els establiments turístics i l'increment de la població estacional eleven la demanda d'aigua en una zona on aquest recurs és limitat, agreujant els episodis d'escassetat. “Hem passat d'un turisme familiar a un de luxe; el problema arriba quan se sacrifica el benestar dels residents pel dels visitants”, resumeix María José Tomás, veïna de Banyalbufar.

Hem passat d'un turisme familiar a un de luxe; el problema arriba quan se sacrifica el benestar dels residents pel dels visitants

María José Tomás — Veïna de Banyalbufar

Les eines per conservar-la

La conservació d'aquest entorn és una prioritat per la UNESCO. Al manual de Gestió de Patrimoni Mundial, diuen que el sistema de gestió té com a objectiu garantir que la conservació del bé del Patrimoni Mundial generi beneficis per a les comunitats associades i contribueixi al seu benestar, així com a objectius socials més amplis —com el desenvolupament sostenible—, quan sigui possible.

Aquest 15è aniversari arriba amb la presentació de la Llei de la Serra de Tramuntana amb l'objectiu de blindar els 90 quilòmetres com a paisatge cultural. Aquesta llei impulsada pel Consell de Mallorca pretén reforçar la protecció del territori, millorar els mecanismes de gestió i garantir que l'activitat econòmica vinculada a la serra sigui viable a llarg termini dotant aquest espai d'un marc jurídic específic.

A més, el Consell ha declarat que ha destinat 5,4 milions d’euros al Consorci Serra de Tramuntana, el doble que el 2023; ha incrementat un 84 % els ajuts destinats a ajuntaments, propietaris, cooperatives i explotacions agràries segons varen declarar en l’acte de commemoració que dugueren a terme als Jardins d’Alfàbia.

Igualment, la Serra de Tramuntana forma part de l'Aliança de Paisatges, una xarxa que agrupa territoris d'arreu del món compromesos amb la gestió sostenible dels seus entorns. A això se suma la seva recent integració a la Xarxa d'Associacions per la UNESCO, un reconeixement a la trajectòria de conservació i gestió de l'espai que el situa com a territori de referència en l'àmbit global.

Així mateix, en els mateixos municipis neixen iniciatives dels mateixos residents per conservar el patrimoni. “Actualment, a Deià ha sorgit una associació on hi ha diverses entitats implicades que fan feina per activar l'agricultura, la gestió de l'aigua, la custòdia forestal... Aquestes accions comunitàries creen consciència i amor per la terra i són les que de veritat li donen un sentit als qui vivim aquí” declara López.

En aquest context, la Fundació de Turisme Responsable de Mallorca promou un model de turisme sostenible a l'illa a través d'iniciatives com el Pledge de Turisme Responsable, un compromís obert a residents i visitants per contribuir a la cura i la regeneració del territori.

Igualment, el 2025 el Govern del PP amb el suport de Vox, van aprovar la llei de liberalització del sòl que permet legalitzar centenars d'edificacions construïdes en sòl rústic a la Serra de Tramuntana construïdes abans de 1991 i que han superat el termini legal de vuit anys des de la seva infracció, incloses aquelles situades a les àrees de màxima protecció.

Per altra banda, Toni Muñoz comenta que el segell de Patrimoni Mundial “no ha implicat cap mena de normativa associada en forma de limitacions o regulacions. Només ha facilitat que l'administració destini diners perquè particulars i ajuntaments restaurin patrimoni. Tot el que està associat al paratge natural, que és el que està emparat per la UNESCO”. “Les mesures que es prenen per a la conservació del territori recauen sempre sobre els ajuntaments”, afegeix Crsitina López.

De la mateixa manera, Muñoz recalca que la conservació que s'ha fet durant aquests últims anys “no és suficient” i que el patrimoni etnològic que té la Serra en forma de pedra en sec, marjades, sistemes d'aigua... és immens. “El que s'ha fet durant aquests 15 anys gràcies a aquestes ajudes, de cap manera compensa el ritme de degradació i de pèrdua de patrimoni que s'està donant. Hi ha una clara incapacitat per part de la nostra administració de regular aquest increment molt important d'aquesta activitat turística”

La importància de la Serra

Per Mallorca, la Serra de Tramuntana representa una part essencial de la seva identitat. Com diu Llucia Bujosa, la Serra “és casa”. La serralada constitueix un important refugi de biodiversitat, amb una gran varietat d'hàbitats i espècies, moltes d'elles endèmiques de les Illes Balears. Les espècies endèmiques són aquelles que es troben limitades a un àmbit geogràfic i que no es troba de forma natural en cap altra part del món. A la serralada es poden trobar 65 de les 97 espècies endèmiques de les Balears, entre les quals destaquen El Ferreret, un gripau que es troba actualment en perill d'extinció.

Els seus extensos boscos d'alzines i els seus escarpats penya-segats alberguen una gran diversitat d'espècies de flora i fauna. Entre elles sobresurt el voltor negre, una de les majors rapinyaires d'Europa, que té a la Serra com un dels seus principals refugis. També habiten aquest espai nombroses espècies endèmiques, tant animals com vegetals, adaptades a les singulars condicions d'aquest entorn i que converteixen la Serra de Tramuntana en un dels principals reservoris de biodiversitat de Mallorca.

Per Blázquez, el que la fa única és el seu llegat etnològic de l'ús agrari com les marjades, camins de ferradura, cases senyorials (possessions) o l'olivar centenari. Durant l'Edat Mitjana, els àrabs van introduir un sistema de terrasses i canals de reg que va permetre cultivar els costeruts vessants que van modificar la forma de producció que continua en funcionament avui dia. Aquests mateixos olivars i ametllers permeten la produir productes essencials per a la gastronomia mallorquina.

La zona engloba altres figures de protecció, com els monuments naturals de Ses Fonts Ufanes i el dels torrents de Pareis, del Gorg Blau i de Lluc, i també espais de la xarxa europea Natura 2000, formada per Llocs d'Importància Comunitària (LIC) i zones d'especial conservació per a les aus (ZEPA). Segons el Govern, del total de superfície protegida, gairebé el 95% és de propietat privada i la resta pertany a finques públiques de gestió estatal, autonòmica, insular o municipal.

Entre antiguos caminos empedrados, olivares centenarios y pueblos que descansan en la montaña, la Serra de Tramuntana lleva siglos caracterizando la historia de Mallorca. Grandes genios y artistas, desde Frédéric Chopin y George Sand hasta Robert Graves, han encontrado refugio en esta cadena montañosa, que este verano está de aniversario: la UNESCO la declaró Patrimonio Mundial en la categoría de Paisaje Cultural en 2011 en París. Sin embargo, el reconocimiento internacional que debía contribuir a preservar sus valores también ha convertido la cordillera mallorquina en un potente reclamo turístico.

Quince años después, el aumento de visitantes convive con carreteras colapsadas, rutas masificadas, residuos, una fuerte presión turística sobre las rutas más populares, los recursos naturales y los municipios que conforman la zona y una creciente dificultad de los residentes para acceder a una vivienda. A ello se suma la transformación de grandes propiedades en espacios de lujo y el retroceso de la actividad agraria que durante siglos ha moldeado el paisaje.

Que un territorio sea declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO supone el reconocimiento de su Valor Universal Excepcional, es decir, de su importancia cultural o natural para toda la humanidad. El objetivo de este programa es identificar, proteger, conservar y transmitir ese patrimonio a las generaciones futuras.

Como explica el manual de Gestión del Patrimonio Mundial publicado por la UNESCO en 2026, esta declaración implica que el bien cuente con un sistema de gestión y protección eficaz que garantice la conservación de todos sus valores patrimoniales, incluido su Valor Universal Excepcional, para las generaciones presentes y futuras. Dicho sistema debe combinar estructuras institucionales, instrumentos jurídicos y procesos de gestión, además de una planificación, seguimiento y evaluación continuos. Por otra parte, la gestión debe incorporar la evaluación de las actuaciones que puedan afectar al bien y coordinarse con otros ámbitos, como la ordenación del territorio, la agricultura, la energía, el transporte o el turismo, para asegurar su conservación.

Quince años después, el aumento de visitantes convive con carreteras colapsadas, rutas masificadas, residuos, una fuerte presión turística sobre las rutas más populares, los recursos naturales y los municipios que conforman la zona y una creciente dificultad de los residentes para acceder a una vivienda

“El sello de la UNESCO ha hecho un efecto llamada al turismo de masas y esto nos ha llevado a un colapso de carreteras y a graves problemas de suciedad en espacios naturales”, declara a elDiario.es Cristina López, primera teniente de alcalde de Deià, uno de los veinte pueblos que conforman la Serra, ubicada al noroeste de la isla. La sierra, que se extiende a lo largo de 90 kilómetros, alberga el pico más alto de las Balears, el Puig Major, que mide 1.445 metros de altitud.

Los colapsos en las carreteras, la masificación en los pueblos y el número creciente de senderistas y de ciclistas representan día a día de los mallorquines, una realidad que va cada vez en aumento. “Lo noto sobre todo en pueblos pequeños, casi ni se puede caminar tranquilamente por las calles”, indica Joan Calafell, un excursionista recurrente. “La creciente afluencia de turismo es un problema y es muy visible y palpable sobre todo por los propios vecinos. Está afectando a la calidad de vida de los propios habitantes”, comenta Toni Muñoz, responsable del área de conservación de la entidad ecologista GOB.

La creciente afluencia de turismo es un problema y es muy visible y palpable sobre todo por los propios vecinos. Está afectando a la calidad de vida de los propios habitantes

Toni Muñoz — Responsable del área de conservación de la entidad ecologista GOB

Durante los meses de marzo, abril y mayo, los albergues registraron un total de 17.443 usuarios, lo que representa un incremento del 8% respecto al año anterior, según datos del Consell de Mallorca. Tras el auge pospandemia, el número de pernoctaciones en refugios superó los 40.000 visitantes anuales, marcando un aumento del 19% a nivel general. “Se deben controlar los flujos de gente para que la experiencia no acabe siendo negativa”, declara Lluís Rullán, hotelero y representante de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) en la mesa permanente del Consorcio de la Serra de Tramuntana.

Los datos concretos de ocupación -según el Consell Insular- de cada alojamiento entre los meses de marzo y mayo son: Galatzó (2.821 estancias), Tossals Verds (3.085), So n'Amer (3.753), Muleta (2.694), Can Boi (2.626), Pont Romà (2.304) y Coma d'en Vidal (150). Los siete refugios de la institución insular están ubicados en fincas públicas y ofertan un total de 264 plazas.

Aunque los refugios representan un gran atractivo, el principal reclamo es La Ruta de Pedra en Sec, homologada como de gran recorrido (GR221). Esta discurre a lo largo de la Serra, enlazando los antiguos caminos que unían las poblaciones con las zonas agrícolas. “Las rutas más típicas, sobre todo en primavera, son las que tienen más tramos en mal estado, cada vez hay más residuos que dejan los visitantes”, denuncia Calafell.

Las rutas más típicas, sobre todo en primavera, son las que tienen más tramos en mal estado, cada vez hay más residuos que dejan los visitantes

Joan Calafell — Excursionista

Este elevado número de viajeros supone un riesgo para el mantenimiento en condiciones de la zona. “La mayoría de turistas no se preocupan por si contaminan o no, vienen tres días y se van”, afirma Llucia Bujosa, residente de Banyalbufar, un pueblo situado en el suroeste de la isla. La contaminación, los daños a la flora y a la fauna y el mayor riesgo de incendios preocupan a los vecinos. “Lo que realmente nos saca el sueño durante los meses de verano es vivir con el miedo de que un solo descuido, un chispazo o una colilla pueda provocar una catástrofe de grandes dimensiones en nuestro municipio y en la Serra en general”, añade la primera teniente de alcalde de Deià.

Lo que realmente nos saca el sueño durante los meses de verano es vivir con el miedo de que un solo descuido, un chispazo o una colilla pueda provocar una catástrofe de grandes dimensiones en nuestro municipio y en la Sierra en general

Cris — Primera teniente de alcalde de Deià

“Si no se revierte la tendencia al alza del turismo, la Serra está condenada a ser un decorado, y esto sería terrible porque no seríamos capaces de mantenerlo. La única manera de evitar esto es intentar que sea un paisaje vivo y por eso debemos ir a las actividades que lo han generado”, explica Muñoz. “La solución ideal sería intentar que la Serra sea un patrimonio etnológico vivo y que, por tanto, su propia actividad –básicamente agraria– fuera la que siguiera conservando y manteniendo esta restauración. Esto es muy complicado, puesto que la agricultura de montaña es poco rentable. La población que se dedicaba a esta actividad, ahora se dedica al turismo u a otras cosas ganando mucho más dinero”, agrega.

“Los residentes se ven expulsados”

El turismo también afecta a la crisis de vivienda que están sufriendo las islas actualmente. “Vienen una vez al año, así el pueblo se va quedando desierto y los residentes se ven expulsados”, denuncia Cris López. “Es una pena que la gente de toda la vida no se pueda permitir una vivienda, parecemos un parque temático dedicado a los extranjeros”, lamenta Bujosa.

Los extranjeros protagonizan el 29,86% de las operaciones de compraventa de viviendas en Balears, una cifra que se eleva hasta el 41,79% cuando los inmuebles superan los 500.000 euros de valor. Así se desprende del según el boletín anual del Observatorio de Vivienda y Suelo (OVS) correspondiente a 2025 publicado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Esta transformación también está modificando el paisaje de la Serra. Macià Blázquez, catedrático de Geografía de la Universitat de les Illes Balears, advierte de que la proliferación de grandes chalets y hoteles con piscinas y helipuertos supone una amenaza para el territorio y aumenta el riesgo de incendios forestales. A su juicio, la Serra “sufre una fuerte tensión entre la masificación y la exclusividad, esta última promovida por los latifundistas que han adquirido e invertido en las grandes propiedades agrarias, las posesiones”.

La Serra sufre una fuerte tensión entre la masificación y la exclusividad, esta última promovida por los latifundistas que han adquirido e invertido en las grandes propiedades agrarias, las posesiones

Macià Blázquez — Catedrático de Geografía de la Universitat de les Illes Balears

Ese modelo urbanístico y turístico tiene además consecuencias sobre los recursos naturales. Las viviendas de lujo, los establecimientos turísticos y el incremento de la población estacional elevan la demanda de agua en una zona donde este recurso es limitado, agravando los episodios de escasez. “Hemos pasado de un turismo familiar a uno de lujo; el problema llega cuando se sacrifica el bienestar de los residentes por el de los visitantes”, resume María José Tomás, vecina de Banyalbufar.

Hemos pasado de un turismo familiar a uno de lujo; el problema llega cuando se sacrifica el bienestar de los residentes por el de los visitantes

María José Tomás — Vecina de Banyalbufar

Las herramientas para conservarla

La conservación de este entorno es una prioridad para la UNESCO. En el manual de Gestión de Patrimonio Mundial, dicen que el sistema de gestión tiene como objetivo garantizar que la conservación del bien del Patrimonio Mundial genere beneficios para las comunidades asociadas y contribuya a su bienestar, así como a objetivos sociales más amplios —como el desarrollo sostenible—, cuando sea posible.

Este 15 aniversario viene con la presentación de la Ley de la Serra de Tramuntana con el objetivo de blindar los 90 kilómetros como paisaje cultural. Esta ley impulsada por el Consell de Mallorca pretende reforzar la protección del territorio, mejorar los mecanismos de gestión y garantizar que la actividad económica vinculada a la sierra sea viable a largo plazo dotando a este espacio de un marco jurídico específico.

Además, el Consell ha declarado que ha destinado 5,4 millones de euros al Consorcio Serra de Tramuntana, el doble que en 2023; ha incrementado un 84 % las subvenciones destinadas a ayuntamientos, propietarios, cooperativas y explotaciones agrarias según declararon en el acto de conmemoración que llevaron a cabo en los Jardines de Alfábia.

De igual manera, la Serra de Tramuntana forma parte de la Alianza de Paisajes, una red que agrupa territorios de todo el mundo comprometidos con la gestión sostenible de sus entornos. A eso se suma su reciente integración en la Red de Asociaciones por la UNESCO, un reconocimiento a la trayectoria de conservación y gestión del espacio que lo sitúa como territorio de referencia a nivel global.

Asimismo, en los propios municipios nacen iniciativas de los mismos residentes para conservar el patrimonio. “Actualmente, en Deià ha surgido una asociación donde hay varias entidades implicadas que hacen trabajo para activar la agricultura, la gestión del agua, la custodia forestal... Estas acciones comunitarias crean conciencia y amor por la tierra y son las que de verdad le dan un sentido a los que vivimos aquí” declara López.

En ese contexto, la Fundació de Turisme Responsable de Mallorca promueve un modelo de turismo sostenible en la isla a través de iniciativas como el Pledge de Turismo Responsable, un compromiso abierto a residentes y visitantes para contribuir al cuidado y la regeneración del territorio.

Igualmente, en 2025 el Govern del PP con el apoyo de Vox, aprobaron la ley de liberalización del suelo que permite legalizar centenares de edificaciones construidas en suelo rústico en la Serra de Tramuntana construidas antes de 1991 y que han superado el plazo legal de ocho años desde su infracción, incluidas aquellas situadas en las áreas de máxima protección.

Por otra parte, Toni Muñoz comenta que el sello de Patrimonio Mundial “no ha implicado ningún tipo de normativa asociada en forma de limitaciones o regulaciones. Solo ha facilitado que la administración destine dinero para que particulares y ayuntamientos restauren patrimonio. Todo lo que está asociado al paraje natural, que es lo que está amparado por la UNESCO”. “Las medidas que se toman para la conservación del territorio recaen siempre sobre los ayuntamientos”, añade Cristina López.

Del mismo modo, Muñoz recalca que la conservación que se ha hecho durante estos últimos años “no es suficiente” y que el patrimonio etnológico que tiene la Serra en forma de pedra en sec, bancales, sistemas de agua... es inmenso. “Lo que se ha hecho durante estos 15 años gracias en estas ayudas, de ninguna manera compensa el ritmo de degradación y de pérdida de patrimonio que se está dando. Existe una clara incapacidad por parte de nuestra administración de regular este incremento muy importante de esta actividad turística”

La importancia de la Serra

Para Mallorca, la Serra de Tramuntana representa una parte esencial de su identidad. Como dice Llucia Bujosa, la Serra “es casa”. La serranía constituye un importante refugio de biodiversidad, con una gran variedad de hábitats y especies, muchas de ellas endémicas de las Illes Balears. Las especies endémicas son aquellas que se encuentran limitadas a un ámbito geográfico y que no se encuentra de forma natural en ninguna otra parte del mundo. En la cordillera se pueden encontrar a 65 de las 97 especies endémicas de las Balears, entre las que destacan El Ferreret, un sapillo que se encuentra actualmente en peligro de extinción.

Sus extensos bosques de encinares y sus escarpados acantilados albergan una gran diversidad de especies de flora y fauna. Entre ellas sobresale el buitre negro, una de las mayores rapaces de Europa, que tiene a la Serra como uno de sus principales refugios. También habitan este espacio numerosas especies endémicas, tanto animales como vegetales, adaptadas a las singulares condiciones de este entorno y que convierten a la Serra de Tramuntana en uno de los principales reservorios de biodiversidad de Mallorca.

Para Blázquez, lo que la hace única es su legado etnológico del uso agrario como los bancales, caminos de herradura, casas señoriales (posesiones) o el olivar centenario. Durante la Edad Media, los árabes introdujeron un sistema de terrazas y canales de riego que permitió cultivar las empinadas laderas que modificaron la forma de producción que sigue en funcionamiento hoy en día. Esos mismos olivares y almendros permiten la producción de productos esenciales para la gastronomía mallorquina.

La zona engloba otras figuras de protección, como los monumentos naturales de Ses Fonts Ufanes y el de los torrentes de Pareis, del Gorg Blau y de Lluc, y también espacios de la red europea Natura 2000, formada por Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y zonas de especial conservación para las aves (ZEPA). Según el Govern, del total de superficie protegida, casi el 95% es de propiedad privada y el resto pertenece a fincas públicas de gestión estatal, autonómica, insular o municipal.

Un total de 25 persones s'han posat en contacte amb l'entitat Alerta Solidària i la plataforma Menys Turisme, Més Vida amb l'objectiu d'interposar una denúncia per les lesions sofertes durant les càrregues de la Policia Nacional al final de la multitudinària manifestació contra la turistificació celebrada el passat 26 de juliol a Palma.

Així ho han anunciat aquest dimarts en roda de premsa el portaveu de Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol, i el representant d'Alerta Solidària, Àlvar Hervalejo, que han explicat que, del total d'afectats, 16 van necessitar assistència mèdica, la majoria per hematomes i contusions en diferents parts del cos. Dos dels ferits, segons les entitats, van patir lesions de més gravetat: un d'ells va necessitar sis punts de sutura després de patir una fractura cranial i va rebre l'alta l'endemà, mentre que l'altre va romandre hospitalitzat durant dos dies després que se li detectés una hemorràgia interna, motiu pel qual va quedar ingressat en observació amb pronòstic reservat.

Entre els lesionats també hi ha un fotoperiodista que cobria la protesta i que va patir una ferida al cap després de rebre l'impacte d'una defensa policial, un episodi que està sent objecte d'una investigació interna oberta per la mateixa Policia Nacional.

A partir dels informes mèdics emesos per hospitals i centres sanitaris, Alerta Solidària ha començat a estudiar cadascun dels casos i a preparar les corresponents denúncies, tant individuals com a través d'una possible acció judicial conjunta. Amb aquest objectiu, l'entitat està recopilant informes mèdics, enregistraments i material audiovisual de les càrregues per identificar els agents que van intervenir en el dispositiu i dirigir-hi les corresponents accions legals, segons ha explicat Hervalejo.

En paral·lel, també està analitzant les nombroses fotografies i vídeos enregistrats durant l'actuació policial per identificar el màxim nombre possible d'agents, atribuir-los les actuacions concretes que consideren lesives i aportar aquesta informació als jutjats. En els casos que consideren més greus, especialment els de les dues persones amb fractures cranials, estudien presentar querelles penals.

A més de les accions dirigides contra els agents que van participar en les càrregues, Alerta Solidària planteja denunciar els comandaments policials per un presumpte delicte contra l'exercici del dret fonamental de manifestació, previst a l'article 540 del Codi Penal. L'organització considera que l'actuació policial podria haver vulnerat aquest dret i reclama que s'investiguin la cadena de comandament i les ordres impartides durant el dispositiu.

Durant la compareixença, les entitats han traslladat un missatge de suport a totes les persones afectades per la intervenció policial, tant a les que van patir lesions físiques com a les que van presenciar les càrregues. “No us deixarem sols”, han subratllat, abans de reiterar l'exigència que s'assumeixin responsabilitats polítiques. En aquest sentit, han tornat a reclamar la dimissió del delegat del Govern a les Balears, Alfonso Rodríguez, i han exigit explicacions sobre la cadena de comandament i les decisions que, al seu parer, van desembocar en uns desordres públics que “no existien abans de l'actuació policial”.

Els col·lectius també han llançat un missatge de cara a la mobilització convocada aquest dissabte a Sóller, un dels municipis més colpejats per la massificació turística i la crisi de l'habitatge a Mallorca. Sota el lema 'Sóller, al límit', Menys Turisme, Més Vida i el Moviment Jove de Sóller volen denunciar, a través d'aquesta mobilització, la “degradació” que, al seu parer, està provocant la la turistificació de la localitat.

En aquest sentit, el portaveu de Menys Turisme, Més Vida**,** ha demanat expressament que “els agents uniformats que van provocar els episodis de violència” durant la manifestació de Palma no formin part del dispositiu, alhora que ha assegurat que el moviment no renunciarà a continuar mobilitzant-se. “No deixarem que la violència policial coaccioni un moviment social i polític que té raó, que té legitimitat i que és majoritari a l'illa. El que ens fa por és no fer res per revertir els efectes desastrosos del turisme massiu; la vostra repressió no ens aturarà”, ha sentenciat.

Un total de 25 personas se han puesto en contacto con la entidad Alerta Solidària y la plataforma Menys Turisme, Més Vida con el objetivo de interponer denuncia por las lesiones sufridas durante las cargas de la Policía Nacional al término de la multitudinaria manifestación contra la turistificación celebrada el pasado 26 de julio en Palma.

Así lo han anunciado este martes en rueda de prensa el portavoz de Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol, y el representante de Alerta Solidària, Àlvar Hervalejo, quienes han explicado que, de la totalidad de afectados, 16 necesitaron asistencia médica, la mayoría por hematomas y contusiones en distintas partes del cuerpo. Dos de los heridos, según las entidades, sufrieron lesiones de mayor gravedad: uno de ellos requirió seis puntos de sutura tras sufrir una fractura craneal y recibió el alta al día siguiente, mientras que el otro permaneció hospitalizado durante dos días al detectársele una hemorragia interna, por lo que quedó ingresado en observación con pronóstico reservado.

Entre los lesionados figura también un fotoperiodista que cubría la protesta y que sufrió una brecha en la cabeza tras recibir el impacto de una defensa policial, un episodio que está siendo objeto de una investigación interna abierta por la propia Policía Nacional.

A partir de los partes médicos emitidos por hospitales y centros sanitarios, Alerta Solidària ha comenzado ya a estudiar cada uno de los casos y a preparar las correspondientes denuncias, tanto a nivel individual como a través de una posible acción judicial conjunta. Para ello, la entidad está recopilando informes médicos, grabaciones y material audiovisual de las cargas con el objetivo de identificar a los agentes que intervinieron en el operativo y dirigir contra ellos las correspondientes acciones legales, según ha explicado Hervalejo.

En paralelo, está analizando las numerosas fotografías y vídeos registrados durante la actuación policial con el objetivo de identificar al mayor número posible de agentes, atribuirles las actuaciones concretas que consideran lesivas y aportar esa información a los juzgados. En los casos que consideran más graves, especialmente los de las dos personas con fracturas craneales, estudian presentar querellas penales.

Además de las acciones dirigidas contra los agentes que participaron en las cargas, Alerta Solidària plantea denunciar a los mandos policiales por un presunto delito contra el ejercicio del derecho fundamental de manifestación, previsto en el artículo 540 del Código Penal. La organización considera que la actuación policial pudo vulnerar este derecho y reclama que se investigue la cadena de mando y las órdenes impartidas durante el dispositivo.

Durante la comparecencia, las entidades han trasladado un mensaje de apoyo a todas las personas afectadas por la intervención policial, tanto a quienes sufrieron lesiones físicas como a quienes presenciaron las cargas. “No os dejaremos solos”, han subrayado, antes de reiterar su exigencia de que se asuman responsabilidades políticas. En este sentido, han vuelto a reclamar la dimisión del delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, y han exigido explicaciones sobre la cadena de mando y las decisiones que, a su juicio, desembocaron en unos desórdenes públicos que “no existían antes de la actuación policial”.

Los colectivos lanzado, asimismo, un mensaje de cara a la movilización convocada este sábado en Sóller, uno de los más golpeados por la masificación turística y por la crisis de la vivienda en Mallorca. Bajo el lema 'Sóller, al límit', Menys Turisme, Més Vida y el Moviment Jove de Sóller quieren denunciar a través de esta movilización la “degradación” que, a su juicio, está provocando la turistificación de la localidad.

En este sentido, el portavoz de Menys Turisme, Més Vida ha pedido expresamente que “los agentes uniformados que provocaron los episodios de violencia” durante la manifestación de Palma no formen parte del dispositivo, al tiempo que ha asegurado que el movimiento no renunciará a seguir movilizándose. “No dejaremos que la violencia policial coaccione un movimiento social y político que tiene razón, que tiene legitimidad y que es mayoritario en la isla. Lo que nos da miedo es no hacer nada para revertir los efectos desastrosos del turismo masivo; vuestra represión no nos detendrá”, ha sentenciado.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha defensat aquest dijous davant el president del Govern central, Pedro Sánchez, les polítiques impulsades pel seu Executiu en matèria d'habitatge, assegurant que ha introduït la “prioritat absoluta” dels residents en l'accés a un habitatge i ha arribat a fer seves les reivindicacions llançades durant la macromanifestació duta a terme diumenge passat a Palma per reclamar un canvi profund en el model econòmic, territorial i turístic que, denuncien els organitzadors, està expulsant la població local i contribuint al deteriorament creixent de la seva qualitat de vida.

“Les nostres polítiques van en la línia del que es reclamava en la manifestació: priorització dels residents, prohibició del lloguer turístic en plurifamiliars, lluita contra l'oferta il·legal”, ha assegurat, malgrat que les demandes eren molt més àmplies i que, durant aquesta legislatura, el Govern ha rebutjat, entre altres mesures, recuperar la moratòria al creixement de places turístiques impulsada per l'anterior Executiu progressista. A més, PP i Vox han donat llum verda a un decret que ha desbloquejat i blindat més de 90.000 places de lloguer turístic. Les entitats socials sostenen que l'auge d'aquest tipus d'allotjament, juntament amb l'especulació immobiliària i la compra massiva per part d'estrangers d'alt poder adquisitiu, ha contribuït a disparar els preus de l'habitatge.

L'arxipèlag, a més, ha assolit màxims històrics: a finals de 2025, les illes van superar per primera vegada els 19 milions de turistes —davant una població d'1,2 milions—, consolidant un nivell de pressió superior al d'abans de la pandèmia. Amb tot, Prohens ha assenyalat que el seu Govern és el primer a ser conscient del creixement turístic “desbocat” que, ha incidit, “va tocar sostre” durant el mandat anterior, i ha assegurat haver traslladat a Sánchez que l'Executiu balear està aplicant mesures com la limitació de places turístiques, la prohibició de nous pisos turístics, la reducció del sostre de creueristes i la prioritat per als residents en el transport públic.

Després de gairebé una hora reunida amb Sánchez, la líder balear ha destacat el desenvolupament d'uns 10.000 habitatges de preu limitat (VPL). També ha assenyalat que l'Executiu autonòmic ha introduït la prioritat per als residents en l'accés als futurs habitatges que, segons ha indicat, començaran a construir-se abans que finalitzi la legislatura. Durant aquesta legislatura, PP i Vox han rebutjat declarar Balears zona tensionada i limitar el preu dels lloguers, com també han declinat regular la compra d'immobles per part de no residents.

Per altra banda, Prohens ha traslladat al president del Govern un “crit d'auxili” davant la pressió migratòria de l'arxipèlag i li ha reclamat un pla específic per a Balears, l'activació permanent de Frontex en la ruta entre Algèria i les illes i una actuació més gran contra les màfies i als països d'origen. Prohens ha assegurat que la crisi migratòria ha estat una “constant” en totes les reunions mantingudes amb el cap de l'Executiu i ha insistit que es tracta d'una competència exclusiva de l'Estat.

“Li he traslladat una vegada més el crit d'auxili de les quatre illes. El Govern no pot continuar de braços plegats davant una de les principals preocupacions dels ciutadans”, ha afirmat. La presidenta ha assenyalat que les dades “no han millorat”, amb l'arribada d'unes 11.000 persones en l'últim any i mig, i ha recordat que només aquest mes s'han recuperat set cossos sense vida a les costes balears, “la cara més dura de la crisi migratòria”.

Saturació dels centres de menors

Prohens també ha posat el focus en la situació dels menors migrants no acompanyats. Segons ha explicat, els consells insulars tutelen actualment 880 menors, una xifra que, segons el seu parer, suposa una “sobreocupació inassumible”.

En aquest sentit, ha criticat que, mentre la ministra de Joventut i Infància reconeixia recentment que no tenia sentit continuar traslladant menors a territoris saturats, Balears continua rebent propostes de derivació des d'altres comunitats autònomes. La líder autonòmica ha defensat que els recursos interposats pel Govern davant el Tribunal Suprem contra els decrets de repartiment responen a la manca de diàleg amb les comunitats autònomes i ha recalcat que el problema “no és una qüestió de solidaritat”, sinó de capacitat real del sistema de protecció.

“No estem en condicions d'acollir amb la dignitat que mereix qualsevol vida humana, sobretot quan parlem d'infants”, ha afirmat. En aquesta línia, ha afegit que les dificultats no es limiten al finançament, sinó també a la manca d'espais i de professionals. Com a exemple, ha citat el centre habilitat a Son Tous pel Consell de Mallorca i ha advertit que no descarten que alguns menors abandonin aquestes instal·lacions sense les garanties de protecció pròpies d'un centre d'acollida.

Prohens ha incidit especialment en la situació de Formentera, on, segons ha explicat, han arribat 1.800 persones en 118 pasteres a una illa de poc més de 12.000 habitants. “No pot ser que no es faci cas de Formentera, com si no formés part d'Espanya”, ha retret. “Ja no sé com traslladar-ho. Necessitem que no es quedi només en paraules i començar a veure una reacció i una política migratòria que no faci efecte crida”, ha conclòs.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha defendido este jueves ante el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, las políticas impulsadas por su Ejecutivo en materia de vivienda, aseverando que ha introducido la “prioridad absoluta” de los residentes en el acceso a un hogar y ha llegado a hacer suyas las reivindicaciones lanzadas durante la macromanifestación llevada a cabo el pasado domingo en Palma para reclamar un cambio profundo en el modelo económico, territorial y turístico que, denuncian los organizadores, están expulsando a la población local y contribuyendo al creciente deterioro de su calidad de vida.

“Nuestras políticas van en línea de los que se reclamaba en la manifestación: priorización de los residentes, prohibición del alquiler turístico en plurifamiliares, lucha contra la oferta ilegal”, ha aseverado, a pesar de que las demandas eran mucho más amplias y de que, durante esta legislatura, el Govern ha rechazado, entre otras medidas, recuperar la moratoria al crecimiento de plazas turísticas impulsada por el anterior Ejecutivo progresista. Además, PP y Vox han dado luz verde a un decreto que ha desbloqueado y blindado más de 90.000 plazas de alquiler turístico, cuyo auge, señalan las entidades sociales, ha contribuido a disparar los precios de la vivienda junto a la especulación inmobiliaria y la compra masiva por parte de extranjeros de alto poder adquisitivo.

El archipiélago, además, ha alcanzado máximos históricos: a finales de 2025, las islas superaron por primera vez los 19 millones de turistas -frente a una población de 1,2 millones-, consolidando un nivel de presión superior al alcanzado en prepandemia. Con todo, Prohens ha señalado que su gobierno es el primero en ser consciente del crecimiento turístico “desbocado” que, ha incidido, “tocó techo” durante el pasado mandato, y ha asegurado haber trasladado a Sánchez que el Govern está aplicando medidas como la limitación de plazas turísticas, la prohibición de nuevos pisos turísticos, la reducción del techo de cruceristas y la prioridad para los residentes en el transporte público.

Tras cerca de una hora reunida con Sánchez, la líder balear ha destacado el desarrollo de unas 10.000 viviendas a precio limitado (VPL). También ha señalado que el Ejecutivo autonómico ha introducido la prioridad para residentes en el acceso a las futuras viviendas que, ha señalado, comenzarán a construirse antes de que finalice la legislatura. Durante esta legislatura, PP y Vox han rechazado declarar Balears zona tensionada y limitar el precio de los alquileres, como también han declinado regular la compra de inmuebles por parte de no residentes.

Por otro lado, Prohens, ha trasladado al presidente del Gobierno un “grito de auxilio” ante la presión migratoria del archipiélago y le ha reclamado un plan específico para Balears, la activación permanente de Frontex en la ruta entre Argelia y las islas y una mayor actuación contra las mafias y en los países de origen. Prohens ha asegurado que la crisis migratoria ha sido una “constante” en todas las reuniones mantenidas con el jefe del Ejecutivo y ha insistido en que se trata de una competencia exclusiva del Estado.

“Le he trasladado una vez más el grito de auxilio de las cuatro islas. El Gobierno no puede continuar de brazos cruzados ante una de las principales preocupaciones de los ciudadanos”, ha afirmado. La presidenta ha señalado que los datos “no han mejorado”, con la llegada de unas 11.000 personas en el último año y medio, y ha recordado que solo este mes se han recuperado siete cuerpos sin vida en las costas baleares, “la cara más dura de la crisis migratoria”.

Saturación de los centros de menores

Prohens también ha puesto el foco en la situación de los menores migrantes no acompañados. Según ha explicado, los Consells Insulars tutelan en la actualidad a 880 menores, una cifra que, a su juicio, supone una “sobreocupación inasumible”.

En este sentido, ha criticado que, mientras la ministra de Juventud e Infancia reconocía recientemente que no tenía sentido seguir trasladando menores a territorios saturados, Balears continúa recibiendo propuestas de derivación desde otras comunidades autónomas. La líder autonómica ha defendido que los recursos interpuestos por el Govern ante el Tribunal Supremo contra los decretos de reparto responde a la falta de diálogo con las autonomías y ha recalcado que el problema “no es una cuestión de solidaridad”, sino de capacidad real del sistema de protección.

“No estamos en condiciones de acoger con la dignidad que merece cualquier vida humana, sobre todo cuando hablamos de niños”, ha afirmado. En esta línea, ha añadido que las dificultades no se limitan a la financiación, sino también a la falta de espacios y de profesionales. Como ejemplo, ha citado el centro habilitado en Son Tous por el Consell de Mallorca y ha advertido de que no descartan que algunos menores abandonen esas instalaciones sin las garantías de protección propias de un centro de acogida.

Prohens ha incidido especialmente en la situación de Formentera, donde, según ha explicado, han llegado 1.800 personas en 118 pateras a una isla de poco más de 12.000 habitantes. “No puede ser que no se haga caso a Formentera, como si no formara parte de España”, ha reprochado. “Ya no sé cómo trasladarlo. Necesitamos que no se quede solo en palabras y empezar a ver una reacción y una política migratoria que no haga efecto llamada”, ha concluido.

Més de vint persones que, d'acord amb les informacions de la plataforma Menys Turisme Més Vida, van resultar ferides en el marc de les càrregues policials durant la multitudinària manifestació celebrada contra la saturació turística a les Balears, estudien interposar una denúncia col·lectiva contra els agents de la Policia Nacional que van participar en el dispositiu. Una de les persones lesionades roman encara hospitalitzada.

Així ho ha anunciat el portaveu de l'entitat, Jaume Pujol, durant la concentració duta a terme aquest dimarts davant la Delegació del Govern a les Balears per exigir la dimissió del seu màxim responsable, Alfonso Rodríguez, a qui responsabilitzen política del dispositiu policial desplegat. La concentració d'aquest migdia ha reunit prop de mig miler de persones, segons els organitzadors.

“Tenim més de vint persones ferides amb parts de lesions, ateses en hospitals o pels serveis d'emergències. Més de deu van acabar amb ferides al cap, malgrat que els cops de dalt cap avall no estan permesos”, ha asseverat Pujol, qui ha avançat que els afectats estan valorant emprendre accions legals conjuntes. Un dels ferits és un fotoperiodista que es trobava cobrint la manifestació. En un moment donat, un agent li va propinar un cop amb la porra que li va provocar una ferida sagnant al cap que el va deixar estès a terra.

El portaveu de Menys Turisme Més Vida ha mostrat també la seva desconfiança cap a la investigació interna oberta per la Policia Nacional per aclarir si algun dels agents va actuar de forma desproporcionada durant l'operatiu. “Si la Policia Nacional s'investigarà a si mateixa, dubto molt de la fiabilitat d'aquests informes”, ha afirmat.

Pujol ha insistit que les càrregues es van produir quan la protesta ja està pràcticament finalitzada i els assistents escoltaven la lectura del manifest al Parc de la Mar, després que la Policia impedís l'accés a Ses Voltes. “Simplement estàvem llegint el manifest quan va arribar un grup de sis policies i va carregar contra les persones que l'estaven escoltant. Creiem que va ser una operació absolutament desproporcionada”, ha sostingut.

Des de Menys Turisme Més Vida insisteixen que la violència de diumenge passat no va ser la protagonitzada pels manifestants, sinó l'actuació policial que, segons el seu parer, va impedir finalitzar una mobilització pacífica. En el seu manifest, la plataforma ha acusat la Policia d'haver emprat la força per “defensar interessos econòmics”. També assegura que un dels manifestants va ser agredit pel propietari d'un negoci, un incident pel qual també reclama explicacions.

L'activista també ha qüestionat l'explicació oferta pel delegat del Govern, qui va atribuir la decisió d'intervenir als comandaments policials que dirigien el dispositiu de seguretat. “Quan demanàvem explicacions als agents, ens responien que estaven seguint ordres de la Delegació del Govern”, ha assegurat.

La concentració, que s'ha prolongat durant més d'una hora i mitja davant la seu de la Delegació del Govern, ha reclamat, a més de la dimissió d'Alfonso Rodríguez, el cessament del cap superior de la Policia Nacional a les Balears, José Antonio Puebla, com també la depuració de responsabilitats entre els agents que van participar en les càrregues.

Entre els lemes més repetits s'han sentit “Els carrers seran sempre nostres”, “Ser policia, vergonya em faria”, “Traïdors de classe”, “Em cuiden les meves amigues, no la Policia” i “Alfonso, dimissió”. Durant la concentració també s'han exhibit pancartes contra la “violència policial” i en defensa del dret de manifestació amb missatges com “Un món sense violència és possible”, “Policia: protecció o provocació?”, “Qui ens protegeix de la Policia?” i “Fora les forces d'ocupació”.

A la zona s'han desplegat diversos furgons de la Policia Nacional i més d'una desena d'agents de la Policia Nacional, a més d'un helicòpter i un dron que vigilaven el desenvolupament de la marxa. També s'han instal·lat tanques que impedien aproximar-se a la seu de la Delegació del Govern.

Más de veinte personas que, de acuerdo a las informaciones de la plataforma Menys Turisme Més Vida, resultaron heridas en el marco de las cargas policiales durante la multitudinaria manifestación celebrada contra la saturación turística en Balears, estudian interponer una denuncia colectiva contra los agentes de la Policía Nacional que participaron en el dispositivo. Una de las personas lesionadas permanece todavía hospitalizada.

Así lo ha anunciado el portavoz de la entidad, Jaume Pujol, durante la concentración llevada a cabo este martes frente a la Delegación del Gobierno en Balears para exigir la dimisión de su máximo responsable, Alfonso Rodríguez, a quien responsabilizan políticamente del dispositivo policial desplegado. La concentración de este mediodía ha reunido a cerca de medio millar de personas, según los organizadores.

“Tenemos más de veinte personas heridas con partes de lesiones, atendidas en hospitales o por los servicios de emergencias. Más de diez acabaron con heridas en la cabeza, pese a que los golpes de arriba hacia abajo no están permitidos”, ha aseverado Pujol, quien ha avanzado que los afectados están valorando emprender acciones legales conjuntas. Uno de los heridos es un fotoperiodista que se encontraba cubriendo la manifestación. En un momento dado, un agente le propinó un golpe con la porra que le provocó una herida sangrante en la cabeza que le dejó tendido en el suelo.

El portavoz de Menys Turisme Més Vida ha mostrado también su desconfianza hacia la investigación interna abierta por la Policía Nacional para esclarecer si alguno de los agentes actuó de forma desproporcionada durante el operativo. “Si la Policía Nacional se va a investigar a sí misma, dudo mucho de la fiabilidad de esos informes”, ha afirmado.

Pujol ha insistido en que las cargas se produjeron cuando la protesta ya estaba prácticamente finalizada y los asistentes escuchaban la lectura del manifiesto en el Parc de la Mar, después de que la Policía impidiera el acceso a Ses Voltes. “Simplemente, estábamos leyendo el manifiesto cuando llegó un grupo de seis policías y cargó contra las personas que lo estaban escuchando. Creemos que fue una operación absolutamente desproporcionada”, ha sostenido.

Desde Menys Turisme Més Vida insisten en que la violencia del pasado domingo no fue la protagonizada por los manifestantes, sino la actuación policial que, a su juicio, impidió finalizar una movilización pacífica. En su manifiesto, la plataforma ha acusado a la Policía de haber empleado la fuerza para “defender intereses económicos”. También asegura que uno de los manifestantes fue agredido por el propietario de un negocio, un incidente por el que también reclama explicaciones.

El activista también ha cuestionado la explicación ofrecida por el delegado del Gobierno, quien atribuyó la decisión de intervenir a los mandos policiales que dirigían el dispositivo de seguridad. “Cuando pedíamos explicaciones a los agentes, nos respondían que estaban siguiendo órdenes de la Delegación del Gobierno”, ha asegurado.

La concentración, que se ha prolongado durante más de una hora y media frente a la sede de la Delegación del Gobierno, ha reclamado, además de la dimisión de Alfonso Rodríguez, el cese del jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Antonio Puebla, así como la depuración de responsabilidades entre los agentes que participaron en las cargas.

Entre los lemas más repetidos se han escuchado “Els carrers seran sempre nostres” (“Las calles serán siempre nuestras”), “Ser policia, vergonya em faria” (“Ser policía, vergüenza me daría”), “Traidores de clase”, “Me cuidan mis amigas, no la Policía” y “Alfonso, dimisión”. Durante la concentración también se han exhibido carteles contra la “violencia policial” y en defensa del derecho de manifestación con mensajes como “Un mundo sin violencia es posible”, “Policia: ¿protección o provocación?”, “¿Quién nos protege de la Policía?” y “Fuera las fuerzas de ocupación”.

En la zona se han desplegado varios furgones de la Policía Nacional y más de una decena de agentes de la Policía Nacional, además de un helicóptero y un dron que vigilaban el desarrollo de la marcha. También se han instalado vallas que impedían aproximarse a la sede de la Delegación del Gobierno.

La Policia Nacional atribueix a una “minoria radical” aliena al desenvolupament pacífic de la protesta els disturbis registrats al terme de la multitudinària manifestació contra la saturació turística celebrada aquest diumenge a Palma, en què van participar desenes de milers de persones. Segons la versió policial, quatre agents van resultar ferits després del llançament de pedres, llambordes i pals. Per la seva banda, el sindicat policial Jupol ha defensat que la intervenció va respondre als atacs de “grups radicals infiltrats”.

D'acord amb aquesta versió, la mobilització va transcórrer sense incidents pràcticament durant tot el recorregut. La tensió va començar quan milers d'assistents van arribar a Ses Voltes, als peus de la Catedral de Palma, on estava prevista la lectura del manifest final i diverses actuacions musicals. La policia havia establert controls d'accés perquè va considerar que el recinte presentava una capacitat limitada per allotjar la multitud.

Els agents sostenen que part dels assistents va mostrar el malestar per les restriccions d'accés i va començar a moure les tanques de seguretat i increpar els policies. Segons expliquen, van intentar coordinar amb l'organització l'accés al recinte mitjançant missatges per megafonia, encara que asseguren que finalment algunes persones van trencar el cordó policial i van accedir a l'interior. En paral·lel, un altre grup va intentar entrar per una passarel·la situada al costat del llac artificial de Ses Voltes. Sempre segons la versió policial, diversos participants van saltar el control, van llançar objectes contra els agents i van envoltar part del dispositiu, cosa que va obligar a sol·licitar reforços.

El delegat del Govern a Balears, Alfonso Rodríguez, ha explicat aquest dilluns que tant els responsables policials com ell van traslladar dies abans als organitzadors que Ses Voltes no reunia les condicions adequades per acollir la multitud prevista i els van proposar modificar el lloc de celebració de l'acte final. Rodríguez ha assegurat que el dispositiu va establir successius controls d'aforament i que, una vegada comprovada la capacitat disponible, va permetre una segona entrada fins a assolir el límit que la policia va considerar compatible amb la seguretat.

Amb tot, ha qualificat les càrregues de “desmesurades i violentes” i ha anunciat una investigació per esclarir tant l'actuació policial com l'agressió patida per un fotoperiodista.

Per part seva, 'Menys Turisme, Més Vida', entitat convocant de la protesta, assenyala que la Policia va limitar l'entrada a Ses Voltes a unes 2.000 persones malgrat que, assegura, l'espai “no estava ni al 50% de la seva capacitat”. L'organització afirma que havia comunicat prèviament que, si el recinte s'omplia, l'acte final es traslladaria a les rampes i esplanades dels voltants de la Catedral, encara que, sosté, tampoc no es va permetre l'accés a aquestes zones.

L'organització assegura que les primeres càrregues es van produir quan alguns assistents van intentar accedir a Ses Voltes i que, posteriorment, els antiavalots van tornar a intervenir mentre es llegia el manifest i, més tard, un cop finalitzat l'acte, a l'avinguda Antoni Maura i l'inici del Born. En el comunicat, la plataforma parla de càrregues “injustificades i desproporcionades” i sosté que van deixar “més d'una desena de ferits”, alguns amb lesions al cap que van requerir assistència mèdica, a més d'un fotoperiodista.

Comencen les càrregues policials

Així mateix, l'entitat denuncia que l'actuació policial va començar “sense previ avís” i afirma que les ambulàncies van trigar més de 45 minuts a atendre diversos ferits perquè, segons la seva versió, la Policia va impedir inicialment l'accés dels serveis sanitaris.

Una vegada conclosa la lectura del manifest i la interpretació de La Balanguera, diversos centenars de persones van romandre en els voltants de l'avinguda Antoni Maura. Segons la Policia Nacional, va ser aleshores quan una “minoria molt violenta” va llançar pedres, llambordes i pals contra els agents, causant ferides a quatre policies.

Davant d'aquesta situació, els antiavalots van realitzar diverses càrregues i van efectuar trets de salves amb les llançadores de projectils de goma amb l'objectiu de dispersar els assistents, sempre segons la versió policial. A conseqüència dels disturbis, una persona va ser detinguda posteriorment com a presumpta autora de delictes de lesions, atemptat contra agent de l'autoritat i desordres públics.

La Delegació del Govern ha sol·licitat a la Prefectura Superior de Policia l'obertura d'una investigació interna per determinar si l'actuació policial va ser proporcional i si escau depurar responsabilitats.

La investigació també analitzarà l'agressió patida per un fotoperiodista que cobria la manifestació i que va resultar ferit al cap després de rebre un cop d'una defensa policial. Les fonts policials consultades consideren que aquesta actuació no pot justificar-se i asseguren que s'identificarà l'agent responsable si es confirma el succeït.

Per la seva banda, Jupol sosté que els agents van actuar conforme als principis de proporcionalitat i únicament després que diversos policies fossin agredits durant els disturbis. Segons Jupol, el focus ha de situar-se en les agressions patides pels agents i no en qüestionar l'actuació del dispositiu policial.

Al seu entendre, el delegat del Govern, com a màxim responsable de les forces de seguretat a l'arxipèlag, “hauria de preocupar-se pel que és veritablement important: que quatre policies nacionals van resultar ferits mentre complien amb la seva obligació de garantir l'ordre públic”.

Per la seva banda, 'Menys Turisme, Més Vida' ha responsabilitzat la Policia Nacional dels incidents registrats al final de la protesta i ha qualificat el dispositiu desplegat de “totalment desproporcionat”. En un comunicat difós aquest dilluns, l'organització sosté que la mobilització va transcórrer “sense cap incident” des de la plaça d'Espanya fins a Ses Voltes i atribueix l'inici de la tensió al bloqueig dels accessos al recinte per part dels agents.

La Policía Nacional atribuye a una “minoría radical” ajena al desarrollo pacífico de la protesta los disturbios registrados al término de la multitudinaria manifestación contra la saturación turística celebrada este domingo en Palma, en la que participaron decenas de miles de personas y cuyo recorrido transcurrió sin incidentes hasta el término de la misma, cuando, según la versión policial, cinco agentes resultaron heridos por el lanzamiento de piedras, adoquines y palos. Por su parte, el sindicato policial Jupol ha defendido que la intervención respondió a los ataques de “grupos radicales infiltrados”.

De acuerdo con esta versión, trasladada por fuentes policiales consultadas por elDiario.es, la tensión comenzó cuando miles de asistentes llegaron a Ses Voltes, a los pies de la Catedral de Palma, donde estaba prevista la lectura del manifiesto final y varias actuaciones musicales. La Policía había establecido controles de acceso al considerar que el recinto presentaba una capacidad limitada para albergar a la multitud.

Los agentes sostienen que parte de los asistentes mostró su malestar por las restricciones de acceso y comenzó a mover las vallas de seguridad e increpar a los policías. Según explican, intentaron coordinar con la organización el acceso al recinto mediante mensajes por megafonía, aunque aseguran que finalmente algunas personas rompieron el cordón policial y accedieron al interior. En paralelo, otro grupo trató de entrar por una pasarela situada junto al lago artificial de Ses Voltes. Siempre según la versión policial, varios participantes saltaron el control, lanzaron objetos contra los agentes y rodearon a parte del dispositivo, lo que obligó a solicitar refuerzos.

El delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, ha explicado este lunes que tanto los responsables policiales como él trasladaron días antes a los organizadores que Ses Voltes no reunía las condiciones adecuadas para acoger a la multitud prevista y les propusieron modificar el lugar de celebración del acto final. Rodríguez ha asegurado que el dispositivo estableció sucesivos controles de aforo y que, una vez comprobada la capacidad disponible, permitió una segunda entrada hasta alcanzar el límite que la Policía consideró compatible con la seguridad.

Con todo, ha calificado las cargas de “desmedidas y violentas” y ha anunciado una investigación para esclarecer tanto la actuación policial como la agresión sufrida por un fotoperiodista.

Por su parte, 'Menys Turisme, Més Vida', entidad convocante de la protesta, señala que la Policía limitó la entrada a Ses Voltes a unas 2.000 personas pese a que, asegura, el espacio “no estaba ni al 50% de su capacidad”. La organización afirma que había comunicado previamente que, si el recinto se llenaba, el acto final se trasladaría a las rampas y explanadas de los alrededores de la Catedral, aunque, sostiene, tampoco se permitió el acceso a esas zonas.

La organización asegura que las primeras cargas se produjeron cuando algunos asistentes intentaron acceder a Ses Voltes y que, posteriormente, los antidisturbios intervinieron de nuevo mientras se leía el manifiesto y, más tarde, una vez finalizado el acto, en la avenida Antoni Maura y el inicio del Born. En su comunicado, la plataforma habla de cargas “injustificadas y desproporcionadas” y sostiene que dejaron “más de una decena de heridos”, algunos con lesiones en la cabeza que requirieron asistencia médica, además de un fotoperiodista.

Comienzan las cargas policiales

Asimismo, la entidad denuncia que la actuación policial comenzó “sin aviso previo” y afirma que las ambulancias tardaron más de 45 minutos en atender a varios heridos porque, según su versión, la Policía impidió inicialmente el acceso de los servicios sanitarios.

Una vez concluida la lectura del manifiesto y la interpretación de La Balanguera, varios centenares de personas permanecieron en las inmediaciones de la avenida Antoni Maura. Según la Policía Nacional, fue entonces cuando una “minoría muy violenta” lanzó piedras, adoquines y palos contra los agentes, causando heridas a cuatro policías.

Ante esta situación, los antidisturbios realizaron varias cargas y efectuaron disparos de salvas con las lanzadoras de proyectiles de goma con el objetivo de dispersar a los asistentes, siempre según la versión policial. Como consecuencia de los disturbios, una persona fue detenida posteriormente como presunta autora de delitos de lesiones, atentado contra agente de la autoridad y desórdenes públicos.

La Delegación del Gobierno ha solicitado a la Jefatura Superior de Policía la apertura de una investigación interna para determinar si la actuación policial fue proporcional y si procede depurar responsabilidades.

La investigación también analizará la agresión sufrida por un fotoperiodista que cubría la manifestación y que resultó herido en la cabeza tras recibir un golpe de una defensa policial. Las propias fuentes policiales consultadas consideran que esa actuación no puede justificarse y aseguran que se identificará al agente responsable si se confirma lo sucedido.

Por su parte, Jupol sostiene que los agentes actuaron conforme a los principios de proporcionalidad y únicamente después de que varios policías fueran agredidos durante los disturbios. Según Jupol, el foco debe situarse en las agresiones sufridas por los agentes y no en cuestionar la actuación del dispositivo policial.

A su entender, el delegado del Gobierno, como máximo responsable de las fuerzas de seguridad en el archipiélago, “debería preocuparse por lo verdaderamente importante: que cuatro policías nacionales resultaron heridos mientras cumplían con su obligación de garantizar el orden público”.

Por su parte, 'Menys Turisme, Més Vida' ha responsabilizado a la Policía Nacional de los incidentes registrados al término de la protesta y ha calificado el dispositivo desplegado de “totalmente desproporcionado”. En un comunicado difundido este lunes, la organización sostiene que la movilización transcurrió “sin ningún incidente” desde la plaza de España hasta Ses Voltes y atribuye el inicio de la tensión al bloqueo de los accesos al recinto por parte de los agentes.

Desenes de milers de persones —unes 70.000, segons els organitzadors; prop de 25.000, segons la Policia Nacional— han omplert aquest diumenge el centre de Palma en una de les mobilitzacions socials més multitudinàries dels darrers anys a les Balears per exigir un canvi profund del model econòmic, territorial i turístic de l'arxipèlag. La manifestació, convocada per la plataforma 'Menys Turisme, Més Vida' i secundada per 134 entitats socials, ha reunit col·lectius ecologistes, organitzacions pel dret a l'habitatge, sindicats, famílies, joves, treballadors i jubilats en una protesta que ha anat molt més enllà del rebuig a la massificació turística per denunciar el creixent deteriorament de les condicions de vida de la població resident.

La marxa ha avançat de manera pacífica des de la plaça d'Espanya fins al darrer punt del recorregut, la plaça de ses Voltes, als peus de la Catedral. Ha estat en aquest indret on s'han viscut els primers moments de tensió de la jornada, ja que els agents desplegats impedien inicialment el pas a la major part dels manifestants. «Volem passar!», cridaven des de l'exterior, mentre les persones que ja havien aconseguit accedir reclamaven que se'ls permetés entrar. Finalment, la Policia ha obert el pas entre aplaudiments i crits de celebració. Mentrestant, milers de persones continuaven esperant als carrers adjacents, en una imatge inèdita a la capital balear.

Ha estat al final de la mobilització quan s'han produït els episodis més convulsos: la Policia ha començat a disparar pilotes de goma i a arremetre amb les defenses contra els manifestants, que han respost amb crits de “Vergonya em faria ser policia” i “Fora les forces d'ocupació”. Segons Europa Press, alguns participants en la protesta han llançat objectes contra el dispositiu policial, una actuació que ha estat recriminada per altres integrants de la marxa. Quan diversos concentrats han intentat mediar amb els agents, aquests han tornat a carregar fent ús de material antiavalots. Diverses persones han resultat ferides i diverses ambulàncies s'han desplaçat fins a la zona.

Enmig d'aquests incidents, la multitud ha alçat els braços per mostrar que no oferia resistència i ha entonat La Balanguera, l'himne de Mallorca, com a mostra de protesta pacífica.

Situació límit

Recolzada per plataformes com GOB, SOS Residents, Sindicat de Llogateres, CCOO, UGT, STEI, CGT, CNT, Arran o Alerta Solidària-, ha recorregut els principals carrers de Palma amb un missatge clar: el model de creixement de les últimes dècades ha dut Mallorca a una situació límit en matèria d'habitatge, territori, mobilitat, recursos naturals i qualitat de vida.

Durant tota la mobilització s'han exhibit nombroses pancartes amb lemes com “Volem turisme, però no així”, “No tenim por”, “Qui estima Mallorca no la ven” o “Mallorca no està en venda”, mentre milers de manifestants denunciaven que viure a les illes s'ha convertit en una cursa d'obstacles per a una part creixent de la població.

Activistes detingudes

La protesta arriba en un dels moments de més tensió social que recorda l'arxipèlag. A aquest context s'hi suma la detenció, fa dues setmanes, de dues activistes investigades pels atacs a cinc immobiliàries de Santa Maria del Camí, a les quals la Guàrdia Civil atribueix un presumpte delicte de grup criminal. El cas ha situat al centre del debat el creixent malestar per les dificultats d'accés a l'habitatge, la turistificació i el model econòmic de les Balears.

De fet, les dues joves han pujat aquest diumenge a l'escenari al final de la manifestació per celebrar la que han qualificat de “victòria davant la repressió”, en referència al suport multitudinari rebut durant la protesta. “Hem patit violència de tots els tipus i formes, cap justificable. Però ha estat minúscula davant tot el suport que hem rebut de les nostres famílies i amics, del nostre poble, de moltes organitzacions i col·lectius i de moltíssima gent que no coneixem i segurament no coneixerem mai. Per això volíem pujar, per agrair de cor tot el suport”, han llegit.

Per a elles, la manifestació d'aquest diumenge representa “una victòria davant la repressió”, que, segons han afirmat, tenia “l'objectiu de fer por, impedir que sortíssim al carrer i desmobilitzar-nos”. “Però ens ha unit encara més i ens ha fet més fortes”, han assegurat.

“Qui estima Mallorca no la regala ni la converteix en un aparador. Mallorca no és un tros de terra amb què especular, sinó totes les persones que l'habitem, la seva cultura i la seva història. Si aquest model, que suposadament ens ha de fer rics a tots, és el mateix que ens expulsa, potser ha arribat el moment de replantejar-lo”, han conclòs.

L'habitatge, epicentre del conflicte

L'accés a l'habitatge ha estat el gran eix de la mobilització. Els convocants sostenen que la crisi residencial ja no respon únicament a un desequilibri entre oferta i demanda, sinó a la progressiva transformació de l'habitatge en un actiu financer sotmès a l'especulació. Denuncien que el creixement del lloguer turístic, l'augment de les segones residències, la compra d'immobles per part d'inversors i el pes creixent dels grans operadors immobiliaris han reduït l'oferta destinada a residència habitual i han disparat els preus.

El Govern de Marga Prohens (PP), per la seva banda, defensa que per primera vegada està prioritzant l'accés dels residents a l'habitatge amb mesures orientades a incrementar l'oferta, com la construcció d'habitatge protegit, l'agilitació dels desenvolupaments urbanístics o les reformes per ampliar el parc residencial. Tanmateix, les entitats convocants consideren que aquestes iniciatives no aborden les causes estructurals del problema i alerten que continuen afavorint un model basat en el creixement urbanístic sense limitar la pressió especulativa sobre el mercat.

Les xifres continuen reflectint aquesta situació. Balears manté alguns dels preus més elevats de l'Estat tant en compra com en lloguer, mentre l'accés a un habitatge s'ha convertit en una de les principals preocupacions de la població. Els col·lectius denuncien que, mentre milers d'habitatges continuen buits o es destinen al lloguer vacacional i la demanda internacional manté una forta pressió sobre el mercat immobiliari, una part creixent dels residents es veu expulsada dels municipis on ha viscut tradicionalment.

Les organitzacions sostenen que la política del Govern continua centrada a incrementar l'oferta d'habitatge sense actuar sobre la demanda que, al seu parer, alimenta l'escalada dels preus. En aquest sentit, critiquen que la llei òmnibus aprovada pel PP i Vox permeti que persones jurídiques adquireixin habitatges de preu taxat per destinar-los al lloguer. L'Executiu defensa que aquesta reforma contribuirà a ampliar el parc residencial disponible, però l'oposició i els moviments socials alerten que pot obrir la porta a una major presència de grans operadors immobiliaris en un segment concebut per facilitar l'accés a l'habitatge, en un context de màxima pressió sobre el mercat.

Per a milers de treballadors, trobar un habitatge assequible s'ha convertit en una missió gairebé impossible. Cada vegada són més els joves que retarden l'emancipació, les famílies que es veuen obligades a abandonar els municipis on sempre havien viscut i els treballadors que renuncien a una oferta laboral perquè no poden assumir el cost d'un lloguer. Els col·lectius convocants atribueixen aquesta situació al fort impacte del turisme sobre el mercat immobiliari i denuncien que una part creixent del parc residencial ha deixat de complir la seva funció social per convertir-se en allotjament turístic, segona residència o producte d'inversió destinat a compradors amb major capacitat adquisitiva.

Les dades apunten també a un pes molt rellevant de la demanda internacional. Segons el geògraf Antoni Marcús, a partir de dades del Cadastre, més de 92.000 habitatges de les Balears pertanyen a propietaris estrangers, una xifra molt superior a la mitjana estatal. En municipis com Andratx, Deià, Calvià, Santanyí o Sóller, el percentatge supera àmpliament el 20% i, en alguns casos, arriba a sobrepassar el 40%. Les entitats convocants consideren que aquesta realitat incrementa la competència per l'habitatge i contribueix a l'encariment dels preus.

A aquesta pressió s'hi afegeixen altres factors que, segons els moviments socials, agreugen la crisi residencial. L'últim cens de l'INE comptabilitza més de 100.000 habitatges desocupats a les Balears, un parc que les plataformes consideren susceptible de mobilitzar-se mitjançant polítiques públiques de rehabilitació i lloguer permanent. A més, l'arxipèlag és una de les comunitats amb una major concentració d'habitatges en mans de grans tenidors. Una investigació duta a terme per elDiario.es a finals de 2024, o elaborada a partir de dades inèdites del Cadastre obtingudes mitjançant una sol·licitud d'accés a la informació pública al Ministeri d'Hisenda, va revelar que 26.061 habitatges —el 4,53% del parc residencial de les Illes— pertanyen a propietaris amb més de deu immobles. D'aquests, 6.672 habitatges estan en mans de tenidors que acumulen més de cent propietats, l'equivalent a l'1,16% del parc residencial balear.

El territori, al límit

Però la manifestació ha volgut deixar clar que el malestar va molt més enllà del preu de l'habitatge. Per als organitzadors, la turistificació condiciona ja pràcticament tots els àmbits de la vida quotidiana. Les entitats alerten de l'impacte del lloguer vacacional i la consegüent transformació de barris sencers, un procés que, asseguren, ha comportat l'expulsió de la població resident i la substitució d'habitatges per allotjaments destinats als visitants. També adverteixen que l'augment sostingut del nombre de turistes incrementa la càrrega sobre infraestructures, carreteres, platges, espais naturals i recursos hídrics.

Davant d'aquestes crítiques, el Govern defensa que ha contingut el creixement turístic i que no ha creat noves places. Les entitats convocants, en canvi, consideren que les reformes impulsades fins ara no redueixen de manera efectiva la pressió turística ni alteren les dinàmiques que, al seu parer, són a l'origen de la crisi. Sostenen que el pes del turisme sobre el mercat residencial, l'expansió del lloguer vacacional, la creixent financització de l'habitatge i l'elevada demanda internacional d'immobles continuen alimentant un model que expulsa la població resident i dificulta cada vegada més l'accés a un habitatge.

En aquest sentit, les entitats convocants consideren que Mallorca ha superat la seva capacitat de càrrega i reclamen un gir en les polítiques territorials. Entre les seves demandes figuren aturar la urbanització de sòl rústic, revisar els plans territorials insulars, recuperar corredors ecològics i ampliar la protecció dels espais naturals. Al seu parer, el creixement urbanístic impulsat durant les darreres dècades és incompatible amb la preservació d'una illa amb un territori i uns recursos naturals limitats.

Una protesta que transcendeix Mallorca

El manifest traça, a més, un diagnòstic que va molt més enllà de la turistificació. Els organitzadors sostenen que un model econòmic fortament dependent del turisme genera ocupació estacional, salaris insuficients per afrontar l'elevat cost de la vida i una vulnerabilitat creixent davant qualsevol crisi que afecti el sector. També alerten de l'impacte ambiental d'aquest model, especialment sobre els aqüífers, i denuncien que l'augment de la població flotant durant els mesos d'estiu dispara el consum d'aigua en un territori especialment exposat als efectes de la sequera. Per això reclamen diversificar l'economia, impulsar ocupació estable i de més qualitat i reduir progressivament la dependència del monocultiu turístic.

La mobilització ha tornat a situar les Balears en el centre del debat sobre els límits del turisme massiu. Les reivindicacions expressades aquest diumenge a Palma connecten amb les mobilitzacions que, en els darrers anys, s'han estès a ciutats i territoris com Barcelona o Canàries, on diferents plataformes qüestionen els efectes del creixement turístic sobre l'accés a l'habitatge, el territori i la qualitat de vida dels residents. Els convocants aspiren a consolidar un moviment que no es limita a reclamar menys turistes, sinó que planteja una reflexió de fons sobre quin model econòmic, territorial i social volen per a les Balears. “No és només una qüestió de turistes”, resumeix el manifest. “És una qüestió de com volem viure i de qui podrà continuar vivint a Mallorca d'aquí a deu o vint anys.”

Decenas de miles de personas -unas 70.000, según los organizadores; unos 25.000, según cifras de la Policía Nacional- han desbordado este domingo el centro de Palma en una de las mayores movilizaciones sociales de los últimos años en Balears para exigir un cambio profundo del modelo económico, territorial y turístico del archipiélago. La manifestación, convocada por la plataforma 'Menys Turisme, Més Vida' y respaldada por hasta 134 entidades sociales, ha reunido a colectivos ecologistas, organizaciones por el derecho a la vivienda, sindicatos, familias, jóvenes, trabajadores y jubilados en una protesta que ha ido mucho más allá del rechazo a la masificación turística para denunciar el creciente deterioro de las condiciones de vida de la población residente.

La marcha ha avanzado de forma pacífica desde la Plaça d'Espanya hasta el último punto del recorrido, la plaza de ses Voltes, a los pies de la Catedral. Ha sido en este lugar en el que se han vivido los primeros momentos de tensión debido a que los agentes desplegados no permitían el paso a la gran mayoría de los manifestantes, a pesar de que el aforo del recinto era mucho mayor. “¡Queremos pasar!”, gritaban desde fuera, mientras quienes sí habían logrado acceder clamaban por su entrada. Finalmente, se les ha permitido acceder entre gritos de celebración por parte de los asistentes. Mientras tanto, otras miles de personas aguardaban en los alrededores en una estampa inédita en la capital balear.

Ha sido al término de la movilización cuando se han producido los episodios más convulsos de la jornada: la Policía ha comenzado a disparar pelotas de goma y a arremeter con las porras contra los manifestantes, quienes, tras ello, han vociferado “vergüenza me daría ser policía” y “fuera las fuerzas de ocupación”. Según Europa Press, algunos de los participantes en la protesta han lanzado objetos contra el dispositivo policial y han sido recriminados por ello por otros integrantes de la marcha. En el momento en el que varios de los concentrados han intentado mediar con los agentes, estos han cargado contra ellos haciendo uso del material antidisturbios.

Varias personas han resultado heridas -de momento, una docena, según la entidad organizadora de la protesta- y las ambulancias se han desplegado por la zona. Uno de los heridos es un fotoperiodista que estaba haciendo su trabajo en la manifestación. En medio de la tensión, la multitud ha alzado los brazos para mostrar que no ofrecía resistencia y ha cantado 'La Balanguera', el himno de Mallorca, en señal de protesta pacífica. Un hombre continúa detenido en las dependencias de la Policía Naciona en Palma.

El delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, asegura que pedirá explicaciones por la actuación de la Policía. Rodríguez ha comentado en un mensaje de X que “hay imágenes que son inaceptables”. “Pediré informe exhaustivo de las actuaciones y las explicaciones necesarias, para que se asuman las responsabilidades que hubiere. Deseo una pronta recuperación a heridos”, ha añadido. Fuentes de Delegación de Gobierno añaden que el delegado mantendrá una reunión con José Antonio Puebla, el jefe superior de la Policía Nacional en Balears, para analizar los hechos.

Situación límite

Apoyada por plataformas como GOB, SOS Residents, Sindicat de Llogateres, CCOO, UGT, STEI, CGT, CNT, Arran o Alerta Solidària-, ha recorrido las principales calles de Palma con un mensaje claro: el modelo de crecimiento de las últimas décadas ha llevado a Mallorca a una situación límite en materia de vivienda, territorio, movilidad, recursos naturales y calidad de vida.

Durante toda la movilización se han exhibido numerosas pancartas con lemas como “Volem turisme, però no així” (“Queremos turismo, pero no así”), “No tenim por” (“No tenemos miedo”), “Qui estima Mallorca no la ven” (“Quien quiere Mallorca no la vende”) o “Mallorca no està en venda” “Mallorca no está en venta”), mientras miles de manifestantes denunciaban que vivir en las islas se ha convertido en una carrera de obstáculos para una parte creciente de la población.

Activistas detenidas

La protesta llega en uno de los momentos de mayor tensión social que recuerda el archipiélago, a la que se suma la detención, hace dos semanas, de dos activistas investigadas por los ataques a cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí y a quienes la Guardia Civil ha llegado a atribuir un delito de grupo criminal. Un clima que ha situado en el centro del debate el creciente malestar por el acceso a la vivienda, la turistificación y el modelo económico de Balears.

De hecho, las dos jóvenes han celebrado este domingo, durante una intervención al final la protesta, la “victoria ante la represión” que implica el apoyo multitudinario de la ciudadanía a la manifestación. “Hemos sufrido violencia de todos los tipos y formas, ninguna justificable. Pero ha sido diminuta frente a todo el apoyo que hemos recibido de nuestras familias y amigos, de nuestro pueblo, de muchas organizaciones y colectivos y de muchísima gente que no conocemos y seguramente no conoceremos nunca. Por eso queríamos subir, para agradecer de corazón todo el apoyo”, han leído.

Para ellas, la manifestación de este domingo es “una victoria ante la represión que tenía por objetivo meter miedo, evitar que saliéramos a la calle y desmovilizar”. “Pero nos ha unido más y nos ha hecho más fuerte”, han comentado. “Quien quiere Mallorca no la regala ni la convierte en un expositor. Mallorca no es un trozo de tierra con la que especular, sino todas las personas que las habitamos, su cultura y su historia. Si este modelo que supuestamente nos tiene que hacer ricos a todos es el que nos expulsa, tal vez habría que darle una vuelta”, han concluido.

La vivienda, epicentro del conflicto

El acceso a la vivienda ha sido el gran eje de la movilización. Los convocantes sostienen que la crisis residencial ya no responde únicamente a un desequilibrio entre oferta y demanda, sino a la transformación de la vivienda en un activo financiero sometido a la especulación internacional.

Pese a que el Govern de Marga Prohens (PP) sostiene que por primera vez está priorizando el acceso de los residentes a la vivienda mediante la construcción de vivienda protegida y la agilización de nuevos desarrollos urbanísticos, las entidades critican que estas medidas no atacan las causas estructurales del problema. Recuerdan que Balears continúa registrando algunos de los precios más elevados de España tanto en compra como en alquiler y que el acceso a una vivienda sigue siendo inalcanzable para una parte creciente de la población.

Las organizaciones convocantes sostienen que la política del Ejecutivo autonómico sigue centrada en aumentar la oferta sin intervenir sobre la demanda que, a su juicio, está alimentando la escalada de precios. Entre otras medidas, critican que la ley ómnibus aprobada por PP y Vox permita que personas jurídicas puedan adquirir viviendas de precio tasado para destinarlas al alquiler, una reforma que el Govern justifica como un mecanismo para incrementar el parque residencial, pero que la oposición y los movimientos sociales interpretan como una nueva vía para facilitar la entrada de grandes operadores inmobiliarios en un mercado ya fuertemente tensionado.

Para miles de trabajadores, encontrar un piso asequible se ha convertido en una tarea prácticamente imposible, mientras aumentan los casos de jóvenes que retrasan su emancipación, familias obligadas a abandonar los municipios donde siempre habían vivido y trabajadores que renuncian a empleos por no poder acceder a una vivienda. Los organizadores sostienen que esta situación está estrechamente ligada al peso del turismo sobre el mercado inmobiliario. Denuncian que una parte creciente del parque residencial ha dejado de cumplir una función social para convertirse en alojamiento turístico, segunda residencia o producto de inversión destinado a compradores con mayor capacidad adquisitiva.

Más de 92.000 viviendas, en manos de extranjeros

Según datos del Catastro recogidos por el geógrafo Antoni Marcús, más de 92.000 viviendas de Balears pertenecen a propietarios extranjeros, muy por encima de la media estatal. En municipios como Andratx, Deià, Calvià, Santanyí o Sóller, el porcentaje supera ampliamente el 20% e incluso el 40% en algunos casos, una realidad que, según las entidades sociales, incrementa la presión sobre el mercado residencial y dificulta el acceso de la población local.

A ello se suma la persistencia de un elevado número de viviendas vacías. No en vano, el último censo del INE contabiliza más de 100.000 viviendas desocupadas en Balears, un parque residencial que algunas de las plataformas participantes consideran clave para aliviar la crisis habitacional si se impulsaran políticas públicas de rehabilitación y movilización hacia el alquiler permanente.

El archipiélago es, además, una de las Comunidades Autónomas que cuentan con un mayor número de viviendas en manos de grandes tenedores, es decir, de aquellos que poseen más de una decena de inmuebles: en total, 26.061 viviendas, una cifra que supone el 4,53% del parque total del archipiélago, de acuerdo a la investigación llevada a cabo por elDiario.es a finales de 2024 con datos inéditos del Catastro a los que ha tenido acceso a través de una solicitud pública al Ministerio de Hacienda amparada en la ley de transparencia. Los datos arrojan, asimismo, que 6.672 viviendas en las islas pertenecen a tenedores que poseen más de cien inmuebles (un 1,16% del total).

El territorio, al límite

Pero la manifestación ha querido dejar claro que el problema trasciende el precio de la vivienda. Para los organizadores, la turistificación afecta ya a prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana. Las organizaciones denuncian el impacto del alquiler vacacional y la consiguiente transformación de barrios enteros, lo que ha provocado la expulsión de la población residente y y la sustitución de viviendas por alojamientos destinados a visitantes. Según sostienen, el incremento constante de visitantes ejerce además una presión creciente sobre infraestructuras, carreteras, playas, espacios naturales y recursos hídricos.

Mientras el Ejecutivo autonómico defiende que ha contenido el crecimiento turístico y que no está creando nuevas plazas, las entidades sociales consideran que las reformas aprobadas no reducen de forma efectiva la presión turística ni revierten el modelo actual, dado que, denuncian, el problema de fondo continúa siendo el peso del turismo sobre el mercado residencial, la expansión del alquiler vacacional, el uso de la vivienda como activo de inversión y la elevada demanda internacional de inmuebles en las islas.

En este sentido, recriminan que Mallorca ha sobrepasado su capacidad de carga, por lo que reclaman detener la urbanización de suelo rústico, revisar los planes territoriales insulares, recuperar corredores ecológicos y ampliar la protección de espacios naturales. Consideran que el crecimiento urbanístico impulsado durante las últimas décadas resulta incompatible con la conservación de una isla con recursos limitados.

Una protesta que trasciende Mallorca

El manifiesto incorpora además un diagnóstico mucho más amplio que el estrictamente turístico. Los organizadores sostienen que el modelo económico basado casi exclusivamente en el turismo genera empleo estacional, salarios insuficientes para afrontar el elevado coste de la vida y una creciente dependencia de un único sector económico. Alertan igualmente de la presión sobre los acuíferos y denuncian que el fuerte incremento de población flotante durante los meses de verano multiplica el consumo de agua en un territorio especialmente vulnerable a la sequía. Por ello reclaman diversificar la economía, impulsar empleo estable y mejor remunerado y reducir progresivamente la dependencia del monocultivo turístico.

La movilización ha vuelto a situar Balears en el centro del debate sobre los efectos del turismo masivo. Las reivindicaciones de Palma conectan con las protestas registradas en los últimos años en ciudades como Barcelona o Canarias, donde colectivos ciudadanos denuncian que el crecimiento turístico, unido a la inversión inmobiliaria internacional y la expansión de los alquileres de corta duración, está dificultando el acceso a la vivienda y alterando profundamente la vida cotidiana de los residentes. Los convocantes pretenden consolidar un movimiento social que ya no plantea únicamente limitar el turismo, sino abrir un debate mucho más amplio sobre el modelo económico y territorial de Balears. “No es solo una cuestión de turistas”, sostienen. “Es una cuestión de cómo queremos vivir y quién podrá seguir viviendo en Mallorca dentro de diez o veinte años”.