Cantabristas ha instado al PRC, a través de un comunicado, a que prohíba en sus ayuntamientos la construcción de vivienda turística en suelo rústico. La formación ha expresado su sorpresa ante los nuevos posicionamientos anti masificación turística del PRC, teniendo en cuenta, han señalado, “la trayectoria política de los regionalistas, que incluye promover y apoyar la Ley del Suelo que ha flexibilizado el suelo facilitando la especulación urbanística y la turistificación allí donde gobierna”.

En opinión de la formación política, el PRC parece “más preocupado de disputar los votos a Cantabristas que de hacer valer su nueva postura política entre su propia gente”. Por ello, desde Cantabristas han pedido a los regionalistas que “prediquen con el ejemplo” y apliquen la cláusula de la Ley del Suelo que faculta a los ayuntamientos a prohibir la construcción de vivienda turística en suelo rústico para frenar la masificación turística y la proliferación de segundas residencias.

“En política, no valen solo las palabras. Si de verdad sus últimas declaraciones son fruto de la reflexión y autocrítica respecto a las políticas del hormigón que han caracterizado al PRC en las últimas décadas, que actúen y comiencen a cambiar las cosas desde los ayuntamientos en los que pueden hacerlo”, han declarado desde la formación cantabrista.

Por último Cantabristas, que ha dicho mantener desde sus orígenes “un posicionamiento muy crítico hacia el monocultivo del sector turístico y la promoción de la masificación turística”, han explicado que no terminan de creerse “este nuevo PRC” y tienen “poca confianza en que estas incoherentes nuevas posturas políticas se materialicen en algo plausible”.

El Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado inicialmente esta mañana la modificación puntual del Plan General Municipal (PGM) para regular los alojamientos turísticos y sus condiciones de implantación en la ciudad. El concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, ha presentado esta modificación subrayando la “necesidad de adaptar nuestro marco urbanístico a las transformaciones reales que está experimentando la ciudad”.

“Este Gobierno ha asumido la responsabilidad de abordar esta cuestión desde una perspectiva estructural, entendiendo que el urbanismo es, ante todo, una herramienta de ordenación al servicio del interés general, la cohesión social y la calidad de vida urbana”, ha defendido el concejal.

López-Araquistáin ha destacado que la modificación puntual del PGM impulsada por el Ejecutivo es “técnicamente rigurosa y jurídicamente robusta, plenamente alineada con el marco normativo vigente”. “El objetivo es dotar a la ciudad de una normativa moderna, clara, sistemática y aplicable con seguridad jurídica”, ha apuntado.

Ha detallado que la modificación “introduce avances sustanciales”, con una “priorización del uso residencial” y “preservando el equilibrio entre la ciudad vivida y la ciudad visitada”. “La modificación forma parte de una estrategia para actualizar y modernizar el marco normativo urbanístico de Logroño, superando inercias del pasado y adaptándolo a los retos contemporáneos: el acceso a la vivienda, la sostenibilidad urbana, la convivencia y el equilibrio de usos”, ha aseverado López-Araquistáin.

“Esta modificación no es solamente necesaria, sino también proporcionada, oportuna y adaptada al interés general, que contribuye a construir una ciudad más habitable, más ordenada y mejor preparada para el futuro”, ha concluido. En concreto se modifican varios artículos de las normas urbanísticas del Plan General de Logroño el 1.2.22, 2.1.1, 2.1.27, 2.2.3, 2.2.11 y 2.2.43, lo que va a suponer:

Tras la aprobación inicial de estas modificaciones en el pleno municipal se abrirá un plazo de un mes de información pública a partir de su publicación en el BOR.

La Asociación de Vecinos de Tabarca Isla Plana ha afirmado haber iniciado los trámites para que la isla, perteneciente al municipio de Alicante, se constituya como entidad local menor y así tener mayor autonomía respecto al ayuntamiento de la localidad.

Así lo han adelantado algunos medios y lo ha confirmado la presidenta de la asociación, Carmen Martí, quien ha defendido que están “en su derecho” y ha resaltado que la noticia “ha sido una bomba entre los vecinos”.

Entre los trámites que han iniciado con los abogados de la entidad está la presentación de las firmas de los vecinos de la isla, que debe ser de la mitad más uno, mientras que ellos han conseguido que 33 de los 59 den su visto bueno. Ahora están a la espera de los siguientes pasos.

La Ley del Régimen Local de la Comunitat Valenciana recoge que las entidades locales menores son aquellos núcleos de población separados territorialmente del municipio al que pertenecen y que, teniendo características peculiares, se constituyan como tales.

De esta forma, una localidad puede llegar a tener personalidad y capacidad jurídica plena para el ejercicio de sus competencias, que podrán ser propias o delegadas.

Tabarca es un pequeño archipiélago perteneciente al municipio de Alicante y cuya isla principal se denomina Plana o Nueva Tabarca, que tiene una forma alargada de unas 30 hectáreas de extensión, en cuya parte occidental se encuentra un pequeño pueblo amurallado en el que están los en torno a 60 vecinos censados que viven allí.

La Laurel ha vuelto a convertirse este fin de semana en el epicentro del incivismo. Coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa, la masiva afluencia de turistas y, especialmente, de grupos de despedidas de soltero, ha derivado en situaciones que para el vecindario son insostenibles. El escaparate de la gastronomía riojana se ha visto empañado del “turismo de borrachera”, según denuncian vecinos y vecinas.

Han compartido, por ejemplo, una imagen de una persona orinando en plena calle, recordando que el Ayuntamiento de Logroño se comprometió a perseguir más estos hechos, incluso con policías de paisano. Y sobre todo, han mostrado como un joven se subió a un balcón de la calle Laurel mientras la multitud, desde abajo, le jaleaba e instaba a saltar. “El Magaluf del norte, ahora hasta con balconing”, denunciaba una vecina a través de redes sociales, reflejando el riesgo de que este tipo de conductas de riesgo se normalicen.

A esta escena, se suman las quejas recurrentes por ruidos, falta de higiene y civismo. Los residentes del Casco Antiguo exigen soluciones reales que protejan el descanso y las señas de identidad de una de las calles más emblemáticas de Logroño, de la que se está alejando ya la propia ciudadanía de Logroño. El debate sobre el modelo de ciudad y el modelo de turismo que quiere Logroño está más abierto que nunca.

El centro cultural y librería La Libre, en Santander, cumple 25 años este 2026. Y sus socios lo festejarán de milagro en el espacio en el que llevan instalados los últimos tres lustros, después de que los propietarios les anunciaran en diciembre de 2025 que querían venderlo. El colectivo social ha anunciado este lunes que se queda en la Rampa Sotileza, tras obtener los cerca de 150.000 euros de la compra, gracias al apoyo de “varios” socios que les han prestado “íntegramente” el dinero.

La Libre hace actividades gratuitas y no tiene empleados, solo colaboradores que dedican su tiempo de forma altruista al proyecto. Según sus cálculos, la mitad del mantenimiento del proyecto ha venido hasta ahora de las cuotas de los socios, para los que han organizado charlas y talleres, además de ser el local de varias asociaciones más. La otra mitad ha venido de la librería, especializada en política y temas sociales.

Ahora, tras firmar el contrato de arras y blindar el acuerdo de compra, en el año de su 25 aniversario, a La Libre le toca recaudar el dinero prestado: “Se vienen por delante duros meses de preparación de una campaña de crowdfunding y de recogida de donaciones directas”, señalan.

En un contexto de subidas de alquileres, precios de venta disparados y locales reconvertidos en pisos turísticos, el colectivo ha tenido poco margen para pensar desde diciembre: han buscado otros locales y las cuentas no salían, y aunque la relación con las caseras es buena, el local iba a ser vendido: había interesados en comprar.

Por eso, aunque La Libre celebra que se queda, anuncia que necesitan recaudar “con urgencia” dinero para devolver “la mayor parte del préstamo que hemos recibido en el menor tiempo posible”, han alertado en un comunicado remitido este lunes.

“Los ecos de la gentrificación tardaron en llegar a las provincias, aunque ya los oímos por aquí”, recuerdan desde La Libre, después de que hayan tenido que comprar su local, mientras que otro colectivo social de la ciudad ha sufrido cómo les doblan el alquiler y Smolny, un centro social que lleva ocho años en su local en la calle Santa Teresa de Jesús, tendrá que abandonar su sede en junio, dando paso muy probablemente a futuros apartamentos turísticos.

No hay nada como no hacer nada para que pase algo. Sin embargo, es la máxima que aplican aquellos que, de manera espuria, se presentan a puestos públicos para jugar al juego de gobernar, en lugar de gobernar de veras, que supone tomar decisiones incómodas o arriesgadas si es necesario. Lo saben bien los valencianos que, cuando se necesitaba coordinación y trabajo para mitigar los efectos de un tsunami fluvial, tuvieron a su gobierno autonómico de farra o fuera de cobertura.

Los valencianos de la ciudad se enfrentan ahora a otro desgobierno que hace temer por la seguridad, amenaza la convivencia y en el que se juega el capital político la alcaldesa de València. Acompañado, claro está, de la dosis fija de desinformación y del ya clásico sacudirse las competencias.

Las Fallas son una fiesta que se ha devorado a sí misma y que hace que la ciudad reciba cada año, durante cuatro días y en una pequeña zona de interés, el doble de la población que tiene. La receta es mucho alcohol, mucha gente, mucha pólvora y mechas por la calle, poco espacio y vías cortadas por vallas y carpas que son ratoneras. La ciudad ha aplicado una especie de estado de excepcionalidad festivo que empezó siendo cuatro días y ya va por quince.

Aun así, la fiesta se sigue promocionando desde las instituciones y se siguen poniendo trenes y buses extra para que llegue gente de toda España que no va a caber sin comprometer la convivencia. Las calles ya no son para el barrio o las personas: se han tapizado de food trucks y de casetas de mojitos para que hagan negocio empresas y agrupaciones falleras. Se autorizan verbenas en cada cruce hasta las cuatro de la mañana y, para mitigar molestias, se ponen carteles con horarios de petardos que por supuesto nadie cumple. Los bebés, los que trabajan, los enfermos, las personas autistas o los perros han de sacrificarse por una causa fallera que vive prácticamente sin reglas.

Se han bloqueado las calles de la tercera ciudad de España para que se instalen carpas de fiestas diez días antes de que empiecen oficialmente. Calles desiertas y cortadas coronadas por invernaderos blancos vacíos a la espera del bullicio. El interés de las empresas de montaje por encima de la necesidad de movilidad de 800.000 ciudadanos (de los cuales, 120.000 son falleros). El negocio hostelero muy por encima de los vecinos que viven arriba de los puestos móviles y los locales. El orgullo de ser noticia frente a la necesidad de aguar un poco la fiesta para que se aligere y sea más segura.

Las alarmas saltaron el año pasado durante una mascletà. El 15 de marzo de 2025, el 112 empezó a recibir un número de llamadas inusual desde la plaza del Ayuntamiento por riesgos de avalancha, por lipotimias y ataques de pánico. Era tal la cantidad de gente que bastaba un grito o un bulo para una estampida a la que ningún servicio de emergencia habría podido llegar. Hubo un centenar de atendidos y nueve hospitalizaciones.

La Policía y los bomberos han alertado este año de que hay demasiada gente en esa zona a las dos de la tarde y de que es un riesgo para la seguridad, porque además llegan al mismo sitio los Cercanías. La solución de la alcaldesa, María José Catalá, a tal problema estructural ha sido trasladar a Renfe que no lleguen los Cercanías a la estación que está al lado de la plaza del Ayuntamiento, como dicen dos informes policiales. Sin más.

Ante la indignación ciudadana porque los trenes iban a parar a 15 kilómetros de la ciudad –Óscar Puente no ha acabado de explicar por qué habrían de parar tan lejos– el Ayuntamiento dice que la alternativa que se dé a esos ciudadanos del área metropolitana (muchos de ellos de zona dana) no es cosa suya, sino del Ministerio de Óscar Puente. Como si la competencia de la movilidad y la solución a retos por la fiesta fuera cosa de parcelas que debiera resolver cada reino de taifa. Del ayuntamiento que gobierna la fiesta y su seguridad se espera algo más que trasladar una petición. Se espera que lidere y plantee soluciones o pida alternativas con una visión global de los problemas.

Las Fallas son una fiesta importante y querida. A menos que la inactividad política municipal siga alimentando al monstruo con la inacción, provocando enfrentamientos y agravios. Gobernar no es representar. Es limitar aforos, denegar permisos, trasladar eventos a lugares seguros. Es saber decir sí y saber decir no, asumiendo el coste político. Es saber ver que las necesidades de esta ciudad han cambiado y que la costumbre no es evidencia empírica. Es arriesgar, decidir, pilotar y tener la valentía de hacer algo más allá de observar lo que pasa hasta que pasa algo.

A Xunta vén de anunciar en Fitur hai apenas unhas semanas o futuro Camiño do litoral, o ambicioso proxecto de unir os 1.300 quilómetros da costa galega a través dun itinerario que se poderá percorrer a pé ou en bicicleta. A iniciativa non aparece acompañada polo de agora nin de medidas ambientais robustas, nin de estudos de impacto transparentes. Pero acaso alguén quere informarse sobre esas minucias nunha feira internacional de turismo? Aquilo tiña que ser unha festa, non un mitin ecoloxista. Quizais por iso, a titular de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, preferiu insistir na presentación á prensa en Madrid —onde se non?— en que “Galicia é Camiño; Galicia é litoral; Galicia é calidade”. A falta de articulación no discurso e o lema de chiringuito —de praia, pero tamén político— parecen feitos á mantenta para o ton irónico deste artigo, pero créanme, o mellor de todo isto é que non tiven que inventar nada, todo está na nota de prensa que a web oficial da Xunta ofrece sobre o acto. No mesmo texto, nin rastro da preocupación pola presión —directa ou indirecta— sobre ecosistemas fráxiles como areais, dunas, ou tramos xa degradados polos procesos erosivos. Brillan tamén pola súa ausencia as referencias á saturación dos servizos ou o posible descontento da veciñanza afectada.

Os dous millóns de euros proxectados como orzamento inicial —aínda que escasos, ninguén dubida de que a cantidade se poida ampliar tratándose de explotación turística— están pensados para o investimento directo no acondicionamento das infraestruturas. Toca a uns 1.600 euros por quilómetro. Non dá nin para medio ano de viaxes entre Santiago e A Coruña pola AP-9. Pero todo se andará. Este novo camiño sen apóstolo trae ademais baixo o brazo unha aplicación móbil: a APP Conecta litoral, que guiará ás viaxeiras e viaxeiros a través dun sendeiro que —cito textualmente— “representa a materialización de Galicia Calidade”. Fíxense que son palabras maiores. Iso non o pode dicir nin a app do Sergas.

Mais non vaian pensar que este é un camiño ideado unicamente para a xente que vén de fóra, para os turistas que xentrifican —coa axuda dos particulares e o amparo das institucións— as vilas da nosa costa e a súas cidades. Diso nada, porque por se todo o anterior non fose suficiente, o Camiño do litoral, anuncia a Xunta, servirá para “vertebrar territorio”. Lendo isto, e como rapaz do interior da Costa da Morte, imaxino que —a pé ou en bicicleta— esta nova atracción turística traerá consigo ao rural servizos básicos de sanidade, educación e transporte. Que fará que pasen máis buses de liña e que estes veñan cargados de persoal sanitario, peóns agrícolas, profesorado, xente con gana de quedar. Que reactivará a economía dos concellos menos densamente poboados. Que acabará coa soidade non desexada. Imaxino, si, que iso é o que entende a Xunta por vertebrar un país, por conectalo e dotalo de cohesión. Pero se cadra non. Que saberei eu que nunca quixen ser conselleiro de nada.

Hai exactamente un ano, a mesma Ángeles Vázquez reivindicaba Galicia como “refuxio climático natural” en Fitur para “atraer visitas en calquera época do ano”. Prometía “confort, seguridade e descanso” para os visitantes. A min, a insistencia da persoa á fronte das políticas medioambientais e contra o cambio climático da Xunta por estar nunha feira turística faime sospeitar cousas, pero non direi cales. Pola contra, preguntareime aquí se Vázquez coñece o significado exacto de “refuxio climático”. Se sabe o que é un refuxiado. Se desexa para a cidadanía galega ese status: refuxiados dentro do seu propio país, do seu territorio espoliado.

Nunca esquecerei o slogan de Feijóo nas eleccións autonómicas do 2020: Galicia, Galicia, Galicia. Así, sen máis. Tres veces. Coma quen o pronuncia ás escuras fronte ao espello do baño e despois bota a correr con medo de que se lle aparece unha rapaza morta ou o diaño. Unha lenda urbana. Que é Galicia para o Partido Popular? E o litoral para Ángeles Vázquez? Que todos vivimos dentro dunha marca —a identidade (aínda máis a colectiva) é un concepto demasiado complexo e perigoso segundo os poderes fácticos— é algo que xa asumín no caso galego e no de parte do estranxeiro. Sei que esa é unha dinámica que nos excede como pobo. Pero aínda así, non deixa de arrepiarme que Galicia sexa “calidade”. Que cada vez que Galicia é calidade, non deixe de ser conflito, desigualdade, precariedade, abandono, eucaliptos, terra queimada, parque eólico, falta de cobertura —móbil e sanitaria—, casas sen xente, xente que morre soa. Poden o decorado e a propaganda substituír a realidade? Poden anular ou silenciar as preocupación reais das persoas que habitan un lugar e o conforman? Vertebrar non é trazar unha liña azul sobre o contorno dun mapa. Deste lado nós e do outro o océano. Un lugar para ser visto e non vivido. Galicia, Galicia, Galicia. Para quen é o país que pronunciades?

El litigio entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central ha posicionado rápidamente a la patronal de los pisos turísticos, desde donde se exige parar la “criminalización” de los que “sostienen parte de la economía” y, a su vez, se requieren medidas que eviten que haya inmuebles “legales” que queden fuera de la oferta. Con esta declaración de intenciones, la asociación, que representa el 15% de las viviendas de uso turístico en la comunidad, puntualizó que la entrada en vigor del registro único ha disminuído la oferta un 14%, con un total de 21.862 viviendas menos.

En estos ocho meses, la rebaja también se ha experimentado en Sevilla, donde la cifra se sitúa en el 27% con 2.659 pisos. El podium lo completaría Marbella, donde ha habido una disminución del 19% con la baja de 2.993 inmuebles. En Granada, hay un 16% menos de pisos turísticos, que supondrían unos 620; en Málaga cayó un 14%, con 1.845 propiedades, y en la Costa del Sol se estima en torno al 15%.

Unos datos que traslada la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro), desde donde se muestra “preocupación”: “Hay un conflicto de intereses entre las exigencias de la Junta y el Gobierno”. El debate se generó a raíz de la entrada en vigor en junio de 2025 del registro único del Ejecutivo español, que tiene competencia en Vivienda. Sin embargo, se atribuía unas medidas similares que ya contemplaba el Registro de Turismo de Andalucía. Ante los requerimientos de la Comisión Europea, el Tribunal Supremo dirime a quién corresponde la responsabilidad antes de que el 20 de mayo entre en vigor la disposición europea del Reglamento sobre alquileres de corta duración.

“Reclamamos que haya una rectificación profunda del sistema que se ha realizado, porque es confuso operar entre distintas administraciones, y se está expulsando del sector a viviendas que son legales”, expresó Juan Ignacio Chaves, vicepresidente de AVVAPro y delegado en Sevilla. “Hay un muro burocrático que impide que desaparezca la oferta ilegal, porque este registro es solo obligatorio para la vivienda de uso turístico, que no para los apartamentos turísticos”, criticó, “decir que hay 23.000 viviendas ilegales porque no tienen un número de registro no es veraz”.

“Arbitrio del Colegio de Registradores”

Al respecto, justificó que para obtener el código hay varias dificultades, entre ellas, la duplicidad de la documentación entre administraciones que podría provocar más conflictos judiciales, así como el requerimiento de la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad —una medida voluntaria que, a su juicio, entienden que se disponga para que haya menos opacidad en el parque inmobiliario—. Además, subrayaron que hay negocios que no solicitan este código dado que, aunque se están explotando, no desean publicitarse en Airbnb o Booking. Si bien tacharon la cifra de irreal, la plataforma desconoce en la actualidad cuál sería el número de viviendas ilegales.

“Estamos contentos de que se vigilen las publicaciones en las plataformas, pero lo deja al arbitrio del Colegio de Registradores, que funcionan como policías y dejan dudas de interpretación”, rechazó Chaves. Desde la asociación, manifestaron que el funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía era suficiente, ya que funciona desde el año 2010 como garantía para el sector, aunque solicitaron modificaciones en la Ley de Turismo Sostenible de Andalucía que prepara el Gobierno de Juanma Moreno, como que se adecúe el número de plazas turísticas por área geográfica, “no es lo mismo tener 16 personas en una vivienda en el centro de Sevilla a que sea en una casa rural”.

Otro dardo que lanzan a la Junta de Andalucía es el relativo a las multas de 600.000 euros que contempla la nueva normativa. “Estamos de acuerdo en que haya una persecución de la clandestinidad, pero tiene que haber una proporcionalidad: no es lo mismo multar con esa cantidad un macrocomplejo que a una casa”, zanjó el responsable de AVVAPro. En plena crisis habitacional, la plataforma se mostró como un actor dialogante, definiéndose como un activo importante y cada vez más profesionalizado del sector turístico, “complementamos a la oferta hotelera, y se resuelve una demanda de los visitantes, sobre todo las familias, dando actividad a los barrios”.

Sevilla, la presión turística en la periferia

La capital hispalense, en manos del gobierno del PP con la colaboración de Vox, legisló en octubre de 2024 para limitar la tramitación de nuevas licencias para pisos turísticos. El tope por cada barrio es del 10%, un escenario que venía a intentar frenar la presión inmobiliaria en el casco histórico, donde ya se consideran saturados al estar por encima del porcentaje Santa Cruz, Arenal, Afalfa, San Bartolomé, Feria, Encarnación-Regina, así como San Lorenzo, San Vicente y el centro de Triana. Teniendo en cuenta que en la actualidad hay 9.650 disponibles, de los que alrededor de 6.000 están operativos, adelantó la asociación, quedaría margen para dar permisos a otros 22.750.

“Hay zonas donde la vivienda turística ha ejercido presión, motivo por el que se han establecido reglas más estrictas. En un momento dado, era oportuno para dar respuesta a la vorágine de creación de pisos turísticos, pero en otros barrios de la ciudad mantiene vivo el comercio y, además, la vivienda de uso turístico reparte dinero entre los propios sevillanos, y no se va a grandes empresas ni fondos”, apostilló Juan del Toro, vocal de AVVAPro en Sevilla. “Sentimos responsabilidad por lo que pasa en la ciudad”, indicó, aunque creen que se “destruye vivienda” ante las exigencias urbanísticas del Ayuntamiento de Sevilla.

La presión se está trasladadno hacia los barrios periféricos, por ejemplo, hacia los exteriores de la calle Ronda se detecta más actividad, “pero no en la misma proporción como en el centro antes de la regulación”. Aunque la actividad turística transforme el callejero sevillano, estiman que no se alcanzará el máximo permitido de pisos turísticos debido a que la demanda de los visitantes se sitúa en el casco histórico. “No tiene sentido llegar al máximo del 10% en Pino Montano, donde ya hay 48 viviendas de uso turístico, y aunque la normativa lo permitirá, creemos que no será así”, zanjó.

“Bajar los precios” por el impacto de Adamuz

Un mes después del accidente ferroviario de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas, las condolencias se transforman en estimaciones por el impacto económico en el sector turístico. Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, el vocal de AVVAPro mostró su “preocupación” por el hecho de que las reservas han caído entre un 20 y 30% en los pisos turísticos: “Hemos tenido que bajar precios para evitar las cancelaciones”.

El parón en la circulación en el eje Madrid-Sevilla ha afectado a la ganancia de estos negocios, para lo que piden que “se restituya la confianza y la seguridad en el turista”. El reajuste de precios también ha estado apuntalado por el número de cancelaciones que, estimó, varían entre un 8 y 10%. El año pasado, la capital hispalense recibió 1,02 millones de visitantes y tan solo en ocupación hotelera llegó al 84%. En las principales plataformas, quedan anuncios que oscilan con costos entre los 1.000 y 1.5000 euros.

“Algo ha muerto en el centro de Madrid”, advierten las asociaciones de residentes de la zona, que para alertar sobre la pérdida del tejido vecinal en barrios como Malasaña, Lavapiés, Chueca o Letras han organizado para este viernes, 20 de febrero, un pasacalles fúnebre que recorrerá el corazón de la capital.

La cita es a las 18.00 horas en la plaza de la Provincia. Se pide riguroso luto para acompañar en procesión a cetrina, la sardina vecinal fallecida por el acoso de los pisos turísticos o los fondos buitre, explican desde la organización. La marcha recorrerá entre sollozos las calles del centro hasta acabar en la zona de Malasaña.

La convocatoria ha sido difundida por grupos como la Asociación Vecinal Maravillas o la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, además de otros colectivos y vecinas del distrito Centro. Este es el vídeo y el texto de la convocatoria:

Querida vecina, querido vecino,

asociaciones, colectivos, comerciantes, familias, AMPAs, estudiantes y gentes del Distrito Centro:

Hoy venimos a trasladaros una noticia terrible.

Nuestra querida vecina,

la sardina Centrina,

ha muerto.

Y lo más triste no es solo su muerte,

sino que tardamos dos días en encontrarla.

Dos días en su piso.

Sola.

Sin que nadie la echara de menos.

¿Por qué?

Porque en su edificio ya no quedaba ningún vecino.

Todo eran pisos turísticos.

Airbnb había sustituido al vecindario.

Finalmente la encontró un turista hawaiano,

alertado por un intenso olor a pescado

mientras se preparaba tranquilamente

un poke de salmón.

Por eso, las asociaciones vecinales del Distrito Centro,

junto a colectivos sociales, culturales y vecinales,

hemos decidido despedir a Centrina

con un solemne Entierro de la Sardina Centrina.

Un Entierro de los Barrios.

A partir de las 18:00 horas, iniciaremos un recorrido con varias paradas en nuestros barrios del Centro,

en las que iremos reivindicando

los problemas que nos ahogan cada día:

👉 la falta de vivienda

👉 la turistificación sin límites

👉 la basura y la suciedad

👉 la desaparición del comercio de barrio

👉 la falta de centros de salud

👉 la expulsión de familias, estudiantes y mayores

👉 y la pérdida del alma de nuestros barrios.

Acompañaremos a Centrina por unos barrios cada vez más vacíos de vida vecinal.

Si quieres acompañarnos en esta despedida,

te esperamos el viernes 20 de febrero,

a las 6 de la tarde,

en la Plaza de la Provincia para comenzar el pasacalle.

Se agradece riguroso luto, velas, plañideras y demás séquito fúnebre.

Y recuerda:

el mejor homenaje a nuestra vecina Centrina

no es llorarla,

sino volver a organizarnos

para demostrar que Madrid nos pertenece.

Madrid nos pertenece a ti y a mí.

Por eso, asociaciones, colectivos y vecinas del Distrito Centro: este entierro también es vuestro.

Llamamos a asociaciones vecinales, culturales, educativas y sociales a caminar juntas.

Invitamos a comerciantes, hosteleros y colectivos del distrito a sumarse a esta despedida colectiva.

Porque los barrios no se entierran en silencio.

Porque los barrios se defienden juntas.

Aunque la saga Animal Crossing cuenta desde su debut con apasionados seguidores, atraídos por la estética adorable y la experiencia de juego relajada, era imposible prever el éxito mundial que cosecharía debido a la pandemia de covid. New Horizons se publicó menos de una semana después del confinamiento y, rápidamente, supuso un oasis de paz, un refugio donde encontrar rutina en una situación de excepcionalidad y desde el cual generar vínculos, ya fuera con los adorables animales antropomórficos que pueblan ese universo o con otros jugadores. Tras seis años de su lanzamiento, el título acaba de recibir una actualización gratuita, que ha reavivado el interés por la obra a la vez que las conversaciones acerca de su mensaje. ¿El motivo? Entre las novedades de la versión 3.0 se incluye un hotel, cuya apertura deviene en turistificación.

New Horizons sigue a un aldeano que se muda a una isla desierta, a la que van llegando vecinos y servicios, como una tienda, una mercería o un museo. Sin objetivos marcados ni rutas predefinidas, la libertad creativa y la tranquilidad que emanan de la experiencia han hecho las delicias de los casi cincuenta millones de personas que lo han comprado. Por eso, muchos usuarios se quejan de cómo la irrupción del turismo está trastocando su manera de jugar. Cuando la familia del Capitán —una tortuga marina inspirada en los kappa japoneses— abre un alojamiento en el muelle, empiezan a aparecer nuevos personajes, que se alojan en una de las nueve habitaciones disponibles y pululan a su ritmo por los terrenos. Como consecuencia, las redes se han llenado de carteles de “Tourist go home” plantados por los usuarios en la entrada del polémico establecimiento.

Para un gran seguidor de la saga como Eric Rodríguez, de Leyendas & Videojuegos, “la nueva actualización altera el juego”. “Es una sensación muy extraña estar en tu isla, con los vecinos con los que has creado relaciones, en las calles que has pavimentado, haciendo lo que después de años ya se ha convertido en una rutina, pero con cuatro o cinco turistas deambulando en todo momento”, relata. De esta forma, se reproduce la dinámica del turista que, con su presencia, transforma los procesos sociales dentro del territorio que visita. Esta sensación entronca con los comentarios de Nerea Pérez de las Heras en el programa de Saldremos mejores dedicado a la turistificación, en el cual argumentaba que en el madrileño barrio de Malasaña “ya no hay personas, solo NPC [personajes no jugables]”, “relleno de videojuego”. El malestar que identificaba la comunicadora tiene ahora su reflejo en un entorno virtual que era considerado un espacio seguro.

“Hay demasiados turistas, no aportan nada y hablar con ellos es un rollo porque las personalidades se repiten”, explica a este diario Alicia, una jugadora que no está conforme con los cambios. Añade que, aunque suene superficial, encima estos suelen ser “modelos de personaje feos”. No es la única para quien esta cuestión ornamental importa, pues muchos se quejan de que la aparición de turistas rompe con la estética que habían creado, en la que, por ejemplo, un viajero de aspecto estridente como la oveja payaso Kikolor no encajaba con su cuidada atmósfera otoñal de tonos neutros. La videoensayista FlurryMoon señala en su canal que este malestar se debe a que es el único elemento sobre el que los usuarios no tienen control en un juego que te convierte en un “dictador en un entorno limitado”.

Esa es la razón por la cual estima refrescante la aparición de animales que añaden aleatoriedad. De la misma opinión es el streamer Salva Gamer, quien, aunque bromeó en sus redes creando una habitación de hotel que emulase una cárcel para “dar voz a las quejas”, en realidad disfruta “conociendo otros vecinos diferentes a los de tu isla”. Al mismo tiempo, es consciente de que, a diferencia de lo que sucedía en el título para Wii Animal Crossing: City Folk, donde había visitantes externos al foco de la acción en una zona comercial, las interacciones en esta ocasión resultan demasiado efímeras, lo que impide conectar con estos personajes tan “independientes”.

Omnipotencia decorativa

Animal Crossing nace con la vocación de generar comunidad, primero local al fomentar compartir la experiencia entre integrantes del núcleo familiar, y después global, con la inclusión de modos de juego o intercambio online, algo que terminó de explotar durante la pandemia, cuando se celebraban reuniones grupales digitales en un espacio libre de carga vírica. Pese a la importancia que tuvo el encuentro en su lanzamiento, las actualizaciones han otorgado mayor relevancia al diseño, algo en sintonía con los últimos videojuegos de la franquicia, con spin-offs como Happy Home Designer o la versión para móviles Pocket Camp, donde la acumulación de objetos y el colocarlos se convierten en el gran foco. Para Rodríguez, “la saga ha dejado atrás las raíces sociales y de convivencia compartida, para centrarse en la personalización y la decoración”.

Parece lógico el cambio, dado que la decoración cautiva a muchos jugadores. Alicia asegura que disfruta “ese aspecto de ir desbloqueando y descubriendo muebles, suelos o paredes nuevos”. Ella, que se considera una jugadora que va bastante a su aire, reconoce que “ver otras islas a veces inspira o da rabia”, dependiendo de las decisiones tomadas por esos otros usuarios. Salva, por su parte, opina que la saga fomenta más compartir que competir, pues “la comunidad de Animal Crossing se divierte precisamente compartiendo sus creaciones”. “Me encanta enseñar en mi canal cómo evoluciona mi isla o cómo construyo desde cero, para que todo aquel que piensa que es muy difícil hacer zonas chulas sepa que no lo es tanto, vea cómo hacerlo paso a paso y pueda coger ideas”, expresa. 

Pero potenciar la decoración implica primar la acumulación de enseres —que incluyen de manera más habitual colaboraciones con marcas, con la reciente aparición de muebles o vecinos inspirados en otras franquicias de Nintendo como Splatoon o The Legend of Zelda que normalizan el merchandising dentro del juego como algo aspiracional— y permitir al jugador controlar cada vez más elementos, desde cómo es la orografía de la isla hasta cómo son los hogares de sus vecinos, quienes se convierten en meros elementos del escenario, como destaca la periodista Paula García en Eurogamer. También Eric Rodríguez comentaba en un reciente videoensayo que, al poner la isla entera a disposición del jugador, New Horizons va en contra de la esencia original de su creación. Lejos queda esa primera entrega, donde una fuente mágica revelaba si el pueblo estaba equilibrado con la naturaleza y la vida seguía sin la presencia del jugador. Ahora, esa naturaleza queda supeditada a la voluntad del usuario que, pese a su poder infinito, no es capaz de controlar el turismo. 

Fantasía capitalista o escapista

Mucho se ha discutido sobre si Animal Crossing propone modelos organizativos alternativos o solo proporciona una vía de escape capitalista. Su propio punto de partida parte de esta disyuntiva: el jugador siempre contrae una hipoteca con el mapache Tom Nook, quien, sin embargo, nunca presiona para recuperar el dinero. Animal Crossing encapsula así muchas de las contradicciones de los cozy games y, como bien resumía Pablo Algaba en su ensayo La aldea feliz, un viaje a través de Animal Crossing, la franquicia es “medicina para un desencanto”, pero “producida, empaquetada y vendida por una multinacional que responde ante sus accionistas”. Desde su perspectiva, estas mecánicas demuestran que “resulta más sencillo imaginarnos nuestra utopía como un capitalismo guay que como un paradigma completamente nuevo”.

Con esta nueva actualización, queda patente que el progreso en la isla pasa necesariamente por el intercambio económico. Alicia afirma que la apertura del hotel “apoya el discurso de que un lugar solo puede desarrollarse a través del turismo”. De ahí que, pese a que le parece “genial alargarle la vida a un juego de forma significativa sin tener que gastar dinero en expansiones”, cavila que “normalizar la gentrificación resulta bastante peligroso”, en especial para jugadores jóvenes.

Salva Gamer indica que, como simulador, es normal que Animal Crossing presente similitudes con la realidad, aunque matiza que “no se están eliminando recursos de nuestros residentes para dedicarlos a los turistas”, así que no le parece que “el turismo se haga de una manera ‘agresiva’, permitiendo que los residentes sigan conviviendo de la misma manera agradable que antes”. Bad Bunny no cantará sobre lo que le pasó a esta isla, pero es relevante que haya surgido un debate que dialoga con cómo el videojuego ha explorado la crisis de la vivienda.

Para Eric Rodríguez, que inició su canal precisamente para “utilizar los videojuegos como forma de hablar de temas variados”, esta actualización “está revelando a mucha gente lo que se siente al vivir en un lugar masificado”. En su caso, que dejó “una ciudad que vive casi completamente del turismo” para mudarse a un pueblo pequeño donde atesora el ambiente “íntimo y familiar”, cavila que, “si de la noche a la mañana empezase a ver a turistas dando vueltas sin respetar las costumbres locales”, probablemente le “molestaría de una forma muy parecida a cómo a los jugadores les está molestando encontrarse a NPC en sus construcciones de New Horizons”. Termina reflexionando sobre cómo hay gente que ha dedicado mucho tiempo a sus islas, “por lo que verlas ahora convertidas en atracción turística, y sin forma ninguna de gestionar por dónde se desplazan esos personajes o cómo interactúan con ella, es comprensible que genere resentimiento y divida a la comunidad”. 

La hotelización del centro de Madrid suma una pieza en un puzle que ya supera las 93.000 camas disponibles. Será una de las más destacadas porque ocupará uno de los lugares icónicos del entorno de la Puerta del Sol para añadir un hotel de cinco estrellas y 76 habitaciones, que ocuparán el espacio de sus actuales oficinas, según el plan especial aprobado por el Ayuntamiento en octubre y al que ha tenido acceso este periódico.

El edificio se conoce como la Casa Palazuelo por el empresario que ordenó su construcción –Demetrio Palazuelo– y está situado entre las calles Mayor y Arenal, en pleno corazón de Madrid. En el momento de su construcción –año 1919– supuso un proyecto singular pues abría oficinas y enormes escaparates en una ciudad todavía poco acostumbrada a las grandes cristaleras. El encargo recayó en un arquitecto de moda en la capital por aquel entonces, el arquitecto Antonio Palacios, que estaba terminando de construir el Hospital de Maudes y también desarrollaba la infraestructura del Metro de Madrid.

El área de Urbanismo va a permitir cambiar el histórico uso comercial de este inmueble por el hotelero, gracias a un plan especial que prevé la demolición de la mayoría de espacios interiores, a la vez que se conserva su espectacular patio central con vidrieras y se recuperan algunos de los elementos perdidos en sus dos fachadas de orden monumental y diseño clásico.

La idea de la promotora es transformar todas sus oficinas en 13 habitaciones por planta, excepto en la sexta, donde se planean una decena de suites con terraza. La zona baja, donde ahora se sirven los tacos de una cadena de comida rápida y están a la venta las maletas y bolsos de una tienda histórica, se convertirá en el restaurante del hotel y en otros tres locales comerciales de alquiler.

Lo más llamativo de esta operación inmobiliaria son sus cifras, ya que la empresa propietaria quiere multiplicar por diez la facturación anual. Según los datos del plan económico consultados por Somos Madrid, una vez acabadas las obras el hotel generará 14,6 millones de euros en ingresos, de los que tendrá que abonar unos 3,8 millones a la propiedad. Actualmente, la facturación aproximada por el alquiler de las oficinas es de 1,5 millones de euros.

Para afrontar este cambio de uso será necesaria una inversión de 12,7 millones de euros, incluyendo 8,1 millones en obras, que se desarrollarán a lo largo de los tres próximos años. Según los promotores, la memoria económica “demuestra lo atractivo que es para el cliente el alquilar la propiedad a una cadena hotelera”, que todavía se desconoce pero que el plan indica que se tratará de una marca de cinco estrellas, con precios en el rango de hoteles de gran lujo como el Four Seasons o el Villa Magna.

El edificio Casa Palazuelo está valorado actualmente en 76 millones de euros, según la citada memoria económica. Para transformar su espacio de oficinas en un hotel de cinco estrellas, el plan especial prevé mantener la misma superficie –unos 7.500 metros cuadrados– y ejecutar obras de reestructuración parcial, demoliendo amplias zonas de sus tres sótanos y seis plantas para construir las habitaciones.

La distribución no cambiará: 2 plantas sótano; 1 entreplanta sótano; 1 planta baja a dos niveles, con frentes a la calle Mayor y Arenal; 5 plantas tipo; 1 planta ático con terrazas y 1 planta de cubierta. Según el Ayuntamiento, el plan especial garantiza “que las obras que se lleven a cabo no alteren los elementos protegidos ni las características constructivas y formales del inmueble”.

El plan autorizado por el Gobierno de Almeida lo impulsa la empresa Lutuenas SLU, una sociedad propiedad de la Fundación Pablo Palazuelo, dedicada a la difusión de la obra del artista de mismo nombre, presidida por el diplomático José Rodríguez-Spiteri Palazuelo que, entre otros cargos, ostentó el de embajador de España en Portugal y la presidencia de Patrimonio Nacional. Lutuenas posee el 66,96 % de la parcela, mientras que otras dos empresas, Manzanares SA y Gestión Inmobiliaria Castaños 15 SL se reparten el 16,739% y el 16,351%, respectivamente.

El apellido Palazuelo ocupa las páginas de la prensa rosa desde hace unos años por la irrupción en ella de Sofía Palazuelo, actual duquesa de Huéscar y casada con el heredero de la Casa de Alba, Fernando Fitz-James Stuart. También es prima de la esposa del alcalde de Madrid, Teresa Urquijo, razón por la que acudió a la boda de ambos. El padre de Sofía, Fernando Palazuelo, era sobrino del artista Pablo Palazuelo, que murió sin descendencia.

Un edificio icónico en el Madrid de principios del XX

La irrupción de Casa Palazuelo tuvo que llamar poderosamente la atención durante su construcción e inauguración en el año 1921, cuando Madrid se empezaba a asomar a la modernidad con la construcción de la Gran Vía y la aparición de edificios con inspiración norteamericana como el protagonista de esta información.

Demetrio Palazuelo quería albergar en él tiendas, escaparates, oficinas y despachos, algo poco habitual en el centro de Madrid en un edificio exclusivo durante aquella época. Antonio Palacios recibió el encargo y propuso levantar dos fachadas monumentales hacia las calles Mayor y Arenal, con grandes franjas acristaladas que recorren verticalmente la superficie.

En origen, varias esculturas femeninas hoy desaparecidas enmarcaban los vanos de los torreones que dan a Mayor, pero lo más destacado del edificio era –y sigue siendo– la escalera de doble tiro y el patio central con curvas y óvalos barrocos en torno al que se distribuyen cuatro plantas, donde entraba luz procedente de una espectacular vidriera que también se perdió. El conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 1997 y siguió funcionando como centro de negocios, actividad que ha desarrollado durante más de un siglo.

Con la conversión de Casa Palazuelo en un hotel, cuyo plan especial acaba de abrir periodo de alegaciones a la ciudadanía, el centro de Madrid suma nuevos activos turísticos de lujo a un tipo de actividad que está ganando mucho peso en la Gran Vía (con 6.700 camas más sumadas en los últimos años) y en los alrededores de Sol con el entorno de Canalejas como lugar destacado.

Mentre el PP impulsa un canvi d'ordenament territorial que obre les portes a nous usos en el sòl rústic de Menorca, el camp menorquí accelera la seva transformació en negoci turístic. La turistificació de l'interior de l'illa, amb la conversió de finques agràries i ramaderes –de gran importància a l'illa– en hotels de luxe i agroturismes, és ja un fenòmen palpable: fa tot just una dècada, Menorca comptava amb 22 establiments rurals i unes 300 places; a l'actualitat, l'oferta s'ha disparat fins als 49 allotjaments turístics, que sumen 1.125 places, d'acord a les dades que té el Consell Insular. Si en una dècada i amb l'actual Pla Territorial vigent –que presenta importants restriccions a les activitats i intervencions sobre sòls rústics– hi ha més del doble d'hotels rurals, què passaria si la nova normativa que preparen els populars habilités explícitament la turistificació del camp?

Un exemple il·lustratiu de la transformació del camp a Menorca és el de la finca Lloc Nou, l'últim territori rural a incorporar-se a la llista d''agroturismes' a finals de l'any passat. Es tracta d'una antiga parcel·la agrícola de finals del XIX reconvertida en hotel de luxe amb capacitat per a 20 places. El Lloc Nou, propietat de l'empresari francès Maxime Marcel Gerard Didier, obrirà les portes aquest estiu després de reformular el projecte inicial, que va ser rebutjat el 2022 pel Departament d'Ordenació Territorial del Consell per no complir amb els requisits de sostenibilitat mediambiental. Amb aquesta incorporació, les finques agrícoles que salten del sector primari al terciari sumen mig centenar. 

En paral·lel a aquest creixement de l'oferta turística al camp, el debat polític sobre el futur del sòl rústic s'ha recrudit en els últims temps, especialment des que el PP d'Adolfo Vilafranca, al capdavant de l'equip de govern del Consell Insular des del 2023, anunciés la reforma del Pla Territorial Insular (PTI). Sota la fórmula d'una “modificació puntual”, els populars pretenen reconfigurar aquest marc amb mesures especialment sensibles, com la flexibilització del sòl rústic i l'ampliació d'usos turístics a l'interior, fortament criticades en una illa marcada per la crisi d'habitatge, la desregulació del preu dels lloguers, l'abundant oferta il·legal de pisos turístics i la manca d'ordre en matèria de vehicles de lloguer.

El xoc institucional en aquesta matèria s'ha evidenciat, de fet, en el primer ple de l'any al Consell de Mallorca, que va arrencar amb una votació polèmica que impacta de ple en la política territorial de l'illa: la institució mallorquina va aprovar una resolució per transferir tècnics del seu Departament de Territori al Consell Insular de Menorca amb l'objectiu d'elaborar informes vinculats a l'ordenament territorial menorquí. La decisió de cedir tècnics d'una administració a una altra ha despertat les suspicàcies dels grups d'esquerres, que denuncien “un acord pervers” i alerten d'una possible “intencionalitat política” dirigida a “tapar la mala gestió” dels populars a Menorca.

Malgrat que l'equip de govern insisteix que no hi ha arguments per pensar que la cessió de tècnics va més enllà d'una mera qüestió administrativa, i que aquesta es presenta com una “col·laboració entre institucions”, el cert és que el context polític i l'abast de les reformes anunciades per Vilafranca en els últims dos anys de gestió apunten a un possible canvi de model en la planificació territorial de l'illa. I un dels efectes directes d'aquest canvi d'ordenament és la “turistificació” del camp, és a dir, que les zones rurals de Menorca abandonin paulatinament la seva vinculació amb el sector agrícola i ramader per passar-se al sector hoteler.

“Un acord pervers”

La iniciativa ha estat aprovada aquesta setmana amb els vots dels consellers de Vox, el PP i el PI, que argumenten que es tracta d'una iniciativa de “col·laboració institucional” entre ambdós organismes. El conveni mitjançant el qual es farà efectiva la mesura ja havia estat tractat a Menorca durant l'ultim ple ordinari del 2025, moment en què l'equip de govern comandat per Vilafranca va aconseguir aprovar-lo de forma inicial amb el vot aliat de l'exconsellera de Vox –ara no adscrita– Maite de Medrano d'Olives.

La mesura ja va aixecar aleshores les crítiques de l'esquerra al voltant de la seva naturalesa que, en la seva opinió, ocultaria l'acord. Els consellers de l'oposició agrupats a Més per Menorca expliquen que al departament d'Ordenació Territorial hi ha tres places d'arquitecte superior, “de les quals, segons l'equip de govern, hi ha dues de baixa, però no n'han explicat el motiu”. “Potser ocorre que reben pressions, com succeeix en altres departaments i segons els rumors que circulen pel Consell”, assenyala el coordinador de Més, Esteve Barceló, en declaracions a elDiario.es.

“Per altra banda” –es pregunta Barceló–, què passa si es reincorporen? Per què no es preveu deixar sense efecte el conveni si canvia la situació? Per què no es condiciona la duració de l'acord a la data de reincorporació de les persones que estan de baixa? En el mateix departament, a més de les places d'arquitecte superior, hi ha un total de cinc arquitectes tècnics, entre ordenació territorial i turística. Per què no han valorat alguna redistribució temporal de tasques?“, raona. Per la seva banda, el conseller del PSIB-PSOE Jaume Mateu assenyala que la seva formació ”sospita“ de la possible ”intencionalitat política“ de l'acord. 

Fonts del CiME consultades per aquest mitjà assenyalen, tanmateix, que la “importació” de tècnics des de Mallorca respon a una necessitat de “cobrir vacants” per una sèrie de “baixes mèdiques”, algunes de les quals serien “de llarga durada”. “Es tracta d'una col·laboració pública totalment transparent”, argumentava, per la seva banda, el conseller de Vox Antoni Gili en defensar el seu vot positiu en el ple d'aquesta setmana.

“Busquen mallorquinitzar-nos per la porta del darrere”

El passat 2025 es van complir dos anys de govern del PP de Menorca i, des del primer dia del seu mandat, el president Vilafranca ha assenyalat com un dels objectius centrals del seu govern –i una de les seves promeses de campanya– la reforma del Pla Territorial Insular. Des del CiMe no han confirmat ni desmentit que la “cessió” de tècnics des de Palma pugui contribuir a elaborar informes que permetin l'anhelada reforma. “Busquen fora les firmes que aquí no troben. No crec que hi hagi cap tècnic de Menorca amb estómac per signar el que volen fer amb el PTI”, assenyala a elDiario.es una font del Consell Insular que prefereix mantenir l'anonimat. 

Malgrat que el govern insisteix que la reforma de l'instrument legal que ordena el territori a Menorca és a penes una “modificació puntual”, el cert és que, d'aprovar-se la iniciativa del PP, es modificarien 95 dels 140 articles que la conformen. Entre altres regulacions, l'equip de Vilafranca busca habilitar els lloguers turístics en sòl rústic, així com modificar l'estatus d'alguns terrenys municipals per fomentar la construcció d'habitatge, tal com va publicar elDiario.es. “Amb aquesta maniobra busquen revertir els resultats dels informes tècnics fets a Menorca per a la tramitació del PTI i que no van sortir com el govern esperava. Per altra banda, cal mencionar que l'ordenament territorial de Mallorca té poc a veure amb el de Menorca. Busquen mallorquinitzar-nos per la porta del darrere”, conclou el coordinador de Més, Esteve Barceló. 

Si s'analitza en conjunt la situació, es pot verificar que la magnitud de les modificacions previstes per al Pla Territorial Insular, el moment polític en què es produeixen i el recurs de sol·licitar suports tècnics externs permeten afirmar que no es tracta únicament d'una actualització del planejament vigent, sinó d'un ordenament nou. La reforma de l'equip de govern actual posa en joc una redefinició de les regles que ordenen el territori de Menorca i, amb això, un canvi de model que podria tenir efectes estructurals a llarg termini sobre el paisatge i l'activitat econòmica de l'illa.

Mientras el PP impulsa un cambio de ordenamiento territorial que abre las puertas a nuevos usos en el suelo rústico de Menorca, el campo menorquín acelera su transformación en negocio turístico. La turistificación del interior de la isla, con la conversión de fincas agrarias y ganaderas –de gran importancia en la isla– en hoteles de lujo y agroturismos, es ya un fenómeno palpable: hace apenas una década, Menorca contaba con 22 establecimientos rurales y unas 300 plazas; en la actualidad, la oferta se ha disparado hasta los 49 alojamientos turísticos, que suman 1.125 plazas, de acuerdo a los datos que maneja el Consell Insular. Si en una década y con el actual Plan Territorial vigente –que presenta importantes restricciones a las actividades e intervenciones sobre suelos rústicos– hay más del doble de hoteles rurales, ¿qué ocurriría si la nueva normativa que preparan los populares habilitase explícitamente la turistificación del campo?

Un ejemplo ilustrativo de la transformación del campo en Menorca es el de la finca Lloc Nou, el último territorio rural en incorporarse a la lista de 'agroturismos' a finales del año pasado. Se trata de una antigua parcela agrícola de finales del XIX reconvertida en hotel de lujo con capacidad para 20 plazas. El Lloc Nou, propiedad del empresario francés Maxime Marcel Gerard Didier, abrirá sus puertas este verano tras reformular el proyecto inicial, que fue rechazado en 2022 por el Departamento de Ordenación Territorial del Consell por no cumplir con los requisitos de sostenibilidad medioambiental. Con esta incorporación, las fincas agrícolas que saltan del sector primario al terciario suman medio centenar. 

En paralelo a este crecimiento de la oferta turística en el campo, el debate político sobre el futuro del suelo rústico se ha recrudecido en los últimos tiempos, especialmente desde que el PP de Adolfo Vilafranca, al frente del equipo de gobierno del Consell Insular desde 2023, anunciase la reforma del Plan Territorial Insular (PTI). Bajo la fórmula de una “modificación puntual”, los populares pretenden reconfigurar este marco con medidas especialmente sensibles, como la flexibilización del suelo rústico y la ampliación de usos turísticos en el interior, fuertemente criticadas en una isla marcada por la crisis de vivienda, la desregulación del precio de los alquileres, la abundante oferta ilegal de pisos turísticos y la falta de orden en materia de vehículos de alquiler.

El choque institucional en esta materia se ha evidenciado, de hecho, en el primer pleno del año en el Consell de Mallorca, que arrancó con una votación polémica que impacta de lleno en la política territorial de la isla: la institución mallorquina aprobó una resolución para transferir técnicos de su Departamento de Territorio al Consell Insular de Menorca con el objetivo de elaborar informes vinculados al ordenamiento territorial menorquín. La decisión de ceder técnicos de una administración a otra ha despertado las suspicacias de los grupos de izquierdas, que denuncian “un acuerdo perverso” y alertan de una posible “intencionalidad política” dirigida a “tapar la mala gestión” de los populares en Menorca.

A pesar de que el equipo de gobierno insiste en que no hay argumentos para pensar que la cesión de técnicos va más allá de una mera cuestión administrativa, y de que ésta es presentada como una “colaboración entre instituciones”, lo cierto es que el contexto político y el alcance de las reformas anunciadas por Vilafranca en los últimos dos años de gestión apuntan a un posible cambio de modelo en la planificación territorial de la isla. Y uno de los efectos directos de este cambio de ordenamiento es la “turistificación” del campo, es decir, que las zonas rurales de Menorca abandonen paulatinamente su vinculación con el sector agrícola y ganadero para pasarse al sector hostelero.

“Un acuerdo perverso”

La iniciativa ha sido aprobada esta semana con los votos de los consellers de Vox, el PP y el PI, quienes argumentan que se trata de una iniciativa de “colaboración institucional” entre ambos organismos. El convenio mediante el cual se hará efectiva la medida ya había sido tratado en Menorca durante el último pleno ordinario de 2025, momento en el que el equipo de gobierno comandado Vilafranca logró aprobarlo de forma inicial con el voto aliado de la exconsellera de Vox –ahora no adscrita– Maite de Medrano de Olives.

La medida ya levantó entonces las críticas de la izquierda en torno a su naturaleza que, en su opinión, ocultaría el acuerdo. Los consellers de la oposición agrupados en Més per Menorca explican que en el departamento de Ordenamiento Territorial hay tres plazas de arquitecto superior, “de las cuales, según el equipo de gobierno, hay dos de baja, pero no han explicado el motivo”. “Quizás ocurre que reciben presiones, como sucede en otros departamentos y según los rumores que circulan por el Consell”, señala el coordinador de Més, Esteve Barceló, en declaraciones a elDiario.es.

“Por otro lado” –se pregunta Barceló–, “¿qué pasa si se reincorporan? ¿Por qué no se prevé dejar sin efecto el convenio si cambia la situación? ¿Por qué no se condiciona la duración del acuerdo a la fecha de reincorporación de las personas que están de baja? En el mismo departamento, además de las plazas de arquitecto superior, hay un total de cinco arquitectos técnicos, entre ordenación territorial y turística. ¿No han valorado alguna redistribución temporal de tareas?”, razona. Por su parte, el conseller del PSIB-PSOE Jaume Mateu señala que su formación “sospecha” de la posible “intencionalidad política” del acuerdo. 

Fuentes del CiME consultadas por este medio señalan, sin embargo, que la “importación” técnicos desde Mallorca responde a una necesidad de “cubrir vacantes” por una serie de “bajas médicas”, algunas de las cuales serían “de larga duración”. “Se trata de una colaboración público–pública totalmente transparente”, argumentaba, por su parte, el conseller de Vox Antoni Gili al defender su voto positivo en el pleno de esta semana.

“Buscan mallorquinizarnos por la puerta de atrás”

El pasado 2025 se cumplieron dos años de gobierno del PP de Menorca y, desde el primer día de su mandato, el presidente Vilafranca ha señalado como uno de los objetivos centrales de su gobierno –y una de sus promesas de campaña– la reforma del Plan Territorial Insular. Desde el CiMe no han confirmado ni desmentido que la “cesión” de técnicos desde Palma pueda contribuir a elaborar informes que permitan la tan ansiada reforma. “Buscan fuera las firmas que aquí no encuentran. No creo que haya ningún técnico de Menorca con estómago para firmar lo que quieren hacer con el PTI”, señala a elDiario.es una fuente del Consell Insular que prefiere mantener el anonimato. 

A pesar de que el gobierno insiste en que la reforma del instrumento legal que ordena el territorio en Menorca es apenas una “modificación puntual”, lo cierto es que, de aprobarse la iniciativa del PP, se modificarían 95 de los 140 artículos que la conforman. Entre otras regulaciones, el equipo de Vilafranca busca habilitar los alquileres turísticos en suelo rústico, así como modificar el estatus de algunos terrenos municipales para fomentar la construcción de vivienda, tal como publicó elDiario.es. “Con esta maniobra buscan revertir los resultados de los informes técnicos hechos en Menorca para la tramitación del PTI y que no salieron como el gobierno esperaba. Por otra parte, cabe mencionar que el ordenamiento territorial de Mallorca tiene poco que ver con el de Menorca. Buscan mallorquinzarnos por la puerta de atrás”, ha zanjado el coordinador de Més, Esteve Barceló. 

Si se analiza en conjunto la situación, se puede verificar que la magnitud de las modificaciones previstas para el Plan Territorial Insular, el momento político en que se producen y el recurso de solicitar apoyos técnicos externos permiten afirmar que no se trata únicamente de una actualización del planeamiento vigente, sino de un ordenamiento nuevo. La reforma del equipo de gobierno actual pone en juego una redefinición de las reglas que ordenan el territorio de Menorca y, con ello, un cambio de modelo que podría tener efectos estructurales a largo plazo sobre el paisaje y la actividad económica de la isla.

Activistas por la vivienda de Málaga han entrado durante la tarde de este viernes el edificio de calle Ollerías, 15, adjudicado por la Junta de Andalucía a una promotora israelí dedicada al negocio de los pisos turísticos, y planean permanecer en él al menos hasta lograr una interlocución con la administración autonómica, a la que acusan de alimentar la especulación y la turistificación en plena crisis de vivienda. Un centenar de personas, además de un amplio despliegue policial que incluye hasta diez furgones, aguardan a la puerta. “Sionistas rentistas, estáis en nuestra lista”, se ha escuchado.

“Están vendiendo el patrimonio público a cachos. Hemos decidido recuperar espacios públicos; no queremos que caiga en manos de fondos buitre porque acabarán siendo apartamentos turísticos perpetuando la emergencia habitacional que tenemos encima”, explica Rosa Galindo, portavoz de Un Techo por Derecho, desde dentro del edificio.

“Cada día atendemos familias sin alternativa habitacional. La gente necesita hogares, y el patrimonio público debe estar al servicio de la gente”, reclama. Entre quienes han entrado hay familias sin vivienda, además de activistas del Sindicato de Inquilinas o de Voces por Palestina, según fuentes que han participado en la acción.

En un comunicado, las activistas denuncian que las administraciones “que deberían velar por nuestros intereses son las que expolian el patrimonio público y lo venden a fondos buitres, provocando la expulsión de las vecinas para negociar con nuestras casas”. Apuntan, además, la “complicidad con el genocidio en Gaza” que supondría que el adquirente esté vinculado a un fondo israelí.

El edificio está ubicado en una de las zonas más saturadas de pisos turísticos de España en una de las ciudades que más ha sufrido el encarecimiento de la vivienda en todo el país. A mediados de 2024 la Junta de Andalucía lo subastó al mejor postor. Fue White Málaga Casa 32, S.L., dedicada a prestar “servicios de hospedaje en hostales, pensiones, hoteles y apartamentos, así como servicios de alojamientos turísticos extrahoteleros”. Pagó 3,6 millones de euros a la Junta, que se excusó alegando que desconocía qué fin iba a darle la nueva titular. Esta entidad forma parte de una red de decenas de empresas dedicadas al negocio inmobiliario y de alojamiento turístico, bajo el paraguas común de White Spain Holding, 2019.

Estaba previsto que la adquisición se completara en noviembre de 2024 con la elevación a público de la escritura, pero en todo 2025 nada se supo. Málaga Acoge siguió utilizando el edificio hasta esta semana, y hace un par de días su responsable, Alejandro Cortina, explicaba a elDiario.es Andalucía que la Junta ha seguido siendo su interlocutora en todo este tiempo, a pesar de no tener ya nada que ver con el inmueble, en teoría.

Durante los últimos días este medio ha intentado obtener información oficial sobre en qué situación se encuentra el edificio: actual propietario, destino… A última hora del viernes una portavoz oficial de la Junta de Andalucía ha explicado que el edificio está “actualmente” en un “proceso administrativo de enajenación”. Es decir, que la venta al fondo aún no estaría completada. En ese resquicio es donde los activistas quieren hurgar para cambiar el destino del inmueble.

A media tarde del viernes, el objetivo de las activistas era permanecer en el interior hasta lograr al menos el compromiso de un encuentro. La Policía había identificado ya a algunas de ellas. “Basta de desahucios, basta de vender la ciudad a fondos israelís. Recuperamos el espacio para las vecinas”, señalan en un vídeo en el que piden apoyo y difusión.

Sede de Málaga Acoge durante veinte años

Aunque el inmueble corresponde a cuatro números diferentes con su correspondiente asiento registral (13, 15 y 17 de Calle Ollerías y 4 de la Calle Eduardo Ocón), en realidad los cuatro están unidos en un solo edificio, con una superficie en planta de 782 metros cuadrados y 1.837 construidos en 1950 en planta baja más dos y castilletes. En su día allí se ubicó el juzgado de menores.

Si White Málaga Casa es la propietaria, no podrá ubicar pisos turísticos a corto plazo, porque Málaga aprobó el pasado agosto una moratoria de tres años que impide el registro de nuevos apartamentos turísticos. En cambio, sí podría optar por los apartamentos turísticos, una figura parecida, que en la práctica seguiría ahondando en la turistificación del Centro, y a la que no afecta la moratoria.

Durante más de 15 años el inmueble ha servido de sede a Málaga Acoge, que lo ocupaba sin pagar alquiler a la Junta. La entidad ha atendido en ese local a unas 5.000 personas sin hogar y ha impartido formación de más de 2.200 desempleados en la última década. “Se quedan, también, entre esas paredes las urgencias para dar respuesta a las necesidades humanas más básicas – como la alimentación o un techo para dormir – que, tanto tiempo después, siguen siendo, asombrosamente, una carencia estructural en esta ciudad”, señalaba la entidad en una carta pública.

Su director explicaba el jueves a este medio que se iban con mucha pena de un inmueble que les sirvió de hogar durante tanto tiempo, y que “permitiría múltiples usos sociales, para nosotros u otras entidades, incluso viviendas sociales”.

La situación evoca a la ocurrida hace casi veinte años en el inmueble histórico municipal de calle Nosquera que alberga La Invisible, una china en el zapato del Ayuntamiento. La Invisible es un centro social autogestionado que ha servido de semillero de los principales movimientos activistas de la ciudad, prestando un lugar a voces y visiones alternativas al modelo de ciudad ejecutado por el Consistorio, gobernado por el PP desde hace 25 años. Esa relación ha sufrido vaivenes, de los amagos de regularización a las amenazas explícitas de desalojo, hoy judicializadas. Aun con restricciones y a medio gas, La Invisible permanece en pie desde 2007.

Cada vez que Fernando Zerpa, de 56 años, vuelve a casa tras finalizar su jornada de trabajo como recepcionista de un hotel en Maspalomas, puede sentir cómo la temperatura aumenta unos pocos grados hasta alcanzar El Tablero, el barrio donde reside, situado a solo dos kilómetros de las zonas más turísticas de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria.

“Cuando me subo a la moto, noto en qué zonas hace más frío o más calor. Y cuando llego a El Tablero, siento que aumenta la temperatura”, asegura Zerpa. “Probablemente porque está arriba, en una meseta. Pero al intentar buscar algo húmedo, fresco, es imposible. No hay nada. Nunca hicieron jardines ni zonas verdes. Todo es picón”.

Zerpa no se lo está imaginando. Las zonas turísticas de San Bartolomé de Tirajana, que incluyen Playa del Inglés, Meloneras y Campo Internacional, son más frescas, cuentan con más zonas verdes y también presentan más recursos para combatir el calor que los barrios donde vive la población local, en concreto El Tablero y San Fernando, según un Trabajo Final de Máster (TFM) de Jody Holland, del Máster Erasmus+ Mundus en Islas y Sostenibilidad coordinado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) con las universidades de Groningen (Países Bajos), del Egeo (Grecia) y la de Islandia.

A partir del estudio de datos satelitales, la investigación demostró que la temperatura superficial de las zonas turísticas es de media 1,75 grados menor que la de los barrios residenciales, donde se superan habitualmente los 40 grados; que el índice de vegetación (NDVI, en sus siglas en inglés), en el que un valor cercano a 1 indica una vegetación densa y sana, es significativamente superior en las primeras (0,129) que en las segundas (0,085); y que el índice de agua superficial (NDWI, en sus siglas en inglés), aunque en parámetros negativos en ambos casos (lo que manifiesta su aridez), muestra que las zonas turísticas no están tan mal (-0,025) como las residenciales (-0,054).

Pero ahí no acaba todo. Holland estudió el número de piscinas en la localidad para escalar en una misma variable su concentración en el mapa, partiendo del valor -1 como base. En Playa del Inglés, Meloneras y Campo Internacional, la densidad es de 1,274, es decir, una auténtica saturación de piscinas. Mientras que en El Tablero y San Fernando es de apenas -0,201, todo lo contrario.

Los resultados del estudio también apuntan que, por cada kilómetro de distancia de la costa en Maspalomas, la temperatura crece 0,57 grados. Y que cuando una zona presenta múltiples construcciones turísticas, se produce un efecto oasis: ya que su desarrollo implica sí o sí espacios verdes y piscinas, es más fácil lograr un “bonus de enfriamiento”.

Ante un planeta cada vez más cálido a causa de la crisis climática, la resortificación del paisaje de Canarias está generando injusticias microclimáticas, entendidas por Holland como “las desigualdades que surgen dentro de una misma región a partir de diferencias en la exposición y la resiliencia frente a condiciones climáticas adversas, con impactos en la salud, el nivel y la calidad de vida”.

Verónica Franquis, de 52 años, vecina de El Tablero desde hace dos décadas, coincide. Sentada en un bar, señala a una explanada de cemento frente al colegio del barrio donde la vegetación brilla por su ausencia. Dice que es un ejemplo de las muchas “islas de tierra” del pueblo, inundado de hormigón.

“Cada vez hay gente más adulta. ¿Dónde se van a sentar en la calle? ¿Por qué tenemos que estar encerrados en nuestras casas? Ha subido la temperatura. El sol no es el mismo. Pero si quieres salir a leer un libro, solo puedes ir al Parque del Sur [a las afueras de El Tablero]”, lamenta Franquis. “Mientras mantenemos campos de golf, aquí, que somos la gente del pueblo, estamos olvidados. Todo está pensado para el turismo”. San Bartolomé de Tirajana es la meca del turismo canario. El municipio que más visitantes recibe. Solo en 2024 fueron 1,76 millones.

Holland cree que el afán de atraer a cada vez más visitantes ha priorizado la inversión de las administraciones canarias en convertir regiones secas y áridas en verdes y refrescantes, haciéndolas más agradables para los turistas. “Sin embargo”, agrega, “hay pocos incentivos económicos para realizar las mismas inversiones en las urbanizaciones destinadas a la mano de obra del turismo, que a menudo se ve relegada a la periferia. Como resultado, sus viviendas suelen ser más calurosas y vulnerables al cambio climático y las olas de calor”.

En su opinión, barrios como El Tablero o San Fernando no están preparados para combatir el incremento de las temperaturas que se avecina. Sostiene que ante fenómenos extremos podría ser “muy peligroso” para personas mayores completar tareas rutinarias, como ir al supermercado, o arriesgado que los niños jueguen al aire libre en campos de césped artificial. Destaca que esto ocurriría al mismo que “los turistas más adinerados siguen pudiendo disfrutar de un baño o una partida de golf a pocos metros de distancia”.

Aarón Ramírez, de 39 años, también vecino de El Tablero, reconoce que los lugares de recreo en el pueblo están “desolados” y carecen de árboles que den sombra, obligando a los padres a desplazarse a las zonas más turísticas para que sus hijos puedan divertirse. El hombre relata que los episodios de calima cada vez más intensos le están provocando dificultades para dormir por culpa del calor e irritación de garganta. Zerpa añade que los mayores están sufriendo “sofocos” constantes en los últimos años por esto mismo.

Ambos confiesan sentir cierto grado de resignación al observar cómo los recursos económicos son destinados primero al turismo, “la gallina de los huevos de oro, la que nos sustenta a todos, que hay que tenerla siempre de punta en blanco”, dicen. Pero para los residentes, el cuidado llega “en otras vertientes, no en esta que estamos comentando”.

Tanto Zerpa como Ramírez piden instaurar una “filosofía verde” en la planificación local que transforme las “islas de tierra” en verdaderas zonas verdes e introduzca vegetación en colegios e institutos, incluso dentro de las aulas, para mejorar el bienestar del alumnado.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no ha respondido a las preguntas enviadas por Canarias Ahora. El Consistorio anunció en verano del año pasado que destinaría casi tres millones de euros a crear ‘islas de frescor’ en colegios y entornos urbanos, de los cuales el 85% sería financiado con fondos europeos.

Según datos publicados por el Gobierno de Canarias, el 5,2% del suelo del municipio está degradado. Pero no hay cifras para calibrar la satisfacción de la población con el estado de sus zonas verdes. Solo hay un dato autonómico: el 38,2% de los habitantes isleños considera que alrededor de sus viviendas no hay suficientes árboles, parques o jardines, el porcentaje más alto de España con diferencia, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Le siguen por detrás Andalucía (27,5%), Baleares (26%) y Murcia (24,6%).

Lo que ocurre en el sur de Gran Canaria, eso sí, no es una excepción. Isabelle Anguelovski es directora del Laboratorio de Barcelona para la Justicia Ambiental Urbana y la Sostenibilidad (BCNUEJ, en sus siglas en inglés), del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Ha estudiado ampliamente la justicia ambiental urbana, la gentrificación verde y la adaptación climática. Y lo tiene bastante claro: “En un país que depende tanto del turismo, se hace todo lo posible para salvar los intereses del sector”.

Anguelovski menciona como ejemplos los cortes de suministro de agua potable en regiones turísticas mientras las piscinas de los hoteles continúan operativas. O las segundas residencias de las que disfrutan muchos visitantes para evadirse de los denominados “sacrificios climáticos” que exige la nueva realidad ambiental.

Los trabajadores, continúa, a menudo personas racializadas o con bajos ingresos, son “invisibles”. La gentrificación los expulsa de las ciudades, obligándoles a vivir en “casas más pequeñas, más densas, sin aire acondicionado o ventilación, y sin buen aislamiento”. Anguelovski asegura que las instituciones prefieren invertir en zonas estratégicas y de revalorización inmobiliaria antes que hacerlo en barrios de clase trabajadora. El porqué, remacha, es muy sencillo: los ingresos allí son más altos. Y por tanto el retorno económico será mayor.

“El problema son los privilegios verdes, los privilegios climáticos que crean este tipo de inversiones cuando se dirigen solo a un sector muy temporal que, además, extrae mucho de los recursos naturales de un pueblo. Que esto ocurra al mismo tiempo que no se protege a los barrios con infraestructura de protección contra el cambio climático es una aberración total”, sentencia la experta.

Los gobiernos promueven así una “individualización de la resistencia climática” en la que cada ciudadano debe “inventarse” los medios para pagar el aire acondicionado o rehabilitar su casa sin intervención pública. Y en un mundo desigual, algunos sufren más que otros.

Julio Díaz es investigador de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En sus estudios, ha encontrado que, en términos de mortalidad, lo que más afecta en una ola de calor es la renta (la diferencia entre vivir en un chalé con piscina o en un piso de 30 metros cuadrados sin ventilación), la calidad de la edificación y zonas verdes.

Pero también recuerda que debe analizarse si lo que realmente mata son las temperaturas mínimas o las máximas. Sus investigaciones han demostrado que, en algunas ciudades, como Madrid y Murcia, la máxima diaria se relaciona mejor con el exceso de mortalidad. Pero en Málaga, por ejemplo, es la mínima debido a la alta humedad, que impide al cuerpo recuperarse durante la noche.

Díaz matiza que no se pueden extrapolar resultados de un lugar a otro sin más. Por eso cree que es necesario realizar estudios locales que demuestren una correlación directa entre esas temperaturas específicas y el aumento de mortalidad o ingresos hospitalarios.

El experto, por otro lado, introduce un factor crítico que a menudo se ignora: la relación entre el calor y la calidad del aire. Una investigación en la que participó encontró que entre los años 2013 y 2018 se registraron anualmente en Canarias unos 1.879 ingresos hospitalarios urgentes por la contaminación (ozono y partículas en suspensión) frente a solo 42 por las olas de calor y frío combinadas.

Díaz hace hincapié en estos hallazgos porque sostiene que existe una tendencia política a culpar al cambio climático para evitar tomar decisiones locales valientes e impopulares, como la aprobación de zonas de bajas emisiones (San Bartolomé de Tirajana acordó la suya en febrero del año pasado, dos años después del límite legal).

“En la mortalidad, influye tanto la contaminación como la temperatura en las olas de calor. Por lo tanto, tengo que atacar los dos grupos. ¿Por qué solo se ataca el calor? Creo que es mucho más fácil echarle la culpa al cambio climático, cuyo origen es global, aunque sus emisiones sean locales, que no tomar medidas para reducir el tráfico”, concluye el científico.

Turismo Costa del Sol ha presentado el balance turístico del año 2025 en una rueda de prensa en la que se han expuesto los principales indicadores de un ejercicio que ha vuelto a situar al destino en cifras históricas, toda vez que han llegado al destino malagueño 14,6 millones de turistas.

El balance ha reflejado que la Costa del Sol ha alcanzado en 2025 el mayor nivel de empleo turístico de su historia, en un contexto de crecimiento sostenido de la rentabilidad y de consolidación del modelo estratégico impulsado en los últimos años.

Durante su intervención, Francisco Salado, presidente de Turismo Costa del Sol, ha señalado que “2025 ha sido un año extraordinario para nuestra principal industria, no solo por los récords alcanzados, sino porque se ha confirmado que estamos creciendo en la dirección correcta”. Con ello, ha subrayado que “el aumento del empleo, la rentabilidad y los ingresos por encima del crecimiento de visitantes demuestra que la estrategia de priorizar la calidad frente a la cantidad está dando resultados”.

Más de 21.000 millones de euros

La Costa del Sol ha recibido en 2025 un total de 14,65 millones de turistas, lo que ha supuesto un incremento del 1,19% respecto al año anterior. Los ingresos generados por la actividad turística han alcanzado los 21.811,7 millones de euros, con un crecimiento del 2,8%, consolidando así un comportamiento más rentable del sector. Estos datos han reforzado la posición del destino como uno de los principales referentes turísticos de Andalucía, España y Europa.

Uno de los indicadores más destacados del balance ha sido el empleo turístico, que ha aumentado un 10% en 2025, alcanzando las 152.162 personas ocupadas según la Encuesta de Población Activa. Salado ha puesto de manifiesto que “este incremento del empleo, tres puntos por encima del registrado en 2024, es especialmente significativo porque refleja el impacto real del turismo en la economía y en la sociedad de la provincia”. Asimismo, ha destacado que “el empleo turístico es hoy más estable, más cualificado y con mayor capacidad de generar riqueza”.

En términos de rentabilidad, el RevPAR hotelero ha crecido un 7,21%, situándose en 108,2 euros, mientras que la oferta reglada de alojamiento turístico ha alcanzado las 701.994 plazas, un 6,5% más que en 2024. El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha registrado 13,3 millones de pasajeros, lo que ha supuesto un incremento del 7,3%, confirmando la buena conectividad aérea del destino.

Incertidumbre

El presidente ha señalado que “estos resultados no deben llevar a la complacencia, ya que el contexto internacional sigue marcado por la incertidumbre”, y ha añadido que “desde Turismo Costa del Sol, de la mano del sector y del resto de administraciones, se ha continuado trabajando para reforzar la competitividad del destino, avanzar en la desestacionalización y consolidar un modelo turístico sostenible y generador de empleo”.

El balance ha concluido destacando las positivas previsiones, ya que el primer cuatrimestre de 2026 comienza con un aumento del 6,2% en la oferta de plazas aéreas, lo que refuerza las perspectivas de continuidad del crecimiento turístico. Con estos datos, la Costa del Sol ha cerrado 2025 como el mejor año turístico de su historia, consolidando un modelo basado en la calidad, la rentabilidad y la creación de empleo.

La calle Ferran se encuentra en el corazón más turistificado de Barcelona. Casi toda ella está ocupada por tiendas de helados de yogur, de carcasas para móviles, de souvenirs o de otros negocios absurdos cuando no es temporada turística. Sin embargo, una pequeña tienda gestionada por locales resiste todavía al impulso gentrificador como si se tratase de la famosa aldea de Asterix y Obelix en la Galia romanizada. Es la librería Sant Jordi, en el número 41. Lo hace renaciendo tras permanecer ocho meses cerrada por la muerte del anterior propietario, Josep Morales Monroig, justo hace ahora un año.

A principios de la década de los 80, el padre de Josep Morales había alquilado y reutilizado como librería una antigua sombrerería, con un precioso mobiliario alfonsino procedente de la exposición universal de 1888 que convirtió en anaqueles. En unos años en que no se apreciaba en exceso el patrimonio decorativo de Barcelona y se apostaba por la nueva arquitectura de interiores que tantos premios FAD proporcionó a la ciudad, los Morales decidieron apostar por mantener tanto el mobiliario como el suelo de baldosa hidráulica, a la postre emblemas estéticos de la librería.

Josep heredó del padre la librería y, a medida que los tiempos fueron cambiando en la Barcelona posolímpica, la fue adaptando de modo que al final se especializó en vender libros de arte, arquitectura y fotografía, dado que eran los que más margen dejaban a medida que el nivel de ventas iba bajando en unas calles con cada vez más turistas y menos barceloneses. Contra el viento y la marea de la gentrificación, Josep mantuvo la pintoresca tienda en funcionamiento hasta que el cáncer lo derribó el 9 de diciembre de 2024.

Colas en la última 'diada' de Sant Jordi

“Fue un momento muy duro; me encontré con la gestión no solo del duelo, sino también con un negocio que no era el mío y un contrato de alquiler que iba a nombre de mi difunto marido”, explica Cristina Riera, gestora cultural y viuda de Morales, al que justamente había conocido acudiendo a la Sant Jordi a comprar libros.

“Sabía que yo no podía mantener la librería, pero por la memoria de Josep, lo último que quería era verla convertida en una tienda de carcasas para móviles, como ha sucedido con tantas otras tiendas pintorescas de la ciudad”, prosigue Riera en conversación telefónica.

También desvela que se halló en la situación de heredar en propiedad el singular mobiliario y el suelo a pesar de que la propiedad exigía una importante subida del alquiler. “Josep había estudiado, con permiso de Patrimonio, arrancar los muebles y el suelo y trasladarlos a un local que había ganado en concurso en el Raval, pero finalmente la enfermedad le impidió realizar la mudanza”, agrega.

En estas circunstancias, Riera se dio por vencida y se propuso cerrar la librería, no sin antes lanzar durante la pasada diada de Sant Jordi un mensaje de ayuda por WhatsApp que corrió por toda la ciudad y en el que llamaba a los clientes a vaciar las existencias. El resultado fueron largas colas toda la jornada a las puertas de la librería que aparecieron en numerosos medios de comunicación. Tras el vaciado de existencias, Riera cerró, pero no se olvidó: “Comencé tantear a diferentes personas que sabía que podían hacerse cargo, quería mantener la memoria de Josep”.

Entra Rafa Serra, con el aval de Quim Monzó

Es aquí cuando entra en juego Rafa Serra, copropietario de diversos hoteles en la costa Brava, así como de una cadena de agencias de viajes y del servicio Grouppit, para personas que viajan solas. En los últimos años, la empresa de Serra había relanzado la librería Quera, a cuatro minutos andando de la Sant Jordi y que es la librería en funcionamiento más antigua de Barcelona. “Nos costó mucho, pero al final logramos hacerla viable readaptando una parte a pequeño restaurante de degustación”, explica Serra respecto de la Quera, que ahora se llama Espai Quera.

“Recibí, como tantos otros, el mensaje de Cristina y luego por terceras personas me comentaron que ella buscaba alguien para no perder el traspaso y mantener el negocio, así que estudiamos el tema y nos decidimos rápidamente por coger el relevo y negociar un alquiler con la propiedad”, revela Serra. Las gestiones se hicieron con premura y cinco días después de Sant Jordi, el 28 de abril, se reunió con la propiedad para firmar el nuevo contrato, una vez traspasada la licencia. Fue el día del gran apagón eléctrico que dejó todo el país sin luz.

“Nos encontramos con que aunque acabábamos de firmar, yo no podía pagar porque no había electricidad”, explica el nuevo dueño de la Sant Jordi. Aunque los propietarios del local aceptaban la firma de Serra, en aquel momento no se sabía cuánto duraría el apagón. “Casualmente, estaba en la gestoría Quim Monzó, a quien yo conocía de otras ocasiones; le explicamos la situación y le pedimos si podía firmar como avalista del contrato hasta que yo pudiera pagar”. Monzó –“no sin recordarme varias veces que no me olvidara de pagar”, bromea Serra– aceptó firmar y de esta manera tan poética se acordó el resurgimiento de la librería Sant Jordi.

El mismo aspecto de siempre, con restaurante al fondo

Aclara Serra que compraron a Riera el mobiliario y el suelo, así como el fondo remanente de libros, siempre con la intención de respetar el aspecto estético que había mantenido Morales, algo que, explica Riera que siempre le agradecerá. “Hemos mantenido la apuesta de Josep por el libro de arte, arquitectura y fotografía, y también hemos añadido los libros de segunda mano del fondo, y, por otro lado, dedicaremos las estanterías de la pared de la derecha a obra nueva, porque queremos público que compre últimas novedades”. También incluyen en su oferta libros en inglés, y otros idiomas, sobre Barcelona, “porque los turistas que entran suelen adquirir algunos”.

A este respecto apunta Serra que en Espai Quera ha detectado un creciente interés de la juventud por la lectura, que cree que también se dará en la Sant Jordi que, por cierto también pasará a llamarse Espai Sant Jordi e incluye, al igual que la Quera, un espacio al fondo del local dedicado a un pequeño restaurante de degustación. Por otro lado, la Sant Jordi ha accedido a una licencia de Cultura Viva que les permite organizar eventos culturales sin obligación de comunicar al ayuntamiento. “Es una solución interesante porque el ahorro en burocracia es muy significativo y da fluidez a las actividades, pero no es una ayuda económica”.

"Si permitimos que locales como este y otros desaparezcan o se conviertan en tiendas de carcasas, le estaremos robando al turista cultural aquello que le interesaba de Barcelona y por lo tanto dejará de venir"

Rafa Serra

Respecto a si el consistorio debería proteger con ayudas económicas este tipo de locales y negocios, Serra opina que sería lógico si se quiere evitar la pérdida del tejido comercial originario de los barrios turísticos. “La calle Ferran conecta el Palau de la Generalitat con el Liceu, lo que fueron en tiempos el poder político y el cultural en Catalunya, por lo que debería ser una calle regia, con buenos hoteles y tiendas de calidad, pero resulta que está hecha una mierda”, reflexiona Serra, que apunta que acaso parte de lo recaudado con la tasa turística podría destinarse a ayudas al comercio local de zonas gentrifícadas.

“Si permitimos que locales como este y otros desaparezcan o se conviertan en tiendas de carcasas, le estaremos robando al turista cultural aquello que le interesaba de Barcelona, por lo tanto, dejará de venir”, apostilla Serra, que cierra diciendo que “el relevo, en consecuencia, lo cogerá el turista adolescente que solo viene de juerga y discotecas y no le interesa en absoluto la ciudad”. Por el momento, la buena noticia es que estos días la Sant Jordi, a partir de ahora Espai Sant Jordi, ha vuelto a subir la persiana.

Paolo Pecere (Roma, 1975) es un filósofo viajero. Sus expediciones le han llevado a recorrer medio mundo y a conocer tribus, bosques, pueblos y senderos a los que pocos turistas llegan. Esas experiencias han modificado su trabajo, que se parece más al de un antropólogo que al de un filósofo, y le han llevado a desarrollar toda una teoría sobre la importancia del viaje en la vida humana. Para él, viajar es un derecho, no un privilegio. Y defiende de manera ferviente que el ser humano necesita traspasar sus fronteras y no perder el contacto con la naturaleza.

Pero, en un momento en que el turismo supone el 9% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en un planeta acuciado por la crisis climática, se abre necesariamente el debate sobre el decrecimiento. ¿Hay que dejar de viajar? Y, de hacerlo ¿qué consecuencias tendría para la sociedad?

Esas preguntas, cuyas consecuencias van mucho más de pensar qué haremos con nuestras vacaciones, son algunas de las que plantea Pecere en su libro El sentido de la Naturaleza (Anagrama, 2025). En base a las reflexiones plasmadas en ese libro, Pecere acude a Barcelona a participar de un ciclo de debates organizado por el CCCB sobre el sentido de viajar.

¿Qué importancia que le ha dado la historia de la filosofía a la idea de viajar?

Mucha. Piensa en Descartes, que empezó a viajar para entender las diferentes culturas antes de escribir su libro más importante, El discurso del método. La conexión con el otro, el descubrimiento de otras tierras y la exploración del entorno han sido importantísimas para el desarrollo de la filosofía y de las ciencias naturales.

Esta idea, que empezó siendo una manera de justificar mi propia pasión por viajar, cobró sentido cuando vi que tenía sentido vincular mis travesías con mis investigaciones. Creo realmente que hay cosas que solo se pueden entender viéndolas. Me ha pasado mucho con los pueblos amazónicos, que tienen una relación con el entorno que no tiene nada que ver con lo que creemos en occidente.

Pero desde el momento en que se permite la entrada de un turista ¿no estamos ya ante una realidad alterada y adaptada?

Claro. Y por eso es importante el tipo de viaje. El turismo de masas, para mí, no es viajar. Viajar significa experimentar una manera diferente de vivir, pero muchos paquetes turísticos se basan en permitir que puedas mantener tus hábitos donde sea. Vale, irás al desierto del Sáhara, pero tendrás agua corriente. Ese no es el viaje del que hablo, porque es una aproximación con un alto impacto ecológico y cultural.

Vivo en Roma y a eso lo llamo ‘el efecto Medusa’, porque es un turismo que petrifica los lugares y no permite la vida. Como barcelonesa lo sabrás: los centros históricos se vuelven inhabitables y se llenan de tiendas de lujo. A pesar de eso, es ahí donde los turistas quieren ir, mientras que evitan otros lugares menos visitados porque piensan que son peligrosos, ya que, al no haber circuitos turísticos, nadie les garantiza que puedan reproducir allí sus hábitos. Y eso les da miedo.

Como persona que vive en una ciudad muy turística pero que, a la vez, entiende la importancia de viajar para entender el mundo ¿cómo convive con la contradicción de saber que sus viajes tienen consecuencias negativas?

Pienso mucho en eso e, insisto, creo que todo depende de la manera en que viajes. Cuando era joven, trabajaba de guía turístico y me enfadaba mucho que viniera gente a Roma que no entendía nada de nuestra historia. Uno me llegó a preguntar, bastante sorprendido, que por qué no restaurábamos el Coliseo…

Se ha convertido en un problema que todo el mundo pueda viajar, pero regular el turismo no debería significar perder las conquistas de la clase obrera

¿Es de los que cree que hay diferencia entre ser turista y viajero?

[Risas] Es una pregunta tramposa. Por un lado, sí, pero por otro me opongo a la contraposición entre el viajero romántico y el turista estúpido. Porque eso nos lleva a los orígenes del turismo, cuando solo la aristocracia podía viajar. Lejos de ser exploradores y aventureros eran, en realidad, la definición perfecta de turismo de masas porque, allá donde fueran, había sirvientes que les servían su té de las cinco, aunque estuvieran a los pies de un volcán.

Por eso no me gusta la idea de reducir el turismo tal y como se plantea, porque entonces solo podrán ver lugares bonitos los ricos y eso no es justo. Si podemos ir a París una semana con nuestras familias es gracias a trabajadores que, hace años, conquistaron derechos como las vacaciones remuneradas. Es verdad que ahora se ha convertido en un problema que todo el mundo pueda viajar, pero regularlo no debería significar perder estas conquistas de la clase obrera.

Para muchos países, el turismo es la única fuente de ingresos que permite pagar las tareas de conservación de ciertos entornos naturales. Pero, a la vez, el impacto de los turistas no es inocuo. ¿Cómo se puede solventar?

Este es el único aprendizaje negativo que me he llevado de mis viajes: no hay alternativa. En el libro comparo dos casos de estudio, que son Nigeria y Ruanda. Por un lado, después de que se descubriera petróleo en Nigeria, el país dejó de preocuparse por el turismo y cualquier alternativa económica. Ahora es una catástrofe porque la gente no obtuvo la riqueza prometida y el ecosistema está destrozado. Fruto de la pobreza, la gente ha empezado a talar árboles hasta hacer desaparecer el 97% de los bosques y se ha extendido la caza.

Por otro lado, está Ruanda. Después del genocidio, se enfocaron prácticamente solo al turismo. Tienen hoteles, rutas e infraestructura. Y esa fue la manera de establecer enormes parques naturales. De hecho, un tercio del país está protegido y han pasado de la economía de la caza furtiva a la de los guardabosques. Gracias a eso, los gorilas de montaña están sobreviviendo. Es cierto que han desarrollado un turismo muy caro y exclusivo, pero fue la única manera que tuvieron de apartarse de lo que tenían.

Que el turista occidental se convierta en la única manera de mantener el entorno puede derivar hacia una idea de superioridad y a afianzar la identidad del salvador blanco. ¿Le preocupa?

Entiendo tu punto de vista, pero espero que esta dependencia cambie y que los países africanos de los que hablo puedan desarrollar otras actividades económicas. Pero es cierto que sí me preocupa en términos medioambientales y la huella que estas actividades puedan dejar.

Cuando los ricos van a estos complejos naturales, quieren reencontrarse con una naturaleza que no es real y sólo existe en sus cabezas

Dice que los humanos pertenecemos a la naturaleza y que vivir en ciudades nos crea una nostalgia que curamos viajando. Pero si vamos a un resort turístico o a ciertos parques naturales, ¿nos reencontramos con la naturaleza real o con una idea romantizada?

Por supuesto que es romantizada. Cuando los ricos van a estos complejos naturales, quieren reencontrarse con una naturaleza que no es real y solo existe en sus cabezas: aquella que se ha mantenido impertérrita a lo largo de los siglos, impermeable a los avances tecnológicos o científicos. Pero hoy, por ejemplo, los pueblos amazónicos que viven en el bosque, están incorporando ordenadores, paneles solares, teléfonos o motosierras.

La mitología moderna nos hace pensar que la gente que vive en entornos naturales son ignorantes, buenos e inocentes. Pero son seres humanos inteligentes que quieren una vida más fácil, aunque eso choque con nuestra visión idealizada de la vida en el campo. La única manera de romper estas ideas es encontrar una manera más armónica de vivir en las ciudades.

¿Tiene alguna idea?

[Ríe y vacila] La verdad es que no. Es que depende mucho de dónde hagas esta pregunta, si en China, Italia o Brasil. Hay contextos y sistemas políticos que marcan la diferencia. Lo que creo es que debería haber una gestión política de la relación entre las ciudades y el entorno que garantice una vida en la urbe más saludable.

Vivo en Roma, que es una de las ciudades más verdes de Europa. Y, cuando viajo, extraño esos parques. Pero no solo por el verde en sí, sino lo que significan para la comunidad. Hay grupos de vecinos que los cuidan y protegen. Pero claro, plantear eso en Brasil, con el Amazonas al lado; o en China, con toda esa explosión industrial, no tiene sentido. Lo que sí tengo claro es que no es suficiente con poner un parque e ir a tomar aire fresco. Tiene que haber algo más.

Y como normalmente las planificaciones urbanas no contemplan ese “algo más”, la primera idea que se nos viene a la cabeza para satisfacer el deseo de desconectar de la ciudad es viajar. Pero, cuanto más viajamos, más tenemos que trabajar para pagarlo. Y cuanto más trabajamos, más necesitamos desconectar. ¿A dónde nos lleva este círculo vicioso?

Esa es una idea que tiene mucho que ver con la polarización de la experiencia en las ciudades, que nos lleva a la necesidad de salir. Es algo que me pasa a mí también porque estoy siempre trabajando. Y, aunque tengamos espacios naturales en nuestras ciudades, para disfrutarlos hace falta tiempo. Espero que las siguientes generaciones tengan más tiempo libre para poder deshacer esta relación viciada con las ciudades y la naturaleza.

¿Está diciendo que una manera de acabar con todo el turismo de masa sería reducir la jornada laboral?

Es posible que, con más tiempo libre, tengamos menos necesidad de salir y desconectar, sí. Pero evidentemente esto no funcionará si no empezamos a educar el turismo para entender que no hay que ir a Colombia para sentirse mejor en un entorno verde. Que hay otras maneras más cercanas para atajar nuestros malestares.

Debemos acabar con el consumismo que se basa en tachar países de una lista porque no es sostenible. Si no, llegará un momento en el que solo la gente rica se podrá permitir viajar tal y como lo hacemos nosotros hoy. Claro que podremos conocer otros países, pero no debería ser una cosa frecuente.

He visto que la aproximación de los ricos al ecosistema está inspirada en el consumismo, no en el amor por la naturaleza

Pero entonces el viajar sí se convertirá en una experiencia de lujo. Y, a menudo, tal y como usted cuenta en su libro, quienes viajan porque pueden no buscan conectar con la naturaleza, sino poseerla y subyugarla. ¿Qué consecuencias tendrá para el ecosistema un turismo basado en esa premisa?

Pero es que el turismo del rico que quiere poseer lo que ve no va a desaparecer nunca, pase lo que pase. Por eso me da un poco de reparo despreciar el turismo de masas y elogiar a los viajeros, porque muchas veces, detrás de esa idea del viajero aventurero e independiente solo hay gente rica que se puede permitir un guía, un coche, un barco, todo privado, para llegar a unas islas remotas y aisladas.

Yo he estado en una de esas islas, debido a una desafortunada coincidencia, con una familia rica y he visto que su aproximación al ecosistema está inspirada en el consumismo, no en el amor por la naturaleza. Fue en las Galápagos y exigieron -que no pidieron- bañarse con ballenas cuando es algo que debería estar totalmente prohibido.

Aquello fue hace años y las cosas han cambiado: ahora ya solo aceptan a muy pocas personas. Es verdad que solo puedes llegar allí si tienes un barco privado que te lleve y, por tanto, sigue siendo un destino reservado para ricos, pero ahora para un número menor de ricos.

Perdone que insista, pero es que esos pocos ricos, con sus yates privados, siguen contaminando más que muchos visitantes juntos de los que se entrarían en la categoría del turismo de masas.

Por supuesto. Yo soy de los que duerme en lugares baratos, comiendo en las calles y moviéndome a pie, intentando que mi impacto sea el menor posible. Tanto en términos ecológicos como culturales. Por eso creo que deberíamos promover que haya lugares del mundo, regiones enteras, donde simplemente no se pueda llegar.

En Chile, por ejemplo, los parques naturales siguen esta idea. Hay una parte a la que puedes acceder y, con el dinero de la entrada, se conserva otra zona, mucho más grande, a la que no puede ir nadie, ni siquiera la gente rica que puede pagar un precio desorbitado. No creo en la idea de prohibir el turismo, pero sí en dejar zonas sin explotar para que resurjan especies e, incluso, recursos para el uso humano.

Habla de prohibir el acceso a entornos naturales. ¿Estaría también de acuerdo con prohibir la entrada de turistas a ciertas ciudades o zonas habitadas que estén saturadas?

Bueno, eso pasa ya de cierta manera en tierras indígenas de Sudamérica o Australia, en las que no puedes entrar sin autorización o si no eres aborigen. Como pueden quedarse en sus tierras, no sienten la necesidad de crear grandes metrópolis y, aunque viven en casas provistas por el Gobierno y no en tiendas de campaña, por lo general han mantenido sus formas de vida. Así que me parece una buena idea.

Deberíamos promover que haya lugares del mundo, regiones enteras, donde simplemente no se pueda llegar

En tanto que el viajar fue una consecuencia tras la consecución de derechos laborales, ¿cree que el turismo es un derecho o un privilegio?

Creo que es un derecho. Immanuel Kant ya reconocía en el siglo XVIII el derecho a viajar a donde fuera. Y hay que dejar claro que ese no es un derecho garantizado a todos los pueblos. Yo tengo pasaporte italiano y puedo ir a casi cualquier lugar, pero eso no les pasa a muchos de los amigos que he hecho en África, que no pueden venir a Roma a verme. Eso no es justo. El turismo, como forma de aprender, conocer e, incluso, de buscar nuevas oportunidades, debería ser regulado pero nunca prohibido.

Si llegara el caso, ¿qué nos supondría como seres humanos tener que dejar de viajar?

Es muy difícil responder a eso. Miremos atrás: la astronomía moderna, por ejemplo, nace porque Copérnico empieza viajar para conseguir mapas de estrellas más precisas. Pero también ha influido en nuestras ideas políticas. El terrible y violento proceso de la colonización tuvo la contrapartida positiva de abrir los ojos a filósofos europeos que, por primera vez, entraron en contacto con culturas no cristianas y sin reyes, lo que les llevó a dar forma a la Ilustración y pensar, por primera vez, en los derechos universales.

Si no viajamos, creo que perderemos perspectiva respecto a las cuestiones globales. Un ejemplo práctico: ahora quiero ir a Rusia para un proyecto, pero no me dan la visa porque piensan que hablaré con la gente sobre cómo en Europa vemos la guerra de Ucrania. Ese es el poder de viajar. Los gobiernos que te quieren empujar a ir al frente son los que no quieren que viajes. Las guerras calan mejor en zonas recluidas del mundo en los que la gente ha sido convencida de que tiene que morir por su país y defenderlo del otro que, sea como fuere, siempre es peor.

Al escritor Miguel de Unamuno se le atribuye la frase de que el fascismo se cura leyendo y el racismo viajando. ¿Concuerda?

No conocía la cita y no acabo de ver la relación, pero es cierto que el fascismo se puede ver muy beneficiado con unas bases de población que no saben qué hay fuera de sus fronteras y, por eso, están dispuestos a defenderlas con tanta pasión. Y eso me lleva a una idea en auge ahora mismo: el ecofascismo.

Se trata de un postulado defendido por quienes ya no pueden negar el cambio climático, así que ahora proponen proteger los bosques. Pero solo los suyos. Y eliminar la libertad de movimiento porque los inmigrantes contaminan, no tienen conciencia y no saben cuidar el entorno. Así que nos encerramos y protegemos solo nuestro jardín. Pero eso, por supuesto, no tiene ningún sentido a nivel ecológico. Por lo tanto, sí, creo que podernos mover libremente es importante y necesario en estos tiempos que vendrán.

Sesenta años después de que Palomares (Almería) se convirtiera en símbolo del desastre nuclear tras la colisión de dos aviones estadounidenses con bombas termonucleares -un episodio que llevó al exministro franquista Manuel Fraga a bañarse en sus aguas para “tranquilizar” a la población-, la pedanía de Cuevas de Almanzora vuelve a estar en el centro de la polémica. La Junta de Andalucía ha emitido un dictamen que permite levantar una macrourbanización que despierta la oposición de los ecologistas, no solo por la presencia de contaminación radioactiva, sino también por la agresión a un hábitat virgen y frágil, que está en regresión por los efectos del cambio climático.

El proyecto, promovido por Bahía de Almanzora S.L., lleva más de dos décadas de desarrollo y lo que pretende construir son 1.600 viviendas y un hotel que cambien para siempre el paraje natural que hay junto a la playa de Quitapellejos, en Palomares. Una construcción que cambiaría para siempre un entorno que hoy es virgen, pero que se pretende que se convierta en un paraje similar a lo que es la vecina localidad de Mojácar, enfocado al capital extranjero y al ocio turístico. Sin embargo, cuenta con la oposición frontal de los ecologistas.

El Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) trata de paralizar esta macrourbanización por todas las vías argumentando que se trata de un plan dañino para el hábitat y que puede ahondar en los efectos adversos del cambio climático. Para ello, han presentado una batería de alegaciones, a las que ha tenido acceso este medio, que se resumen en varios puntos: que la futura construcción incrementaría en un 15% la población local -actualmente viven 15.000 habitantes en Cuevas de Almanzora, municipio al que pertenece Palomares-; que el daño ecológico puede ser irreparable porque afecta a dunas, flora y fauna; que se construirá en parte en una zona inundable que tampoco tiene una infraestructura adecuada para aguas residuales y que se hará junto a la zona de exclusión nuclear que mantiene el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), cerrada al paso humano, pero no de los animales ni del viento que mueve las partículas contaminantes.

Pese a las quejas ecologistas, todos los equipos de Gobierno del Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora se han puesto de perfil, independientemente del signo político que lo gobierne. Hoy está el PSOE, pero antes estuvo el Partido Popular y en ningún caso se mostró voluntad por paralizar el proyecto urbanístico de Bahía de Almanzora. No en vano, la promotora siempre ha negado que su macrourbanización suponga problemas para el entorno ambiental y, de hecho, argumenta que sirve para eliminar el estigma que sufre la población de Palomares a cuenta del incidente nuclear que ubica a esta localidad en el mapa.

Visto bueno regional con matices

El detonante de la nueva polémica es el dictamen ambiental previo a la Autorización Ambiental Unificada que la Junta ha emitido sobre el sector PA-4, donde se proyecta la urbanización. El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, afirma que, pese a los riesgos de inundación, la fragilidad del ecosistema dunar, la proximidad a los suelos contaminados por plutonio y americio, la presión sobre el agua y la necesidad de bombeos continuos para evacuar aguas fecales por la falta de pendiente, el proyecto es “compatible” siempre que el promotor cumpla una serie de condiciones. Es decir: la Junta abre la puerta técnica a que Bahía de Almanzora siga adelante.

El dictamen reconoce todos los impactos señalados por los ecologistas, pero no marca ninguna línea roja. Asume que las dunas se podrán “restaurar” en otras parcelas, que los hábitats de interés comunitario podrán ser “trasplantados” y que la falta de cota para evacuar aguas residuales se resolverá con estaciones de bombeo. Incluso admite el riesgo de vertidos en caso de fallo de estas bombas, pero insiste en que las medidas de seguridad son suficientes. La posibilidad de que una zona de construcción masiva quede inundada, o que se produzcan vertidos de aguas fecales hacia un espacio marino protegido, queda reducida a “riesgos asumibles”.

El documento tampoco cuestiona la viabilidad hídrica del proyecto, pese a que en la última década el Levante almeriense ha necesitado obras de emergencia para mantener el abastecimiento. Da por válido un certificado de la empresa pública Galasa, o uno nuevo si se requiere, sin entrar a valorar si la desaladora de Carboneras -hoy imprescindible y en peligro- podrá soportar el incremento de demanda que supondría un crecimiento urbano equivalente al 15% de las viviendas actuales del municipio. Cuevas del Almanzora pasó en 2024 de los 15.000 habitantes, pero la macrourbanización proyectada podría suponer, según los cálculos ecologistas, 4.000 personas adicionales.

Un litoral en regresión y los residuos nucleares

La playa de Quitapellejos, junto a la cual se pretende construir el complejo, está afectada por la regresión de la línea de costa y por el ascenso del nivel del mar, según los informes actualizados del Ministerio para la Transición Ecológica. Es una zona donde los temporales son cada vez más intensos y donde la cota del terreno oscila entre uno y tres metros sobre el nivel del mar, fruto del cambio climático. El proyecto preveía en un primer momento evacuar las aguas pluviales a través de las propias calles hacia la playa debido a la falta de desnivel, una solución que los ecologistas consideran directamente inasumible.

La urbanización afectaría, además, a la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, donde según la Ley de Costas solo se permiten instalaciones imprescindibles y vinculadas al uso del litoral. Sin embargo, el plan urbanístico contempla aparcamientos, jardines y viales en ese tramo, algo que el dictamen no veta y remite a una futura autorización de Costas, pese a que en informes previos se ha advertido de que esta ocupación podría agravar la regresión costera y facilitar la inundación por temporales.

La macrourbanización colinda directamente con los terrenos que el CIEMAT valló tras determinar que se encontraban contaminados por el accidente nuclear de 1966. Aunque el Ayuntamiento insiste en que “está fuera de la zona contaminada”, el Grupo Ecologista Mediterráneo recuerda que la delimitación no es la única preocupación: ese suelo debe ser retirado y trasladado a un almacén nuclear, una operación pendiente desde hace décadas. Construir al lado de ese perímetro, sostienen, complica la descontaminación futura y crea un nuevo riesgo para quienes residan allí.

No obstante, desde la Junta niegan cualquier peligro advirtiendo que se ha constatado con todas las entidades públicas: “Durante la tramitación del dictamen favorable se solicitó informe al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), organismos competentes en materia de seguridad y protección radiológica, ambos dependientes del Gobierno de España. De acuerdo con los informes citados, la actuación se ubica fuera de las zonas afectadas por contaminación residual derivada del accidente nuclear de 1966, y no se prevén afecciones radiológicas derivadas de la ejecución del proyecto. Las condiciones establecidas garantizan que la protección ambiental y la seguridad de las personas están plenamente aseguradas”.

Pero los ecologistas piden mayor implicación consistorial frente a la urbanización. “El ayuntamiento debería preocuparse por no hipotecar el futuro de quienes vivan en esa zona, no por competir con municipios vecinos en tener más hoteles”, afirma Fuensanta Alcalá, presidenta del colectivo ecologista. Reclaman aplicar estrictamente el principio de precaución y no autorizar un desarrollo masivo junto a un área que todavía mantiene vigilancia radiológica.

El Ayuntamiento minimiza las alertas

Desde el Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora aseguran que la polémica se debe “solo a los ecologistas” y que no hay oposición vecinal. Argumentan que el municipio tiene 16 kilómetros de costa y que el 80% está protegido, por lo que el impacto de esta urbanización se concentraría en el único tramo urbanizable. Sostienen también que Cuevas carece de plazas hoteleras y que este proyecto permitiría “competir en igualdad” con otras localidades del Levante almeriense que han desarrollado modelos turísticos más intensivos.

El Consistorio defiende, además, que los informes ambientales son favorables y que la urbanización está “fuera de la zona radiactiva”, aunque reconoce que está cerca del perímetro. Consideran que 1.600 viviendas no suponen masificación en un municipio de más de 15.000 habitantes y que, en cualquier caso, el desarrollo se hará por fases y con obras previas de urbanización.

Los ecologistas rechazan de plano esta versión. Recuerdan lo ocurrido en otras zonas del Levante: urbanizaciones que comenzaron por los viales, cuyo coste asumieron las administraciones, pero que se quedaron abandonadas tras la venta de parcelas. “Son promociones especulativas”, explican, señalando el caso de San Juan de Terreros como ejemplo cercano. “Primero se levantan las calles, luego no se desarrolla nada, pero el impacto ambiental y el gasto público ya están ahí”. Temen que esta historia se repita en Palomares, donde el riesgo de inundación, la erosión y la fragilidad del ecosistema multiplicarían los daños.

Para el GEM, el proyecto parte de un error de base: el territorio. “Cuevas no puede aspirar a un turismo de playa como Mojácar porque no tiene un litoral extenso, sino tramos de acantilado y unas pocas playas vulnerables. Su modelo turístico debería ser otro”, argumentan.

Una licencia antigua como clave de bóveda

El Ayuntamiento insiste en que el sector PA-4 tiene “derechos urbanísticos desde hace décadas”. El GEM lo rebate: la licencia llevó tanto tiempo sin ejercerse que debería considerarse caducada. La Junta, en cambio, no cuestiona ese punto, lo que permite que el proyecto siga adelante a pesar de basarse en un planeamiento que no tuvo en cuenta ni la regresión actual del litoral, ni los riesgos climáticos actuales, ni el retraso en la descontaminación nuclear.

La crisis climática ya afecta con fuerza al Levante almeriense, donde los episodios de inundación, temporales y pérdida de playa son cada vez más comunes. A ello se suman los problemas crónicos de abastecimiento de agua y la presión sobre acuíferos que no se recuperan. Sobre este escenario, la macrourbanización de Palomares resurge como un proyecto que depende de infraestructuras que no existen, de recursos hídricos inciertos y de un litoral cada vez más vulnerable.

El dictamen ambiental de la Junta permite que el proyecto avance hacia su autorización definitiva. El Ayuntamiento lo defiende como una oportunidad. Los ecologistas lo consideran una amenaza irreparable para el último tramo libre de urbanización entre playas de Vera y la desembocadura del Almanzora. Y en medio queda Palomares, un territorio que arrastra un estigma nuclear que nunca se resolvió y que ahora puede enfrentarse a un nuevo conflicto ambiental y social en su única franja de costa virgen.

La “invasión madrileña” de las zonas más turísticas del Pirineo aragonés está dejando consecuencias en el precio de la vivienda. Municipios como Sallent de Gállego y Jaca se sitúan en torno a los 3.000 euros de media por metro cuadrado, casi el doble de la media de Aragón, que es de 1.686 euros.

“Están acostumbrados —los madrileños— a comprar vivienda a un precio distinto al nuestro, con lo cual, les parecen más baratos los precios que a nosotros nos pueden parecer inaccesibles y, por lo tanto, van a inflacionar los precios”, explica Fernando Montón, director general del Grupo Plaza 14.

Montón añade que, si a esta situación se le suma la falta de oferta, “ponemos en bandeja llegar a esos niveles de precios que se están produciendo en esos municipios” del Pirineo aragonés. En general, los precios de la vivienda se han intensificado debido a la creciente demanda y la escasa oferta, tanto en obra nueva como usada, con un incremento del 8% en tasa interanual al finalizar septiembre.

Según el último Informe del Mercado Inmobiliario de Aragón, impulsado por la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza en colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Ibercaja, Grupo Plaza 14, el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad de Aragón e Ingennus, Sallent de Gállego ya ha superado la barrera de los 3.000 euros por metro cuadrado en el tercer trimestre de 2025, anotando una variación interanual del 35,2%.

A esta localidad de la Comarca del Alto Gállego, próxima a la estación de esquí Aramón Formigal-Panticosa, le sigue de cerca Jaca, donde el precio del metro cuadrado se ha fijado en 2.721 euros en el penúltimo trimestre del año, con una variación interanual del 21,8%.

El aumento de precios no ha frenado las operaciones de compraventa. En Jaca se han registrado 402 transacciones en el tercer trimestre de 2025, un 1,9% de la cuota de mercado de la comunidad autónoma. Sallent de Gállego aporta 125 operaciones en el mismo periodo, lo que representa un 0,6% de cuota de mercado.

La Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza atribuye la actividad “escasa” en Sallent de Gállego a la falta de producto. Solo en el tercer trimestre de 2025, Aragón contabilizó 4.563 operaciones, un incremento interanual del 8,6%, aunque respecto al segundo trimestre se observa un descenso del 2%. En total, en los últimos doce meses se han realizado 18.486 compraventas en la comunidad autónoma, el máximo desde el primer trimestre de 2008 y el quinto trimestre consecutivo de crecimiento interanual, con un aumento del 19,2%.

Fernando Baena, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón y Soria, advierte: “En estos municipios turísticos ya tenemos el problema que se pueda dar, afortunadamente no en la misma magnitud, en Ibiza o Marbella”. Baena señala que hay personas que llegan a estas zonas para trabajar y “rompen” la demanda existente, porque necesitan residir allí y buscan vivienda para alquilar. Según él, la solución pasa por garantizar seguridad jurídica para que se pueda sacar más vivienda en alquiler a un mercado ya tensionado.

En este sentido, Baena subraya la importancia de aprovechar la vivienda “cerrada, la que no se está utilizando”, que podría aliviar la demanda, aunque muchas de estas propiedades necesitan actualización por su mínima habitabilidad. “Aquí chocamos con el problema de la falta de mano de obra para hacer esas reformas”, añade, asegurando que el parque de vivienda de Aragón está “obsoleto” y es “bastante antiguo”.

Por su parte, Luis Fabra, director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, también destaca la necesidad de seguridad jurídica en los contratos de arrendamiento: “Aplicar unas reglas de juego con carácter general nos lleva a la situación que encontramos actualmente, con una mínima disponibilidad de oferta y unos precios elevadísimos”.