La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el cierre de una decena de pisos turísticos por hacer la vida imposible durante años a una familia del céntrico barrio de La Latina. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, destaca que este matrimonio con dos hijos ha pedido sin éxito a las empresas responsables de los pisos que solucionen los ruidos y molestias que les impiden dormir cada fin de semana y que el cierre total de esa actividad es la única medida eficaz para “garantizar la paz y tranquilidad de los vecinos”, a los que además deben indemnizar con un total de 34.000 euros.

El edificio que acoge esta batalla entre vecinos y pisos turísticos se encuentra en el número 77 de la calle Toledo, a unos pocos pasos de la plaza de La Latina y uno de los puntos del centro donde más pisos turísticos se anuncian en la ciudad. Un inmueble que llegó a estar completamente formado por este tipo de alojamientos y que en la actualidad cuenta con unos 40 pisos turísticos. Una propiedad repartida entre distintas empresas vinculadas a miembros de la familia Couret y con una minoría de viviendas donde residen vecinos de forma permanente. Vecinos y familias que llevan varios años denunciando la actuación de los dueños del edificio.

Fue un matrimonio con dos hijos el que decidió llevar a los tribunales a varias de estas empresas por una decena de pisos turísticos alojados en el edificio que “rodeaban” su casa y les tenían sometidos a un “calvario”. Sufrieron ruidos, el constante trasiego de maletas, música, fiestas y despedidas de soltero además de vómitos en la escalera y vandalismo que habían derivado en consecuencias negativas para su salud. Un informe médico certifica que los cuatro integrantes de esta familia padecen diversos trastornos relacionados con el ruido: ansiedad, depresión y un trastorno no orgánico del sueño. Los dos hijos, añade el informe, están sometidos a “un estrés constante” que puede acarrear “graves consecuencias” para su desarrollo.

La familia afectada vivía en el bloque desde 2021, cuando varios pisos turísticos fueron vendidos a otra empresa y finalmente comprados para vivir. Tuvieron que acudir a los tribunales por una vía atípica para buscar el cierre de los inmuebles usados por turistas que molestaban. En franca minoría en una Junta de Propietarios dominada por los herederos de Juana Couret y otras empresas similares, decidieron presentar una demanda civil por afectación de su derecho a la intimidad. Y un juzgado, en primera instancia, decidió dar la razón a esta familia y ordenar el cierre de los diez pisos que daban problemas, una cuarta parte de los que hay en este edificio colonizado por el alquiler turístico.

Ahora ha sido la Audiencia Provincial de Madrid la que ha ratificado la mayor parte de esta sentencia, salvando de la condena al piso de una de las empresas llamada Tealrentas SL porque no hay pruebas, directamente, de que sea de uso turístico en ese edificio de la calle Toledo. Pero confirma que los cinco pisos explotados por Tolesanta SL, los dos de Mundi Quo-Vadis SL y el piso de Cavanna Real State SL deben echar el cierre como única solución posible tras años de enfrentamiento y de “caso omiso” de estos grandes tenedores frente a las reclamaciones de los vecinos.

La sección civil del tribunal entiende, por un lado, que la familia ha conseguido probar que los problemas causados por estos pisos son reales, y no unas “quejas exageradas” como llegaron a decir las empresas demandadas. “Las molestias son notorias y ostensibles, no una pequeña dificultad o trastorno, sino que son graves, afectando de manera importante a la pacífica convivencia”, dice la Audiencia Provincial. Y ordenar el cierre es la única solución posible para “garantizar la paz y tranquilidad de los vecinos” después de años de “caso omiso” por parte de los empresarios a sus “continuas denuncias y requerimientos”.

El “cese total” de los nueve pisos turísticos

El “cese total” de la actividad de estos nueve pisos turísticos, zanja el tribunal, es la vía para que las “graves perturbaciones” se acaben y los ruidos y molestias dejen de invadir el día a día de los vecinos.

La Audiencia Provincial ha tomado esta decisión después de una primera sentencia dictada por el juzgado de primera instancia número 44 de Madrid en el verano de 2025. Una resolución que ya entonces avaló tanto las pruebas que había presentado la familia afectada como el testimonio de otros vecinos y el propio portero. “Tenemos miedo por las noches, en una ocasión encontramos una jeringuilla”, explicó una de ellas que también se mudó al edificio en esas fechas.

Varios testigos coincidieron en señalar que daban cuenta de todo esto al presidente de la comunidad de vecinos pero que apenas se tomaron medidas. Una presidencia de la comunidad de propietarios que, junto con la mayoría aplastante de la junta, recaía en los propietarios de estas empresas y de los pisos turísticos. Algunos de estos pisos, relataron los vecinos, eran “constantemente sancionados” por las autoridades sin que cesara su actividad.

La mayor parte de los pisos turísticos que esta sentencia ordena cerrar, y que siguen funcionando a fecha de hoy tal y como confirman fuentes del caso a elDiario.es, pertenecen a empresas ligadas a los descendientes de la familia Couret, que también han explotado pisos similares en Santa Ana tras la escisión de la empresa original, Arrendamientos Urbanos Couret.

El caso llega al Tribunal Supremo

La causa ya está en manos del Tribunal Supremo y ahora la Sala de lo Civil debe decidir si admite a trámite el recurso presentado por las empresas. Entre otros argumentos, apuntan estas fuentes, denuncian que solo se ha cuestionado la continuidad de una decena de pisos turísticos en un inmueble donde hay más de cuarenta. Uno de los múltiples argumentos que ya han sido rechazados tanto en primera como en segunda instancia.

Ante la Audiencia Provincial, las empresas responsables de los pisos se limitaron a exponer ese argumento y también que en ese procedimiento no se podía cuestionar la legalidad de estos inmuebles. Pero ante el juzgado fueron más allá y llegaron a culpar a la propia familia afectada de la situación por haberse ido a vivir a un edificio donde la mayoría de los pisos eran turísticos.

En un momento dado, estas empresas llegaron a acusar a esta familia de actuar con egoísmo por obstaculizar su negocio de pisos turísticos. “Pretenden de forma brusca y egoístamente, truncar y abortar en su totalidad y en beneficio exclusivo suyo esa actividad muy mayoritaria en el edificio con gravísimo perjuicio de las sociedades propietarias de aproximadamente tres cuartas partes del mismo edificio”.

Llegaron incluso a cuestionar que tanto el matrimonio como sus dos hijos se hubieran visto afectados por el supuesto ruido, a pesar de los informes médicos que han presentado. “Si sufriesen realmente esos trastornos y perjuicios que describen en su demanda y relatan al médico, no hubiesen antepuesto el interés de esos hijos a cualquier otro criterio y hubiesen ya abandonado con carácter inmediato ese piso”.

Las dos sentencias del caso, a falta de un procesamiento definitivo del Tribunal Supremo, rechazaron estos argumentos y avalaron el cierre de los pisos. Los tribunales, recuerdan, llevan varios años permitiendo imponer límites a los pisos turísticos y más tiempo todavía estableciendo que un vecino no tiene por qué aguantar ruidos excesivos.

La nueva edición de Russafart, bienal de arte en el señero barrio valenciano acechado por la turistificación, abre de nuevo las puertas de los estudios de los artistas de Russafa este fin de semana.

Esta iniciativa, además de abrir los estudios, expande el arte a otros locales vecinos del barrio. Russafart ha ido creciendo constantemente, pasado de los 42 creadores de la primera edición de 2008 a los 315 que participan en la de este año.

La Sala Russafa acoge la muestra de Colectiva 27 –Associació de Dones Artistes. Piezas de Hope Campos, Inma Peiró, Kita Pardo, Isabel Folgado y Rebeka Catalá conforman la intervención del hall de Sala Russafa que podrá visitarse desde el 5 de junio, cuando se inaugura la muestra.

El domingo 7 de junio, antes de la función de Stellae, se celebrará la entrega de los Premios de Público de Sala Russafa de esta temporada. Estos galardones son fruto de las votaciones del público, que puede valorar las piezas que programa el teatro de Russafa (exceptuando las de su propia compañía, Arden Producciones) tras cada representación.

'Coto público de arte'

Russafart, bajo el lema 'Coto público de arte', alcanza en 2026 su mayoría de edad y lo hace desde la conciencia crítica de su tiempo. Diecio- cho años no son una celebración complaciente, sino la evidencia de una resistencia sostenida.

Russafa es hoy un territorio en disputa, afirman los coordinadores, Arístides Rosell y Rebeka Catalá. La turistificación intensiva, la especulación inmobiliaria y la expulsión progresiva de vecinos y pequeños comercios configuran un proceso de transformación que amenaza con vaciar el barrio de su tejido social.

La cultura corre el riesgo de convertirse en un elemento decorativo, despojado de su capacidad crítica. Frente a ello, Russafart se posiciona como una práctica de fricción. No como un evento que se adapta al contexto, sino como un dispositivo que lo cuestiona.

Las calles de Santander han sido este sábado, seis de junio, el escenario de una movilización transversal bajo el lema 'Cantabria para vivir'. Más de mil personas, según las primeras estimaciones de la organización, han recorrido el centro de la capital para denunciar un modelo económico y habitacional que, a juicio de los convocantes, prioriza el turismo masivo y los intereses de los fondos de inversión sobre la calidad de vida de los residentes.

La protesta ha aglutinado diversos sectores sociales -desde el sindicato de la vivienda hasta la defensa de la sanidad y educación públicas, pasando por trabajadoras de servicios sociales y afectados por fondos de inversión- que exigen que la comunidad piense, ante todo, en quienes “vivimos y trabajamos aquí todo el año”.

Diegu San Gabriel, portavoz de la asociación 'Cantabria no se vende' y miembro del sindicato STECT, ha destacado el “clamor” de una mayoría social que reclama que el turismo sea solo un complemento y no el eje depredador de la economía local.

San Gabriel ha respondido con dureza a las recientes declaraciones de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, quien rechazó la implantación de una tasa turística para no dañar a la “gallina de los huevos de oro”. “Si hay que hacer un símil con aves, yo diría que el turismo es más bien un cuco, que pone los huevos en nido ajeno y depreda”, ha sentenciado.

Para el portavoz, el actual modelo turístico supone que los costes de infraestructuras y servicios públicos derivados de la masificación sean sufragados por los residentes habituales, mientras “los beneficios no revierten en la comunidad de forma equitativa”.

El “olvido” del Artículo 47

Uno de los pilares de la manifestación ha sido la crítica a la situación de la vivienda en Cantabria. Entre los asistentes se encontraba un nutrido grupo de inquilinas e inquilinos de la calle Hermanos Calderón afectados por la venta de un lote de pisos de alquiler asequible a un fondo de inversión extranjero. Laura, una de las portavoces de este colectivo, ha puesto voz a la desesperación de las familias tras la venta de sus viviendas por parte de la empresa Mosaic Propco a un fondo luxemburgués.

“Estamos aquí porque nos han vendido... y a Gema [Igual] le da igual”, ha lamentado Laura, denunciando que la operación se realizó sin ofrecer a los inquilinos el derecho de tanteo y retracto. “Nadie se quiere hacer cargo y nos quieren echar a la calle”, ha añadido en declaraciones a elDiario.es durante la marcha.

La movilización ha servido también para reivindicar el cumplimiento del Artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a una vivienda digna y prohíbe la especulación. Laura ha sido tajante al respecto: “No vamos a parar de manifestarnos y de ir donde haga falta para luchar por nuestros derechos y por el puñetero artículo 47 que todo el mundo ha dejado abandonado y de lado”.

Una enmienda a la totalidad del modelo actual

La marcha no solo ha puesto el foco en el turismo y la vivienda, sino que los manifestantes han denunciado a la par el deterioro de los servicios esenciales, mencionando desde “aulas masificadas” hasta “trenes que no llegan”, además de un mercado laboral marcado por “empleos temporales con salarios de miseria” que no permiten cubrir necesidades básicas como la alimentación o el transporte.

Los portavoces han insistido en que el modelo actual de gestión del Gobierno autonómico y los ayuntamientos empeora la calidad de vida ciudadana en favor de intereses especulativos y “la ciudadanía no está dispuesta a permitir que Cantabria se convierta en un parque temático donde el acceso a la vivienda y los servicios públicos sean un lujo inalcanzable para la clase trabajadora”.

La dificultad para acceder a una vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los municipios turísticos del Pirineo aragonés. Aínsa-Sobrarbe y Biescas han pedido esta semana al Gobierno de Aragón que impulse la declaración de estos municipios como zonas de mercado residencial tensionado, una figura contemplada en la Ley Estatal de Vivienda que permitiría acceder a nuevas ayudas para vivienda asequible, rehabilitación y alquiler social.

El pleno de Aínsa-Sobrarbe aprobó este miércoles solicitar al Ejecutivo autonómico que inicie de manera urgente los trámites necesarios para obtener esta declaración. La iniciativa llega apenas unos días después de que el Ayuntamiento de Biescas anunciara una propuesta similar —que también fue aprobada en el pleno del 3 de junio— y de que Canfranc solicitase en febrero de 2024 reclamar esta catalogación ante los problemas de acceso a la vivienda que afectan a buena parte del Pirineo, aunque posteriormente —el 2 de mayo de 2024— retiró esta vía y optó por impulsar el programa 'Más vivienda, mejor turismo'. El consistorio ha adoptado además medidas como la suspensión temporal de nuevas licencias para viviendas turísticas, la creación de una bolsa de alquiler y cambios urbanísticos para limitar este tipo de alojamientos en el futuro.

Los municipios coinciden en señalar el impacto que la presión turística, la proliferación de viviendas de uso turístico y de segunda residencia, así como el incremento de los precios de compra y alquiler, están teniendo sobre la población residente. El alcalde de Aínsa-Sobrarbe, Enrique Pueyo, ha defendido que localidades como la suya están viendo cómo el encarecimiento de la vivienda dificulta cada vez más la vida de quienes residen en ellas. “Los municipios con presión turística como éste y otros del Pirineo aragonés ven cómo se incrementa el precio de la vivienda y esta realidad limita a quienes vivimos en estas localidades”, ha señalado.

Una situación similar ha denunciado la alcaldesa de Biescas, Lorena Cajal, quien ha defendido la necesidad de que el municipio sea declarado zona tensionada para facilitar el acceso a ayudas públicas destinadas a vivienda asequible, rehabilitación y alquiler social. La regidora ha advertido de que “la creciente presión turística, la proliferación de viviendas de uso turístico o de segunda residencia, la escasez de vivienda habitual disponible y el incremento sostenido de los precios del alquiler y de compra dificultan mucho el acceso a una vivienda digna para vecinos, jóvenes, familias y trabajadores esenciales del municipio”.

Pueyo ha recordado además que Biescas ha dado el mismo paso y ha confiado en que más municipios reclamen medidas similares ante una situación que considera “insostenible”. La propuesta aprobada por el consistorio de Aínsa incluye también la solicitud de un estudio específico sobre la evolución de los precios de alquiler y compraventa, la disponibilidad de vivienda habitual y los efectos de la presión turística en el municipio. Según el alcalde, la falta de vivienda ya está condicionando el desarrollo local. “Hemos tocado techo en cifras de población desde hace dos años porque no hay vivienda disponible y los costes de construcción son actualmente altísimos”, ha asegurado.

Cajal ha argumentado además que la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda abre una oportunidad para que los municipios declarados zonas tensionadas puedan acceder a mayores incentivos económicos. “Pido al Gobierno aragonés la misma responsabilidad que tenemos los ayuntamientos: escuchar a los ciudadanos y, en este caso, iniciar de manera urgente los trámites para que Biescas pueda ser declarado como tal”, ha reclamado.

Medidas locales frente a un problema creciente

Desde el Ayuntamiento de Aínsa destacan que ya han impulsado diversas actuaciones dentro de sus competencias para tratar de aliviar la situación. Entre ellas figuran la regulación de las viviendas de uso turístico, el incremento del IBI a las viviendas permanentemente desocupadas, la rehabilitación de inmuebles municipales para destinarlos a nuevos habitantes y la cesión al Gobierno de Aragón de una parcela y un millón de euros para promover vivienda pública.

Entre los motivos esgrimidos por el Ayuntamiento de Biescas figuran el incremento continuado de los precios de compra y alquiler, la escasa oferta de arrendamientos de larga duración, el elevado peso de las segundas residencias y las dificultades de acceso a la vivienda para jóvenes y trabajadores, factores que, según el consistorio, amenazan la cohesión social y la fijación de población.

En Canfranc, el consistorio también ha adoptado medidas para contener el problema, como la suspensión temporal de nuevas licencias para viviendas turísticas, la creación de una bolsa de alquiler y la preparación de cambios urbanísticos para limitar este tipo de alojamientos en el futuro. Los ayuntamientos consideran que la escasez de vivienda habitual se ha convertido en uno de los principales obstáculos para fijar población y atraer nuevos residentes. En el caso de Canfranc, el alcalde, Fernando Sánchez, llegó a definir la vivienda como “el mayor problema del mundo rural”, advirtiendo de que la falta de oferta impide el crecimiento de muchos municipios turísticos.

Negativa del Gobierno de Aragón a aplicar la ley estatal

La creciente presión de los municipios pirenaicos coincide con la negativa del Gobierno de Aragón a aplicar algunas de las medidas más relevantes incluidas en la Ley Estatal de Vivienda. De hecho, Enrique Pueyo ha acusado al Ejecutivo autonómico de priorizar la confrontación política sobre la búsqueda de soluciones. “El Gobierno de Aragón que preside Jorge Azcón prefiere la confrontación y ser insumiso con la Ley Estatal de Vivienda antes que solucionar las necesidades de las personas”, ha afirmado.

La pasada semana, el consejero de Vivienda, Octavio López, aseguró en las Cortes de Aragón que el Ejecutivo autonómico solo participará en el futuro Plan Estatal de Vivienda 2027-2030 si este “encaja” con el programa Aragón Más Vivienda. Octavio López aseguró que ha “batallado” para conseguir que Aragón reciba el 3,8% de los fondos teniendo el 3% de la población nacional, precisando que se destinará el 40% a generar oferta, el 30% a rehabilitación y el 30% a las ayudas para el acceso a la vivienda, todo para “complementar y llevar adelante” los programas del Plan Aragón Más Vivienda.

El 53 por ciento de las conductas incívicas (principalmente orinar en la calle pero también otras como ruidos) del fin de semana, las comenten personas de fuera de Logroño, tal y como ha informado hoy el comisario jefe de la Policía Local, Héctor Ruiz.

Durante el año 2025, el Cuerpo de Policía Local de Logroño realizó 34.295 intervenciones; las más numerosas, en materia de seguridad ciudadana (19.179), tal y como ha informado hoy en rueda de prensa el concejal de Interior, Francisco Igleias, junto al comisario jefe.

Las infracciones en materia de alcohol crecieron, con respecto al año anterior, de 492 a 831; y las de ruidos de 199 a 281. En conjunto, la ordenanza de fomento de la convivencia vio incrementadas un 38 por ciento las denuncias, pasando de 1.071 en el 2024 a 1.485 en el 2025.

Unas cifras que, hoy, se han achacado a un aumento de la presión policial. “Cada vez está más encima, cada vez la gente que no hace lo que debe siente la presión de la Policía local y, desde luego, si la has hecho la vas a pagar”, ha dicho Iglesias.

En este sentido, ha recordado que en enero del año 2024 se puso en marcha una campaña, los fines de semana, donde se controla tanto a las personas que orinan en la calle como los ruidos, también en viviendas.

“Lo dice a veces la parte política, que Logroño se ha convertido en el Magaluf del Norte; desde aquí, como concejal de Interior, niego la mayor porque los datos nos avalan, haciendo un trabajo constante”, ha defendido el edil.

Ha añadido: “Nunca vamos a evitar que alguien se orine en la calle, nunca vamos a evitar que alguien haciendo el cafre se suba a un balcón, pero eso no es lo habitual de esta ciudad”.

“Es verdad que cuando el fin de semana en Logroño concurren, como este fin de semana, multitud de eventos deportivos, multitud de eventos sociales que nos gusta hacer en la calle es inevitable que la convivencia se pueda resentir”, ha dicho.

Tal y como refleja la memoria, en el término municipal de Logroño se registraron 1.297 accidentes de tráfico en 2025 (con respecto a los 1.226 del año anterior). Se saldaron con 437 víctimas (402 heridos leves, 34 graves y una personas fallecida) y 2.220 vehículos implicados.

Destaca el “repunte” en vehículos de movilidad personal (patinetes), ya que hubo 272 personas afectadas por siniestros de este tipo de vehículos, frente a las 79 del año anterior.

El número de vehículos de este tipo implicados fue 72; un número mucho menor que las personas implicadas en primer lugar por la reincidencia, esto es, que un mismo vehículo tiene varios siniestros al año y también porque una de las infracciones más comunes es el ir varias personas en el mismo vehículo (hasta tres).

El comisario jefe ha anunciado una campaña “bastante intensa” en el control de este tipo de vehículos, con la que esperan “contener” este tipo de siniestralidad. Algo a lo que también contribuirá, ha dicho el concejal, el hecho de que ahora deba conducirse con seguro.

Incumplimiento de ordenanzas

Siguiendo la línea marcada al inicio de la legislatura, en 2025 se continuó intensificando el control del cumplimiento de la normativa municipal y las diferentes ordenanzas, como las de limpieza y convivencia, que conllevó un crecimiento de las denuncias por conductas incívicas en un 17,3% con respecto al año anterior (3.809 sanciones en 2025 frente a las 3.245 del año anterior).

En este sentido, respecto a la Ordenanza Municipal de Fomento de la Convivencia Ciudadana, los agentes formularon 1.485 denuncias en 2025 frente a las 1.071 realizadas el año anterior. Entre ellas, destacan las derivadas del consumo de alcohol en la calle (831 sanciones), el ruido en la vía pública (281 sanciones) o en viviendas (182 sanciones).

En cuanto a la Ordenanza Municipal de Limpieza el año pasado se registraron 2.070 denuncias (de las que 1.959 fueron por orinar en la vía pública) frente a las 2.110 del ejercicio anterior.

Respecto a otras ordenanzas municipales, 180 fueron referentes a la Ordenanza de Tenencia y Protección de Animales (la mayoría, 133, por pasear perros sin correa); 57 por no respetar la Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones (12 por ruidos en locales de hostelería y 32 por operar con las puertas abiertas); y 13 por violar la Ordenanza Municipal de Actividades en Terrenos Públicos (ejercer algún tipo de actividad sin licencia en estos espacios).

Infracciones de tráfico

En materia de tráfico, la Policía Local sancionó el año pasado 59.885 infracciones de tráfico. De ellas, 22.346 fueron impuestas por agentes dentro de diferentes campañas operativas (estacionamientos incorrectos, zonas de carga y descarga, etc.); 8.970 fueron multas por exceso de velocidad (6.768 de radares fijos y 2.202 de radares móviles); y 702 sanciones derivadas de diferentes controles de alcoholemia y sustancias estupefacientes, 128 de ellas impuestas a usuarios de vehículos de movilidad personal y bicicletas.

La grúa municipal, con su posterior multa y pago por la retirada del depósito, retiró un total de 1.550 vehículos de la vía pública tras la infracción de su conductor, frente a los 1.667 del año anterior. Así, 222 fueron retirados en controles de alcoholemia; 203 por estar mal aparcados e impidiendo la circulación; 178 por estar aparcados en doble fila; 134 por estar estacionados en vados; 79 por carecer de seguro; 68 por estar ocupando zonas de carga y descarga; y 33 por estar estacionados en plazas reservadas para personas con discapacidad, entre otras situaciones.

Accidentes de circulación

En el término municipal de Logroño se registraron 1.297 accidentes de tráfico en 2025 (con respecto a los 1.226 del año anterior), que supone una media diaria de 3,5 (teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos son pequeños golpes entre automóviles). Estos siniestros se saldaron con 437 víctimas (402 heridos leves, 34 graves y una persona fallecida) y 2.220 vehículos implicados.

Las calles con un mayor número de accidentes fueron la carretera de circunvalación LO-20 (39), Chile (38) y Salustiano Olózaga Gran Vía (ambas con 36).

Durante el año pasado 97 peatones fueron víctimas de atropellos (una de ellas mortal, tras atravesar a pie la LO-20), frente a las 105 del año anterior. Las calles con un mayor número de atropellos fueron Piqueras (6 heridos); Carmen Medrano y Marqués de Murrieta (4 en cada calle); y Avenida de la Paz y Gran Vía (con tres atropellos en cada caso).

Por otro lado, se registraron 272 afectados por siniestros con vehículos de movilidad personal, frente a los 79 del año anterior.

Finalmente, se remitieron a la jurisdicción penal un total de 249 atestados instruidos por delitos contra la seguridad vial, de los que 121 fueron referentes a la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.

“El Grupo de Atestados de la Policía Local de Logroño desempeña un papel crucial en la investigación de accidentes de tráfico dentro del casco urbano de la ciudad. Su competencia exclusiva en la instrucción de este tipo de atestados garantiza una respuesta eficiente y especializada ante estos eventos. Además, instruye atestados por delitos contra la seguridad vial, contribuyendo así a garantizar el cumplimiento de las normativas y leyes de tráfico para proteger la vida y la integridad de los ciudadanos. Por lo tanto, su labor es fundamental para mantener la seguridad en las vías públicas y fomentar una conducción responsable”, ha apuntado el concejal de Interior.

Campañas informativas y de control

Las campañas llevadas a cabo por la Policía Local de Logroño, de iniciativa propia o en colaboración con otras instituciones relacionadas con la seguridad vial y la convivencia pacífica, son fundamentales para promover la seguridad y el bienestar en la ciudad. Estas iniciativas no solo se centran en el control del tráfico, sino que también abordan aspectos cruciales como la prevención de actos incívico o delictivos, la seguridad en el entorno escolar, el cumplimiento de las ordenanzas municipales, etc.

En este sentido, los agentes del Cuerpo participaron en 46, entre las 41 propias (control del estacionamiento indebido, de distracciones al volante, de uso correcto de los VMP, de la realización de pintadas vandálicas o referentes a los animales de compañía, entre otras) y las 5 realizadas en colaboración con la DGT (control de velocidad, del uso del cinturón de seguridad, del transporte escolar, de consumo de alcohol y droga o de distracciones al volante).

La Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta ha declarado desierta el proceso de enajenación del Centro de Menores Infractores de Menores (CIMI) de San Miguel Alto en la ciudad de Granada al no concurrir ninguna oferta a la subasta del inmueble.

Así se desprende del acta de la Mesa de Contratación del referido órgano hecha pública por la administración autonómica y consultada por Europa Press, en la que se recoge que “no se han presentado ofertas en primera ni en segunda subasta”, y por tanto se declara desierto el Lote número 5 del inmueble en calle de la Ermita, 15, después de que el BOJA del 31 de marzo anunciara la convocatoria de licitación del enajenamiento del inmueble.

Se trata de una finca en de 1.660 metros cuadrados que cuenta con un edificio y dos espacios menores que suman 958 metros cuadrados construidos y que está calificado como equipamiento comunitario SIPS-religioso, y que en la actualidad se encuentra en tramitación dentro del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Albaicín, que hace una propuesta de cambio de la parcela para uso hotelero.

La construcción del centro de menores data del año 1970 y en 2024 el valor catastral del suelo era de 8.918 euros y el de la construcción de 154.043, por lo que el valor catastral total estaba en 162.962 euros. Fue en ese año cuando la Dirección de Patrimonio solicitó al Ayuntamiento el cambio de calificación para uso terciario, en concreto, hotelero. La Junta es propietaria del 100% de la finca. Las condiciones económicas de la subasta fijaban un tipo de 2,5 millones de euros para la primera subasta y 1,8 se tenía que realizar la segunda. La fianza para optar era de 126.203 euros.

Polémica política y social

La noticia de la subasta del antiguo CIMI y especialmente el hecho de que se abriera la posibilidad de un futuro uso hotelero del inmueb le ha contado con la oposición de varios partidos políticos y colectivos sociales, e incluso ha sido “arma arrojadiza” por parte de formaciones que han concurrido a las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

Así, por ejemplo, el PSOE, a través del grupo municipal en la capital granadina, pidió que se paralizara la venta y propuso a la Junta que cediera el espacio para uso cultural y vecinal. Lo mismo pidió IU y la coalición Por Andalucía, que al igual que los socialistas advirtieron de la que calificaron como nuevo “pelotazo hotelero” en un Albaicín “ya fuertemente tensionado”.

Podemos fue más allá y presentó un recurso de alzada. El portavoz de los morados en Granada, Salvador Soler, afirmó sobre esta subasta que “además de hacer daño social al barrio del Albayzín, y daño económico al patrimonio público, el procedimiento parte de premisas tramposas”.

De hecho, la plataforma ciudadana Albayzín Habitable lleva meses poniendo en el foco mediático esta subasta para evitar que se produzca, tal y como publicó esta cabecera. No quieren que la gentrificación siga ganando camino y señalan que el Ayuntamiento de Granada es “culpable” de esta venta. No en vano, para que el centro de menores pueda convertirse en hotel, depende de la colaboración del Consistorio al cambiar el uso del inmueble.

Algo que será posible gracias a la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular de la alcaldesa Marifrán Carazo que pretende aprobar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albaicín (PEPRI) con el que quiere permitir el hotel y cambiar para siempre el paisaje urbano del barrio. Por eso, la oposición no es solo vecinal, sino de partidos como el PSOE que ven en este proyecto un ataque contra el futuro del Albaicín. Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Granada evitan responder al fondo de las críticas, pese a las preguntas de este periódico.

Un centro de interpretación

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha elevado una moción al pleno de este viernes para exigir al gobierno municipal una moratoria urgente en la concesión de nuevas licencias de alojamientos turísticos, “con el objetivo de frenar la pérdida de patrimonio y evitar la expulsión vecinal de los barrios históricos de la ciudad”. Esta urgencia, según ha destacado el viceportavoz del PSOE, Eduardo Castillo, cobra más fuerza tras conocerse la noticia.

“Esto es una buenísima noticia para nuestro Cerro de San Miguel y para toda Granada, porque deja el camino despejado para que el Ayuntamiento solicite su titularidad a la Junta y podamos ver el demandado Centro de Interpretación del Albaicín”, ha celebrado Castillo, quien ha agradecido el trabajo de la Asociación de Vecinos del barrio y de Albayzín Habitable, “en esto asunto y en todos los que tiene que ver con la protección y defensa del barrio”.

Ante este nuevo escenario, el edil socialista ha exigido a la alcaldesa que actúe con contundencia. “Ya no hay excusa. Si nuestro Ayuntamiento mirara realmente por nosotros, solicitaría de forma inmediata la cesión de este inmueble a la Junta de Andalucía para destinarlo a uso comunitario y cultural. Eso sí que sería una noticia redonda y no la entrega sistemática de nuestra ciudad a los fondos de inversión”, ha aseverado.

El viceportavoz socialista ha dicho que “este tipo de operaciones especulativas son precisamente las que la moción del PSOE busca frenar”. Así, ha exigido a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Granada la aplicación de la moratoria turística y el compromiso firme para “preservar nuestro patrimonio inmobiliario de forma que no recaiga en grupos de inversión, provocando una pérdida irrecuperable para Granada”.

Como ejemplo contrario a San Miguel, Castillo ha recordado la venta del convento de Santa Inés, que aloja un centro de referencia nacional como el Centro Albaicín de Artesanía, a un fondo de inversión con fines turísticos. En este contexto, el edil del PSOE ha puesto el foco en el reciente “varapalo judicial” del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha anulado las medidas impulsadas por el equipo de gobierno de Marifrán Carazo para, supuestamente, frenar la proliferación de viviendas turísticas.

Si paseas por las estrechas calles de Nápoles, encajonadas entre edificios altos, sueles caminar bajo la sombra de la ropa mojada tendida de ventana a ventana. Es una parte intrínseca de la cultura napolitana, esos tendederos suspendidos entre callejones que obedecen incluso a un código propio donde la ropa interior y las prendas íntimas se colocan en el centro, protegidas por sábanas, fundas de almohada o toallas que las ocultan. 

El derecho a tender la ropa en la calle se respeta en Nápoles como una norma que actúa casi como democracia visual porque todos enseñan al sol sus prendas húmedas. Los tendederos en las fachadas confiesan oficios, edades, rutinas y clases sociales; una geometría textil muy fotogénica (como en Lisboa) que revela que la ciudad todavía se pertenece a sí misma. 

En España, la legalidad de tender la ropa en el exterior de una vivienda puede variar de una ciudad a otra. En muchas localidades, las ordenanzas municipales incluyen normas específicas sobre la utilización de las fachadas porque las fachadas nunca son neutras y decidir qué puede verse y qué debe esconderse en ellas es una decisión política de clase.  

El Ayuntamiento de Lorca, gobernado por PP y Vox, ha decidido recientemente que tender ropa en la fachada atenta contra la estética urbana y podrá castigarse con multas de hasta 1.500 euros. La nueva ordenanza también persigue colchones, bombonas y cualquier elemento “antiestético” visible desde la calle. Todo con el objetivo de dar la “mejor imagen posible” de la ciudad. 

¿Qué significa exactamente “la mejor imagen posible” de una ciudad? ¿Las terrazas plastificadas de franquicias idénticas en cada esquina dan una mejor imagen? ¿Los letreros luminosos de bakerys, specialty coffees y demás anglicismos intercambiables que poco tienen que ver con la identidad propia de las ciudades españolas nos embellecen de cara a la galería? ¿Toda esa homogenización proyecta una imagen más cosmopolita que una toalla tendida o, al revés, una imagen profundamente más cateta, a lo ‘Bienvenido Mr. Marshall’?

El geógrafo Edward Relph acuñó el concepto ‘placelessness’ para describir ese debilitamiento de la identidad de un lugar debido a los procesos homogeneizadores; ciudades donde desaparece cualquier rastro de singularidad bajo la capa de cafeterías idénticas, mismas cadenas de ropa, logos repetidos y escaparates que podrían estar en Lorca, en Birmingham, en Atlanta, en un centro comercial sin alma, o en la también desalmada zona de embarque de un aeropuerto.  

Tengo la sensación de que las ciudades llevan años expulsando todo aquello que recuerde a la vida real, de que se diseñan cada vez más desde intereses privados o alianzas público-privadas que compiten por atraer inversión y turismo, y no por cuidar a los vecinos que las habitan. Casi todo es una mezcla ya de patrimonio anodino y especulación desenfrenada. 

La ropa tendida es una necesidad doméstica, no una provocación estética, y convertir los hábitos cotidianos de la gente sin grandísimos recursos en un problema visual es, en el fondo, una forma de expulsión. Si lo piensas, en realidad, la ropa tendida en las fachadas de los pisos singulariza las ciudades y les da un saludable aspecto de pertenencia.  

“No queremos que Granada se convierta en un parque temático para los turistas”. La frase, que se repite como un mantra desde hace ya años en la ciudad de la Alhambra, cobra con cada decisión política una nueva dimensión. La última que refuerza la turistificación es la subasta que está haciendo la Junta de Andalucía de un edificio para destinarlo a uso hotelero y que está situado en el Albaicín, barrio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1994. Además, el inmueble, que amenaza con convertirse en un hotel de lujo, está en uno de los miradores más emblemáticos de la capital granadina. Por un precio que ronda entre los 1,8 y los 2,5 millones de euros, el barrio sigue vendiéndose, según denuncian los vecinos.

En concreto, lo que vende el Gobierno andaluz es el centro de menores que hay junto al mirador de San Miguel Alto. Este centro, cerrado en 2019, es una de las joyas más codiciadas del urbanismo de Granada por su posición privilegiada. De hecho, si acaba convirtiéndose en un hotel, tendría una importancia similar a la que tiene el Alhambra Palace, ubicado en la colina de la propia Alhambra, ya que ambos serían visibles desde cualquier punto de la ciudad, los que les convierte en parte del decorado paisajístico. Un caramelo para cualquier inversor al tratarse de una de las ciudades más turísticas de España. Y para los vecinos del Albaicín otro motivo más para sentir que les están expulsando de sus casas.

De hecho, la plataforma ciudadana Albayzín Habitable lleva meses poniendo en el foco mediático esta subasta para evitar que se produzca. Porque no quieren que la gentrificación siga ganando camino y porque señalan que el Ayuntamiento de Granada es “culpable” de esta venta. No en vano, para que el centro de menores pueda convertirse en hotel, depende de la colaboración del Consistorio al cambiar el uso del inmueble. Algo que será posible gracias a la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular de la alcaldesa Marifrán Carazo que pretende aprobar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albaicín (PEPRI) con el que quiere permitir el hotel y cambiar para siempre el paisaje urbano del barrio. Por eso, la oposición no es solo vecinal, sino de partidos como el PSOE que ven en este proyecto un ataque contra el futuro del Albaicín.

La ciudad como negocio

Sin embargo, los colectivos vecinales sostienen que el conflicto va mucho más allá de la construcción de un hotel. Lo que consideran que está en juego es el propio modelo de ciudad. “Es la ciudad como negocio frente a la ciudad para vivir”, explica Miguel Martín, colaborador habitual de Albayzín Habitable y una de las personas que más tiempo lleva estudiando el desarrollo urbanístico previsto para el Cerro de San Miguel. Porque, según denuncia, la operación actual no es un hecho aislado, sino la continuación de una estrategia que lleva décadas sobrevolando el Albaicín.

Martín explica que ya presentó alegaciones en 2023 al avance del plan especial que afecta a la zona y que el propio documento urbanístico contiene profundas contradicciones. “Dicen que las cuevas habitadas son incompatibles con el parque y plantean expulsar a la población, pero los hoteles sí son compatibles”, lamenta. A su juicio, el Cerro de San Miguel se ha convertido en uno de los espacios más codiciados por los intereses turísticos de Granada. “Alguien ha visto que aquello es muy atractivo turísticamente. Las vistas del mirador de San Miguel dejan pequeño al de San Nicolás”, sostiene.

Vecinos con miedo de ser expulsados

La preocupación no es menor en un barrio que lleva años denunciando el avance de los apartamentos turísticos, la desaparición de vivienda residencial y el cierre progresivo de espacios para la vida cotidiana, como el centro de salud Fortuny-Velutti. “No podemos turistificar toda la ciudad”, insiste Martín. “Hay que vivir en Granada. No puede convertirse todo en un negocio”.

Porque el Cerro de San Miguel no es únicamente un mirador. También es uno de los últimos barrios de cuevas habitadas de Granada. Un espacio históricamente vinculado a población humilde y obrera que, según denuncian los vecinos, lleva décadas bajo amenaza urbanística. David, residente en una de estas cuevas y miembro de la asociación vecinal del Cerro de San Miguel Alto desde 2007, asegura que los intentos de transformación turística vienen de muy lejos. “Ya en los años 70 proyectaban aquí un hotel de diez plantas con teleférico hasta la Silla del Moro”, explica. “Y en 2008 ya había planes urbanísticos para recalificar la zona y construir alojamientos turísticos”.

A su juicio, el actual proyecto busca “borrar definitivamente las cuevas habitadas que no sean turísticas”. “Las cuevas resisten y forman parte del patrimonio histórico y arquitectónico de Granada”, reivindica. Pero denuncia que durante años las administraciones han intentado justificar desalojos bajo acusaciones de marginalidad, inseguridad o ruina física. “Nos criminalizan constantemente para justificar una limpieza social”, afirma.

La gravedad de las denuncias vecinales aumenta cuando se analiza el alcance real de la subasta. Según sostiene David tras estudiar las referencias catastrales incluidas en el expediente, el lote no afectaría sólo al antiguo centro de menores. También incluiría espacios públicos del entorno, parte de los accesos al mirador e incluso zonas próximas a las murallas históricas del cerro. “El mirador de San Miguel Alto podría acabar formando parte del hotel”, advierte. Una afirmación que, de confirmarse, supondría un terremoto político y patrimonial en uno de los enclaves más emblemáticos de Granada.

Falta de transparencia

Los vecinos denuncian además una absoluta falta de transparencia institucional. El nuevo PEPRI del Albaicín acumula años de retrasos y más de 300 alegaciones vecinales siguen sin respuesta. “Todo se hace con política de hechos consumados”, critica David. “No hay participación ciudadana ni interlocución real. Nos enteramos cuando las decisiones ya están tomadas”. La controversia también ha abierto una grieta política. Porque aunque el PSOE se ha posicionado ahora públicamente contra el hotel, los movimientos vecinales recuerdan que el avance urbanístico que abrió la puerta a esta transformación fue aprobado en 2023 bajo el anterior gobierno municipal socialista encabezado por Francisco Cuenca, ahora parlamentario andaluz. “Dicen que están en contra, pero el avance del plan especial lo aprobaron ellos”, recuerda Miguel Martín.

Mientras tanto, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Granada evitan responder al fondo de las críticas. El Gobierno andaluz no ha querido valorar la subasta pese a las preguntas de este periódico y se ha limitado a señalar que “la subasta aún está en marcha”. Por su parte, el Ayuntamiento tampoco ha respondido a las dudas vecinales sobre el impacto turístico y patrimonial del proyecto y únicamente defiende que “el PEPRI se encuentra en su fase final de redacción”, señalando además que el equipo municipal trabaja simultáneamente en el nuevo Plan General de Ordenación Municipal de Granada, que está desactualizado desde 2001.

Pero en el Albaicín hace tiempo que el debate dejó de ser únicamente urbanístico. Para muchos vecinos, lo que está ocurriendo en San Miguel forma parte de una transformación mucho más profunda de Granada. Una ciudad donde cada vez hay más hoteles, más apartamentos turísticos y menos vecinos. Donde antiguos espacios públicos comienzan a convertirse en oportunidades de negocio. Y donde el miedo a que el Albaicín deje de ser un barrio para convertirse definitivamente en un decorado turístico ya no parece una exageración vecinal, sino una posibilidad cada vez más cercana. Por eso, los que lo sufren no van a dejar de movilizarse donde y cuando sea.

La calle Laurel se sigue enfrentando al debate entre la convivencia y el negocio, entre la identidad de la zona y el turismo de masas, personificado en las despedidas de soltero. Cada fin de semana se repiten imágenes de descontrol y falta de civismo que el vecindario denuncia como insostenibles. Personas orinando en la calle, suciedad, cánticos y gritos a altas horas de la noche y hasta se han visto personas trepando por las fachadas hasta subirse a los balcones. La medida de obligar a cerrar e impedir el consumo en la calle más allá de las 12 no parece ser suficiente.

El debate viene de lejos, pero la situación cada vez evidencia más un cambio de modelo en el emblema gastronómico de Logroño, que no solo señala al público también a los propios hosteleros.

El responsable de la Pulpería La Universidad, abierto desde 1978, ha escrito una carta dejando clara su posición ante la situación: “Si vienes a Logroño y, en especial, a la Laurel, tu comportamiento tiene que ser civilizado y acorde a una zona de tapas familiar y acogedora. No es de recibo que, para ciertas cuadrillas, todo valga”.

En este sentido, admite que los hosteleros también “tienen que poner de su parte y, en la medida de lo posible, no favorecer este tipo de comportamientos”. Se refiere por ejemplo al consumo de copas, algo a lo que antes no se dedicaba la calla, y que “por desgracia”, según considera este hostelero, últimamente se están sirviendo más que nunca, “algo que no favorece el ambiente de la calle”. “Lógicamente, cada uno en su casa puede actuar como considere, pero cuando eso afecta a los demás deja de ser lo correcto”, ha subrayado.

Así se refiere a las diferencias entre los hosteleros. “Entre nosotros tampoco conseguimos ponernos de acuerdo y es una pena no dar el verdadero valor que tiene esta maravillosa zona”, ha dicho el responsable de Pulpería La Universidad. La Academia Riojana de Hostelería ya evidenció también su preocupación por la “evidente decadencia y pérdida de identidad de la calle Laurel”, en referencia a algunos grupos empresariales que “se están aprovechando”, según denunciaron, “del atractivo que la calle Laurel y su historia y de esa afluencia de consumidores, ofreciendo unos productos y una manera de hacer que no tiene nada que ver con aquellas condiciones que han hecho famosa a esta calle”, señalando que se ofrecen en algunos locales “productos de quinta gama, servicio no adecuado, o tratamiento del vino insuficientemente adecuado”.

Hace ya años que algunos bares de La Laurel decidieron restringir la entrada de despedidas de soltero. La Pulpería La Universidad era uno de ellos y aunque estuvo tiempo sin atenderles, admite que le fue imposible mantenerlo. “Hay fines de semana, y sobre todo sábados, en lo que solo hay despedidas y, o atiendes de dentro de un orden o no trabajas nada”, explica. Desde hace unos años, según evidencian muchas críticas y denuncias vecinales, este “turismo de borrachera”, como lo denomina la asociación vecinal Demanda Casco Antiguo, ha desplazado a los vecinos de Logroño, que reconocen que han dejado de ir a esta zona de pinchos.

Ante ello, este hostelero lanza una reflexión a la ciudadanía y a sus compañeros: “Valoremos no solo el beneficio económico a corto plazo, sino también el largo plazo, pensando en clientes habituales, familias y visitantes. Debemos preguntarnos si realmente merece la pena este desgaste”. Finaliza su carta asegurando que “todo el mundo es bien recibido en su bar”, pero “cumpliendo unas normas básicas y lógicas de convivencia y civismo”. Unas reglas básicas de respeto y educación que hace tiempo han desaparecido en el referente gastronómico de Logroño.

Convocadas por la asociación Guanarteme se Mueve y la plataforma Derecho al Techo, a las 12 de la mañana de este domingo, se dieron cita unas 200 personas, vestidas de luto para la ocasión, en el antiguo cine de Guanarteme. Durante el recorrido, por el que fueron pastoreados por la policía, realizaron diez paradas en las que leyeron breves panegíricos para explicar cómo la gentrificación, la turistificación y la dejadez de las administraciones está condenado al emblemático barrio de Guanarteme a la “pérdida de su identidad y a la expulsión de sus vecinas”. 

Bajo la desconchada fachada verde de lo que un día fue el cine de Guanarteme, hoy clausurado con las puerta tapiadas, hay un enorme rótulo que reza “centro evangelístico”. Allí arrancaba el pasacalles con los primeros acordes a ritmo de Jazz, mezclando el duelo con la celebración de la vida. 

“Las calles del barrio vivían y compartían las historias de las películas que aquí se proyectaban. Ahora somos espectadores, pero no de la gran pantalla, sino del olvido y el abandono, que bajo falsas promesas, bajó la persiana. Hoy estamos aquí para despedir a nuestro hermano no nato, un espacio que nunca se va a dar, el funeral del centro cultural que nunca existió”, se escuchó decir por un megáfono que a ratos distorsionaba. “Después de la muerte siempre hay vida, de los escombros se puede construir, y este barrio está necesitado de grúas que en vez de destruir nuestras casas, construyan espacios de identidad, culturales y sociales donde los vecinos puedan volver a compartir sus historias”, decía una joven activista de la asociación Guanarteme Se Mueve. 

El cortejo estaba encabezado por una pancarta que decía “vuelven los buitres a Guanarteme. Aquí no hay quien viva”. Le seguían tres coronas de flores, y cuatro porteadoras con un ataúd a cuestas. Tras ellos caminaba el resto de la comitiva fúnebre que daba tímidos pasos de baile a ritmo de jazz. Les acompañaban dos músicos que tocaban en directo con una trompeta y un sousafón. 

Contaminación frente al Centro de Salud

Cuando llegaron a la calle Mario César frente al Centro de Salud, otra activista leyó: “En un espacio donde debe haber silencio y tranquilidad está siendo invadido por los ruidos constantes y los fuertes aullidos de coches y obras. Somos aquí testigos del sinsentido de embudo que se ha convertido esta calle. El punto de salida principal del barrio hacia la GC-1 y GC-2 aglomera al tráfico que recorre las calles de nuestro barrio haciendo un muro de ruido y contaminación. Hoy venimos a despedirnos de una atención médica digna, personal y cercada, que ha fallecido a manos de colapso poblacional”. 

Adiós al Barranco de la Ballena 

La siguiente parada fue por partida triple casi en el mismo lugar: en el Barranco de la Ballena, frente al esqueleto en construcción del Residencial las Américas al lado del Hotel Art. 

“Donde el sol alimentaba la plaza, el huerto y los talleres de los vecinos, ahora se levanta un muro que esconde el sol, que separa y divide el barrio. Con una arquitectura hostil para el entorno que desdibuja la identidad del barrio, que promueve un modelo de vida individualista, donde puedas tener de todo en un mismo complejo, sin interactuar con el barrio, conocer a los vecinos, ni sus costumbres. Habrá casi 500 viviendas, 500 nuevos coches, y 500 nuevos consumidores, pero nunca 500 nuevos vínculos”, leyeron activistas de la plataforma Derecho al Techo.  

En el mismo lugar giraron para que la comitiva viera el barranco y escucharan el siguiente mensaje: “La desaparición de nuestra identidad también incide en la desaparición de nuestros espacios, flora y fauna. Hoy más que nunca despedimos al Barranco de La Ballena y con ello todo lo que supone. Una barrera natural que nos protegía de inundaciones y de altas temperaturas entre otros, ha sido reemplazado por una tubería intermitente, sepultado por el cemento, provocando filtraciones, alterando el entorno, y rompiendo su ciclo natural. Hemos reemplazado una anatomía perfecta por una infraestructura artificial que lejos de beneficiarnos, nos perjudica y ahoga haciendo del barrio un cuerpo sin alma y sin vida, que no deja respirar y nos sume en un entorno hostil y desértico protagonizado por cárceles de cemento que con el tiempo se terminarán derrumbando por la misma naturaleza que sigue buscando su hueco en el barrio”. 

El “ARTentado”

A escasos metros, frente al hotel Art leyeron: “Estamos ante uno de los recordatorios físicos del momento en el que el barrio falló como tejido colectivo. Sin embargo, también cumplen hoy una función importante. La de advertir, educar y evitar que estos errores se repitan. El ”Art“ o como nos gustaría llamarlo, ”ARTentado“ , es precisamente eso, un atentado hacia nuestra identidad como barrio y tejido social. No es un hogar, no es un espacio compartido, ni siquiera es un espacio que respire con el barrio, sino una estructura ajena, casi indiferente, que se impone sobre lo que fuimos. Y sin embargo, permanece ahí, como una herida abierta que también enseña. Porque en su presencia hay una advertencia, una memoria y, quizás, una oportunidad de volver a pensarnos como vecinos, no como espectadores de nuestra propia desaparición”.

Vecinas y vecinos unidas por un hilo invisible

En la plazoleta de las Torres Canteras, sobre el barranco enterrado, las vecinas y vecinos pararon nuevamente para escuchar un nuevo elogio fúnebre. “Hay algo en el barrio que no se ve a simple vista, pero que lo atraviesa todo: una trama de vínculos, gestos y memorias compartidas que lo mantienen vivo. No se trata solo de calles o edificios, sino de las personas que los habitan y de cómo se reconocen entre sí. Ese hilo rojo se manifiesta en la cercanía cotidiana, en el saludo, en la conversación breve, en la confianza que se construye sin hacer ruido. El barrio tiene su propia forma de latir. Está ligado a su historia, a su relación con la costa, a su manera de transformarse sin perder del todo su esencia. Ese hilo también se hace visible en las fiestas populares, en las actividades organizadas por vecinas y vecinos, en las tradiciones que pasan de generación en generación casi sin darse cuenta. Son momentos donde el barrio se reconoce, donde ese vínculo invisible se fortalece y se celebra. El mayor patrimonio del barrio es su gente. Proteger el barrio es, en el fondo, cuidar de ese hilo invisible. Es mantener viva la identidad, las tradiciones, el apoyo mutuo. Es seguir tejiendo, entre todas y todos, un lugar donde no solo se vive, sino donde se pertenece”, manifestaron. 

Decisiones urbanísticas que expropian vidas

Los pasos de las vecinas se animaban con la música y las palabras, y cuando algunas estaban casi a punto de bailar, los sentimientos de esperanza y ánimo, pasaron al enfado y la indignación. “Esta es mi casa”, dice una anciana frente a la casa de la calle Castillejos 16. Su hija asegura que “llevan años viviendo bajo la amenaza de ser expropiados”, pero por el momento prefieren no dar más explicaciones y seguir con el pasacalles. La casa que queda aislada entre dos solares, por donde pasa el barranco natural y el canalizado artificialmente.

“Hay decisiones urbanísticas que no solo modifican calles: modifican vidas. Porque expropiar no significa mover líneas sobre un plano, significa expulsar vecinas y vecinos de sus casas, arrancar recuerdos de sus paredes y romper vínculos construidos durante décadas. Allí donde algunos ven una operación urbana, otros ven desaparecer su hogar. 

La comitiva fúnebre se dirigió a la playa de las Canteras “el alma de la ciudad, el único espacio donde todavía se puede respirar entre tanto muro y humo”. Desde Guanarteme, el acceso a la playa es directo, “casi íntimo, como si el mar formara parte de la propia casa. No es solo paisaje: es rutina, es refugio”, mencionaban en este particular panegírico las activistas. Y añadían, “es un ecosistema único dentro de la ciudad que no pertenece a nadie, y al mismo tiempo, nos pertenece a todas y todos. Cuidarlo no es una opción. Es la única forma de no perder lo que todavía nos conecta con lo esencial”. 

Casas terreras, calidad de vida 

“Las casas terreras han sido siempre la imagen viva del barrio. Además, hay una sabiduría silenciosa en esta arquitectura. Las casas terreras respiran mejor, acumulan menos calor, hacen las calles más frescas y habitables. Son, sin pretenderlo, una forma de sostenibilidad que nace de entender el lugar. Frente al hormigón que asfixia, ellas alivian”, aseguraban las activistas y añadían: “rehabilitar estas viviendas no es mirar al pasado con nostalgia, sino apostar por el futuro con sentido. Es una forma de avanzar sin olvidar. Potenciar las casas terreras y proteger el patrimonio no es solo conservar edificios. Es proteger la identidad del barrio. Es mejorar la calidad de vida”, concluían las activistas. 

Comercio local, memoria viva 

“Esas tiendas que llevan décadas abiertas, que han visto pasar generaciones, no son solo comercios: son memoria viva, patrimonio intangible hecho de historias, recetas, gestos y costumbres que dan forma a Guanarteme. En cada compra cercana hay algo más que un intercambio. Hay sostenibilidad en lo simple, en evitar trayectos innecesarios, en mantener la riqueza dentro del propio barrio”.  

Despedidas y celebración

El cortejo fúnebre continuó por el Paseo de las Canteras hasta la Plaza del Pilar, donde leyeron e último de los panegíricos al barrio de Guanarteme: “Lo que antes era la base de la vida, de árboles, huertos y matorrales, hoy se ha convertido en un simple techo que cubre coches. En una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, donde la sombra no es lujo, sino necesidad, esta ausencia se siente más que nunca. Las plazas dejan de ser refugio para convertirse en superficies duras, incómodas, vacías. Y cuando una plaza deja de ser agradable, también deja de ser encuentro. En barrios densos como Guanarteme, donde cada rincón de sombra y encuentro importa, convertir plazas en cubiertas de garajes significa perder algo más que suelo natural. Significa alejarse, una vez más, de la ciudad humana que todavía intentamos conservar”, concluyeron. 

Tras dos horas recorriendo estos lugares emblemáticos del barrio el funeral a ritmo de jazz terminó en el Huerto de la Ventana, un solar “único” de la ciudad, por ser un espacio comunitario autogestionado de encuentro colectivo, social, político y de disfrute, donde pudieron degustar maafé de verduras y papas con mojo de almendras. Así terminaron las vecinas que acudieron al funeral de Guanarteme, conociéndose más, comiendo, bebiendo, celebraron la vida. 

Los datos ya no dejan lugar a duda: Canarias tiene un problema con su costa. El litoral del archipiélago pierde cada año cuatro kilómetros de costa natural por artificialización. Es decir, cada tres meses se pierde un kilómetro de costa natural por la actividad humana, convirtiéndolo en superficies artificiales. 

El 18% del suelo en la franja de los primeros 500 metros desde el mar ya ha sido transformado principalmente por el urbanismo, y fuera de los espacios protegidos ese porcentaje supera el 40% en varias islas. Estas son algunas de las principales conclusiones de SOS Costas Canarias, “el primer y único diagnóstico público y riguroso” sobre el estado real del litoral canario, presentado por la Fundación Canaria y el Observatorio de la Sostenibilidad. 

Turistificación: el motor de la destrucción costera

El informe apunta directamente a la turistificación como el principal impulsor de la devastación costera. El 96% de los turistas que visitan Canarias se concentra en cuatro islas (Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote) y dentro de ellas el 88% se reparte en 16 municipios. Las Islas alcanzan un índice de casi 20 plazas alojativas por cada 100 habitantes, casi cinco veces más de la media nacional.

Dos municipios, Adeje y San Bartolomé de Tirajana, reciben juntos cuatro millones de turistas al año. Y otras cinco localidades (Yaiza, Pájara, Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Adeje) las plazas turísticas ya superan en número a los residentes. Esto crea una presión de inversión constante sobre los mismos puntos del litoral, generando conflictos entre la conservación del territorio. 

En 2025, Canarias recibió 18,4 millones de turistas con una media de 7 pernoctaciones por persona; esto supone una media de 300.000 visitantes simultáneos diarios en el archipiélago, según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

A esta presión turística se suma una pérdida masiva de suelo agrícola en la franja costera. De las 80.000 hectáreas históricamente cultivadas en los primeros cinco kilómetros desde el mar, hoy solo permanece activo el 38%. En Fuerteventura, el colapso es aún más severo: apenas el 9% de ese suelo sigue siendo productivo.

80.000 personas en riesgo de inundación marina

El informe pone el foco también en los riesgos que acarrea esta ocupación del territorio. Las inundaciones representan el 69% de los pagos del Consorcio de Compensación de Seguros por desastres naturales en España, y Canarias no es ajena a esa realidad: cerca de 80.000 personas están expuestas a inundaciones marinas en 54 municipios costeros, y otras 11.400 viven en zonas de riesgo próximas a barrancos. “Si se sigue construyendo en estas zonas habrá más población en riesgo, y cada vez será más peligroso en este escenario de cambio climático en el que estamos viviendo”, señala Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad. 

El estudio advierte además que prácticamente todas las centrales térmicas del archipiélago están expuestas a inundaciones marinas, y que una emergencia de este tipo podría comprometer el abastecimiento de agua al afectar a las plantas desaladoras. Además, casi la mitad del suelo inundable está clasificada como urbana, o que ya están urbanizadas, “lo que supone un grave problema si no se corrige la ordenación territorial”, asegura Anne Striewe, directora de Fundación Canarina. 

291 puntos de vertido al mar sin autorización, algunos dentro de la Red Natura 2000

Los vertidos al mar son quizá el hallazgo más perturbador del informe. En 2025 hay censados 403 puntos de vertido al mar en el archipiélago, de los cuales 291 carecen de autorización. En El Hierro, el 100% de los puntos de vertido opera al margen de la legalidad; en La Palma, el porcentaje alcanza el 88%. Para colmo, 94 de estos puntos vierten directamente en espacios de la Red Natura 2000, áreas de especial protección medioambiental de la Unión Europea. 

Sólo hay 112 emisarios con autorización. Tenerife concentra casi la mitad de los puntos de vertido, seguida de Gran Canaria, mientras que el resto de islas tienen cifras mucho menores. La distribución refleja claramente la relación entre vertidos, densidad de población y presión turística. Más del 70% de los puntos son simples desagües sin condiciones adecuadas de dilución, y solo un 13% utiliza emisarios submarinos, que son los sistemas técnicamente adecuados.

Según el informe, hay más de 20 instalaciones industriales que vierten directamente al mar en Canarias. Las emisiones incluyen compuestos orgánicos persistentes, metales pesados, pesticidas y otras sustancias. 

Una realidad incómoda

El informe señala que la figura de “declaración de interés insular o autonómico”, introducida por la Ley 4/2017, se utiliza sistemáticamente para eludir los mecanismos ordinarios de control urbanístico y ambiental, en proyectos que en la mayoría de los casos aumentan la presión sobre espacios protegidos, consumen recursos hídricos escasos y generan nueva demanda de energía en territorios ya saturados.

Es el primer informe de estas características que se hace público en Canarias, lo que da idea de la ausencia de datos sobre el litoral que ha habido durante décadas. Ha tenido que ser una fundación y un observatorio independiente, y no la administración, quienes han elaborado el estudio, lo que dice bastante sobre el estado de la gobernanza costera en el archipiélago.

Los números son difícilmente reversibles, como reconoce el propio título del informe. Pero sus autores insisten en que todavía hay margen para actuar si las instituciones asumen la urgencia. La pregunta es si lo harán antes de que los cuatro kilómetros anuales que Canarias pierde se conviertan en una cifra imposible de recuperar.

Medidas urgentes y soluciones posibles

Para ello, el informe realiza algunas exigencias al Gobierno regional y a los Cabildos, como que paralicen cautelarmente todos los nuevos proyectos urbanísticos en las franjas de mayor presión y constituyan una mesa técnica para revisar los Planes Insulares de Ordenación.

“La costa canaria es un patrimonio natural, social y económico de valor incalculable. Su protección no es una carga, sino una oportunidad para liderar un modelo de desarrollo basado en la calidad, la sostenibilidad y la equidad. No hay tiempo que perder: cada nuevo suelo urbanizable aprobado en la costa es un paso irreversible hacia la pérdida de lo que nos hace únicos”, aseguran los impulsores del informe SOS Costas Canarias. 

El responsable del estudio, Fernando Prieto, es tajante: “Canarias tiene que elegir entre un escenario de colapso, con vez mas turistas, mas destrucción de la costa y mas desigualdad, o un escenario de adaptación al cambio climático, con menos turismo, menos desigualdad y mas conservacion del territorio”.

El estudio, con casi 700 páginas, fue presentado este jueves ante un aforo completo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna. En el debate de la mesa redonda que clausuró la jornada, participaron la abogada ambientalista Irma Ferrer, la comunicadora científica Carla Henríquez, el responsable del estudio Fernando Prieto, el científico del Observatorio de la Sostenibilidad y el profesor de la ULL Abel López Díez, y fue moderada por Anne Striewe, directora general de la Fundación Canarina, que explicó que SOS Costas Canarias “estará disponible de forma pública y gratuita en las próximas semanas en la web de la Fundación Canarina como herramienta de consulta para organizaciones, medios de comunicación y ciudadanía, y principalmente para que las instituciones que tengan que tomar decisiones sobre nuestro territorio, lo hagan de manera informada y con datos científicos como base”.

Las calles de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, acogerán este domingo 11 de mayo un acto inusual y cargado de significado: un funeral. Bajo el nombre “Funeral Jazz”, vecinas, vecinos y colectivos han organizado un recorrido reivindicativo que partirá a las 12:00 horas desde el Antiguo Cine Guanarteme, en la calle Fernando Guanarteme número 163, hasta la Plaza del Pilar, donde finalizará con un acto simbólico de despedida.

La iniciativa de los colectivos Guanarteme Se Mueve y Derecho al Techo, para denunciar lo que describen como un proceso sostenido de transformación urbanística que está cambiando irreversiblemente el tejido social del barrio. “Lleva décadas sufriendo procesos de expulsión, especulación y pérdida de identidad comunitaria”, señalan en un comunicado conjunto de ambas organizaciones. 

Un cortejo con música y paradas explicativas

La música jazz, un género nacido del duelo y la resistencia, acompañará a los participantes a lo largo del itinerario que incluirá paradas explicativas en distintos puntos del barrio. En cada una de ellas se abordarán problemáticas concretas como: la presión inmobiliaria, la turistificación, el impacto del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la pérdida de espacios comunitarios.

Desde la organización se animan a las personas que quieran asistir que acudan vestidos de negro o de luto, y a llevar pancartas, flores o mensajes de despedida. Además, la jornada será registrada como parte de un proyecto audiovisual colectivo que busca documentar la memoria vecinal y las formas de resistencia que existen hoy en Las Palmas de Gran Canaria y en concreto en el barrio de Guanarteme.

Tras el acto, en la Plaza del Pilar, se celebrará un convite comunitario en el Huerto La Ventana, en la calle Lepanto, como forma de cerrar la jornada desde “la vida y la comunidad, y no solo desde el duelo”.

“No es sólo un acto simbólico”

Desde Derecho al Techo insisten en que lo que ocurre en Guanarteme no es un fenómeno aislado, sino el reflejo de una tendencia que afecta a numerosos barrios de Las Palmas de Gran Canaria. “Esta acción no es solo un acto simbólico de duelo, sino también una forma colectiva de reivindicar el derecho a permanecer en los barrios y defender una ciudad pensada para quienes la habitan”, subrayan las organizadoras.

En un contexto en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de las islas, el “Funeral Jazz” aspira a ser algo más que una protesta: “un ejercicio de memoria, de comunidad y de resistencia frente a lo que la ciudadanía viven como un duelo colectivo”, concluyen.

Cantabristas ha instado al PRC, a través de un comunicado, a que prohíba en sus ayuntamientos la construcción de vivienda turística en suelo rústico. La formación ha expresado su sorpresa ante los nuevos posicionamientos anti masificación turística del PRC, teniendo en cuenta, han señalado, “la trayectoria política de los regionalistas, que incluye promover y apoyar la Ley del Suelo que ha flexibilizado el suelo facilitando la especulación urbanística y la turistificación allí donde gobierna”.

En opinión de la formación política, el PRC parece “más preocupado de disputar los votos a Cantabristas que de hacer valer su nueva postura política entre su propia gente”. Por ello, desde Cantabristas han pedido a los regionalistas que “prediquen con el ejemplo” y apliquen la cláusula de la Ley del Suelo que faculta a los ayuntamientos a prohibir la construcción de vivienda turística en suelo rústico para frenar la masificación turística y la proliferación de segundas residencias.

“En política, no valen solo las palabras. Si de verdad sus últimas declaraciones son fruto de la reflexión y autocrítica respecto a las políticas del hormigón que han caracterizado al PRC en las últimas décadas, que actúen y comiencen a cambiar las cosas desde los ayuntamientos en los que pueden hacerlo”, han declarado desde la formación cantabrista.

Por último Cantabristas, que ha dicho mantener desde sus orígenes “un posicionamiento muy crítico hacia el monocultivo del sector turístico y la promoción de la masificación turística”, han explicado que no terminan de creerse “este nuevo PRC” y tienen “poca confianza en que estas incoherentes nuevas posturas políticas se materialicen en algo plausible”.

El Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado inicialmente esta mañana la modificación puntual del Plan General Municipal (PGM) para regular los alojamientos turísticos y sus condiciones de implantación en la ciudad. El concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, ha presentado esta modificación subrayando la “necesidad de adaptar nuestro marco urbanístico a las transformaciones reales que está experimentando la ciudad”.

“Este Gobierno ha asumido la responsabilidad de abordar esta cuestión desde una perspectiva estructural, entendiendo que el urbanismo es, ante todo, una herramienta de ordenación al servicio del interés general, la cohesión social y la calidad de vida urbana”, ha defendido el concejal.

López-Araquistáin ha destacado que la modificación puntual del PGM impulsada por el Ejecutivo es “técnicamente rigurosa y jurídicamente robusta, plenamente alineada con el marco normativo vigente”. “El objetivo es dotar a la ciudad de una normativa moderna, clara, sistemática y aplicable con seguridad jurídica”, ha apuntado.

Ha detallado que la modificación “introduce avances sustanciales”, con una “priorización del uso residencial” y “preservando el equilibrio entre la ciudad vivida y la ciudad visitada”. “La modificación forma parte de una estrategia para actualizar y modernizar el marco normativo urbanístico de Logroño, superando inercias del pasado y adaptándolo a los retos contemporáneos: el acceso a la vivienda, la sostenibilidad urbana, la convivencia y el equilibrio de usos”, ha aseverado López-Araquistáin.

“Esta modificación no es solamente necesaria, sino también proporcionada, oportuna y adaptada al interés general, que contribuye a construir una ciudad más habitable, más ordenada y mejor preparada para el futuro”, ha concluido. En concreto se modifican varios artículos de las normas urbanísticas del Plan General de Logroño el 1.2.22, 2.1.1, 2.1.27, 2.2.3, 2.2.11 y 2.2.43, lo que va a suponer:

Tras la aprobación inicial de estas modificaciones en el pleno municipal se abrirá un plazo de un mes de información pública a partir de su publicación en el BOR.

La Asociación de Vecinos de Tabarca Isla Plana ha afirmado haber iniciado los trámites para que la isla, perteneciente al municipio de Alicante, se constituya como entidad local menor y así tener mayor autonomía respecto al ayuntamiento de la localidad.

Así lo han adelantado algunos medios y lo ha confirmado la presidenta de la asociación, Carmen Martí, quien ha defendido que están “en su derecho” y ha resaltado que la noticia “ha sido una bomba entre los vecinos”.

Entre los trámites que han iniciado con los abogados de la entidad está la presentación de las firmas de los vecinos de la isla, que debe ser de la mitad más uno, mientras que ellos han conseguido que 33 de los 59 den su visto bueno. Ahora están a la espera de los siguientes pasos.

La Ley del Régimen Local de la Comunitat Valenciana recoge que las entidades locales menores son aquellos núcleos de población separados territorialmente del municipio al que pertenecen y que, teniendo características peculiares, se constituyan como tales.

De esta forma, una localidad puede llegar a tener personalidad y capacidad jurídica plena para el ejercicio de sus competencias, que podrán ser propias o delegadas.

Tabarca es un pequeño archipiélago perteneciente al municipio de Alicante y cuya isla principal se denomina Plana o Nueva Tabarca, que tiene una forma alargada de unas 30 hectáreas de extensión, en cuya parte occidental se encuentra un pequeño pueblo amurallado en el que están los en torno a 60 vecinos censados que viven allí.

La Laurel ha vuelto a convertirse este fin de semana en el epicentro del incivismo. Coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa, la masiva afluencia de turistas y, especialmente, de grupos de despedidas de soltero, ha derivado en situaciones que para el vecindario son insostenibles. El escaparate de la gastronomía riojana se ha visto empañado del “turismo de borrachera”, según denuncian vecinos y vecinas.

Han compartido, por ejemplo, una imagen de una persona orinando en plena calle, recordando que el Ayuntamiento de Logroño se comprometió a perseguir más estos hechos, incluso con policías de paisano. Y sobre todo, han mostrado como un joven se subió a un balcón de la calle Laurel mientras la multitud, desde abajo, le jaleaba e instaba a saltar. “El Magaluf del norte, ahora hasta con balconing”, denunciaba una vecina a través de redes sociales, reflejando el riesgo de que este tipo de conductas de riesgo se normalicen.

A esta escena, se suman las quejas recurrentes por ruidos, falta de higiene y civismo. Los residentes del Casco Antiguo exigen soluciones reales que protejan el descanso y las señas de identidad de una de las calles más emblemáticas de Logroño, de la que se está alejando ya la propia ciudadanía de Logroño. El debate sobre el modelo de ciudad y el modelo de turismo que quiere Logroño está más abierto que nunca.

El centro cultural y librería La Libre, en Santander, cumple 25 años este 2026. Y sus socios lo festejarán de milagro en el espacio en el que llevan instalados los últimos tres lustros, después de que los propietarios les anunciaran en diciembre de 2025 que querían venderlo. El colectivo social ha anunciado este lunes que se queda en la Rampa Sotileza, tras obtener los cerca de 150.000 euros de la compra, gracias al apoyo de “varios” socios que les han prestado “íntegramente” el dinero.

La Libre hace actividades gratuitas y no tiene empleados, solo colaboradores que dedican su tiempo de forma altruista al proyecto. Según sus cálculos, la mitad del mantenimiento del proyecto ha venido hasta ahora de las cuotas de los socios, para los que han organizado charlas y talleres, además de ser el local de varias asociaciones más. La otra mitad ha venido de la librería, especializada en política y temas sociales.

Ahora, tras firmar el contrato de arras y blindar el acuerdo de compra, en el año de su 25 aniversario, a La Libre le toca recaudar el dinero prestado: “Se vienen por delante duros meses de preparación de una campaña de crowdfunding y de recogida de donaciones directas”, señalan.

En un contexto de subidas de alquileres, precios de venta disparados y locales reconvertidos en pisos turísticos, el colectivo ha tenido poco margen para pensar desde diciembre: han buscado otros locales y las cuentas no salían, y aunque la relación con las caseras es buena, el local iba a ser vendido: había interesados en comprar.

Por eso, aunque La Libre celebra que se queda, anuncia que necesitan recaudar “con urgencia” dinero para devolver “la mayor parte del préstamo que hemos recibido en el menor tiempo posible”, han alertado en un comunicado remitido este lunes.

“Los ecos de la gentrificación tardaron en llegar a las provincias, aunque ya los oímos por aquí”, recuerdan desde La Libre, después de que hayan tenido que comprar su local, mientras que otro colectivo social de la ciudad ha sufrido cómo les doblan el alquiler y Smolny, un centro social que lleva ocho años en su local en la calle Santa Teresa de Jesús, tendrá que abandonar su sede en junio, dando paso muy probablemente a futuros apartamentos turísticos.

No hay nada como no hacer nada para que pase algo. Sin embargo, es la máxima que aplican aquellos que, de manera espuria, se presentan a puestos públicos para jugar al juego de gobernar, en lugar de gobernar de veras, que supone tomar decisiones incómodas o arriesgadas si es necesario. Lo saben bien los valencianos que, cuando se necesitaba coordinación y trabajo para mitigar los efectos de un tsunami fluvial, tuvieron a su gobierno autonómico de farra o fuera de cobertura.

Los valencianos de la ciudad se enfrentan ahora a otro desgobierno que hace temer por la seguridad, amenaza la convivencia y en el que se juega el capital político la alcaldesa de València. Acompañado, claro está, de la dosis fija de desinformación y del ya clásico sacudirse las competencias.

Las Fallas son una fiesta que se ha devorado a sí misma y que hace que la ciudad reciba cada año, durante cuatro días y en una pequeña zona de interés, el doble de la población que tiene. La receta es mucho alcohol, mucha gente, mucha pólvora y mechas por la calle, poco espacio y vías cortadas por vallas y carpas que son ratoneras. La ciudad ha aplicado una especie de estado de excepcionalidad festivo que empezó siendo cuatro días y ya va por quince.

Aun así, la fiesta se sigue promocionando desde las instituciones y se siguen poniendo trenes y buses extra para que llegue gente de toda España que no va a caber sin comprometer la convivencia. Las calles ya no son para el barrio o las personas: se han tapizado de food trucks y de casetas de mojitos para que hagan negocio empresas y agrupaciones falleras. Se autorizan verbenas en cada cruce hasta las cuatro de la mañana y, para mitigar molestias, se ponen carteles con horarios de petardos que por supuesto nadie cumple. Los bebés, los que trabajan, los enfermos, las personas autistas o los perros han de sacrificarse por una causa fallera que vive prácticamente sin reglas.

Se han bloqueado las calles de la tercera ciudad de España para que se instalen carpas de fiestas diez días antes de que empiecen oficialmente. Calles desiertas y cortadas coronadas por invernaderos blancos vacíos a la espera del bullicio. El interés de las empresas de montaje por encima de la necesidad de movilidad de 800.000 ciudadanos (de los cuales, 120.000 son falleros). El negocio hostelero muy por encima de los vecinos que viven arriba de los puestos móviles y los locales. El orgullo de ser noticia frente a la necesidad de aguar un poco la fiesta para que se aligere y sea más segura.

Las alarmas saltaron el año pasado durante una mascletà. El 15 de marzo de 2025, el 112 empezó a recibir un número de llamadas inusual desde la plaza del Ayuntamiento por riesgos de avalancha, por lipotimias y ataques de pánico. Era tal la cantidad de gente que bastaba un grito o un bulo para una estampida a la que ningún servicio de emergencia habría podido llegar. Hubo un centenar de atendidos y nueve hospitalizaciones.

La Policía y los bomberos han alertado este año de que hay demasiada gente en esa zona a las dos de la tarde y de que es un riesgo para la seguridad, porque además llegan al mismo sitio los Cercanías. La solución de la alcaldesa, María José Catalá, a tal problema estructural ha sido trasladar a Renfe que no lleguen los Cercanías a la estación que está al lado de la plaza del Ayuntamiento, como dicen dos informes policiales. Sin más.

Ante la indignación ciudadana porque los trenes iban a parar a 15 kilómetros de la ciudad –Óscar Puente no ha acabado de explicar por qué habrían de parar tan lejos– el Ayuntamiento dice que la alternativa que se dé a esos ciudadanos del área metropolitana (muchos de ellos de zona dana) no es cosa suya, sino del Ministerio de Óscar Puente. Como si la competencia de la movilidad y la solución a retos por la fiesta fuera cosa de parcelas que debiera resolver cada reino de taifa. Del ayuntamiento que gobierna la fiesta y su seguridad se espera algo más que trasladar una petición. Se espera que lidere y plantee soluciones o pida alternativas con una visión global de los problemas.

Las Fallas son una fiesta importante y querida. A menos que la inactividad política municipal siga alimentando al monstruo con la inacción, provocando enfrentamientos y agravios. Gobernar no es representar. Es limitar aforos, denegar permisos, trasladar eventos a lugares seguros. Es saber decir sí y saber decir no, asumiendo el coste político. Es saber ver que las necesidades de esta ciudad han cambiado y que la costumbre no es evidencia empírica. Es arriesgar, decidir, pilotar y tener la valentía de hacer algo más allá de observar lo que pasa hasta que pasa algo.

A Xunta vén de anunciar en Fitur hai apenas unhas semanas o futuro Camiño do litoral, o ambicioso proxecto de unir os 1.300 quilómetros da costa galega a través dun itinerario que se poderá percorrer a pé ou en bicicleta. A iniciativa non aparece acompañada polo de agora nin de medidas ambientais robustas, nin de estudos de impacto transparentes. Pero acaso alguén quere informarse sobre esas minucias nunha feira internacional de turismo? Aquilo tiña que ser unha festa, non un mitin ecoloxista. Quizais por iso, a titular de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, preferiu insistir na presentación á prensa en Madrid —onde se non?— en que “Galicia é Camiño; Galicia é litoral; Galicia é calidade”. A falta de articulación no discurso e o lema de chiringuito —de praia, pero tamén político— parecen feitos á mantenta para o ton irónico deste artigo, pero créanme, o mellor de todo isto é que non tiven que inventar nada, todo está na nota de prensa que a web oficial da Xunta ofrece sobre o acto. No mesmo texto, nin rastro da preocupación pola presión —directa ou indirecta— sobre ecosistemas fráxiles como areais, dunas, ou tramos xa degradados polos procesos erosivos. Brillan tamén pola súa ausencia as referencias á saturación dos servizos ou o posible descontento da veciñanza afectada.

Os dous millóns de euros proxectados como orzamento inicial —aínda que escasos, ninguén dubida de que a cantidade se poida ampliar tratándose de explotación turística— están pensados para o investimento directo no acondicionamento das infraestruturas. Toca a uns 1.600 euros por quilómetro. Non dá nin para medio ano de viaxes entre Santiago e A Coruña pola AP-9. Pero todo se andará. Este novo camiño sen apóstolo trae ademais baixo o brazo unha aplicación móbil: a APP Conecta litoral, que guiará ás viaxeiras e viaxeiros a través dun sendeiro que —cito textualmente— “representa a materialización de Galicia Calidade”. Fíxense que son palabras maiores. Iso non o pode dicir nin a app do Sergas.

Mais non vaian pensar que este é un camiño ideado unicamente para a xente que vén de fóra, para os turistas que xentrifican —coa axuda dos particulares e o amparo das institucións— as vilas da nosa costa e a súas cidades. Diso nada, porque por se todo o anterior non fose suficiente, o Camiño do litoral, anuncia a Xunta, servirá para “vertebrar territorio”. Lendo isto, e como rapaz do interior da Costa da Morte, imaxino que —a pé ou en bicicleta— esta nova atracción turística traerá consigo ao rural servizos básicos de sanidade, educación e transporte. Que fará que pasen máis buses de liña e que estes veñan cargados de persoal sanitario, peóns agrícolas, profesorado, xente con gana de quedar. Que reactivará a economía dos concellos menos densamente poboados. Que acabará coa soidade non desexada. Imaxino, si, que iso é o que entende a Xunta por vertebrar un país, por conectalo e dotalo de cohesión. Pero se cadra non. Que saberei eu que nunca quixen ser conselleiro de nada.

Hai exactamente un ano, a mesma Ángeles Vázquez reivindicaba Galicia como “refuxio climático natural” en Fitur para “atraer visitas en calquera época do ano”. Prometía “confort, seguridade e descanso” para os visitantes. A min, a insistencia da persoa á fronte das políticas medioambientais e contra o cambio climático da Xunta por estar nunha feira turística faime sospeitar cousas, pero non direi cales. Pola contra, preguntareime aquí se Vázquez coñece o significado exacto de “refuxio climático”. Se sabe o que é un refuxiado. Se desexa para a cidadanía galega ese status: refuxiados dentro do seu propio país, do seu territorio espoliado.

Nunca esquecerei o slogan de Feijóo nas eleccións autonómicas do 2020: Galicia, Galicia, Galicia. Así, sen máis. Tres veces. Coma quen o pronuncia ás escuras fronte ao espello do baño e despois bota a correr con medo de que se lle aparece unha rapaza morta ou o diaño. Unha lenda urbana. Que é Galicia para o Partido Popular? E o litoral para Ángeles Vázquez? Que todos vivimos dentro dunha marca —a identidade (aínda máis a colectiva) é un concepto demasiado complexo e perigoso segundo os poderes fácticos— é algo que xa asumín no caso galego e no de parte do estranxeiro. Sei que esa é unha dinámica que nos excede como pobo. Pero aínda así, non deixa de arrepiarme que Galicia sexa “calidade”. Que cada vez que Galicia é calidade, non deixe de ser conflito, desigualdade, precariedade, abandono, eucaliptos, terra queimada, parque eólico, falta de cobertura —móbil e sanitaria—, casas sen xente, xente que morre soa. Poden o decorado e a propaganda substituír a realidade? Poden anular ou silenciar as preocupación reais das persoas que habitan un lugar e o conforman? Vertebrar non é trazar unha liña azul sobre o contorno dun mapa. Deste lado nós e do outro o océano. Un lugar para ser visto e non vivido. Galicia, Galicia, Galicia. Para quen é o país que pronunciades?

El litigio entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central ha posicionado rápidamente a la patronal de los pisos turísticos, desde donde se exige parar la “criminalización” de los que “sostienen parte de la economía” y, a su vez, se requieren medidas que eviten que haya inmuebles “legales” que queden fuera de la oferta. Con esta declaración de intenciones, la asociación, que representa el 15% de las viviendas de uso turístico en la comunidad, puntualizó que la entrada en vigor del registro único ha disminuído la oferta un 14%, con un total de 21.862 viviendas menos.

En estos ocho meses, la rebaja también se ha experimentado en Sevilla, donde la cifra se sitúa en el 27% con 2.659 pisos. El podium lo completaría Marbella, donde ha habido una disminución del 19% con la baja de 2.993 inmuebles. En Granada, hay un 16% menos de pisos turísticos, que supondrían unos 620; en Málaga cayó un 14%, con 1.845 propiedades, y en la Costa del Sol se estima en torno al 15%.

Unos datos que traslada la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro), desde donde se muestra “preocupación”: “Hay un conflicto de intereses entre las exigencias de la Junta y el Gobierno”. El debate se generó a raíz de la entrada en vigor en junio de 2025 del registro único del Ejecutivo español, que tiene competencia en Vivienda. Sin embargo, se atribuía unas medidas similares que ya contemplaba el Registro de Turismo de Andalucía. Ante los requerimientos de la Comisión Europea, el Tribunal Supremo dirime a quién corresponde la responsabilidad antes de que el 20 de mayo entre en vigor la disposición europea del Reglamento sobre alquileres de corta duración.

“Reclamamos que haya una rectificación profunda del sistema que se ha realizado, porque es confuso operar entre distintas administraciones, y se está expulsando del sector a viviendas que son legales”, expresó Juan Ignacio Chaves, vicepresidente de AVVAPro y delegado en Sevilla. “Hay un muro burocrático que impide que desaparezca la oferta ilegal, porque este registro es solo obligatorio para la vivienda de uso turístico, que no para los apartamentos turísticos”, criticó, “decir que hay 23.000 viviendas ilegales porque no tienen un número de registro no es veraz”.

“Arbitrio del Colegio de Registradores”

Al respecto, justificó que para obtener el código hay varias dificultades, entre ellas, la duplicidad de la documentación entre administraciones que podría provocar más conflictos judiciales, así como el requerimiento de la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad —una medida voluntaria que, a su juicio, entienden que se disponga para que haya menos opacidad en el parque inmobiliario—. Además, subrayaron que hay negocios que no solicitan este código dado que, aunque se están explotando, no desean publicitarse en Airbnb o Booking. Si bien tacharon la cifra de irreal, la plataforma desconoce en la actualidad cuál sería el número de viviendas ilegales.

“Estamos contentos de que se vigilen las publicaciones en las plataformas, pero lo deja al arbitrio del Colegio de Registradores, que funcionan como policías y dejan dudas de interpretación”, rechazó Chaves. Desde la asociación, manifestaron que el funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía era suficiente, ya que funciona desde el año 2010 como garantía para el sector, aunque solicitaron modificaciones en la Ley de Turismo Sostenible de Andalucía que prepara el Gobierno de Juanma Moreno, como que se adecúe el número de plazas turísticas por área geográfica, “no es lo mismo tener 16 personas en una vivienda en el centro de Sevilla a que sea en una casa rural”.

Otro dardo que lanzan a la Junta de Andalucía es el relativo a las multas de 600.000 euros que contempla la nueva normativa. “Estamos de acuerdo en que haya una persecución de la clandestinidad, pero tiene que haber una proporcionalidad: no es lo mismo multar con esa cantidad un macrocomplejo que a una casa”, zanjó el responsable de AVVAPro. En plena crisis habitacional, la plataforma se mostró como un actor dialogante, definiéndose como un activo importante y cada vez más profesionalizado del sector turístico, “complementamos a la oferta hotelera, y se resuelve una demanda de los visitantes, sobre todo las familias, dando actividad a los barrios”.

Sevilla, la presión turística en la periferia

La capital hispalense, en manos del gobierno del PP con la colaboración de Vox, legisló en octubre de 2024 para limitar la tramitación de nuevas licencias para pisos turísticos. El tope por cada barrio es del 10%, un escenario que venía a intentar frenar la presión inmobiliaria en el casco histórico, donde ya se consideran saturados al estar por encima del porcentaje Santa Cruz, Arenal, Afalfa, San Bartolomé, Feria, Encarnación-Regina, así como San Lorenzo, San Vicente y el centro de Triana. Teniendo en cuenta que en la actualidad hay 9.650 disponibles, de los que alrededor de 6.000 están operativos, adelantó la asociación, quedaría margen para dar permisos a otros 22.750.

“Hay zonas donde la vivienda turística ha ejercido presión, motivo por el que se han establecido reglas más estrictas. En un momento dado, era oportuno para dar respuesta a la vorágine de creación de pisos turísticos, pero en otros barrios de la ciudad mantiene vivo el comercio y, además, la vivienda de uso turístico reparte dinero entre los propios sevillanos, y no se va a grandes empresas ni fondos”, apostilló Juan del Toro, vocal de AVVAPro en Sevilla. “Sentimos responsabilidad por lo que pasa en la ciudad”, indicó, aunque creen que se “destruye vivienda” ante las exigencias urbanísticas del Ayuntamiento de Sevilla.

La presión se está trasladadno hacia los barrios periféricos, por ejemplo, hacia los exteriores de la calle Ronda se detecta más actividad, “pero no en la misma proporción como en el centro antes de la regulación”. Aunque la actividad turística transforme el callejero sevillano, estiman que no se alcanzará el máximo permitido de pisos turísticos debido a que la demanda de los visitantes se sitúa en el casco histórico. “No tiene sentido llegar al máximo del 10% en Pino Montano, donde ya hay 48 viviendas de uso turístico, y aunque la normativa lo permitirá, creemos que no será así”, zanjó.

“Bajar los precios” por el impacto de Adamuz

Un mes después del accidente ferroviario de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas, las condolencias se transforman en estimaciones por el impacto económico en el sector turístico. Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, el vocal de AVVAPro mostró su “preocupación” por el hecho de que las reservas han caído entre un 20 y 30% en los pisos turísticos: “Hemos tenido que bajar precios para evitar las cancelaciones”.

El parón en la circulación en el eje Madrid-Sevilla ha afectado a la ganancia de estos negocios, para lo que piden que “se restituya la confianza y la seguridad en el turista”. El reajuste de precios también ha estado apuntalado por el número de cancelaciones que, estimó, varían entre un 8 y 10%. El año pasado, la capital hispalense recibió 1,02 millones de visitantes y tan solo en ocupación hotelera llegó al 84%. En las principales plataformas, quedan anuncios que oscilan con costos entre los 1.000 y 1.5000 euros.