El empresario David Marjaliza, considerado uno de los cabecillas de la trama corrupta Púnica, ha pedido a la Audiencia Nacional que rebaje la condena de más de ocho años de cárcel impuesta en la primera gran sentencia del caso. Marjaliza recuerda que lleva diez años reconociendo sus delitos y colaborando con los investigadores para ahora encontrarse con que los jueces le imponen penas mucho más altas que las que él pactó con la Fiscalía. La solución, explica su letrado, pasa por rebajar en dos grados las condenas de todos sus delitos y no solo de unos pocos.

David Marjaliza fue uno de los primeros detenidos en el estallido de la operación Púnica en octubre de 2014. Su nombre, desconocido entonces para el gran público, surgió junto con el de Francisco Granados y una decena de alcaldes detenidos y enviados a prisión provisional por formar parte de un entramado corrupto. Poco más de un año después, el empresario radicado en Pinto cambió de estrategia legal: empezó a colaborar con la Audiencia Nacional y sus confesiones han sido clave tanto en la investigación como en juicios como el del chivatazo que casi da al traste con la causa.

El empresario compareció en el juicio a la ramificación principal de la trama –el botín que consiguió Marjaliza de la mano de la empresa Cofely con los contratos de eficiencia energética de media docena de municipios de Madrid– con una confesión y un acuerdo con la Fiscalía debajo del brazo. Pero la sentencia final le ha impuesto una condena en torno al doble de la pactada con el Ministerio Público: ocho años y dos meses de prisión.

En un escrito presentado en la Audiencia Nacional, su abogado José Antonio Choclán apunta a un “error material manifiesto” del tribunal a la hora de imponerle esa condena por un rosario de delitos relacionados con la corrupción. Por un lado, por no rebajar en dos grados muchas de sus condenas atendiendo a su “especial contribución” para llegar con éxito a juicio a través de sus confesiones, y por otro por haber juntado muchos delitos que debían haberse penado por separado.

Para Marjaliza, que ya pasó más de un año en prisión provisional desde su detención y hasta finales de 2015, la cuenta es relevante. Muchas cosas cambian para un condenado en función de si cada uno de sus delitos, de forma individual, es penado con más o menos de dos años de cárcel. “Tiene trascendencia a los efectos de la remisión condicional de la pena”, explica el propio Marjaliza en su escrito. Con su secretaria, también condenada, la cuenta sí se ha hecho correctamente.

La sentencia de la que ahora se queja el empresario declaró probado que Marjaliza se alió con empleados y directivos de Cofely, filial española del gigante gasístico francés GDF-Suez, para hacer frente a la crisis económica y obtener un botín de cientos de millones de euros en ayuntamientos madrileños: los contratos para gestionar la eficiencia energética de algunos de los municipios más grandes de la región. Contratos que, según han reconocido ellos mismos, conseguían gracias a sus contactos corruptos en los ayuntamientos y con adjudicaciones millonarias a 15 años vista.

El nuevo año judicial será decisivo para varios exministros y altos cargos vinculados al PP y al PSOE que afrontan resoluciones y juicios inminentes que pueden acabar con penas de cárcel. El Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre los recursos presentados por antiguos responsables políticos, mientras se enjuiciarán causas por corrupción que abarcan desde el uso irregular de dinero público hasta tramas de espionaje y tráfico de influencias. 

Para los primeros meses de 2026 está previsto el juicio contra el exministro socialista José Luis Ábalos, quien fuera su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama en la parte de la causa centrada en los contratos de mascarillas de la pandemia adjudicados a dedo por el ministerio de Transportes. Los dos primeros, que están en prisión provisional desde el pasado noviembre, se enfrentan a condenas de hasta treinta años de cárcel. 

Aunque está fuera del Gobierno desde 2021 y fue expulsado del PSOE el pasado junio, Ábalos fue una figura clave en el ascenso de Pedro Sánchez: ministro, secretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza del presidente del Gobierno. Fue él quien defendió en el Congreso la moción de censura que logró sacar al PP de Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa en 2018 precisamente con un discurso basado en la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. 

Su imagen en el banquillo acusado de favorecer al comisionista Aldama a cambio de mordidas y otras prebendas será un duro golpe para el Gobierno, que tendrá que afrontar las sesiones del juicio mientras salen a la luz nuevas revelaciones de la otra parte de la causa, la centrada en el presunto amaño en las adjudicaciones de obra pública y en la que está investigado también Santos Cerdán, quien sustituyó a Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE y que pasó casi cinco meses en prisión preventiva. 

Ábalos está en la misma situación desde el pasado noviembre. Tras el juicio, lo previsible es que en verano llegue la condena, que será firme al ser del Tribunal Supremo, lo que augura que pasará mucho tiempo en prisión a la espera del avance del resto de procedimientos que tiene abiertos. En esta vista se sustanciará su relación con el empresario Aldama, el “nexo corruptor”, según la Guardia Civil, a cambio de comisiones, y se analizarán los contratos de mascarillas que dos entes dependientes de su departamento —Adif y Puertos del Estado— también adjudicaron a la empresa de la trama junto a la contratación de una de sus supuestas exparejas en empresas públicas. 

Vuelve la guerra sucia del PP

Más de una década ha tenido que transcurrir para que se juzguen otros hechos que, sin embargo, devuelven a la actualidad uno de los episodios más oscuros de la democracia reciente. En abril comenzará la vista oral por Kitchen, la operación orquestada desde el Gobierno de Mariano Rajoy para sabotear el caso de corrupción más grave en la historia del Partido Popular, el de su financiación irregular o caja B. 

En el banquillo se sentarán los mandos policiales que integraron la brigada política que orquestó el PP cuando llegó al Gobierno en 2012 para atacar primero a los independentistas catalanes y luego a Podemos. Entre medias, todos ellos participaron presuntamente en una maniobra para hacer desaparecer las pruebas que guardara el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y que pudieran incriminar al partido y sus dirigentes en la causa abierta por financiación ilegal. 

Las mayores penas de cárcel que solicita la Fiscalía Anticorrupción son para el ex jefe operativo de esos policías, el comisario Eugenio Pino, y para los máximos responsables políticos del Ministerio del Interior, su titular, Jorge Fernández Díaz, y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Para los tres, Anticorrupción solicita 15 años de cárcel. La última vez que un ministro del Interior se sentó en el banquillo fue por el terrorismo de Estado de los GAL durante el Gobierno de Felipe González. Como entonces, ahora también los supuestos delitos de la Operación Kitchen se sufragaron con dinero público de los fondos reservados. 

La vista comenzará el 6 de abril y se extenderá hasta finales de mayo. Comparecerán como testigos el expresidente Rajoy y sus segundas en el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y en el partido, María Dolores de Cospedal, para quien el actual juez del caso deberá decidir próximamente si cambia su situación a imputada a la vista de nuevas revelaciones y una solicitud del PSOE. Entre los policías juzgados estarán el excomisario Villarejo, el ex chófer de Bárcenas Sergio Ríos y José Luis Olivera, de actualidad reciente por su participación en el montaje contra Miguel Urbán y Podemos. 

La corrupción del PP de Madrid, 12 años después

A hechos aún más antiguos alude la pieza ‘Waiter Music’ del caso Púnica que sentará en el banquillo a partir del 19 de enero al ex secretario general del PP en la Comunidad de Madrid y antiguo consejero de Justicia Francisco Granados. La macrocausa de corrupción contra el PP madrileño de Esperanza Aguirre cumplió en octubre 11 años desde que se produjeran las primeras detenciones y aún restan varios juicios por celebrarse. 

La Fiscalía Anticorrupción pide este caso para Granados seis años de cárcel por dos delitos de fraude en la contratación y otros tantos de prevaricación. El que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre ya fue condenado a dos años de cárcel en otra pieza del caso, por el chivatazo de un guardia civil cuando estaba siendo investigado. Granados habría maniobrado para que varios ayuntamientos del PP y un ente regional contrataran en las fiestas de las localidades a Waiter Music, la empresa de su amigo José Luis Huerta que no será juzgado porque falleció en 2020. 

Junto a Granados se sentarán en el banquillo el ex senador y antiguo diputado regional David Erguido, que también ejerció como asesor de Esperanza Aguirre, y once personas más, entre ellas, seis alcaldes del Partido Popular cuando el poder de la formación en la región madrileña ya era omnímodo. Se trata de los exalcaldes de Valdemoro José Carlos Boza y José Miguel Moreno; los antiguos regidores de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz; la exalcaldesa de Ciempozuelos María Ángeles Herrera, y el de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada. 

Los antiguos alcaldes se enfrentan a peticiones de dos años de cárcel o simplemente de inhabilitación por parte de Anticorrupción. Sin embargo, la acusación popular, que ejerce Adade, solicita penas de entre 13 y 27 años de cárcel para algunos. 

El hermano de Sánchez, en el banquillo

Como ocurre con la agilidad en el Tribunal Supremo a la hora de juzgar a Ábalos el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez no se dilatará tanto tiempo en la Audiencia Provincial de Badajoz. Se sentarán en el banquillo 11 personas después de que la instructora del caso concluyera que la Diputación de Badajoz creó la plaza de responsable de los conservatorios para que la ocupara David Sánchez y que este se presentó al proceso de selección y a la entrevista “para simular la legalidad formal del procedimiento”.

El candidato socialista a la Junta de Extremadura en las últimas elecciones, José Miguel Gallardo, concurrió procesado porque la jueza Beatriz Biedma concluyó que resulta “inverosímil” que, como presidente de la Diputación, no supiera que el fin de la creación del puesto era que recayera en el hermano de Pedro Sánchez, ya que se conocía “de forma generalizada”. También le acusaba de haber participado “directamente” en los hechos al tener la competencia para el nombramiento. Gallardo ha dimitido de su puesto de secretario general del PSOE extremeño después de haber cosechado el peor resultado de la historia en la comunidad autónoma. 

Una denuncia de Manos Limpias que incluía informaciones falsas originó el procedimiento. El pseudosindicato ultra pide 3 años de cárcel para David Sánchez por delitos continuados de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal. La Fiscalía dice que el auto de procesamiento de la jueza está plagado de “conjeturas” y solicita la absolución para todos los acusados. 

Los ministros de Aznar

En los próximos meses dos pesos pesados del Gobierno de José María Aznar se juegan su entrada en prisión. El Tribunal Supremo decidirá sobre los recursos a la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid contra Rodrigo Rato en el caso de su fortuna personal. El tribunal condenó al exvicepresidente del Gobierno a 4 años y 9 meses de prisión por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, por ocultar patrimonio en el extranjero. El Supremo ya confirmó la condena a cuatro años y medio de cárcel contra Rato por las 'tarjetas black', causa por la que ya cumplió su pena de prisión. 

Por su parte, Eduardo Zaplana se enfrenta a cumplir diez años y cinco meses de cárcel por los delitos a los que le condenó la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia: prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. El tribunal también le impuso una multa superior a los 25 millones de euros como responsable del cobro de sobornos entre 1997 y 2000, cuando ocupaba el puesto de presidente autonómico en una trama de adjudicación de las estaciones de servicio de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV). Zaplana, al que controvertidos informes médicos sobre su estado de salud le evitaron la prisión en el pasado, podría ingresar en la cárcel si el Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial.

Diversas tramas de corrupción colonizaron administraciones madrileñas gobernadas por el PP entre 2004 y 2015. Este periodo de pillaje institucional, en parte ya juzgado y condenado, se corresponde con el de la hegemonía casi absoluta del partido en la Comunidad de Madrid, donde gobernó en solitario con mayoría absoluta, así como en más de 100 municipios de la región. Redes empresariales delictivas sobornaron en ese tiempo a decenas de dirigentes públicos del PP para lucrarse mediante el amaño de contratos.

Una de esas tramas delictivas se enriqueció a costa de las fiestas patronales de grandes municipios gobernados por el PP y también gracias a eventos organizados por la Comunidad de Madrid para publicitar sus obras públicas durante el mandato de Esperanza Aguirre.

La Audiencia Nacional celebra del 19 de enero al 21 de marzo próximos el juicio por el caso Waiter Music –pieza separada del caso Púnica– que investiga decenas de contratos amañados entre 2004 y 2015 a favor de una empresa especializada en organización de eventos y festejos. Las irregularidades detectadas en, al menos, cinco municipios madrileños gobernados por el PP (Valdemoro, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio, Móstoles y Algete) así como en empresas dependientes de la Comunidad de Madrid (Metro, Arpegio, Pamam...) sentará en el banquillo a 14 personas, entre ellos media docena de alcaldes y al exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de cárcel para Granados, y entre dos y cinco años para el resto de exalcaldes procesados.  

La sociedad Waiter Music se dedicaba a “la explotación de todo tipo de actividades relacionadas con la hostelería, actividades artísticas y del espectáculo y en especial las de promoción y organización de espectáculos”. Su actividad comercial consistió fundamentalmente en negociar con administraciones públicas y lograr contratos para organizar las fiestas patronales de los municipios. José Luis Huerta, dueño de Waiter Music –ya fallecido–, consiguió muy pronto contratos para organizar festejos en Valdemoro, Móstoles, San Martín de la Vega, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco, Moraleja de Enmedio, Humanes de Madrid y otros municipios con los que facturaba varios millones de euros cada año.

Además, Waiter Music trabajó para empresas constructoras (FCC, Acciona, Ferrovial Dragados, Sacyr y OHL) en eventos vinculados a la Comunidad de Madrid para festejar el comienzo o la finalización de obras de ampliación de Metro de Madrid. La investigación judicial resume así estos hechos: “Con ocasión de la concesión de grandes obras públicas vinculadas a las adjudicaciones de los trabajos de ampliación de las líneas 3 y 7 de Metro de Madrid, por parte de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid importantes empresas constructoras de obra civil, se ideó el plan para que, con cargo a estas y fuera de cualquier tipo de expediente de contratación, se ejecutasen unos actos festivos con ocasión, tanto del inicio como del final de las obras. En tales festejos, era la propia administración la que elegía a los contratistas que llevarían a cabo los festejos, si bien posteriormente, los mismos eran abonados por las empresas adjudicatarias”. 

El auto de procesamiento señala que muchos de los contratos adjudicados en este tiempo se amañaron por parte de los gobiernos locales a favor de José Luis Huerta y su empresa Waiter Music u otras firmas vinculadas a la misma. El empresario también se encargó en algunos casos de organizar de manera gratuita eventos privados del PP en estos municipios a cambio de la adjudicación de los contratos de las fiestas patronales. “Se trataba de una empresa [Waiter Music] que, por una parte, realizaba los festejos de conformidad y, por otra y muy importante, proporcionaba unos servicios extras a requerimiento de los políticos, bien en extras decididos al momento de las fiestas, bien prestando servicios privados para actos del PP municipal, bien para alguno de sus miembros que no eran nunca facturados”, señala el auto de procesamiento. “José Luís Huerta realizaba tales encargos para seguir contando con el favor de los diferentes políticos municipales en la adjudicación de festejos, asumiendo el coste de algunos directamente y, en otros casos, presentando facturas por un importe mayor al propio del beneficio mercantil del coste de los actos”.

El principal acusado en esta causa es Francisco Granados, exalcalde de Valdemoro, exconsejero autonómico y mano derecha de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid, donde ejerció durante siete años (2004 a 2011) como secretario general. El auto de procesamiento atribuye a Granados ser el intermediario entre los alcaldes y el empresario que lograba los contratos para organizar festejos, y también de procurar a Waiter Music contratos de la Comunidad de Madrid, donde ejerció como consejero de Transportes, de Presidencia y de Justicia. “Granados fue el que introdujo a José Luis Huerta en sus relaciones con el Ayuntamiento a través de su amigo, y concejal en el mismo, José Carlos Boza. Entendemos que sin su apoyo y colaboración 'desde atrás' José Luis Huerta no habría tenido el acceso que tuvo a la contratación fiel con el Ayuntamiento de Ciempozuelos, lo que se tradujo, entre otras cosas, a abonar 'regalos'”, señala el auto judicial.

Junto a Granados, la Audiencia Nacional juzgará también a quien fue senador, diputado regional, y concejal en Algete, David Erguido, asesor durante un tiempo de la entonces presidenta Esperanza Aguirre, además de seis exalcaldes del PP en Valdemoro, José Carlos Boza y José Miguel Moareno; Móstoles, Esteban Parro y Daniel Ortiz; Ciempozuelos, María Ángeles Herrera, y Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada. 

El estallido de la operación Púnica en 2014 desató un terremoto judicial y político en Madrid con pocos precedentes y de difícil imitación. Francisco Granados, uno de los hombres fuertes de los gobiernos de Esperanza Aguirre, fue enviado a prisión provisional mientras la Guardia Civil detenía a media docena de alcaldes y la Audiencia Nacional descubría que la corrupción había evolucionado desde la trama Gürtel y había cambiado el ladrillo por la eficiencia energética. La sentencia del caso, once años después de la operación, deja 28 personas condenadas por amañar contratos de eficiencia energética para la filial española de GDF Suez en siete municipios madrileños con un botín de 233 millones de euros.

La Guardia Civil y el juez Eloy Velasco pusieron en marcha la operación el 27 de octubre de 2014. Fue un poco antes de lo previsto porque uno de los agentes había dado un chivatazo y los investigados ya sabían que la Audiencia Nacional les pisaba los talones. A la cabeza de la lista de medio centenar de investigados se situaba Granados, que medio año antes había dejado su acta de senador por el PP tras conocerse que había tenido una cuenta en Suiza. En el papel de empresario corruptor desconocido para el gran público estaba David Marjaliza y, por detrás, los alcaldes de municipios como Valdemoro, Parla o Móstoles y directivos de la empresa Cofely.

La operación, una de las últimas macrocausas de corrupción política, fue bautizada como 'Púnica' en honor a Francisco Granados: el árbol del granado es 'púnica granatum' en latín. La Audiencia Nacional sospechaba que el antiguo hombre fuerte de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid había aprovechado su puesto para tejer una red de contactos, favores y sobornos de la mano del empresario Marjaliza y con ramificaciones en León, Murcia y Alicante. Tan solo cinco años después del estallido del caso Gürtel, la política madrileña en general y Aguirre en particular veían cómo la Guardia Civil y los tribunales desvelaban otra trama de corrupción que anidaba con impunidad, otra vez, en las arcas municipales.

El operativo policial fue un shock con pocos precedentes en la política madrileña. Varios alcaldes fueron enviados a prisión provisional y no todos, aunque sí la gran mayoría, eran del Partido Popular. Tomás Gómez, entonces líder del PSOE madrileño, compareció cariacontecido en la Asamblea de Madrid y se declaró “desolado” por la detención de José María Fraile, su amigo y sucesor como alcalde de Parla. Aguirre –presidenta regional cuando ocurrieron la mayor parte de los hechos, pero fuera del cargo desde 2012– compareció para pedir perdón por haber confiado en Granados. Solo tres años después de tener que disculparse por la corrupción del caso Gürtel. Y a medio año de las siguientes elecciones municipales y autonómicas.

La sentencia dictada este final de año por la Audiencia Nacional revela que la corrupción mutó en Madrid para adaptarse a las circunstancias pero sin perder de vista el botín de las arcas públicas. Según describen los jueces, la crisis económica plenamente asentada en España en 2012 abrió una nueva oportunidad de negocio para los corruptos: la eficiencia energética de los municipios, grandes y pequeños. Contratos millonarios a 15 años vista en algunas de las ciudades más grandes del país para revisar y mejorar el alumbrado y encargarse de su mantenimiento. Cofely, filial española del gigante gasístico francés GDF Suez, se lanzó a por el botín municipal mientras su negocio se desplomaba.

La fórmula del éxito tuvo una pata fundamental: contratar a varios antiguos directivos y comerciales de Dalkia, empresa de la competencia. Y a través de ellos llegaron a David Marjaliza, constructor de la zona sur de Madrid que tenía una “red de contactos e influencias” en muchos ayuntamientos. El “conseguidor” perfecto para hacerse con la eficiencia energética de los municipios del PP, el partido con el que estaba mejor conectado, pero también del PSOE o gobernados por independientes.

Para cuando el caso llegó a juicio en 2025 –11 años después de la operación de la Guardia Civil– hasta 13 de los acusados habían optado por reconocer los hechos y devolver una parte del dinero a cambio de un acuerdo con la Fiscalía que evitara o minimizara su tiempo en prisión. El primero fue el propio David Marjaliza, que ya en 2015 optó por colaborar con la Audiencia Nacional y apuntar con el dedo a todo aquel que hubiera jugado un papel protagonista o secundario en la trama. Le siguieron los directivos de Cofely, la empresa adjudicataria corruptora, y algunos alcaldes y concejales imputados. Un escenario que dejaba poco margen para algo que no fuera una condena.

Un botín de 233 millones de euros

La sentencia de más de 600 páginas describe cómo este entramado corrupto se sentó en las mesas de contratación de distintos ayuntamientos para redactar de forma casi directa los pliegos de los contratos de eficiencia energética de municipios como Móstoles (205.000 habitantes), Parla (125.000), Valdemoro (72.500) o Collado Villalba (30.500), y otros más pequeños como Moraleja de Enmedio, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle. Los detalles de las adjudicaciones pasaban previamente por manos de los directivos de Cofely para evitar sorpresas y quedaban selladas con las comisiones que Marjaliza y sus socios pactaban con los alcaldes.

En Collado Villalba (PP), por ejemplo, se pactó o prometió una comisión de 171.000 euros en efectivo. En Móstoles (PP) de 240.000 euros y en Parla (PSOE) de 500.000 euros. En Serranillos del Valle, unos 25.000 euros. El botín, según la sentencia, era infinitamente mayor. Si la operación no hubiera estallado y los contratos hubieran durado los 15 años que se habían establecido, Cofely habría obtenido un total de 232,9 millones de euros en adjudicaciones públicas por controlar la eficiencia energética de estos municipios. El plan, a pesar del cambio de nicho de mercado, era similar al de la Gürtel: pagar comisiones en efectivo o facturar sobrecostes de forma ficticia a través de empresas de la trama.

La sentencia deja 28 personas condenadas con el foco en la empresa corrupta Cofely. Algunos de sus directivos, que estuvieron en primera fila en el amaño de contratos, han recibido penas de hasta casi siete años de cárcel por hasta seis delitos relacionados con la corrupción. La propia empresa es condenada a pagar multas que suman 3,5 millones de euros porque sus empleados no encontraron “ninguna traba” interna para evitar que, incluso, tuvieran un departamento en la compañía para planificar los sobornos y amaños.

Los jueces también sentencian a seis alcaldes a penas que, en caso de ser declaradas firmes, supondrán su entrada obligatoria en prisión. Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio) y Agustín Juárez (Collado Villalba) son condenados a cuatro años y medio de prisión. Daniel Ortiz (Móstoles) y Antonio Sánchez (Serranillos) a tres años de prisión. José María Fraile (Parla) a dos años y cuatro meses. Gonzalo Cubas (Torrejón de Velasco) a tres años de inhabilitación. Y David Marjaliza, el hombre que lleva diez años cantando en la Audiencia Nacional, a ocho años y dos meses de presidio. Todo con las atenuantes clásicas de los casos de corrupción que se eternizan en este tribunal: dilaciones indebidas, confesión tardía y reparación del daño.

No todos los alcaldes acusados han sido finalmente condenados y no todos los contratos bajo sospecha han podido demostrarse corruptos. José García (Almendralejo) y José Carlos Boza (Valdemoro) han sido absueltos por falta de pruebas, y tampoco ha podido probarse que la adjudicación que Cofely consiguió en Alcalá de Henares por casi 14 millones de euros respondiera a un plan criminal. En el caso de Valdemoro, epicentro de otras piezas de la trama por haber sido el feudo de Francisco Granados en su época de vecino y alcalde, el condenado por las irregularidades es José Luis Navarro, entonces arquitecto municipal.

Una trama que sacudió Madrid

La sentencia no refleja cómo la política madrileña convulsionó hasta la raíz ese octubre de 2014. Quedaba poco más de medio año para las elecciones municipales y autonómicas y algunos de los alcaldes detenidos habían sido presentados como candidatos solo unos días antes por sus respectivos partidos. El Partido Popular se encontraba sumido en una crisis de liderazgo con un Ignacio González buscando la salida de emergencia y con Cristina Cifuentes, entonces delegada del Gobierno, abriéndose paso como potencial candidata de renovación mientras los partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, se preparaban para cambiar para siempre el tablero político.

Casi todos los municipios salpicados por la trama corrupta, entonces bajo una investigación incipiente, experimentaron un vuelco electoral en mayo de 2015. En Móstoles el PP perdió la mayoría absoluta y pasó a gobernar el PSOE. En Valdemoro, plaza histórica del PP, los de Aguirre se desplomaron y la alcaldía pasó a manos de Ciudadanos. En Parla, donde Tomás Gómez llegó a ser el alcalde más votado de España, ganó un Partido Popular que solo consiguió retener por los pelos el bastón de mando en Collado Villalba. En la ciudad de Madrid, Esperanza Aguirre fue relegada a la oposición y Cristina Cifuentes necesitó a Ciudadanos para ser presidenta regional.

La presencia de la Púnica en esa etapa de la política madrileña llegó al punto de vivir imputaciones en directo en la Asamblea de Madrid. El PP de Cifuentes, entonces con una lista que había elaborado el partido que controlaba Aguirre, vio cómo los informes policiales del caso apuntaban a varios diputados que habían sido alcaldes en legislaturas anteriores. Daniel Ortiz, hoy condenado a tres años de prisión, tuvo que dejar su escaño en Vallecas cuando las acusaciones se posaron directamente sobre él. “Muchas gracias por el aplauso, entiendo que están respetando la presunción de inocencia”, dijo mes y medio antes de ser imputado mientras la bancada de Podemos le aplaudía con ironía.

La trama Púnica, sucesora de Gürtel y antecesora de Lezo, todavía tiene mucho recorrido por delante. Tanto por los recursos que se presenten contra esta sentencia como por todos los juicios que aún están por celebrar. La investigación, tras pasar por manos del juez Eloy Velasco, terminó en la mesa del juez Manuel García Castellón, con resultados dispares. Francisco Granados, que hasta 2011 fue consejero de Presidencia con Esperanza Aguirre, está pendiente de juicio junto con 42 personas más por la adjudicación ilegal de suelo público y obras del Metro de Madrid a través de empresas regionales.

También va camino del banquillo la pieza el caso que investigó las cuentas del Partido Popular de Esperanza Aguirre y la financiación de la campaña electoral de 2011 que la encumbró como dueña y señora de la mayoría absoluta en Madrid. La Audiencia Nacional juzgará a Granados y al entonces gerente del partido, Beltrán Gutiérrez, junto con varias personas más como posibles responsables de una 'caja B' en el seno del PP madrileño. Pero no a Esperanza Aguirre: García Castellón, de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, negó durante la instrucción que ella “tuviera conocimiento” de cómo la trama financió irregularmente sus campañas o desvió dinero público para promocionar su imagen.

No todo en la Púnica han sido imputaciones, autos de procesamiento y aperturas de juicio oral. La investigación sobre el desvío de fondos públicos para fomentar la reputación on line de políticos del PP quedó archivada diez años después del estallido de la causa. Y el proceso que acaba de terminar en condena vio cómo 30 personas estuvieron imputadas durante siete años antes de quedarse fuera. El reguero de juicios sobre esta trama que afecta, sobre todo, al Partido Popular de Madrid, seguirá aumentando durante los próximos años y se solapará con los de otras piezas separadas del caso Lezo, ese en torno a Ignacio González, el sucesor de Esperanza Aguirre.

El exalcalde de Almendralejo (Badajoz) José García Lobato ha afirmado este martes que su absolución en la trama de corrupción Púnica le ha devuelto la “tranquilidad” tras 11 años “muy duros”, aunque ha subrayado que la sentencia ni repara ni borra el daño personal y político sufrido durante todo este tiempo.

García Lobato, absuelto por la Audiencia Nacional, ha reconocido que el proceso judicial marcó de forma decisiva su trayectoria pública, en la que pasó de la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Almendralejo a perder las elecciones de su ciudad, donde asegura haberse sentido durante años “juzgado previamente”.

Según ha destacado en declaraciones a EFE, su inclusión en la macrocausa se construyó “buscando analogías con otros ayuntamientos, en cuanto a posibles cosas que podrían haber pasado”, pese a que en su caso no se produjeron hechos delictivos a diferencia de otros municipios, ya que la sentencia de más 600 páginas condena a 29 personas.

A su juicio, el tiempo transcurrido hace imposible revertir muchas situaciones vividas, tanto en el ámbito personal como profesional, y ha admitido que no espera disculpas de quienes le criticaron duramente porque “eran conscientes de lo que estaban haciendo”.

El exregidor popular ha defendido que su decisión de apartarse de la primera línea política en 2023 fue un “acto de responsabilidad” para no perjudicar a su partido, aunque siempre contó con respaldo interno. En este sentido, ha destacado la llamada recibida este lunes por parte de la presidenta regional, María Guardiola, que le trasladó su enhorabuena tras conocerse la sentencia, un gesto que ha valorado especialmente.

García Lobato no se plantea un regreso a la vida política en un papel protagonista, aunque ha señalado que queda a disposición del Partido Popular para colaborar y aportar con su experiencia “desde donde sea útil”, recalcando que hoy entiende que ya no es “un elemento negativo para nadie”.

Por su parte, su abogado, Juan María Calero, ha calificado la sentencia de “justa en el resultado, pero absolutamente injusta en la demora”, al considerar desproporcionados los once años de procedimiento. Según ha señalado, su defendido ha quedado absuelto, pero “con la pena ya cumplida”, en alusión al desgaste personal, familiar y profesional acumulado durante más de una década.

El letrado ha defendido que García Lobato es “un hombre honesto” y que así lo deja claro la resolución judicial, al descartar cualquier participación en prácticas corruptas o en la recepción de dádivas. Ha subrayado además que no existieron pruebas incriminatorias ni reproche penal o administrativo alguno, y que la causa se sostuvo durante años sin base suficiente, lo que ha tenido “daños colaterales irreparables”.

Aunque el fallo no es firme y puede ser recurrido, la defensa considera que la sentencia deja plenamente acreditada la actuación correcta del exalcalde, que afronta ahora esta etapa con alivio judicial, pero con la convicción de que “el daño causado no se puede borrar”. 

 La Audiencia Nacional ha condenado a 29 personas, seis de ellas exalcaldes de la Comunidad de Madrid, por delitos de corrupción cometidos mediante adjudicaciones de contratos millonarios a la empresa Cofely a cambio de comisiones y dádivas entre 2012 y 2014 en la denominada trama Púnica. La principal condena ha recaído en David Marjaliza, el corruptor de esta trama y antiguo socio de Francisco Granados —que no ha sido juzgado en esta pieza—, al que se le han impuesto ocho años y dos meses de prisión.

La Audiencia ha condenado a penas de prisión al exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz Espejo, al de Collado Villalba Agustín Juárez, al de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada, todos del PP; al de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández, de un partido independiente, además de al socialista José María Fraile, exregidor de Parla.

Asimismo, condena a prisión a los hermanos Alejandro y Mario Utrilla, el primero exconcejal de Medio Ambiente de Móstoles y el segundo exdiputado regional del PP y exalcalde de Sevilla La Nueva.

Para el regidor de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas, del PP, la pena es de inhabilitación especial, en tanto que han sido absueltos los de Almendralejo (Badajoz) José García Lobato y de Valdemoro, José Carlos Boza, del mismo partido.

El Gobierno de PP y Vox en Guadalajara estudiará el inicio de acciones judiciales tras las acusaciones de ayer por el concejal del PSOE, Juan Flores, en las que denunciaba que estaba incurriendo en “sobrecostes injustificados” relacionados con los nuevos encierros de las Ferias y Fiestas, “con vinculación a empresas implicadas en la 'Púnica', una de las tramas de corrupción del Partido Popular”.

El concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para anunciar que se ha puesto esa posibilidad en manos de los servicios jurídicos y además ha solicitado una “rectificación urgente” y en caso de no hacerlo reclama su dimisión inmediata, según recoge Europa Press.

El edil ha comparecido ante los periodistas para refutar categóricamente estas acusaciones, presentando documentación que, según él, acredita un proceso de licitación pública y abierta para todos los contratos.

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Guadalajara ha negado rotundamente las acusaciones, afirmando que todos los contratos se ajustan a la normativa y se han realizado a través de procedimientos de licitación pública y abierta, donde cualquier tipo de empresa que reuniera las condiciones de los pliegos podía presentar sus ofertas.

“Es completamente falso y mentira que los contratos se hayan adjudicado a dedo”, ha remarcado López Pomeda, no descartando acudir a la vía penal si así lo determinaran los servicios jurídicos .

“Hemos puesto en conocimiento de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Guadalajara todo lo acontecido en el día de ayer para que se realice el estudio correspondiente y se inicien, si es preciso, evidentemente, tras ese estudio, todas las acciones judiciales por la vía penal o por la vía que corresponda contra estas declaraciones”, ha dicho.

En sus explicaciones, el concejal ha dicho que la empresa contratada para la gestión integral de los espectáculos taurinos desde 2022 no realiza el montaje de la infraestructura ni la fabricación de nuevas estructuras, en este caso, debido al cambio de recorrido.

Se contrata al señor Emilio Esteban a título personal, sino que él está dentro de una sociedad que nada tiene que ver exactamente con ese caso, y que todas y cada una de las empresas han cumplido con los procedimientos que marca el Ayuntamiento

Santiago López Pomeda — Concejal de Festejos de Guadalajara

En referencia a la insinuación de la relación de una de las empresas o empresarios con la operación Púnica, vinculada a varios casos de presunta corrupción del PP, el edil ha señalado como desde el propio grupo socialista se admitió que la persona mencionada no está imputada ni investigada en dicho caso y ha enfatizado en el hecho de que las empresas contratadas por el ayuntamiento han cumplido con todos los procedimientos y cuentan con informes jurídicos y de intervención favorables.

“He de decir que tampoco se contrata al señor Emilio Esteban a título personal, sino que él está dentro de una sociedad que nada tiene que ver exactamente con ese caso, y que todas y cada una de las empresas han cumplido con los procedimientos que marca el Ayuntamiento”, ha remarcado.

No obstante, el también tercer teniente de alcaldes ha subrayado la gravedad de las acusaciones, no solo por dañar la imagen del Ayuntamiento, sino también la de los funcionarios y técnicos municipales.

El edil ha dejado también entrever el hecho de que estas acusaciones busquen también crear una tensión política justo coincidiendo con el periodo previo a la celebración de las Ferias y Fiestas de la capital.

El concejal del PSOE anuncia que no rectificará

El concejal de Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Juan Flores, no atenderá la petición del edil delegado de Festejos en el Ayuntamiento de Guadalajara, Santiago López Pomeda, en la que le solicitaba rectificar por sus insinuaciones y considera estas amenazas como una “cortina de humo” y una señal de que “están nerviosos”.

Según Flores, lo único que ha hecho su grupo es pedir explicaciones y hacer su trabajo y asegura que no va a haber ninguna rectificación porque “no hay nada que rectificar”. “Nosotros lo único que hemos hecho es exponer una serie de datos objetivos públicos para quien los quiera consultar y pedir explicaciones”, ha señalado en una comparecencia justo después de la realizada por López Pomeda este mismo miércoles, según recoge Europa Press.

Tras la comparecencia de López Pomeda ha sido Flores quien ha querido argumentar ante los periodistas que si bien el mencionado contrato realizado puede ser legal, la adjudicación es “directa” y carece de un proceso de contratación abierto.

“Puede que al señor concejal no le guste que se diga adjudicación a dedo, quizá prefiere que se diga adjudicación directa y sin un trámite de contratación abierto y es lo que hay con esa asesoría técnica. No hay ningún tipo de duda”, ha subrayado.

Puede que al señor concejal no le guste que se diga adjudicación a dedo, quizá prefiere que se diga adjudicación directa y sin un trámite de contratación abierto y es lo que hay con esa asesoría técnica. No hay ningún tipo de duda

Juan Flores — Concejal del PSOE en Guadalajara

El PSOE no cuestiona la legalidad del contrato sino “para qué” se hizo

Ha ha insistido en que en su grupo no se cuestiona la legalidad del contrato en sí, sino su “para qué” y su sentido, especialmente cuando ya existe una empresa dedicada a la gestión integral de los encierros.

También considera que puede haber actitudes que pueden ser legales, pero ser reprobables desde el punto de vista ético y sobre todo político, y eso es lo que ha querido recalcar.

Además, el edil socialista no comprende la necesidad de la nueva asesoría técnica dada la existencia de una empresa ya contratada para la gestión de los festejos taurinos cuyos contrato se ha visto además incrementado en unos 50.000 euros.

“Repito, lo que más nos importa es el por qué a él, cuál es la justificación de ese contrato de una asesoría técnica, que no tiene mucho sentido”, ha recalcado.

Preguntado sobre la referencia que hacía en las últimas horas de la posible vinculación de uno de los empresarios adjudicatarios con la trama Púnica, ha insistido en que él no afirmó en ningún momento que alguien estuviera “imputado” o “condenado” y ha explicado que esta información “no es algo que se invente este concejal”. “Se exponen en el contexto de conocer quién es esta persona y quién es este adjudicatario”.

“Dicen que dañamos la imagen de la ciudad. Bien, pues yo creo que lo que daña la imagen de la ciudad es no saber cómo se utiliza nuestro dinero público, el por qué, la opacidad, la falta de transparencia. Eso sí que mina nuestra imagen y la imagen de nuestra democracia local”, ha concluido, insistiendo en que ellos no encuentran “absolutamente ningún sentido” a la contratación de esta asesoría técnica.

La entrada de Santos Cerdán en la cárcel de Soto del Real se ha convertido en el último capítulo de la serie de políticos del más alto nivel que ingresan en prisión provisional por orden de un juez en una causa por corrupción. El nombre del exsecretario de organización del PSOE se suma al de ministros como Eduardo Zaplana, altos cargos como Rafael Vera o políticos autonómicos como Francisco Granados o Ignacio González que pasaron tiempo entre rejas mientras la investigación contra ellos estaba en marcha. El magistrado que investiga el caso Koldo entiende que Cerdán, ya sin cargos políticos u orgánicos dentro del partido, podría destruir pruebas sobre la trama de contratos amañados y comisiones en la que comparte imputación con José Luis Ábalos y Koldo García.

Las grandes causas de corrupción de la última década han venido acompañadas, en muchos casos, de grandes operaciones policiales con decenas de detenidos. El filtro judicial, tradicionalmente en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, aplica criterios muy concretos para decidir quién tiene que empezar la investigación entre rejas: si hay riesgo de que se fugue o de que destruya pruebas. En el caso de Cerdán, el juez Leopoldo Puente intuye que el “botín” de la trama tuvo que ser mucho más alto que el que ha detectado la Unidad Central Operativa (UCO) y hay un peligro real, alega, de que el exdiputado pueda destruir las potenciales pruebas.

Santos Cerdán ostentó el cargo más importante que puede tener alguien dentro de un partido político por debajo del secretario general. Fue el de secretario de Organización del PSOE entre 2021 y 2025. Pero no es el único alto cargo enviado a prisión provisional durante una investigación. El preso preventivo con mayor rango político sigue siendo, a día de hoy, Eduardo Zaplana. Ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno de José María Aznar en su última legislatura, Zaplana pasó ocho meses y medio en la cárcel de Picassent después del estallido del caso Erial. Abandonó la prisión antes del juicio y después de que los magistrados entendieran que debía permanecer en libertad para recibir tratamiento contra el cáncer que padece.

Zaplana, también expresident de la Generalitat Valenciana, pasó 259 días en prisión entre 2018 y 2019 en un caso Erial que ha terminado, a la espera de un pronunciamiento del Supremo, en una condena para él: diez años de cárcel y multa de 25 millones de euros por cobrar comisiones en un proceso de privatización de las ITV. El terremoto político por su entrada en prisión provisional fue de una intensidad bastante inferior al provocado por el encarcelamiento de Cerdán. Fue detenido unos días después del décimo aniversario de su salida de la política para fichar por Telefónica.

Muchos altos cargos de Gobiernos ligados sobre todo al PP han entrado en prisión, pero después de ser condenados, en primera o en segunda instancia. A nivel de la administración, otros antecedentes previos a Zaplana se remontan a la década de los 90, cuando Rafael Vera pasó varios meses la prisión de Alcalá de Henares por su implicación en el caso del terrorismo de Estado de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y el secuestro de Segundo Marey. El exsecretario de Estado de Seguridad con Felipe González estuvo casi cinco meses entre rejas entre febrero y julio de 1995, de donde salió tras pagar una fianza de 200 millones de pesetas.

El Tribunal Supremo terminó confirmando condenas para Vera que sumaban más de 17 años de prisión por su relación con el secuestro y también con el uso de fondos reservados para pagar a dos policías de los GAL. El Gobierno de José María Aznar limitó su estancia en prisión por el primer caso tras indultar una parte importante de su condena y terminó entrando en la prisión de Segovia en 2005 para cumplir su segunda condena.

El listón de la prisión provisional también ha llegado en ocasiones al nivel parlamentario que también ocupó Santos Cerdán hasta pocos días antes de ser encarcelado. Luis Bárcenas, conocido y condenado por su actividad como tesorero del Partido Popular y gestor de la 'caja B' de la formación, sorteó la prisión provisional cuando era senador, estalló el caso Gürtel y el juez Antonio Pedreira entendió, tras dos años de imputación, que no había pruebas contra él. Su suerte cambió dos años después, cuando El País publicó su contabilidad paralela, que recogía las entradas y salidas de dinero negro de Génova 13, y el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional decidió enviarle a Soto del Real en el verano de 2013.

Bárcenas pasó 19 meses en prisión provisional hasta que salió en 2015 armado con su frase más lapidaria: “Luis ha sido fuerte de verdad”. Arrancó entonces para él un reguero de sanciones penales por corrupción, fraude fiscal y el pago de la reforma de la sede del PP en dinero negro que le devolvió a prisión aunque esta vez para cumplir condena. Quedó en libertad condicional en diciembre del año pasado, más de una década después de su primer ingreso en prisión.

La nómina de políticos encarcelados de forma preventiva por causas relacionadas con la corrupción se amplía descendiendo al nivel autonómico. Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, estuvo casi siete meses en prisión como cabecilla de la operación Lezo. Una causa por la que, ocho años después, sigue procesado y a la espera de juicio por corrupción en la construcción de un campo de golf o por cobrar una comisión de 1,8 millones cuando estaba al frente del Canal de Isabel II.

Francisco Granados, exsenador, pero sobre todo hombre fuerte de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, pasó dos años y medio en prisión preventiva por una trama Púnica cuyas piezas principales también están pendientes de juicio más de una década después del arranque de la operación. Años antes, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, el primero conseller y el segundo secretario general de Presidencia con Jordi Pujol, pasaron más de un mes en prisión provisional por el caso de corrupción urbanística 'Pretoria' por el que fueron finalmente condenados a casi dos años de cárcel tras reconocer que cobraron comisiones.

De los ministros de Aznar al procés

La lista de políticos que han pasado por la prisión crece drásticamente al analizar aquellos que han sido encarcelados después de ser condenados, todos evitando el presidio cuando la investigación todavía estaba en marcha. A nivel nacional, muchos de ellos integrantes de los gabinetes del PP y José María Aznar. Rodrigo Rato, uno de los hombres fuertes de los gobiernos del Partido Popular y considerado artífice del 'milagro económico español', fue detenido en 2015 durante los registros de su domicilio y su despacho, pero nunca fue enviado a prisión provisional.

El exvicepresidente del Gobierno no pasó por la prisión provisional, pero sí tuvo que entrar a cumplir condena por el uso de las 'tarjetas black' de Caja Madrid y Bankia y está por ver si tiene que volver a hacerlo si los tribunales declaran firme su segunda condena de casi cinco años de cárcel por ocultar su fortuna a Hacienda.

Jaume Matas, ministro con José María Aznar y también presidente del Govern de Balears por el PP, también optó por empezar a pactar sus condenas con la Fiscalía ante la amenaza de causas judiciales que le llevaron a la cárcel sin que antes hubiera pasado por prisión provisional. Desde su primera condena en 2012 por pagar con dinero público a un periodista que escribía sus discursos hasta el macro caso Palma Arena y dos años y medio entre rejas.

El caso de los GAL y la guerra sucia contra ETA no solo llevó a prisión a Rafael Vera. El exministro del Interior socialista José Barrionuevo no fue encarcelado de forma provisional, pero sí entró a cumplir los 10 años de cárcel que le fueron impuestos por su papel en el secuestro de Segundo Marey. Vera tampoco es el único secretario de Estado de Seguridad que ha pasado por la cárcel de forma preventiva: Francisco Martínez, procesado en la operación Kitchen, estuvo menos de una semana en prisión por su supuesta implicación en la 'operación Borraska' sobre la actividad del hacker Alcasec.

No todos los políticos que han sido presos preventivos o condenados han estado encarcelados por delitos relacionados con causas de corrupción política. El cargo orgánico de un partido con más categoría dentro de su formación que ha pasado tiempo entre rejas es Oriol Junqueras, líder de ERC que estuvo en torno a dos años en prisión preventiva por el procés. Desde que la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, decidió enviar a este político y varios miembros del Govern depuesto de Carles Puigdemont en 2017 hasta que el Supremo firmó su condena de 13 años de prisión y su encarcelamiento dejó de ser preventivo.

Junto con Junqueras pasaron meses o incluso años en prisión provisional varios políticos catalanes que ocupaban cargos públicos o de partido en el Govern como consellers o en ERC y Junts. En su caso, tanto Lamela en primer lugar como Pablo Llarena posteriormente en el Tribunal Supremo cimentaron su decisión de mantenerles entre rejas en el riesgo de que se fugaran o, incluso, de que siguieran adelante con el desafío soberanista si eran dejados en libertad.

Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, también pasó tiempo en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional. Entró en octubre de 2009 por el caso Bateragune, la causa en la que los tribunales europeos determinaron que no había tenido un juicio justo. Previamente, también había pasado por prisión provisional por participar, dentro de la banda terrorista ETA, en el secuestro del director de la fábrica de Michelín en Vitoria, Luis Abaitua, en 1979. Fue preso preventivo desde 1987 hasta que fue condenado en 1989.

No hay corruptos sin corruptores. Y así lo han vuelto a poner de manifiesto las últimas revelaciones que cercan al PSOE. El informe de la Guardia Civil que apunta a la existencia de una “organización criminal” protagonizada por los dos últimos secretarios de Organización de los socialistas y el que fuera asesor Koldo García pone el foco también sobre las prácticas ilícitas de varias constructoras que habrían viciado licitaciones públicas gracias a sus sobornos a cargos con poder de decisión.

En el epicentro del caso figura la constructora Acciona, que acapara la mayoría de los contratos presuntamente amañados. Pero también otras como la navarra Servinabar y otras pequeñas constructoras que accedieron a contratos millonarios bajo sospecha. La Guardia Civil encontró un documento privado que atribuía a Santos Cerdán el control del 45% de Servinabar, pero su administrador Antxon Alonso, también imputado, asegura que no se elevó a escritura pública.

España tiene un largo historial de casos de corrupción, con gobiernos de uno y otro signo, en administraciones grandes, medianas y pequeñas. Y la mayoría de ellos —ya sentenciados o en fase de investigación—, tienen o han tenido entre sus protagonistas a cargos públicos, pero también a contratistas que se servían de comisiones disfrazadas de facturas falsas para ablandar las voluntades de esos políticos y asegurarse adjudicaciones. El atestado sobre la trama supuestamente urdida por Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García revela un modus operandi similar de corruptos y corruptores. Es un engranaje perfecto en el que todos ganan.

A falta de conocer el rastro del dinero —por el momento, no hay indicios consistentes de financiación ilegal del PSOE—, las revelaciones conocidas en los últimos días devuelven al imaginario colectivo otras causas que coparon titulares tiempo atrás. Es el caso de Filesa, el escándalo de financiación ilegal del PSOE de finales de los ochenta, pero también de otros más recientes como las diferentes tramas que han asediado al Partido Popular en las últimas dos décadas: Gürtel, papeles de Bárcenas, Púnica, Lezo… Y otros como el caso Palau o del 3% sobre la financiación ilegal de Convergència.

Cada una de estas causas tiene sus particularidades, aunque en todas había corruptos y corruptores. No obstante, la suerte que corrieron estos últimos ha sido desigual. El Código Penal tiene mecanismos para sancionar con cárcel, multas y prohibición de acudir a concursos públicos a los empresarios o empresas que pagan para conseguir beneficios o tener una posición de ventaja en la concurrencia a contratos y licitaciones. El catálogo de delitos para castigar estas conductas incluye tipos como el cohecho activo (pagar dádivas a cambio de favores), fraudes y exacciones ilegales (conjurarse con un político para defraudar a un ente público) o tráfico de influencias (influir en un político para obtener un beneficio).

Pero hay elementos que a veces juegan a favor de excluir de la responsabilidad penal a las empresas o a sus más altos directivos. Entre ellos, la dificultad para trazar la conexión entre donativos y adjudicaciones concretas o las limitaciones para atribuir las conductas de algunos de sus trabajadores a la compañía en su conjunto. Desde 2017, las normas de contratación también permiten sancionar a empresas y empresarios con la prohibición temporal de acceder a adjudicaciones públicas, pero los requisitos que exige la normativa han hecho que sus efectos sean limitados.

Ese veto sólo es posible cuando existe una sentencia firme que recoja expresamente esa pena accesoria. Y, además, sólo en el caso de determinados delitos como financiación ilegal de partidos, tráfico de influencias, cohecho o fraude fiscal, entre otros. Eso explica que empresas de constructores condenados por financiar irregularmente al PP en la rama valenciana de la Gürtel hayan accedido a contratos millonarios para la reconstrucción de la Comunitat Valenciana tras la DANA. Esos empresarios fueron condenados por delitos que no forman parte de ese catálogo —delito electoral y falsedad documental— tras llegar a un pacto con la Fiscalía Anticorrupción.

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el organismo que supervisa el funcionamiento de la contratación pública, reclamó en su último informe anual que se publique la relación de empresas vetadas como contratistas de la Administración, una información de “alto valor” para detectar riesgos “en materia de corrupción o cláusulas colusorias”

La responsabilidad de la empresa

Hasta hace tres lustros no era posible juzgar a una empresa pero sí a sus empleados. Dicho de otro modo, si una compañía pagaba sobornos, los responsables eran personas físicas, pero no la empresa en sí misma, aunque se hubiera beneficiado económicamente de esas prácticas. Ese cambio legal se introdujo en 2010. Pero cinco años después, el PP aprobó en solitario una reforma del Código Penal que limitaba sus efectos al eximir de esa responsabilidad a las empresas que pudieran demostrar haber implementado planes de control con anterioridad a la comisión de un delito.

A este precepto se acogió en marzo de 2021 el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón cuando acordó exculpar a la tecnológica Indra en la ramificación del caso Púnica sobre la financiación irregular del PP de Madrid. En el auto de imputación, de septiembre de 2019, había definido a Indra como “parte singular en el concierto urdido por dirigentes del PP madrileño para utilizar las arcas públicas de la entidad ICM [un organismo público] como fuente de ingresos del partido”. Y apuntó que había camuflado 1,13 millones de euros para campañas electorales de los populares.

Apenas año y medio después, sin embargo, decidió acoger los argumentos de la tecnológica, que alegó que contaba con un modelo de cumplimiento normativo implementado de forma eficaz y que durante la investigación se había acreditado que las conductas de algunos de sus empleados no podían ser atribuidas a la empresa en su conjunto. Finalmente, la única persona vinculada a Indra que se sentará en el banquillo es el exdirector de Sistemas Diego Mora Borobia.

El sumario del caso incluye fotografías del entonces director general de Indra, Santiago Roura, destituido por este escándalo, entregando 10.000 euros al conseguidor de Púnica, Alejandro de Pedro, en un aparcamiento de La Moraleja, una exclusiva urbanización de Madrid. Pero este directivo también quedó exonerado porque el pago estaba “desligado de una adjudicación ilegal” y, por lo tanto, “no genera responsabilidad penal”, tal y como dejó por escrito el juez García Castellón.

La vía del cohecho

Algo similar ocurrió con el caso que mejor ha ilustrado hasta la fecha la connivencia entre el poder político y económico en España: la pieza del caso Gürtel que investigaba las donaciones de empresarios al PP. Entre la primavera de 2013 y el invierno de 2014 un total de 22 responsables de las grandes compañías españolas, la mayoría constructoras, declararon como imputados ante el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. Sus nombres aparecían en los ‘papeles de Bárcenas’ como donantes de dinero en B a la formación conservadora cuando esta gobernaba y les otorgaba grandes contratos de obra civil pública.

En marzo de 2015, y pese al laborioso trabajo de un grupo de policías de la UDEF, el caso se vio abocado al archivo. Los indicios de que estos empresarios habían ingresado cantidades al PP eran sólidos, pero no así el hecho de que cada entrega fuera a cambio de una adjudicación. Este era el requisito para poderles atribuir el único delito por el que podían ser investigados, el de cohecho, dado que la financiación ilegal de partidos no era delito cuando se produjeron las donaciones. La financiación ilegal de partidos no se introdujo en el Código Penal hasta 2015, hace solo una década.

En 2017 el caso fue reabierto después de la declaración de Francisco Correa y de uno de esos donantes, el empresario Alfonso García Pozuelo, en el primer gran juicio de Gürtel. Formalmente, los empresarios volvieron a estar imputados. Hasta que en diciembre de 2022, el juez Santiago Pedraz decidió con apoyo de la Fiscalía que no había dónde sustentar seguir adelante a pesar de la “intensa” y “dilatada” investigación que se había realizado. “No existe una anotación, un correo electrónico, un documento, una conversación grabada, una declaración testifical,... que aporte dato incriminatorio alguno”, escribió el juez.

Pedraz se basó también en un informe de Hacienda que analizó la forma de contratación y las posibles incidencias en los distintos expedientes, pero que no halló “conexión” entre los contratos adjudicados y las donaciones que reflejó el tesorero en sus manuscritos. El detalle de esas anotaciones fue negado sistemáticamente por todos los empresarios. Algunos lo calificaron de invención e incluso amenazaron con querellas a quienes los habían publicado. Tres sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que han declarado acreditada la existencia de una contabilidad paralela en el PP.

El agujero de la prescripción

Para otros empresarios encausados por pagar mordidas, la impunidad llegó por la vía de la prescripción. La Audiencia de Barcelona consideró probado en enero de 2018 que la constructora Ferrovial pagó patrocinios al Palau que en realidad eran comisiones a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). La resolución cifró esas mordidas en 6,6 millones de euros en total a cambio de “como mínimo” cuatro obras públicas adjudicadas en el último gobierno de Jordi Pujol (1999-2003). La Ciudad de la Justicia, una línea de metro o un pabellón deportivo, entre ellas.

Sin embargo, los dos únicos responsables de la constructora encausados consiguieron salir indemnes del proceso. La Audiencia de Barcelona, en una decisión que luego ratificó el Supremo, absolvió a los dos directivos encausados, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, porque los hechos por los que estaban acusados estaban prescritos. El último ingreso de Ferrovial al Palau fue en febrero de 2006 y ambos no fueron procesados hasta seis años después, uno y tres años más tarde que el plazo de prescripción de los delitos de administración desleal y tráfico de influencias por los que fueron acusados.

Las multas por amaños

Al margen de la vía penal, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también pone el foco sobre las alianzas de empresas que alteran concursos públicos vulnerando la ley de defensa de la competencia. El supervisor tiene un largo historial de sanciones a empresas por su participación en acuerdos secretos que alteran las condiciones del mercado.

En la mayoría de esas sanciones hay un nexo común y es que el perjudicado de estos cárteles suele ser el Estado y las administraciones públicas. Los acuerdos entre estas compañías se han realizado habitualmente como maniobras para repartirse licitaciones millonarias en grandes infraestructuras como las carreteras.

Filiales de las seis principales constructoras del país —Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr— fueron multadas en 2022 con 203,6 millones de euros por amañar concursos. Las compañías se reunían semanalmente desde 1992 y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas para la construcción de hospitales, puertos y aeropuertos y carreteras. Un año antes, otras filiales de ACS, FCC, Sacyr, Ferrovial y OHL habían sido sancionadas por formar un cártel para alterar licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento.

Lo habitual es que las compañías recurran esas sanciones ante la Audiencia Nacional y que, entre tanto, consigan suspender el pago de la multa hasta que haya una sentencia definitiva. La CNMC ha pedido vetar en licitaciones públicas por este tipo de sanciones a más de un centenar de empresas. Y el procedimiento se ha activado en más de una decena de expedientes. Todo, con el objetivo de que las prácticas corruptas tengan más consecuencias que las reputacionales.

El caso Koldo que investigan a medias la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo se ha convertido en la primera gran causa de corrupción que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez desde que llegó al poder en 2018. Una investigación que, a medida que trascienden informes, autos, grabaciones y mensajes, va sumando los ingredientes de las tramas habituales de corrupción de la vida pública: comisiones ilegales, adjudicaciones públicas de obras, grabaciones a escondidas y políticos imputados por usar su poder para, supuestamente, engrasar la maquinaria corrupta.

La conversación fue registrada por Koldo García en abril de 2019 sin que su interlocutor supiera que estaba siendo grabado. José Luis Ábalos no había cumplido aún 12 meses como ministro de Fomento, era secretario de organización del PSOE y faltaban pocos días para las primeras elecciones generales de las dos que hubo ese año.

Político y asesor hablaban, entre bromas, de negocios y beneficios. De las adjudicaciones de obras en Sevilla y Logroño que, según la Guardia Civil, se otorgaron irregularmente para sacar mordidas. Otras grabaciones incorporan a Santos Cerdán, el segundo secretario de Organización del PSOE implicado en el escándalo y a quien los investigadores acusan de haber ejercido como intermediario para que ese dinero fluyera entre las empresas y los cargos públicos. “No quiero que hables de eso”, reprocha cuando Koldo García empieza a mencionar el dinero de origen inconfesable.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) habla de una serie de obras en carreteras, ferrocarriles y el Puente del Centenario que sobrevuela el Guadalquivir en Sevilla cuyas adjudicaciones suman 637 millones de euros y de las que, supuestamente, salieron más de 600.000 euros en comisiones, algunos pendientes de cobro. Una fórmula que, lejos de ser inédita, es la más habitual en las grandes causas de corrupción investigadas y sentenciadas, muchas de ellas en firme, en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Tramas corruptas como Gürtel o Púnica se edificaron sobre esos mismos cimientos. Empresarios como Francisco Correa o David Marjaliza que se asentaron en regiones o municipios donde gobernaba el Partido Popular para untar con mordidas a cargos públicos a cambio de conseguir adjudicaciones, grandes y pequeñas, o cobrar su parte por convertirse en intermediarios para otros empresarios.

Las revelaciones que ya examina el magistrado Leopoldo Puente apuntan a la zona de confort de las tramas corruptas que hacen de las instituciones públicas su cortijo: cargos públicos que se corrompen a cambio de dinero o algún tipo de dádiva. El caso Koldo apunta a una particularidad. Mientras que en otros escándalos como la trama Gürtel de Arganda los jueces han declarado probado que los empresarios se convirtieron en un ayuntamiento paralelo para hacer y deshacer a su antojo, las grabaciones de esta nueva causa apuntan a que era Koldo García quien elegía obras, empresas y adjudicaciones para ir obteniendo comisiones y atendiendo sus necesidades económicas.

No faltan tampoco los chivatazos. Uno de los grandes objetivos de las organizaciones criminales, se dediquen a la corrupción política o al tráfico de drogas, es tener información del otro lado del pinchazo telefónico. Saber si están siendo investigados o si, al menos, han hecho saltar alguna alarma en la Policía o la Guardia Civil.

En la trama Púnica un guardia civil fue condenado por advertir a Francisco Granados que la Audiencia Nacional seguía sus pasos. En este caso Koldo, desde el estallido de las primeras detenciones hace un año, hay un guardia civil imputado bajo la acusación de dar un chivatazo y las grabaciones demuestran que Santos Cerdán sabía, o afirmaba saber, que alguien les seguía la pista.

Era diciembre de 2023 y todavía faltaban más de dos meses para que Koldo García fuera detenido por orden del juez Ismael Moreno. Pero para entonces la Fiscalía Anticorrupción ya había presentado su querella y la Audiencia Nacional llevaba semanas investigando bajo secreto a la trama. En las conversaciones, Koldo García da a entender que sabe que le están persiguiendo e incluso afirma haber hablado con mandos de la Guardia Civil.

Grabaciones y favores personales

Una de las herramientas más efectivas para investigar el crimen es poder escuchar en directo a los supuestos criminales pero los pinchazos telefónicos, autorización judicial mediante, no siempre llegan a tiempo para captar las pruebas clave. Otras veces son los propios implicados los que, con un teléfono o una grabadora camuflada, empiezan a grabar a sus socios a escondidas.

A veces el objetivo es tener munición con la que protegerse, a veces pruebas para denunciar la corrupción desde dentro y buscar un trato favorable y a veces intentar ganar el relato ante la opinión pública. El resultado siempre es similar: las grabaciones, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, acaban trascendiendo y juegan un papel fundamental en el proceso judicial.

La trama Gürtel se conoció gracias a que José Luis Peñas, entonces concejal del PP en Majadahonda, grabó durante horas y horas a Francisco Correa y sus compinches con el objetivo de ir a la Fiscalía y denunciar el entramado corrupto del que él mismo había formado parte y del que quería salir. Sin él, la Gürtel no se habría conocido.

El archivo del excomisario José Manuel Villarejo es, a día de hoy, un glosario de la corrupción además de un arma arrojadiza y en ocasiones un elemento de extorsión. Ahora el entorno de Koldo García ha explicado a varios medios que los audios que la Guardia Civil encontró en uno de sus dispositivos no son los únicos que hay y existe una posibilidad de que nuevas grabaciones lleven las réplicas del terremoto hasta la puerta del Palacio de la Moncloa.

No todo eran comisiones económicas en la operación Delorme. Las investigaciones hablan también de favores, de pagos en especie y la solución de problemas inmobiliarios a golpe de adjudicaciones y gestiones entre bambalinas. Un piso de lujo alquilado y un empleo para una pareja de José Luis Ábalos, puestos de trabajo en empresas públicas a personas de su entorno y, en definitiva, la influencia más allá del dinero contante y sonante.

El favor personal es el condimento esencial de todas las tramas corruptas que, en un momento dado, tienen que tratar a diario con cargos públicos que, el día de mañana, pueden favorecerles. De Koldo García pidiendo empleo para una mujer hasta Víctor de Aldama pagando miles de euros al mes al exasesor de Ábalos cuando ya no estaba en el Ministerio pero por si acaso en el futuro podía hacer algo por él.

La trama Gürtel de Francisco Correa demostró la importancia de saber dar atención personalizada a los amigos. El entramado llegó a pagar la fiesta de cumpleaños de los hijos de Ana Mato, posteriormente ministra con Mariano Rajoy pero entonces casada con el alcalde de Pozuelo de Alarcón, uno de los grandes aliados de los corruptos en Madrid esos años. Vacaciones, vuelos, viajes y hoteles.

Organismos centrales y financiación ilegal

La trama que gira en torno a José Luis Ábalos, Koldo García, Víctor de Aldama y ahora también Santos Cerdán cuenta con otra particularidad. En Gürtel, Púnica y Lezo –sota, caballo y rey de la corrupción española– los amaños, las irregularidades y las comisiones se ceñían al ámbito municipal o regional. Bastiones del PP como Majadahonda, Pozuelo, Arganda o Boadilla o la Comunidad de Madrid y la Generalitat Valenciana con la excepción de AENA, el gestor público aeroportuario.

La trama del caso Koldo, todavía bajo instrucción, se ciñe exclusivamente a organismos centrales y el ámbito estatal. Las obras públicas bajo sospecha salieron, sobre todo, de la Dirección General de Carreteras y del gestor ferroviario ADIF, las dos bajo el paraguas del Ministerio que entonces controlaba Ábalos. “Hay que hacer una con Acciona, otra con Sacyr, me dice que tiene que darle una a Ferrovial...”, enumeraba Koldo García en una de estas conversaciones. Acciona era, supuestamente, su principal pagador de comisiones. Tras estallar el escándalo la empresa ha hecho público un comunicado en el que alega que nunca supo de estos manejos y que el empleado que se menciona ya no trabaja en la compañía.

La ramificación de la operación Delorme que se investiga en el Tribunal Supremo tiene en la lista de imputados a dos personas que se han sentado a la diestra de Pedro Sánchez en la sede del PSOE en la calle Ferraz: secretarios de organización. Por el momento el juez no ha encontrado indicios que sí supusieron uno de los puntos más relevantes de casos como Gürtel: la financiación ilegal del Partido Popular.

Varias sentencias firmes, entre ellas la que sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa en 2018 a través de una moción de censura, han declarado probado que el partido se financió con cientos de miles de euros de la trama corrupta en municipios como Majadahonda o Pozuelo de Alarcón. Una relación “simbiótica” según los investigadores entre el PP y la Gürtel que llevó al partido a ser condenado como responsable a título lucrativo en un momento en que no existía un delito específico para la financiación ilegal. Está por ver si el caso Koldo da ese salto sin que, por el momento, los investigadores hayan apuntado a una financiación irregular del PSOE.

La Guardia Civil llevó a cabo un lunes de octubre de 2014 una de las mayores operaciones contra la corrupción de la historia de España. Se registraron de forma simultánea ayuntamientos, domicilios particulares y sedes de empresas. Los detenidos superaron la treintena. Entre ellos, el que había sido ‘número dos’ de la presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, Francisco Granados, la persona más relevante entre los detenidos y la que da nombre al caso: Púnica Granatum es el nombre del árbol en latín.

Más de una década después, se han formalizado dos condenas, algunas ramificaciones quedaron archivadas, hay cuatro pendientes de juicio y otra en la fase de interrogatorios. La última vista oral se inició la semana pasada, cuando la Audiencia Nacional acogió la primera sesión del juicio por lo que se considera el mayor pelotazo de la trama. 

36 personas, entre ellos nueve exalcaldes de PP y el PSOE, se sientan en el banquillo por las presuntas comisiones que recibieron por adjudicar a la multinacional Cofely contratos de eficiencia energética por valor de 224 millones de euros. De ellos, dos admitieron en el primer día de juicio su implicación en la trama: el exregidor socialista de Parla, José María Fraile; y el de una agrupación vecinal de Serranillos del Valle (Madrid), Antonio Sánchez. Otros dos exalcaldes del PP están estudiando la propuesta de acuerdo de la fiscalía —Gonzalo Cubas (Torrejón de Velasco) y Carlos Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio)—, mientras los cinco restantes, también del PP, han declinado por ahora un pacto con el que amortiguar las altas condenas a las que se exponen. Algunos de esos alcaldes llegaron a pedir comisiones ilegales de medio millón de euros, según Anticorrupción. 

Aunque no se sienta en el banquillo en esta causa, este juicio ha vuelto a poner el foco sobre la figura de Granados. Estrecho colaborador de Aguirre, Granados llevaba unos meses fuera de la política cuando fue detenido por este caso. La razón de su renuncia había sido la publicación de que había ocultado 1,5 millones de euros en una cuenta en Suiza. La revelación de las autoridades helvéticas hizo elevar las sospechas sobre él, lo que acabó desencadenando toda la operación. Una década después, Granados tiene al menos cuatro juicios pendientes relacionados con diferentes ramificaciones del caso. En uno de los registros se encontró un millón de euros en un altillo del armario en casa de sus suegros que Granado acabó reconociendo como suyo.

El estallido de Púnica hizo aflorar una red de corrupción que atravesaba una docena de municipios en Madrid, León, Murcia y la Comunitat Valenciana con adjudicaciones millonarias manipuladas a favor de determinados empresarios y con la financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre de fondo. La expresidenta estuvo imputada durante tres años, aunque la acusación finalmente se archivó porque el juez Manuel García Castellón —con el apoyo de la Fiscalía— sostuvo que a pesar de que considera que su partido financió de manera irregular las campañas de 2007, 2008 y 2011, no hay pruebas de que ella estuviera al tanto de esas ilegalidades. Por esa ramificación del caso, que está pendiente de juicio, sí se sentarán en el banquillo su secretario general Granados y otros de sus antiguos colaboradores, el exgerente Beltrán Gutiérrez. 

La operación que desarticuló esta trama de corrupción también sacó del anonimato a David Marjaliza, un constructor amigo de Granados, supuesto conseguidor de la trama y que lleva una década colaborando con la Justicia. Lo volvió a hacer la pasada semana, cuando su abogado, el penalista José Antonio Choclán, recordó que comenzó “su colaboración desde los primeros momentos de la causa, incluso cuando se encontraba en situación de secreto sumarial”, informa Europa Press. 

224 millones de euros en contratos amañados

El empresario que reconoció haber quemado carros de la compra llenos de documentación comprometedora -por indicación de Granados que le recomendó prenderle fuego “un día de niebla”, es el protagonista de esta ramificación del caso que ahora juzga la Audiencia Nacional. Por el momento, él y otros doce acusados han reconocido los hechos. Según el auto con el que el juez dio por cerrada la instrucción, la empresa de eficiencia energética Cofely había acordado con Marjaliza que le pagaría “una cuota fija de 1.500 euros al mes y una parte variable hasta un máximo de 155.000 euros” por sus labores de conseguidor de esos contratos a cambio de sobornos a alcaldes, ediles y técnicos.

Para el período 2014-2015 estaba prevista una retribución de hasta 5,5 millones que fue abortada por la operación judicial. La investigación también acreditó que después la compañía trazó un plan para recuperar lo invertido en esas dádivas con sobreprecios en los contratos. En muchos casos, este ambicioso plan no fue viable por la insolvencia de los ayuntamientos y el reparo de algunos interventores, dice la resolución del juez. 

Esta es la cuarta ramificación del caso que llega a juicio. La primera fue la relativa al 'chivatazo' que un guardia civil dio a Granados sobre las investigaciones a las que estaba siendo sometido. La Audiencia Nacional impuso dos años de cárcel al que fuera colaborador de Aguirre al entender que esa revelación originó un grave daño a la investigación policial. Le permitió, por ejemplo, tomar ciertas cautelas, como ocultar el millón de euros en la vivienda de sus suegros como luego se comprobó en los registros judiciales. También fueron condenados los agentes que le dieron el soplo. 

La segunda en juzgarse fue la llamada rama leonesa de la Púnica, en la que se investigaron los contratos de reputación personal online acordados por la Diputación de León para la que fuera su presidenta Isabel Carrasco y su sucesor Marcos Martínez Barazón, así como otra serie de contratos adjudicados a las empresas del empresario Alejandro de Pedro.

La Audiencia Nacional absolvió a los acusados de los delitos más graves, aunque recibieron condenas menores de inhabilitación. Por otro lado, el pasado enero se celebró el juicio por la derivada de la trama en la Región de Murcia, donde también se abordó el uso de dinero público para pagar a este mismo empresario por campañas de lavado de imagen en internet en favor de políticos. 

La que no llegará a juicio es la línea de investigación sobre estos trabajos de reputación online de los que se beneficiaron cargos del PP de la Comunidad de Madrid. El juez Manuel García Castellón archivó en octubre de 2023 la pieza que investigaba el pago con dinero público por parte de políticos del PP a empresas que promocionaban su figura con trabajos en internet de discutible ética.

El juez argumentó que era imposible “disociar” la figura del político del cargo que este ejerce en la administración, en el marco de la cual adopta medidas que afectan al ciudadano y que este tiene derecho a conocer. Con este paraguas recibió luz verde judicial la creación de periódicos zombis para inundar la red de propaganda de cargos públicos y que eso lo sufraguen los ciudadanos. Entre ellas, estaba la entonces consejera de Educación de Madrid Lucía Fígar, que contrató a esas empresas para sepultar las noticias sobre el cheque guardería que había recibido ella misma para afrontar los gastos de escolarización de su hija.

Cuatro piezas pendientes de juicio

Entre las causas pendientes de señalar juicio hay al menos cuatro que afectan a Granados. Además de la citada sobre la financiación irregular del PP de Madrid, está la que se centra en los contratos irregularmente adjudicados a empresas ligadas a Marjaliza en Valdemoro y Torrejón de Velasco, entonces gobernadas por el Partido Popular, y Serranillos del Valle, localidad entonces en manos de un partido independiente. La trama se quitó el corsé del ladrillo y se lanzó a captar el máximo de servicios posibles: el estacionamiento regulado, la recogida de ropa usada, la explotación de cafeterías, aparcamientos, pistas de pádel, los comedores escolares, la grúa municipal e incluso la asistencia jurídica del consistorio.

Asimismo, está lista para que se celebre el juicio la ramificación sobre las supuestas irregularidades entre 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo público en la Comunidad de Madrid a través de la empresa regional Arpegio y en las infraestructuras de la entidad de Infraestructuras del Transporte de Madrid (Mintra). El juez propuso sentar en el banquillo a Granados y a otras 42 personas. Además, el que fuera colaborador de Aguirre también será juzgado en la pieza en la que se investigó el pago de comisiones ilegales a cambio de contratos para fiestas municipales a través de la empresa Waiter Music.

Un tercio de las 37 personas que se sientan desde este lunes en el banquillo por el juicio celebrado en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos públicos a la empresa Cofely por valor de 224 millones de euros ha reconocido su participación en los hechos, informa Europa Press.

La primera sesión de la vista oral, que juzga la pieza separada número 6 de la trama de corrupción 'Púnica', ha servido para escenificar hasta 13 conformidades con la acusación de la Fiscalía, entre las que se encuentran las del constructor David Marjaliza. Su abogado, el penalista José Antonio Choclán, ha recordado que tanto Marjaliza como otra de las acusadas, Ana Ramírez, “comenzaron su colaboración desde los primeros momentos de la causa, incluso cuando se encontraba en situación de secreto sumarial”.

Este lunes, las defensas de los que pactaron han ido anunciando esa adhesión a la acusación del Ministerio Público, como en el caso del exalcalde de Parla José María Fraile. Otros, sin embargo, han explicado que se encuentran todavía “en conversaciones” con la Fiscalía antes de decidir si siguen el mismo camino. Es el caso, entre otros, de las defensas de los que fueran alcaldes de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada Pita o de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas Navarro. El juicio se reanudará el jueves con la continuación de las cuestiones previas y, si el tiempo lo permite, con las declaraciones de algunos acusados.

Una “presunta organización criminal”

El juez instructor envió a juicio esta línea de investigación contra 37 acusados —a los que hay que añadir a la propia Cofely— a los que atribuye hasta ocho delitos, entre los que se cuentan los de organización criminal; prevaricación y revelación de información reservada; tráfico de influencias; fraude o cohecho.

La investigación afecta a los contratos adjudicados a Cofely en los ayuntamientos de las localidades de Torrejón de Velasco (por valor de 4.111.395 euros); Moraleja de en Medio (2.862.975 euros); Parla (54.659.019 euros); Alcalá de Henares (11.847.479 euros); Valdemoro (50.280.748 euros); Collado Villalba (35.467.135 euros); Móstoles (60.449.119 euros) y Serranillos del Valle (4.205.589 euros), lo que eleva el total a casi 224 millones de euros.

El ahora exmagistrado Manuel García Castellón explicaba en un auto que entre marzo de 2012 y octubre de 2014, los investigados de la empresa Cofely y Marjaliza, con su grupo de sociedades instrumentales y testaferros, actuaron “como una presunta organización criminal con una planificación integral, con vocación de permanencia e interviniendo en varios ayuntamientos, con la aspiración y la mirada puesta en hacerse con más contratos de eficiencia energética en entidades locales u organismos, ofreciendo acuerdos de corrupción con las autoridades y técnicos que adjudicaban”.

Así, y para darle una apariencia comercial estándar al acuerdo fraudulento que alcanzaron todos ellos, el director general de Cofely Maurice Didier Roger contrató a Marjaliza bajo la figura jurídica de asesor comercial. Todo ello, a sabiendas de que lo que se esperaba de Marjaliza era que utilizase en sus trabajos de asesor comercial la misma red de contactos e intermediación con alcaldes y concejales que venía utilizando de su etapa anterior de promotor urbanístico.

El magistrado detallaba que la relación entre Cofely y el empresario se instrumentó a través de un contrato de asesoría comercial que fue suscrito el día 1 de mayo de 2012 por la mercantil. Por dicho contrato la empresa entregaba mensualmente al empresario una cuota fija de 1.500 euros al mes y una parte variable, según fueran las oportunidades de negocio y contratos que se obtenían, hasta un máximo de 155.000 euros.

“El éxito de los contratos conseguidos por Marjaliza llevó a Cofely a preparar un nuevo borrador de contrato reconociéndole para el año 2014-2015 unos honorarios con la posibilidad de unas cuotas variables por 5.500.000 euros, que las actuaciones judiciales del 27 de octubre de 2014 abortaron”, señalaba el instructor.

En este sentido, exponía que la dirección jerárquica habría estado ejercida por Didier, considerado el 'círculo 0', quien apoyaba las ofertas, las negociaciones de corrupción y los pagos directos por transferencias a las sociedades de Marjaliza.

En la siguiente esfera el juez situaba al departamento comercial de Cofely dirigido por Constantino Álvarez, quien apoyaba las negociaciones de cohechos que instrumentaban Marjaliza y Pedro García Pérez, responsable de terciario de Mercado Publico del Departamento Comercial.

Esperanza Aguirre tomó posesión de la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2003 y no la abandonó hasta casi nueve años después. En la primera de las tres veces en que juró el cargo, la lideresa prometió que contaba con “el mejor equipo” para gestionar la región de toda la “historia del estado autonómico de España”. Más de 20 años después, seis personas de su máxima confianza durante sus tres gobiernos han sido condenadas o están al borde del banquillo. Alfredo Prada, que entre 2003 y 2008 ocupó la segunda vicepresidencia y la Consejería de Justicia de su ejecutivo, acaba de sumarse a la lista que integran nombres como Francisco Granados o Ignacio González con una condena de siete años de cárcel por malversar 40 millones de euros públicos

Todos ocuparon algunos de los puestos de mayor responsabilidad que pueden ostentarse en un gobierno regional. Vicepresidencias a la diestra de la presidenta regional, consejeros de Presidencia y de Justicia, portavoces y gestores de empresas públicas por cuyas manos pasaban, año tras año, decenas de millones de euros. En el caso de Alfredo Prada, ocupó la cartera de Justicia y la vicepresidencia segunda desde el primer día de Aguirre en la Puerta del Sol hasta 2008, cuando apoyó a Mariano Rajoy en el congreso del PP en Valencia y se ganó su enemistad política sin matices.

Prada fue rápidamente puesto al frente de una de las grandes promesas electorales de Esperanza Aguirre: la Ciudad de la Justicia. Un complejo en Valdebebas, al norte de la región, para concentrar todos los juzgados y tribunales hasta entonces dispersos por la ciudad. El plan parecía no tener fisuras: la Comunidad conseguía los terrenos gratis, hacía caja vendiendo algunos edificios y levantaba una ciudad judicial a la altura de los que existen, por ejemplo, en Barcelona y Valencia.

Altos cargos de Esperanza Aguirre en la CAM condenados, o a la espera de juicio, por corrupción

Alberto López Viejo

Viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007

Condenado a 27 años y 10 meses de cárcel por la pieza principal del caso Gürtel

Alfredo Prada

Vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2008

Condenado a 7 años de cárcel por la fallida Ciudad de la Justicia

Francisco Granados

Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid de 2004 a 2011

Condenado a 2 años de cárcel por el chivatazo de la Operación Púnica y a la espera de juicio en varias piezas de la trama

Ignacio González

Vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2012

A la espera de juicio en varias piezas de la trama Lezo

Isabel Gallego

Directora general de Medios de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2015

A la espera de juicio en una pieza de la trama Púnica

Beltrán Gutiérrez

Gerente del PP de Madrid hasta 2014

A la espera de juicio en la trama Púnica y condenado a 8 meses de cárcel por las tarjetas black de Caja Madrid

Ildefonso de Miguel 

Director gerente del Canal de Isabel II desde 2003 hasta 2009

A la espera de juicio en varias piezas del caso Lezo

Altos cargos de Esperanza Aguirre en la CAM condenados, o a la espera de juicio, por corrupción

Alberto López Viejo

Viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007

Condenado a 27 años y 10 meses de cárcel por la pieza principal del caso Gürtel

Alfredo Prada

Vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2008

Condenado a 7 años de cárcel por la fallida Ciudad de la Justicia

Francisco Granados

Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid de 2004 a 2011

Condenado a 2 años de cárcel por el chivatazo de la Operación Púnica y a la espera de juicio en varias piezas de la trama

Ignacio González

Vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2012

A la espera de juicio en varias piezas de la trama Lezo

Isabel Gallego

Directora general de Medios de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2015

A la espera de juicio en una pieza de la trama Púnica

Beltrán Gutiérrez

Gerente del PP de Madrid hasta 2014

A la espera de juicio en la trama Púnica y condenado a 8 meses de cárcel por las tarjetas black de Caja Madrid

Ildefonso de Miguel 

Director gerente del Canal de Isabel II desde 2003 hasta 2009

A la espera de juicio en varias piezas del caso Lezo

Lo que sucedió en realidad, según la Audiencia Nacional, es que más de 40 millones de euros se invirtieron en promocionar y publicitar el proyecto mientras la Ciudad de la Justicia no era viable. Más de 13 millones de euros solo en contratar al arquitecto Norman Foster. Otros 100.000 euros más en presentar las maquetas. Más de un millón de euros en una exposición. Un autobús para recorrer Madrid dando a conocer el proyecto. Todo para que, al final, fuera abandonado.

La Audiencia Nacional hace máximo responsable a Alfredo Prada, no solo como consejero del ramo sino como gestor de la empresa creada para impulsar el proyecto, y le impone siete años de cárcel por prevaricación y malversación. Los jueces usan palabras como “esquilmar” o “suma gravedad” para definir lo que hicieron entonces Prada y sus colaboradores. En esos años, además, el vicepresidente de Aguirre ejercía de padrino político de Pablo Casado, que tuvo la idea de convertirle en el vigilante anticorrupción del PP poco antes de su imputación en esta causa.

La condena cuestiona de lleno una de las grandes promesas electorales del primer gobierno de Esperanza Aguirre. No solo por ser un proyecto fallido, sino por haberse hundido gracias a la malversación de sus responsables, que tendrán que poner 40 millones de su bolsillo para pagar el agujero. Y aunque los jueces destacan el “entusiasmo” de la propia presidenta regional, Esperanza Aguirre ha conseguido atravesar sin peligro un nuevo campo sembrado de minas en sus años dorados al frente de la política madrileña. Tal y como ha conseguido hacer en los casos Gürtel, Púnica o Lezo, donde sí ha tenido que declarar en un juicio lo ha hecho como testigo, a salvo de cualquier condena.

Tanto en el juicio que ha terminado en la condena de Prada como después, Aguirre ha centrado sus esfuerzos en blindarse con dos argumentos: ella nunca conoció ninguna irregularidad y el proyecto era un clamor judicial y político, no una ocurrencia suya. Palabras que llevan a lo que ha afirmado en otros procesos penales donde sus subordinados han acabado procesados e incluso condenados.

Alberto López Viejo es el caso más añejo en la nómina de lo que ella misma denominó “ranas”. Viceconsejero de Presidencia hasta 2007 y después Consejero de Deportes, en la actualidad cumple una condena de 27 años y 10 meses de cárcel por aprovechar sus cargos –primero en el Ayuntamiento y después en la Comunidad– para favorecer a las empresas de Francisco Correa a cambio de comisiones de cientos de miles de euros.

Buena parte de ese botín salió de los contratos que se adjudicaban para organizar actos a los que asistía Esperanza Aguirre. López Viejo, según los jueces, “diseñó una novedosa política de comunicación con mayor presencia de la presidenta”. Todos ganaban: ella tenía una visibilidad inédita y la trama Gürtel se llenaba los bolsillos. Entre varias decenas de actos, lleva el sello de la corrupción la toma de posesión de Esperanza Aguirre en junio de 2007 estrenando su primera mayoría absoluta. Ese día, según los apuntes del contable de la trama Gürtel, López Viejo se llevó una comisión del 50%.

Las distintas sentencias, autos de procesamiento y escritos de acusación de la Fiscalía apuntan en esa dirección: actos de corrupción que, supuestamente, beneficiaron la carrera política de Esperanza Aguirre sin que ella haya pisado un banquillo.

Francisco Granados también fue lo que en política se denomina “hombre fuerte” de Aguirre. Después de dominar la política en Valdemoro, al sur de Madrid, dio el salto al kilómetro cero como consejero, entre otras cosas, de Presidencia y Justicia. Fue detenido en 2014 como uno de los cabecillas de la bautizada como 'operación Púnica', término en latín que designa al granado.

En esa causa, por el momento, Granados ya ha recibido una sentencia firme: dos años de cárcel por intentar reventar la operación aprovechando un chivatazo de un guardia civil. Pero está a la espera de juicio en varias piezas separadas de la causa. Una por irregularidades en la adjudicaciones de suelo público de la Comunidad y otra por las ilegalidades que impulsaron económicamente la campaña con la que Esperanza Aguirre arrasó en las elecciones de 2011.

Granados, considerado uno de los grandes escuderos de Aguirre, dejó morir su relación con su antigua jefa a medida que avanzaba la causa judicial y empezó a lanzar acusaciones contra ella en las diligencias que investigaban si su campaña de 2011 se financió de forma irregular. Una causa en la que, a modo de excepción, el juez Manuel García Castellón imputó a Esperanza Aguirre antes de dejarla fuera del procesamiento y, en la práctica, a salvo de un juicio que todavía está por celebrar.

El auto de apertura de juicio oral, dictado hace unos meses y pendiente de ser ratificado en una futura sentencia, que el modus operandi del PP de Madrid en aquellos años era siempre el mismo cuando llegaban unas elecciones: autorizar gastos electorales que no eran declarados a la Cámara de Cuentas. Usar “empresarios afines” para hacer los trabajos pero después, con ingeniería contable, no hacer saltar las alarmas de las autoridades. Y todo a mayor gloria de una candidata que, según la Audiencia Nacional, no tenía por qué saber que cabalgaba a lomos de la supuesta corrupción de sus colaboradores.

El juicio estudiará cómo se pagó el buzoneo de sus papeletas, las banderas que ondeaban en sus mítines o el mismísimo coche usado para el transporte de Aguirre. Y en el banquillo no solo estará Granados. También estará Beltrán Gutiérrez, gerente del PP madrileño durante más de una década y condenado por las tarjetas black de Caja Madrid a quien el juez hace responsable de esta contabilidad ficticia, salvado por la prescripción de responder también por comicios anteriores. Encima de la mesa, entre otros, hay un delito electoral en su modalidad de falseamiento de las cuentas.

En la política no todo el poder está en las consejerías, las concejalías o los ministerios. Y en la Comunidad de Madrid, durante el reinado de nueve años de Esperanza Aguirre, la dirección general de medios también se ubicó a la diestra de la presidenta regional con Isabel Gallego a la cabeza, en ese departamento desde 2003 hasta 2015. En sus recursos y alegaciones, por ahora rechazados, Gallego se ha intentado desmarcar de esta 'caja B' del PP madrileño asegurando que “la encargada de Comunicación era Lucía Figar y la de redes sociales Isabel Díaz Ayuso”.

El último nombre de esta lista de altos cargos es el de Ignacio González. El único consejero que estaba allí el día en que Aguirre tomó posesión como presidenta por primera vez en 2003 y que seguía en Sol para, en 2012, coger el testigo después de su primera dimisión. González, presidente regional entre 2012 y 2015 después de Aguirre y antes de Cifuentes, fue detenido como uno de los cabecillas de la operación Lezo, sucesora de Gürtel y Púnica, centrada también en la Comunidad de Madrid pero en otros departamentos poco explorados por los jueces, sobre todo el Canal de Isabel II.

González tampoco ha sido condenado pero está a la espera de juicio en hasta tres piezas separadas del caso Lezo con la Fiscalía pidiendo condenas de cárcel para él. Después de ser exonerado en una causa por blanqueo, la Audiencia Nacional tiene pendiente juzgarle por la ruinosa compra de la empresa brasileña Emissao cobro de comisiones mediante, por las irregularidades en la construcción del eterno proyecto de llevar el tren a Navalcarnero y, finalmente, por las ilegalidades que también rodearon la construcción de un campo de Golf en Chamberí. Junto con él irá al banquillo Ildefonso de Miguel, director gerente del Canal de Isabel II en esos años.

La detención de Ignacio González en 2017 fue la gota que colmó el vaso de la capacidad de Esperanza Aguirre para afirmar que ella había destapado tramas que, en realidad, si fuera por su actuación nunca habrían llegado a manos de la Justicia. A las puertas de la Audiencia Nacional, tras declarar como testigo en el juicio del caso Gürtel donde Alberto López Viejo esperaba su condena, Aguirre rompió a llorar al ser preguntada por Ignacio González, otra de sus manos derechas engrilletadas: “Si es culpable, sería un gran palo”.

La imputación de un político suele ser el trámite judicial que pone en marcha la cuenta atrás de la dimisión y su salida de la vida pública. Los procesos judiciales, más aún si son por supuesta corrupción, son largos y pueden dilatarse hasta una década desde que arranca la investigación hasta que queda sentenciado en firme. Mónica Oltra ha quedado recientemente exonerada de la causa impulsada por la extrema derecha que forzó su dimisión, y en el aire queda su vuelta a la política como ya ha sucedido con políticos de todos los partidos: desde Jordi Cañas (Ciudadanos) hasta Xosé Ramón Gómez Besteiro (PSdeG) y otros que fueron absueltos tras años de imputación como Antonio Rodrigo Torrijos (Izquierda Unida) o Salvador Victoria (Partido Popular) y que no han vuelto a los puestos que abandonaron.

Mónica Oltra, exvicepresidenta del ejecutivo valenciano por Compromís, dejó el cargo en junio de 2022. Imputada bajo la acusación de encubrir un caso de abusos a una menor tutelada por parte de su exmarido cuando ella era consellera, abandonó el Govern entre fuertes tensiones con el PSOE y se enfrentó a una causa impulsada por diversas figuras de la extrema derecha valenciana. El caso que forzó su dimisión ha quedado archivado y ahora la incógnita es si volverá a la política y cómo lo hará.

La abogada, una de las caras más visibles de los gobiernos autonómicos progresistas que surgieron de las elecciones de 2015, no es la primera política que deja su cargo por una causa judicial que termina archivada o en una sentencia absolutoria. Prácticamente todos los partidos del arco parlamentario cuentan con ejemplos de representantes que han tenido que tomar una decisión después de quedar exonerados: volver o no a la primera línea de la vida pública.

Este mes de abril se cumplirán diez años de la dimisión de Jordi Cañas. Entonces número dos de Ciutadans y diputado en el Parlament de Catalunya dejó sus cargos tras ser imputado como colaborador de un fraude fiscal de un conglomerado empresarial del que era administrador. “No pretendo dar ejemplo, pero sí tener un comportamiento ejemplar”, dijo Cañas para oponerse a otros partidos como CiU o el PSC que, en ese momento, tenían varios imputados en sus filas.

Cañas fue juzgado una vez que el partido ya le había reubicado como asesor en Bruselas y fue absuelto en 2018. El que llegó a ser mano derecha de Albert Rivera tardó apenas una semana en anunciar que quería volver a la primera línea de la política. “Tengo plena confianza en que el partido también lo quiere”, afirmó unos meses antes de conseguir un escaño en el Parlamento Europeo con Ciudadanos.

Jordi Cañas volvió a la política, pero no a la misma política. En la actualidad es portavoz nacional de un partido en descomposición sin líder y con la vista puesta en unas elecciones catalanas y europeas en las que aspira, en el mejor de los casos, a retener algún tipo de representación en ambas cámaras.

El político de las seis imputaciones

Xosé Ramón Gómez Besteiro anunciaba en marzo de 2016 que dejaba de ser secretario general del PSOE gallego. Una decisión “personal, libre y responsable”, dijo, para afrontar un horizonte judicial que en pocos casos termina en regreso triunfal. Acusaciones de la jueza Pilar de Lara por supuestos sobornos en la Diputación de Lugo que llegó a presidir, por una recalificación urbanística supuestamente ilegal relacionada con un piso de su familia... y así hasta seis causas que terminaron en el archivo.

El último carpetazo judicial a las causas que le mantuvieron en el banquillo durante seis años llegó a finales de 2022. El final de la conocida como 'operación Pulpo' por falta de pruebas contra él dio el pistoletazo de salida al relanzamiento de su carrera política. Primero fue nombrado Delegado del Gobierno en Galicia y después candidato del PSdeG para las últimas elecciones, en las que el partido se hundió ante un nuevo triunfo del PP y una subida del BNG.

Cañas y Gómez Besteiro son dos ejemplos de políticos que dejaron sus sillones para concentrarse en sus imputaciones y que, a la vuelta, fueron recibidos de forma triunfal aunque el escenario que dejaron no era el que se encontraron años después. El primero es ahora la cara visible del partido que ha dejado en el recuerdo su victoria electoral en Catalunya en pleno procés en diciembre de 2017. El segundo llegó a conquistar la inexpugnable Deputación de Lugo y en su vuelta a la política fue la cara visible del descalabro electoral del PSOE gallego frente al PP de Alfonso Rueda.

José Torres Hurtado dejó en abril de 2016 la alcaldía de Granada que ostentaba para el PP desde 2003. En el marco de la bautizada como 'operación Nazarí', la Policía llegó a acusar al regidor de ser el cabecilla de una organización criminal destinada a cometer irregularidades urbanísticas desde la administración. En julio del año pasado, el caso quedó archivado contra él de forma definitiva y su rehabilitación política llegó el pasado mes de diciembre.

El mismo PP que se desmarcó de él y le dejó caer le dio un premio de gran carga simbólica hace unos meses, cuando todas las imputaciones ya formaban parte del archivo judicial. En la reunión navideña del PP granadino, Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP de Alberto Núñez Feijóo, le entregó la “granada de plata”, premio con el que el partido reconoce la trayectoria de sus miembros. Un homenaje con su grado de incomodidad, con mensajes cruzados por lo sucedido en 2016, pero traducido en una rehabilitación para él sin vuelta a la política activa a sus 77 años.

Indemnización por la pena de banquillo

“Aquí se ensayó una cacería política que ahora está en marcha contra el Gobierno de España”. Quien hablaba así a finales de 2022 era Antonio Rodrigo Torrijos, de Izquierda Unida. Primer teniente de alcalde de Sevilla entre 2007 y 2011, fue imputado en cuatro procedimientos judiciales de la interminable maraña andaluza de causas de corrupción política. El último, el caso Fitonovo de la Audiencia Nacional, terminó en absolución para él después de que la Fiscalía retirase la acusación.

“Han sido 13 años de auténtico calvario, inédito en la historia del municipalismo porque, que yo sepa, nadie ha sido imputado cuatro veces en lo que fue, en mi opinión, una operación de cacería política”, dijo en declaraciones a elDiario.es en Andalucía. Unos meses después una sala distinta de la Audiencia Nacional le dio la vuelta al asunto y le reconoció una indemnización de 2.000 euros por la pena de banquillo en uno de los cuatro casos que le mantuvieron alejado de la vida pública.

La cantidad, según el propio Torrijos, es “irrisoria” pero mostró su satisfacción por el reconocimiento, por parte de la administración, que en su caso existió un funcionamiento “anormal” de la Justicia. A sus 73 años, por el momento no ha revelado si volverá de alguna manera a la primera línea de la política.

La operación Púnica fue una de las últimas grandes macro operaciones de corrupción en la Audiencia Nacional, con decenas de detenidos e imputados por una trama que, poco a poco, va siendo llevada a juicio. Desde la financiación supuestamente irregular del PP madrileño de Esperanza Aguirre para sus elecciones de 2011 hasta la rama más local del caso, las distintas piezas van llegando a juicio mientras, como es habitual, la lista de imputados pierde efectivos por el camino.

Uno de ellos es Salvador Victoria. Consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Ignacio González de la Comunidad de Madrid hasta 2015, dimitió después de ser imputado en una de las múltiples ramificaciones de esta trama: acusado de participar en pagos en efectivo a empresarios y sociedades como Indra en un sistema que, según entendía entonces el juez instructor, mercadeaba con contratos públicos a cambio de encuestas y trabajos de imagen para los políticos del PP.

La causa se archivó contra él y otros imputados ocho años después del estallido de la operación, en 2022. Junto con Victoria, se fueron al cajón del archivo Esperanza Aguirre e Ignacio González, tres exconsejeros más y el empresario Juan Miguel Villar Mir. La causa, que investiga la financiación del PP en las elecciones de 2011 en las que arrasó Aguirre, será juzgada pero sin Salvador Victoria en el banquillo.

Su dimisión no llegó entre muestras de agradecimiento y aplausos, y el archivo de la causa contra él no se ha traducido en ninguna rehabilitación por parte del PP. Su salida del ejecutivo regional, habitual en casos similares, fue planteada por Ciudadanos como una necesidad para investir presidenta regional a Cristina Cifuentes en un momento en el que el partido de Albert Rivera hacía bandera de su lucha contra la corrupción.

Victoria, miembro por oposición de la Abogacía de la Comunidad de Madrid, no volvió a su puesto de trabajo para evitar incompatibilidades con su imputación y se dedicó a ejercer como letrado de forma privada. Volver a la política, a día de hoy según su entorno, no está en sus quinielas.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de juicio oral de la pieza 9 del caso Púnica, también conocida como caja B del Partido Popular de Madrid. En un auto fechado este miércoles, el magistrado sienta en el banquillo al que fuera mano derecha de la expresidenta Esperanza Aguirre, Francisco Granados, y al gerente de la formación, Beltrán Gutiérrez, entre otros. De nuevo, subordinados de Aguirre se sientan en el banquillo mientras ella se libra. A ambos, el juez les atribuye un delito electoral en su modalidad de falseamiento de cuentas. En el caso de Granados, además, le abre juicio por tráfico de influencias en concurso con malversación y de prevaricación.

En total, el juez propone juzgar a siete personas, la mayor parte colaboradores estrechos de Aguirre en el ejecutivo regional junto con empresarios, pero no estarán ni la expresidenta ni su sucesor, Ignacio González, al haber sido sobreseída la causa respecto de ambos en octubre de 2022. Sobre Aguirre, el juez concluyó entonces que no se había podido acreditar que “tuviera conocimiento” de la financiación irregular de las campañas del PP o del desvío de dinero público para promocionar su imagen.

Así, el banquillo se sentarán los citados Granados y Gutiérrez, el exconsejero Borja Sarasola, la exjefa de prensa de Aguirre Isabel Gallego, el empresario Alejandro de Pedro, el informático José Martínez Nicolás y el antiguo trabajador de la compañía Indra Diego Mora. Por contra, García Castellón rechaza la solicitud de la acusación popular ADADE de declarar partícipes a título lucrativo al PP y a sus 72 diputados autonómicos que resultaron electos en los comicios de 2011, donde el juez considera que se cometió el delito electoral investigado.

Jaime González Taboada había dejado la política en 2019, pero hace unos meses recibió la llamada de José Luis Martínez-Almeida. El alcalde era consciente de que este político de largo recorrido nunca se había ido del todo, aunque sí se había dirigido a lo más próximo: seguía como presidente del PP en Chamberí y como vocal vecino del barrio. “Porque aquí tenemos sentimiento más de barrio que de distrito”, dice el concejal presidente de Chamberí en los últimos minutos de la primera entrevista que concede a Somos Chamberí, después de seis meses en el cargo.

Tiempo en el que las aspiraciones y los propósitos ya pueden conjugarse con los hechos y los modos. González Taboada aborda proyectos concretos (algunos ilusionantes y otros controvertidos), debates enquistados (¿es posible conjugar ocio y descanso vecinal en zonas como Ponzano?) y cuestiones más abiertas como maneras alternativas de lidiar con la oposición o los movimientos sociales después de la convulsa etapa de Javier Ramírez. Todo con mucho talante.

SOMOS CHAMBERÍ: ¿Cómo recibió la noticia de su nombramiento y cómo valora los primeros seis meses en el cargo?

JAIME GONZÁLEZ TABOADA: Cuando el alcalde me llamó para incorporarme a la lista electoral me dijo “sabes donde vas a estar”. Llevo toda mi vida vinculado a Chamberí y afortunadamente conozco muy bien el distrito. También sus problemas, con lo cual es más fácil ponerse a buscar soluciones nada más llegar. Han sido seis meses de mucho trabajo y aunque queda mucho por hacer creo que ya empieza a dar sus frutos.

¿Cuáles diría que son sus principales iniciativas, proyectos y prioridades para Chamberí?

Para mí hay una prioridad absoluta que es la participación ciudadana. Tengo muy metido en la cabeza que sea un distrito cercano donde todo el mundo pueda aportar en las cosas que hacemos. Me he empeñado mucho en sacar la cultura a la calle y que no se quede en el Centro Cultural Galileo, que llegue a las plazas, los colegios y cualquier rincón de nuestro distrito. Mi ilusión es ir paseando y encontrarme una persona tocando el piano o a otra leyendo un poema. En los presupuestos de 2024 ya se ve reflejada esta apuesta por la vía pública.

También por la juventud. Aunque Chamberí no cuente por desgracia con demasiado espacio para nuevos equipamientos, desde primera hora estamos analizando de qué recintos podríamos disponer. No me gustaría un barrio donde los chicos tengan que pagar por hacer deporte, donde gastarse dinero sea la manera exclusiva de ejercitarse. Me estoy empeñando en buscar lugares donde los chicos puedan tener pistas al aire libre en las que jugar con sus amigos, conocer nuevas personas y relacionarse con el barrio de forma gratuita.

¿Y cuáles son las preocupaciones y las ideas que le transmiten los vecinos?

Cada cual tiene sus objetivos, depende de cada persona o cada tipo de asociación. Pero te puedo decir que en estos seis meses me he reunido ya con más de 520 vecinos y con todos los colectivos del distrito, con algunos en más de una ocasión. A todos les he ofrecido espacios de la propia Junta Municipal para que puedan organizar actividades. Las puertas no van a estar cerradas ni para las asociaciones, ni para los vecinos, ni para los colegios. Creo que al final todos venimos a trabajar juntos por el bien de nuestro barrio en convivencia.

Respecto a las quejas de la gente, no nos vamos a engañar: les gustaría que se conciliara mejor el ocio y el descanso. Estamos trabajando en ello porque son dos derechos que hay que preservar y compatibilizar. No hay nada más preciado que sentirte a gusto y con tranquilidad en el barrio donde vives.

¿Cómo evoluciona pues la convivencia entre vecinos y hosteleros en Ponzano? ¿Habrá más terrazas gracias a la ampliación de aceras y la nueva normativa municipal?

Podrá gustarles a algunos y no a otros, pero no hay duda de que Ponzano es un referente en el ocio y la hostelería de Madrid y de toda España. Yo siempre estaré a favor de poner en valor la oferta gastronómica de Ponzano y haré todo lo que esté en mi mano para reivindicarla. Luego entra el tema de las terrazas, las copas, las discotecas... Ahí es donde hay que conciliar, para lo cual estamos haciendo un estudio de redacción conjunta con comerciantes y vecinos desde la Junta Municipal. Tenemos que ser conscientes de que la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) se aprobó en Ponzano y Olavide, y no está solo para quedar bien medioambientalmente, sino que es un hecho y hay que cumplirlo.

¿Eso significa que en aquellos lugares donde antes no había una actividad de hostelería o bar de copas no se va a poder abrir? Efectivamente, no se va a poder. De hecho, ya se han iniciado expedientes sancionadores contra algunos locales por incumplir las medidas que dicta la ZPAE. Son trámites lentos, pero que a nadie le quepa duda de que no me temblará la mano para sancionar locales que incumplan la norma y vayan en detrimento del ocio y la convivencia de los vecinos, sea en Ponzano o en cualquier parte del distrito.

La etapa de Javier Ramírez en el cargo ha sido polémica. En una entrevista para este medio ya anticipó que “lo importante son las personas y no los colectivos”, mientras que usted ha incidido varias veces en el papel de los movimientos vecinales y la interlocución con ellos. ¿Qué opina de la labor de Ramírez? ¿Espera una legislatura más plácida?

Todos somos diferentes. Yo no puedo entrar a valorar cómo es cada concejal. Sí estoy convencido de que todos los que han pasado por esta Junta Municipal, independientemente de su partido político, han intentado dar lo mejor de sí por Chamberí. Yo desde luego no quiero tener roces con nadie porque creo que no es necesario. En la pasada legislatura hubo momentos complicados donde unos y otros se enzarzaban. Yo creo que con educación y con respeto vamos tener una legislatura absolutamente tranquila.

Recientemente acudí a la inauguración de la nueva Casa de Cultura ciudadana de Chamberí, en la calle Balmes. Las asociaciones vecinales que ahí se reúnen están seguramente en las antípodas de lo mi partido o yo representamos, pero creo que es un acto importante para los vecinos así que me presenté allí sin haber recibido una invitación formal a desearles suerte y ponerme a su disposición. Eso es lo que yo quiero para Chamberí, si las cosas se hacen con respeto y con sosiego estoy seguro de que la legislatura va a ser muy pacífica para todos. Porque al final a la gente las peleas internas le dan lo mismo, suficientes hay a nivel nacional, lo que quieren es que su calle esté limpia.

En este sentido, ¿atisba buenas relaciones con la recién reestablecida Casa de Cultura de Chamberí y atenderá sus peticiones pese a sus diferencias?

Si no hubiera diferencias esto sería una secta. Al final lo que buscamos, cada cual en su marco, es hacer actividades por el bien de los vecinos. Ellos tienen una forma de acercarse al ciudadano a través de la cultura diferente a la mía, lo cual no significa que ninguna de las dos sea mejor ni peor que la otra. Creo que ellos pueden aprender de la Junta y nosotros de ellos. Yo desde luego no voy a poner ningún pero a las actividades que hagan, solo les he pedido que cuando utilicen espacios públicos del Ayuntamiento las actividades se centren en el colectivo vecinal en su conjunto y no a grupos muy específicos, porque no quiero que se creen guetos alrededor de nadie, sino que esto sea una cosa abierta y participativa para todos.

Así va a ser también la programación del Centro Cultural Galileo, donde vamos a darle un cambio total para que haya más actividades y más diversas. No voy a poner peros a nadie, salvo que veamos claramente una ofensa a la identidad de género, la orientación sexual, la religión o cualquier colectivo que pueda sentirse dañado.

¿Qué sabe del proyecto Milla Canal? ¿Habrá un MiniWizink en Chamberí, aunque usted ya anticipó en un pleno del distrito que es una iniciativa compleja de difícil ejecución?

Estoy en conversaciones con la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid y con el consejero delegado del Canal de Isabel II, más que nada para saber qué responder a los muchos vecinos que me han trasladado cuestiones sobre este tema. Puedo decir que es algo que está en una fase muy inicial. Nadie ha planteado hacer un WiZink, simplemente que hay unos terrenos que podrían destinarse a dotaciones para el distrito.

Sí es cierto, aunque repito que no hay nada concreto, que les he trasladado que me gustaría que se arreglaran instalaciones deportivas del Canal de Isabel II. La zona deportiva en Islas Filipinas o los campos de fútbol en Pablo Iglesias son dos espacios que necesitan una reforma. La Comunidad me ha comunicado que en ambos casos se va a hacer una inversión importante. Además de lo deportivo, creo que habría que seguir poniendo en valor los Teatros del Canal acercándolos a los vecinos. Un tercer eje sería convertir el Parque de Santander en referente no solo de paseo o el deporte, sino del ocio y la cultura. A partir de ahí, cómo se llama el proyecto, sus pormenores económicos o los tiempos que se manejan son cosas que desconozco.

Una controversia que ya está sobre la mesa es la apertura sin licencia del colegio de lujo Brewster Madrid en el antiguo Hospitalillo, en la calle Eloy Gonzalo. También ha sido muy beligerante con una actividad establecida sin los permisos oportunos. ¿Cómo valora la operación en su conjunto y que finalmente las clases vayan a continuar?

No me gusta, creo que siempre hay que cumplir lo que dicen las normas. Estamos hablando de un sitio protegido que es parte del corazón de nuestro distrito, algo muy nuestro. En un momento determinado las administraciones (Estado, CAM y Ayuntamiento) pudieron ponerse de acuerdo para abordar un proyecto conjunto de rehabilitación del espacio. Si ahora es un colegio de lujo no voy a entrar en valorarlo, pero sí diré que todo lo que haya en el antiguo Instituto Homeopático debe cumplir la legalidad y una serie de condiciones, tanto las que requiere su condición de Bien de Interés Cultural como las que permiten la seguridad de quienes allí estudian y trabajan.

Tampoco voy a cuestionar la decisión judicial que concede las cautelares y evita el cierre. Pero conviene que recordar que hay niños implicados y deben estar escolarizados. Si se considera que no hay peligro y se queda en un tema más administrativo habrá que estudiarlo y analizarlo, sin duda, pero lo más importante ese que esa seguridad esté garantizada.

¿Cree que la pista del Centro Deportivo Municipal Cea Bermúdez se debería haber mantenido como el proyecto original en lugar de trocearse? ¿Va a intentar cambiarlo en el futuro?

No puedo hacer otra cosa que no sea la que ya está aprobada. Hay un convenio para la cesión a una empresa durante cinco años y por tanto no puedo salirme de ahí porque estaría prevaricando. Dicho esto, los colegios o entidades deportivas que se han acercado solicitando más usar canchas deportivas o piscinas han sido atendidos y se les han ofrecido soluciones. Entre el Cea Bermúdez y el Vallehermoso vamos a intentar que todo el mundo que lo desee pueda tener acceso a estas instalaciones.

¿Cuánto le quedan a las obras de la plaza de Olavide? ¿Los vecinos quedará satisfechos con el resultado?

Voy todas las semanas a visitarla y los vecinos me preguntan y me piden cosas, muchas de las cuales han sido recogidas. La obra estará terminada en mayo salvo que lo impidan lluvias muy fuertes. Está quedando muy bien, también todas las calles perimetrales que han sido adoquinadas y peatonalizadas. Hay gente que prefiere los parterres más grandes o más pequeños, pero ya aviso que en esos parterres no se van a poner terrazas como he oído decir por ahí.

La plaza de Olavide es nuestro centro, donde la gente va a jugar, a participar del ocio. Yo tengo muchas esperanzas no solo en el resultado, sino en cómo fomentar su función de corazón cultural del barrio donde las librerías del distrito puedan organizar una semana cultural o donde albergar una feria de comercio de proximidad.

¿Cómo influye en todos estos proyectos y en su trabajo tener como presidenta de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso, chamberilera y residente en el distrito?

Ayuso me exige mucho. La conozco muy bien y hablo habitualmente con ella sobre el distrito. Nació en Chamberí, estudió en Chamberí, ama Chamberí y sigue viviendo en Chamberí aunque ha tenido oportunidades de irse fuera. Es una vecina más, pero la escucho como no podía ser de otra manera.

Sí es cierto que tenemos mucha gente muy conocida en el distrito, de diversos ámbitos. Todos, quien más y quien menos, piden cosas. No necesariamente para ellos, sino para la generalidad de las personas, pero mi obligación es escuchar a todo el mundo. Si es la presidenta de la Comunidad de Madrid pues todavía más, claro.

A lo largo de su carrera política ha pasado por cargos municipales, autonómicos y estatales. Incluso ha vivido de cerca el impacto de casos de corrupción como Púnica, con el que se le llegó a vincular aunque nunca fue imputado. ¿Cuál es el contraste entre esos puestos y un trabajo de tanta proximidad como estar al frente del distrito de Chamberí?

He sido alcalde, consejero autonómico, senador y hasta pisé la política europea como miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Pero dejé la política porque consideraba que ya había cumplido mis objetivos. Durante tres años y medio me quedé como presidente del PP de Chamberí y volví al origen más humilde que hay en la política: ser vocal vecino de un distrito. Es lo que me apetecía, intentar ayudar.

Cuando me dicen si quiero venir al Ayuntamiento es un regalo. A lo mejor si me piden otra cosa me lo hubiera pensado más, pero en este puesto siento que devuelvo el cariño de la gente. Me pego unas palizas tremendas, pero estoy encantado.

La utilización de la justicia para atacar al adversario político tiene su reverso en la protección de uno de los contendientes. La actuación de Manuel García Castellón recoge indicios de ambas versiones de la politización de la justicia en los últimos años, tanto en la actuación desproporcionada contra la izquierda y los independentistas como en la protección de la principal formación de la derecha, el Partido Popular. Alrededor de la dirección del partido, el magistrado trazó una infranqueable “línea roja” para evitar una investigación, según denunció la Fiscalía Anticorrupción en el caso Kitchen. Para 270 investigados en las causas de corrupción Púnica y Lezo, el juez dictó autos de archivo; un centenar de ellos corresponden a cargos públicos del PP. 

La negativa del juez a circunscribir la operación parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas al Ministerio del Interior delimitó las responsabilidades en personas ajenas al Partido Popular, ya fueran los policías investigados o los políticos Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez. El ex ministro fue expulsado del partido; Martínez militó apenas dos años y rompió su carnet. Había indicios acumulados de que las maniobras contra el ex tesorero del PP eran conocidas -si no dirigidas- desde Génova, en cuyos despachos de la zona noble estaban los mayores interesados en que alcanzaran su objetivo. 

El juez dictó el fin de la instrucción de la pieza 7 del caso Villarejo, denominada Kitchen, el 29 de julio de 2021, último día laborable antes de las vacaciones estivales de aquel año. El recurso de la Fiscalía Anticorrupción llegó en septiembre. En él, los fiscales calificaban de “sorpresivo” el cierre de la investigación, cuando aún quedaban diligencias por practicar. Reconocían que los indicios contra los policías y los políticos de Interior eran más contundentes que contra la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el presidente Mariano Rajoy, pero ¿por qué no quería indagar el juez sobre los que apuntaban a la cúpula del PP?

En la página 67 del extenso recurso, Anticorrupción afirmó: “Lo que parece es que ese paso no se quiere dar. Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación. Kitchen, en la instrucción, no es más que esto, se llega a decir por el instructor después de describir los hechos que se conocían al inicio de la pieza separada número 7 [Kitchen]”.

En el momento de los hechos que se investigaban, Cospedal era presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, pero ni desempeñaba un puesto en el Gobierno ni mucho menos en el Ministerio del Interior. Pese a ello se reunió en múltiples ocasiones con Villarejo, un policía ajeno a la causa judicial de Gürtel y la caja B pero que presumía de haberla cortocircuitado para que no alcanzara a la cúpula del PP. Consta en las anotaciones de su agenda, a la que Asuntos Internos y Anticorrupción dan credibilidad tras constatarla con hechos que están acreditados. En ellas se recogen las visitas a la sede del PP del comisario, por el garaje, sin que nadie pudiera verlo. También, los pagos que habría recibido de Cospedal, a través del jefe de gabinete de esta. E incluso la grabación en la que la entonces número dos del partido y su marido encargan “trabajos puntuales” al policía. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó todos los recursos y apoyó el archivo de la causa. 

El cierre de la instrucción también afectaba a Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno y del Partido Popular. El juez había abierto una línea de investigación, mucho más incipiente, sobre si era cierto que Villarejo se comunicaba directamente con él, como el comisario había asegurado ante el Congreso de los Diputados. Cuando El País publicó meses después un audio en el que Cospedal pide por teléfono al comisario que “pare” la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad del dinero negro del partido, el juez tampoco vio motivos para reabrir la investigación. La instancia superior volvió a darle la razón. 

Los indicios de que Cospedal habría dirigido las actuaciones tendentes a anular las causas judiciales contra el partido renacen en una pieza que lleva instruyéndose poco más de un año y de la que solo se supo cuando la Sala de lo Penal, esta vez en contra del criterio del juez, le ordenó reabrirla. Los magistrados consideraban que García Castellón no había practicado las diligencias mínimas solicitada por el principal perjudicado y le obligaron a llamar a declarar, entre otros, a María Dolores de Cospedal como testigo. Ese perjudicado, el abogado Javier Gómez de Liaño, acaba de solicitar nuevas diligencias sobre las que el juez debe decidir. La pieza trata de esclarecer una maniobra para atribuir delitos al entonces letrado de Bárcenas por orden de un “lobby jurídico” detrás del cual estaría el PP y la propia Cospedal.

Púnica, Lezo y tres ex presidentes madrileños

Manuel García Castellón regresó a su plaza en el Juzgado Central de Instrucción número 6 en 2017. En aquel momento, el juzgado estaba empantanado con dos voluminosos casos de corrupción sobre la gestión del Partido Popular en la Comunidad de Madrid: Púnica y Lezo. Junto a los casos Gürtel y PP, se trataba de las causas que provocaban un mayor desgaste al partido: tres presidentes de la Comunidad de Madrid han estado imputados –Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González– así como el secretario general del PP provincial Francisco Granados. Los dos últimos han pasado largas temporadas en prisión.

En ambas causas de corrupción han resultado eximidos de responsabilidad 270 investigados, de los que un centenar son cargos del PP y otras personas vinculadas al partido, según un cálculo adelantado por El Plural. De las distintas piezas que componen las macrocausas hay una que ata a ambas y que destaca sobre el resto, la que investiga la financiación irregular del partido en Madrid. En la misma, García Castellón dictó el sobreseimiento provisional de 57 personas de las que 23 son cargos del PP.

En este cálculo se incluyen los archivos que fueron apoyados por la Fiscalía Anticorrupción o ratificados por la Sala de lo Penal, si bien algunos de los casos más destacados quedaron fuera de la causa con la oposición del Ministerio Público. Las fiscales del caso Púnica aspiraban al procesamiento de Esperanza Aguirre, pero una orden del fiscal jefe de Anticorrupción hizo que no firmaran el informe final en el que quedaba fuera la ex presidenta.

El juez ha archivado esta semana toda una pieza de la macro causa Púnica que investigaba el pago con dinero público por parte de políticos del PP a empresas que promocionaban su figura con trabajos en internet de discutible ética. El aval de Manuel García Castellón a estas prácticas se sostiene en el argumento de que es imposible “disociar” la figura del político del cargo que éste ejerce en la administración, en el marco de la cual adopta medidas que afectan al ciudadano y que este tiene derecho a conocer. Con este paraguas recibe luz verde judicial la creación de periódicos zombis para inundar la red de propaganda de cargos públicos y que eso lo sufraguen los ciudadanos. 

La resolución de García Castellón es la que tiene más impacto de cuantas le precedieron en un sentido similar, tanto en el Tribunal Supremo como en instancias superiores al magistrado de la Audiencia Nacional. 40 cargos del PP se ven beneficiados del archivo de una de las prácticas investigadas en el caso Púnica que más impacto causó en su momento: las maniobras en la red de Alejandro de Pedro, gurú informático y mediador, al calor del poder local que acumulaba el partido a principios de la década pasada. 

Los periódicos zombis que creaba De Pedro tenían un solo periodista, llevaban en el nombre la localidad que regía un cargo del PP y eran una máquina de fabricar ‘url’ con las que inundar la red de propaganda, enterrando al tiempo las noticias negativas del político en cuestión si se introducía su nombre en Google u otros buscadores. En contraprestación, la Administración introducía publicidad en esos medios fantasma que facturaban las empresas de De Pedro, quien también cobraba directamente por los trabajos realizados.

Uno de ellos es el caso de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León entre 2007 y 2014, que antes de ser asesinada requirió los servicios de De Pedro. Tan solo por buscar las noticias negativas que aparecían de Carrasco en la red De Pedro facturó 30.000 euros anuales a la Diputación de León. Además, sus periódicos incluían banners publicitarios de la administración local. 

Los hechos fueron juzgados como la pieza 2 de la macro causa Púnica. El pasado mayo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó una sentencia en la que concluía: “No existen datos claros y evidentes de que esas publicaciones tuvieran un carácter privado o personal, sino predominantemente institucional, máxime cuando todas esas noticias estaban relacionadas directa o indirectamente con la actividad pública de tales personas, no habiéndose encontrado ninguna que se refiera a su vida particular o actividades estrictamente personales”. Sorprendentemente, García Castellón no utiliza esta rotunda conclusión de la sentencia en su auto de Púnica, sino extractos de informes de parte de los peritos pagados por las defensas.

Según la tesis instaurada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la difusión por un falso medio de comunicación de propaganda procedente del gabinete de prensa de una administración, sin trabajo periodístico detrás y de forma masiva, no puede considerarse malversación de fondos públicos, ni su concesión un acto de prevaricación. Que alguien reciba dinero público por inundar internet de noticias –notas de prensa redactadas previamente por personal de la administración– de inauguraciones a las que acude un político respecto a obras de su administración no puede considerarse un delito como tal. 

“Dar hostias a la oposición”

En algunos casos hay indicios de que no solo se trataba de promocionar eventos del cargo público. Ocurre con la exalcaldesa de Denia Ana María Kringe, del PP, quien habla con Alejandro de Pedro de aprovechar sus conocimientos en la red para “dar ostias (sic) a la oposición” a través de sus empresas Eico y Madiva. García Castellón no ha encontrado trabajos que puedan ser considerados de estricta promoción personal y ha archivado la causa contra ella, De Pedro y los colaboradores de ambos. 

El auto de García Castellón recupera diversa jurisprudencia de forma caótica cuando no directamente errónea. Atribuye párrafos a jueces del Supremo que únicamente están reproduciendo extractos de sentencias de una instancia anterior. Ocurre con el fallo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre la primera pieza juzgada del caso Palma Arena. La Audiencia de Palma había condenado a Jaume Matas a seis años de cárcel por la contratación de un periodista que se dedicaba a escribirle los discursos y a hablar bien de él en círculos que favorecían al entonces president balear.

Los jueces de Balears calificaron la contratación de Antonio Alemany como una “aplicación de caudales públicos a un fin meramente particular”. Pero el Tribunal Supremo absolvió a Matas de todos los delitos menos uno y rebajó también la condena a Alemany. En su sentencia, el alto tribunal concluyó que no hubo prevaricación porque las resoluciones dictadas por una subordinada de Matas para la contratación de Alemany respondían a “un servició público” que el periodista realizó. 

En el auto de archivo de la pieza 10 –los cuarenta cargos del PP–, García Castellón afirma: “La Sala Segunda del Tribunal Supremo señalaba [en el caso Palma Arena] que 'es extremadamente difícil, por no decir imposible, que las intervenciones públicas del presidente no estén dotadas de interés público, dado el marcado carácter institucional de las mismas, al margen de la pertenencia a uno u otro partido político de turno'”. 

Es el tribunal balear el que incluía esa afirmación textual en su fallo; el Supremo solo la reproduce como contexto. En cualquier caso, más adelante, la sentencia del alto tribunal coincide en la conclusión: “[las resoluciones] se dictaron en el marco de un contrato administrativo para cumplir un servicio público que, según la sentencia recurrida, era de interés público y que, en efecto se prestó”.

De acuerdo con el Supremo, García Castellón suscribe en su auto: “La dificultad que existe en delimitar los contornos de las actividades desempeñadas por los políticos desde las instituciones en las que ejercen sus cargos hace imposible la actuación penal encaminada a esclarecer si, al contratar las empresas de Alejandro de Pedro, actuaban para su beneficio personal o en atención al cargo que desempeñaban”.

Para la exculpación de los alcaldes de Denia, Majadahonda, Coslada o Valdemoro, García Castellón recurre al auto del Tribunal Supremo que intervino en un caso similar por tratarse de una regidora que también era senadora y, por tanto, aforada ante su Sala Segunda. El empresario Alejandro de Pedro había acordado con Pilar Barreiro, la regidora de Cartagena, difundir en internet “una imagen positiva” que mitigara el daño reputacional que le estaba ocasionando un caso de corrupción urbanística. 

El empresario crearía un falso periódico digital y también gestionaría los perfiles de la política. A cambio, las empresas de De Pedro encargadas de esos trabajos ingresarían por publicidad institucional del Ayuntamiento de Cartagena y de la Consejería de Educación de la Región, también en poder del PP. Los planes quedaron interrumpidos por la detención de De Pedro el día que explotó la operación Púnica. 

Los jueces del alto tribunal archivaron el caso porque Barreiro alegó que esos trabajos no iban a ser pagados por las administraciones murcianas sino por el PP de Cartagena. La tesis de Barreiro había sido respaldada durante la instrucción por varios testimonios coincidentes, además de que no se encontraron pagos a las empresas de De Pedro.

García Castellón ha archivado la causa contra ex alcaldes del PP aunque, a diferencia del caso de Cartagena, estos sí pagaron dinero público a De Pedro a través de trabajos casi idénticos. El juez de la Audiencia Nacional dice en su auto de archivo que “hay que tener en cuenta” la resolución del Supremo sobre Cartagena y que los hechos son “muy parecidos” a los que archiva en la pieza 10 de Púnica. 

“No son noticias de carácter privado”

Los alcaldes ahora exculpados se benefician de una interpretación de los indicios recabados que incluye afirmaciones como esta que hace el juez sobre las publicaciones en un periódico de De Pedro para Coslada:“No son noticias de carácter privado del señor López Vaquero [el ex alcalde del PP], sino que todas ellas giran en torno a actividades relacionadas con su función, o en todo caso a actividades públicas”. 

Antes que a los alcaldes, García Castellón ya había exculpado a la que fuera consejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar con los mismos argumentos. La Comunidad de Madrid fue cliente de Alejandro de Pedro en los tiempos en que Isabel Díaz Ayuso era la responsable de redes sociales del PP madrileño. Como desveló elDiario.es, Ayuso mantenía una estrecha relación profesional con Alejandro de Pedro y llegó a requerir sus servicios para tapar noticias de corrupción del ex presidente autonómico Ignacio González.

De Pedro también hizo trabajos de reputación para la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, tal y como evidencian una serie de correos electrónicos incorporados a la causa en los que una empleada de Eico, una de las sociedades de la trama, envía al cerebro de la red dos informes titulados “Reputación online Esperanza Aguirre” y “Reputación online Ignacio González”. “Alex, continuamos con el apoyo a Esperanza Aguirre. Es TT [Trending Topic] ahora mismo porque le han lanzado un tupper durante la inauguración en un colegio público”, recoge el mensaje. Esperanza Aguirre nunca estuvo imputada en esta pieza de Púnica.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado el sobreseimiento provisional de la pieza 10 del llamado caso Púnica, en la que se ha investigado la contratación de trabajos de reputación online de cargos del PP encargados a las empresas EICO y Madiva de Alejandro de Pedro, considerado mediador y gurú informático de la trama. García Castellón había decretado previamente el archivo de las actuaciones en esta pieza contra algunos investigados, entre ellos la ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar.

El archivo de la pieza entera afecta a 40 personas que aún estaban imputadas, entre ellas los exalcaldes de Castellón, Alfonso Bataller; Denia, María Kringe Sánchez; Coslada, Raúl López Vaquero; Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga, y Majadahonda, Narciso de Foxá Alfaro, así como otros cargos públicos.

En su resolución, el juez concluye que una vez terminada la instrucción y finalizadas las diligencias no se aprecia la existencia de un concierto de estas personas para desarrollar a través de la contratación pública una trama defraudatoria por los delitos investigados de falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, entre otros.

El auto recoge doctrina del Tribunal Supremo en unos hechos parecidos relativos a la exalcaldesa de Cartagena y la reciente sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal que abordó también la contratación de servicios de reputación online por parte de cargos públicos. La cuestión esencial, según el magistrado, para abordar si estos contratos tienen o no una entidad penal para tipificarlos como delito de malversación, reside en la dificultad de disociar el nombre de la persona y el cargo que ocupa cuando ostenta una responsabilidad pública y si este es de naturaleza política más aún, “resulta especialmente difícil disociar en el ámbito de las redes sociales, la persona misma del cargo que ocupa, y más aún cuando se trata de potenciar su imagen pública”.

Para el instructor, “resulta extraordinariamente difícil, si no imposible, distinguir entre la promoción institucional del cargo que ocupa una persona, y su prestigio personal político, cuando se trata de realizar campañas de promoción o publicidad en internet, redes sociales o medios de comunicación social”.

“Basta echar un vistazo –añade– a la realidad que nos rodea, al marketing que, diariamente, se utiliza desde las diferentes instituciones de las distintas administraciones en las que existen políticos ocupando cargos cuya continuidad depende del alcance que su acción tenga en el público en general, y el conocimiento y reconocimiento de su actividad”.

En este contexto, incide en que no hay manera de establecer una línea divisoria entre el protagonismo que le corresponde a una persona como consecuencia de la actividad social que está llamada a desempeñar desde la institución en la que ejerce su cargo y la obra social creada desde la institución que representa.

El juez explica que afirmar que un perfil público en una determinada red social de un político que ostenta un cargo público es “publicidad personal”, supone, “sencillamente, abstraerse de la realidad social del momento en el que nos encontramos. Si se tuviera que instar una investigación penal por cada uno de los políticos de este país que tuviera una red social a su nombre, para discernir si se trata de publicidad institucional o personal, o que contrate empresas de marketing, para examinar si realmente promociona su nombre o la institución, no solo se saturarían los juzgados de instrucción, sino que se estaría desnaturalizando el ordenamiento penal”.

Se trata, dice, de la piedra angular sobre la que descansa esta pieza separada y que aboca necesariamente a su archivo, esto es, la dificultad que existe en delimitar los contornos de las actividades desempeñadas por los políticos desde las instituciones en las que ejercen sus cargos, hace imposible la actuación penal encaminada a esclarecer si, al contratar las empresas de Alejandro de Pedro actuaban para su beneficio personal, o en atención al cargo que desempeñaban.    

En todos los contratos analizados, el magistrado concluye que se realizó la prestación de los servicios acordados, que ninguna de las noticias publicadas era de carácter privado de los alcaldes sino que giraban en torno a actividades relacionadas con funciones de carácter público. Por último, señala que tampoco se ha practicado prueba alguna que permita inferir que los precios abonados estuvieran por encima de los de mercado en el ámbito de la publicidad de medios.

Un lunes de octubre de 2014 la Guardia Civil ejecutaba una de las mayores operaciones anticorrupción de la historia de España. La operación Púnica arrancaba con la detención de Francisco Granados y más de medio centenar de personas acusadas de formar parte de una red de corrupción municipal y regional asentada, sobre todo, en la Comunidad de Madrid. Casi una década después el caso acumula más de diez piezas separadas, una condena firme y tres ramificaciones a la espera de juicio. La última, hace unos días, cuando la Audiencia Nacional procesó a 21 personas por contratos irregularmente adjudicados en tres localidades madrileñas.

El caso, en realidad, había arrancado casi un año antes, cuando la Fiscalía de Suiza contactó con las autoridades españolas para explicar que habían encontrado varias cuentas sospechosas y ligadas a un político español. Meses después Francisco Granados era arrestado por orden del sexto juzgado de la Audiencia Nacional. Mano derecha de Esperanza Aguirre durante años en la Comunidad de Madrid, había dejado sus puestos en política y su escaño en el Senado meses antes por tener cuentas en Suiza desde 1999.

El estallido de la operación Púnica desveló que el problema no era solo que Granados hubiera amasado su fortuna en Suiza a espaldas del fisco español. La investigación hizo aflorar una red de corrupción que atravesaba una docena de municipios en Madrid, León, Murcia y la Comunitat Valenciana con adjudicaciones millonarias manipuladas a favor de determinados empresarios y con la financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre de fondo.

El caso con epicentro en el Valdemoro de Granados estuvo a punto de irse a pique por un chivatazo pero finalmente se llevó por delante a media docena de alcaldes, puso a la filial española de GDF Suez en el centro de la trama de contratos amañados y sacó de las profundidades del Registro Mercantil al empresario David Marjaliza. De conseguidor de la trama a colaborador de alta gama para los investigadores, el hombre que reconoció haber quemado carros de la compra llenos de documentación comprometedora es el protagonista de la última pieza enviada a juicio por Manuel García Castellón.

El auto de procesamiento de esta ramificación del caso deja al borde de juicio a 21 personas por la adjudicación irregular de más de 30 contratos públicos a empresas ligadas a Marjaliza en Valdemoro y Torrejón de Velasco, entonces gobernadas por el Partido Popular, y Serranillos del Valle, localidad gobernada entonces por el partido independiente Unión Democrática Madrileña. La trama se quitó el corsé del ladrillo y se lanzó a captar el máximo de servicios posibles: el estacionamiento regulado, la recogida de ropa usada, la explotación de cafeterías, párquines, pistas de pádel, los comedores escolares, la grúa municipal o la asistencia jurídica del consistorio.

Según los investigadores y según ha reconocido el propio empresario, en esos años (2010-2014) David Marjaliza se convirtió en uno más en los procesos públicos de adjudicación. Influía sin mucho esfuerzo en las decisiones municipales para que sus empresas se hicieran con unos contratos que, en ocasiones, no eran muy cuantiosos pero sí garantizaban décadas de acceso a las arcas públicas. Algunas de estas concesiones estaban programadas para durar hasta 40 años. A cambio, pago de comisiones o incluso encuestas “de contenido político” para valorar la imagen del alcalde de Torrejón de Velasco por el PP.

Los datos de esta pieza separada ilustran cómo Valdemoro se convirtió en el gran feudo municipal de la trama. El ayuntamiento que dirigió Francisco Granados hasta su salto a la política regional en 2003 de la mano de Esperanza Aguirre cuenta en este caso con tres ex alcaldes en la nómina de acusados: José Carlos Boza, José Miguel Moreno y el propio Granados. Con ellos nueve altos cargos del consistorio, incluyendo varios concejales, acusados de hasta siete delitos relacionados con la corrupción política y empresarial. Entre los expedientes bajo sospecha, el proyecto de construcción de un centro comercial con bolera y gimnasio con 75 años de negocio por delante.

De Cofely a la financiación ilegal del PP

La operación Púnica pertenece a la época dorada del naming de las causas de corrupción. En la actualidad una causa se bautiza como 'Mediador' si hay un empresario que hace de mediador, o 'Cuarteles' si la trama se desarrolla en cuarteles de la Guardia Civil. Pero hubo una época de filigranas en la que la Guardia Civil o la Policía Nacional llamaban 'Gürtel' a una causa porque así se decía en alemán el apellido de Francisco Correa, o 'Pokémon' si había tantos imputados que era imposible hacerse con todos. La Púnica debe su nombre al término en latín para referirse al árbol del granado, y eso lleva directamente al PP de Madrid, su cúpula y su financiación con Francisco Granados al frente.

Hay otras dos piezas listas para juicio de la docena que llegaron a abrirse. Una de ellas ahonda en la vertiente municipal de la trama: 37 personas al banquillo, entre ellas alcaldes de Torrejón de Velasco (PP), Moraleja de En Medio (PP), Parla (PSOE), Alcalá de Henares (PP), Valdemoro (PP), Collado Villalba (PP), Móstoles (PP) y Serranillos del Valle (UDM) por adjudicaciones irregulares a la multinacional Cofely por valor de casi 224 millones de euros y con David Marjaliza nuevamente como conseguidor para que los contratos de eficiencia energética cayeran en manos de la filial española del gigante gasístico francés GDF Suez. El mayor pelotazo de la trama fueron los 60 millones que Móstoles adjudicó a Cofely con Daniel Ortiz, diputado regional del PP hasta 2016, como alcalde.

La tercera pieza, ya acabada y lista para juicio, llevó a los investigadores a las cuentas del Partido Popular de Esperanza Aguirre y al centro de su autoproclamado estanque de ranas. García Castellón propuso el pasado mes de octubre que ocho personas fueran juzgadas por la financiación irregular del PP en dos elecciones regionales y unas generales entre 2007 y 2011, aunque una parte importante estuviera prescrita. Ocho procesados entre los que está Francisco Granados, el gerente del partido Beltrán Gutiérrez y el exconsejero madrileño Borja Sarasola. Y también 71 sobreseimientos, entre ellos el de Esperanza Aguirre, que una vez más evitará el banquillo de los acusados.

Según el juez, los años faraónicos de Esperanza Aguirre fueron también los años de la financiación irregular de su partido y algunas de las campañas que la encumbraron en política. En 2011 el partido afirmó ante la Cámara de Cuentas que había gastado algo menos de tres millones de euros en las elecciones regionales en las que Aguirre había doblado en votos al PSOE. La realidad era que habían gastado más de siete millones, muy por encima del límite legal, y la diferencia estaba en la 'caja B' de dinero opaco que amasaba y gestionaban Granados y Gutiérrez.

Un dinero que salió de una docena de empresas que trabajaron en la campaña y que facturaban los trabajos de forma irregular para que la cuenta real del PP no llamara la atención y sacar adelante la contratación de espacios publicitarios en prensa y radio, comprar más de 300 banderas de poliéster o una campaña publicitaria relacionada con Nuevas Generaciones, entre otras cosas. Según la investigación hubo más pero está todo prescrito: por ejemplo en las elecciones de 2007, con la inauguración bajo sospecha de la línea de Metro que a día de hoy se traga las casas de los vecinos de San Fernando de Henares.

La financiación supuestamente irregular del PP, emulando a sus primos segundos de la Gürtel en Majadahonda o Pozuelo de Alarcón, no salpicará legalmente a Esperanza Aguirre. El juez García Castellón decidió dejar a la principal beneficiada de esa financiación fuera del procesamiento en una decisión que terminó por confirmar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. No hay pruebas, afirman los jueces, que permitan acusar a Aguirre de conocer y permitir estas irregularidades.

Todas las ramas del punica granatum

Con la trama Gürtel ya en buena parte juzgada y sentenciada, la Púnica es la que promete copar el calendario de corrupción de la Audiencia Nacional en los próximos años, y no solo por estas tres piezas separadas con auto de procesamiento ya dictado. El negocio urbanístico de Valdemoro, los trabajos de imagen de Alejandro de Pedro o los manejos de Francisco Granados en la propia Comunidad de Madrid siguen en la cola de asuntos pendientes de la Audiencia.

Las dimensiones de la causa, con varios cientos de imputados a lo largo de su tramitación, han dejado hueco para las confesiones de David Marjaliza y Francisco Granados, hilo conductor de todas las piezas y supuestos cabecillas de la trama, con el dedo del segundo apuntando sin éxito a Aguirre. Pero algunas derivadas han llevado, por ejemplo, hasta la política actual.

Fue en 2016 cuando, tal y como ha contado elDiario.es, el nuevo equipo de Gobierno de la localidad de Arroyomolinos afirmó que había descubierto a la ex concejala de Juventud destruyendo documentación que tenía guardada en tres bolsas de basura. Esa concejala es la hoy alcaldesa de la localidad pero también vicesecretaria de organización territorial del PP de Madrid, en la práctica número 3 de Isabel Díaz Ayuso y está imputada por un juzgado de Navalcarnero. Acusada de adjudicar más de 670.000 euros a un empresario del que, además, cobraba por el alquiler de un piso al doble del precio de mercado. Varios de sus familiares trabajaron, además, para este empresario.

Esa denuncia del nuevo consistorio acabó en 2016 en manos del juez del caso Púnica porque en ese momento la lupa estaba puesta en los contratos de este ayuntamiento con Waiter Music, otra de las empresas con mayor protagonismo en el entramado.

Eclipsada por las primeras sentencias del caso Gürtel, la operación Púnica adquiere protagonismo en un momento en el que las macrocausas de corrupción se extinguen poco a poco en la dinámica investigadora de la Audiencia Nacional. Una nueva bomba de racimo que dibuja el poder que los empresarios y políticos supuestamente corruptos adquirieron, sobre todo, en la Comunidad de Madrid de la mano del Partido Popular con una decena de juicios por delante.